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Etiqueta: tasa de reemplazo

¿Dos fondos para el ROP? Análisis de la propuesta de la SUPEN para personas jóvenes y cercanas a pensionarse

El asesor sindical de la ANEP-CCSS, Juan Carlos Durán Castro, valora los efectos para las personas afiliadas jóvenes y las cercanas a pensionarse, y advierte sobre la edad de corte, la libertad de elección y las reglas de transición.

El asesor sindical preparó unos “apuntes de lectura necesaria” ante la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para reorganizar el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con miras a un debate nacional sobre el sistema de pensiones.

La propuesta

Según explica Durán Castro, la SUPEN propone que el ROP deje de administrarse en un único fondo y se divida en dos fondos especializados:

  • un Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP), para personas afiliadas menores de 55 años, con una orientación al crecimiento de largo plazo;

  • un Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), para personas de 55 años o más y personas pensionadas, con una estrategia más conservadora, orientada a preservar el capital y reducir fluctuaciones.

El razonamiento técnico de la SUPEN, señala el autor, parte de una idea muy usada a nivel internacional: una persona joven puede asumir más volatilidad porque tiene décadas para recuperarse de pérdidas temporales, mientras que una persona cercana a jubilarse tiene menos tiempo para hacerlo.

Durán Castro cuestiona el fondo de esa lógica. Sostiene que equivale a “trasladar el riesgo a las personas y que la mano invisible del mercado ‘regule’ la suerte de cada uno”, y que “tal falsedad y riesgo” no parecen de recibo “en medio de un momento en que el naufragio capitalista resulta evidente”. Rechaza además el término “minusvalías”, porque a su juicio “intenta disfrazar la pérdida de rendimientos reales de la gente, justificando la supremacía riesgosa del mercado sobre el Estado”.

Dos casos: 25 y 63 años

Para ilustrar los efectos, el autor analiza dos perfiles.

Una persona afiliada de 25 años, con 35 a 40 años por delante antes de jubilarse:

  • Ventajas:

    • Podría tener mayor rentabilidad esperada, “lo cual sigue siendo una promesa, con ropaje de riesgo”.

    • Aprovecharía mejor el interés compuesto. Como ejemplo, ₡10 millones que crecen al 5 % durante 40 años llegarían a unos ₡70 millones, y al 7 %, a unos ₡150 millones.

    • Tendría menos necesidad de liquidez inmediata.

  • Riesgos:

    • Mayor volatilidad, con años de pérdidas en los rendimientos, sobre todo en crisis internacionales.

    • Un “riesgo conductual”: que algunas personas afiliadas se alarmen ante las pérdidas y presionen para cambiar el sistema.

Una persona afiliada de 63 años, que planea pensionarse a los 65 con ₡40 millones acumulados:

  • Ventajas:

    • Menor exposición a pérdidas justo antes del retiro, que el autor considera el principal beneficio.

    • Mayor estabilidad y certeza sobre el monto disponible.

    • Protección de lo ya acumulado.

  • Desventajas:

    • Menor rentabilidad futura.

    • Riesgo de que la inflación erosione el poder adquisitivo si la cartera es demasiado conservadora.

    • Una “transferencia temprana”: si el corte es a los 55 años, una persona que piensa trabajar hasta los 67 o 70 pasaría demasiado pronto a una estrategia conservadora.

Los puntos en debate

El autor plantea tres temas que, a su juicio, merecen especial atención:

  1. La edad de corte. Considera que los 55 años son “probablemente el punto más discutible”. Otros sistemas usan los 60 años, un corte de 10 años antes de la jubilación o esquemas graduales, y un corte fijo “puede resultar arbitrario”.

  2. Dos fondos o fondos generacionales. Ve la propuesta como una solución intermedia mientras siguen suspendidos los fondos generacionales. Desde una perspectiva técnica, considera que estos suelen ser superiores porque reducen el riesgo gradualmente, evitan cambios bruscos y se ajustan mejor al ciclo de vida.

  3. La libertad de elección. Si las personas afiliadas pueden escoger fondo, existe el riesgo de que alguien de 63 años permanezca en un fondo agresivo, o alguien de 25 en uno excesivamente conservador. Por eso, “la educación financiera pasa a ser clave”.

