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Etiqueta: sufragio

Costa Rica: la fuerza del sufragio responsable

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por: Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador
Integrante Alianza Ciudadana por el Despertar Democrático

La Constitución Política constituye la norma más importante de un Estado, ya que regula aspectos tan importantes como los derechos fundamentales de los que gozan los habitantes del país, el sistema de gobierno que lo regirá, las competencias de cada uno de los poderes que conforman el Estado, entre otros.

Cabe mencionar que, si bien nuestra Constitución Política tiene poco más de setenta años, lo cierto es que su texto refleja una serie de valores y principios, y es fruto de las luchas que han dado nuestros antepasados durante más doscientos años de vida independiente para perfeccionar nuestra democracia, y que hoy nos definen como una democracia plena, según los indicadores internacionales. Entre estos logros, podemos citar la creación de instituciones tan esenciales para la democracia como el Tribunal Supremo de Elecciones, la abolición del ejército, la creación de la Sala Constitucional, así como el sufragio universal que permitió el voto de la mujer que es un símbolo que nos identifica a nivel mundial.

El poder del voto popular en los procesos de elección en nuestro país son una herencia importante en los valores esenciales de la Democracia Costarricense. Aunque el sufragio, se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden, precisamente con la construcción del Estado Republicano, ha funcionado en el largo plazo, como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación, es decir es el ejercicio ciudadano más generalizado hasta inicios del Siglo XXI.

El salto político que dio Costa Rica en el Siglo XIX , al desarrollar el concepto del sufragio primero indirecto, público y restringido, al sufragio directo universal y secreto, conllevó un largo proceso histórico, donde precisamente, confluyeron, las demandas, las necesidades, los intereses de distintos grupos sociales y económicos para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana de primer orden, quizás al tenerlo, como acto de absoluta voluntad, no estemos conscientes del valor y de la fuerza que implica ejércelo como herramienta y voz de cada uno de los ciudadanos

Estas cualidades, garantizaron que, el sufragio, directo, libre, universal, secreto y la capacidad jurídica de los ciudadanos para elegir, se convirtiera en un mecanismo de participación popular, aceptada y generalizada, durante estos dos siglos de vida independiente.

El voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

No se trata de votar únicamente por alguna filiación, no se trata de votar porque tengo intereses privativos y mezquinos, no se trata de votar solo con el corazón, no se trata de tematizar y polarizar las opiniones. Tampoco de despreciar el sufragio, anulándolo, no se trata de ejercer el voto protesta y no acudir a las urnas. Se requiere que las personas se informen sobre los temas de fondo, sobre los grandes retos y sobre la agenda que debemos resolver y afrontar todos y cada uno de los costarricenses.

EL sufragio cualidad de nuestra democracia se encuentra descrito en la Constitución Política de Costa Rica, en su Título VIII Derechos y Deberes Políticos, Capítulo I, Los Ciudadanos, por ello, en este proceso electoral que vive nuestro país en el 2026, considero pertinente compartir y reforzar los artículos sobre el Sufragio descrito en nuestra Constitución Política.

Artículo 93.

“El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.

El sufragio o derecho al voto, constituye una de las expresiones máximas de la vida en democracia, en el tanto permite a las personas ciudadanas participar en la toma de decisiones de relevancia para el país, como es, por ejemplo, la elección de las personas que ocuparán puestos públicos de importancia, u otros temas de relevancia por medio de la consulta popular o referéndum. Ahora bien, cabe mencionar que el ejercicio del voto no constituye únicamente un derecho, sino también un deber, por lo que existe la obligación de participar en todos los procesos electorales y no únicamente en las elecciones nacionales.

Es pertinente aclarar que el hecho de alcanzar la mayoría de edad no otorga automáticamente el derecho a ejercer el voto, pues para ello es necesaria la inscripción de la persona ante el Registro Civil antes de una determinada fecha fijada por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como contar con una cédula de identidad vigente.

Artículo 94.

“El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva”.

La nacionalidad costarricense puede obtenerse por nacimiento o por naturalización, siendo en este último caso el de personas extranjeras que por su propia voluntad deciden convertirse en costarricenses. Ahora bien, una vez que la persona cumple con los requisitos para obtener la nacionalidad costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones le otorga un documento denominado “carta de naturalización”, luego de lo cual se procede a su inscripción en el Registro Civil. Tras obtener este documento, y si la persona cuenta con la mayoría de edad, podrá ejercer su derecho al voto, siempre y cuando haya transcurrido ya

el plazo de doce meses que establece la Constitución.

Artículo 95

“La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios:

1.- Autonomía de la función electoral;

2.- Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio;

3.- Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas;

4.- Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho;

5.- Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto;

6.- Garantías de representación para las minorías;

7.- Garantías de pluralismo político;

8.- Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los principios democráticos y sin discriminación por género”.

Este artículo establece una serie de principios que deben cumplir los procesos electorales, con el fin de que éstas respondan a los principios democráticos que deben regir a este tipo de procesos. En ese sentido, un medio para garantizar la transparencia en las elecciones, se dispone la obligación de que el Estado provea a los electores de cédulas con fotografías, con el fin de evitar que personas se hagan pasar por otras para ejercer en su nombre el voto. Por otra parte, al garantizar la autonomía de la función electoral, se elimina la posibilidad de que las personas que se encuentran ejerciendo el poder al momento de las elecciones, puedan adoptar medidas tendientes a influir en el proceso electoral a su favor, por medio de acciones fraudulentas.

Asimismo, se dispone la obligación de garantizar el pluralismo político como un medio para que todos los pensamientos políticos o ideológicos puedan participar en los procesos electorales, siempre y cuando estos no promulguen ideas que resulten contrarias a los principios que rigen el país (por ejemplo, un partido que promueva ideas racistas). Además, se busca que los procesos garanticen la participación en puestos políticos de en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, al prohibir la discriminación por motivos de género.

La fuerza del sufragio, no se compara con ninguna otra, dentro de una sociedad democrática. El voto lleva implícito una acción política poderosa, una voz potente, un criterio imperioso, una demanda firme, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

Como ciudadanos apelamos a la tesitura, a la recuperación de los mejores valores, que como sociedad democrática hemos construido, actuar conforme a nuestra vocación del ser costarricense, no como discurso vacío, si no como producto histórico, reconocidos como colectivo de vocación civilista, democrática, dialogante y pacifista. Se trata de recomponer la cohesión social, y que en esta elección salga lo mejor de nosotros.

Con la convicción de que el disenso y las diferencias son parte fundamental en toda democracia, hacemos un respetuoso llamado a los diversos sectores del país para intensificar el diálogo nacional en busca de acuerdos que nos permitan seguir construyendo una sociedad sustentada en valores, de respeto a la libertad de opinión, de tolerancia activa, de crítica constructiva y, en general, la sociabilidad humana donde la Ciudadanía es la Democracia.

Instamos a la ciudadanía costarricense a ejercer este sagrado derecho del sufragio y poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho.

Referencia Bibliográfica:

Una Constitución Política para todas y todos. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica. Escuela de Planificación y Promoción Social-Universidad Nacional, Costa Rica. Tribunal de Honor y Ética Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER. Progreso Editorial 2022. San José-Costa Rica

Defender la democracia: un llamado urgente

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Tatiana Herrera Ávila
Mesa Coordinadora Encuentro Democrático

El escenario electoral que enfrentamos hoy como sociedad civil, como república democrática, es complejo y nublado. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos aquí? Cada uno de nosotros debería hacérsela, porque todos tenemos responsabilidad en este posible entierro… que aún estamos a tiempo de evitar.

Las nubes que oscurecen nuestro cielo no son sólo las del cambio climático. Son también las de una tormenta política que ha enfermado a tantos países de América Latina: la tentación de la dictadura. Sorprende que, conociendo las atrocidades de los diferentes sistemas totalitarios (de izquierda y de derecha y de todos los colores), todavía haya quienes la consideren una opción legítima.

La apuesta del oficialismo se sostiene sobre una figura de tono mesiánico, respaldada por sectores que buscan perpetuarse en el poder, debilitar la Constitución, eliminar controles democráticos y avanzar hacia un modelo de gobierno sin contrapesos. Se promete seguridad fácil, se invoca el orden, pero lo que se pone en juego son nuestras garantías individuales y sociales, ya dicho y promulgado por ellos mismos.

Costa Rica ha atravesado encrucijadas históricas antes. Así nació nuestra Segunda República: de un conflicto doloroso, pero también de un pacto democrático que nos hizo transitar una vía distinta a nivel regional. Ese Estado social, democrático y republicano no fue un accidente: fue una conquista.

Y hoy estamos peligrosamente a punto de perderla. Ante el desencanto, la corrupción, el costo de la vida, el miedo, el abstencionismo, el avance del narco y la fatiga colectiva, este domingo 1° de febrero de 2026 se nos convoca a las urnas. Votar no es un trámite: es un privilegio, un derecho y un deber histórico.

