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Etiqueta: territorios rurales

Quebradores arrasan con los ríos para exportar materiales

El Trabajo Comunal Universitario “Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales” del Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Sociología de la UCR que acompaña distintas comunidades que defensa del agua en Puntarenas, denunció el aumento de la exportación de materiales de río y su impacto socioambiental.

Según datos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae, los principales países receptores del material exportado desde Costa Rica entre el 2006 y el 2018 fueron Nicaragua y San Andrés de Colombia. Datos revelados por esa entidad evidencian que, durante el 2006, el país exportó 32.150,00 metros cúbicos (m3) de piedra de río y 24.255,00 m3 de arena de río. Seis años después, en el 2012, salieron 20.337,62 m3 de piedra de río y 24.829,59 m3 de arena de río, segunda cifra más alta con respecto al volumen de exportación registrado en ese periodo.

Esas cifras se mantuvieron los años siguientes con crecimientos y disminuciones leves hasta el 2018. Después de ese año, en la página web de la DGM no se ubica información sobre exportaciones de materiales extraídos de cauces. Sin embargo, el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), como fuente para acceder a información sobre visualización y distribución de datos en línea centrada en la geografía y la dinámica de las actividades económicas, da cuenta de que esta actividad sigue muy activa en el país, ya que según datos publicados en el 2021:

“Costa Rica exportó $1,69 Millones en Grava y piedra triturada, convirtiendo en el exportador número 74 de Grava y piedra triturada en el mundo. En el mismo año, Grava y piedra triturada fue el producto número 279 más exportado en Costa Rica. El principal destino de Grava y piedra triturada exportaciones de Costa Rica son: Colombia ($1,66 millones), Nicaragua ($15 mil), Estados Unidos ($6,98 mil), Panamá ($4,02 mil), y El Salvador ($2,23 mil)” (ver en https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/export/cri/all/52517/2021)

En miras a profundizar esta información, desde el proyecto en mención como desde las organizaciones comunitarias, se procederá a realizar la solicitud formal a la DGM para corroborar los datos revelados por dicho Observatorio.

La coordinadora del proyecto de Acción Social, Dylanna Rodríguez Muñoz aseguró que “sin lugar a dudas, las cifras mostradas dan cuenta de las jugosas ganancias para las empresas dedicadas al mercado de la minería no metálica. No es un dato simple que el país se ubique en el lugar 74 del mundo como exportador de materia prima para la construcción, mientras tanto, comunidades y organizaciones alrededor del país denuncian privatización de los ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, sedimentación, afectación a manglares y disminución de caudales, todo ello como consecuencia de la sobre explotación de los ríos”. Según los mismos informes de la DGM, en el 2018, por ejemplo, en la Región Brunca se contabilizaron un total de 20 denuncias, mientras en la región Huetar Norte, durante el periodo 2019-2020, se recibieron un total de 51 denuncias por irregularidades en la práctica extractiva.

La minería no metálica en los cauces de los ríos o quebradores se ha extendido a todas las regiones socioeconómicas del país (Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega, Central, Brunca), amenazando algunos de sus ríos, principalmente los más grandes y caudalosos, debido al aumento en las demandas del mercado internacional, ya que una parte considerable de arena y piedra extraída de los ríos del país es exportada, señalan.

La Alianza de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas se ha pronunciado en diversas ocasiones por la afectación que han generado estos proyectos mineros en los ríos Guacimal y Lagartos. La misma situación señalan comunidades como Atirro, en Turrialba, con el río Atirro, Maquengal de Guatuso con río Frío y, recientemente, Cóbano de Puntarenas con el río Ario.

