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Etiqueta: territorios indígenas

Curas, “indios” y usurpadores

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo

El pasado 4 de mayo 2 curas hablaron en ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón con el fin de apoyar que la Municipalidad medie “ante el Gobierno para que el actual conflicto, desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá, encuentre cuanto antes una justa solución”. Ya aquí tenemos la primera imprecisión insalvable basada en la ignorancia técnica injustificada, pues ése no es el origen del conflicto. Ese desliz se le podría justificar a un finlandés que llegó antier al país, pero nunca a alguien que se autodenomina “pastor”, y dice que por años su actitud ha sido “de total respeto y afecto por los varios grupos étnicos que habitan estas tierras”, según responden los clérigos a los y las recuperadores de Kelpego, Kono Ju, Sekero Kaska, Saka Duwe Senaglö y Yuwi Senaglö, mediante comunicado a la Coordinadora de lucha sur-sur.

Si la iglesia pretende, con honestidad, seriedad e imparcialidad, “que las autoridades tomen las decisiones correspondientes en el marco de la ley”, lo primero que deben hacer es conocer, apegarse y exigir que se cumplan las leyes. Antes de haber ido a la Municipalidad, debieron repasar la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley Indígena N° 6172 y su Reglamento, el Convenio internacional 169 de la Organización internacional de trabajo/OIT, la Ley N° 9593 Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, las numerosas resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, los informes del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, la documentación de La Defensoría de los Habitantes, y cientos de documentos que dan cuenta de que “salvaguardar la justicia para todos los diferentes actores que este conflicto implica”, demanda reconocer, en primer lugar, los derechos de los pueblos originarios. Cuando los clérigos dicen que el conflicto fue “desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá”, están dando muestra de total ligereza e ignorancia, y si así pretenden aportar a la “búsqueda del diálogo entre todos y en favor de la justicia y la paz”, parece más bien que siguen los pasos de Lorenzo A. de Granda y Balbín, cuando dictaba sentencia de muerte por descuartizamiento y decapitación contra el Blu Presberu.

La historia de avasallamiento, desplazamientos y extermino de los pueblos indígenas originarios no se puede comprender sin y por la iglesia católica. No es extraño ni nuevo que la iglesia se alíe con quienes violentan los derechos de los más oprimidos, en este caso de la gente indígena, aunque su discurso vaya en otra dirección. Desgraciadamente esta posición clerical de emprenderla contra los pueblos originarios data de siglos, y por eso vale la pena desempolvar algunos legajos. El español Rodrigo Borja cuyo apellido cambió por Borgia para ser nombrado papa con el nombre Alejandro VI, “tuvo el cinismo de dividir a “América” y sus pueblos, que no le pertenecían, entre España y Portugal”. Ya como papa, Alejandro VI, “uno de los más corruptos en un tiempo de terrible corrupción”, escribió para los conquistadores varias bulas en las que decretaba que “como él era el dueño de todo el universo, como representante de Dios, se las daba a los españoles y portugueses” las riquezas, las tierras y sus habitantes que fueron convertidos en esclavos cristianizados o evangelizados (ver José de Souza Silva).

Los curas también pudieron haber leído, además de leyes y jurisprudencia, otros textos para comprender cómo es que se construyó históricamente, y sigue vigente, el despojo de los pueblos originarios. Así, sabrían (¡¡de repente lo saben!!) que en México la población (indígena) descendió de 21 millones en 1.500 a 1 millón en 1.600. En Perú de 6 millones a 1 entre 1.532 y 1.628. Que Latinoamérica en 1.492 estaba poblada por 70 millones de personas y en 1.620 el 95% había sido asesinada o muerto en los campos de cultivos, según narra Fernando Báez en “El saqueo cultural de América Latina” (2008); y hubiesen revisado los señores curas el clásico “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano.

La iglesia es, como bien sabemos, una institución con peso descomunal en la conformación de la visón de mundo o imaginario social, de la moral y de las prácticas que en teoría rigen la vida de al menos 1.300 millones de personas en el mundo (17 de cada 100/“cristianos” en total rondan el 33%). “Como maestra en la articulación entre saber y poder, la Iglesia (católica) participó de la colonización de varias formas, incluyendo su injusta contribución a la creación de la cultura del miedo que facilitó la dominación local: miedo del pecado, del infierno, del primitivismo, del salvajismo, de Dios y de sí mismos, institucionalizando formas de ser, sentir, pensar y hacer adaptadas a la conveniencia de los dominadores”, dice De Souza Silva. Quienes terminaron creyendo a fuerza de látigo, cadenas, torturas y esclavitud y quienes por aprendizaje forzado y hasta por voluntad respetan la iglesia y su planilla hasta el día de hoy, incluida mucha gente indígena, merecen que los que les representan hablen desde la justicia, las leyes y el respeto, pero sobre todo desde la responsabilidad y la ética.