Conclusiones y advertencias

Si se analiza solo el interés de las personas afiliadas, el autor estima que el impacto sería “muy favorable” para quienes tienen 25 años, por el mayor potencial de crecimiento del ahorro, y “solo favorable” para quienes tienen 63, por la mayor protección del capital acumulado. Desde una óptica técnica, considera que la propuesta de la SUPEN “parece avanzar en la dirección correcta”, aunque un sistema de fondos generacionales completos seguiría siendo “una solución más sofisticada”.

Sin embargo, advierte sobre la relación con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Según Durán Castro, se ha difundido la idea de que la tasa de reemplazo del IVM se complementa con la del ROP, “aunque así no fue la idea inicial”. Señala que, como consecuencia de las reformas recientes, las cohortes que se pensionan en estos años obtienen tasas de reemplazo menores que las de generaciones anteriores. Por ello, plantea que deben definirse reglas de transición que no afecten a las últimas cohortes de la generación baby boomer, que en su mayoría tienen una buena cantidad de cotizaciones y ya han pasado por cuatro modificaciones reglamentarias.

Pago de pensiones del IVM revela desigualdades territoriales

UNA. Un pensionado de Río Cuarto de Alajuela puede recibir, en promedio, una pensión de 159.597 colones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); mientras que un jubilado que resida en Montes de Oca obtiene, en promedio, 470.062 colones.

Lo anterior es reflejo de las desigualdades territoriales en las pensiones pagadas por el IVM, el régimen más grande del país, que cobija a 399 mil jubilados.

Este es parte del análisis que hace el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), como una extensión del informe Análisis territorial e importancia macroeconómica del IVM.

En una primera entrega de este informe, el estudio hizo una aproximación detallada sobre la población cotizante. Ahora, se hace un análisis que responde a la pregunta ¿dónde están los pensionados del IVM en Costa Rica?

Las desigualdades territoriales permiten establecer que diez cantones pagan las pensiones más altas en el país, con montos promedios que oscilan entre 478.417 colones (Curridabat) y 370.760 colones en San Isidro. Los otros cantones que conforman esta lista son Montes de Oca, Moravia, San Pablo, Escazú, Santa Ana, Belén, Tibás y Santo Domingo.

La otra cara de la moneda son los cantones con los montos promedio de pensión más bajos. Los montos van desde los 159.597 colones en Río Cuarto hasta los 191.647 colones en León Cortés. La lista la completan Guatuso, Guácimo, Talamanca, Sarapiquí, Tarrazú, Alvarado, Matina y Parrita.

Esta comparación permite determinar que los montos más elevados se concentran en cantones de la gran área metropolitana (GAM), mientras que los más bajos se ubican en la zona rural del país.

Leiner Vargas, economista y coautor del estudio, confirma la existencia de esta desigualdad, la cual atribuye al fenómeno de un mercado laboral que refleja distorsiones significativas entre regiones para optar por una posterior a futuro. Para el investigador del Cinpe-UNA, es claro que la distribución de oportunidades de empleo entre el campo y la ciudad muestran grandes diferencias salariales y, por ende, en los aportes.

“La pensión del IVM representa un 60% del último salario reportado. Entonces, si la persona está recibiendo 200 mil colones, como se refleja en algunos cantones rurales o costeros, quiere decir que esas personas ganaban entre 350 mil y 400 mil colones cuando estaban trabajando”, ejemplificó Vargas.

El dato no pasa desapercibido a la luz de las 20 propuestas que presentó la Gerencia de Pensiones a la Junta Directiva de la CCSS para darle sostenibilidad financiera al régimen del IVM y que incluye, entre otros aspectos, reducir la tasa de reemplazo (monto que reciben las personas jubiladas) de un 60% a un porcentaje que se ubique entre un 40% y un 43%.

Para Vargas, medidas como estas derivadas de los datos de pago promedio de pensiones, ocasionarían un castigo a las personas pensionadas, quienes deben lidiar con ingresos que muchas veces son insuficientes.