Para Rodríguez Muñoz “estas situaciones despiertan cuestionamientos respecto al papel del Minae, a quienes las comunidades y organizaciones achacan la responsabilidad por falta de monitoreo en la ejecución que realizan las empresas concesionarias; pero, sobre todo, indigna que se continúen otorgando prórrogas y nuevos permisos, algunos de ellos a empresas acusadas de corrupción como H. Solís y Meco. A esta primera, el año anterior se le otorgó un permiso de explotación del río Aranjuez por 10 años. Es fundamental, frente a este escenario, una intervención al código de minería y una revisión de los mecanismos institucionales de monitoreo pues, si los permisos y procesos de adjudicación se hacen apegados a la ley, pero eso implica efectos devastadores en los ríos y limita el acceso al agua para las comunidades, algo definitivamente no está bien

Sobre lo mismo, la bióloga Isabel Alvarado, realizó una amplia investigación en su tesis de grado en 2018 sobre los estudios de fauna acuática en actividades de extracción en ríos. Para Alvarado, el principal problema radica en la falta de información, tanto por parte de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la DGM. En su investigación halló que en el 96% de casos en que ha mediado un EsIA ha faltado monitoreo periódico institucional. Su investigación hizo un diagnóstico evaluativo de los Estudios de Impacto ambiental, los Planes de Gestión Ambiental y los Informes de Regencia de la SETENA. A partir de un análisis espacial se determinó la presencia de 188 concesiones de extracción en Cauces de Dominio Público otorgados entre el 2000 y el 2015, comprendiendo un 0,64% de la red hídrica del país. Está investigación concluye que la SETENA no está obteniendo datos en cantidad y calidad necesarios para adecuadamente caracterizar el ecosistema y medir su afectación.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Diálogos preparatorios: hacia la primera edición del Parlamento del Clima en Costa Rica

Diálogos preparatorios: hacia la primera edición del Parlamento del Clima en Costa Rica: Participación de las comunidades indígenas, mujeres y jóvenes en la agenda del Parlamento, resiliencia climática en el centro de la discusión

Introducción:

El proyecto tiene como objetivo garantizar la voz de las comunidades en la agenda del Parlamento del Clima de 2022. Para ello, se van a desarrollar 6 diálogos preparatorios subregionales para recoger opiniones y aportes de comunidades y minorías hacia la primera edición del Parlamento del Clima en Costa Rica en febrero de 2022.

Los diálogos preparatorios subregionales se llevarán a cabo en 6 territorios del país donde la población local se ve ampliamente afectada por el cambio climático y, por lo tanto, las comunidades requieren mejores políticas de adaptación y mitigación para ser resilientes al clima.

Los 6 diálogos subregionales se llevarán a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y en enero de 2022. Estos insumos serán sistematizados en un documento y 6 videos que se distribuirán antes y durante el Parlamento del Clima.

Los diálogos preparatorios tienen como objetivo impulsar y sensibilizar sobre la necesidad de incorporar los aportes y demandas de las comunidades y minorías indígenas en la agenda tanto nacional como internacional. Este proceso de los diálogos preparatorios y del Parlamento se producirá durante la campaña presidencial en febrero de 2022 y sentará un precedente para las próximas ediciones del Parlamento del Clima en el futuro.

La metodología incluye actividades para reunir la información existente y la visión de las comunidades sobre las principales acciones necesarias en los próximos años para minimizar el impacto del cambio climático y aumentar la resiliencia de las comunidades, así como también establecer una métrica sobre los problemas constantes que aquejan a estas comunidades.

El Parlamento del Clima se llevará a cabo en febrero de 2022 con el apoyo de la DCC (Dirección de Cambio Climático). El Parlamento es organizado por el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C). El 5C procura reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, disposición y acceso a la información relacionada con el cambio climático e interactuar con las instancias de gobernanza establecidas para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Construcción de la metodología de los diálogos

Dado que esta será la primera edición del Parlamento del Clima en Costa Rica, se busca que la agenda temática del Parlamento se alimente con los insumos de las comunidades y territorios rurales de donde provienen las personas integrantes del 5C.

Los diálogos preparatorios pueden sentar un antecedente sobre la participación comunitaria en las discusiones climáticas. Por ello, se requiere una metodología relevante para que los diálogos preparatorios sean lo suficientemente inclusivos de las personas jóvenes, hombres, mujeres y comunidades indígenas y campesinas, personas con discapacidad.

