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Etiqueta: soberanía alimentaria

Tratado Transpacífico: lo que está en juego para el sector agropecuario costarricense

Escrito en . Publicado en Alimentación.

  • ¿Qué implicaría el Tratado Transpacífico para el agro costarricense? Ideas centrales de un foro del Frente Agroalimentario Nacional

  • Lácteos, arroz, café y carne, entre los sectores más expuestos ante el Tratado Transpacífico

SURCOS comparte una síntesis de las ideas centrales del foro sobre las implicaciones del Tratado Transpacífico para el sector agropecuario de Costa Rica. Lo organizó el Frente Agroalimentario Nacional de Costa Rica y se realizó el martes 6 de octubre. La exposición estuvo a cargo de Renzo Céspedes, consultor en comercio internacional. Moderó la actividad Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería y exdecano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, en representación del Frente.

Esta síntesis busca aportar elementos para que las organizaciones del sector agropecuario conversen el tema con sus personas afiliadas y en las comunidades.

1. Un comercio mundial inestable

En el foro se expuso que el comercio internacional atraviesa un período de mucha volatilidad y de fragmentación en bloques comerciales. Influyen en esto la rivalidad entre grandes potencias, como China y EUA; los conflictos geopolíticos, como los de Ucrania y Rusia y los de Medio Oriente; y las interrupciones en las cadenas globales de suministro.

En el país, además, hay factores que afectan la competitividad de quienes producen:

  • Política cambiaria: la fuerte revaluación del colón reduce los ingresos de quienes exportan y abarata de forma artificial las importaciones.

  • Costos de operación altos: mano de obra (incluidas las cargas sociales), insumos agrícolas, fertilizantes y financiamiento.

  • Limitaciones logísticas y de regulación: deficiencias en la infraestructura portuaria, como los cuellos de botella en Puerto Caldera, y atrasos o trabas en el registro de agroquímicos y de moléculas genéricas esenciales.

2. ¿Un mercado nuevo? Lo que muestran los datos

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés) reúne a 12 economías, entre ellas Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Vietnam, Malasia, Chile y Perú. Según lo planteado en el foro, adherirse no significaría para Costa Rica un «nuevo mercado» de gran escala, por tres razones:

  • Ya hay tratados vigentes: Costa Rica tiene tratados de libre comercio (TLC) con la mitad de los miembros, como Canadá, Chile, Perú, México y Singapur. Con esos países se da la mayor parte del comercio con el bloque.

  • Las exportaciones a Asia son pocas: las ventas costarricenses a los mercados asiáticos del bloque siguen siendo marginales en porcentaje.

  • Las condiciones de adhesión son fijas: como el país entraría como adherente y no como miembro fundador, no puede renegociar el texto ni pedir protecciones especiales. Tendría que aceptar el acuerdo tal como fue redactado.

3. Los sectores más expuestos

En la exposición se identificaron los sectores agropecuarios sensibles, el desafío principal de cada uno y de dónde vendría la competencia:

  • Lácteos: si los aranceles bajan a 0 %, el sector quedaría expuesto a leche fluida y en polvo con precios que la estructura de costos local no puede igualar. Principal competidor: Nueva Zelanda, el mayor exportador mundial.

  • Ganadería de carne (bovina): Australia tiene grandes economías de escala y exporta volúmenes que el hato nacional no puede igualar.

  • Arroz: podría ingresar grano a precios muy bajos, que en su país de origen recibe fuertes subsidios e incentivos estatales. Vendría de Vietnam y, más adelante, de posibles nuevos adherentes como Uruguay.

  • Café y torrefacción: podría ingresar café robusta de bajo costo de Vietnam para mezclarlo y procesarlo, lo que desplazaría la torrefacción de café arábico nacional.

  • Aceite de palma: habría una competencia de gran escala en aceites y derivados con Malasia, segundo productor mundial, que tiene costos muy reducidos.

  • Horticultura (papa y cebolla): se abrirían contingentes arancelarios e importaciones con riesgo de subfacturación o de prácticas desleales de comercio. Vendrían de Canadá y de países sudamericanos.

4. Desigualdades en propiedad intelectual, normas técnicas y solución de conflictos

  • Registro de agroquímicos y moléculas: las cláusulas del CPTPP sobre datos de prueba y patentes alargan los plazos de protección a favor de las multinacionales. Eso limita el acceso de agricultoras y agricultores a insumos genéricos de menor costo.

  • Barreras no arancelarias: los países desarrollados del bloque aplican controles fitosanitarios y de inocuidad muy estrictos, que en la práctica bloquean la entrada de productos costarricenses. Costa Rica, en cambio, no cuenta con mecanismos ágiles de defensa comercial ni de vigilancia de mercado para frenar importaciones en condiciones desleales.

  • Solución de controversias: el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) está paralizado. Eso deja a los países pequeños en desventaja cuando un socio comercial más grande incumple o impone barreras arbitrarias.

5. Consideraciones finales para el sector agroalimentario

  • Evaluar con rigor: la adhesión a tratados comerciales debe examinarse con datos técnicos, con el balance comercial y con la realidad de los costos de producción locales. No debe darse por sentado que la apertura de aranceles trae beneficios automáticos.

  • Defender el empleo rural: las actividades agropecuarias son la principal fuente de empleo y de estabilidad social en las zonas rurales. Si estos sectores pierden competitividad, la economía de las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) recibe el golpe directo.

  • Contar con una política de Estado integral: antes de asumir nuevos compromisos multilaterales, el sector necesita una política nacional que reduzca los costos de producción, resuelva los cuellos de botella logísticos y garantice una fiscalización justa en las fronteras.

El foro completo está disponible en YouTube. SURCOS invita a verlo y a compartirlo en las organizaciones y en las comunidades: https://youtu.be/q7xR6CYUodo

UCR recomienda no aprobar TLC con Israel y advierte vacíos en derechos humanos, ambiente y participación ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión realizada el 1 de octubre acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el Estado de Israel, expediente N.° 25.542.

