Ir al contenido principal

Etiqueta: sobreendeudamiento

Alertan sobre una “pandemia social” de sobreendeudamiento

715.780 deudas están en cobro judicial al cierre del 2024

El Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor (OMERCON), el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines) y la Unidad en Acción Sindical emitieron un pronunciamiento sobre la creciente gravedad del sobreendeudamiento en el país, situación que califican como un fenómeno estructural que compromete la estabilidad financiera de cientos de miles de hogares.

Según los datos más recientes del Poder Judicial, al cierre del 2024 existían 715.780 procesos de cobro judicial activos. Dado que cada expediente puede involucrar a más de una persona, las organizaciones estiman que el 40% de la población trabajadora está actualmente excluida del sistema financiero formal, lo que implica que gran parte de ellas debe recurrir a créditos informales, más caros y riesgosos.

Un sistema que excluye y reproduce deudas impagables

Los especialistas participantes del conversatorio que se realiza este miércoles en el Colegio de Abogados señalaron que los créditos de consumo —no los productivos— son los que hoy impulsan el endeudamiento masivo, debido a:

  • Tasas de interés desproporcionadas, que llegan al 36% o incluso 51%, lo cual, según el documento, implica que las entidades financieras asumen pérdidas esperadas de entre 20 y 30 puntos, aceptando de antemano que alrededor de 30 de cada 100 créditos caerán en mora.
  • La existencia de incentivos legales y normativos que permiten sobreendeudar a personas vulnerables sin responsabilidad para las entidades que otorgan créditos.
  • La informalidad crediticia:
    • 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no está inscrito en la CCSS.
    • 28,8% no figura ante el Ministerio de Hacienda.

Esta falta de trazabilidad y control incrementa el riesgo de abuso y legitimación de capitales, además de dejar a miles de personas fuera de mecanismos de protección.

Testimonios y advertencias de especialistas

Adriana Rojas Rivero (APRODECO)

Denuncia “asimetrías groseras” entre consumidores y entidades financieras, donde los acreedores tienen plena ventaja técnica y legal para actuar contra personas vulnerables. Subraya la urgente necesidad de una ley robusta de protección al consumidor financiero, similar a estándares europeos.

Recordó que el crédito debería utilizarse únicamente cuando contribuye a aumentar patrimonio, recomendando no comprometer más del 30% de los ingresos netos en deudas.

David Carreras (SINAE Afines – UAS)

Advierte que el crédito de consumo es el que más crece en el país:
₡33 de cada ₡100 otorgados corresponden a este tipo de financiamiento.
Además, explica que buena parte de los supuestos “créditos de vivienda” son en realidad refinanciamientos de consumo con garantía hipotecaria, lo que distorsiona la estructura del crédito y desvía recursos que deberían impulsar actividades productivas.

Yeikol Zúñiga (OMERCON)

Plantea la necesidad de un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas, orientado a personas sobreendeudadas o “manchadas”, que permita:

  • Limpiar el historial crediticio,
  • Reintegrar a las personas al sistema financiero formal,
  • Reducir la sobrecarga del Poder Judicial ante cientos de miles de procesos de cobro.

Asegura que la medida beneficiaría simultáneamente a consumidores, entidades financieras y al Estado.

Un llamado urgente al Estado costarricense

OMERCON, SINAE Afines y la Unidad en Acción Sindical reiteran que el país enfrenta una auténtica pandemia social: el sobreendeudamiento masivo, que deteriora las condiciones de vida, limita el acceso a derechos y excluye a miles de familias del sistema financiero.

Por ello piden a la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de una ley de defensa del consumidor financiero, así como políticas públicas efectivas que protejan a las personas de deudas abusivas e impagables.

Legislación de protección al consumidor financiero – conversatorio

Invitación

El problema del sobreendeudamiento de las personas en Costa Rica es muy grave ya que afecta a una proporción muy alta que están sufriendo congojas terribles.

La OCDE ha señalado falencias serias en la legislación nacional en lo referente a la defensa de los derechos de los deudores y los usuarios del sistema financiero. Un proyecto de ley trata de crear un ente que represente y defienda los derechos del consumidor.

Este conversatorio trata de abrir debate respecto a cómo debe ser esa legislación para que sea eficiente en sus objetivos. Es muy importante conectarse a este evento, escuchar y proponer ideas al respecto.

Esta discusión será con personeros del más alto nivel de las agencias encargadas de la Defensa del Consumidor Financiero de Chile y México, países que tienen varios años de contar con leyes al respecto.

Conéctese, infórmese y participe.

Más detalles:

https://facebook.com/events/s/conversatorio-internacional-le/900907251877284/

El otro lado de la situación de Coopeservidores

Fernando Rodríguez Garro
Coordinador Observatorio Económico y Social
Universidad Nacional

Las intervenciones de las autoridades de supervisión del sector financiero siempre generan atención, no solo porque ninguna entidad financiera ha logrado subsistir esos procesos, sino porque la lista de personas afectadas por estas intervenciones nunca es pequeña y en muchos casos reúne a una cantidad significativa de pequeños ahorrantes, que se ven sumidos en la incertidumbre mientras la intervención se lleva adelante. Faltan unos días para saber qué va a pasar con Coopeservidores y si podrá subsistir la intervención, algo que sería inédito, y conocer con detalle las responsabilidades de quienes tomaron decisiones que pudieron afectar el devenir de esta cooperativa financiera.

Ahora bien, no podemos aislar lo sucedido con Coopeservidores y el contexto económico que hemos estado viviendo. Desde la Universidad Nacional hemos advertido desde hace años que las personas están muy endeudadas y que, particularmente desde el sector público, ese sobreendeudamiento presiona la capacidad de muchas familias de atender sus obligaciones financieras, dejando a muchas personas trabajadoras sin un ingreso líquido suficiente, pues las deducciones por los créditos consumen la mayor parte del salario neto de las personas. Esto sucede así porque la normativa lo permite, que algunas entidades puedan pedir la deducción automática de las cuotas de crédito de los salarios de las personas funcionarias públicas, lo cual podría haber facilitado un mayor endeudamiento de las personas y un manejo más laxo de las garantías de pago.

Para julio de 2022, según información del Ministerio de Trabajo, 19.000 personas registradas en el Sistema Integra, que paga los salarios en el gobierno central, recibían un salario neto por debajo del salario mínimo. En ese momento se tomó la decisión de limitar las deducciones automáticas en aquellos casos en que las personas funcionarias recibieran un ingreso neto por debajo del salario mínimo, lo que eventualmente podría haber creado dificultades en la recuperación de algunas operaciones de crédito.

Coopeservidores nació como una solución financiera dirigida a funcionarios públicos, de hecho, arrancó con el nombre de Cooperativa la Unión R.L., formada por funcionarios de la Dirección de Servicio Civil, en 1957. En 1965 los asociados deciden cambiar el nombre y ampliar el ámbito de trabajo de la cooperativa, que bautizan en ese momento como Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos R.L., con el nombre abreviado de COOPESERVIDORES R.L. En el año 2008 la cooperativa decide abrirse a la incorporación de trabajadores del sector privado, aunque su base ya estaba formada por asociados del sector público. Y esa conformación podría haber sido otra razón de su situación actual.

Desde el año 2020 los funcionarios públicos tienen su salario congelado, primero como una medida relacionada con la pandemia y posteriormente en función de la aplicación de la regla fiscal. Aunque no ha habido vaivenes fuertes de precios en este periodo, salvo lo sucedido con la inflación en el 2022, la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el 2020 y hasta hoy, se suma a la variación en el costo del financiamiento de los créditos de las personas, producto del ajuste de tasas de interés del 2022, tanto para moneda local como para moneda extranjera. Un aspecto que los economistas perdemos de vista en las estimaciones del costo de vida, pero que sin duda impacta en los recursos disponibles de las familias: las variaciones en el costo del financiamiento producto de los movimientos de las tasas de interés.

Entonces sumemos problemas: una limitación en la posibilidad de aplicar deducciones automáticas de las cuotas de crédito, cuyo efecto aún desconocemos; una reducción en el salario real de los asociados que constituyen la base de esa cooperativa y un aumento en el costo de financiamiento desde el 2022, además de los problemas que hubo en la gestión de esa entidad y de la que dará cuenta el informe del interventor una vez se conozca este. ¿Cómo y en qué medida pesaron estas situaciones en el desenlace del problema de Coopeservidores? Es importante saberlo y debe ser parte del análisis que se haga posterior a la intervención de esta cooperativa.

No estamos aquilatando apropiadamente las consecuencias de medidas de ajuste que se han tomado en los últimos años, impulsadas en un entorno económico restrictivo e incluso se podría decir negativo, con las consecuencias de por medio de la pandemia del Covid19 y la política monetaria restrictiva, a consecuencia del pico inflacionario que produjo la invasión rusa a Ucrania. Quizás no estamos viendo las consecuencias de tener a un grupo importante de la población con el salario congelado desde hace más de 4 años, muchos de ellos sobreendeudados y enfrentando costos financieros mayores. ¿Podría repetirse lo de Coopeservidores en otra entidad financiera, particularmente aquellas vinculadas a grupos de funcionarios públicos?

Saber esto es fundamental para poder anticipar problemas adicionales, además de que nos sirva para entender que los procesos de ajuste fiscal tienen consecuencias negativas, incluso para el sector financiero.