La metodología será innovadora para realizar las actividades con un enfoque de género y adaptación a la edad. Las mujeres, jóvenes y comunidades indígenas, así como las comunidades locales, son clave cuando se trata de lograr la Contribución Nacional Prevista (NDC) en Adaptación, establecida por el país en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Las acciones climáticas del país tienen un enfoque en la adaptación para asegurar que las comunidades vulnerables desarrollen una mayor capacidad para la resiliencia climática y se beneficien de la transferencia de tecnología.

El proyecto dotará a las primeras y futuras ediciones del Parlamento del Clima de una metodología de diálogo, al tiempo que permitirá a las comunidades construir nuevos compromisos a partir de este momento. La Embajada del Reino Unido está apoyando la realización de estos diálogos preparatorios. Es un aliado clave para este proceso, debido a su liderazgo en Cambio Climático para la próxima COP26 que tendrá lugar en Glasgow, UK en noviembre de 2021.

Este proyecto se llevará a cabo en Costa Rica, en 6 regiones rurales e indígenas del país y ya se han venido concretando las fechas y lugares donde se estarán desarrollando los diálogos:

  1. Territorio Caribe Norte que abarca Siquirres, Guápiles, Pococí y Guácimo (16 de octubre 2021)
  2. Territorio Norte-norte que abarca Guatuso, Los Chiles y Upala (20 de noviembre 2021)
  3. El Territorio de las costas, los mares y las islas a desarrollarse en Sámara (27 de noviembre 2021),
  4. Territorios Indígenas con sede en Zapatón (4 de diciembre 2021),
  5. El Territorio Sur-sur que abarca los alrededores de Coto Brus, Pérez Zeledón y otros cantones del sur (11 de diciembre 2021),
  6. Territorio del Valle Central que abarca participantes de San José, Heredia, Cartago y Alajuela (22 enero 2022)

Los diálogos preparatorios garantizarán insumos y recomendaciones, la participación y representación de las comunidades indígenas y rurales, mujeres y jóvenes en el establecimiento de la agenda y discusión general del Parlamento del Clima en Costa Rica en 2022 para promover acciones de resiliencia climática de las comunidades.

Se espera que el Parlamento del Clima logre acuerdos y compromisos para todas las partes involucradas. Si los insumos y recomendaciones de los diálogos preparatorios se incorporan en la agenda del Parlamento, se verán reflejados y sustentados en aquellas actividades que respondan a nuevos compromisos. Además, el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C) y la Dirección Nacional de Cambio Climático continuarán coordinando las actividades del Parlamento del Clima.

La metodología de los diálogos será “propiedad” de las comunidades y partes interesadas involucradas. Esto facilita la organización de nuevos diálogos en el futuro.

Los videos seguirán siendo públicos de distribución pública, lo que asegura el beneficio de la sensibilización por un lado y la adquisición de herramientas técnicas para el diálogo.

Por último, pero no menos importante, actores como Costa Rica Íntegra y Madre Tierra Verde seguirán teniendo participación en diferentes procesos participativos y llevarán los insumos y recomendaciones de las comunidades a otros debates con diferentes participantes.

Mujeres líderes del 5C

Las mujeres juegan un papel clave en el tejido social para promover y sostener acciones de mitigación y adaptación. Por eso, esta propuesta de proyecto incluye una metodología con perspectiva de género para realizar los diálogos preparatorios. Dicha metodología debe garantizar que las mujeres, de todas las edades, se involucren en la elaboración de insumos y recomendaciones. El equipo facilitador orientará los diálogos para garantizar una comunicación segura, y un espacio que le provea a las mujeres un espacio para el cuido de las personas dependientes y que requieren ser atendidas para asegurar la participación de las mujeres. Esta metodología permitirá superar la tradicional subrepresentación de las mujeres en las decisiones y acuerdos finales.

Se asegurará que los diálogos garanticen al menos el 50% de participación de mujeres y al menos 50% de participación de jóvenes.