La decisión se tomó a partir del análisis realizado por distintas instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y otros espacios académicos de la Universidad. El criterio universitario advierte que el tratado debe ser valorado no solamente desde la perspectiva comercial, sino también considerando sus posibles consecuencias sociales, ambientales, económicas y en materia de derechos humanos.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la UCR se encuentra que el tratado carece de un capítulo específico sobre derechos humanos y de cláusulas democráticas, así como de mecanismos que permitan evaluar los riesgos derivados de las actividades económicas promovidas por el acuerdo cuando estas puedan afectar territorios, comunidades o bienes naturales.

El análisis universitario también identifica vacíos en materia de protección ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana. El tratado no incorpora un capítulo ambiental ni mecanismos específicos para que la ciudadanía pueda denunciar eventuales incumplimientos de la legislación ambiental, lo que, según el criterio analizado, representa una regresión en materia de gobernanza y acceso a la justicia ambiental.

El Consejo Universitario considera que el intercambio comercial con Israel representa actualmente una porción relativamente reducida del comercio exterior costarricense, por lo que la discusión sobre el tratado debe incorporar criterios relacionados con el desarrollo sostenible, la agricultura, la salud pública y otros compromisos internacionales.

El análisis también identifica asimetrías importantes en el acceso a los mercados. Mientras Israel consolida buena parte de un acceso que ya tenía libre de aranceles, Costa Rica realiza una apertura arancelaria significativamente mayor. Además, una parte importante de la oferta agrícola costarricense con potencial exportador quedó excluida o sometida a contingentes arancelarios.

El criterio señala asimismo carencias en materia de barreras sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, inversión, servicios y mecanismos para garantizar un acceso efectivo de las empresas costarricenses al mercado israelí. También advierte sobre la ausencia de mecanismos suficientes para proteger intereses nacionales relacionados con biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional.

Para la Universidad, estas condiciones deben ser analizadas a la luz del principio de que la política comercial del país debe ser coherente con sus principios constitucionales, el derecho internacional, el interés público y las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos.

Derechos humanos y territorios ocupados

Uno de los elementos centrales del criterio universitario es la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos al análisis de los acuerdos comerciales.

El documento recomienda valorar disposiciones que permitan identificar el origen territorial de los bienes objeto del intercambio y establecer procesos de debida diligencia, de manera que las actividades económicas promovidas por el acuerdo no contribuyan directa o indirectamente al aprovechamiento de bienes naturales provenientes de territorios ocupados o a la consolidación de situaciones contrarias al derecho internacional.

La UCR señala, además, que los costos ambientales y sociales de determinadas actividades económicas pueden recaer de manera desproporcionada sobre poblaciones o territorios ambientalmente frágiles, mientras que los beneficios pueden concentrarse en empresas exportadoras, zonas francas y sectores altamente tecnificados.

El acuerdo adoptado por el Consejo Universitario recomienda formalmente a la Asamblea Legislativa no aprobar el expediente N.° 25.542, con base en los argumentos desarrollados en el análisis universitario.

Con esta posición, la UCR reafirma la importancia de que las decisiones sobre política comercial sean analizadas desde una perspectiva integral, considerando no solamente los posibles beneficios económicos, sino también sus implicaciones para los derechos humanos, la protección ambiental, la soberanía alimentaria, el bienestar social, la participación ciudadana y el cumplimiento del derecho internacional.

Puede descargar el informe desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Propuesta-Proyecto-de-Ley-CU-99-2026.pdf

Información enviada por el Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Contra viento y marea: la lección de dignidad cívica de la agricultura campesina

Escrito en . Publicado en Alimentación.

«La soberanía alimentaria de una nación no nace de las directrices de los escritorios oficiales, sino del coraje invisible de las familias que, contra viento y marea, deciden cuidar la pureza de la tierra».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado UCR y UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
biodiversidadcr@gmail.com

Un análisis sobre el testimonio de la agricultora sureña Graciela Badilla Monge; las deudas del Estado con las zonas rurales, el valor de la agroecología y el imperativo ético de defender los saberes tradicionales frente al abandono institucional.

Suele afirmarse en el imaginario popular que una sola golondrina no hace verano. Sin embargo, cuando esa golondrina camina con la fuerza de la persistencia y la congruencia ética, su vuelo es capaz de anunciar transformaciones profundas.

El potente testimonio de la agricultora Graciela Badilla Monge, vecina de Santa Elena de General Viejo, en Pérez Zeledón, constituye una verdadera cátedra de resistencia civil y ecología política. Su mensaje sacude la complacencia institucional y desvela las contradicciones de un sistema que invisibiliza el campo.

Doña Graciela encarna una faceta de resiliencia costarricense extraordinaria. A pesar de enfrentar la compleja recuperación médica de un trasplante de córnea, se ha negado a deponer su protagonismo cívico en las organizaciones rurales.

Su vida demuestra que la defensa del territorio no se detiene ante las adversidades de la salud. Ella decidió organizarse para apoyar desde su conocimiento, edificando un proyecto lento pero seguro, impulsada por la convicción de saber lo que es realmente importante.

El abandono institucional y la falacia de las vitrinas

La soberanía alimentaria de las familias campesinas se enfrenta hoy a una asfixia administrativa sistemática. La experiencia de doña Graciela expone una realidad dolorosa: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la dejó en el total abandono desde hace casi una década.

Mientras las cúpulas burocráticas se concentran en entregar galardones de vitrina como las banderas azules ecológicas a grandes corporaciones, los pequeños agroecosistemas familiares son marginados por completo.

Ante la ausencia del Estado, la red de apoyo de las universidades públicas ha sido vital. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han asumido la vanguardia en el acompañamiento técnico directo, rompiendo la amnesia del sector oficial.

Este esfuerzo transdisciplinario ha permitido visibilizar que sí es posible producir comida sana sin depender de los paquetes químicos de las transnacionales, demostrando que la pequeña escala es un seguro de vida real ante el cambio climático.