Por las razones que sea, la negación de la historia, pasada y actual, no se justifica. Menos cuando proviene de voces, como la de los curas, que para mucha gente es infalible. ¿Cómo pretender que la población de Costa Rica respete la vida, los territorios y las culturas indígenas, si escucha discursos supuestamente neutrales, basados en la ignorancia y el irrespeto? En esa lidia los curas no están solos. Recordemos al expresidente Calderón Fournier (1990-1994) cuando dijo que “en nuestro país no hubo derramamiento de sangre, ni enfrentamiento con España. Curiosamente, en Costa Rica no había población aborigen. Este país se forma de inmigrantes que empiezan a llegar hace poco menos que quinientos años. Humildes campesinos españoles que vinieron a trabajar y a forjar una nación de paz” /[1].

La iglesia católica debería revisar el legado maravilloso de Helder Pessoa Câmera y los aportes inigualables para la justicia de Pedro Casaldáliga y Frey Betto. Debería buscar y hacer propios los diarios de Oscar Arnulfo Romero. ¿O acaso nadie lo recuerda al menos cada 24 de marzo, y lo olvidaron como lo olvidó Karol Wojtyla cuando supo que lo iban a asesinar y ni se inmutó? Deberían los curas volver la mirada a Leonardo Boff para poder hablar de justicia, de fusión entre pueblos indígenas y su común-unión con la Tierra que en Costa Rica y muchísimos otros países la mayoría de indígenas cuidan y defienden.

Los pueblos no necesitan una versión megalómana y manipuladora de “pastores” para que los “guarden”, “guíen” o “apacienten como el ganado, especialmente el de ovejas” (definición de la RAE). Los pastores son innecesarios cuando los pueblos son más independientes y libres. En todo caso la autoproclamación como “pastor” no es lo peor, si no el uso de una figura de poder social, como la de cura, para colocarse ante la tragedia de siglos que han vivido los pueblos originarios y que, evidentemente, los curas que hablaron desconocen u ocultan.

Muchas veces, a pesar de su nefasta historia en contra de la humanidad, y los pueblos originarios de América Latina en particular, buena parte de la iglesia católica se ha identificado con las causas de la justicia, como ocurre con la teología de la liberación, a la que la misma cúpula vaticana ha condenado y descalificado. Millones de seguidores del catolicismo son gente comprometida con la defensa de los derechos humanos de todo tipo, y en nada responsable de los ligámenes del alto clero con los círculos de poder. Ejemplos abundan pero recuérdese nada más el Tratado de Letrán de 1929 entre el Vaticano, bajo el mando de Pío XI, y el Gobierno fascista de Benitto Mussolini, o las relaciones entre la dictadura argentina y la iglesia de ese país (1973-1983).

En el caso de Pérez Zeledón, los prelados exhumaron ignorancia técnica y un peligroso acercamiento a quienes realmente provocan el conflicto. Las tierras adjudicadas por ley a los pueblos originarios están en injusta disputa por el hecho de que los Gobiernos nunca han reconocido esos derechos; y a eso se suman las usurpaciones de no indígenas. Pedir justicia “justicia para todos los diferentes actores” es un simplismo sólo posible si se niegan los derechos de los indígenas. China Kichá es tan sólo una cruenta manifestación del conflicto. Quienes legalmente son usurpadores, es porque pretenden derechos sobre tierras que ellos mismos, las instituciones nacionales y el Estado, ya debieran reconocer como tierras indígenas y con eso terminar el conflicto. Así se evitarían más confrontación y ausencia de convivencia pacífica, más muertes que las de Sergio y Jerhy y más divisiones entre la gente indígena y entre ésta y la no indígena que los curas más bien fomentan con sus manifestaciones.

Y a modo de coda, ya que hemos escrito sobre leer para conocer y comprender, los 2 abates que hablaron pueden leer un maravilloso poema de Mario Benedetti (¡es un poeta uruguayo por aquello!) que se llama “Si dios fuera mujer”.

[1]Diario ABC (España), 23 de julio de 1992, p. 41. Citado en: UCR. Concejo institucional. (2017). Comisión Especial de Salitre. INFORME FINAL).

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 5

El artículo 3 de la Ley Indígena establece que personas no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de sus reservas.

Esta es la quinta infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 3

El artículo 4 de la Ley Nº 6172, Ley Indígena, posibilita que los pueblos indígenas se organicen en sus estructuras comunitarias tradicionales. Es decir, la ley de Costa Rica posibilita desde finales de la década de los setenta del siglo XX, que las comunidades indígenas sigan un sistema de organización propio.

Esta es la tercera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 2

El Estado costarricense reconoce 24 territorios indígenas. Es por medio de Decretos administrativos con rango de ley, según la Ley Indígena de 1977, que se define la cabida de cada territorio. Se reconocen 8 culturas indígenas: Huetar, Chorotega, Térraba o Teribe, Brunca o Borucas, Ngäbe o Guaymí, Bribri, Cabécar y Maleku o Guatuso.

Esta es la segunda infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 1

Según la ley 6172, los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. La última modificación a esta ley se dio el 4 de octubre de 1982.

La ley hace una amplia regulación de temas que abarcan la identidad, la organización y el territorio de los pueblos indígenas.

Esta es la primera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Las personas indígenas tenemos puesta una etiqueta de exclusión

Vanessa Figueroa Calderón*

Nos han enseñado en las instituciones públicas educativas que el Estado tiene tres poderes que para nosotros son como hermanos que no se ponen de acuerdo en nada.

Lo vemos en nuestro territorio que fue asignado por decreto. El Poder Legislativo decreta cosas sobre otros decretos y no anula los primeros decretos, creando una confusión más grande. Tal vez ustedes no lo notan; pero cuando nosotros estamos luchando legalmente por nuestras tierras resulta que hay controversias entre esos decretos, entre esas leyes y dudas sobre por qué unas se ejecutan y otras no.

En el año 2014 el gobierno llegó a nuestro territorio diciendo que le diéramos tiempo, puesto que había llegado al poder hacía tres meses. Pasaron tres años, terminaron, no solucionaron nada. Seguimos pidiendo que demarquen, que saneen el territorio y que nos den autonomía. Pasan otros tres años. En este último periodo de gobierno asesinan a nuestro queridísimo hermano Sergio Rojas, a raíz de estas situaciones de tenencia de la tierra no resueltas, ocurridas durante los últimos 20 años.

¿Por qué muere Sergio? Sergio muere por todas estas situaciones donde no habido soluciones; pero sí estamos convencidos que el Estado se tiene que poner de acuerdo. Mientras que no se pongan de acuerdo, no vamos a solucionar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de repente el Poder Ejecutivo dice y negocia, dialoga con nosotros; pero resulta que el Poder Judicial dice otra cosa y llega diciendo que no tiene un poder para decidir en las mesas de diálogo que se conforman. Mientras el Poder Ejecutivo dice sí, el Poder Judicial dice no, entonces volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos nuevamente que esperar.

Hay leyes que no se ejecutan pues hay compañeros que tienen 20, 30 casos en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que un mismo juez declare que las tierras son para el no indígena? precisamente estas contradicciones son las que no nos hacen estar confiados cuando vamos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Siempre hemos tratado de comunicar al Estado que en el Poder Judicial de Buenos Aires hay un juez que tiene interés sobre la propiedad de las tierras, ya que es familiar de los terratenientes de Buenos Aires. Si investigaran descubrirían que en el 99.9% de los casos que ha llevado como juez ha fallado a favor de los no indígenas. Hablamos de casos no solo de personas bribris, sino también cabécares y de habitantes de China Kicha. Ese hombre aprovecha su investidura para hacer valer todo a favor de los terratenientes.

Ciertamente, muchos de nuestros hermanos tenemos algunas desventajas, ¿por qué? Porque no hablamos español, porque si hablamos Bribri no vamos a transmitir ese sentimiento que tiene el Bribri a un idioma español, entonces se hace más controversial.

Lo que queremos es que nos devuelvan nuestras tierras, que no haya más asesinatos. ¿Cómo es posible que todavía nosotros tengamos que pensar que si algún día nos devuelven nuestras tierras todavía seguiremos siendo perseguidos?

A través de los años hemos vivido discriminación, racismo, persecución, amenazas de muerte. Mis hijos me dicen “mami, ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio”; pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no-indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso.

