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Etiqueta: soberanía alimentaria

El detonante agrario del proceso de la transformación de China y sus enseñanzas para Cuba

Miguel Sobrado

En el estancamiento económico y la desesperanza en el que se encontraba China a la muerte de Mao, la necesidad de cambios y transformaciones de fondo del sistema, se agolpaban como necesidades urgentes en el ambiente, acompañada del temor, dentro de un régimen poco flexible de tomar iniciativas que pudieran provocar represiones.

Es dentro de este contexto, tal como lo relata Wu Xiaobo en su libro “La China emergente” 21 campesinos del pequeño y pobre pueblo de Xiaogang decidieron crear el sistema por el cual cada familia se encargaba de su propia parte de la producción local en vez de la comuna. Decididos a ir a la cárcel o a que los mataran si las autoridades no lo aceptaban.

El éxito de este modelo surgido de la iniciativa de estos campesinos, conocido posteriormente como “sistema de responsabilidad contractual personal” ha sido considerado como el principal desencadenante de los grandes cambios de toda China. Esto gracias a que los políticos viendo el éxito de los resultados productivos del primer año, comprendieron que su misión era “dejarse llevar por la corriente” y mejorar el resultado final.

Al darle luz verde por parte de las autoridades a las transformaciones emprendidas por este pequeño pueblo, operó el efecto cascada, trasladándose la experiencia a toda la China que era predominantemente rural. Millones de campesinos se adhirieron al nuevo modelo de producción y reactivaron la economía rural, estimulando al mismo tiempo la producción de maquinaria y servicios en el resto de la economía. Esta inyección no se limitó a dinamizar la economía, sino lo más importante, abrió un camino de esperanza e integró el haz de voluntades de la población facilitando las reformas posteriores que condujeron a la creación de áreas económicas especiales. Todo esto dentro de un contexto favorable, dada la existencia de capital humano, esto es de una población con una preparación que la permitía introducirse al nuevo mundo industrial.

En otras palabras, las transformaciones agrarias fueron el detonante que desencadenó la acumulación de procesos económicos y sociales que transformaron a China y la han colocado como potencia en el panorama mundial.

Importancia de esta experiencia para Cuba

Aunque Cuba y China tienen diferencias importantes de volumen y posición geopolítica y la primera está sujeta a un criminal bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, que limita seriamente su desarrollo, han tenido similitudes en la formación de capital humano y en importancia del sector agrario para su economía, aunque el enfoque que le han dado los gobernantes ha sido diferente.

El bloqueo ilegal, más temprano que tarde, dados los cambios en la correlación de fuerzas mundiales, tendrá que ser levantado por la presión de la comunidad internacional, pero mientras esto sucede es importante dinamizar la postrada economía local, a partir de los elementos disponibles, dentro de los cuales el agro y la pesca juegan un papel clave. No solo porque pueden y deben proveer de alimentación a la población de la isla, sino porque si se muestra flexibilidad política y se le da espacio a las iniciativas de la gente, además de llenarse las necesidades alimentarias se puede superar la desesperanza y generar progresivamente entusiasmo y configurar un haz de voluntades nacional, acción necesaria e impostergable en las actuales condiciones de deterioro.

Los campesinos y los pescadores pueden, sin duda abastecer de alimentos al país y dinamizar la economía, pero no pueden estar sujetos a normativas burocráticas de la época soviética que determinan, por ejemplo, que un cerdo valga más que un toro.

No hacer los cambios necesarios oportunamente, hacen que el tiempo de la renovación se acabe y se generen nubarrones de tormenta en el horizonte, con consecuencias impredecibles.

Los cambios deben hacerse desde dentro escuchando a los productores organizados y desencadenando las energías y creatividad. El papel de las autoridades es dictar políticas que fortalezcan y encarrilen las iniciativas de los productores. Su papel no es como erróneamente se ha interpretado de establecer normativas y reglamentos que entraban y entorpecen el desempeño de la economía y la vida social impidiendo que se genere la confianza y el entusiasmo. Los economistas no deben perder de vista que la participación y el compromiso social son los motores que le dan vida al desarrollo de un país.

Cuando los productores no tengan obstáculos innecesarios no solo generaran productos e ingresos para ellos, sino bienestar para toda la sociedad cubana.

No hacer las reformas ahora, generará vacíos cada vez más profundos, que podrá ser llenado por cualquier cosa, que se atraviese.

Algunos cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 que, aunque no son nuevos, deberían preocuparnos

German Masís Morales

La reciente Encuesta Nacional Agropecuaria elaborada por el INEC para el año 2023, tiene entre sus principales revelaciones un descenso significativo en el área sembrada de los cultivos anuales con respecto al año 2022 y un descenso menor en los cultivos permanentes entre los dos años. Son en total, más de 27 mil hectáreas (27.556), 21.454 has en cultivos anuales y 6.102 has, de área dedicada a la producción agrícola, que debiera generar preocupación en los sectores y organizaciones vinculados a la actividad agrícola, en las autoridades del sector y en general en la población que depende de esas actividades.

El descenso en el área dedicada a los cultivos anuales es provocado principalmente por el descenso en el área de producción de arroz y en menor medida en las áreas de maíz y papá en el último año, En cuanto a los cultivos permanentes, el descenso en el área se dio sobre todo en las áreas de producción café, banano, caña y plátano.

Los cambios en el área y producción de arroz entre el año 2022 y 2023, son realmente agudos y determinantes, ya que el área pasó de 33.586 has en el primer año a 13.770 has y una producción de 145.302 Toneladas a 63.518 ton.

En el caso del maíz, la variación fue un área de 7.175 has a 5.149 has entre los años, mientras que la producción tuvo más bien un repunte de 10.246 ton. A 11.157 ton. En papa, la variación es importante en el área, pasando de 2.912 has en 2022 a 1.686 en el 2023 y también en lo que respecta a la producción, pasando de 48.171 ton a 37.528 ton.