Las propuestas operativas de la tierra: el ejemplo de la Escuela de Campo Grabamo

Las inquietudes de doña Graciela se traducen en propuestas operativas inmediatas de conservación ambiental desarrolladas en la Escuela de Campo Grabamo. Su modelo de producción de alimentos orgánicos desafía las viejas lógicas del mercado mediante el uso de biotecnologías campesinas:

  • Conservación de suelos con barreras vivas: El uso estratégico de curvas en contorno y la siembra de barreras vivas de vetiver demuestra que el suelo no es un soporte muerto, sino la infraestructura biológica que retiene el agua y previene la erosión en las pendientes del sur.
  • Microorganismos de montaña (MM) y biotecnología local: Frente a las amenazas de clausuras punitivas por parte del Ministerio de Salud ante malos olores en porquerizas vecinas, la solución radica en la capacitación comunal. Los microorganismos de montaña y la elaboración de abonos fermentados como el bocashi resuelven la hediondez mediante procesos naturales de descomposición, transformando los residuos en abonos ecológicos de alta calidad.
  • Resguardo de la semilla criolla y valor agregado: La diversificación de cultivos rotativos bajo invernadero se sostiene exclusivamente sobre el uso de semillas criollas y nativas. Este esfuerzo biológico alcanza su máxima expresión en la Escuela de Campo Grabamo, demostrando que la agroecología genera valor agregado real y dignifica la economía rural.

El coraje de la desprogramación social

La lección más profunda de esta golondrina de Pérez Zeledón supera el ámbito de la agronomía; es un llamado urgente a la desprogramación mental. Nos habituamos a una moral de mercado donde la gente solo se compromete si media el pago de dietas o el lucro corporativo.

Participar de forma honesta en las organizaciones sociales, aunque los demás no valoren el esfuerzo inicial, es la única vía republicana para sanar a una sociedad enferma de desapego cívico.

«Sembrando Futuro», el lema oficial de las Fiestas Patrias de 2026 definido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), cobra sentido cuando la ciudadanía asume de frente que somos lo que comemos y que una patria libre no admite divisiones partidarias ni exclusiones territoriales.

El Gobierno y las instituciones públicas están obligados a escuchar las voces de los ausentes, de las mujeres rurales y de las Casas de Semillas. Se requiere deponer el agravio permanente y entender que la paz pública en nuestro país no se decreta desde una oficina en San José; se siembra, se cuida y se defiende cada día con el coraje de quienes labran con decencia la fertilidad de nuestra tierra.

¿De quién son las semillas? La disputa por nuestro patrimonio agrícola

Escrito en . Publicado en Alimentación.

«La semilla no es un insumo industrial intercambiable ni una mercancía sujeta a patentes exclusivas; es un patrimonio vivo biocultural, una promesa de porvenir que pertenece a los pueblos que la han custodiado por milenios».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos de los campesinos; un análisis sobre la alarmante privatización de los recursos fitogenéticos, la criminalización de la agricultura familiar y la urgencia de blindar nuestra soberanía alimentaria.

Casi la totalidad de los alimentos que sostienen a la humanidad provienen de una estructura milagrosa e invisible para los centros urbanos: la semilla. Históricamente, esta ha sido entendida como un legado ancestral y un patrimonio colectivo o res communis.

Las reflexiones y denuncias desarrolladas en el presente análisis se basan principalmente en los hallazgos vertidos en el informe de la Organización de las Naciones Unidas titulado «El derecho a las semillas: custodia, privatización y resistencia» (2026), emitido por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Este trascendental documento examina de manera crítica las presiones globales que menoscaban el libre uso de los recursos fitogenéticos de cara a los próximos años.

Hoy, la gobernanza global de las semillas afronta una encrucijada existencial debido a la colisión de dos paradigmas incompatibles. Por un lado, se encuentra la visión que la asume como un bien común biocultural indispensable para la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Por el otro, opera un agresivo modelo mercantil que la reduce a un objeto de propiedad intelectual exclusiva y de control corporativo. La balanza se ha inclinado peligrosamente hacia la privatización, amenazando la base misma de la seguridad alimentaria planetaria.

Las dimensiones de este monopolio agroindustrial son descomunales. El mercado mundial de semillas ha alcanzado un valor aproximado de 81.000 millones de dólares en este año 2026.

Apenas cuatro corporaciones transnacionales (Bayer, Corteva, Syngenta y BASF) controlan más de la mitad de este mercado global. Suman un 70% de control si se mide a las diez empresas más grandes del sector.

Esta concentración oligopólica ha configurado un entramado normativo internacional encabezado por el Acta de 1991 del Convenio UPOV. Dicho marco presiona a los Estados para imponer certificaciones de homogeneidad y pureza varietal pensadas exclusivamente para la industria.

Los requisitos burocráticos resultan inalcanzables para las variedades tradicionales de los agricultores. Estas son intencionadamente dinámicas y heterogéneas para poder adaptarse al entorno ecológico local. Al amparo de estas leyes asimétricas, las semillas criollas se vuelven legalmente invisibles y privan a las comunidades de apoyo.

El verdadero rostro de este cercamiento biológico es la creciente criminalización de las prácticas agrícolas ancestrales. Custodiar, volver a sembrar, regalar o vender el excedente de la propia cosecha en los mercados locales son actividades consuetudinarias bajo ataque.

Hoy estas prácticas se persiguen penalmente mediante la tipificación de delitos contra la propiedad industrial. El informe de Naciones Unidas documenta sanciones de entre 3 y 15 años de prisión en países como Ghana, Japón o Filipinas por el simple intercambio tradicional.

Incluso dentro de la Unión Europea se registran condenas de prisión condicional y multas de 100.000 euros contra productores locales a petición de gigantes como Syngenta. Vigilados mediante drones, marcadores moleculares e imágenes satelitales, los campesinos enfrentan una persecución asimétrica. Este hostigamiento destruye su autonomía económica y los empuja al endeudamiento crónico mediante la compra obligatoria de híbridos comerciales.

A esta ofensiva legal se suma la amenaza de la biopiratería digital en la era de la biotecnología. A través de la desmaterialización de los recursos fitogenéticos, las transnacionales acceden a secuencias genéticas digitales de variedades criollas depositadas en bases de datos en línea.

Utilizando técnicas avanzadas de edición génica como CRISPR, las empresas patentan estos caracteres biológicos específicos. Lo hacen sin necesidad de manipular la semilla física y eludiendo las obligaciones de distribución de beneficios.

Esta preocupante desregulación biotecnológica genera riesgos de contaminación transgénica irreversible sobre las variedades autónomas por flujo de polen. Esto ya ocurre con un tercio del maíz criollo en el semiárido brasileño. Además, expone a los agricultores a demandas judiciales si sus parcelas resultan contaminadas accidentalmente por patentes corporativas.