A los no indígenas que se encuentran en esta situación se les hará mas fácil sostener un caso legal en contra de los bribris o hermanos indígenas, ya que son hacendados y tienen poder económico. Su argumento es que tienen un derecho adquirido como dueños, no se fijan en aspectos legales, su conocimiento no pretende verificar ni hacer valer las leyes, solo su razón de ser. Por eso los indígenas se apartan, y no reclaman su derecho, porque para ellos es mejor callar, aún teniendo razón. La solución para los indígenas es clara: El Estado debe buscar una vía y los no indígenas deben buscar una solución por la vía del derecho con el Estado, sin agredir, sin violentar, sin matar a los indígenas. Nos parece absurdo que no puedan ver la verdad.

Esas controversias entre el Estado y sus poderes no nos han beneficiado en nada, nos han etiquetado y hoy llegamos a las oficinas públicas y no nos quieren atender. Entonces, el Estado aquí muestra una cara, hace informes que todo está muy bonito; pero nosotros en Buenos Aires nos tratan como criminales. En mi caso fui denunciada 16 veces entre 2014 y 2016 pero sigo en la lucha.

Tenemos una etiqueta dentro y fuera del territorio, mis hijos son considerados ya excluidos automáticamente de las Asociaciones de Desarrollo, del proceso educativo y no podemos participar abiertamente dentro de toda la formación de la comunidad. Toda esta realidad genera más problemas dentro del territorio, los cuales son los problemas del Estado que, al final de cuentas, se arrastran desde muchos años atrás.

 

*Integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkónuk Wákpa, organización autónoma del territorio indígena de Salitre.

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales UCR.

Análisis: Mujeres, territorios y feminismos en Costa Rica, agroecología y diálogos ante la Covid-19 en el Sur

De la mano de Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Rebeca Arguedas y Allison Quintanilla realizaron el análisis Mujeres, territorios y feminismos en Costa Rica, Agroecología y diálogos ante la covid-19 en el Sur. El objetivo de esta publicación es analizar la crisis sistémica, más allá de la emergencia sanitaria, para provocar cuestionamientos para (re) conocer demandas, necesidades y propuestas de mujeres indígenas y del campo.

El análisis se encuentra compuesto por diferentes capítulos que abarcan diferentes aristas desde el accionar y la realidad de las mujeres. El primer capítulo “Los impactos diferencias en la vida de las mujeres” abarca el impacto de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

El capítulo dos “La transformación social para superar la crisis” plantea como esta transformación es necesaria para superar la crisis ecológica y sanitaria y necesita incorporar las voces, experiencias, conocimientos y desafíos de las mujeres indígenas y del campo.

En el apartado tres “Diálogo para la construcción de nuevas narrativas” se compone del análisis de aristas como Agroecología, Ecologismo, Feminismo, feminismo comunitario, ecofeminismo, feminismo descolonial y antirracista. Este contempla las diferentes olas del feminismo, sus posiciones, reflexiones y demandas políticas y culturales con el común denominador de la búsqueda por la igualdad y, en particular, de la superación de la subordinación de las mujeres.

El último capítulo complementa con un “Diálogo sociopolítico mujeres indígenas y del campo” que busca resaltar a las mujeres y poner a disposición el espacio de toma de decisiones y de incidencia. Esto tanto dentro del aparato estatal como en la academia y en los movimientos sociales.

Algunos de los resultados de este análisis:

  • Las mujeres y las niñas, además de ser mayoritariamente las que sufren más las consecuencias de la crisis climática y migración de sus territorios en el campo, son quienes se ven más expuestas a la trata y tráfico de personas en el proceso de migración.
  • En el ámbito científico, quienes estudian y toman decisiones respecto a la crisis climática y conforman foros internacionales y juntas directivas son hombres hasta en un 95 % de los casos.
  • Más del 50 % de mujeres en el campo no tienen alfabetización básica.
  • El 50 % de mujeres del campo e indígenas han sufrido violencia de género
  • Las mujeres dedican semanalmente 22 horas más que los hombres a las labores domésticas y cuido de niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Como visión general del análisis por parte de las autoras, es de primera necesidad visibilizar que son las mujeres indígenas y del campo las que están en la primera línea de la defensa de los territorios y de los bienes comunes. (…) son ellas portadoras de un conocimiento clave, que se reconoce poco o nada o que se explota desde la lógica del despojo, y de una vulnerabilidad y riesgo que incluye, por un lado, las amenazas a sus vidas por el hecho de defender lo común, por su lucha y oposición a la destrucción de la Naturaleza y, por otro, por defender sus propios cuerpos y vidas. Incluso dentro de sus mismas organizaciones y comunidades, de los mismos movimientos sociales, la academia y las aproximaciones teóricas se perpetúan violencias, opresiones y despojos, desde un sistema patriarcal, colonialista, occidentalista.