No da lo mismo. No son todos iguales. Sí hay por quién votar. El voto es hoy una forma de impedir que el país derive hacia un autoritarismo sin frenos. Es defender la institucionalidad democrática, nuestras garantías sociales y la posibilidad misma de un futuro común. Y también importa la Asamblea Legislativa: toda democracia necesita contrapesos, vigilancia y dignidad política.

El panorama en efecto aparece hoy más opaco, más nublado, más oscuro. Y conviene decirlo con claridad: este domingo no vamos a definir el fin del patriarcado ni transformar el modo de producción. Pero sí está en juego algo más inmediato y decisivo: la supervivencia estratégica de la democracia.

Lo que se disputa es la continuidad de nuestras libertades, de nuestras garantías sociales e individuales, del Estado social de derecho y de conquistas históricas que, sin ser un sistema perfecto, son invaluables: vivir en paz, en libertad, en una sociedad donde todavía es posible pensar, disentir y trabajar por mejorarnos. Mantener eso es conservar el terreno para poder enfrentar los retos del futuro.

Y, quizá, también convenga decirlo: esta primera ronda puede tener un sentido estratégico. Impedir que el continuismo autoritario se imponga sin contrapesos e irremediablemente, y más bien, abrir la posibilidad de una segunda vuelta donde el país pueda deliberar con más claridad, respirar con más tiempo y rechazar el chantaje del miedo como destino inevitable.

Porque si esa segunda vuelta llega, deberá ser el momento de tender puentes. De reunir, sin ingenuidad, pero con responsabilidad histórica, a las diversas “comunidades de base” de creyentes comprometidos, a las fuerzas patrióticas, socialdemócratas, progresistas, populares, en fin, a las fuerzas vivas del país que todavía creen en la convivencia republicana, en la justicia social y en la paz institucional. No se trata de pureza ideológica: se trata de defender el suelo común.

Porque la democracia inicia en las urnas, y luego se cuida y se construye todos los días. ¡Antes patria, que partido!

El proceso electoral – Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en un mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal

Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy ha habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de elecciones y sin la institución Contraloría General de la República. en su

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Compartido con SURCOS por el autor.

En cuatro domingos se definirá el depósito de la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país. ¡Hay que salir a votar!

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En cuatro domingos estaremos tomando la primera decisión sobre el futuro gobierno de Costa Rica. El próximo domingo 1 de febrero se llevará a cabo el plebiscito nacional político, el referéndum nacional político, el acto supremo de la democracia electoral del país, el día del sufragio NO obligado, que se da en conciencia, de los ciudadanos, del pueblo electoral costarricense, de decidir a cuál de los 20 candidatos presidenciales y a sus partidos se le entregará el rumbo del país.

Ese día se realiza un depósito de confianza pública que se le da al ganador, en caso de que supere el 40% de los votos válidamente emitidos, en su favor, ese primer domingo de febrero, para dirigir el Poder Ejecutivo, para que nombre su equipo de gobierno, a los ministros, e inicien su labor política, de conformidad a lo que ha ofrecido en esta campaña electoral.

Es un acto de confianza y de delegación de la voluntad popular, lo que llamamos la representación política. Quien resulte ganador es el depositario de esa confianza popular, que lo obliga a actuar, en nombre del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, siendo su representante, y modernamente también gobierna con el pueblo, si asume la tarea de consultarlo popularmente, por la vía de los plebiscitos y referéndum, lo que no han acostumbrado los gobernantes desde que se instituyeron estas formas de consulta ciudadana.

La voluntad popular es el acto por el cual los ciudadanos depositan su confianza en la gestión de gobierno, en una persona, que en nombre de todos, ejerce el gobierno y el mando del país. Este concepto se desarrolló políticamente hace casi 300 años, evolucionando de distintas formas. Este acto de representación política es una manifestación de que el gobernante debe ser armónico con el pueblo que lo eligió.

Con concepto de representación política y delegación de la voluntad, se eliminó la idea que los gobernantes eran nombrados por Dios, y por ello, además, había que obedecerles. Al contrario, quien debe obediencia al pueblo es el gobernante quien en ejercicio de su cargo no puede gobernar ni legislar contra el pueblo, no puede actuar contra el pueblo, no puede instituirse como dictador, tirano, déspota, sátrapa o ejercer el gobierno autoritariamente, violando derechos y libertades de los ciudadanos. Si así sucediera, el pueblo que lo eligió tiene un derecho natural a la rebelión política para sustituirlo, cambiarlo, y de esa forma establecer nuevamente la confianza pública de la representación popular. En cierta forma, cada procesos electoral, es la manera de ejercer ese control político ciudadano para continuar con el partido de gobierno por otro período, y evaluar de esa manera al gobernante o presidente que termina su mandato.

Jurídicamente el acto de la representación política se asocia al del mandatario, que es la persona a la cual se le da un poder de accionar, de actual, al cual debe sujetarse, y del cual no puede salirse. Si el Mandatario se sale o rompe el compromiso de ese mandato, los Mandantes, los que le dieron el mandado, que electoralmente es el pueblo electoral, pueden quitarle su compromiso, pueden destituirle de la obligación que le depositaron para nombrar otro Mandatario que represente correctamente la voluntad de los Mandantes, en este caso de los electores, para que se restablezca la relación armónica que debe existir entre gobernante y gobernados.

El derecho de destitución del Mandatario, del Gobernante, se estableció en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y en la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1793, durante los días de la Revolución Francesa.

En la Constitución Política de 1844 de Costa Rica este derecho a la Rebelión Política así se reconoció. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se había publicado en Costa Rica a inicios de ese año, lo que debe haber influido en esa disposición constitucional.

En la legislación costarricense no existe para el presidente la posibilidad de destituirlo por la vía de la Consulta Ciudadana del Referéndum o del Plebiscito, como sí existe para destituir las autoridades municipales o cantonales, como son los alcaldes. No existe, hasta hoy, el derecho de revocatoria de mandato del presidente, durante el ejercicio de su presidencia.

Sin embargo, en la tradición electoral del país, que ha sido bastante regular desde 1847, con períodos de gobierno de cuatro años en términos generales, cada proceso electoral para decidir quién gobernará por los siguientes cuatro años, se convierte en la práctica también en una consulta ciudadana, de si el mandatario, el jefe de Estado, antes del 1848, el presidente desde 1848, o el Gobernante en general, puede continuar gobernando por otro período de gobierno.

En el siglo XIX se permitía la elección consecutiva del gobernante. En el siglo XX se limitó y desde 1949 se prohibió la reelección consecutiva del gobernante, del presidente, pudiendo hacerlo si deja pasar un período de ocho años. Así, en el siglo XIX, de manera consecutiva se reeligieron Juan Mora Fernández, desde1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1849 hasta 1859, cuando le dieron el golpe de Estado, Rafael Iglesias Castro, desde 1894 hasta 1902. Desde 1902 hasta hoy no ha habido reelección consecutiva del gobernante.

Los diputados durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX podían reelegirse continuamente y buenos diputados así lo hicieron. Por ejemplo, desde 1934 hasta 1948 fue reelecto consecutivamente como diputado Manuel Mora Valverde, el jefe del Partido Comunista de Costa Rica o Vanguardia Popular, así llamado desde 1943.

Jefes de Estado y presidentes se han reelecto, dejando pasar períodos presidenciales. En el Siglo XX así lo hicieron Cleto González Víquez presidente en 1906-1910 y 1928-1932, Ricardo Jiménez Oreamuno, presidente en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936.

Desde 1949 hasta hoy solamente dos presidentes han podido reelegirse alternativamente, José Figueres Ferrer, 1953-1958 y 1970-1974 y Oscar Arias Sánchez, 1986-1990 y 2006-2010. Otros presidentes lo intentaron sin éxito.

Desde 1890 existen los partidos políticos, tal y como ahora los conocemos, definiéndose así que solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular, presidente, diputados y autoridades municipales o cantonales. Los vicepresidentes son de elección popular junto con el presidente desde 1949. Antes de 1948, eran llamados Designados a la Presidencia y eran nombrados por el Poder Legislativo, por el Congreso.