En otros cultivos anuales, como el frijol, hubo un aumento del área y de la producción entre los dos años, pasando de 8.653 has a 9.074 has y de 10.246 ton a 11.157 ton., la yuca que pasó de 7.084 has a 7693 ton y la producción de 78.275 ton a 86.354 ton, también hay una variación en el cultivo de ñampí de 596 has a 1162 has y en la producción de 8.047 ton a 11.139 ton. Entre el 2022 y el 2023.

En los cultivos permanentes, el café tuvo una variación importante entre el 2022 y 2023, pasando de un área de 77.352 has a 74.000 has y en producción de 436.473 ton a 416.215 ton, mientras que en banano el área pasó de 48.369 has a 47.766 has y en la producción si tuvo un ligero repunte de 2,397.933 ton a 2,439.825 ton, por su parte la caña de azúcar tuvo una reducción en el área pasando de 57.006 has a 56.619 has y en la producción una reducción de 3,366 ton a 3,191.449 ton, también en la producción de plátano hubo una reducción en el área pasando de 10.697 has a 8.774 has, aunque la producción fue similar en los dos años, con 72.083 ton y 72.877 ton en ambos años.

En el mango y la naranja, también ocurrió un descenso del área entre el 2022 y el 2023, pasando de 6.217 has a 5.637 has el primero y de13.220 has a 12.847 has el segundo, en tanto en la producción la variación fue significativa, pasando de 30.187 ton a 24.583 ton el mango y de 289.564 ton a 174.626 ton la naranja. El palmito fue otro cultivo que se redujo un poco el área y la producción, pasando de 3.231 has a 3.200 has y de 3.203 ton a 2.883 ton entre los dos años.

Sólo los cultivos de palma aceitera y de chayote tuvieron un aumento en el área y la producción, el primero más en el área, pasando de 68.288 has a 69.398 has que en la producción que fue similar de 1,1040.239 ton a 1,109.441 ton, y de 407 has a 444 has el área y de 28.990 ton a 39.785 ton el segundo.

Lo dijimos el año anterior, con respecto al análisis comparativo de la Encuesta Nacional Agrícola de 2022 y del 2020 y lo reiteramos ahora con relación al análisis de la ENA del 2023 con relación al 2022, con diferencias en el área sembrada y en la producción de las actividades analizadas, de 19.816 has y de 81.764 toneladas en arroz, de 2.026 has en maíz, de 1.226 has en yuca en los cultivos anuales y de 3.352 has y 20.258 toneladas en café, de 603 has en banano y de 1.933 has en plátano y de 387 has en caña, estas variaciones en la producción agrícola, debiera llamar la atención de las autoridades del sector agropecuario, de las organizaciones y de los consumidores.

Esta reducción en el área y en algunos casos también en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre el uso de las tierras y su utilización en otras actividades en algunas regiones periféricas del país, sobre el empleo agrícola y la salida de productores de la actividad y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país, ya que en algunas de ellas podríamos estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación(como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol) o al aumento en el ingreso ilegal de productos(como ha ocurrido con la cebolla y la papa).

Las razones de la reducción de las áreas sembradas en el 2022 eran atribuidas a los fenómenos de la pandemia y el aumento de los precios de los insumos agrícolas, como se mencionó en un artículo anterior (Alterdes.com,2022), pero la tendencia actual hacia la reducción de las áreas y la producción puede deberse al deterioro estructural de la actividad agrícola, que se viene reflejando constantemente en las ediciones de la Encuesta agropecuaria.

Si se compararan las cifras de áreas sembradas del 2023, igual que en el 2022 y el 2020, con las del censo agropecuario del 2012, se podría confirmar la tendencia de mediano plazo en la reducción de las áreas en la mayoría de las actividades, poniendo en evidencia que la producción agroalimentaria, en especial para el mercado interno, presenta un deterioro irreversible, por la dedicación de las áreas a otras actividades económicas(turismo, inmobiliario) en algunas zonas del país y por la baja inversión en las actividades agropecuarias y/o la disminución de la asistencia tecnológica hacia ellas.

Dijimos hace un año que, abandonar más la producción agroalimentaria nacional no es posible, y constatar la ausencia de políticas adecuadas para el fortalecimiento del sector es un ejercicio sencillo, pero ¿qué estamos haciendo para rescatar la producción agrícola?

Imagen: INEC

Soberanía Alimentaria en Mesoamérica y el Caribe

Por:
Denis Montero Solís
Juan Arguedas Chaverri

En este documento de la Región Mesoamérica y Caribe de MAELA se repasan los avances y retrocesos de las organizaciones, legislaciones nacionales y colectivos en torno al concepto de Soberanía Alimentaria y su expresión a nivel de territorio. *

Introducción

Contar con alimentos suficientes apropiados, a tiempo, que alcancen para todos y todas, y que quienes los produzcan reciban los beneficios que merecen, son los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas en su Capítulo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (DESC), donde se incluye el Derecho a la Alimentación, como Derecho Humano que se debe reivindicar.

Mesoamérica es el centro de origen y domesticación de muchas plantas. Antes de la presencia europea en la región existían alrededor de 100 plantas comestibles donde sobresalen: el maíz, frijol, tomate y árboles como el cacao, y aguacate. Esta alta biodiversidad permitió alimentar a grandes centros urbanos. Se sabe que habiendo llegado los conquistadores al mando de Hernán Cortés, se han calculado datos de 1519, en los que la Ciudad de Tenochtitlán tenía alrededor de 300.000 habitantes (De Rojas, sf, Pp. 240-241) cuando Sevilla en 1533 tenía 55.000.