Esta propuesta tiene como objetivo directo promover la participación de las comunidades en las discusiones nacionales sobre cambio climático y resiliencia climática, principalmente las discusiones que sucederán hacia el Parlamento del Clima, organizado por el Consejo Consultivo Ciudadano para el Cambio Climático (5C).

Al prestar especial atención a una metodología que garantice el diálogo y la participación, a través de los diálogos preparatorios, las comunidades locales podrán compartir experiencias, conocimientos y principales inquietudes con otras comunidades de la misma subregión y también, compartir las mejores prácticas en materia de resiliencia climática.

Promover tales debates es necesario para fortalecer las habilidades de las comunidades para convertirse en resilientes climáticos y participar en diferentes acciones y prácticas de mitigación y adaptación.

Finalmente, sentando el precedente de los diálogos preparatorios para cada edición del Parlamento del Clima y proporcionando una metodología adaptable, más comunidades podrán sostener sus propios diálogos en el futuro.

Comunidades y organizaciones participantes

Los principales grupos involucrados en la organización de los diálogos y cuyas representantes líderes son parte esencial para robustecer la participación de más organizaciones, se encuentran:

  • ADDI Zapatón • Asociación Meri Mirika Ngabe
  • Asociación de Desarrollo Integral de Brasilia de Dos Ríos de Upala
  • AMCES (Asociación de Mujeres Costeras Emprendedoras de playa Samara)
  • AMUDA (Asociación de Mujeres Unidas de África)
  • CODECE (Asociación para la Conservación y desarrollo de los Cerros de Escazú)
  • Ríos Vivos (organización perteneciente a FECON)

Las representantes de estas organizaciones van a convocar las voces, los enfoques y las recomendaciones para el Parlamento. Estamos generando procesos para amplificar sus voces y que la sociedad costarricense y las autoridades puedan escuchar los problemas reales que enfrentan los territorios ante el cambio climático.

Resultados del proyecto

A continuación, se enumeran los productos entregables del proyecto.

-Una metodología inclusiva, empática, colaborativa, que posibilite la creación de un espacio seguro en que puedan participar hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores, así como representantes de comunidades indígenas. A su vez esta metodología será escalable y adaptada a cada territorio. Esta misma metodología permitirá generar otras experiencias en otras regiones que puedan irse replicando y mejorando para próximas ediciones del Parlamento del Clima.

-Documento final de sistematización de los aportes y las recomendaciones de los diálogos preparatorios hacia el Parlamento del Clima -Aproximadamente 200 personas participarán en los diálogos.

-Pliego de recomendaciones para la realización del Parlamento del Clima.

-5 videos de 3 minutos que muestran, por separado: 1) recomendaciones y aportes para lograr que la agenda del Parlamento del Clima sea relevante para las mujeres, 2) recomendaciones y aportes para lograr que la agenda del Parlamento del Clima sea relevante para las personas jóvenes, 3) recomendaciones y aportes para lograr que la agenda del Parlamento del Clima sea relevante para las comunidades indígenas, 4) lecciones aprendidas de la metodologías de los diálogos y 5) un mensaje general de todos los diálogos preparatorios subregionales sobre la resiliencia climática.

*Se cuenta con el apoyo de Kioscos ambientales de la UCR para desarrollar por cada territorio una cartografía participativa que permita visibilizar los proyectos que se desarrollan en el territorio, las realidades vistas desde las comunidades en cuanto a qué es lo que existe en las áreas de las personas participantes y qué soluciones proponen como ciudadanía para enfrentar las situaciones asociadas al Cambio Climático, sobre todo lo relacionado con consecuencias de actividades humanas que afectan y ponen en riesgo a las comunidades.

La Inversión en Desarrollo Rural, uno de los escasos aciertos de este período

German Masís

A mediados del mes de noviembre, como parte de la presentación de las inversiones que las instituciones del Sector agropecuario han realizado en los territorios rurales, el Presidente Ejecutivo del INDER informó que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.