Bajo el régimen de partidos políticos hemos tenido la experiencia histórica de que los partidos pueden reelegirse consecutivamente en el Poder Ejecutivo varias veces, aun cuando no reelijan de manera continua al presidente. Así, desde la segunda mitad del siglo XX el Partido Liberación Nacional se ha reelecto consecutivamente en dos períodos consecutivos de gobierno, con diferente presidente, en 1970-1974 y 1974-1978, cuando fueron electos José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Luego volvieron a repetir el gobierno consecutivo en 1982-1986 y 1986-1990, con Luis Alberto Monge Álvarez y Oscar Arias Sánchez. Finalmente, repitieron en el 2006-2010 y 2010-2014, con Oscar Arias Sánchez y Laura chinchilla Miranda. Igual lo hizo el Partido Unidad Social Cristiana, en 1998-2002 y 2002-2006, con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco de la Espriella. Del mismo modo se repitió, muy sorpresivamente este fenómeno con un nuevo partido, nacido en el 2002, Acción Ciudadana, que Gobernó en el 2014-2018 y se reeligió en 2018-2022, con los presidentes Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada. Ninguno de los partidos que ha gobernado lo ha hecho tres veces consecutivas.

En este siglo, desde el 2002, en la práctica del proceso electoral, se introdujo la elección de segundo grado, la elección de la segunda vuelta electoral, cuando en la primera no se logra el 40% de los votos para ganar. En este caso, se pasa a una segunda ronda electoral que se realiza el primer domingo de abril siguiente a las elecciones, con solo dos candidatos, los que han obtenido el mayor número de votos o mayor rango porcentual de votación el primer domingo de febrero. Así, hemos tenido segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022. Esto pareciera o indica que la segunda ronda electoral se quedó para los procesos electorales que vienen. Ha sido la norma de los procesos electorales a partir del 2014 y puede ser la del próximo resultado del 1 de febrero del 2026. Esto no es para sorprenderse. Puede darse como no darse la segunda ronda, si alguno de los partidos y candidatos sacan o no el 40% de votos, por el cual se está luchando intensamente en estos días y será una lucha intensa durante las cuatro semanas que faltan para votar. La mayor parte de los partidos apuestas sus esfuerzos a quedar de finalistas de la primera vuelta. Solo el Partido Pueblo Soberano sostiene su campaña electoral con confianza de que ganará la primera ronda electoral. Esta confianza le hace falta a los otros partido, independientemente si hay o no segunda ronda.

El voto que define resultados es el llamado voto válidamente emitido. Es voto positivo, a favor, de cualquiera de los 20 partidos que están inscritos con sus candidatos presidenciales. Esos son los votos que sirven para declarar presidente o candidato ganador, o sirven para definir de los 20 candidatos cuales son los dos que pasan a la elección de abril. La elección del primer domingo de abril no se define por porcentuales. Allí gana el que más votos tenga. Es lo lógico para garantizar resultado electoral.

Los votos nulos que se realizan por los votantes son aquellos que por alguna razón no permiten determinar con certeza cual fue la voluntad del votante, y los miembros de la Mesa Electoral así los anulan.

Los votos en blanco que se realizan en la Mesa Electoral son aquellos que los votantes devuelven sin expresar su voluntad, dejando en blanco toda la fórmula de votación.

Los votos nulos y blancos, emitidos en las mesas electorales, no se consideran “votos válidamente emitidos” para definir el resultado de la elección. No se cuentan, no tiene valor alguno. Tiene valor CERO (0), no suman nada positivo ni negativo. Reducen en la práctica a los electores que toman la decisión final.

Por eso es importante el voto consciente del elector, del que llega a emitir su voto por alguno de candidatos o los partidos políticos que están participando en las elecciones, porque con su voto se elige, se produce el resultado.

También hay un número de personas que no acude a las urnas a votar. Todos estos, junto con los que tampoco votan en la Mesa Electoral, constituyen el grupo llamado ABSTENCIONISTA. Es un número de ciudadanos que siempre ha existido en los procesos electorales. En las elecciones de la segunda mitad del siglo XX constituyeron un promedio del 18 % de los electores. A partir de la elección de 1998 empezó a subir alcanzando cifras superiores al 30% de votantes en las elecciones, lo que ha preocupado en los últimos procesos electorales, y quizá eso haya ayudado a la convocatoria de las segundas rondas electorales que se han hecho.

La persona, el votante, al no ejercer su derecho al sufragio, de hecho, delega su decisión en los que sí votan, que producen un resultado electoral a favor de alguno de los candidatos. El no votante, de manera consciente o no, confía el voto que se produce por los que sí van a votar. De hecho, los no votantes, los abstencionistas, terminan “votando” con su abstencionismo y silencio electoral en urnas, por el candidato ganador, que producen los que sí llegaron a votar. Así, los abstencionistas terminan “votando” por el ganador, les guste o no quien sea, se lamenten o no del ejercicio de su gobierno.

La elecciones nacionales fragmentan la votación por el presidente y sus vicepresidentes y en la de los diputados. La votación presidencial se la lleva en su totalidad un solo partido político. El Consejo de gobierno o el Gabinete presidencia no se integra proporcionalmente a los votos recibidos por los partidos con sus candidatos a presidente. Al presidente electo se le da la confianza de que escoja libremente a los ministros que le acompañaran en su gestión de gobierno.

La elección de diputados tiene su importancia. Para el partido ganador presidencial por si llega a elegir una mayoría de diputados, ojalá superior de los 29, porque le permite tomar decisiones mayoritarias básicas en la Asamblea Legislativa, en su proceso de aprobación de Leyes. Si la mayoría fuera de 38 o 43 diputados, que con las mayorías calificadas del proceso de aprobación de leyes y otras responsabilidades que podría tomar la Asamblea Legislativa, al Poder ejecutivo le daría un poder político extremo, al punto que el Presidente, con su fracción legislativa tendría capacidad de ejercer un gobierno con características autoritarias de mandato, porque ejercería un control prácticamente pleno de nombramiento de todas las autoridades públicas del país, especialmente de los Poderes de Estado y de los mecanismos de control público constitucionalmente establecidos.

La experiencia histórica señala que pocas veces desde 1953 un partido político ha tenido mayoría parlamentaria superior a 29 diputados, y solamente una vez, en 1982, tuvo 33 diputados de los 57.

En la práctica política los electores parten su voto. Pueden votar un candidato presidencial, pero a la vez votan por candidatos a diputados de otros partidos políticos, para que ellos en la práctica ejerzan un control político parlamentario sobre el presidente y su Poder Ejecutivo. Así, por ejemplo, los últimos 3 gobiernos, dos del Partidos Acción Ciudadana y el del actual presidente Rodrigo Chaves que no han logrado elegir más de 12 diputados, constituyéndose en minorías parlamentarias. En el caso del actual gobierno con la peor gestión de relación política con los Poderes de Estado, incluso la Asamblea Legislativa.

La partición del voto, en las condiciones y momento histórico que estamos viviendo, sigue siendo válida. Pero, la unidad de votantes alrededor del candidato o candidatos opositores que tienen, en la perspectiva, la mayor posibilidad de ganar o de quedar clasificados para una segunda ronda, es también válida. Lo que no es válido en este momento es pensar en abstenerse de votar. Quien así lo haga que le quede claro que su no voto es favor del que gana, sea quien sea.

En 4 domingos definiremos la confianza pública que se le dará al ganador electoral para dirigir el país por los próximos cuatro años.

Que el año nuevo nos dé la suficiente confianza de que podemos mejorar el país, de que podemos recupera el terreno y los caminos perdidos, de que podemos evitar que nos lleven al despeñadero del autoritarismo, de la democracia y de las libertades y derechos ciudadanos.

¡Hay que salir a votar!

Compartido con SURCOS por el autor.

Pacto por la Democracia

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Cuidar el Estado de Derecho con diálogo, respeto y debate abierto son el Escudo.

Dr. Efraín Cavallini Acuña

Comunicador

A pocos meses de una nueva elección para elegir a quienes dirigirán el Poder Ejecutivo y Legislativo, es relevante y pertinente hacer conciencia y sensibilizarnos como ciudadanos, sobre la identidad de nuestro país y la necesidad de profundizar, reiterar y sentirnos orgullosos de que Costa Rica es un Estado de Derecho, donde el desarrollo institucional, la división de poderes y la independencia de la administración de justicia, señalan que el camino elegido por las anteriores generaciones, lo que nos permite caminar por senderos seguros y bien definidos.

Es digno que como personas ciudadanas reconozcamos la madurez política y la experiencia histórica lograda por nuestro país, habernos, constituido en nación, libre, soberana, con un Estado de Derecho que se debe preservar. A lo largo de más de 200 años de la independencia debemos seguir enriqueciendo nuestra democracia, rescatar la práctica del diálogo y el reconocimiento diverso, multicolor, pluricultural y multiétnico del país, que son la huella y el espíritu de la cohesión, la concordia y el consenso a lo largo de su vida jurídica como Estado-Nación, todo ello, para el bienestar de la ciudadanía, las instituciones y la sociedad como un todo.

La gestación de nuestra NACIÓN no fue automática ni espontánea, es producto y proceso de un largo período, que se ubica desde la declaratoria de su primera Constitución -1 diciembre de 1821 hasta 1848-. Como Estado incipiente, eligió su destino y su condición de Libre y Soberano, precondiciones para declararse República, con todos los atributos en 1848. Pero su advenimiento a la vida constitucional da cuenta de la madurez y la visión política de sus forjadores, desde inicios del Siglo XIX.