Las principales causas de la pérdida de la Soberanía Alimentaria son las estrategias de la globalización en los mercados de alimentos que se expresan en:

  • Priorización del comercio internacional en perjuicio de la alimentación de los pueblos; sus efectos en cuanto a dependencia de importaciones agrícolas e industrialización de la agricultura.
  • Políticas agrarias descampesinistas promovidas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), que empujan a millones de campesinos/as a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, favoreciendo así los intereses de las empresas multinacionales y a las grandes potencias económicas.
  • Los acuerdos comerciales globales y regionales o bilaterales que permiten a empresas transnacionales controlar el mercado internacional de alimentos.
  • La agricultura a través de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y la nanotecnología que quitan a los/as agricultores/as y a los países el derecho a intercambiar, multiplicar y conservar los recursos de la biodiversidad, con el consecuente peligro a la salud humana y al ambiente.

I. Tendencias del contexto actual

Para lograr Soberanía alimentaria en una región, algunos factores deben estar presentes en esa realidad:

  • Alta agrobiodiversidad,
  • Una Estructura Agraria justa y equitativa,
  • Una sólida y dinámica organización de la población rural; campesina e indígena
  • Existencia de políticas y normas en cuanto a recursos naturales y productivos (acceso y control sobre la tierra, agua, semillas).
  • Políticas o iniciativas colectivas para apoyar la agricultura familiar campesina e indígena.
  • Existencia de circuitos locales de producción y consumo operados en la agricultura a través los mercados locales de alimento.

En la dimensión del contexto global, el rasgo que mejor describe la última década es la crisis. Esta crisis toca distintos ámbitos de la realidad: se evidencia una crisis ambiental cuya mejor expresión es el cambio climático; crisis alimentaria evidenciada en la inestabilidad de los precios de los alimentos, en especial los granos y en la introducción con gran fuerza de los cultivos transgénicos (OGM); crisis financiera que se refleja en la alarmante inestabilidad de grandes bancos de Europa y Estados Unidos y finalmente la crisis energética, que se manifiesta en el comportamiento irregular de los precios internacionales del petróleo (COPROALDE 2010, P. 4).

Para el caso de Mesoamérica, se puede afirmar que la condición de los recursos de la biodiversidad se ha deteriorado. El primer síntoma de esto es la tendencia a convertir los recursos de la biodiversidad en mercancía. La tala de bosque para extracción de madera, para establecimiento de monocultivos agrícolas y forestales no se detiene. La quema como forma de “limpiar” los suelos y para facilitar tareas agrícolas, como es el caso de la cosecha de la caña de azúcar, de la destrucción de plantaciones de piña poco productivas y como forma de preparar suelos para la siembra de granos no disminuye pese a la firma por parte de la mayoría de estados de la región del Convenio de Estocolmo, para la disminución de emisiones de Compuestos Orgánicos Persistentes (COPS).

El modelo de agronegocios, ha devastado los recursos naturales, por su voracidad en busca de maximizar las ganancias. Es así como el establecimiento de plantaciones en la región para cultivos de agroexportación -madera y agro combustibles- al menos, ha cambiado el uso de muchas tierras boscosas a agrícolas, con alto uso de agrotóxicos, experimentación y establecimiento de cultivos transgénicos que generan alta erosión, desertificación y disminución de la base de recursos fitogenéticos de la región.

El otro elemento es la pérdida del control comunitario sobre el agua y el bosque. Estos recursos pasan a manos de sectores ricos y a transnacionales. Las empresas que desarrollan agronegocios, la industria farmacéutica y las empresas dedicadas a la biopiratería incursionan en las comunidades campesinas y en los territorios indígenas sin controles suficientes sobre sus actividades.

Sin embargo, se pueden notar avances en cuanto a la toma de conciencia de las poblaciones rurales sobre la importancia de defender las semillas criollas, los derechos de las poblaciones a sus territorios frente a los intereses de las empresas de minería a cielo abierto y a los proyectos hidroeléctricos.

Además, se desconocen, de manera creciente los derechos indígenas en cuanto a sus territorios y sus formas de vida propias, en confrontación con la cultura global urbanizante. (Saragih, 2010, P. 1).

II. Factores que influyen sobre la pérdida de los recursos de biodiversidad

La alta inequidad social en la región es una constante que se reafirma. Esta se puede ver claramente analizando algunos datos de países. En el caso de Panamá, de acuerdo a la Tercera Encuesta Niveles de Vida 2008, encuesta realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General de la República, (Ministerio de Economía y Finanzas, 2008, P.18) la pobreza afecta a 32.7% de los panameños (de un total de 3.3 millones personas). Sin embargo, a partir de datos globales, este es un país con desarrollo humano alto en la región. El estudio refleja que las comunidades indígenas continúan viviendo en condiciones de pobreza crítica y profunda, pese a la condición de desarrollo humano del país.

La realidad actual en Panamá nos dice que el 2% de la población se lleva el 60% del PIB; el resto de los panameños, o sea, el 98% de los habitantes del país, sólo se quedan con el 40%. Por la razón anterior el país es considerado como altamente desigual.

Datos similares y en ocasiones más dramáticos se encuentran en países como Guatemala y Honduras y en vastas regiones de México. El desarrollo de la nueva fase de la “revolución verde” a través de los transgénicos que profundiza el deterioro de recursos naturales y vuelve más inequitativa la estructura agraria de los países.

En cuanto a tenencia de la tierra, ya en el año 2003 se evidenciaba la profundización del deterioro: la minifundización, pobreza rural y deterioro de los recursos naturales eran evidentes. Esa tendencia sólo ha sido amortiguada por las migraciones internacionales y el trabajo asalariado en actividades de agroexportación y en actividades no agrícolas (GAAS, 2003, Pp. 26-30).