Según el Presidente Ejecutivo, las inversiones del INDER incluyen apertura y mejoramiento de caminos, alcantarillado, construcción de puentes, obras de drenaje, sistemas de riego, acueductos rurales, electrificación, infraestructura para almacenamiento y agroindustria, entre muchas otras iniciativas que se articulan con otras entidades, con el fin de que la población y productores rurales cuenten con las condiciones necesarias para mejorar el desarrollo de los territorios rurales, quien agregó que solo para el año 2020, el Instituto aumentó sus inversiones en un 60% con respecto al 2019.(ElPais.cr,12-11-2021).

Entre la inversión efectuada por el INDER en las diferentes regiones, se encuentra la que los habitantes rurales de la Región Brunca han recibido en este año 2021, por un total de ₡2 042 millones en proyectos, inversiones que incluyen un total de 214 proyectos en temas como infraestructura, fomento a la producción y seguridad alimentaria e iniciativas desarrolladas con otras instituciones u organizaciones.

Como parte de esa inversión en infraestructura social y productiva, se menciona una inversión total cercana a los ₡280 millones, de la que se benefician 2.640 pequeños y medianos productores de frijol (1.203 de la región Brunca y 1.437 en la región Huetar Norte), con una estructura vital y relevante, para el acondicionamiento de bodegas para el almacenamiento de frijol en condiciones ambientales controladas, en Pérez Zeledón y Guatuso, cuyo objetivo principal es fortalecer la producción de frijol en los territorios rurales del país, proporcionando instalaciones óptimas de almacenaje, que garanticen productos seguros, competitivos para asegurar la sostenibilidad y el bienestar de los productores y de la reactivación económica en esos territorios. (INDER,26-11-2021).

Igualmente, el INDER ha invertido, en la construcción de 14 módulos especializados para la producción de miel, así como la entrega de insumos y herramientas especializadas, a la Asociación de Mujeres Meliponicultoras de Pérez Zeledón, con el fin de mejorar el manejo de las abejas y aumentar la producción de este producto.

En esta iniciativa invirtió más de ₡124,6 millones, para el beneficio de 15 familias que integran la Asociación, en un proyecto que beneficiará a productoras de comunidades como Pejibaye, Las Mesas, San Ramón Norte, San Antonio, Arco Iris, Las Esperanzas, Veracruz, Santo Domingo, entre otras.

En el mismo sentido, el INDER realizó la entrega de equipos agrícolas y equipos para elaboración de quesos a productores del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. La inversión total fue cerca de ₡6 millones en picadoras de pasto y máquinas ordeñadoras, lo que contribuirá al aumento de las ventas y mejorar la calidad de sus productos.

Los beneficiarios son 7 productores de las comunidades La Tigra, La Palmera, La Gloria de Aguas Zarcas y los asentamientos El Futuro, El Sahíno en Pital de San Carlos y La Españolita y Sevilla XXI de Río Cuarto.

En otra de las iniciativas de inversión, el INDER ha apoyado a Coopehorquetas en el territorio de Sarapiquí, con inversiones cercanas a los ₡149 millones, mediante la que se construyeron las instalaciones de la planta con una inversión de ₡75.8 millones de inversión en la infraestructura, además ha recibido ₡52,1 millones en equipos e insumos para mejorar la producción y se les ha entregado créditos hasta por ₡20 millones.

La organización está conformada por 40 asociados más otros 10 productores independientes. Actualmente, en la planta se procesan cerca de 10 mil palmitos por día que se comercializa con la empresa Nova International Company Foods dada la alianza entre ambas, además la cooperativa es una de las proveedoras del programa de abastecimiento institucional del CNP. (Inder,17-11-21).

Otro de los proyectos que ha contado con la inversión del INDER es la infraestructura del microbeneficio para el procesamiento y comercialización del café, a cargo de las mujeres afiliadas a la Asociación Ideas Productivas Femeninas La Legua de Aserrí. proyecto que consiste en la instalación de un micro beneficio para procesar y comercializar el café hasta el producto final.

En estas obras, el INDER invirtió ₡130 millones, el MAG ₡20 millones y la organización otros ₡30 millones, las beneficiadas directas son las 14 mujeres asociadas a la organización y sus familias, además de otros productores que puedan procesar su producto en el lugar. (INDER,23-11-2021).

Po su parte, el INDER ha contribuido también en la conectividad a internet de las comunidades rurales, ya que recientemente se llevó a cabo la entrega de ₡456 millones por parte de esta institución para el proyecto interterritorial que garantizará acceso al servicio de internet para unas 11.300 personas, quienes habitan y trabajan en cuatro territorios rurales de la Región Central del país.

Esta Iniciativa es impulsada por Coopesantos R.L. y el INDER y la inversión total es de ₡1.139 millones, de los cuales Coopesantos R.L. aportará ₡683 millones y el INDER ₡456 millones. Los territorios rurales beneficiados son Los Santos; Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión; Acosta-Desamparados-Aserrí; y Puriscal-Mora-Santa Ana-Alajuelita-Escazú.

A este proyecto se une el que llevan a cabo el INDER y la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, COOPELESCA R.L., para la colocación de 50 kilómetros de fibra óptica en cinco comunidades de la Zona Norte, para el beneficio de cerca de 5.200 habitantes de La Victoria, La Españolita, Ramón Brenes y Los Lagos en Río Cuarto, y la Unión de Monterrey en San Carlos. La inversión es de ₡529,5 millones, de los cuales el Inder aporta ₡370,7 millones y COOPELESCA ₡158,8 millones. (INDER,23-11-2021).

La información de la inversión de recursos del INDER, es complementaria a la brindada a inicios de este año, en cuanto a que la institución trasladaría a los productores rurales cerca ₡5.000 millones, para el beneficio directo de más de 3.532 familias como parte del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria.

Entre el 2019 y el 2020 la institución invirtió en este programa ₡4.400 millones, monto que aumenta de manera significativa para este año con la finalidad de fortalecer la reactivación de pequeños emprendedores pecuarios, agrícolas, pescadores y emprendedores de los territorios rurales, con equipos, herramientas e insumos.

Igualmente 6.300 mujeres recibieron apoyo del INDER para el impulso de proyectos agrícolas, pecuarios, de pesca, salud, cuidados personales, medicina natural y costura, así como actividades relacionadas con valor agregado de la producción, aporte que se brinda entendiendo el aporte de las mujeres emprendedoras rurales a las economías rurales.

Del total de 6.300 mujeres beneficiadas, 4.850 fueron apoyadas con iniciativas del programa “Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria”, adicionalmente, otras 1.464 mujeres recibieron créditos blandos para ampliar sus ideas de negocios, a través de los programas de “Crédito Rural”, parte de la Estrategia Motor Rural 2020.

El expresidente Ejecutivo del INDER había afirmado en ese momento que, “esta inversión nos permite impactar positivamente en las economías de muchas familias rurales y mejorar su calidad de vida. Apoyar la productividad agropecuaria nacional es una responsabilidad que hemos asumido y que fortaleceremos durante este 2021 con el objetivo de apoyar la reactivación desde los territorios rurales”. (ElPaís.cr,1-4-2021).

La inversión productiva y el apoyo a los emprendimientos rurales es un esfuerzo que se ubica en el camino de la reactivación económica que el país requiere en este período post pandemia, especialmente en las áreas rurales, en las que los indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad suelen ser más altos.

También recientemente se presentó el Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT).

como un instrumento que busca darle mayores herramientas a las instituciones públicas del país para evidenciar las brechas existentes entre las zonas rurales y las urbanas en las diferentes dimensiones de su desarrollo y con ello poder generar estrategias territorializadas para la reducción de las inequidades.

Con el IDRT se posibilita medir a nivel distrital las brechas del desarrollo existentes en cada uno de los 29 territorios y entre los territorios rurales y con ello, orientar la inversión pública, no solo del INDER sino del conjunto de actores del Estado costarricense. Dicho índice se constituye en una herramienta que, permita dar seguimiento y evaluación al proceso de desarrollo rural y generar las estrategias de articulación y coordinación de los actores públicos con alianzas privadas, para una efectiva gestión e inversión que potencie el desarrollo y disminuya las brechas existentes.

Los indicadores que componen cada uno de los ejes estratégicos se enfocan en la medición del bienestar y la cobertura de la oferta pública que inciden en los hogares, evidenciando las desigualdades territoriales de las zonas rurales del país. (INDER,24-11-2021).

La inversión en el desarrollo de las comunidades rurales y el seguimiento de los indicadores de desarrollo rural por parte del INDER, podría ser uno de los eventuales logros en el balance final de la actual Administración, que los actores sociales debieran tratar de evaluar.

 

Imagen ilustrativa tomada de la página de la UCR.

La pobreza en el 2021: la zona rural y las regiones Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte, con las peores condiciones

German Masís

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares(Enaho) 2021 del INEC, señala cambios significativos en la pobreza entre zonas de residencia de la población y entre regiones del país entre el año 2020 y el actual, que aunque de alguna manera confirma el comportamiento evidenciado en los últimos años, debiera ser preocupante por las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre unas regiones y otras, expresando las persistentes desigualdades regionales que han caracterizado el país.

Según el informe de resultados de la Enaho, entre el 2021 y el anterior, por zonas de residencia, se da una disminución significativa de la pobreza en la zona urbana con respecto al año anterior, mientras la rural permanece sin variación. El porcentaje de hogares en pobreza en la zona urbana decreció 4,6 p.p., pasando de 26,4 % en el 2020 a 21,8 % en el 2021; a pesar de ser una variación estadísticamente significaba, este nivel de pobreza es el segundo más alto desde el 2010, superado únicamente por el observado el año anterior. El porcentaje de hogares en pobreza, entre los residentes en la rural es de 26,3 %, es el valor más alto en los últimos cinco años; este nivel no varía con respecto al año anterior.

En relación entre la pobreza en la zona urbana y la rural, permite establecer una brecha de 4,5 p.p. entre el nivel de pobreza de los hogares rurales y los urbanos; cabe mencionar que, desde el 2014 se venía observando una tendencia a cerrar esa brecha, hasta prácticamente desaparecer en el 2020. 

Con referencia a los hogares en pobreza extrema según zona de residencia, el comportamiento es semejante al de la pobreza total, la pobreza extrema en la zona urbana disminuye significativamente, en tanto, en la rural no hay variación estadísticamente significativa. 

El porcentaje de hogares en pobreza extrema en la zona urbana es de 5,5 %, lo que corresponde a 1,4 p.p. menos que el año anterior cuando se estimó en 6,9 %, mientras en la zona urbana la incidencia de la pobreza extrema es de 8,3 %, un punto porcentual más alto con respecto al año anterior (7,3 %). Con respecto a la brecha en el nivel de pobreza extrema entre las zonas, al igual que sucede con la pobreza total se revierte la tendencia a disminuir esa diferencia, estableciéndose en 2,8 p.p. en el 2021.

La brecha de pobreza, también conocida como intensidad, a nivel nacional se sitúa este año en 8,8 %, disminuyendo -1,3 p.p., respecto al 2020. Con respecto al año anterior, en la zona urbana este indicador pasa de 10,2 % a 8,2 %, mientras en los hogares de la zona rural pasa de 9,8 % a 10,5 % en el 2021, lo cual significa que, en promedio, en los hogares rurales, es más la cantidad de dinero que necesitan los hogares pobres para superar la línea de pobreza y salir de esa condición.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %. El porcentaje de hogares en pobreza extrema de la región Central, es el más bajo que se ha observado desde el año 2010, coincidiendo con la cifra de los años 2010, 2013 y 2017.

La región Brunca presenta un comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Sin embargo, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie Enaho, con 12.9 %.