Una herencia importante en los valores esenciales de la Democracia Costarricense es el poder del voto popular en los procesos de elección. Aunque el sufragio, se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden, precisamente con la construcción del Estado Republicano, ha funcionado en el largo plazo, como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación, es decir es el ejercicio ciudadano más generalizado hasta inicios del Siglo XXI.

El salto político que dio Costa Rica en el Siglo XIX , al desarrollar el concepto del sufragio primero indirecto, público y restringido, al sufragio directo universal y secreto, conllevó un largo proceso histórico, donde precisamente, confluyeron, las demandas, las necesidades, los intereses de distintos grupos sociales y económicos, para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana de primer orden, quizás al tenerlo, como acto de absoluta voluntad, no estemos conscientes del valor y de la fuerza que implica ejércelo como herramienta y voz de cada una de las personas ciudadanas.

Estas cualidades, garantizaron que, el sufragio, directo, libre, universal, secreto y la capacidad jurídica de los ciudadanos para elegir, se convirtiera en un mecanismo de participación popular, aceptada y generalizada, durante estos dos siglos de vida independiente.

El voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, con ella, elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente y respetuosa. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión ciudadana y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

No se trata de votar únicamente por alguna filiación, no se trata de votar porque tengo intereses privativos y mezquinos, no se trata de votar solo con el corazón, no se trata de tematizar y polarizar las opiniones. Tampoco de despreciar el sufragio, anulándolo, no se trata de ejercer el voto protesta y no acudir a las urnas. Se requiere que las personas se informen sobre los temas de fondo, sobre los grandes retos y sobre la agenda que debemos resolver y afrontar todos y cada uno de los costarricenses.

Costa Rica, ha entrado en una espiral de transformaciones, que dan cuenta, por un lado, de las virtudes de su sistema democrático, más desarrollado que del resto de la región centroamericana, pero también, subyacen importantes limitaciones, asimetrías, desigualdades y desequilibrios sociales, que amenazan por romper el orden y llevar al país por caminos muy diferentes de los transitados en el pasado.

Entre las demandas crecientes, que reclaman las personas ciudadanas están, el perfeccionamiento de la gestión, la mejora en los servicios básicos en relación con la calidad, y esto incluye componentes nuevos como el valor agregado y el valor público del mismo. Por ello, el grado de participación de la ciudadanía en la gestión pública y en el acceso a la información, se convierte en elemento clave de la participación ciudadana, dado que permite la obtención, emisión y difusión de información sobre el funcionamiento del gobierno, las instituciones y diversos actores de la sociedad.

Algunas de las problemáticas percibidas en Costa Rica actualmente corresponden a la amenaza a la paz, la estabilidad política, la corrupción, la seguridad, la salud, la educación, el desempleo, así como insatisfacción en el accionar del Estado y otras entidades. Los ciudadanos consideran que poseen una buena libertad de expresión, sin embargo, no poseen suficiente participación en el desarrollo comunal y los medios de comunicación, aunque son influyentes en las decisiones de las personas, han sido cuestionados y algo censurados.

Otras conclusiones dignas de compartir, que se pueden extraer de manera muy general de los datos revelados en I Sondeo Abierto sobre Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Costa Rica (23 setiembre de 2021-Ideario Costa Rica Bicentenaria-COLPER) se orientan hacia los siguientes aspectos:

  • El desarrollo tecnológico, la prevención de la corrupción, de la violencia contra los derechos humanos, las políticas educativas, la información, la falta de transparencia, la conciliación y la gestión de los medios de comunicación, son ejemplos, de algunos de los problemas que requieren nuevas respuestas, nuevas formas de actuar, tanto, en la esfera de la administración pública como de las instituciones, empresas y la ciudadanía.

  • Es necesario promover el cumplimiento de los deberes acordes a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas, el control interno y la prevención de conductas contrarias a la ética.

  • Se requiere incidir en las disposiciones normativas que no comparten el espíritu de la ética, en cuyo caso deberán realizarse las acciones pertinentes para su futura reforma en post de ajustarla al marco ético, la justicia y la seguridad jurídica.

  • Se debe procurar la transparencia en el uso de la información, respeto aquellos aspectos asociados a la protección de la información personal de los miembros de la comunidad, así como los usuarios y beneficiarios de los servicios que prestan las instituciones.

  • En nuestra sociedad se debe fortalecer y respaldar la formación científica de la persona comunicadora, dado que su responsabilidad como formadora de opinión, contribuye a la transparencia y con ello, a la transformación del país, crea conciencia ciudadana, es vitrina para la promoción de la ética y participa en la construcción de una mejor vida en democracia, honestidad, libertad de expresión y luchar por ella.

  • Se debe aplicar el ordenamiento jurídico referido a las conductas contrarias a la ética del funcionario público.

  • La insatisfacción de las personas ciudadanas termina por decantar el régimen político, las estructuras del Estado, la institucionalidad y la paz social.

  • La pérdida de la vigencia de los valores y las prácticas democráticas deslegitima las instituciones, el Estado, el orden y la confianza en todo aquello, que no les es útil, preciado y comprensible. Aún hay tiempo para reconstruir y fortalecer aquellas prácticas ciudadanas, que soportan la institucionalidad y la praxis democrática, y que se fundamentan en la moral y la ética pública.

  • Es de manera conjunta, que, las familias, las comunidades, las instituciones, el gobierno, la empresa privada, la juventud y demás organizaciones, deben marcar el destino del país bajo preceptos éticos y morales, de tal manera, que se ahuyente y se despoje el lavado de dinero, el narcotráfico, el consumo de drogas, las muertes en las carreteras, la pobreza, el desempleo, la inseguridad ciudadana, las noticias falsas y toda forma de violencia.

  • Toda decisión para construir la Costa Rica del futuro debe tomar ineludiblemente en cuenta, que el objetivo de cualquier estrategia de desarrollo es el de procurar el mayor nivel de bienestar para la mayor cantidad de ciudadanos, incluidas las personas socialmente vulnerabilizadas, asimismo, que se interiorice y se lleve a la práctica el hecho de que las políticas, los programas, los proyectos y las instituciones se constituyen en medios para garantizar el cumplimiento las mejores condiciones para la ciudadanía.

  • Una posible salida a la situación negativa que debilita nuestro régimen, aunque no tan fácil, pero viable, es rescatar la libertad, recuperar la decencia, la honradez y la dignidad a la mayor brevedad y teniendo a Costa Rica como prioridad. Lo moral nos obliga a rechazar a quienes nos quieren vender por codicia y corrupción. Por ello, debe ser permanente la lucha contra toda forma de corrupción y favoritismo que carcomen las estructuras de la sociedad.

  • La ética es el camino que nos permite decirle a las personas ciudadanas que la nación se respeta, se defiende y construye para el bien común.

  • No cabe duda de que Costa Rica se encamina hacia una mejor calidad de servicio de comunicación digital, de ahí la importancia del Estado de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y acceso a la información de la ciudadanía, así como hacer un uso más eficiente del espectro y cumplir con el compromiso satisfacer las necesidades locales, regionales y nacionales del país.

  • La transición a la comunicación digital no es solamente un tema técnico, sino también de carácter ético y social, de ahí, la importancia de que los contenidos que producen y ofrecen los medios de comunicación al ciudadano, deben procurar mensajes de servicio público apropiados, que garanticen el derecho humano a la comunicación, que permita disfrutar de información abierta y gratuita, tanto, para entretener como educar y cultivar positivamente a la ciudadanía, instituciones y todo el Estado.

  • En la medida en que el Estado, las Empresas, los gremios y las corporaciones definan con claridad los intereses y la función que la sociedad les demanda, en la misma proporcionalidad, disminuirán las omisiones, los vacíos legales, que se generalizan y se traducen en actos de corrupción. Los recursos públicos y aquellos que son ofrecidos por otros sectores de la sociedad bien canalizados, gestionados con eficiencia bajan las posibilidades de corrupción.

Es buen tiempo para procurar una agenda de desarrollo del país de cara al futuro. De ahí, que requerimos un sistema judicial y legislativo íntegros, objetivos e independientes y un Poder Ejecutivo, que le de confianza a la persona ciudadana en la aplicación de las leyes en consonancia con la Constitución Política.

Como personas comprometidas con el bienestar del país, debemos ser constantes en el fortalecimiento de la democracia, creando mecanismos pertinentes para que cada persona y cada comunidad puede expresarse e incidir de manera directa en las decisiones que le corresponden tanto individual como colectivamente.