Frente a este escenario adverso, la/os agricultora/es rurales se erigen como la/os principales guardiana/es del patrimonio genético de la humanidad. Como custodia/os y seleccionadora/es histórica/os en los graneros domésticos, la/os campesina/os defienden los sistemas tradicionales de semillas.

Estos sistemas de semillas tradicionales suministran entre el 70% y el 90% de lo que se siembra en la gran mayoría de los países en desarrollo.

Estas variedades autóctonas conservadas in situ poseen una resiliencia climática ante sequías infinitamente superior a la de los híbridos industriales homogéneos. La diversidad de cultivos constituye el único seguro ecológico real frente a las crisis de mercado y el calentamiento global.

Por ello, las luchas campesinas que logran derogar leyes restrictivas marcan la ruta de la resistencia soberana. Así lo demuestra la anulación de la «Ley Monsanto» en Honduras o el fallo histórico en Kenia que dictaminó que compartir semillas no es un delito.

Costa Rica se encuentra plenamente expuesta a este complejo engranaje de asimetría legal y tensiones regulatorias. A partir de los compromisos derivados del TLC y la consiguiente adhesión al Acta de 1991 de la UPOV, el país promulgó la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (Ley N.º 8631).

Este marco punitivo otorga derechos exclusivos de propiedad industrial sobre las variedades comerciales y restringe el uso de material nativo. Al mismo tiempo, bajo la Ley N.º 6289, la Oficina Nacional de Semillas ejerce potestades de fiscalización draconianas.

El órgano exige criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad comercial que resultan incompatibles con la naturaleza evolutiva de las semillas criollas. En consecuencia, el libre intercambio, trueque o venta local de excedentes fuera de este control corporativo queda expuesto a la ilegalidad, el decomiso de material fitogenético y severas sanciones administrativas.

Esta desprotección fáctica se ha visto agravada por las graves omisiones de la política agroalimentaria del país. El recién formulado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 ha dejado por fuera de sus directrices operativas el resguardo de la agrobiodiversidad local frente a los oligopolios biotecnológicos.

Al ignorar de forma sistemática la soberanía alimentaria, el Estado costarricense delega la custodia fitogenética en los Santuarios de Semillas Criollas. Estas redes, de forma autónoma y desde la resistencia civil organizada, constituyen la única trinchera real para evitar que nuestra riqueza biológica sea capturada por patentes extranjeras.

Costa Rica debe mirarse con urgencia en este espejo multilateral y asumir las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU. El Estado está obligado a armonizar su marco jurídico con el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

Debe reconocerse el derecho inalienable a conservar, multiplicar y vender semillas de fincas, eximiendo a los sistemas tradicionales de las certificaciones corporativas.

Es un imperativo ético rechazar las presiones internacionales para endurecer las patentes biológicas y robustecer las leyes contra la biopiratería. Se requiere reorientar el presupuesto de investigación hacia la agroecología, las ferias locales y los bancos de semillas comunitarios.

En la jerarquía del derecho internacional, los derechos humanos a la vida y a la alimentación deben prevalecer sobre cualquier acuerdo comercial de propiedad intelectual.

Defender la pureza, la libre circulación y el carácter sagrado de nuestras semillas criollas no es un asunto menor.

Es la trinchera fundamental para garantizar que la mesa de las futuras generaciones dependa de la fertilidad de nuestra tierra y no de las decisiones tomadas en la junta directiva de una corporación.

La nueva Encuesta Agropecuaria 2026: luces y sombras en la situación del agro

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

La semana anterior, segunda de setiembre, el INEC presentó los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2026, que recoge los datos para el 2025 y que en sus conclusiones generales señala que la papa y la cebolla concentran el 80,4% del área sembrada de las hortalizas investigadas, el grupo de granos básicos concentra más de la mitad del área sembrada de los cultivos anuales investigados, la yuca destaca por registrar la mayor área sembrada y el mayor volumen de producción dentro del grupo de raíces y tubérculos y los cultivos agroindustriales, que se caracterizan por destinar su producción principalmente a procesos de transformación industrial, concentran el 67,8% de la producción de los cultivos permanentes, entre ellos el café, la caña de azúcar y la palma aceitera.(INEC,Noticias,17-9-2026)

Más allá de esos aspectos generales, la ENA 2026 reafirma la tendencia observada en las dos encuestas anteriores 2023 y 2021 hacia la reducción de las áreas cultivadas y de los volúmenes de producción, en cultivos como arroz, cebolla, frijol, yuca, naranja, palmito y plátano, pero con algunas noticias esperanzadoras en otros cultivos como las recuperaciones de las áreas en aguacate, papa, banano, café, caña de azúcar y palma aceitera.

Habría que recordar que la ENA anterior del 2025, con datos para el 2024, reveló una caída considerable de la producción agrícola, con descensos de las áreas cultivadas y de la producción de cultivos importantes para el consumo interno como el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y el plátano y de cultivos de exportación como el banano, el café, la caña de azúcar, la naranja, el mango y la palma aceitera.

Las diferencias fueron considerables entre el 2024 y el 2023, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años, dando lugar a la determinación que ésta situación de la producción agrícola nacional podía ser calificada como una crisis ya no sólo de la producción de los cultivos para el mercado interno, sino también de los cultivos para exportación.(SURCOSdigital.com, La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, confirma el peligroso descenso de la producción nacional, set 2025).

En esta nueva versión de la ENA 2026, las reducciones mayores fueron en las áreas sembradas de frijol con 3,166 hectáreas menos, la yuca con 2,271 hectáreas menos, el arroz con 1,328 hectáreas menos, el plátano con 1,120 hectáreas menos, la cebolla con 384 hectáreas menos, la naranja y el palmito con cerca de 440 hectáreas menos.

En esos mismos cultivos el descenso de la producción es muy significativa, siendo la naranja la mayor reducción con más de 31,000 toneladas métricas menos, la yuca con más de 9,400 TM menos, la cebolla con más de 2,300 TM menos, el plátano con más de 1.000 TM menos, el frijol con más de 800 TM menos y el palmito con más de 300 TM menos. Por el contrario, en el caso del arroz, pese a la reducción del área, se dio un aumento de la producción en más de 3,000 TM.