“Estamos hablando de miles de familias que dependen de esa pensión, personas que viven solas o que conformen unidades familiares más grandes, con un cónyuge o a veces que tienen a su cargo incluso a nietos. Si aceptáramos la propuesta de la Gerencia de Pensiones de la Caja, que esperamos discutir pronto, llevaríamos esos ingresos a niveles raquíticos de 100 mil o 150 mil colones”, manifestó Vargas.

Es entonces cuanto el tema de pensiones y su propuesta de sostenibilidad de largo plazo se puede convertir en una bomba de tiempo con perspectiva social y económica, sobre todo, en territorios de alta vulnerabilidad.

“Se afectaría la dinámica de muchos cantones porque dependen en gran medida del consumo que realicen estas personas. Estamos hablando que utilizan su pensión, por ejemplo, para ir a la pulpería, al mercado, tomar un taxi para ir a la clínica, asistir a la feria del agricultor. Es impactar todo un ecosistema económico local”, puntualizó.

¿Pensiones de lujo?

A partir del análisis desagregado de montos promedios de pensiones, Vargas también hizo énfasis en un mito que, considera, se ha posicionado a nivel mediático y que debe derribarse: en el IVM no hay pensionados de lujo, afirma.

“Es injusto catalogar a todos los sistemas como de lujo. En el régimen IVM, en el que cotizan la gran mayoría de costarricenses, no hay pensionados de lujo. Hoy la pensión máxima a la que pueden aspirar es de un 1.700.000 aproximadamente. Si vemos los rangos promedio de pensión por cantón tan bajos y nos vamos a zonas rurales a ver estas realidades es cuando más debemos quitarnos el chip que nos han querido insertar y más bien entender que muchas personas viven, como se dice popularmente, raspando la olla”, aclaró Leiner Vargas.

Por el contrario, estima que al ser un sistema de reparto, el IVM se convierte en un pilar de la solidaridad social del país, al establecer montos mínimos y máximos de pensión que una persona puede obtener, “de manera que al establecer una especie de piso, nos dice que ningún abuelito o abuelita que haya cotizado a la seguridad social lo vamos a condenar a ser pobre solo por no tener una pensión digna”.

Otro aspecto que resalta de la investigación, basada en datos oficiales proporcionados por la Gerencia de Pensiones de la CCSS, es que un 45.62% de las personas pensionadas se concentran en 10 cantones del país. San José lidera la lista con un 12.20% del total de jubilados, seguido de Alajuela (6.02%), Desamparados (5.47%), Goicoechea (4.30%), Cartago (4.02%), Heredia (3.65%), Pococí (2.60%), San Carlos (2.50%), La Unión (2.47%) y Puntarenas (2.38%).

A nivel comparativo, se concluye, además, que la población pensionada del IVM está más distribuida que la cotizante (un 55% de los cotizantes se concentran en 10 cantones).

En cuanto al gasto de las pensiones, los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Goicoechea, Heredia y Cartago lideran la lista.

Para Leiner Vargas, la dimensión territorial debe ser considerada en el análisis de propuesta de soluciones a largo plazo del IVM. “Debemos tener esa discusión sobre quién debe llevar el peso del ajuste en las pensiones. La cuota de los trabajadores que se ajustó desde el 2018 ha venido aumentando paulatinamente, mientras que la carga social de las empresas como patronos es significativa. Debe ponerse sobre la mesa la deuda millonaria del Estado y la forma de pago que debe definirse”, indicó.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría plantea a la CCSS ruta alternativa para fortalecer el IVM

  • Defensoría advierte que la tasa de reemplazo no debe ser inferior al 60%, rechaza medidas que reduzcan el monto neto de las pensiones y propone una reforma estructural con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad social y responsabilidad institucional.

La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a la propuesta que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de cargas sobre las personas aseguradas o medidas que disminuyan el ingreso neto de las personas pensionadas.

La posición institucional parte de una premisa clara: la sostenibilidad financiera del IVM debe garantizarse sin debilitar el derecho humano a la seguridad social ni trasladar el costo principal del ajuste a las personas trabajadoras, futuras pensionadas y pensionadas. La Defensoría reconoce la existencia de presiones financieras, demográficas y laborales sobre el régimen; sin embargo, considera que la respuesta debe ser integral, progresiva, equitativa y técnicamente sustentada, no una reforma que tenga como eje los ajustes paramétricos.