Es pertinente aprovechar toda la experiencia acumulada de nuestro pueblo, que ha demostrado su capacidad para atender con éxito las actividades agrícolas, industriales, turísticas, comerciales, educativas, tecnológicas, culturales, y de comunicación que se constituyen en el fundamento del desarrollo y el progreso nacional.

Somos conscientes de que muchas de las instituciones públicas no responden con la oportunidad, eficiencia y eficacia que la población demanda, pero ello, no justifica su desmantelamiento, sino que tenemos el reto y la responsabilidad de revisarnos en nuestras expectativas y en los medios que se deben utilizar, para alcanzar las aspiraciones de la ciudadanía y por consiguiente, el derecho a conservar las instituciones, a ejercer el sagrado derecho del sufragio, poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho que han sido fundamentales para el desarrollo y bienestar del país.

Hacemos un llamado vehemente a la sociedad costarricense, para generar en este momento crucial un esfuerzo colectivo e histórico, que fomente el diálogo fructífero y sereno permanente, en un marco de tolerancia y cultura de paz, que favorezca el respeto a los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, incluida la niñez y la juventud costarricense, que nos lleve al uso de la razón como faro para la toma de decisiones y mejor elección.

Exhortamos a los poderes del Estado y a la sociedad costarricense a promover y practicar la sana convivencia y el diálogo social responsable, la libertad de expresión y de prensa, de esta manera, defender y respetar los derechos humanos, las diversidades, la interculturalidad, la educación inclusiva, que rechace toda forma de violencia, odio y discriminación, para que podamos seguir viviendo en un ambiente de paz, justicia, libertad, tolerancia, respeto, y que salga fortalecida la democracia como forma social y política de convivencia.

Bitácora de un sufragio

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Alejandra Espinoza Arias

Comparto un trabajo hecho en honor a mi abuela, a todas las abuelas que defendieron el voto femenino y a todos los hombres y mujeres que han creído en utopías.

Hoy 8 de marzo solo deseo un día inclusivo donde hombres y mujeres caminemos juntos, de la mano, amando y respetando nuestras diferencias, siempre de cara al sol.

Le invitamos a ver y escuchar Bitácora de un sufragio.

Reflexiones acerca del ensayo Grupos de Presión en Costa Rica, tesis de grado (1967) del Dr. Oscar Arias Sánchez y la Costa Rica del Siglo XXI (2025)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

Otto Arroyo Quesada

Otto Arroyo Quesada
Posgraduado en Marketing Harvard Busines School. Maestria en Alta Gerencia
Licenciado en Gestión de Empresas, Docencia y Pedagogía
Cerficado de Formación de Emprendedores e Innovación
Académico, Gestor de Tecnología y Emprendimientos,
Empresario Agroindustrial Ganadero
Amplia experiencia en gerencia con empresas transnacionales
dentro y fuera de Costa Rica
Contácteme: otto.arroyo66@gmail.com
Cel. 506 88239924

Fue la Tesis de grado de don Oscar Arias para optar por titulo de licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. Estamos en la Costa Rica de setiembre de 1967 (hace 57 años). Un ensayo que se recomienda para publicar como libro en la Editorial Costa Rica en 1971. Con un preámbulo de Don Alberto Cañas que consideró un aporte valioso al estudio de la vida costarricense y de sus características.

Este valioso ensayo expone la inevitabilidad de los grupos de presión en el juego democrático, la aceptación y la generalización en Costa Rica en 1967. Se fundamenta la distinción entre grupo de presión y grupo de interés asi también los partidos políticos. “El partido pretende la conquista del gobierno y el grupo de presión los intereses específicos.” Con anterioridad a 1844 no existieron grupos de presión en Costa Rica. La producción y exportación de café generó el primer grupo de presión. Plantea el autor la primera premisa: “es indispensable,(…) reforzar la autoridad gubernamental, un Poder Ejecutivo vigoroso, una Asamblea Legislativa independiente y un un sistema de partidos fuertes y eficientes, constituyen la mejor garantía contra el peligro desintegrador que encierra el grupo de presión” Solo ello permitió a los legisladores, sustraerse a las presiones de las minorías organizadas. De alli, “ la necesidad de un adecuado liderazgo nacional de partidos que nos permita abandonar el personalismo característico de nuestra historia.”

La diferencia entre grupos de presión y los partidos políticos – sugiere el autor- que en nuestra realidad deben ser algo más “que simples clientelas agrupadas alrededor de un personaje influyente”. De allí que “no concebimos nuestra democracia sino en función de una fuerte competencia de partidos”.

En ese sentido, se pregunta (1967) el autor: “¿Qué es un partido político? El partido es, ante todo, un intento organizado de alcanzar el poder, su finalidad es gobernar. Y un grupo de presión se transforma en partido político cuando decide presentar candidatos a las elecciones con miras a la obtención de la función de tomar decisiones. Es posible pertenecer a más de un grupo, pero no a más de un partido político. La diferencia entre grupos de presión y partidos políticos, es muy clara en los regímenes bipartidistas pero pierde su sentido donde existe múltiples partidos.”

Para el autor, hay una proliferación de grupos de presión e interés. De allí la pregunta: ¿desde cuándo existen los grupos de interés en nuestro medio? Y entra de lleno a realizar un breve análisis de la historia costarricense abordando la raíz histórica de grupo de presión en Costa Rica que no se desarrolló sino hasta 1808 cuando el gobernador don Tomás de Acosta introdujo el café en Costa Rica. Surgiendo el grupo cafetalero y sus familias exportadores y comerciantes importadores y con ello el advenimiento del grupo cafetalero al poder convirtiéndose en el primer grupo de presión de Costa Rica. Antes de 1844 ningún sector de la población pudo acumular riqueza suficiente para la capitalización que los llevo a consolidar su posición económica a través de prerrogativas, monopolios, leyes proteccionistas, precios altos, salarios bajos. Incluyendo el derrocamiento de Juan Rafael Mora Porras y Alfredo González Flores.

Ha habido – nos dice el autor- una expansión de la administración pública costarricense y la creación de un Estado empleador que generó una enorme burocracia, nuevo fértil campo donde se ejerce influencia y donde hay una gran trabazón cada vez más compleja de intereses por parte de los grupos de presión e interés.

En ese escenario (1967) se preguntaba el autor: ¿Qué prefiere Costa Rica? Nosotros – él como representante en esa época del poder cafetalero y azucarero- “nos inclinamos por un sistema de partidos fuertes y disciplinados. Consideramos más democrático un país regido por partidos que uno regido por grupos.” “¿Y acaso no es el partido político un grupo? – se pregunta el autor- y responde: Advirtámoslo una vez más: preferimos una democracia de partidos políticos a una democracia de grupos de presión. Estos tienen derecho a ser oídos, pero no a gobernar.”

En cuanto a los grupos de presión y la opinión pública. Nos aclara: “la opinión pública no es más que la opinión privada de aquellos que tienen poder para difundirlo” por ello sugiere el autro “un régimen político de partidos fuertes en el cual los grupos cumplen únicamente una función complementaria.”

Finaliza el ensayo exponiendo la inevitabilidad de nuestros grupos de presión como un movimiento de reacción natural pero que esta en deuda con el campesino que desconoce la organización. Y nos da un dato fundamental: nuestros grupos de presión (1967) no reúnen sino a un porcentaje muy reducido de la masa total de interesados. Por ello, reitera es necesario un Poder Ejecutivo vigoroso, una Asamblea Legislativa independiente y un sistema de partidos políticos fuertes y eficientes para enfrentar a los grupos de presión o de interés. los partidos políticos son un poder de equilibrio y contrapeso que evita la anarquía caso contrario iríamos hacia un neofeudalismo de grupos de interés todopoderosos. “El personalismo político que por tanto años nos ha caracterizado, es producto directo del marcado individualismo que define el costarricense. Al pueblo le seducen los caudillos y tras de ellos ha ido desde la Independencia. En ese sentido preferimos- nos dice- una lucha de ideas a una pugna de personalidades.

Existe desde 1967 una inevitabilidad de los grupos de presión en el juego democrático y su aceptación en Costa Rica al amparo de nuestra idea de libertad. La democracia de hoy (1967) es una democracia de grupos. Es el grupo y no el individuo, el que posee ahora virtualidad suficiente para ser sujeto político. En nuestros días (1967) la política es una gran feria en que el grupo más fuerte y hábil compra mayor cantidad de mercancías: leyes, decretos, reglamentos etc. Hemos llegado a un grado de complejidad en que los grupos se hacen invisibles e imposibles de determinar. El poder en Costa Rica si puede ser localizado y medido. La democracia de hoy (1967) la llenan los PARTIDOS y los GRUPOS DE PRESIÓN. Y el dialogo ya no es de individuos si no de grupos y partidos. Y ello profundizó la democracia en Costa Rica.