Por su parte los cultivos permanentes, experimentaron en su mayoría un aumento tanto en las áreas sembradas como en la producción, siendo la palma aceitera, la que tuvo un aumento más significativo en ambas variables, con más de 7,200 hectáreas sembradas y más de 91,900 TM de producción en el 2025, luego el banano fue el segundo cultivo con mayores aumentos en el área sembrada de más de 3,100 hectáreas y más de 11,000 TM de producción, el café con un aumento de más de 1,200 hectáreas y de más de 50,700 TM de producción, la caña de azúcar con un aumento de más de 480 hectáreas y de más 99,700 TM, evidenciando, estos últimos con una importante recuperación de la producción.

En los cultivos anuales, la papa y el maíz tuvieron un pequeña recuperación, tanto en el área sembrada con más de 560 hectáreas el primero y más de 540 hectáreas el segundo, así como en los volúmenes de producción, con más de 460 TM más el primero y más de 4,400 TM el segundo entre los años 2025 y el anterior de 2024.

De acuerdo con la información anterior, se podría afirmar que en la ENA 2026 los cultivos para el mercado interno mantienen descensos muy importantes en las áreas y en la producción, que profundizan la tendencia hacia la reducción de las áreas agrícolas que ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria 2021 y 2023.

En el análisis de los cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, se mencionaba la tendencia al deterioro de la actividad agrícola y la aproximación a la producción mínima en las principales actividades agroalimentarias.

Se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz, el frijol, la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola, sobre la disponibilidad de alimentos, la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.( SURCOSDigital.com 1-10-2024)

Mientras las actividades agrícolas para la exportación han superado en niveles variables las áreas sembradas y los volúmenes producidos en el 2024, marcando una recuperación importante, que sin embargo no alcanza los niveles anteriores al año 2020 y es probable que no compense la reducción de ingresos por exportaciones, que se estima se han visto reducidos en los dos últimos años en más del 30% por la caída del tipo de cambio y el aumento de los costos internos.

Ante esta disociación entre la realidad de la producción agroalimentaria y la acción institucional del sector agropecuario, vuelve a cobrar validez la investigación realizada el año anterior por la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entre sus conclusiones afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación y el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así mismo son reiterativas, pero oportunas las consideraciones incluidas en el artículo denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria (SURCOSDigital.com 18-3-2024), acerca de la necesidad de la formulación de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en los mercados internacionales, en las políticas internas de desestimulo a la producción nacional y en el estímulo creciente a las importaciones.

Intercambio Bribri-Huetar: compartiendo entre generaciones y territorios sobre soberanía alimentaria y agua

Escrito en . Publicado en Derechos.

Olivia Sylvester
Universidad para la Paz

A pesar del conocimiento cultural ancestral que existe en cada uno de los 24 territorios de los pueblos milenarios de Costa Rica, muchos líderes no han tenido la oportunidad de visitar y aprender de los miembros de otros pueblos. Como parte del proyecto ReAL (Repensando futuras agrarias desde la acción local), se organizó un intercambio entre representantes del Territorio Bribri de Talamanca y del Territorio Huetar de Quitirrisí, con el propósito de compartir conocimientos, prácticas y experiencias relacionadas con el agua y la soberanía alimentaria.

El objetivo de este intercambio fue promover el diálogo y el aprendizaje mutuo sobre las formas de trabajo que se desarrollan en ambos territorios en temas de agricultura indígena y gestión del agua. En este contexto, las personas jóvenes bribris Dulytimi García Corrales y Félix Díaz Morales, de Alto Talamanca, viajaron a Quitirrisí para compartir los resultados de su investigación sobre una práctica tradicional conocida como Di’katö̀k. Esta investigación fue desarrollada con la orientación y el acompañamiento de las personas mayores de su comunidad y se plasmó en un cortometraje documental que recoge conocimientos, experiencias y reflexiones sobre esta importante práctica cultural.

Dulytimi García Corrales y Félix Díaz Morales cuando exponían su cortometraje documental.

Di’katö̀k es una práctica bribri cuyo significado podría traducirse literalmente como «comer agua» o «comer el río», aunque también suele interpretarse como «seca del río». Sin embargo, estas traducciones simplifican considerablemente la profundidad y complejidad de esta práctica cultural. Se trata de una tradición que se realiza una vez al año; no obstante, por diversas razones, entre ellas las prohibiciones estatales, actualmente ya no se practica de forma generalizada. En el documental, que puede verse aquí, se aprecia que el Di’katö̀k no es solo una práctica relacionada con el río y los recursos que este provee, sino también un mecanismo autónomo bribri para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria

Los jóvenes bribris presentaron su documental al grupo Mujeres Huetares de Quitirrisí para compartir esta práctica y su significado cultural. Las integrantes del grupo de mujeres huetares también compartieron sus experiencias dentro del proyecto ReAL, específicamente en temas relacionados con la agricultura huetar y la soberanía alimentaria.

Siembra de maíz y vainica en terrazas.

En este intercambio, se explicó cómo las terrazas son importantes dentro del territorio para el cuido y cultivo de plantas alimenticias y medicinales, especialmente en una zona quebrada y con pendientes, donde estas estructuras son necesarias para prevenir la erosión del suelo. Asimismo, las mujeres compartieron la importancia del intercambio de plantas y semillas dentro del propio territorio para fortalecer la soberanía alimentaria.

En un contexto en el que el Estado no ha cumplido con su obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluido el acceso a la tierra, y donde persiste la ocupación ilegal de terrenos importantes para el cultivo dentro del territorio (Sylvester & Clark, 2025), cada vez resulta más difícil para muchas mujeres cultivar sus alimentos tradicionales y contar con espacios adecuados para conservar semillas locales. Por esta razón, dentro del proyecto ReAL, las mujeres huetares priorizaron la obtención de semillas y plantas fundamentales para su soberanía alimentaria, así como el intercambio de estos recursos entre familias.

En este intercambio y diálogo intercultural, las personas jóvenes y mayores de ambos territorios comenzaron a compartir similitudes y diferencias sobre sus respectivas realidades. Por ejemplo, en Quitirrisí, las mujeres expusieron los retos relacionados con el acceso al agua desde que el Estado asumió el control de los acueductos que habían sido creados por las propias personas mayores huetares, quienes lucharon por construir un sistema local de gestión del agua (Sylvester et al., 2023). Esta situación no solo afecta la gobernanza autónoma local del pueblo huetar, cuyo respeto constituye una obligación del Estado según el Convenio 169 de la OIT ratificado por Costa Rica, sino que también ha generado cobros de agua excesivos y erróneos en los hogares huetares. Aunque las comunidades han presentado reclamos, no han recibido una respuesta adecuada por parte de las instituciones estatales.