La Gerencia de Pensiones de la CCSS remitió a la Junta Directiva el informe técnico “Alternativas de fortalecimiento para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones”, en el cual se identifican 20 propuestas organizadas en tres categorías: diez cuantificables, cinco estructurales y cinco administrativas. Entre ellas se incluyen el ajuste de la tasa de reemplazo básica, la contribución de las personas pensionadas al Seguro de Salud, el aumento de 300 a 360 cuotas como requisito para pensión ordinaria, medidas de financiamiento alternativo, fortalecimiento de la gobernanza, diversificación de inversiones y creación de una Mesa Técnica Nacional de Pensiones.

Frente a esas propuestas, la Defensoría sostiene que cualquier reforma debe preservar una tasa de reemplazo suficiente. En particular, la Institución considera que la tasa de reemplazo integral no debe ser menor al 75% (IVM + ROPC), y que este umbral debe analizarse no solo en términos brutos, sino también en función del ingreso neto efectivamente recibido por la persona pensionada. Por ello, advierte que una eventual contribución al Seguro de Salud tendría un impacto directo sobre el monto final de la pensión, pues reduciría la tasa de reemplazo neta en aproximadamente cinco puntos porcentuales, afectando de manera especial a quienes dependen casi exclusivamente del IVM para cubrir sus necesidades básicas.

La Defensoría también expresa preocupación ante propuestas que impliquen elevar el número de cuotas requeridas sin un diseño proporcional y diferenciado. En un mercado laboral caracterizado por informalidad, trayectorias contributivas fragmentadas, brechas de género y dificultades de inserción laboral formal, aumentar requisitos sin medidas compensatorias podría excluir a personas que han cotizado durante años, pero que no logran completar las condiciones exigidas para acceder a una pensión ordinaria.

En consecuencia, la Defensoría plantea que debe valorarse una pensión proporcional a lo cotizado, de forma que las personas aseguradas que no alcancen la totalidad de cuotas requeridas no queden completamente desprotegidas. Esta alternativa permitiría reconocer el esfuerzo contributivo acumulado, fortalecer la legitimidad del sistema y evitar que la reforma genere nuevas formas de exclusión en la vejez.

“La sostenibilidad del IVM no debe construirse debilitando la suficiencia de las pensiones. Una reforma legítima protege el derecho a la seguridad social, amplía la base contributiva, mejora el cobro, fortalece la gobernanza y garantiza que las cargas se distribuyan con justicia. La Defensoría no acompaña medidas que reduzcan la protección efectiva de las personas pensionadas ni de quienes están próximas a pensionarse”, señaló.

La Defensoría de los Habitantes planteó estas objeciones en las diferentes reuniones del Equipo Técnico que acompañó a la Gerencia de Pensiones en la elaboración de la propuesta a la Junta Directiva de la CCSS; por tal motivo remitirá una posición técnica con alternativas centrales para atender la situación del IVM desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad social.

Entre los aspectos que aborda el documento técnico, que remitirá la Defensoría, se plantea que el problema del IVM no puede analizarse aisladamente de la informalidad laboral, las brechas de género, la baja densidad contributiva, las deudas con la seguridad social, las debilidades de cobro y la necesidad de mejorar la gestión institucional. Por ello, propone una ruta integral basada en ampliación de cobertura, formalización laboral, recuperación de obligaciones, transparencia, financiamiento solidario y mejor administración de las reservas.

La Defensoría considera que la discusión nacional sobre el IVM debe partir de información actuarial actualizada, análisis de sensibilidad, valoración de impactos por género, edad, ingreso, ocupación y condición laboral, así como de una deliberación pública transparente. La Defensoría advierte que adoptar medidas regresivas sin agotar alternativas menos gravosas podría debilitar la confianza ciudadana, incentivar la informalidad y afectar la legitimidad del sistema.

La Defensoría reiteró que el IVM constituye el principal régimen contributivo de pensiones del país y que su fortalecimiento es indispensable para proteger la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Sin embargo, insistió en que la sostenibilidad financiera debe armonizarse con la suficiencia de las prestaciones, el principio de solidaridad y la obligación del Estado de garantizar progresivamente el derecho a la seguridad social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes