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Etiqueta: SUTEL

UNA alerta vicios legales y constitucionales en subasta de frecuencias de radio y televisión abierta

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La Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento oficial en el que advierte a Costa Rica sobre los riesgos democráticos, sociales y constitucionales asociados al proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión abierta impulsado por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). El acuerdo fue aprobado en la sesión ordinaria 43-2025 del Consejo Universitario (UNA-SCU-ACUE-429-2025).

Según la institución, el diseño actual de la subasta amenaza la pluralidad de voces, puede afectar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, y pondría en riesgo la continuidad de medios comunitarios, regionales, culturales y religiosos, que durante décadas han sido actores fundamentales en las comunidades rurales, costeras, fronterizas e indígenas del país.

La UNA subraya que el espectro radioeléctrico, como bien público estratégico, debe asignarse según criterios de interés social y no únicamente económicos, pues constituye un recurso esencial para el acceso equitativo a la comunicación, la cultura, la educación y la participación democrática.

Argumentos principales del pronunciamiento

1. El espectro radioeléctrico y su función social

El comunicado destaca que el espectro es esencial para medios como la televisión, la radio o el internet, y que su uso debe democratizarse para favorecer la transformación digital y el desarrollo social, económico, cultural y político. La concentración mediática afectaría directamente este objetivo.

2. Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones

El TSE ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de modificar frecuencias durante el proceso electoral 2026, por considerar que ello podría afectar el acceso ciudadano a información político-electoral. Pese a ello, el Poder Ejecutivo y la Sutel continuaron impulsando cambios normativos y administrativos.

3. Vicios legales y medidas cautelares vigentes

La UNA recalca que la subasta se abrió pese a:

  • múltiples procesos contencioso-administrativos,

  • medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional,

  • órdenes vigentes de mantener el estatus actual hasta resolver el fondo de los casos.

4. Retroactividad normativa y afectación de derechos adquiridos

Los cambios normativos emitidos por el Poder Ejecutivo en 2024, a dos días del vencimiento de las concesiones, alteraron contratos que garantizaban prórrogas automáticas. La UNA sostiene que estas acciones violan:

  • artículo 34 constitucional (prohibición de retroactividad),

  • artículo 41 constitucional (seguridad jurídica).

5. Riesgo de monopolización

Los montos base fijados para participar en la subasta, que van desde $24.545 hasta $1.601.786, privilegian a unos pocos consorcios económicos y excluyen a medios pequeños. Esta situación, según la UNA, atenta contra el mandato constitucional que prohíbe los monopolios (art. 46).

6. Amenaza a la diversidad cultural y derechos fundamentales

La desaparición de emisoras comunitarias y culturales implicaría:

  • pérdida de patrimonio comunicacional,

  • debilitamiento de identidades locales,

  • afectación del acceso a la pluralidad informativa,

  • daño a derechos culturales y a la participación social.

La UNA recalca que la concentración mediática está reconocida por la jurisprudencia interamericana como un riesgo directo para la libertad de expresión.

7. Rol de la Universidad Nacional

La institución, comprometida con la probidad y la defensa de los recursos públicos, sostiene que no puede permanecer indiferente ante un proceso que:

  • modifica derechos contractuales sin aval legislativo,

  • erosiona principios constitucionales,

  • afecta la calidad democrática del país.

Petitorias del pronunciamiento

El Consejo Universitario acuerda:

  1. Rechazar el proceso de subasta por vicios de legalidad y constitucionalidad.

  2. Exigir a la SUTEL y al MICITT suspender la adjudicación hasta que se resuelvan las controversias constitucionales y se cumpla lo dispuesto por el TSE.

  3. Solicitar al Poder Ejecutivo presentar ante la Asamblea Legislativa un marco regulatorio que:

    • proteja medios comunitarios, culturales, regionales y religiosos,

    • asegure pluralismo y diversidad,

    • garantice acceso equitativo para pymes,

    • preserve el patrimonio comunicacional histórico.

  4. Pedir a la Asamblea Legislativa asumir competencia mediante ley expresa para regular el tema.

  5. Exhortar a la Asamblea Legislativa a reconocer que la asignación de frecuencias no es un asunto únicamente técnico o económico, sino constitucional y democrático.

  6. Hacer un llamado a la ciudadanía para informarse adecuadamente sobre el proceso y a las instituciones públicas para actuar con responsabilidad en defensa de la democracia y los derechos fundamentales.

El pronunciamiento es suscrito por el Dr. Braulio Sánchez Ureña, presidente del Consejo Universitario de la UNA.

Ciudadanas presentan recurso de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y televisión

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Las ciudadanas Rocío Ramírez Varela y Sonia Sandí Zúñiga presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Pabla Bogantes Zamora, debido a las condiciones establecidas para la subasta del canon por el uso del espectro radioeléctrico para radio AM/FM y televisión abierta. Según las recurrentes, estas reglas vulneran derechos fundamentales, favorecen la concentración mediática, amenazan el pluralismo informativo y ponen en riesgo la continuidad de medios regionales, comunitarios, culturales y religiosos.

La acción se presentó en defensa de los derechos propios de las firmantes y “de la ciudadanía costarricense en general”.

La subasta y sus efectos: argumentos del recurso

El recurso explica que, mediante instrucción del Poder Ejecutivo del 26 de junio de 2024, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) abrió un proceso para subastar las frecuencias de radio y televisión, estableciendo como fecha límite para presentar ofertas el 21 de noviembre de 2025.

Los segmentos incluidos en la subasta son:

  • Radio AM: 525 kHz – 1705 kHz

  • Radio FM: 88 MHz – 108 MHz

  • Televisión: 174 MHz – 216 MHz y 470 MHz – 608 MHz

Las recurrentes consideran que los montos base fijados para la subasta resultan desproporcionados y excluyentes, pues:

  • Las frecuencias de radio FM nacional inician en $193 051 y pueden duplicarse según el ancho de banda.

  • Las frecuencias de televisión nacional oscilan desde $157 629 hasta $1 601 786.

Esto, exponen, crea un escenario en el que solo grandes grupos económicos pueden participar, mientras que los medios pequeños y comunitarios quedan fuera. Como consecuencia directa, varios medios han advertido que no podrán seguir operando, lo cual afectaría la diversidad informativa, la producción cultural y el acceso ciudadano a contenidos relevantes.

Además, el recurso alerta sobre peligros democráticos asociados a esta dinámica:

  • Riesgo de acaparamiento del espectro por conglomerados económicos o personas vinculadas a actividades ilícitas.

  • Concentración mediática que restringiría las voces regionales, alternativas o con otras perspectivas.

  • Posibilidad de que solo grupos o personas afines al gobierno accedan a las licencias, obstaculizando la diversidad ideológica y el debate público plural.

Las recurrentes retoman incluso la preocupación expresada por la Conferencia Episcopal al señalar que “las frecuencias de radio y televisión no se pueden decidir solamente por dinero”, recordando que el espectro radioeléctrico es un bien público y que de él depende la libertad de expresión en su dimensión social.

Derechos fundamentales que se alegan como vulnerados

El recurso detalla que las medidas adoptadas lesionan varios derechos constitucionales:

  • Libertad de expresión y comunicación

  • Derecho a la información, individual y colectiva

  • Derecho al trabajo de las personas empleadas en los medios que están en riesgo de cierre

  • Principio de legalidad y proporcionalidad en la actuación administrativa

Asimismo, se reconoce que el espectro radioeléctrico es un bien público cuyo acceso debe garantizar condiciones equitativas y no discriminatorias.

Fundamento jurídico destacado

Las recurrentes sustentan el amparo en:

  • Artículo 48 de la Constitución Política, que regula el recurso de amparo como tutela inmediata de derechos fundamentales.

  • Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículos 25 y siguientes.

  • Jurisprudencia de la Sala Constitucional que protege la libertad de expresión y la pluralidad informativa frente a actos administrativos que puedan restringirla.

Petitorias dirigidas a la Sala Constitucional

En la parte final del recurso, Ramírez y Sandí solicitan:

  1. Admitir el recurso de amparo.

  2. Suspender de inmediato los efectos del acto administrativo que dispuso la subasta con las condiciones actuales.

  3. Restablecer los derechos fundamentales lesionados, lo cual incluye garantizar la continuidad de las transmisiones de los medios afectados y proteger el derecho al trabajo de sus empleados.

  4. Condenar a las autoridades recurridas al pago de costas, daños y perjuicios.

Quiénes presentan el recurso

  • Rocío Ramírez Varela, oficinista, vecina de Hatillo

  • Sonia Sandí Zúñiga, abogada, vecina de Tres Ríos

Ambas actúan en representación propia y “de la ciudadanía en general”.

Consejo Universitario solicita suspender licitación de uso y explotación del espectro radioeléctrico

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La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas en la materia. (Foto: Cortesía Semanario Universidad)

María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica acordó, en la sesión de este martes 18 de noviembre, instar al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a suspender de forma precautoria la licitación para el uso y explotación del espectro radioeléctrico destinado a la radiodifusión y a la televisión abierta.

El Órgano Colegiado fundamenta su petición en la “amenaza a la democracia sustantiva” y el potencial riesgo a la libertad de prensa y la diversidad cultural que representan los requisitos que contiene la Licitación Mayor n.° 2025LY-000003-SUTEL. De acuerdo con lo analizado los requisitos son desproporcionados y podría conducir a un “cierre técnico” de medios existentes, ya que se promovería la concentración de medios en pocas manos y se facilitaría el uso de dineros ilícitos en el proceso.

El acuerdo unánime del Consejo Universitario surge tras analizar las preocupaciones expresadas por múltiples sectores, nacionales e internacionales, respecto a los efectos adversos que tendría la subasta de frecuencias.

Según el Órgano Colegiado, el proceso licitatorio actual podría contravenir el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente la cláusula que prohíbe restringir la libertad de expresión por vías indirectas, como el abuso del control de frecuencias radioeléctricas.

Adicionalmente, el Consejo Universitario alerta que la reasignación de frecuencias podría entrar en contradicción con el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, tal como lo establecen tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

En virtud de estas preocupaciones, el plenario acordó, además, designar a los siguientes miembros para que hagan la entrega formal del acuerdo a las autoridades correspondientes: Lic. William Méndez Garita, Dra. Ilka Treminio Sánchez, M. Sc. Esperanza Tasies Castro, Sr. Fernán Orlich Rojas y Srta. Isela Chacón Navarro.

¿Frecuencias secuestradas por millonarios y el narco?

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Contra el acaparamiento de frecuencias y por la democratización de la comunicación

El Partido Vanguardia Popular denuncia y condena enérgicamente la forma en que el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) han decidido llevar adelante la subasta de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica.

Lejos de garantizar el derecho democrático del pueblo costarricense al acceso a la comunicación y la información, este proceso condena a las comunidades y organizaciones sociales a seguir excluidas de la posibilidad de contar con radios y televisoras comunitarias, al tiempo que se favorece descaradamente a quienes poseen mayor poder económico.

La historia reciente demuestra que la concentración mediática en pocas manos ha creado verdaderos oligopolios de la información, que censuran, manipulan y niegan el acceso a una información veraz, objetiva y plural. Este modelo no hace más que someter al pueblo a “las versiones oficiales” de los grandes millonarios, reforzando una estructura mediática que invisibiliza las luchas sociales y las voces populares.

La subasta impuesta profundizará la concentración de frecuencias en menos manos, con el riesgo aún mayor de que estructuras del crimen organizado, como el narcotráfico, encuentren la vía para legalizar recursos a través de la compra de frecuencias, dada la ausencia de verdaderos mecanismos de control democrático y popular.

No podemos olvidar que, en el pasado, organizaciones sociales, comunitarias y sindicales impulsamos la democratización del espectro radioeléctrico mediante propuestas de una nueva Ley y un nuevo Reglamento de frecuencias, precisamente para garantizar espacios de comunicación popular. Estas iniciativas fueron bloqueadas por el poder de los grandes consorcios mediáticos, interesados en mantener su privilegio.

Hoy, con la digitalización y el nuevo esquema de subastas, lo que se nos presenta es la consolidación de un sistema profundamente antidemocrático y excluyente, las comunidades quedan fuera, la sociedad organizada queda fuera, y las frecuencias, que son patrimonio del pueblo costarricense, se entregan al mejor postor.

Para el Partido Vanguardia Popular el proceso de subasta se debería detener, llamar a las personas y organizaciones a sociales a discutir como país sobre la forma en que debería de desarrollarse este proceso, amplio, democrático y en el cual no se limite, por tema de dinero, el acceso a las organizaciones sociales.

También, que se dé la construcción de un nuevo marco legal y reglamentario para garantizar el acceso democrático al espectro radioeléctrico, priorizando radios comunitarias, educativas y sociales en todas las regiones del país. Todo esto en defensa del derecho humano a la comunicación y a la información, que no puede seguir siendo un privilegio de grupos económicos poderosos ni una herramienta para reproducir las visiones oficiales y empresariales.

El espectro radioeléctrico es un bien público y un patrimonio de la Nación. Su uso debe responder al interés colectivo y no al lucro privado.

¡El pueblo tiene derecho a comunicar y a ser informado con verdad!

Partido Vanguardia Popular
29 de septiembre 2025

OMERCON exige acciones urgentes a CONASSIF y SUTEL ante «pandemia» de fraudes digitales

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El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) ha alzado la voz con preocupación ante la alarmante proliferación de fraudes digitales en Costa Rica, instando a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (CONASSIF) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a tomar medidas inmediatas y efectivas. La organización, de carácter sin fines de lucro, ha remitido los oficios OM 040-2025 a CONASSIF y OM 041-2025 a SUTEL, ambos con fecha del 20 de agosto de 2025, para manifestar la gravedad de la situación.

Según OMERCON, Costa Rica sufre una escalada sostenida de estafas asociadas a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, así como suplantaciones de identidad que derivan en el robo directo de los ahorros de la ciudadanía. Esta problemática, que ya alcanza proporciones de pandemia, está socavando la estabilidad económica de miles de personas, la paz de las personas y familias, y también la característica principal del sistema financiero: la confianza.

OMERCON considera inaceptable que algunas entidades financieras intenten deslindar toda responsabilidad, trasladando la culpa al consumidor, y critica una preocupante pasividad de los entes supervisores. Afirma que estos últimos priorizan la rentabilidad de las entidades sobre la protección de los consumidores financieros, dejándolos desamparados y expuestos a la revictimización.

El Observatorio cuestiona la falta de mecanismos inmediatos para rastrear y congelar fondos robados, la ausencia de investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y la carencia de sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados, campañas de phishing y transferencias inusuales. OMERCON califica estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

La organización fundamenta su posición en el marco jurídico nacional, citando el artículo 35 de la Ley N° 7472 y la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Voto N° 655-2007). Esta normativa establece la responsabilidad civil objetiva, indicando que quien introduce una actividad riesgosa en la economía debe asumir las consecuencias del daño, sin necesidad de probar culpa. Bajo este principio, OMERCON sostiene que las entidades financieras, al manejar fondos del público y beneficiarse de ello, están obligadas a resarcir al consumidor afectado, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

Ante la inacción percibida, a pesar de múltiples denuncias en la prensa y ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), OMERCON resalta que Costa Rica carece de una ley específica para la defensa del consumidor financiero, a diferencia de otros países de la OCDE.

Las acciones concretas que OMERCON solicita a CONASSIF son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen, evitando que el consumidor afectado asuma toda la gestión judicial.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas, como se ha denunciado en foros legislativos.

Además, OMERCON subraya la necesidad de que CONASSIF integre a las empresas que brindan servicios de comunicación digital en esta lucha, citando ejemplos como la compra masiva de números telefónicos por organizaciones delincuenciales sin generar alertas, o la recepción de mensajes fraudulentos de rifas sin opción de escape. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, señalando que un oficio anterior (OM 029-2025, del 28 de marzo de 2025) sigue sin respuesta tras casi cinco meses.

Dirigiéndose a SUTEL, OMERCON enfatiza que, como ente regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica, tiene por ley amplias responsabilidades y obligaciones para actuar de manera diligente, oportuna y con liderazgo para frenar esta crisis. Entre sus funciones se encuentra supervisar y regular el mercado de las telecomunicaciones para garantizar la competencia, proteger los derechos de los usuarios y asegurar la calidad de los servicios.

OMERCON critica que SUTEL y las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales no implementen acciones responsables para defender al consumidor, dejándolos desamparados y revictimizados frente al delito masivo.

El Observatorio pregunta a SUTEL si ha implementado sistemas para bloquear enjambres de mensajes fraudulentos que inundan a los usuarios, si tiene mecanismos para rastrear y eliminar el phishing informático, si se realizan investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y si existen sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados o campañas de phishing. La organización considera estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

Al igual que en su comunicación a CONASSIF, OMERCON invoca el principio de responsabilidad civil objetivaestablecido en el artículo 35 de la Ley N° 7472 y el Voto N° 655-2007 de la Sala Primera, que responsabiliza a quien introduce una actividad riesgosa por los daños que ocasione, sin necesidad de probar culpa.

Las solicitudes concretas de OMERCON a SUTEL son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas.

OMERCON reitera la importancia de que SUTEL no opere desde una lógica reactiva y pasiva ante esta pandemia. Destaca que SUTEL debe coordinar con CONASSIF, PRODHAB, redes sociales y otras entidades para encontrar una solución que alivie la crisis del fraude informático. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, sobre la problemática planteada en la carta.

Ambas comunicaciones fueron firmadas por Welmer Ramos González, como presidente, y Priscila Scott Zúñiga, como secretaria de OMERCON.

CGR advierte deficiencias en el cálculo del canon de telecomunicaciones de SUTEL

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Contraloría General de la República (CGR) identificó deficiencias en el sistema de costeo que utiliza la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para determinar el canon de regulación del sector. En su auditoría, la CGR concluyó que la metodología vigente no se ajusta a los principios de servicio al costo ni de administración eficiente, tal como exige la Ley N.° 7593.

El informe señala que el canon de regulación representa la fuente principal de financiamiento de SUTEL para ejercer sus funciones de supervisión del mercado abierto de telecomunicaciones. Para garantizar la transparencia y la razonabilidad de este aporte, el cálculo debe basarse únicamente en los costos indispensables para una regulación eficaz. No obstante, la CGR advirtió que SUTEL carece de un sistema que desglose el costo por actividad regulatoria, lo cual obstaculiza la evaluación de la eficiencia y limita la rendición de cuentas.

Además, se observó que los controles se sustentan en términos genéricos de partidas presupuestarias, sin asociar de forma directa cada gasto con la tarea regulatoria correspondiente. Esta práctica impide verificar si los recursos del canon se destinan de manera óptima y a un costo justificado.

La auditoría concluye que la falta de un mecanismo detallado de costeo podría derivar en un uso irracional de fondos públicos y reducir la eficacia de la supervisión del sector telecomunicaciones.

Para consultar el informe completo, ingrese a: DFOE CIU IAD 00004-2025
Video de la vocera, Marcela Aragón Sandoval, Gerente del área de fiscalización del Desarrollo de Ciudades de la CGR:

La SUTEL ataca al ICE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Sentimos que en relación con el gran negocio privado que se vislumbra con las «AUTOPISTAS DE 5G», los miembros de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) se están enredando en sus funciones.

Si su deber es velar por el uso eficiente del espectro radioeléctrico y vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, es muy cuestionable que enfilen baterías indignas contra el ICE cual, si fuere éste, y no los que asoman por las esquinas, los invasores.