Los jóvenes bribris compartieron que, en Talamanca, la situación de los cobros elevados por el servicio de agua no se presenta de la misma manera; sin embargo, el proceso mediante el cual se ha asumido el control de la gestión del agua sin un consentimiento previo, libre e informado adecuado presenta similitudes. Las personas participantes de ambos territorios recalcaron la importancia de las semillas locales y el intercambio concluyó con un trueque de semillas, cultivos y comidas tradicionales.

Aunque los sabores son distintos, en Quitirrisí tuvimos la oportunidad de probar el chicasquil, una planta que no forma parte de la alimentación habitual en Talamanca. Sin embargo, Félix Díaz Morales señaló que encuentra cierta similitud con el ár, término que se utiliza para referirse a diversas plantas y hojas silvestres que se consumen en Alto Talamanca.

Es importante subrayar que compartir entre territorios es de suma importancia para unir fuerzas en las luchas de los pueblos frente una opresión estatal sistémica a las culturas milenarias. Se les agradece a todas las personas quienes nos enseñaron sobre sus prácticas culturales en este intercambio.

Referencias

Sylvester, O. & Clark, A. (2025). Pura Vida for Who?

Slow Violence Against Indigenous Land Defenders in Costa Rica. Local Environment. DOI: 10.1080/13549839.2025.2596712

Sylvester, O., Ramin, C., Serrano González, B., Hernández Mena, Z., Pérez Hernández, y Schuster-Wallace, C. (2023). Acceso y Gestión del Agua en los Pueblos Indígenas de Costa Rica: El Caso del pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora. Ambientico, 288(7), 48-54.

Ciencia, venenos y patentes: Lo que Raquel Chan prefiere omitir

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR-UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

La reciente defensa pública de los cultivos modificados genéticamente realizada por la bioquímica y biotecnóloga argentina Raquel Chan —líder del desarrollo de la tecnología HB4— busca, una vez más, reducir un debate socioambiental sumamente complejo a un simple problema de «prejuicios e ignorancia científica». Al afirmar con ligereza que los alimentos derivados de estos cultivos son «más seguros que un choripán de cancha» debido a sus supuestos controles de seguridad del Estado, Chan incurre en una preocupante simplificación. Este discurso no solo desvía la atención de los verdaderos riesgos ambientales y sanitarios, sino que recurre a falacias argumentativas para blindar un modelo económico que genera profundas dependencias tecnológicas.

El mito del control absoluto y el peligro de los herbicidas asociados

La primera gran falacia del argumento corporativo es aislar al cultivo transgénico del paquete tecnológico indispensable para su producción. Un cultivo modificado no crece en el vacío. La tecnología HB4 de dudosa tolerancia a la sequía (desarrollada para trigo y soja) está genéticamente diseñada para resistir al glufosinato de amonio, un herbicida altamente tóxico. [1, 2]

Organizaciones internacionales como la Unión Europea han prohibido taxativamente el glufosinato de amonio debido a sus efectos comprobados en la alteración del sistema reproductivo y daños severos en el desarrollo fetal. Afirmar que el alimento final es seguro porque pasó auditorías estatales ignora el aumento exponencial en el uso de estos agroquímicos sobre los suelos, la contaminación de las napas de agua dulce y los residuos químicos inevitables que terminan en productos de consumo básico como el pan, la pasta o los cereales. [1, 2, 3]

La falacia de la analogía alimentaria y la salud comunitaria

Comparar un grano de trigo modificado genéticamente con alimentos procesados de baja higiene (como el «choripán») es una falacia de falsa equivalencia. El verdadero riesgo sanitario de los transgénicos no radica en una intoxicación bacteriana a corto plazo, sino en el impacto crónico de los pesticidas asociados en la salud de las comunidades rurales.

Los estudios epidemiológicos e independientes en regiones de alta fumigación evidencian un incremento drástico en las tasas de cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS clasificó al glifosato (herbicida primo hermano del glufosinato y pilar de la soja RR que Chan defiende como base productiva) como «probable carcinógeno para los seres humanos». Esta clasificación no es un temor abstracto, sino una realidad estadística respaldada por contundente evidencia epidemiológica independiente en el Cono Sur. Investigaciones del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) revelaron que en los pueblos agrícolas expuestos a estas fumigaciones intensivas, la mortalidad por cáncer es hasta tres veces mayor que la media nacional. Minimizar esto tratándolo como un mero «prejuicio de partidos ambientalistas» es negar la literatura médica independiente. [3, 4, 5, 6]

Europa y el mercado global: Geopolítica, no mitología

Atribuir el rechazo europeo de los cultivos modificados a «una falta de actualización frente al cambio climático» o a una simple contienda geopolítica con Estados Unidos demerita el principio de precaución que rige la legislación internacional. Si los mercados europeos imponen restricciones severas, es porque sus agencias científicas evalúan el impacto a largo plazo de la pérdida de biodiversidad y la aparición de «supermalezas» resistentes a los herbicidas. La edición génica y la transgenia no han demostrado ser una salida válida al cambio climático; de hecho, informes científicos de la red Friends of the Earth advierten que la agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales. [7, 8, 9]

La trampa económica: Patentes y la asfixia del pequeño productor

Detrás de la narrativa del progreso científico se esconde una realidad económica devastadora para la agricultura familiar y los pequeños productores locales. Al contrario de las semillas tradicionales que pueden ser guardadas para la siguiente campaña, las semillas transgénicas como la HB4 están blindadas por estrictas leyes de propiedad intelectual y patentes corporativas.

Este modelo obliga al agricultor a recomprar la semilla y el paquete de agroquímicos específicos en cada ciclo productivo, privatizando un recurso que históricamente fue un bien común. La introducción de estos cultivos acelera la concentración de la tierra en manos de grandes pooles de siembra y corporaciones concentradas. Para los pequeños productores, la promesa de «resiliencia» biotecnológica se traduce en un endeudamiento crónico, la pérdida de su autonomía económica y, eventualmente, el desplazamiento forzado de sus tierras tradicionales al no poder competir con la escala del agronegocio transgenizado. [10, 11]

Conclusión: Exigir ciencia soberana y no corporativa

La manipulación de la naturaleza mediante cruces ancestrales (como el paso del teocintle al maíz moderno) nada tiene que ver con la inserción de genes interespecies diseñados para resistir venenos industriales. La ciencia es un pilar fundamental del desarrollo democrático, pero pierde su legitimidad cuando se utiliza para etiquetar de «ignorante» a la ciudadanía que cuestiona sus impactos bioéticos y socioeconómicos. Desmitificar la alimentación actual es necesario, pero desmitificar las promesas mesiánicas de las corporaciones biotecnológicas y sus tecnoentusiastas seguidora/es es una obligación urgente para defender la salud colectiva y la soberanía alimentaria.

Imagen: La agricultura orgánica y el fitomejoramiento convencional muestran mejores tasas de resiliencia ecológica real sin los costos tóxicos colaterales.

Panel analizará las consecuencias del proyecto neoliberal sobre el sector productivo primario y la seguridad alimentaria

Escrito en . Publicado en Alimentación.

El programa Alternativas, impulsado por el colectivo Reflexión–Acción, invita a un nuevo panel de análisis titulado “Consecuencias del proyecto neoliberal, en Costa Rica: Desmantelamiento del sector productivo primario”, que se transmitirá en vivo el 24 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. (-6 UTC).

La actividad propone reflexionar sobre la pregunta “¿Qué pasa con la seguridad alimentaria, desaparece?” y abordar acciones políticas y económicas de salvamento y recuperación del sector productivo primario.

El panel contará con la participación de:

  • Guido Sibaja Fonseca, productor agroalimentario.

  • Gabriel Rivas Ducca, biólogo, integrante de Amigos de la Tierra Costa Rica y de COECOCEIBA, además de miembro de FECON – Federación Ecologista de Costa Rica.

  • M. Gerardina López Cortés, activista social.

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada y trabajadora social por la Universidad de Costa Rica, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y participante en la inscripción del Frente Popular.

La transmisión podrá seguirse por las plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify de Alternativas.

Como emisoras amigas participan Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y 97.3 FM Voces Libertarias, que difundirán este espacio de análisis sobre los efectos del modelo neoliberal en la producción nacional y la seguridad alimentaria.

Cinco razones para abrir un debate sobre el aeropuerto internacional de la Zona Sur

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por el Programa Kioscos Socioambientales*

Durante las últimas semanas, la discusión sobre la construcción de un aeropuerto internacional en Palmar Sur de Osa se ha centrado casi exclusivamente en la presencia o ausencia de hallazgos arqueológicos en el sitio donde se pretende desarrollar la pista del proyecto. Sin duda, la protección del patrimonio arqueológico es fundamental. Sin embargo, reducir la discusión a ese único aspecto invisibiliza otros impactos ambientales, sociales, territoriales y económicos igualmente relevantes.

Aún queda un largo camino para determinar si un proyecto de esta magnitud es ambiental y socialmente viable. Cualquier propuesta debería ser evaluada de manera integral, incluyendo el análisis de sus posibles implicaciones para el Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad de las Esferas del Diquís y para el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional.

Desde hace más de veinte años existe el interés de construir este aeropuerto en un territorio ubicado entre las comunidades campesinas de Finca 9 y Finca 10, muy cerca del Humedal Nacional Térraba-Sierpe y del conjunto de sitios arqueológicos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en Finca 6.

Más allá del debate arqueológico, y a pesar de que hay una importante lista de cuestionamientos, existen al menos cinco razones de fondo para cuestionar este proyecto.

1. Implicaría el desplazamiento de comunidades campesinas y la pérdida de un territorio con identidad propia

El aeropuerto no se construiría sobre un territorio vacío. En Finca 9 y Finca 10 viven familias campesinas que durante décadas han construido comunidad, desarrollado formas de producción agrícola y tejido una memoria colectiva ligada al territorio. Estas familias han permanecido en estas dos comunidades desde que la Compañía Bananera de Costa Rica abandonó la zona en 1984.

No se trata únicamente de reubicar viviendas. El desplazamiento de estas comunidades significaría afectar formas de vida, redes de solidaridad, conocimientos campesinos y una identidad territorial construida durante generaciones, que ahora se ve amenazada de desaparecer. Cualquier discusión sobre infraestructura debe comenzar preguntándose quiénes asumen los costos del llamado «desarrollo» y quiénes reciben sus beneficios.

2. Pondría en riesgo la producción de alimentos y el modelo de desarrollo local

Las comunidades afectadas constituyen un importante territorio de producción agrícola que abastece mercados locales y sostiene economías familiares campesinas.

La sustitución de tierras agrícolas por infraestructura aeroportuaria y los desarrollos asociados implicaría reducir la capacidad productiva de la región y favorecer un modelo basado en la expansión inmobiliaria, el turismo masivo y los servicios, en detrimento de la agricultura y la soberanía alimentaria.

La pregunta de fondo es ¿qué modelo de desarrollo quiere construirse para la Zona Sur?

3. Aumentaría la presión sobre uno de los humedales más importantes de Centroamérica

A menos de un kilómetro del proyecto se encuentra el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, uno de los complejos de manglar más importantes del Pacífico centroamericano y catalogado como sitio Ramsar de importancia internacional desde 1995.

El impacto no se limitaría a la construcción de una pista, aunque resulta cuestionable la posibilidad de armonizar vuelos y despegues de aviones con pasos de aves migratorias, donde el humedal forma parte de su hábitat. Un aeropuerto internacional suele inducir carreteras, hoteles, comercios, centros logísticos, urbanizaciones y nuevos servicios que incrementan la presión sobre los ecosistemas, la demanda de tierra, agua, la generación de residuos y la contaminación.

La magnitud de estas transformaciones exige una evaluación integral de sus efectos acumulativos y sinérgicos sobre el humedal y sobre todo el territorio.

4. El patrimonio arqueológico debe entenderse como parte de un paisaje cultural

El patrimonio arqueológico del Diquís no está compuesto por sitios aislados, sino por un paisaje cultural de valor excepcional reconocido por la UNESCO.