Al final de esta década, esa tendencia no se ha modificado, sino que por el contrario se ha profundizado. Hay pérdida de la tierra, deterioro ambiental acelerado, la erosión se ha convertido en un peligro para la aparición de hambrunas, algunas que ya se han anunciado, como es el caso de Guatemala entre 2005 y 2006, así como la crisis global de alimentos, a la que la región no escapó, durante 2008.

En aquellos países donde se consiguieron procesos de reforma agraria, en los años 80 y 90, éstas se han revertido en la última década. Además, los procesos de titulación de tierras en la región han funcionado como un mecanismo para dinamizar el mercado de tierras, en condiciones como las de Guatemala, Honduras y regiones de México.

En la historia reciente, producto de la crisis petrolera que se afronta, se ha profundizado el desarrollo de agronegocios, principalmente vinculados a agrocombustibles. Se estimula el cultivo de caña de azúcar, de palma aceitera y se empieza a sembrar maíz transgénico para ser utilizado como materia prima para agrocombustibles (Saragih, 2010, p. 1).

III. Factores políticos, económicos y organizativos han tenido efecto en las modificaciones ocurridas

Este proceso tiene sus raíces en la política de ajuste estructural desarrolladas en los últimos 25 años y Se ha profundizado con la celebración de acuerdos de libre comercio en la región. El actual contexto está signado por la firma de Tratados de Libre Comercio (TLCs) o Acuerdos de Asociación (AdAs) con EE.UU. y/o la Unión Europea para la región Centroamericana y también con China, para el caso de Costa Rica (COPROALDE 2010, P. 4 ).

Es claro que el aumento de los precios internacionales del petróleo y la presión del mercado internacional sobre materias primas para agrocombustibles, principalmente por parte de EE.UU. y la Unión Europea tienden a influir la inestabilidad de los precios de los alimentos.

Por otra parte, se ha dado un desarrollo de políticas cortoplacistas hacia la agricultura en toda la región, justificado bajo el principio neoliberal de ventajas competitivas, incluyendo un factor que no se había querido aceptar por parte del gran capital internacional que es el efecto del cambio climático en la agricultura. Esto también tuvo efectos importantes sobre la presencia de alimentos y la inestabilidad de sus precios internacionalmente.

Para el caso de México, de 2006 a 2008 la canasta básica se incrementó en un 65 %; la tortilla, alimento esencial en la dieta mexicana, aumentó un 50%, el frijol incrementó su precio 100 %, el aceite comestible un 112 % mientras que huevos y leche aumentaron más de un 50 % (Soares, 2009, P. 223).

En el caso de Costa Rica, se ha constatado una caída de los precios de los productos agrícolas, principalmente aquellos ofrecidos por pequeños/as agricultores/as (granos, hortalizas, banano orgánico). Se siente que lo que se produce no vale y cuesta venderlo.

Esto sucede en los mercados locales y de exportación. Se siente un desplazamiento de la producción nacional. Sin embargo, los precios al consumidor en vez de disminuir, tienden a incrementarse. Es evidente que en el país hay mayores importaciones que exportaciones agrícolas a partir de las políticas de comprar afuera lo que se produce más barato en otros países (COPROALDE 2010, P. 7).

En resumen, esta situación es el resultado de la hipermercantilización de la agricultura y los alimentos, de la tierra, el agua, los conocimientos agrícolas tradicionales, las semillas y la biodiversidad.

IV. La organización de la población rural para manejar sus recursos naturales y construir Agroecología

En la región se constata una débil articulación política de organizaciones sociales que favorecen la producción sostenible, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Son más las articulaciones entre gremios campesinos, grupos ambientalistas o entre grupos que quieren hacer gestión económica conjunta, que entre aquellos que pretenden hacer Agroecología, construir Soberanía Alimentaria, defensa del territorio y de la forma de vida rural (Montero, 2009, Pp. 3-8).

En el plano social-organizativo, se reconoce que se ha acentuado un gran activismo en el quehacer de la mayoría de grupos y organizaciones, principalmente aquellas de carácter nacional. Sus agendas están más dirigidas a la sobrevivencia institucional que a los problemas por los cuales surgieron. Esto limita bastante su papel transformador y la representación de los sectores a los que se deben (Gaete, Sancho y Montero, 2005, Pp. 28-29).

Las organizaciones gremiales en la región reconocen que se desenvuelven en un contexto avasallador que les impide, en muchos casos un accionar reflexivo y responden más a temas de coyuntura.

Sin embargo, en el plano de la organización hay algo muy interesante: se ha profundizado la revolución en el accionar de las mujeres con una participación más activa en diferentes campos. Se puede afirmar que hoy las mujeres como género, tienen mayor posibilidad de decidir y más acceso a recursos y a poder.

No obstante, esto se debe en parte a sus luchas como sector discriminado y en parte puede deberse a la profundización de las migraciones internas e internacionales, particularmente de los hombres (Montero, 2007, P. 4).

V. Políticas y legislación pública sobre recursos naturales y productivos en la región

Las políticas de los gobiernos sobre recursos naturales se han dirigido a la protección absoluta de áreas estratégicas por su importancia en cuanto a perpetuación de especies. Esto genera conflictividad con poblaciones campesinas e indígenas que han poblado estas regiones históricamente.

En el caso de la agricultura, en general, las políticas son opuestas a la Agricultura Sostenible, indígena y campesina. Se promueven bonos agrícolas y programas con fertilizantes sintéticos, semillas híbridas, agrotóxicos y créditos para mecanización. Se estimula la siembra de cultivos para exportación, principalmente como monocultivos, se desestimula la siembra de granos y otros cultivos que puedan reforzar el autoconsumo. Ya son notorios los efectos de este tipo de políticas sobre la presión sobre las tierras y la dinamización del mercado de tierras hace que muchas familias campesinas pierdan ese medio de producción (COPROALDE 2010, P. 7). Este proceso no está orientado por leyes o políticas, fundamentalmente se asienta en programas que varían cada vez que hay cambio de administración.

En la región es bastante evidente la poca intervención del Estado sobre las acciones y efectos de la inversión trasnacional en sectores estratégicos como recursos naturales y producción de alimentos. Su papel se limita a otorgar permisos y a administrar concesiones.

Un caso que parece extremo en la región es el decreto de interés público de una explotación de oro a cielo abierto en Costa Rica o la exoneración de los estudios de impacto ambiental a megaproyectos mineros o hidroeléctricos que se dio en Panamá, como parte de una reforma a la Ley de Aviación.

Finalmente se puede afirmar que hay poco cumplimiento estatal de los compromisos ante organismos multilaterales para garantizar derechos como el Derecho a la Alimentación, más allá de ofrecer bonos alimentarios.

Por lo anterior, en Mesoamérica se vislumbra un marco desfavorable a la Agroecología. La legislación es pobre y la que existe tiene dificultades para su cumplimiento.

Hay casos como en México, donde, producto de la crisis, se han posicionado planteamientos como las campañas “El campo no aguanta más” o “Sin maíz no hay país”. Esto ha permitido que en el Congreso Federal se empiece a hablar de la necesidad de transitar hacia un modelo de agricultura más sustentable que reconozca la multifuncionalidad de la agricultura campesina, que valore el papel de las mujeres, que promueva la producción de alimentos sanos, de bienes y servicios ambientales, la conservación de la biodiversidad, el equilibrio del doblamiento territorial, la reproducción de la diversidad étnica y cultural y la seguridad nacional. Para ello han propuesto una ley de planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y nutricional, entre otras iniciativas.

En la región no se cuenta con políticas o legislación particular para promover la agricultura familiar campesina e indígena. En el caso de Costa Rica existe una Ley de Fomento de la Agricultura Orgánica, pero no está orientada necesariamente a la pequeña producción familiar.

Por otra parte, está en debate legislación para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas, centrada en el plano de ubicación territorial y de gobierno propio.

En el caso de Nicaragua, se ha impulsado la Ley de Seguridad Alimentaria en la que puede reivindicarse la agricultura familiar. Un factor que unifica a toda la región son los programas focalizados contra el hambre, desde sus consecuencias: Bonos productivos que ofrecen agrotóxicos y fertilizantes, bonos alimentarios y subsidios estudiantiles aparecen como recetas en varios países de la región.

VI. Los mercados locales en Mesoamérica Se debe afirmar que uno de los factores que ha dinamizado los mercados locales ha sido la propuesta agroecológica. Es en el último quinquenio que en la región se constató el poco dinamismo de los mercados internacionales de productos orgánicos y ecológicos en manos de pequeños/as agricultores/as, indígenas y campesinos/as, que se desarrolló una dinámica, natural y con acompañamiento de organizaciones que trabajan Agroecología. En la actualidad se puede afirmar que se están incrementando.

VII. Las propuestas de MAELA

A. El trabajo en torno a recursos de la biodiversidad
En las organizaciones de MAELA Mesoamérica se ha trabajado una línea, en todos los países que ha logrado rescatar y reproducir las semillas criollas, principalmente de granos que se consumen en la región, así como otras plantas comestibles.

Además, desde inicios de la presente década se ha trabajado en investigación y sensibilización sobre la presencia de cultivos transgénicos y los perjuicios de los mismos para la salud, para el ambiente y para la economía familiar campesina e indígena.

Estas campañas han tomado diferentes matices: por ejemplo, en Guatemala, a partir de experiencias de los países andinos se ha impulsado la campaña de consumo sano y soberano. En Nicaragua y Costa Rica se impulsó una campaña de recuperación y sensibilización sobre las semillas criollas, que se llamó “Semillas de identidad”, la que también se desarrolló en Colombia.

En El Salvador también se ha trabajado en sensibilización sobre las semillas criollas en el marco de la Plataforma de Agricultura Sostenible de El Salvador con acciones que influyan en el público. La experiencia en la región enseña que es necesario influir, para conseguir un mejoramiento de la condición actual de los recursos de la biodiversidad, en distintos ámbitos.

Se debe influir sobre las legislaciones vinculadas a la temática de propiedad intelectual y derechos de autor, por lo que el tema de UPOV 91 ha sido importante para la incidencia política.

Además, se ha visto la importancia de legislar sobre la regulación/prohibición de siembra de transgénicas en territorios donde se trabaja desde la agroecología. En esto se ha acumulado experiencia en campañas para la declaratoria de territorios ecológicos y libres de transgénicos.

Finalmente se debe influir en el sector de consumidores/as para lograr que se reivindique el derecho a consumir lo propio en oposición a la comida chatarra y la disminución de la dieta a unos pocos productos.

B. El trabajo en la a temática de la estructura de tenencia de la tierra
Es necesario señalar que hay en MAELA Mesoamérica acuerdo en torno a la importancia de la tierra como condición para lograr Soberanía Alimentaria desde los espacios comunitarios. En todos los espacios de discusión regional se señala que uno de los factores que limitan la Soberanía Alimentaria es la pérdida de la tierra o la injusta estructura agraria de los países de la región.

Sin embargo, en las organizaciones de MAELA en la región, ha sido poco trabajado el tema de tenencia de la tierra o la reforma agraria. Este tema ha sido más una bandera de las organizaciones de la Vía Campesina.

En este punto, es importante señalar la complementariedad que tienen estos enfoques, ya que se ha logrado reflexionar que el trabajo alrededor de la Agroecología contribuye a mantener el acceso y control campesino e indígena sobre la tierra.

Se afirma que el uso de la tierra y demás recursos de la biodiversidad, de una manera sostenible, tal y como lo propone la Agroecología, con niveles crecientes de independencias de elementos externos, con recuperación del conocimiento autóctono y con protagonismo campesino e indígena, hace que se reduzca el peligro de perder la tierra y de entregarla a las próximas generaciones deteriorada y poco productiva.

En otra dimensión del tema, en varios países, las organizaciones que integran MAELA apoyan a organizaciones indígenas en la defensa del territorio (Costa Rica, Panamá, Guatemala, México, al menos). Estas organizaciones consideran que esta es una forma de asegurar la tierra para estas poblaciones. También la participación en campañas de oposición a megaproyectos hidroeléctricos, mineros, la expansión de cultivos de agroexportacion y de reforestación comercial son formas de reivindicar la tierra desde un enfoque territorial.

C. Efectos del trabajo en Agroecología sobre la organización rural para manejar recursos naturales e incidencia política
La Agroecología en Mesoamérica se ha logrado vincular a enfoques territoriales y comunitarios. La presencia de campesinos/as e indígenas que fomentan la Agroecología en sus comunidades los ha convertido en agentes de cambio con liderazgo reconocido en sus localidades.

La propuesta agroecológica ha estimulado también la organización de pobladores/as, la organización para comercializar, y la articulación territorial para influir en políticas públicas en el ámbito municipal en busca de condiciones favorables para practicar ala Agroecología: territorios libres de OGM, recursos municipales para promover espacios de mercado local, entre otros.

Otro de los temas que articula organizativamente a la población en el territorio es el de sensibilización al sector de consumidores/as para lograr construir una cultura de consumo responsable, para ello se trabaja en sensibilizar sobre el consumo sano y soberano articulado a la temática de semillas criollas para defender las semillas criollas.

Sin embargo, en las organizaciones de MAELA, en términos generales no. se trabaja el tema de la identidad política. No se logra construir conceptual o metodológicamente al sujeto agricultor/a familiar campesino/a e indígena. Se inscribe más el trabajo en el tema de la Agroecología como el quehacer productivo, más allá del sujeto que la practica. Esta es una razón por la que la población local, campesina e indígena no se ha reivindicado tanto. Esto puede inhibir el surgimiento de propuestas para un sector productivo específico.

Un indicador de esta condición del Movimiento en el tema es el tipo de reflexión que hacen las organizaciones. Lo más frecuente es hablar de los productores y productoras agroecológicas, más que de campesinos/as e indígenas, que hablan más de identidad, cultura, forma de vida y posición en la sociedad en la que actúan.

D. El trabajo en torno a los mercados locales en MAELA Mesoamérica
El MAELA ha sido protagonista en el desarrollo de los mercados locales en la región. Existen propuestas desde las organizaciones de MAELA en los diferentes países sobre el impulso de estos.

Otro elemento relevante es que en MAELA Mesoamérica y Caribe se tiene abierto un foro sobre Mercados Locales Agroecológicos Campesinos e Indígenas y sistemas participativos de garantía. Allí se da una dinámica de intercambio de experiencias y reflexión conjunta para generar propuestas para cada realidad concreta (CEDECO-MAELA, 2008, P. 10).

En la región se han abierto, en la última década -y con mayor fuerza en los últimos cinco años- muchas experiencias de ferias en diferentes lugares (ferias orgánicas, tianguis orgánicos, conformación de organizaciones de producción y consumo solidario, entre muchas experiencias).

Estas experiencias se encuentran operando en todos los países de la región y son de diferente naturaleza, manejan diversos enfoques de comercio local y son lideradas por organizaciones vinculadas al MAELA.

Bibliografía

  • CEDECO-MAELA, 2008. Memoria del 1° FORO “Experiencias Centroamericanas de Acceso a los Mercados Locales Orgánicos”.
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*Juan Arguedas Chaverri, unos de los autores, comparte este documento del 2010 con el propósito de ofrecer un recurso comparativo con la situación actual.

Imagen: https://www.sur.org.co

Trabajo final de maestría analizó el enfoque educativo en los procesos de formación de la agricultura orgánica certificada y la multiplicación de experiencias

Juan Arguedas Chaverri comparte mediante SURCOS su tesis de maestría obtenida en la Universidad Nacional. La especialización es en Gestión Educativa y Liderazgo y su proyecto final para graduación se presentó en la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UNA.

Presentamos el resumen ejecutivo e invitamos a descargar el PDF con el trabajo completo.

(Arguedas Juan, 2009). ANALIZAR EL ENFOQUE EDUCATIVO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA CERTIFICADA Y LA DINÁMICA EN LA MULTIPLICACIÓN DE NÚMERO DE EXPERIENCIAS.

Una Experiencia de la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Turrialba (APOT).

Antecedentes:

La Asociación Costarricense de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales para un Desarrollo Rural Alternativo (Red COPROALDE) ha laborado durante 20 años en procesos de dinamización de agriculturas alternativas. En su actual trabajo ha ubicado la ausencia de estrategias adecuadas para diseminar masivamente una agricultura campesina-indígena sostenible, que reduzca costos en relación con la agricultura convencional, que aproveche y conserve los recursos disponibles, en las condiciones desfavorables que experimentan amplios sectores de pequeños agricultores.

COPROALDE reconoce que la Agricultura Orgánica se disemina poco, pese a los esfuerzos de muchos grupos. Se piensa que esto se debe al modelo educativo dominante en la formación de los agricultores orgánicos, bajo un enfoque de transferencia de conocimiento tecnológico y comunicación vertical, que asume a los profesionales como poseedores del conocimiento, que lo transfieren a campesinos que no lo poseen. Esto limita la generación y multiplicación del conocimiento para la promoción de la Agricultura Orgánica.

Lo anterior dio pie a una investigación que involucra a agricultores orgánicos en una región del país, a asesores gubernamentales y de ONGs que trabajan en el tema de la Agricultura Orgánica.

Objetivo:

El objetivo de la investigación es el siguiente:

Analizar el modelo de educación presente en la multiplicación de experiencias de agricultura orgánica en el cantón de Turrialba.

Se profundiza en los roles de los sujetos, métodos y técnicas usadas y mecanismos para la multiplicación, en los procesos de formación de la Agricultura Orgánica.

Metodología:

La investigación fue exploratoria, centrada en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social en una comunidad, con aproximación al fenómeno en una relación directa con las ciencias sociales y naturalistas. Respondió la pregunta “¿Cómo el modelo educativo tecnológico limita contar con un mayor número de experiencias de fincas y con mayor multiplicación de la agricultura orgánica?”. Para ello se cruzaron las variables formación y multiplicación con la agricultura orgánica.

Se trabajó con dos tipos de informantes:

Once agricultores orgánicos certificados, quienes juegan un rol de promotores en sus comunidades.

Cuatro asesores de agricultura orgánica, de ONGs y de instituciones estatales, que ofrecen servicios de asistencia técnica en este tema.

Se diseñaron varios instrumentos, un cuadro matriz de orientación para los indicadores, una hoja de cotejo, que previamente fue validada.

Luego de recolectar la información se analizó para ubicar los resultados, conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se diseñó la propuesta para dar respuesta al problema ubicado por la organización.

Resultados y conclusiones:

El modelo educativo tecnológico en el enfoque de la Revolución Verde pretende aumentar rendimientos y producción de monocultivos a partir de productos de síntesis química. La forma es conductivista, y espera cambios conductuales medibles. Este modelo aplicado en la Agricultura Orgánica es el que prevalece en los asesores y limita un mayor número de experiencias, en manos campesinas.

La mayoría de los asesores en agricultura orgánica entienden el mercado global como único mecanismo válido para mejorar la economía y la calidad de vida campesina y se resisten a dejar su rol de trasferencia tecnológica.

Los principales esfuerzos para multiplicar y diseminar la Agricultura Orgánica en el país están dirigidos al mercado de exportación. Esto excluye al 75% de los agricultores orgánicos que no producen para este mercado.

Se necesitan otros mecanismos para la promoción y multiplicación de la agricultura orgánica entre campesinos, como el invitarse a diagnosticar, seleccionar las técnicas agrícolas y validarlas. Una limitante en la multiplicación es que el campesino no reconoce su propia fuerza para generar un cambio.

Desde el modelo educativo dialéctico, los agricultores pueden formar a otros agricultores, campesinos e indígenas, pues cuentan con conocimientos más amplios en agricultura. El rol de los asesores es de facilitadores, desde la lógica de aprender haciendo.

Como solución al problema de investigación se propone desarrollar un proyecto con el objetivo de “Difundir el enfoque de Agricultura Sostenible, Soberanía Alimentaria, con metodología CaC de la red COPROALDE, hacia sus miembros y hacia organizaciones afines”.

Se propone trabajar en las regiones Central, Brunca, Huetar Atlántica, Chorotega y Huetar Norte, con organizaciones y comunidades campesinas, indígenas y consumidores, involucrando a 16 comunidades, reforzando la formación de 25 promotores: 11 varones y 14 mujeres, incluyendo 18 nuevos promotores, (la mitad mujeres) y el involucramiento de 86 familias. Además, se reforzarán conocimientos y herramientas Campesino a Campesino a tres facilitadores de organizaciones, miembros de la red COPROALDE.

Distintas fuerzas sociales y organizaciones llaman a marchar el 24 de abril

El Frente Nacional de Lucha (FNL) llama a movilización nacional para el 24 de abril a las 9:00 horas, en el marco de la conmemoración del 54 aniversario del triunfo popular contra el contrato con ALCOA.

El llamado es por la defensa del Estado Social de Derecho y de las instituciones democráticas; por la NO venta del Banco de Costa Rica (BCR) y NO más desmantelamiento institucional; por la necesidad de garantizar de manera absoluta el derecho constitucional al acceso al agua potable; por la defensa de la salud pública y el pago de la deuda BILLONARIA que el Estado sostiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y por el rechazo a los recortes de la educación, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la vivienda, a la cultura y a los demás programas de bien social.

La movilización además busca exigir soberanía alimentaria y tierra para quien la trabaja; también el respeto a la defensa de los derechos y las conquistas de las mujeres trabajadoras.

El Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, por medio de un video,  hace un llamado a la acción, enfatizando el valor que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social,  y la capacidad de los egresados de la UCR que laboran dentro de la Caja. Con este mensaje, recalca la importancia de tener salarios competitivos dentro de la institución, que el gobierno cancele su deuda con la Caja, que se continúe con la construcción del hospital de Cartago y la reapertura del programa de servicio  social obligatorio. 

Grupos como: Mujeres por Costa Rica piden ¡Por la seguridad social, pública y universal! Centrales sindicales (Central General de Trabajadores, Confederación Unitaria de Trabajadores y Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos) piden marchar por la institucionalidad pública y constitucional, Agua para las comunidades y los servicios de la CCSS. La Unión Sindical de la CCSS marchan en busca de la defensa de la CCSS y la institucionalidad pública, además piden la salida de la jerarca Marta Esquivel.

Urge mayor apoyo a agricultores para garantizar la seguridad alimentaria del país

Defensoría investigó impactos sobre la agricultura

Si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Así lo determinó una investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y al cambio climático, aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales para afrontar los desafíos del sistema alimentario.

