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Etiqueta: soberanía tecnológica

Costa Rica ante las nuevas derechas: agravar las causas o construir el futuro

Álvaro Fernández González, julio de 2026

Las elecciones de 2026 marcaron una nueva etapa política en Costa Rica. La continuidad del proyecto iniciado por Rodrigo Chaves y consolidado por Laura Fernández transformó el escenario político, mientras el surgimiento del Pacto Patriótico Costarricense abre un nuevo espacio opositor.

Sin embargo, la coyuntura no puede entenderse solo como un enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Lo que está en disputa es la respuesta del país frente a la crisis del modelo de desarrollo, el creciente malestar social y la transición hacia un orden internacional cada vez más multipolar.

El éxito del oficialismo no se explica únicamente por una estrategia comunicacional basada en redes sociales, polarización y liderazgo carismático. Expresa problemas acumulados durante décadas: aumento de la desigualdad, debilitamiento del Estado social, precarización del empleo y pérdida de confianza en las instituciones. Ese contexto permitió que el discurso contra “la vieja política” encontrara amplio respaldo ciudadano.

Por ello, defender la institucionalidad democrática sigue siendo indispensable, pero no basta. Si el Pacto Patriótico pretende convertirse en una verdadera alternativa, deberá ofrecer un nuevo proyecto nacional capaz de responder a las causas profundas del descontento social y no sólo la restauración del equilibrio institucional previo a 2022.

Desde una perspectiva antiimperialista, el desafío también implica repensar la soberanía. Hoy la dependencia no se limita a las relaciones entre Estados, sino que incluye plataformas digitales, tecnologías, cadenas globales de producción, sistemas financieros y control de los datos. La soberanía del siglo XXI también se disputa en la ciencia, la innovación, la energía y el conocimiento.

En este punto resulta especialmente valioso el aporte del filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel (1938-2023). Su propuesta de la transmodernidad recuerda que un mundo multipolar no garantiza automáticamente una mayor emancipación. El desafío consiste en construir una inserción internacional más autónoma, fortalecer la integración latinoamericana y ampliar la capacidad de decisión de nuestras sociedades.

La perspectiva decolonial aporta además otra dimensión fundamental: la democracia no puede limitarse a disputar el poder del Estado. También debe reconstruir las formas comunitarias de producir lo común y garantizar la reproducción colectiva de la vida.

Esto significa colocar en el centro problemas cotidianos como los cuidados, la vivienda, el empleo digno, la salud mental, la desigualdad territorial y la crisis ambiental. La calidad de una democracia debe medirse también por su capacidad para garantizar condiciones dignas de existencia.

La diversidad del Pacto Patriótico podría convertirse en una fortaleza si logra articular consensos alrededor de una democracia más participativa, una economía orientada al bienestar, un sistema nacional de cuidados, la soberanía tecnológica y científica, una transición ecológica justa y una política exterior basada en el no alineamiento activo y la integración latinoamericana.

El principal aporte de una izquierda antiimperialista y decolonial en este marco es construir un horizonte político que combine democracia profunda, soberanía, justicia social y sostenibilidad ecológica, colocando la reproducción de la vida en el centro del proyecto de país.

Costa Rica enfrenta una decisión histórica: profundizar la polarización o democratizar el poder, fortalecer la soberanía, reconstruir el tejido comunitario y poner la vida en el centro de la política.

La cultura costarricense desde el Estado

Adriano Corrales Arias*

CULTURA es uno de los términos que más acepciones tiene. Es un concepto polisémico y dinámico. Sus abordajes han sido diversos y complementarios a través de la historia, por esa razón debería considerársele desde la interdisciplinariedad, para así lograr una integralidad semántica.

En general, podría definírsele como “el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social”. En todo caso, cuando hablamos de cultura, nos referimos a creencias, normas, valores, lenguaje, símbolos, tecnología, patrimonio, identidad. En otras palabras, hablamos de la actividad humana en su conjunto y de sus relaciones con la naturaleza y el cosmos, sobre todo de la producción simbólica a través del tiempo en espacios geográficos y socioeconómicos diferenciados.

En nuestro país la visión estatal de la cultura ha sido excluyente y elitista. Desde el “Olimpo” de los liberales, hasta el nacimiento del Ministerio de Cultura (PLN), se le concibe como la promoción de las “Bellas Artes”, las cuales deberían extenderse al pueblo para “culturalizarlo”, “cultivarlo”. Los liberales la concebían mancomunada con el sistema educativo, cual actividad “civilizatoria” que pretendía homogenizar su visión de mundo, es decir, privilegiaban su intención ideológica.