Más allá de los hallazgos dentro del área del aeropuerto, se deben considerar los impactos indirectos derivados del incremento del tránsito, las vibraciones, la expansión urbana y la infraestructura asociada, que pueden alterar el contexto donde este patrimonio adquiere sentido.

La discusión no puede limitarse al punto exacto donde se construiría la pista, sino abarcar el conjunto del paisaje cultural y sus relaciones con el territorio. La pregunta acá es ¿Está dispuesto el Estado costarricense a que la declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO para las esferas de piedra se vea amenazada y con posibilidades de ser retirada?

5. Es un territorio vulnerable y sin condiciones adecuadas de planificación

La zona propuesta fue y de alguna forma sigue siendo humedal (tipo de ecosistemas, inundable, suelos, etc) y por lo tanto presenta una alta vulnerabilidad frente a inundaciones y otros riesgos asociados al cambio climático, lo que obligaría a realizar importantes obras de drenaje y modificación hidrológica, con elevados costos económicos y ambientales. Por ejemplo, la pista de aterrizaje debería estar al menos a 3 o 4 metros más arriba de la topografía actual, ya que, en eventos como la Tormenta Nate del 2017, el agua llegó hasta a 2 metros de altura en la zona del proyecto.

La Fila Costeña está sometida a un fuerte proceso de especulación inmobiliaria. Un aeropuerto internacional modificaría el modelo de ecoturismo y la vocación agrícola de la zona, dando lugar a un turismo masivo, residencias de lujo y finalmente, turistificación y gentrificación.

A ello se suma que el cantón de Osa aún carece de un instrumento de ordenamiento territorial plenamente consolidado que permita orientar el crecimiento urbano y turístico que inevitablemente acompañaría un aeropuerto internacional. La experiencia demuestra que, cuando la planificación llega después de las grandes inversiones, buena parte de los impactos ya son irreversibles: fragmentación de bosques, pérdida de humedales, apertura de caminos, expansión inmobiliaria y especulación y concentración de la tierra. Para la Zona Sur, el costo ambiental podría ser muy alto si se considera el papel determinante de la naturaleza dentro de actividades económicas como el ecoturismo y el turismo rural comunitario.

El debate debe ser mucho más amplio

La discusión sobre el aeropuerto de Palmar Sur no puede reducirse a la existencia o no de hallazgos arqueológicos en un punto específico del terreno.

Lo que está en juego es el futuro de uno de los paisajes bioculturales más importantes de Costa Rica: ¿La Guanacastización de Osa? la permanencia de comunidades campesinas, la producción de alimentos, la protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, la conservación del patrimonio arqueológico y cultural, la gestión de los riesgos ambientales y el modelo de desarrollo que se quiere impulsar para la Zona Sur.

Costa Rica debe preguntarse no solo si es posible construir un aeropuerto en ese sitio, sino si ese es el lugar adecuado para una infraestructura de esa magnitud y si los beneficios públicos justifican los costos sociales, ambientales y culturales que podría generar.

Porque el patrimonio no se limita a las esferas de piedra. También lo conforman las comunidades que habitan el territorio, los humedales que sostienen la biodiversidad, la soberanía alimentaria, los paisajes culturales que conservan la memoria y los bienes comunes que pertenecen a toda la sociedad.

* El Programa Kioscos Socioambientales desarrolló proyectos de Acción Social de la UCR en las comunidades de Finca 9, Finca 10, Térraba y Chánguena, en Palmar Sur de Osa, entre 2011 y 2019. Estos procesos fortalecieron organizaciones campesinas mediante el rescate de la memoria histórica del antiguo enclave bananero, la promoción de prácticas agroecológicas y el análisis de las transformaciones territoriales de la región. En este trabajo se abordaron temas como la conservación del Humedal Térraba-Sierpe, el patrimonio arqueológico de las esferas de piedra, la expansión de la palma aceitera, la gestión del riesgo por inundaciones y las implicaciones de la propuesta de construcción de un aeropuerto internacional. Asimismo, el Programa participó en la comisión institucional de la UCR encargada de valorar el estudio de impacto ambiental del proyecto aeroportuario (expediente D1-11752-2013-SETENA). Actualmente, el proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes acompaña a la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta en la defensa de la Fila Costeña frente al desarrollo inmobiliario. Durante estos años se llevaron a cabo una serie de producciones académicas: ver lista completa

Imelda Fernández Reyes: gestión local con raíces cabécares / Cápsula #6

Escrito en . Publicado en Educación.

Imelda Fernández Reyes es una gestora local originaria del territorio indígena Cabécar de Talamanca. En 2022, se graduó del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios, impartido por el Programa de Gestión Local de la UNED. Madre y abuela, Imelda se ha destacado como una líder ejemplar, caracterizada por su mística de trabajo, disciplina y constancia.

Desde la fundación de la Asociación de Mujeres Kábata Könana en 2016, ha sido una persona fundamental en la organización, y actualmente se desempeña como presidenta de su junta directiva. La misión esencial de Kábata Könana es impulsar el empoderamiento femenino como una condición indispensable para consolidar sociedades igualitarias, fundadas en la justicia social y los valores democráticos.

Actualmente, la asociación agrupa a 247 mujeres de las 9 comunidades del territorio Cabécar en Talamanca. Este espacio nació con el propósito de promover el desarrollo económico, social y ambiental con una profunda pertinencia cultural. Es precisamente en este entorno donde Imelda ha puesto en práctica todos los conocimientos y experiencias adquiridos durante su formación técnica.

A lo largo de su trayectoria, ha liderado y colaborado en la organización de múltiples ferias, talleres, encuentros y conversatorios comunitarios enfocados en la soberanía alimentaria, la protección de los bienes naturales, el ecoturismo, el rescate de las tradiciones, la cosmovisión, la agronomía sostenible y la gastronomía milenaria. Entre sus iniciativas destacan la coordinación de los juegos y deportes ancestrales indígenas anuales, su participación en el estanco indígena de trueque virtual productivo y el impulso al programa de energía solar.

Gracias a este esfuerzo colectivo, en 2021 la asociación fue galardonada con el prestigioso Premio Ecuatorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un reconocimiento otorgado por implementar soluciones locales e innovadoras que hacen frente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático en favor del desarrollo local.