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Etiqueta: territorios indígenas

Nuevo incendio en China Kichá

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SURCOS comparte el siguiente comunicado:

  • Alrededor de la 1 p.m. del 27 de febrero, recuperadores y recuperadoras identificaron un nuevo incendio en la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö en el Territorio Cabécar de China Kichá. 

El día de ayer, domingo 27 de febrero alrededor de la 1 p.m. personas recuperadoras identificaron un nuevo incendio en la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö. Al ser las 7 pm, alrededor de 12 hectáreas han sido afectadas por el incendio. 

Hasta el momento no hay ningún sospechoso (a) de iniciar el fuego. Sin embargo, éste sucede en medio de la escalada de violencia que ha enfrentado el Pueblo Cabécar de China Kichá en lo que va del mes de febrero. Sólo este mes alrededor 7 incendios han sido identificados en el Territorio de China Kichá, así como violencia física contra las personas recuperadoras; último conato reportado fue el día de hoy por la mañana. 

Insistimos en que el Territorio Cabécar de China Kichá atraviesa una escalada de violencia en lo que va del año, especialmente en el mes de febrero. Esta escalada ha dejado personas recuperadoras seriamente heridas por ataques físicos en su contra, además de las afectaciones por la quema de un número importante de hectáreas de los terrenos recuperados. Desde el 2020 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) identificó a los incendios como un forma de hostigamiento y agresión en contra. 

Exigimos al Estado que retire a las personas no indígenas y que no pertenecen al Pueblo Cabécar de nuestro Territorio. Esta es la única medida que garantizaría el disfrute de nuestros derechos como Pueblos indígenas. 

Palabras de la madre de Jerhy Rivera

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Palabras de la madre de Jerhy Rivera[1]

Transcribo literalmente el mensaje enviado por doña Digna Rivera al programa Voces y política de la Radio Universidad de Costa Rica. Aunque el Semanario Universidad publicó algunos fragmentos de esta intervención, considero fundamental conocer lo que esta madre angustiada tiene que decirle a toda la sociedad costarricense:

“Un saludo para todos aquellos luchadores hermanos y hermanas indígenas de los territorios indígenas.  Para toda aquella persona solidaria que nos entiende y nos apoya, un gran saludo.

Con respecto a la conmemoración del segundo año de la muerte de mi hijo, ha sido para mí una situación que he enfrentado con humildad ante Dios y con esperanza en que las leyes se cumplan un día en Costa Rica.   Hoy nos encontramos a dos años y espero que durante lo que dure el proceso de esta situación poder tener la oportunidad de pedirle a Dios justicia por lo que ha sucedido anteriormente y por lo que puede suceder, que nos dé la tranquilidad de no pasarnos, de entender las cosas porque el asesinato de mi hijo, en estos dos largos años que he tenido de análisis y comprensión, de buscar una respuesta por lo menos en mi corazón, me parece que les sirve a los grandes políticos.  Son los grandes interesados de que nosotros no tengamos las tierras.

Porque mi hijo murió por defender el derecho legal de las tierras indígenas que como territorio indígena nos pertenecen en el territorio de Térraba y en todos los demás territorios.  Consciente de que no todos los territorios viven lo que nosotros vivimos porque nuestro territorio ha sido pequeño siempre y en una gran extensidad, pues seguro no se echa de ver tanto el acoso, el asedio, el robo de las tierras como sí lo vivimos nosotros.

Felicito a todos aquellos hermanos y hermanas valientas que nos han acompañado, que han hecho lo posible de adquirir tierras en nombre de mi hijo.  Eso para mí ha sido una gran ayuda, una gran satisfacción.

Hoy a ustedes como noticieros[1] que no desmayen, que no descansen, que siempre se pueda denunciar lo que sufrimos los pueblos indígenas. Creo que no ha sido bonito para nosotros y creo que no ha sido bonito para ningún pueblo indígena perder un compañero, un luchador, un entregado a la lucha y la defensa de los derechos, aparte de ser hijo, hermano, sobrino, nieto, padre que lo sufrimos en carne propia, también se nos va una pieza importante de los valientes que se atreven a salir a reclamar por nuestros derechos.

Si bien es cierto que tenemos unos territorios declarados, quizás no conocemos todo lo interno, lo que se habla y no se escribe, pero que llevan en las mentes muchas personas y que se valen hoy de hacer caso omiso a los sufrimientos, a las denuncias que hacemos, al reclamo territorial que hacemos, al sufrimiento que muchos no se atreven a decir porque temen por su vida, todo lo entendemos, pero de eso se está valiendo el sistema político que habla de derechos, que habla de respeto a los derechos humanos, que se habla de que somos un país de leyes, un país de democracia, pero yo creo, a mi poco entender, la democracia debe ser donde todos tengamos lo que nos corresponde y se nos respete donde estamos y lo que nos corresponde también en este caso del territorio indígena, porque eso es lo que nosotros necesitamos.

A nosotros no nos interesa de que nos hablen de grandes riquezas, de grandes desarrollos del país que tampoco los vemos en ninguna parte, cuando en nuestro territorio no podemos desarrollarnos ni siquiera en competir entre nosotros mismos porque todos estamos viviendo una marginación, un despojo, un desprecio de la presencia de nosotros como humanos en el país.

Para mí, como pueblo indígena, y como una india que soy y como una madre luchadora que he sido y como una hija de una madre luchadora que también tuve, no puedo aceptar que simplemente nos vengan a decir una mentira los políticos y a irse. Esto que estoy diciendo es porque el 24 de febrero o el 26 de febrero del año 2020 que sucedió este caso, el gobierno se sentó aquí, sus representantes que enviaron, se sentaron aquí a decirnos que no estuviéramos metiéndonos en las tierras porque en dos meses nos las iban a entregar porque el gobierno tenía una deuda con los pueblos indígenas y que esa deuda estaba pendiente y por eso nos iban a entregar las tierras que estábamos tomando en esos días.

Eso fue, como dicen, una tomada de pelo, una burla y me lastima porque muchas veces esos representantes son algunos indígenas, otros que estaban en el gobierno, otros que representan el sistema legal en Costa Rica y otros que los enviaron como representantes o escuchadores del diálogo ciudadano.  El diálogo ciudadano no simplemente es que hablemos, tampoco es que nos estén mintiendo porque no somos niños, somos personas luchadoras que entendemos muy bien, pero por la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, nuestros hermanos y sobrinos, a veces tenemos que ceder no porque creamos sino porque nuestra lucha no es enseñar a nuestros hijos o nuestros descendientes a ser criminales a la vista y a la paciencia de los estados, no ellos son seres humanos que necesitan vivir disfrutando de sus tierras y de sus territorios, de sus culturas.

Por eso he vivido dos años de angustia”.

Lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestra voz contra el atropello cotidiano que viven los y las habitantes de los territorios indígenas.

Isabel Ducca D.

[1] Se refiere al programa Voces y Política de la Radio Universidad de Costa Rica.

El programa completo de Voces y política puede escucharse en: https://radios.ucr.ac.cr/programa/radio-universidad/voces-y-politica/

Justicia para Jerhy Rivera

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Por Mauricio Álvarez Mora. Coordinador del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes», docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA.

Hoy 24 de febrero se cumplen dos años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán.

Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven, fue un valiente y vehemente dirigente indígena, luchó contra el despojo de tierras y la discriminación hacia los pueblos indígenas, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando por la protección del Río Grande de Térraba ante la amenaza de la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís, decía “el río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

El activista fue acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran de Térraba, a la edad de 46 años, como resultado de un linchamiento por parte de usurpadores que han invadido el territorio Brörán. Este devastador acontecimiento involucra de manera directa al Estado, que siendo testigo del hecho, no intervino.

Hoy hace dos años, en horas de la mañana varias familias del pueblo originario Brörán iniciaron una nueva recuperación de su territorio, una de esas familias fueron los Rivera.  Antes de las recuperaciones, los indígenas Brörán solo tenían la propiedad efectiva del 10% de su territorio, mientras el 90% estaba en manos de no indígenas, fincas de ganado de hasta 1000ha están en manos de una sola persona no indígena, así muchas familias fueron expulsadas, viéndose forzadas a migrar fuera de sus tierras, asignadas legalmente.

La respuesta a la recuperación de dichas tierras hace dos años, fue una turba de personas no indígenas que en principio quería, como se dice que expresaban, “tajadear” a machetazos al líder Pablo Sibar Sibar, quien además es investigador indígena de la Universidad Estatal a Distancia. Por milagro no hubo más víctimas, como cuenta la misma familia de Jehry, quienes sobrevivieron a un ataque la noche antes del asesinato, perpetrado por un grupo armado de más de 100 personas no indígenas que ejercieron violencia, “a vista y paciencia” de la Fuerza Pública.

Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad, han marcado la relación del Estado con los territorios indígenas, lo que ha implicado que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenen al Gobierno, tal y como sucedió en 2015 y nuevamente en 2016, tomar medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas de la violencia y las amenazas que sufren por parte de los usurpadores no indígenas, ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.

Dos asesinatos, 16 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 86 actos de violencia dirigidos a pueblos indígenas, registrados solamente durante 2020, evidencian que el gobierno no sólo ha incumplido las medidas cautelares, sino también que es responsable de no intervenir para la detención de la violencia que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales de años pasado hubo un violento ataque contra el dirigente indígena cabécar Leonel García, catalogable como intento de homicidio.

En 2021, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC-IIS) registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades originarias al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y el pueblo Brunca de Rey Curré.

En 2020 el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas, rechazó la solicitud de la prisión preventiva y ordenó la libertad de los sospechosos por el asesinato de Jehry; quienes pasan libres y frecuentemente, frente a la casa de la familia Rivera y el jardín donde descansan los restos del activista. El ente judicial solamente impuso medida cautelar a uno de los implicados.

En octubre de 2021, tras una audiencia preliminar, ese mismo juzgado elevó a juicio la causa contra un sujeto de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.

La información del Ministerio Público apunta que al inicio de la investigación figuraron como imputados dos de los hermanos de apellido Varela, pero que “durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, únicamente se logró vincular a un acusado” con el delito. En síntesis, en dos años no hay asomo de justicia pronta y cumplida.

Sigamos luchando por la justicia y el fin de la impunidad, sumando acciones para que la verdadera democracia llegue a estos territorios.

*edición de estilo Rebeca Arguedas Ramirez, académica UNED

Testimonios de la madre y el padre, familiares y otro líderes indígenas:

Enrique Rivera Rivera
Digna Rivera Navas
Asdrúbal Rivera Villanueva
Pablo Sibar Sibar
Jason Ríos Ríos
Paulino Nájera Rivera

Continúa tensión y agresiones en el territorio cabécar de China Kichá

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El 15 de febrero, alrededor de 200 hectáreas de las recuperaciones de Kono Jú, Yuwi Senaglö y Sa Ka Duwé Senaglö fueron incendiadas por integrantes de la familia Rivera. Familia ampliamente reconocida y denunciada por agresiones en contra de las personas recuperadoras cabécares de China Kichá.

El día 16 de febrero hubo un nuevo incendio en las inmediaciones del río Pejibaye, en la recuperación de Kono Jú. También, cuando los recuperadores Juan de Dios y Efraín Fernández se encontraban inspeccionando el lugar de los daños, fueron interceptados por miembros de la familia Rivera.

Después de este hecho Harold Rivera dijo a los dos recuperadores que él fue el responsable de iniciar el incendio y que lo volvería a hacer cuando le diera la gana. Posteriormente, Jeylin agredió con un palo a Juan de Dios en una de sus manos y Harold golpeó a Efraín. 

En medio de la agresión el teléfono celular de Efraín fue robado, dejando a los recuperadores incomunicados durante varias horas. Esta familia es reconocida como uno de los actores más hostiles contra las personas recuperadoras, quedando como prueba el constante hostigamiento, acoso y agresión de parte de la familia Rivera.

El incendio se fue extendiendo a otras recuperaciones: Yuwi Senaglö y Sa Ka Duwé Senaglö, al menos 200 hectáreas fueron incendiadas. Específicamente en la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö, dirigida por mujeres cabécares, se reportó la quema de árboles frutales, palmas, bejucos y animales. 

La Fuerza Pública al llegar a la zona, únicamente indicó a los recuperadores que no hicieran caso de la familia Rivera. Por otra parte, los bomberos no se han hecho cargo de su trabajo y han ignorado los llamados de las personas recuperadoras. 

Desde el 2020, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ha denunciado a los incendios provocados como una de las múltiples formas de agresión contra los Pueblos Originarios que se encuentran inmersos en procesos de recuperación de tierras-territorios.  

De parte de, las y los recuperadores del Territorio Cabécar de China Kichá se exige: 

  • A la Fuerza Pública que deje de omitir estas agresiones en contra y que proceda con el arresto de quiénes los hostigan. 
  • También al cuerpo de bomberos que se haga cargo de apagar los incendios y asuma su trabajo.
  • Además, al cuerpo Ejecutivo que cumpla con su responsabilidad de: 1) garantizar la integridad física y vidas, así como la del territorio; 2) cumpla con lo estipulado en la Ley Indígena de 1977 y regrese los Territorios Indígenas a sus únicos legítimos y legales poseedores.

Esta última demanda es la única acción que garantiza que en los territorios indígenas disminuya la violencia. 

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

 En el siguiente vínculo está disponible el acceso a Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS, https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur/posts/463589661923104.

Manifestación contra la violencia y la impunidad

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Concentración frente al Poder Judicial miércoles 26 de enero 12:00 mediodía

Más de 100 personas miembros de más de 50 organizaciones indígenas, ecologistas, feministas, culturales, académicas, agroecológicas, campesinas, estudiantiles, laborales, artistas, ecuménicas, etc., se pronunciaron contra la impunidad y la violencia a indígenas, ecologistas y mujeres mediante un manifiesto denominado: ¡Sin Justicia no hay Democracia! y se concentrarán mañana miércoles 26 de enero al mediodía frente al Poder Judicial en San José.

El documento señala que “el sistema judicial de Costa Rica además de ser inoperante: es racista, es machista, y es una vergüenza viciada de burocracia que ha abandonado a los grupos más desprotegidas y a las mujeres del país. La pandemia no nos detendrá para exigir justicia: con tapabocas y buena distancia social nos vamos para la calle a exigir la justicia que nos han negado”. 
Las personas manifestantes enlistan casos de impunidad en los asesinatos de los lideres indígenas Sergio Rojas, Jerhy Rivera, así como el reciente intento de asesinato a machetazos a Leonel García, indígena cabécar de Bajo Chirripó, además de una lista de al menos cinco lideres indígenas y catorce amenazados de muerte en los últimos años. Recuentan el caso emblemático de Alcides Parajeles, campesino ecologistas que lo han vuelto a amenazar, y su vida peligra por defender la naturaleza de Osa.

Les preocupa, además, la inseguridad para las mujeres y el repudiable aumento de los casos de violaciones y feminicidios, principalmente en el Caribe Sur y el Pacífico Norte, sin que la justicia resuelva de forma pronta y cumplida ninguno de los casos.

Exigen a la Corte Suprema de Justicia: “No más impunidad a los asesinos, agresores y violadores. Porque la impunidad propicia la repetición crónica de la violación a los Derechos Humanos. Solicitan que se esclarezcan los asesinatos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas y se dicten sentencias que hagan justicia pronta y cumplida sobre los asesinos. Se considera necesario investigar estos asesinatos y el conjunto de agresiones sufridas por las comunidades indígenas como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Además, piden cárcel para el agresor de Leonel García y que se resuelva de forma expedita el expediente número 21000036-0465-AG-4, ya que la demora en este caso ha permitido mantener la ocupación ilegal del agresor de Leonel García dentro del territorio indígena cabécar.

Solicitan que se “esclarezca las violaciones que han sucedido en Nosara y Puerto Viejo en el 2021-2022 y se facilite de parte del Estado el apoyo a las víctimas para que puedan obtener justicia pronta y cumplida. Se considera investigar el conjunto de agresiones en cada una de estas comunidades como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre los distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Finalmente, solicitan que se “brinde protección y apoyo para la interposición de denuncias a las víctimas de violaciones, amenazas de muerte y agresiones sin que la víctima tenga que desplazarse. Que sea la Justicia quien llegue a la víctima de manera pronta en seguimiento de protocolos claros y oficiales”.

Organizaciones y personas firmantes

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Asociación Voces Nuestras, Bloque Verde, Buen Vivir Costa Rica, Buen Vivir, El Rodeo de Mora, Costa Rica, Coecoceiba-Amigos de la tierra CR, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Colectiva hijes de la mar Zulay Mora, Colectivo Comunicacional La Voz, Colectivo Radio Machete, Colectivo Vamos a Sembrar Comida de Campo verde Conte Burica, Comunidad Hierba Buena, Concejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Confederación Unitaria de trabajadores CUT, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Corredor Biológico COBRISURA, Corredores Biológicos de Cartago, CR Solidaria, Departamento ecuménico de investigaciones, El Garaje de Tiquicia, Frente Ecologista de Cipreses, Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica, Grupo artístico Prisma ,Guanared Costa Rica, Handmaids Costa Rica, Huerta de Berta O Istmo Articulación Centroamericanista /GT CLACSO, Junta de Salud Tibás, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Justicia Pronta y cumplida, Movimiento Ríos Vivos, Mujeres en Acción, Nuestra América Unida, AUNA, Programa de Gestión Local UNED, RALLT, Red Agroecología, Red de Coordinación en Biodiversidad, Representante de la ciudadanía civil, Garabito, Puntarenas,

Alexis Rodríguez Brenes, Allen Mora, Angélica Alvarado Barrantes, Antonio Arriaga Madrigal, Carlos Coto Rodríguez, Carmen Eugenia Quesada Vargas, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Carolina Mora Chinchilla, Clara Gabriela Meyra Segura, Daniel Reyes Pérez, David Solís Aguilar, Denia Román Solano, Edison Valverde Araya, Efraín Sebastián Rojas Artavia, Elizabeth Bravo, Fabián Figueroa Sánchez, Fabián Pacheco Rodríguez, Fabián Soto Marín, Fanny Reyes Ortiz, Flor Morales Segura, Flora Fernández Amón, Francisco Rodríguez Bejarano, Gabriela Chacón Madrigal, Gina Morales Garro, Guadalupe Urbina Juárez, Guido Barrientos Matamoros, Gustavo Oreamuno Vignet, Héctor Ferlini-Salazar, Henry Picado Cerdas, Hugo Soto Tapia, Isabel Méndez Garita, Israel Azofeifa Retana, Ivo Cussianovich Echeverria, Jaime E. García González, Javiera Aravena Bergen, Jeffrey Peytrequín Gómez, Joaquín Tapia Arenas, Johanna Solano Segura, Jordan Andrés Vargas Serrano, Jorge Osvaldo Calvo Rodríguez, José Andrés Zúñiga Chavarría, Jose Antonio Ramirez Aguilar, Juan Antonio Gutiérrez Slon, Juan Diego Caamaño Bedoya, Julio Madriz Núñez, Karol Montero Rony, Lucia Jara Garreta, Luis Monge Arrieta, Macarena Barahona Riera, Mauricio Alvarez Mora, Manuel Zumbado Arrieta, Marcela Dumani Echandi, María Estela Aguilar Corella, María Eugenia Román Mora, María Hernández, María Isela Arroyo Fuentes, María Nieves Barahona Riera, Mariano Sáenz Vega, Marta Chacón Mora, Melissa Chinchilla, Melvin Andrade Velásquez, Miguel Céspedes Araya, Miguel Cespedes Araya, Mónica Alvarado Barzuna, Natalia Chaves Vargas, Natalia Sandi Peña, Natalia Serrano Álvarez, Osvaldo Durán castro, Pamela Campos Chavarría, Paolo José Nájera Rivera, Pedro Salguero Aguilar, Rafael Barrantes Bonilla, Rebeca Arguedas, Renier Canales Medina, Ronulfo Morera Vargas, Selene Jiménez Valverde, Silvia Rodríguez Cervantes, Verónica Sheehan, Virginia Acuña Montero, Wilson Arroyo, Wilson Méndez Mora, Ximena Paz Cedeño de la Cruz, Xiomara Esquivel Vargas, Yasy Morales Chacón, Yuliana Reyes, Zeidy Rodríguez Guerra

Manifiesto completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkCaTVER17WZLGvMNuN3ZVzYkStAItxweDKPV1z41rmYt6w/viewform

Video convocatoria: https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/355685266483698

Pueblos indígenas sufren retroceso en derechos humanos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En los últimos años, el país ha venido avanzando como el cangrejo en muchos campos, incluido el de los derechos humanos. Lo que ha sido motivo de orgullo y prestigio internacional se ha venido erosionando con el concurso de distintas administraciones gubernamentales, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.

De ese progresivo deterioro pueden dar cuenta los pueblos indígenas de Costa Rica, que han sido y son presa fácil de un racismo cada vez menos disimulado. Lo que hubo de sufrir Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el 30 de diciembre anterior, es un reflejo tan notorio como indignante de una grave violación de sus derechos, que se busca cubrir con el manto racista de la impunidad.

Dos hombres no indígenas de apellido León, padre e hijo, ajenos e intrusos en el Territorio de los Cabécar, que ocupan en forma ilegal terrenos en ese territorio, agredieron con machetes en mano a García Segura, propinándole múltiples heridas en todo su cuerpo, que lo llevaron a Cuidados Intensivos del Hospital Tony Facio. Pero mientras el brutalmente agredido luchaba por su vida, los dos agresores que ya le habían amenazado de hacerlo picadillo, se encontraban libres con la venia de las autoridades judiciales. Este hecho atroz, motivado por el odio y la discriminación, debe ser causa de repudio y de reclamo inmediato de justicia.

Existe un expediente judicial que debe dar la razón a Leonel García en contra de los usurpadores, que han mantenido la ocupación ilegal del terreno, pero ante la demora, negligencia e inacción de los responsables judiciales de apurar la resolución, los León han querido imponer su aberrante ley con una acción de extrema violencia. Ya antes lo habían amenazado con hacerlo picadillo. Cuando deberían haberse dictado medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Leonel García, el proceso avanza con una pasmosa lentitud.

Esta es otra pieza más del rosario de injusticias que han venido enfrentando los pueblos indígenas, sin que esta situación muestre cambio alguno.

Los antecedentes de este tipo de actos hay que situarlos en el año 1977, cuando fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, a través de la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. Mediante esta norma, el Estado costarricense reconoció el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la ley que tiene ya 44 años, en su momento se delegó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la resolución del problema de apropiamiento ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.

La devolución de los territorios indígenas a los pueblos originarios es un compromiso clave e ineludible contenido en esa ley. Sin embargo, los años han venido pasando y ese compromiso no se ha cumplido. Gobierno tras gobierno lo han venido posponiendo, fruto de las presiones políticas de terratenientes que usurpan ilegalmente esas tierras. La discriminación ancestral es la que ha marcado la pauta.

Pero el incumplimiento del Estado de una ley tan añeja en su promulgación, no se queda ahí. También se han venido incumpliendo un conjunto de disposiciones del Sistema de Naciones Unidas, contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio indica que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Igualmente, este instrumento jurídico internacional fija que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.

La justa lucha por lograr que los territorios indígenas vuelvan a las manos de sus legítimos dueños ha generado dolor, luto y sangre de luchadoras y luchadores indígenas. Así lo testimonian los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, de Jehry Rivera y de varias tentativas de homicidio contra otros líderes.

Múltiples hechos que forman parte de esa injusticia han sido debidamente documentados y denunciadas ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actuando la Defensoría de los Habitantes como testigo; empero todas estas denuncias han sido archivadas por la Inspección Judicial. No ha habido justicia, y cuando se insinúa, no ha sido ni pronta ni cumplida.

Con ello la impunidad le ha venido ganando la batalla a la justicia. Y de esta manera se ha alentado a los usurpadores a que sigan agrediendo a mansalva a los pueblos originarios y atropellando sus derechos. Mientras tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo siguen mirando para otro lado, haciéndose cómplices de una injusticia que pone en entredicho a la democracia costarricense.

Algunos en el país (incluidos candidatos presidenciales y candidatos a diputados) siguen viviendo en una Costa Rica paralela, en la que algunos logros y avances en derechos humanos, eran reales. Pero lo que fue ya no es. Los derechos humanos contenidos en normas nacionales o internacionales, se alejan cada vez más de su cumplimiento efectivo. Mucho ruido normativo y pocas nueces en su implementación.

No emerge otro camino que no sea el de la lucha social para que el brillo de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, pero priorizando a las minorías perseguidas y discriminadas, vuelva a singularizar a este país que se nos está yendo de las manos.

(17 de enero, 2021)

Impunidad alienta violencia contra pueblos originarios – comunicado

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado

Poder Judicial se muestra incapaz y sin voluntad para detener la reinante impunidad.

Jueves 13 de enero de 2022.

Al Estado y al pueblo de Costa Rica.

A las hermanas y hermanos de Pueblos Originarios y del mundo.

Es de conocimiento público las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo los Pueblos Originarios de Costa Rica, resultado de un sistema capitalista neocolonial, racista y patriarcal que genera violencias sistemáticas y estructurales.

Con la reciente tentativa de homicidio contra Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó (Caribe) el pasado 30 de enero de 2021 y el hecho de que sus agresores, un hombre no indígena de apellido León y su hijo, quienes ocupan ilegalmente parte de dicho Territorio, se encuentran libres; se demuestra que la violencia y la impunidad se ha extendido por todo el país.

Debido a la demora en la resolución del Expediente N.21000036-0465-AG-4, se ha mantenido la ocupación ilegal del terreno por parte de León, también sus amenazas, incumpliendo medidas cautelares y ante la desidia e inoperancia de las instancias judiciales, Leonel García fue atacado brutalmente a machetazos por León y su hijo, recibiendo heridas en sus manos, piernas, cabeza, cara y cuello por las cuales estuvo varios días en cuidados intensivos.

Como hemos comunicado reiteradamente y desde hace muchos años, la ocupación ilegal de nuestros Territorios por parte de personas que no pertenecen a nuestros Pueblos es la causa principal de la violencia y violación sistemática de nuestros derechos humanos y es obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, ejecutar los desalojos administrativos necesarios para devolvernos nuestras tierras.

Sin embargo, el Estado ha sido omiso, por lo que decidimos recuperar legítimamente nuestras tierras de acuerdo con nuestra cultura e historia y al amparo de las leyes internacionales y nacionales y el derecho indígena.

Ante el ejercicio de nuestro derecho humano colectivo a la tierra, la violencia y las violaciones a los derechos humanos en nuestra contra se han incrementado, ante lo cual, la respuesta del Poder Judicial ha sido una vergonzosa impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad como: «falta en su conjunto de investigación, persecución captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familias».

Son varios los casos de tentativas de homicidio contra compañeras y compañeros defensores de derechos de los Pueblos Originarios que hasta hoy se mantienen en la impunidad, por ejemplo:

– Tentativa de homicidio por agresión de una turba de 40 personas contra Minor Ortiz y otros (del Pueblo Bribri de Salitre), quienes resultaron heridos por machetes, palos y arma de fuego el 4 de enero de 2013; el caso fue archivado y en el mismo figuraban como sospechosos varias personas que ocupan ilegalmente ese territorio.

– Tentativa de homicidio contra Jerhy Rivera Rivera el 1 de setiembre de 2013; Jerhy fue asesinado en el 2020 y el primer caso quedo impune. Así mismo, se mantienen impunes varias tentativas de homicidios contra Pablo Sibas; ambos del Pueblo Brörán de Térraba.

– Tentativa de homicidio contra los mayores Antonio Torres y Adilio Ortiz del Pueblo Bribri de Yamabï Dí (Cabagra), el ataque fue perpetrado por una turba de 30 personas, Torres nunca se recuperó del ataque y murió en el 2018, Ortiz fue herido con machetes y arma de fuego, su salud no volvió a ser la misma; la agresión fue el 7 de abril de 2016 en la que participaron personas que ocupaban ilegalmente parte de ese Territorio y continua impune.

– Segunda tentativa de homicidio contra Minor Ortiz el 9 de febrero de 2020, la misma familia Figueroa Uva, que no pertenecen al Pueblo Bribri de Salitre, está involucrada en ambas tentativas y andan libres, incumpliendo las medidas cautelares constantemente y en la total impunidad.

– Amenazas de muerte denunciadas contra mujeres y hombres líderes y defensores de sus Pueblos y Territorios en la zona sur de Costa Rica (14 personas en el 2020) permanecen impunes.

– Asesinato por razones políticas de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, cobardemente asesinado a tiros en su casa, el 18 de marzo de 2019 y cuyos autores materiales e intelectuales (estos últimos de conocimiento público) disfrutan de la impunidad.

– En el caso del compañero Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba, quien fue asesinado a balazos en defensa de su Territorio y Pueblo, en octubre de 2021 la instancia judicial correspondiente decidió elevar el caso a juicio, esperamos que no termine en otro caso impune.

Todas estas y otras anomalías fueron denunciadas y documentadas en el 2018 por varias organizaciones de Pueblos Originarios de la zona sur, ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, con la Defensoría de los Habitantes como testigos; sin embargo, en el 2020 se nos informó que las denuncias habían sido archivadas por la Inspección Judicial.

De igual manera, desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur hemos seguido documentando, investigando, denunciando e informando al Estado de Costa Rica sobre estas agresiones y violaciones a los derechos humanos, sin encontrar respuestas satisfactorias.

Continuaremos en nuestras luchas por la justicia y la dignidad, recuperando y cultivando nuestras tierras, construyendo autonomías.

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de Lucha por la Tierra Finca Chánguina.
– Voces Nuestras.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur. https://www.facebook.com/111882987093775/posts/443951890553548/

Comunicado de la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense sobre los atropellos y muertes de indígenas en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

COMUNICADO

¡Ay de los que decretan estatutos inicuos, y de los que constantemente escriben decisiones injustas, para privar de justicia a los necesitados, para robar de {sus} derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín, y despojar a los huérfanos! Isaías. 10:1-2. BA.

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a su compromiso con la no violencia y las injusticias contra los más vulnerables, se solidariza con el compañero Leonel García Segura, indígena cabécar del territorio de bajo Chirripó en Matina, Provincia de Limón, y quien es, además, actualmente secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del territorio ya mencionado.

El mencionado compañero fue agredido brutalmente el 30 de diciembre del pasado año, hace apenas 15 días, por personas usurpadoras de territorios indígenas. Según su esposa, Gennye Segura Pino cuenta que, “…ese hombre blanco siempre lo andaba amenazando y le decía: yo lo voy a hacer picadillo, y eso fue lo que hizo, lo picó por todo el cuerpo”.

Nos envuelve un sentimiento de tristeza, indignación y enfado, ya que los usurpadores de tierras siempre actúan salvajemente contra los compañeros indígenas, estando cómodos por décadas y décadas con la complacencia y ayuda de los gobiernos de turno, y sobre todo gracias a la impunidad que reina en tribunales de justicia costarricenses.

Se hace como normal matar a un indígena, marcarlo con hierro ganadero, quemarle sus ranchos o dispararles, rosearlos con agro venenos, amenazarlos de muerte, hacer y operar grupos paramilitares de linchamiento, o como ahora, picarlos a machetazos. Mientras las autoridades actúan sin diligencia en estos casos, ya que los agresores del compañero García Segura, están libres.

Lo que evidencia que la justicia en este país es racista.

Así mismo, según el periódico alternativo Informa.Tico, este hecho no es aislado pues en diciembre pasado, también se denunciaron las reiteradas amenazas de muerte contra el campesino ecologista Alcides Parajeles Semanario Universidad, 6-1-22) y se dieron hechos violentos en los territorios indígenas cabécar de China Kichá y bribri de Cabagra, denunciados por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, quienes llevan un registro y proceso de denuncia sistémico con un total de 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas que fueron registrados durante 2019 Sergio Rojas, 2020, el asesinato de Jehry Rivera, del pueblo Bröran, y el intento de homicidio contra Minor Ortiz, del territorio bribri de Salitre.

Hay otras 12 personas amenazadas de muerte de los Pueblos Indígenas del Sur, además de otras dos personas no indígenas y defensoras de los derechos humanos.

En este sentido, la Iglesia Metodista Wesleyana costarricense IMWC, deplora tales hechos, reiterando la solidaridad con los pueblos indígenas, así como haciendo un llamado vehemente a las autoridades competentes, para que se apresten a la zona y defiendan a los compañeros indígenas, quienes legalmente y amparados en las centurias de años en posesión de las tierras mencionadas y otras.

“Hacer justicia y juicio es al Señor, más agradable que cualquier sacrificio.” Proverbios. 21:3. BA.

Sin justicia no hay democracia. Se extiende la violencia impune contra comunidades indígenas en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

  • Intento de asesinato a líder comunal Cabécar por usurpador de territorio indígena de Bajo Chirripó.
  • El agresor ya había amenazado al compañero indígena cabécar y lo había sentenciado diciéndole: “lo voy hacer picadillo”.

Por Fabián Pacheco y Mauricio Álvarez, ecologistas

Mientras la mayoría de las personas celebraban las fiestas de fin de año en compañía de sus seres queridos, a Leonel García Segura, indígena cabécar de Territorio de Bajo Chirripó en Matina lo intentaron matar picándolo literalmente a machetazos, un hombre de apellido León y su hijo, quienes son usurpadores del territorio indígenas y quedaron libres de semejante acto. Entre tanto, la vida de nuestro compañero estuvo en juego en cuidados intensivos del Hospital Tony Facio, de Limón.

Leonel está vivo de milagro y gracias a una atención médica oportuna. El 30 de diciembre del 2021 fue llevado por la Cruz Roja a la clínica de Matina y de ahí a emergencias de Limón, donde sigue internado en recuperación. El intento de asesinato fue un acto de muchísima violencia y ensañamiento, le machetearon todo el cuerpo: brazos, piernas y manos. Las lesiones más profundas y extensas se las produjeron en el lado izquierdo de la cara, oreja, mejilla, cráneo, mandíbula y hasta el cuello, quedando estos últimos con hematomas importantes.

Estas heridas le produjeron un intenso sangrado por boca y nariz, por lo que requirió ser entubado en alguno de los momentos críticos. Tuvo infecciones graves por lo que ha tenido un fuerte tratamiento de antibióticos. Con los días ha podido mejorar, ha bajado la inflamación; pero hay que seguir estudiando el avance de los hematomas y posibles daños permanentes.

Su esposa Gennye Segura Pino cuenta que: “al principio cuando me enteré yo no sabía qué hacer, a quién llamar, a quién avisar, ni me salían las palabras para contar lo que pasó, ese hombre blanco siempre lo andaba amenazando y le decía yo lo voy a hacer picadillo, y eso fue lo que hizo, lo picó por todo el cuerpo. Leo está todo cortado con machete y ahora cada herida tiene 4 o 5 puntadas, pero la cortada más grande está en la cara, la oreja y el cuello”. Sigue el relato diciéndonos que “Leonel ya salió de cuidados intensivos, sigue en recuperación esperando que baje la inflamación de todo su cuerpo, de esas heridas se pueden curar; pero en el corazón le va quedar eso para siempre”.

Lo más indignante de todo es que las personas que casi lo matan están libres mientras Gennye está viajando día a día hacía el hospital de Limón para estar pendiente de la recuperación de Leonel. Por eso hemos activado una campaña de solidaridad económica con la familia y pueden comunicarse con nosostros (bloqueverde@gmail.com) o directamente con Gennye y depositar en su SINPE.

Leonel es actualmente secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Cabécar de Bajo Chirripó en Matina. Nosotros lo conocemos desde hace casi 20 años, y desde siempre él ha sido un activo defensor de su territorio, cultura, semillas, de la tradición oral y todo el acervo de conocimientos ancestrales que guardan los cabécares.

Caminamos por las montañas de su territorio y muchas otras comunidades indígenas donde Leonel era siempre el primer apuntado a ir a buscar semillas, a enseñarnos la etnobotánica cabécar, a buscar un cantor o un Jawá (médico indígena) para ir hacer un festival o para hacer un Ju tsi̱ní̱̱i̱ (casa tradicional). Con Leonel conocimos casi todos los territorios indígenas cabécares del país para hacer distintos proyectos de fortalecimiento cultural, agrícola, ordenamiento y defensa del territorio ante las constantes amenazas de hidroeléctricas, minería, expansión del monocultivo de palma, así como la invasión de personas no indígenas sobre sus territorios.

Con esta comunidad realizamos un proyecto de “Fortalecimiento de la conservación de la naturaleza mediante las prácticas tradicionales de conservación que desarrollan las comunidades indígenas cabécares de Bajo Chirripó y Nairi Awari”, donde se logró plasmar un plan de gestión del territorio a partir de los conocimientos ancestrales de la cultura cabécar sobre el uso y aprovechamiento de los bienes naturales, culminando en una propuesta participativa de zonificación del territorio para habitar y producir, respetando los sitios sagrados y las normas de uso para dichos lugares.

También desarrollamos en conjunto un proceso de fortalecimiento de la cosmovisión agrícola que incluyó el rescate y protección de la diversidad de especies silvestres y cultivadas, el cuido y cultivo de las semillas ancestrales. Pusimos en marcha un novedoso proceso de repatriación de la agrodiversidad indígena desaparecida por el proceso imperante de erosión genética. Aprendimos que en cada semilla cabécar hay una profunda gama de conocimientos culinarios, agrícolas, climatológicos, espirituales, entre muchos otros que de forma integrada constituyen una parte importante del Siwä o conocimiento ancestral.

La ADI informó del hecho mediante un comunicado donde señala que el antecedente del ataque se remonta a una denuncia interpuesta ante tribunales por “la tenencia irregular de tierras por un no indígena”, cuyo juicio se realizará hasta agosto del presente año. Sobre ese caso el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió en agosto pasado una medida cautelar en contra del usurpador de apellidos León Gomez para no corta de árboles, construir otra cerca e introducir más ganado hasta tanto se resuelva el caso (Voto 2021000200).