Hay decisiones subjetivas tomadas en una mesa de cualquier sodita, que tienen consecuencias muy relevantes para la Patria y por ende, para el pueblo costarricense. Hacemos pues, un llamado para que reconozcan que sus actitudes y acciones podrían dar al traste con la ejemplar labor del ICE, y para que, con un poquititico de humildad, los estimables miembros de la SUTEL reconozcan sus errores y, si es del caso, su incompetencia.

Quizá otros podrían cumplir mejor los deberes inherentes a esa vital superintendencia.

Consejo de SUTEL: Federico Chacón, Gilbert Camacho, Walther Herrera y Hannia Vega.

Sindicato AFAS solicita valorar destitución del director general de operaciones de ARESEP

Escrito en . Publicado en Trabajo.

De acuerdo con la información subministrada por la Asociación de funcionarios ARESEP y SUTEL, la Sala de Casación penal dejó en firme la sentencia, en contra del señor Gerardo Alvarado Blanco, director de operaciones de la autoridad reguladora de servicios públicos, quien se le acusa del delito de falso testimonio.

Se condenó penalmente al señor Alvarado Blanco por el delito de falso testimonio ante la Sala Constitucional, en prejuicio de una funcionaria del IMAS, que con fundamento en ese testimonio fue despedida de forma ilegal e injustificada. Para la Asociación de funcionarios de la ARESEP y SUTEL es preocupante que en el puesto actualmente ocupado por el señor Alvarado Blanco, este funja como superior de la Dirección de Recursos Humanos, que atiende temas por los cuales fue denunciado y condenado.

Ante esto las personas que integran la Asociación de funcionarios ARESEP y SUTEL solicitan valorar la destitución del señor Alvarado Blanco en el cargo que actualmente ocupa, de manera que se envíe una señal positiva a la opinión pública sobre la ética y principios morales que rigen en la ARESEP.

Se adjuntan documentos donde se amplía dicha solicitud:

OF-038-AFAS-2021-Solicitud-de-destitución-del-señor-Gerardo-AlvaradoDescarga
Comunicado-N3-Nombramiento-señor-Gerardo-Alvarado-como-Director-General-de-Operaciones-ARESEPDescarga

La brecha digital y su impacto en la educación, una de las revelaciones de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

German Masís M.

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia varios problemas sociales y económicos, como la vulnerabilidad de las pymes, el crecimiento del empleo informal y la importancia de la brecha digital, que aunque han estado presentes en el desarrollo del país de los últimos años, la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria ha revelado sus verdaderas dimensiones.

Los efectos generados en el país por motivo del COVID-19, han tenido severas repercusiones en el sector económico, turístico, social y educativo, en este último caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha visto forzado a establecer planes y estrategias de emergencia que le permita mantener el contacto con el 1,2 millón de estudiantes incorporados al sistema educativo público.

Para continuar con el vínculo entre docente-estudiante, el MEP habilitó una cuenta de correo electrónico a un total de 1.154.227 alumnos matriculados en el curso lectivo 2020, con la idea que aquellos que cuenten con dispositivos tecnológicos y conectividad a internet lograran continuar su proceso educativo por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

Sin embargo, muy pronto los registros oficiales del MEP indicaron que de ese total de cuentas habilitadas, únicamente 147.705 usuarios se reportaban como activos en la plataforma.

El principal objetivo de las autoridades educativas en este momento era no perder el rastro de los estudiantes desde niveles de preescolar hasta incluso educación abierta, pese a estar luchando contra un fuerte enemigo: la brecha digital. (CR.Hoy,4-5-2020)

Un año después en esta semana, el MEP logró identificar a los 425 mil estudiantes sin conectividad a Internet, a partir del Censo Inicial del curso lectivo 2021, realizado entre febrero y marzo, que incluyó la variable conectividad.

El resultado de un primer diagnóstico, en mayo de 2020, había arrojado que 535 mil estudiantes del país no tenían conectividad en sus hogares. Esos resultados preliminares evidenciaron la necesidad de depurar la información y planificar estrategias de atención individualizada para los estudiantes.

El dato recolectado por el MEP era incluso inferior a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de los años 2019 y 2020, que ubicaban a casi 500 mil estudiantes que no tienen acceso a internet en sus hogares o solo lo pueden hacer mediante dispositivos móviles, como teléfonos celulares de sus padres o tutores.

Durante el 2020, el MEP recurrió a la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, con componentes virtuales y materiales, que dejó al descubierto la brecha digital en la educación pública.

En agosto del año anterior, el MEP remitió al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el informe con el dato actualizado (324 mil) de los estudiantes que no contaban con internet en sus hogares. De ellos, 215.936 se ubican en los estratos de bajos ingresos que son los definidos por el MICITT para ser incluidos en los proyectos financiados con cargo a FONATEL. De hecho, 70% de esos estudiantes están en los niveles más bajos de pobreza.

El MEP solicitó atender a estos 215 mil estudiantes, para que fueran los nuevos beneficiarios del Programa Hogares Conectados y de esa manera los 147 mil hogares donde residen esos estudiantes fueran contactados por las operadoras de telecomunicaciones que aceptaran la invitación de SUTEL a formar parte del Programa.(Mep.go.cr,24-5-2021)

En consecuencia, los 535 mil estudiantes identificados sin acceso a internet hace un año, los 425 mil sin conectividad identificados en la actualidad y a 215.936 ubicados como beneficiarios del programa Hogares conectados, son los sujetos concretos de la brecha digital, que han visto afectada su vinculación al sistema educativo el curso lectivo anterior y actual.

Son en su gran mayoría estudiantes de escuelas y colegios públicos, originarios de centros educativos de las zonas rurales, de barrios populares y urbanos marginales, que en nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet, es la otra Costa Rica con acceso limitado a la educación virtual que restringe el derecho a la educación a un sector importante de la población en diferentes regiones del país.

“La falta de conectividad en los hogares ha impedido una educación a distancia equitativa, y se ha convertido en uno de los obstáculos relevantes para llevar la modalidad virtual a todas personas estudiantes en tiempo de pandemia”, dijo la Ministra de Educación, Guiselle Cruz. (Cr-Hoy,24-5-2021)

Es una realidad, que a pesar de los esfuerzos para atender vía digital a estudiantes, muchos de ellos se han quedado al descubierto, sin acceso real y eficiente al proceso educativo.  De una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo cerca del 43% ha tenido acceso a la plataforma educativa señalada por el MEP, mientras el otro 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y 40% de estudiantes no ha tenido acceso a equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más vulnerables y rurales.

Como agravante, muchas de estas niñas y niños viven en condiciones de pobreza extrema, afectados por la falta o la pérdida de empleo por parte de sus padres, madres o cuidadores, padecen distintos tipos de violencia y quedan expuestos a serios problemas sociales.  El MEP ha informado que se ha perdido el rastro a cerca de 91,000 niñas y niños desde que inició la pandemia, lo cual implica un serio riesgo de exclusión del sistema educativo durante este año

Este momento difícil, debe ser una oportunidad para innovar y seguir avanzando en las acciones que el país ha emprendido para acabar con la exclusión escolar. Debe ser un momento clave para tomar decisiones enfocadas en acabar con las desigualdades educativas, fortalecer los nuevos modelos de educación presencial y también virtual. Estamos claros que la pandemia ha acelerado muchos procesos y cambiará la educación para siempre. Esto puede ser una gran oportunidad para mejorar aún más la calidad y disminuir la inequidad en el acceso a la educación. (Delfino.cr,12-10-2020)

Una de las soluciones al problema de conectividad de los estudiantes, es el proyecto de alfabetización digital que pretende utilizar recursos del Fonatel para proveer de equipo y conexión a internet a hogares de las zonas rurales, sin embargo algunos especialistas consideran que este proyecto no resolvería la brecha digital existente en el acceso a las tecnologías de comunicación y a la educación de los sectores de escasos recursos.

Según la CEPAL, “los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”.

“La diferencia entre los estratos económicos más altos y más bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital”, subrayó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.  (CEPAL, Informe especial covid-19, # 7,2020)

La brecha digital en la educación, es una de las mayores expresiones de la desigualdad social y económica vigente y uno de los mayores desafíos de equidad del desarrollo nacional, el cual se ha agudizado durante la pandemia y demanda una solución integral e impostergable.

 

Imagen: Semanario Universidad.

La clase política no le teme al pueblo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Así sentenció la diputada guapileña Yorleny León, la decisión tomada en la Asamblea Legislativa, con el apoyo del gobierno, para imponerle al país un conjunto de leyes tendientes a favorecer a quienes tomaron la decisión, de acabar con lo que quedaba del estado de bienestar en este país.

La reunión que por primera vez tuvo la Junta Directiva de la CCSS con el Presidente Alvarado en lo que va de este gobierno, fue para anunciarles, a través del Ministro de Hacienda y acompañados del Presidente del Banco Central, que no hay dinero para salvar la Caja Costarricense del Seguro Social. Una acción muy coordinada, como todas las que ha hecho este gobierno. No hay casualidades.

El escándalo fue tal, que Carlos Alvarado tuvo que salir a desdecirse, a su mejor estilo, inmediatamente al día siguiente. De paso informó que crearía una comisión para resolver el mal entendido, ahora la Caja está en más peligro que antes, a pesar de las poses.

Para destruir este legado de Calderón Guardia, apoyado por Manuel Mora, Monseñor Sanabria y defendido con generosidad por José Figueres, muy a pesar de la oligarquía del 48, contaron con el apoyo de economistas y funcionarios que erosionaron poco a poco las finanzas de la Caja. Reducir en un 75% el aporte patronal, fue una estocada al corazón de la institución. Rendir cuentas sobre lo que aquí pasó, es una responsabilidad constitucional inmediata, que debe cumplirse como lo establece el Art. 11 y afrontar penalmente las responsabilidades.

En este país sobra el dinero, sino no se lo robarían. Que lo estén guardando para otros intereses es otra cosa, porque cuando se trata de rescatar de los problemas a la mafia política, no les ha temblado el pulso nunca, para arrebatarle inmoralmente a la ciudadanía sus recursos. Así se han perdido fondos de pensiones, el valor del ahorro y ni qué decir de los impuestos que evadieron o eludieron, para los que nunca hubo interés en vigilar.

Ahora resulta que de ninguna manera se puede hacer un crédito puente para rescatar la Caja, tampoco se puede repatriar parte de los recursos del Banco Central que tiene invertidos en el exterior; mucho menos tocar los abundantes recursos de SUTEL o que el sistema cooperativo haga un préstamo. Jamás poner un impuesto a la riqueza, como se atrevió el viejo Figueres para rescatar la hacienda pública, porque ya lo advirtió una de las cámaras: “nada de impuestos y menos impuestos solidarios”. Gobernantes de esos, ya no hay.

Siempre he reconocido en Oscar Arias su visión, al establecer como compensación social por el Ajuste Estructural, la puesta en marcha desde el CNP, del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Lastimosamente la corrupción y la impunidad torpedearon esa importante herramienta, pero sigue disponible y ahora se requiere para dotar desde la ciudadanía que va a quedar en la pobreza, parte importante de los suministros que la Caja requiere, así se reparte riqueza.

Roberto Artavia figura destacada del INCAE y ayudando al gobierno, ha advertido que no se puede pensar y actuar como se hacía antes de marzo, para enfrentar las secuelas del COVID 19. Hasta él reconoce que ahora la política debe humanizarse, porque debe restituirse la credibilidad institucional, pero cuidado si algunos van más por un botín, que sacar adelante este país.

Es el momento del diálogo, al estilo costarricense, de frente, entre todos, sin privilegios.

No se trata de reunir los amigos del gobierno y decir que ésos representan al país y que definirán el futuro de Costa Rica.

No, ninguno de esos me representa.

Hoy más que nunca, el diálogo debe ser sin exclusiones, sin miedo a los disensos, porque hay que construir consensos, para reconstruir el país y mantener la paz.

Carlos Campos Rojas
24 de abril de 2020
A cincuenta años de ALCOA.