Continuando con éste análisis permítasenos hacer una extrapolación. De 1967 a 2024 han pasado 57 años. Costa Rica construyo el Estado Benefactor (1948 – 1980) y del Modelo de Sustitución de Importaciones viramos hacia el Modelo Orientado a la Exportación con Régimen de Zonas Francas, TLC, Apertura Comercial y Desregulación Arancelaria (1980 a la fecha) Se da un marcado agotamiento del sistema político tradicional – bipartidismo tradicional-, el impulso al modelo neo liberal y el ascenso del multipartidismo con la llegada del PAC.

Releyendo el texto del Dr. Oscar Arias Sánchez en nuestros días podemos argumentar algunas ideas. La Generación del 48 se extingue con la muerte de don Pepe, don Daniel Oduber, don Luis Alberto Monge, entre otros que fueron socios fundadores del Partido Liberación Nacional con fecha 12 de octubre de 1951 en la finca “ La Paz” , de San Ramón. Fue en el mes de octubre 1975, cuando don Daniel Oduber nombra al joven Ministro de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica al Dr. Oscar Arias Sánchez, doctarado en la Escuela de Economía de Londres – que no era parte de la Generación del 48–

Recordemos que don Daniel Oduber pierde las elecciones 1966 – 1970. Precisamente por los grupos de interés y de presión en una campaña guiada por la táctica de la Gran Mentira, la irresponsabilidad de las afirmaciones y la lentitud de mecanismos para restablecer la verdad conducida por el partido político Unificación Nacional y el periódico – grupo de presión e interés- La Nación liderada por los gemelos hermanos Vargas Gené y el radioperiódico La Palabra de Costa Rica. Como también los principales señores del capital costarricense que se decantaron por don Mario Echandi afín a sus intereses. La propaganda antiliberacionistas fue brutal contra Liberación Nacional y don Daniel Oduber. Fue una técnica de intoxicación.Con información falsa. Algo similar ocurre en nuestros días de la internet y redes sociales.

Costa Rica desde 1951 es en parte guiada por la hegemonía del Partido Liberación Nacional – partido fuerte, disciplinado y vigoroso- hasta 1990 – Primer Gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez-. Y a partir de este último gobierno empieza el debilitamiento orgánico del Partido Liberación Nacional que llega con el Segundo Gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, luego Laura Chinchilla y cierra con el hijo del caudillo: José María Figueres Olsen. La oposición sigue un mismo camino, primero Unificación Nacional, luego Coalición Unidad, posteriormente Partido Unidad Social Cristiana que se hunde con el hijo del otro caudilllo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier -– que no era parte de la Generación del 48-.

¿Qué tenemos hoy 2024 – 2026?

PRIMERO Un debilitamiento de los partidos políticos ideológicos, fuertes y eficientes dentro del anterior marco del Bipartidismo: Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. Nuestros partidos tradicionales van rumbo a la disolución, desintegración o destrucción. Un nuevo multipartidismo en crisis generado por la emergencia del Partido Acción Ciudadana, PAC, que esta en profunda crisis, estado de coma y posible disolución orgánica. Tenemos partidos testimoniales con candidaturas testimoniales que solo llegan como diputados a la Asamblea Legislativa y su aporte es nada significativo.

SEGUNDO Aquí esta el problema sustancial de nuestra democracia costarricense del año 2024 rumbo a elecciones 2026. Nos referimos al auge y ascenso ante el vacío de poder que están tomando los grupos de presión e interés en nuestros días, altamente peligroso para el juego democrático representativo de partidos políticos que tienen el monopolio de la representación electoral.

Bien lo expuso en 1967 el Dr. Oscar Arias Sánchez: “es indispensable,(…) reforzar la autoridad gubernamental, un poder ejecutivo vigoroso, una asamblea legislativa independiente y un un sistema de partidos fuertes y eficientes, constituyen la mejor garantía contra el peligro desintegrador que encierra el grupo de presión” De allí, “ la necesidad de un adecuado liderazgo nacional de partidos que nos permita abandonar el personalismo característico de nuestra historia.” “Los grupos de presión deben tener límites.” De allí que “no concebimos nuestra democracia sino en función de una fuerte competencia de partidos”. Y, “eso frena que un grupo de presión se transforme en partido político cuando decide presentar candidatos a las elecciones con miras a la obtención de la función de tomar decisiones”. En nuestros días asistimos al nacimiento de grupos de presión o interés que se están transformado en PARTIDO POLÍTICO UBER – Con un Socio Conductor – llamémosle Financista- que se encuentra cerca de ti, acepta tu solicitud de viaje y te lleva a donde quieras ir, de forma fácil, cómoda y segura.- En sustancia no son verdaderos partidos políticos con trayectoria sino un vehículo para asaltar el poder político y solo irían por un fin único el del grupo de presión o interés.

Se estiman 47 partidos inscritos o en proceso de inscripción en el TSE CR para las elecciones del 2026. Nos preguntamos: ¿Son grupos de presión o de interés buscando camuflarse como partidos políticos para tomar el poder? O ¿Son nuevos partidos políticos del tipo UBER descrito supra?. El Tribunal Supremo de Elecciones debería intervenir para estabilizar el sistema político electoral de cara 2026. Hay que cambiar el Código Electoral de Costa Rica.

TERCERO En el actual escenario (2024) nos preguntamos: ¿Qué prefiere Costa Rica? Nosotros nos inclinamos – igual que lo expuesto (1967) por el Dr. Oscar Arias Sánchez- por un sistema de partidos políticos por que consideramos más democrático un país regido por partidos políticos que uno regido por grupos. En ese sentido, Costa Rica requiere con urgencia dos grandes bloques de partidos políticos que estabilicen el sistema político electoral costarricense. Preferimos una democracia de partidos políticos a una democracia de grupos de presión para evitar la ANARQUÍA hacia un neofeudalismo de grupos de interés todopoderosos que destruirán nuestra democracia social que ha costado siglos de construcción. No debemos dejar de lado que los sistemas políticos pasan por tres fases: estables, inestables y caóticos.

El debilitamiento de los partidos tradicionales y emergentes: PLN, PUSC, PAC a generado un vacío de poder que nos esta llevando hacia CAOS, CONVULSIÓN, CRISIS Y NUEVA GUERRA CIVIL EN COSTA RICA. Estamos a un paso de guerra civil en un nuevo escenario de economía digital virtual guiada por el poder de las redes sociales y el individuo no partidario dado el deterioro de la base institucional costarricense o en las amenazas al sustrato democrático del sistema político: los partidos políticos. Es por ello que se hace necesario un conglomerado – clúster político partidario– donde estén el PLN, PAC, FA, los centros izquierdas o izquierda modera o extrema y otro conglomerado – clúster político partidario – donde se integren los centros derechas, derecha, derecha extrema o bien ultraderecha. Dos grandes clúster políticos partidarios para sostener la estabilidad del sistema político, cultural, económico y social de Costa Rica en el Siglo XXI. Tienen la palabra los distintos líderes de esas agrupaciones políticas citadas.

CUARTO Con la llegada al planeta en los 90s de World Wide Web (WWW), y en nuestros días las redes sociales asistimos a la muerte de las democracias y las dictaduras. Estamos en la era del final de la democracia. Son tiempos apocalípticos para las democracias. Para todos los partidos politicos tradicionales son una amenaza y un debilitamiento de sus estructuras. La inestabilidad y caos es el nombre del juego junto a liderazgos caudillistas, personalistas, populistas que llevaran a desaparecer a nuestra democracia. Agreguemos que el objetivo a cuestionar por los grupos de presión e interés es la separación de poderes, entonces estamos a un paso del abismo dado que nuestra democracia apostado históricamente por la separación de poderes. Lo anterior, esta en la agenda de los GRUPOS DE PRESIÓN E INTERÉS en Costa Rica.Hay premeditación de parte de estos grupos. Esto esta siendo conducido. Recordemos la campaña la GRAN MENTIRA que le aplicaron a don Daniel Oduber en su primera candidatura. Algo similar pero más profundo dado el uso de las redes sociales esta sucediendo en el lado oscuro de Costa Rica.

La manera de hacer política ha cambiado. Las redes sociales reúnen a la gente y la concentran en grupos de presión e interés: Facebook, Tik Tok, WhastApp, Twiteer. Y allí todo es verdad y nadie puede estar en oposición o desacuerdo. El ‘Me gusta’ o los “Likes” es más importante que el análisis científico, los datos y los hechos concretos. Informar ya no interesa. Hoy se “trata de enganchar a la gente”. Todo es manipulable. Y quienes buscan destruir nuestra democracia usan sin asco las redes sociales generando polarización política, cultural , económica y social. Las generaciones Z – nacidos en los 90s- que no vienen de la Generación del 48, ni que vivieron el Bipartidismo, quizás una cola del multipardismo en Costa Rica son mas propensas a la manipulación dado su aislamiento tecnológico del mundo exterior. Ningún Directorio Político o Comité Ejecutivo del PLN, PUSC, PAC, FA otros la vio venir. Encerrados en su torre de marfil, su arca de la alianza, su santo grial, su atalaya, y dada su actitud de dioses y diosas del Olimpo no percibieron que la realidad concreta dio un giro de 360 grados de 1990 a la fecha.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La Costa Rica del Siglo XXI, específicamente la sociedad actual va rumbo al caos, convulsión, crisis y una nueva guerra civil (2025-2026) muy diferente a la Guerra Civil de 1948 – que en sustancia se dio por el respeto al sufragio electoral-. Y, esto no lo para ninguna Asamblea Nacional Constituyente – organismo colegiado que tiene como función reformar o redactar la Constitución.- Sería altísimamente peligroso convocarla dado que la infiltración de grupos de presión e interés – partidos políticos UBER- serían las personas o representantes del pueblo que tendrían a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la existente». Sin partidos políticos no se puede convocar a ninguna Asamblea Nacional Constituyente.

Como bien lo dejó por escrito el Dr. Oscar Arias Sánchez, en su tesis de grado 1967 y vigente para la Costa Rica del 2025: “Necesitamos un sistema de partidos políticos fuertes y eficientes para enfrentar a los grupos de presión o de interés. los partidos políticos son un poder de equilibrio y contrapeso que evita la anarquía caso contrario iríamos hacia un neofeudalismo de grupos de interés todopoderosos.”

Nos guste o no, hay que decidir, entre Figueres y Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

El próximo domingo nos toca a todos los ciudadanos, a todos los electores, decidir entre José María Figueres y Rodrigo Chaves Robles quien será el próximo Presidente de la República, nos gusten o no estos candidatos y ellos como personas.

No todos los ciudadanos participan con conciencia de la importancia de esta decisión, en el significado que cada uno de estos candidatos representa, expresa, o puede tener para que dirija los destinos del país, desde el Poder Ejecutivo, desde los Ministerios y desde las Juntas Directivas, de las Instituciones públicas, donde se hacen presentes con los nombramientos que les corresponde realizar, donde teóricamente impulsarán de acuerdo a los criterios de dirección que impulse el propio Presidente, de conformidad a lo que ofreció en la campaña electoral al Plan de Gobierno, que por primera vez, puede en algo manifestarse, el mismo mes de mayo, desde que asumen los puestos de dirección del país, del Estado y de la Administración Pública.

Esta es la cuarta vez que se procede a realizar una segunda ronda electoral para escoger al ganador de un proceso electoral nacional. La primera fue en las elecciones del 2002, entre Abel Pacheco y Rolando Araya, la segunda en el 2014, entre Luis Guillermo Solís y Johnny Araya, la tercera en el 2018, entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, y, ahora, en el 2022, entre José María Figueres y Rodrigo Chaves.

Pareciera que este camino de las segundas rondas llegaron para quedarse, lo que dependerá casi siempre, del buen gobierno y de la cultura política desarrollada que preceda a unas elecciones.

La primera vez que se hizo la segunda ronda no fue nada escalofriante, entre Abel Pacheco y Rolando Araya; fue sorpresiva por ser la primera.

La segunda, fue insólita cuando frente a Luis Guillermo Solís, un ex Secretario General del Partido Liberación Nacional, Johnny Araya públicamente se retiró, formalmente, de su candidatura, lo que legalmente no podía, dejando tirado al Partido Liberación Nacional, y a sus electores, que aún en su ausencia llegaron a votarle.

La tercera fue dramática y tensa por las circunstancias que la rodearon, Fabricio Alvarado ganador de la primera vuelta, con el tema de fondo relacionado con Derechos Humanos y el ultra fanatismo religioso a punto de instalarse en Zapote y, Carlos Alvarado, en segundo lugar, recibiendo un apoyo de sectores sociales, particularmente jóvenes, que terminaron imponiéndose, para salvaguardar el escenario de los Derechos Humanos que se veían amenazados.

Esta cuarta, entre José María Figueres y Rodrigo Chaves, nos coloca en un escenario decepcionante y tenebroso. Decepcionante por la ausencia de grandes temas, porque en la imagen nacional, e internacional, se tiene una disputa, que surge de 25 candidaturas, donde dos de ellas se ubican entre el centro derecha y la derecha, escenario que no se ha dado en ninguna parte del continente, donde se han discutido elecciones presidenciales entre dos finalistas. Tenebroso porque Chaves, con sus posturas y planteamientos amenaza la estabilidad política y democrática, provoca una situación de alta volatilidad, en escenario de conflictos sociales, y de enfrentamientos abiertos con diferentes sectores de la vida política, económica, social, académica y de los propios medios de comunicación.

Esto es lo que ha quedado reflejado del resultado electoral de febrero pasado, que se define el próximo domingo.

Aun así, el escenario electoral, del domingo tiene actores que convocan a no participar en el drama, que puede tener un final trágico para los costarricenses.

El derecho al sufragio supone la participación activa en la toma de decisiones, que por elecciones se realizan, para nombrar los representante populares que expresan el poder soberano de los ciudadanos. Negarse a ejercer el voto es asumir que quienes realizan el sufragio lo hacen también por quien se niega a participar y votar. El abstencionista de urna, el que no se presenta, es el que es representado por los que votan. No tiene derecho después de quejarse de un mal gobernante o de las políticas que impulsa. Sin posibilidad de escoger el candidato que desearía tiene al menos, si votara, el derecho de exigir y de criticar lo que no le gusta de la acción de gobierno. En la práctica quien no ejerce su derecho de voto en esta oportunidad arriesga su comodidad y existencia social. Si los electores no se hubieran movilizado a votar por Carlos Alvarado estaríamos, sin lugar a dudas, bajo políticas gobiernistas y públicas contrarias y restrictivas a los Derechos Humanos, se hubiera producido un retroceso político en el país de incalculables consecuencias. Con Rodrigo Chaves podría suceder un escenario parecido.

En términos de partidos políticos que participan en las segundas rondas, tenemos que en la primera fueron el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, los dos partidos históricos que habían venido gobernando el Poder Ejecutivo desde 1953. En la segunda, la Unidad Social Cristiana quedó desplazada de participar dándole campo al Partido Acción Ciudadana, que disputó el Poder Ejecutivo con Liberación Nacional, donde emergió Acción Ciudadana como partido gobernante. En la tercera, sorpresivamente el Partido Acción Ciudadana se mantuvo como partido gobernante, frente al emergente partido Restauración Nacional, dejando por fuera, de ser finalistas, a la Unidad Social Cristiana, nuevamente, y a Liberación Nacional, un golpe muy fuerte contra el bipartidismo histórico de partidos gobernantes que estos partidos habían tenido. En esta cuarta, segunda ronda, Liberación Nacional rescata su papel de partido político finalista para disputar el dominio del Poder Ejecutivo, frente a un partido totalmente emergente, nuevo, y prácticamente improvisado, a última hora, el Partido Progreso Social Democrático.

Como candidatos en estas rondas tuvimos en la primera a dos bien conocidos políticos, Abel Pacheco y Rolando Araya; en la segunda dos activistas políticos conocidos, Luis Guillermo Solís y Johnny Araya; en la tercera, dos candidatos, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, con poca experiencia política cada uno, y en esta cuarta, tenemos un político, José María Figueres, con amplia experiencia de vida política y de ejercicio de puestos públicos, Ministro y Presidente de la República, activista partidario, y otro, Rodrigo Chaves, sin ninguna experiencia política ni en ejercicio de cargos de Gobierno, ni de partidos políticos, ambos con una rica experiencia en organismos internacionales, uno de ellos, Rodrigo Chaves, cuestionado y sancionado en esos organismos por acoso y hostigamiento sexual con funcionarias.

El Partido Acción Ciudadana, en las elecciones del 2014 eligió 14 diputados, en la del 2018 eligió 10, en la del 2022 no eligió ninguno. El Partido Liberación Nacional en todas estas elecciones desde el 2006 ha mantenido la fracción legislativa mayoritaria, la más grande, que no ha bajado de 16 diputados.

El Partido Progreso Social Democrático, en ésta, su primera participación, eligió 10 diputados, igual cantidad que el gobierno de Carlos Alvarado mientras Liberación Nacional eligió 18, lo que significa para ambos candidatos su músculo político legislativo en caso de que ganen la Presidencia de la República.

Desde el punto de vista de cantones gobernados por alcaldes, desde el 2006, Liberación Nacional ha tenido 49 de 82, mientras que el Partido Progreso Social Democrático no tiene una sola Alcaldía, lo que evidencia, para Liberación Nacional, una proyección y presencia territorial mucho más grande, lo que resulta, de su larga trayectoria histórica, de 71 años, y de nueve gobiernos bajo su poder, de 17 que han habido desde 1953.

En urna, quien vota nulo o en blanco, ejerce su voto manifestando su inconformidad con los partidos y candidatos propuestos. En difícil entender que con 25 candidatos en febrero se produzcan esas indecisiones. Y más complejo comprender y decidir para muchos de los votantes entre las dos opciones que hay para el próximo domingo. Pero, hay que decidir cuál de estas opciones puede ser mejor para el Gobierno, para el país y para los ciudadanos. Este punto no puede eludirse, sobre todo para quienes han participado activamente de la vida política, para quienes tienen conciencia clara de la lucha política y del progreso social.

La elección del domingo va a producir un resultado, va a sacar un ganador, que será el próximo Presidente de la República, por los próximos cuatro años. Será quien represente al país en foros internacionales, será quien defina la política internacional y exterior de Costa Rica, para todos los efectos será la cara pública del país y del pueblo costarricense.

El puesto de Presidente es el más alto cargo que se puede ostentar, desde el punto de vista político nacional; es un honor para quien lo tiene y es enorme la responsabilidad de ejercerlo. En él se representa toda la ciudadanía, todo el pueblo electoral, una vez que asume el cargo de Presidente, en tanto representa a toda la Nación costarricense, no así los diputados que representan a sus propios electores, de sus respectivos partidos políticos nacionales o provinciales.

El Presidente, en su investidura, nos recuerda cotidianamente la Independencia de la Nación costarricense, la Soberanía popular que en su figura se encarna, como receptor y representante supremo de la voluntad del pueblo, en el Poder Ejecutivo, representa igualmente el conjunto de instituciones y empresas públicas de todo el engranaje estatal y de la Administración Pública costarricense.

Por ello el Presidente de la República es como un Símbolo Patrio, al que se le deben guardar todos los respetos que el Protocolo exige para estos símbolos, y para las figuras, o personas, que los representan y ejercen, en el momento de desempeñarlo.

En Costa Rica, quizá por la tradición democrática pacifista, que hemos cultivado históricamente, ausente de militares gobernantes, de prácticas militares odiosas, de militarismo autoritario institucional, de dictaduras y tiranías, porque los presidentes son de tipo civil, porque en sus prácticas políticas electorales desarrollan cercanía directa con los electores, los ciudadanos, y las personas en general, y porque en su vida civil ordinaria, como personas y como políticos, aún activos, se desplazan sin seguridades odiosas, o distantes de la gente, ha hecho que las personas, más que democratizadas en su relación con el Mandatario, se consideran igualadas con él.

Sin embargo, de los dos candidatos del domingo, Rodrigo Chaves ha reiterado en su campaña, en sus discursos e intervenciones, una actuación suya, como Presidente, si llegara a serlo, de carácter autoritario, casi despótico o tiránico, irrespetuoso de la institucionalidad democrática existente por el Estado de Derecho, y por el Estado Social de Derecho que hemos desarrollado.

En Costa Rica, por la tradición democrática, pacifista, es usual que los Presidentes se desplacen a atender actos o compromisos sin mayor seguridad, y que cuando llegan a su destino rompan todo tipo de barrera protocolaria y de seguridad, y se trasladen, aunque sea pocos metros sin escoltas, de manera directa y que, de esa misma forma, con la seguridad con que actuamos todos los costarricenses, nos acerquemos a las personas que están a la espera del Presidente, o que son sorprendidas por su presencia, para saludarlas de manera afectuosa, aunque sea protocolaria la relación, y hasta se detenga el Presidente a firmar autógrafo cuando se lo piden, o dejarse retratar o tomarse hasta un selfie, a petición de parte. Esto es parte de la vida democrática nacional, que nos enorgullece, pero que también nos distingue de otros países cercanos y lejanos.

En la noticia destaca muchas veces esta cordialidad, familiaridad, seguridad, con que el Presidente se desplaza, y es, y debe ser, más noticia el respeto que se le brinda en su paso, cuando va desprotegido de escoltas.

Sinceramente. No veo a Rodrigo Chaves en este papel, porque se presenta de manera prepotente, arrogante, poco humilde, como se dice popularmente, se le suben los humos a la cabeza.

Esta segunda ronda, la del domingo, es para todos los efectos, más importante y decisiva que la del 2018. Aquí se juegan más proyecciones del país y el conjunto de toda la institucionalidad democrática hasta ahora lograda.

Como costarricenses debemos velar también que ese Símbolo Patrio, que significa la figura del Presidente de la República, sea, tenga y ostente, la mejor representación posible.

Es el pueblo costarricense el que se estará reflejando y representando en la figura del próximo Presidente de la República.

El domingo no se elige un mamarracho ni una caricatura presidencial, se escoge el Presidente de Costa Rica.

Hay que salir e ir a votar. Hay que pensar en la mejor opción de las que existen para el momento actual, de ahora, y de los próximos cuatro años, que mejor nos merecemos.

No votar es facilitar la posibilidad de mamarrachear la vida política nacional y bufonear el ejercicio de la Presidencia.

La Presidencia de la República es también una figura de prestancia, señorío, dignidad, excelencia, de calidad superior. No permitamos que con nuestro voto se deteriore.

Votando no se renuncia a ninguna agenda de lucha y de movilización popular. Votando no se renuncia a ideas ni a planteamientos políticos e ideológicos. Votando se afirma la voluntad de lucha de los ciudadanos, de apoyar lo que corresponda apoyar de un gobierno y de criticar lo que corresponda criticar. Votando se fortalecen y consolidan los derechos de agitación, movilización y organización popular, de fortalecer los estados de conciencia de los ciudadanos.

Gane quien gane las luchas populares se van a mantener, pero dependiendo quien gane también se puede lograr más en esas luchas y diálogos nacionales que puedan establecerse por parte de los sectores organizados con el próximo Presidente.

Las elecciones son un estado de la conciencia ciudadana. Muestre la suya. ¡Hágala valer!

Tribunal de Honor y Ética del COLPER comparte mensaje acerca del sufragio

Escrito en . Publicado en Derechos, Formación.

Con un vídeo que nos recuerda la importancia de ejercer el voto, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER lanza una campaña llamada “Valores Esenciales de la Democracia Costarricense”.

De acuerdo con los integrantes del Tribunal, el sufragio es una herencia importante y aunque se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden con la construcción del Estado Republicano, funciona como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación.

Y es que precisamente, al encontrarnos a las puertas de la segunda ronda electoral, la cual se realizará el domingo 3 de abril, es que el Tribunal de Honor y Ética lanza este mensaje, invitando tanto a las personas colegiadas, como a los costarricenses en general, a las urnas.

El master Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética, señaló que para quienes integran este órgano del COLPER, el voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, no se puede hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión.

“Instamos a la ciudadanía costarricense a ejercer este sagrado derecho del sufragio y poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho”, señaló el Tribunal de Honor y Ética de nuestro Colegio.

Le invitamos a ver el video:

El sufragio: cualidad de nuestra democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

COMUNICADO

Una herencia importante en los valores esenciales de la Democracia Costarricense, es el poder del voto popular en los procesos de elección. Aunque el sufragio, se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden, precisamente con la construcción del Estado Republicano, ha funcionado en el largo plazo, como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación, es decir es el ejercicio ciudadano más generalizado hasta inicios del Siglo XXI.

El salto político que dio Costa Rica en el Siglo XIX , al desarrollar el concepto del sufragio primero indirecto, público y restringido, al sufragio directo universal y secreto, conllevó un largo proceso histórico, donde precisamente, confluyeron, las demandas, las necesidades, los intereses de distintos grupos sociales y económicos para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana de primer orden, quizás al tenerlo, como acto de absoluta voluntad, no estemos conscientes del valor y de la fuerza que implica ejércelo como herramienta y voz de cada uno de los ciudadanos

Estas cualidades, garantizaron que, el sufragio, directo, libre, universal, secreto y la capacidad jurídica de los ciudadanos para elegir, se convirtiera en un mecanismo de participación popular, aceptada y generalizada, durante estos dos siglos de vida independiente.

El voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

No se trata de votar únicamente por alguna filiación, no se trata de votar porque tengo intereses privativos y mezquinos, no se trata de votar solo con el corazón, no se trata de tematizar y polarizar las opiniones. Tampoco de despreciar el sufragio, anulándolo, no se trata de ejercer el voto protesta y no acudir a las urnas. Se requiere que las personas se informen sobre los temas de fondo, sobre los grandes retos y sobre la agenda que debemos resolver y afrontar todos y cada uno de los costarricenses.

Instamos a la ciudadanía costarricense a ejercer este sagrado derecho del sufragio y poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho.

Junta Directiva y Tribunal de Honor y Ética
Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la
Comunicación Colectiva-Costa Rica