Estos hechos nos llenan de mucha tristeza, indignación y enojo, pues los usurpadores de los territorios indígenas están envalentonados, ya no se trata solo de la Zona Sur o de casos aislados, sino que la situación de impunidad alienta esta barbarie. Los usurpadores han estado cómodos por décadas con la complacencia y ayuda de los gobiernos de turno y sobre todo gracias a la impunidad que reina en tribunales de justicia. Ya es claro que matar a un indígena o marcarlo con hierro ganadero, quemarle sus ranchos o dispararles, rosearlos con agro venenos, amenazar de muerte, hacer y operar grupos paramilitares de linchamiento, o como ahora picarlos a machetazos no tiene ninguna consecuencia legal, reina la impunidad contra los pueblos indígenas en Costa Rica, ¿por qué sí son muy diligentes las autoridades para juzgar u ordenar desalojos contra pueblos indígenas, pero no lo contrario? La justicia en este país no puede ser más racista y por ende está podrida y sin justicia no existe la democracia.

Este hecho no es aislado pues en diciembre también se denunciaron las reiteradas amenazas de muerte contra el campesino ecologista Alcides Parajeles (Semanario Universidad, 6-1-22 y SURCOS) y se dieron hechos violentos en los territorios indígenas cabécar de China Kichá y bribri de Cabagra, denunciados por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, quienes llevan un registro y proceso de denuncia sistémico con un total de 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas que fueron registrados solamente durante 2020, en cuenta el asesinato de Jehry Rivera, del pueblo Bröran, y el intento de homicidio contra Minor Ortiz, del territorio bribri de Salitre. Hay otras 12 personas amenazadas de muerte de los Pueblos Indígenas del Sur, además de otras dos personas no indígenas y defensoras de los derechos humanos.

Nuestro llamado es a una movilización de la sociedad, de sus fuerzas vivas a unir esfuerzos con los pueblos indígenas y el ecologismo comunitario. La justicia no llegará sola, hay que pelear y poner en evidencia la impunidad que reina en las “otras Costa Ricas”, las profundas y silenciosas que han despertado para siempre.

Contactos e información:

Adrián Sanabria, 8844-5524, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Cabécar de Bajo Chirripó en Matina

Gennye Segura Pino, 8910-7048 (SINPE BN), esposa de Leonel y miembro de la Comunidad de Bajo Chirripó.

CON UN HASHTAG NO ELIMINAMOS EL RACISMO

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En su declaración de principios, la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 indica que tendrá como propósito la construcción de una sociedad costarricense más sensible a las diferencias. Así lo señala su visión:

“Costa Rica será una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia a partir de la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados, que contribuyen a la conformación de una sociedad más respetuosa y sensible a las diferencias y enfoques particulares”.

Pese a este propósito, la sociedad costarricense continúa presentando serias dificultades para alcanzar la aspiración de una sociedad cada vez más inclusiva.

Durante las recién pasadas finales de fútbol desarrolladas en el país, el jugador del Club Sport Herediano Kreysher Fuller denunció haber sido objeto de insultos racistas provenientes de un sector de aficionados apostados en las graderías del sector oeste del Estadio Ricardo Saprissa, ubicado en la capital costarricense.

En las imágenes del incidente, se logra apreciar algunas reacciones verbales del jugador, criticables también, contestando a tales insultos. En una publicación en su cuenta personal el jugador afirmó: “No puede ser que en estos tiempos aún exista insultos raciales, como lo volví a vivir este jueves en el estadio».

Ambas actitudes son deplorables. Sin embargo las respuestas no fueron similares. El jugador fue sancionado con varios partidos por su reacción. Pero la actitud de los aficionados no fue castigada de oficio, abriéndose en su lugar una “investigación” para determinar el alcance de lo denunciado por el jugador por parte de los órganos correspondientes a nivel dirigencial.

Esta actitud organizativa no es neutra. Cuando la institucionalidad actúa así, representa el culmen de la naturalización arraigada en cuanto a racismo y discriminación. Es sabida la producción y reproducción de discursos discriminatorios en lugares como estadios. La xenofobia, la homofobia, el machismo y el racismo encuentran terreno fértil tras una voz colectiva que se escuda en el anonimato para ofender y agredir de palabra.

El caso de México, por ejemplo, demuestra cuánto se debe seguir trabajando en la erradicación de estas prácticas. Las últimas noticias confirmaron un castigo más a su Federación por la reiteración de gritos homofóbicos en los juegos de su selección.

Costa Rica, a pesar de avances en su legislación como la política citada al iniciar esta columna, debe hacer un examen a conciencia acerca de los esfuerzos para estirpar estas odiosas acciones. Los procesos de violencia experimentados recientemente y en múltiples ocasiones por pueblos originarios en defensa de sus territorios son acaso un desafío que el estado costarricense no ha logrado resolver.

Peor aún, las declaraciones de un alcalde de una comunidad del Atlántico costarricense ofreciendo una “mujer indígena a cambio de favores de la empresa privada” en las que deja entrever un racismo y colonialismo in extremis, solo confirman la naturalización de una conducta histórica que una legislación no elimina.

La erradicación del racismo en los estadios, uno de los tantos desafíos en la materia por parte de la sociedad costarricense, no se resuelve con una campaña de camisetas vestidas por los jugadores, un “hashtag” y mensajes previos a cada partido.

Debe surgir de una profunda modificación de contenidos educativos en los que respeto, convivencia e integración sean los ejes para avanzar hacia la construcción de una sociedad absolutamente diferente.