La reciente aprobación de la reforma al artículo 23 de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad señala lo siguiente:
«Artículo 23- Para su funcionamiento, las organizaciones comunales regidas por la Ley N.° 3859, “Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)” y sus reformas de 7 de abril de 1967, y su reglamento pueden adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier tipo, realizar toda clase de operaciones lícitas, dirigidas a la consecución de sus fines, implementar emprendimientos socio-productivos, bajo la figura de microempresas comunitarias, para labores de mantenimiento de infraestructura comunal pública, de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios.
Se autoriza a las entidades públicas y a los gobiernos locales a realizar convenios y/o contratos con esas asociaciones, para que de manera planificada y con cargo a los recursos de los entes públicos, las asociaciones puedan prestar servicios de mantenimiento de infraestructura comunal pública, de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios, para generar empleo y propiciar el desarrollo socioeconómico en las comunidades, en apego a los requisitos técnicos y mediante el procedimiento de contratación que corresponda y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratación Pública.”
Con esta reforma, las organizaciones comunales pueden operar como microempresas socio-productivas y así, tener la posibilidad de ofertar para el Estado en obra pública.
Uno de los ejemplos de éxito del plan piloto que motivó a esta reforma, es el proyecto de microempresas de mantenimiento vial de la red vial cantonal que ha permitido que 12 personas del distrito de San Carlos, en el cantón de Tarrazú, tengan un trabajo y puedan llevar alimento a sus casas y sacar adelante a sus familias.
Según un video publicado por el medio “Canal Altavisión”, estos funcionarios realizan labores de mantenimiento de las vías, alcantarillas, cunetas y señales de tránsito, además de que recolectan basura. Su contrato durará por tres años aproximadamente y esperan seguir ampliando este tipo de proyectos.
En la sesión comunitaria del sábado 18 de junio 2022, las comunidades cuestionaron al Presidente del Concejo Municipal de León Cortés, Francisco Mena, ¿por qué el Alcalde y algunos regidores y funcionarios nos dejan de ser cómplices de la empresa y se dedican a cumplir con la ley de manejo de desechos?”. Además señalaron la mentira sobre “Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito”, cuando ni siquiera respondió las solicitudes de las comunidades, para favorecer a la empresa”.
SETENA no concedió Audiencia pública y dice que no hay oposición
Miércoles 22 de junio, a la 1 pm, habrá manifestación en SETENA y se pide acompañamiento
Tras 10 años de oposición las comunidades de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, enfrentan nuevamente a la SETENA por darle “viabilidad ambiental” al proyecto de gasificación de la empresa Agropecuaria 7048, con la RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA, del 16 de junio 2022. El miércoles 22 de junio, a la 1 pm, se manifestarán en SETENA para entregar un RECURSO DE REVOCATORIA de la Resolución y exigir respeto a las poblaciones y a los ecosistemas de la región. Para esa actividad las comunidades de Los Santos piden acompañamiento a otras organizaciones del país, pues se trata de un problema nacional.
“¿De dónde llegarían a Los Santos las 175 toneladas de basura diarias que requiere la planta gasificadora, si entre Dota, Tarrazú y León Cortés generan 18,7 toneladas y sin aplicar el manejo que exige la Ley 8839?” ¿Por qué algunos regidores, el Alcalde y algunos funcionarios nos dejan de ser cómplices de la empresa y se dedican a cumplir con la ley de manejo de desechos?”, fueron preguntas que más de 120 personas le hicieron al Presidente del Concejo Municipal de León Cortés, el pasado sábado 18 de junio en Los Santos.
Nunca se realizó una Audiencias pública
La indignación de las comunidades se hizo más evidente pues SETENA desconoció todas las oposiciones sociales y razones científicas, técnicas y legales que por años las comunidades, ASADAS y ADIS y organizaciones nacionales, con las que se demostraron incontables debilidades que nunca fueron respondidas por la empresa. Las comunidades solicitaron reiteradamente audiencia pública, como con el oficio entregado el29 de septiembre de 2021 a SETENA, firmado por 55 personas de organizaciones sociales legalmente constituidas. En el INF-TEC-DT-DEA-0548-2022, 6 de junio de 2022, la misma SETENA le indica a la empresa que debe notificar a los “apersonados” y “opositores” que suman 2008 personas, pero la Comisión Plenaria desconoció a sus mismos técnicos que concluyeron que la empresa “NO CUMPLE” y le otorgó la viabilidad al proyecto. En varias oportunidades la SETENA le amplió plazos a la empresa, aún cuando había prórrogas vigentes. De manera insólita, la resolución de SETENA indica “Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito”, cuando ni siquiera respondió las solicitudes de las comunidades, para favorecer a la empresa.
Dirección de Aguas del MINAE denegó permiso a la empresa
Atentando directamente contra el derecho humano al agua, la SETENA también desconoció la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, DA-2050-2021 que claramente concluyó “que el punto de perforación” solicitado por la empresa “se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”, que establece que “Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”. La empresa cambio de sitio de perforación pero en los estudios se omitieron todos los riesgos para la zona de protección.
Otra gravísima omisión de la SETENA es que desconoció el Reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones de instalaciones para coincineración, Nº 39136-S-MINAE, pues omite la existencia del centro educativo del INA en Los Santos, que está a menos de 1000 metros del sitio de posible construcción.