Sobre las autoras y la Fundación

Allison Quintanilla Hernández: Feminista comunitaria, con experiencia relacionada a la extensión y comunicación comunitaria, promoción en derechos de niñez y adolescencia y mujeres del campo. Planificadora Económica y Social de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Agente de Cambio 2014 y Cofundadora de la Asociación de Mujeres Voces Violeta.

 Rebeca Arguedas-Ramírez: Ecofeminista con más de 20 años de estar vinculada al trabajo con organizaciones ecologistas y movimientos sociales en Costa Rica y en la región centroamericana. Magíster en Estudios Latinoamericanos del IDELA de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica (UCR). Académica y productora audiovisual, en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED).

Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung: Ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses. desarrolla El Proyecto Transformación Social Ecológica, que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gobierno democrático y social, aportar contenidos y apoyar diálogos hacia una economía social y ecológicamente sostenible, elaborar propuestas de modelos de desarrollo alternativo, y una política fiscal como instrumento de justicia social y de igualdad de género. Por otro lado, el Proyecto Juventudes Progresistas, que ofrece espacios de formación y fortalecimiento de liderazgos en las juventudes, e impulsar estos liderazgos para participar de manera más efectiva en proceso de defensa de la democracia y los Derechos Humanos.

Para más información usted puede ingresar a https://americacentral.fes.de/

Además, puede leer el análisis completo en el archivo adjunto.

Conversatorio: ¿Qué está pasando en los territorios indígenas del Sur de Costa Rica?

La Catedra José Martí de la Universidad de Costa Rica invita a participar del conversatorio: ¿Qué está pasando en los territorios indígenas del sur de Costa Rica?

El espacio contará con la participación de Pablo Sibar, Líder indígena y defensor de pueblos originarios. Además, Daniel Camacho, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y activista por los derechos humanos y la Lideresa Bribri, Roxana Figueroa, defensora de los pueblos originarios.

La actividad será este lunes 19 de abril 2021, a las 4pm y se transmitirá vía zoom.

Información de acceso:

Id:837 5071 6462

Código:835212

Organizaciones sociales convocan a Encuentro Nacional de Vivienda para enfrentar crisis en el bono

Comunicado:

  • 500 familias pobres y de clase media a punto de quedar sin vivienda por el recorte al BANHVI

  • Precarios, territorios indígenas, asentamientos campesinos, adultos mayores principales afectados

  • Encuentro será el sábado 8 de mayo a las 9 am en San José

Este año 2021 el BANVHI inició labores con un 4096 menos de su presupuesto respecto al del año pasado. Los recortes están golpeando básicamente el Presupuesto Fodesaf y el Presupuesto del Impuesto Solidario. Para complicar el panorama, a la fecha el Ministerio de Hacienda no ha publicado el decreto que le permita a la Contraloría autorizar al BANHVI utilizar los 28.000 millones que están Incluidos en el Presupuesto Ordinario de la República 2021.

A estas alturas (abril 2021) el BANVHI no ha podido aprobar un solo proyecto de vivienda de los muchos que están presentados, y además a los desarrolladores no se les permite tramitar en ninguna entidad autorizada ningún proyecto nuevo. En este momento 3.500 familias pobres están perdiendo su vivienda. Territorios indígenas, precarios, asentamientos campesinos, familias en pobreza en pueblos y ciudades, personas de la tercera edad, discapacitados y Bono Ordinario (familias que tienen lote propio) son los más afectados. Cerca de 4.000 bonos ordinarios (familias que tienen lote propio) están haciendo fila en el BANVHI.

También se afectan aquellas familias de clase media que tenían la esperanza de recibir un aporte del bono para ayudarse a completar los préstamos que le ofrecen entidades autorizadas y sistema bancario.

Y la economía en general se contrae, en momentos en que tanto se habla de reactivación. El sector de la construcción está perdiendo 13.500 puestos de trabajo al reducirse en 144.000 los metros cuadrados de construcción.

Para enfrentar esta crisis, analizarla y buscar soluciones, el Bloque de Vivienda y el Foro de Vivienda convocamos a un Encuentro Nacional de Vivienda para el sábado 8 de mayo a las 9 am en San José. Asistirán delegados de grupos, comités y asociaciones de todo el país. En este encuentro varias personas expositoras explicarán sus puntos de vista sobre el origen de esta crisis y cómo resolverla y luego los delegados discutirán las medidas a tomar y se adoptarán decisiones.

Orlando Barrantes, Bloque de Vivienda (87135061)

Manuel Salinas, Foro de Vivienda (83816224)

 

Imagen ilustrativa.