El dispositivo creado por el PLN en los años setenta del siglo pasado, ha sido vallecentrista y eurocéntrico, léase, colonial, salvo esfuerzos aislados y fallidos de regionalización con débiles discursos antropológicos sobre las culturas populares o “vivas”. Esa visón paternalista todavía subsiste. De allí la gran confusión en muchos artistas, quienes confunden el amplio concepto etnográfico con el de “arte” o “gestión cultural”. Por ello, se habla de un “sector cultura” difuso y asimétrico, el cual no sabemos si se define por su producción, su gremialismo o su filiación con el estado y su políticas, mejor dicho, la ausencia de ellas.

El neoliberalismo que lidera la contrarreforma con el afán del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, erigido desde los años cuarenta del siglo pasado, le ha entregado esas tareas a las industrias culturales. Los últimos gobiernos del PLUSPAC así lo han venido haciendo y, el Ministerio de Cultura y Juventud (vaya híbrido), a pesar de su ingente labor en sus instituciones adscritas y en el apoyo a algunos productores artísticos, ha devenido en un cascarón desfinanciado y en una suerte de gran agencia de producción festivalera.

Las declaraciones de un candidato ultra conservador y de su escudera (diputada electa) han puesto el dedo en la llaga al gritar a los cuatro vientos, sin inmutarse, lo que otros quieren pero callan desde hace rato: cancelar el MCJ por ineficiente y burocrático (tiene menos del 1% del presupuesto nacional). Es decir, privatizar sus órganos desconcentrados y asignarle a las industrias culturales el resto. De allí a un Hollywood o Disney ticos no estaríamos tan lejos. Quizás ello quiso decir la señora escudera del enviado de los organismos financieros internacionales, quien bien podría convertirse en presidente de esta res ya no tan pública.

El día en que la CULTURA se convierta en el centro de una propuesta política al interior de un robusto proyecto país, tal y como corresponde, estaríamos hablando de inclusión, equidad, justicia social, defensa de los patrimonios tangibles e intangibles, de soberanía tecnológica y alimentaria y de las diversas identidades y expresiones simbólicas de quienes ocupamos este pequeño y bendito territorio. Es decir, estaríamos ante una auténtica acción sociocultural, corazón de toda actividad política.

Sin embargo, por ahora, sepamos que la CULTURA, desde la contrarreforma neoliberal, está clausurada. Aunque sigue viva y resistiendo en nuestras comunidades, en nuestros quehaceres, en nuestros sueños, en nuestras memorias.

*Escritor.

Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de todas las personas

José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica

El bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas encuentra a Costa Rica en una posición tambaleante. Los primeros dos siglos de vida independiente fueron testigos de procesos complejos en los cuales el país, gracias a pactos sociales visionarios en diversos momentos de nuestra historia, pudo generar políticas públicas y una institucionalidad que ha dado réditos valiosos, en medio de múltiples problemas, conflictos y desafíos. Estos pactos sociales, no obstante, se han debilitado notablemente en las últimas décadas. El tejido social se ha deshilachado y el país ha pasado a engrosar la lista de naciones con mayor desigualdad. Los proyectos políticos y económicos hegemónicos no auguran un futuro promisorio y el país requiere buscar nuevas luces y avenidas que conduzcan a una convivencia donde priven la equidad, el bien común, la dignidad de las personas y la relación armoniosa con el ambiente. ¿Cómo lograrlo?

Debemos generar un escenario colectivo de prácticas democráticas renovadas, en el cual la participación de amplios sectores de la población marque la pauta en procura de alternativas en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Vale decir, requerimos edificar una auténtica democracia participativa, donde la energía creadora de muchas personas y colectivos abra las puertas a nuevos horizontes. Estos procesos deben ir aparejados del fortalecimiento de las instituciones públicas como garantes de derechos esenciales, con amplia participación popular y en un marco de equidad. Necesitamos políticas tributarias progresivas, que reduzcan la inaceptable desigualdad en que vivimos. El fortalecimiento de la educación y la salud públicas deberán ser ejes centrales de nuestro futuro, al igual que políticas que aseguren la protección del ambiente. Debemos abocarnos a fortalecer un desarrollo científico-tecnológico endógeno, incluyendo las ciencias naturales y las sociales, que ponga el conocimiento al servicio del bien común, mediante una estrategia de resiliencia ante los embates externos, la cual garantice soberanía alimentaria, energética y tecnológica.

Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de las personas y su diversidad en todos los planos, incluyendo los grupos históricamente excluidos. Debemos dejar atrás las lacras del patriarcado, el racismo y el clasismo, para generar un entorno nacional marcado por la generosidad y la solidaridad, lejos del individualismo y del mercantilismo prevalecientes. Una sociedad donde nadie esté de más y donde todas las personas tengamos garantizada una vida digna. Ojalá que en el transitar hacia el tercer centenario de nuestra independencia tengamos la sabiduría y el coraje para construir ese mundo más pleno.