Tampoco se atendieron los razonamientos sobre los impactos negativos para las actividades turística, recreativa y agropecuaria en la región y la posible recuperación de la biodiversidad en el “Corredor Biológico Los Santos-San Pablo de León Cortes”, para lo cual está próximo a firmarse la creación de un área protectora de los Cerros de Los Santos, incluido el cerro El Abejonal, donde se instalaría la gaificadora. Tampoco se indica nada sobre el manejo de los residuos industriales y tóxicos que la planta emitirá.
La zona de impacto directo de la gasificadora está dentro del área de protección de la naciente de Frailes de Desamparados, no respeta la distancia de ley del centro educativo del INA y pone en riesgo zonas de producción agrícola.
Con el fin de ampliar el apoyo de organizaciones nacionales comunitarias, ambientales, ecologistas y que promueven prácticas de manejo integral de los residuos de acuerdo con la Ley 8839, desde Los Santos se emitieron formatos para recolectar firmas que señala:
“RECHAZAMOS LA RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA/GASIFICADORA EN LOS SANTOS
Con esta Resolución SETENA desconoce la TOTAL OPOSICIÓN de las comunidades de León Cortés, Tarrazú, Dota y Desamparados, y de organizaciones sociales de todo el país, y favorece, sin fundamentos técnicos, sociales ni científicos a la empresa promotora. Rechazamos también el papel cómplice de la Municipalidad de León Cortés que desde hace una década ha facilitado este proyecto rechazado por la población. Rechazamos que Los Santos se convierta en una región importadora de 175 toneladas diarias de basura, y exigimos que las municipalidades apliquen plenamente la Ley 8839. Nos sumamos al RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA”.
Sesión Final del Programa Modular de Formulación de los Planes de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Municipal.
En el marco del proyecto dirigido a Municipalidades denominado Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal (PCDSVC) este jueves 25 de agosto se realizó la última sesión conjunta correspondiente al bloque número dos.
La actividad inició en una primera parte donde los grupos de trabajo de las Municipalidades se concentraron en la revisión de su Plan Quinquenal.
De esta manera, cada participante con la asesoría de Catalina Vargas representante del LanammeUCR, Jazmín Pereira y Ángel Ortega, académicos de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA; pudieron evacuar dudas, realizar cambios, revisar las observaciones, recomendaciones y preparar su presentación y exposición de los resultados finales del proceso.
Durante la segunda parte de la actividad se procedió a que cada una de las Municipalidades presentes (Mora, Tarrazú, Dota, Turrubares, Acosta, Santa Ana y Puriscal) expusieran dicho documento ante los coordinadores del proyecto (EPPS-UNA-UCR) y antes los demás Gobiernos locales.
Cada uno de los planes dejó ver ciertas similitudes en las propuestas, pero siempre destacando las diferencias que se marcan en cada cantón, así, la Municipalidad de Santa Ana planteó la importancia de solventar el congestionamiento vial existente en este cantón. Aunado a esto con respecto a la elaboración del PCDSVC, el señor Alcalde Gerardo Oviedo Espinoza manifestó que: “estos instrumentos nos permiten planificar mejor nuestro territorio”.
Por otra parte, la Municipalidad de Dota estableció entre sus políticas ser garante de la transitabilidad vial, tanto de vehículos como peatones y además, la importancia de la participación ciudadana en la planificación e inversión de los procesos de intervención vial. Asimismo, este grupo de funcionarios municipales reunidos en el cantón de Mora manifestaron como aprendizaje del proceso, haber comprendido el aporte que la planificación le puede generar al gobierno municipal, mediante la definición y orientación de su desarrollo
En su exposición el equipo de la UTGVM de Puriscal acotó, que en su cantón se hace necesario priorizar la seguridad vial de los peatones en las rutas con mayor cantidad de población. De igual forma, los representantes municipales del cantón de Mora manifestaron durante su intervención, que un tema ineludible para ellos, es mejorar la condición de los sistemas de canalización de aguas pluviales en su Red Vial.
La Municipalidad de Turrubares estableció que dentro de su propuesta de políticas, se está incluyendo como un tema transversal, concertado y conciliatorio la gestión ambiental, con el objeto que en cada uno de los proyectos viales, éste tema sea considerado.
Del mismo modo, el municipio de Tarrazú dijo que es importante implementar procesos de mantenimiento en los caminos con un sistema de drenaje apropiado y eficiente a cada caso. Además, consideran como parte de los aprendizajes obtenidos, que el plan quinquenal es un proceso de mejora y retroalimentación continúa.
Finalmente, los representantes del Gobierno Local de Acosta expresaron que dentro de sus políticas viales, el soporte a la actividad productiva es fundamental, para lo cual se proponen mejorar la condición de las rutas que conectan a sus diferentes distritos.
El proceso concluye con la entrega de parte de cada uno de los equipos de las 7 municipalidades participantes, del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, elaborado durante los últimos seis meses. Este producto será revisado por parte de los equipos académicos, el MOPT y GIZ, con el objeto de hacer las observaciones para su mejora y conclusión final.
Enviado a SURCOS Digital por M.s.c Efrain Cavallini, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.