En el caso de Costa Rica, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, en 16 de cada 100 hogares en Costa Rica, al menos una persona adulta se vio obligada en ocasiones, a reducir la calidad o cantidad de su dieta, debido a la falta de dinero u otros recursos (16,42 %). Mientras que dos de cada 100 hogares se vieron afectados por inseguridad alimentaria severa (2,33%). Esto implica que en esos hogares al menos una persona adulta tuvo que reducir la cantidad de alimentos consumidos o inclusive, pudo haber pasado un día entero sin comer. En este sentido el Estado de la Nación señala que, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave sigue aumentando, principalmente entre las mujeres. 

Para algunos expertos, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así como lo han señalado la Contraloría General de la República y el Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes concluye que si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa, por lo que la Defensoría destacó la importancia de construir mecanismos para una adecuada implementación de las acciones y recursos y alcanzar consensos entre los distintos actores del sector para avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas.

Entre los retos que persisten, es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes. 

En materia de cambio climático, urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

En este sentido, la Defensoría de los Habitantes le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Marcha en defensa del Estado Social de Derecho y por la Educación Pública: una demanda nacional legítima

  • CONARE rechaza las manifestaciones públicas del presidente de la República contra el Tecnológico de Costa Rica y su rectora

25 de octubre del 2023.  Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.

Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.

CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.

Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.

Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.

Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.

De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.

Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.

Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.

Instamos al presidente de la República al respeto de la autonomía y al diálogo abierto como para la elaboración de propuestas, soluciones y acuerdos que tanto requiere el país.

Comunicado de las cooperativas agrícolas de Costa Rica

Familias de las cooperativas agrícolas y acuícolas de nuestro país, desde la Mesa Nacional del Dialogo Social y Productivo les enviamos un cordial saludo.

Señores gobernantes nosotros somos una economía mixta todos tenemos cabida. Nuestra responsabilidad es mantener la paz social.

Nuestro único propósito es defender la producción de alimentos a nivel nacional. Convirtamos al agro en un activo estratégico de Costa Rica

Las amenazas están ahí ya las conocemos. Empezaron a ejecutarse, con la ruta del Arroz. Vienen todos los demás rubros.

Esta situación es más grave que una pandemia. Es más grave que una crisis pasajera.

Las cooperativas estamos en todos los rubros de producción agropecuaria y pesquera y en todo el territorio nacional de nuestro país y tenemos presencia en mercados internacionales

LO QUE NOSOTROS DEFENDEMOS:

I.- Está en riego estructural la existencia de nuestro Estado Social de Derecho, la democratización de la propiedad de la tierra, y nuestro derecho a producir los alimentos que el país necesita y que todos consumimos

1.1.-Señores del Poder Ejecutivo. Señores de la Asamblea Legislativa. Construyamos juntos una auténtica política agroalimentaria y pesquera con todos los actores calificados.

Este es el principal punto de partida que defendemos. No queremos decir al Ejecutivo como dijeron los gladiadores al emperador Claudio “Ave Caesar, morituri te salutant”

II.- El segundo punto tiene que ver con los mercados. Dos situaciones muy graves provocadas por la falta de políticas claras:

Nosotros “SEMBRAMOS COMIDA”, pero priorizando la importación y el contrabando de alimentos nos quitan el derecho a producirlos en nuestras tierras y en nuestros mares.

Pero además han permitido la monopolización y el control abusivo de los mercados nacionales. Estos monopolios a nosotros nos pagan una miseria en el campo y los consumidores en las ciudades, pagan precios de usura por la comida que nosotros producimos.

2.1.- Tenemos alternativas: Fortalezcamos los controles en nuestras fronteras para impedir el contrabando, con la colaboración de aduanas y la policía económica lo podemos lograr; rescatemos la red de frío y el Cenada aquí también hay un gran monopolio Es el cementerio de los productores nacionales.

Establezcan una auditoria forense al monopolio de los mercados dirigida por el MAG con la colaboración de la COOPROCOM, la FAO el IICA y a la cadena de formación de precios bajo la dirección del MEIC y el PIMA.

Si no hacemos esto a corto plazo, seremos cómplices de la destrucción de la agricultura y la acuicultura nacional.

III.- Con todo respeto preguntamos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa:

  • ¿Se puede desarrollar el agro (ustedes que dicen ser economistas) destinando menos de 4% de crédito público a financiar la producción de comida Y COMPITIENDO CON ECONOMIAS SUBSIDIADAS?
  • ¿Podemos mantener los mercados internacionales que hemos construido a lo largo de estos años si nuestros contenedores salen cargados de drogas desde Costa Rica?

Por todo estos amigas y amigos, familias cooperativas nos unimos al llamado de la Mesa Nacional de Dialogo Social y Productivo convocados por el sector agropecuario costarricense en defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad de nuestro sector.

Unamos nuestra presencia a nivel NACIONAL en San José y a nivel regional en los puntos indicados.

USEMOS NUESTRO DERECHO A LA MANIFESTACION PACIFICA Y DEMOCRATICA, COMO HEMOS SIDO EJEMPLO, CUANDO NOS MOVILIZAMOS.

Foro de las Cooperativas Agrícolas

Costa Rica 25 de octubre de 2023

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

¡Por la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector agropecuario!

El próximo 25 de octubre a las 9:00 a.m. se movilizará una marcha hacia la Casa Presidencial en defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector agropecuario.

Las consignas que convocan a esta marcha son:

  • No al Bloque de la Alianza del Pacífico.
  • Sí a la Comisión Mixta en la Asamblea Legislativa.
  • No a la Ruta del Arroz.
  • No a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro.
  • No a la Canasta Básica Importada.
  • Sí a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario. 
  • Sí a la Defensa del PAI, un Mercado Seguro para la Producción Nacional.
  • Sí a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.