Tampoco el caso del Pacífico Central es fácil de ignorar, pues el total de pobreza es de 30,9 %, el segundo más alto desde el 2010, únicamente superado por la estimación del 2020 (34,7 %), en esta región la pobreza extrema disminuye 2,9 p.p. pasando de 11,3 % en el 2020 a 8,4 % en el 2021.

De las regiones periféricas, solo la Chorotega logra mejorar los indicadores de pobreza, ya que se ubica como la segunda región con menor nivel de pobreza, presentando la segunda variación negativa más importante en la pobreza total, pasando de 31,7 % en el 2020 a 26,2 % en el 2021, nivel semejante al observado en el 2018, que equivale a una variación estadísticamente significativa de -5.5 p.p., en esta región el porcentaje de hogares en pobreza extrema es de 8,5 %, permanece sin cambio con respecto al año anterior cuando se estimó en 9,0 %. 

En cuanto al ingreso de los hogares, en la urbana el ingreso promedio de los hogares se estimó en ₡ 1 119 073, mientras que en zona rural en ₡ 651 511, esto significa que el ingreso promedio por hogar en la zona rural es 41,8 % menos respecto a la urbana. En comparación al año anterior, el ingreso promedio de los hogares aumenta significativamente en la zona urbana (13,3 %), mientras en la zona rural no se observa un cambio significativo en comparación con el año anterior. 

Al analizar el ingreso según las regiones, se observa que la región Central mantiene los mayores niveles de ingreso, con un ingreso promedio por hogar de ₡ 1,177.592.   Mientras las regiones Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe son las de menor ingreso con un ingreso promedio de ₡ 627.852, ₡ 636.934 y ₡ 675. 797 respectivamente. 

Las regiones Chorotega y Pacífico Central ocupan el segundo y tercer lugar en cuanto el ingreso promedio del hogar, para la Chorotega el ingreso fue de ₡ 778. 436 y para la región Pacífico Central el promedio fue de ₡ 751.869. (INEC,Encuesta Nacional de Hogares,2021)

Frente a los resultados de la Enaho, cabe preguntarse cuáles son las razones para la existencia de estas desigualdades en los niveles de pobreza y pobreza extrema y en los niveles de ingreso de los hogares, entre las zonas urbana y rural y entre la región Central y las demás regiones periféricas.

La explicación de estas desiguales parece estar estrechamente asociada al desarrollo productivo y económico inequitativo, a la distribución desigual de la riqueza y la acción diferenciada del Estado en la región Central con respecto a las regiones periféricas y a los consecuentes rezagos en el desarrollo socioeconómico de éstas últimas.

El estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2020, había establecido que la producción se especializa por zonas geográficas y que existen diferencias marcadas entre la estructura productiva de la Gran Área Metropolitana(GAM) y la de las regiones periféricas, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras que las periféricas en agricultura y turismo, mientras el comercio se encuentra en casi todo el país.

Así mismo, la administración pública está altamente concentrada en el centro del país, especialmente en el cantón de San José, mientras la construcción, la educación y salud aunque se encuentran más distribuidos a lo largo del país, la mayor concentración sigue presentándose en la GAM (Alterdes.cr,febrero,2021).

Un buen ejemplo de la concentración de la actividad económica, es la ubicación de los principales zonas francas y en particular la fabricación de instrumentos y suministros médicos en las cabeceras de las provincias que conforman GAM, en las que se concentran las empresas de manufactura de alta tecnología, así como la inversión extranjera que recibe el país

Por su parte, en cuanto al panorama de la pobreza en las diferentes regiones, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales, mientras que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.(Alterdes.cr,nov. 2020)

El comportamiento de los índices por cantón, es coincidente con el nivel de pobreza existente en el 2019 según la Encuesta de Hogares del INEC, en la que la pobreza es alta en algunas regiones, por ejemplo, en la región Brunca,la Huetar Atlántica y el Pacífico Central, en la que la pobreza es mayor al 30%, lo que implica que la tercera parte de los hogares no cubren sus necesidades básicas, en esas regiones la pobreza extrema es del, 9.2, 8.9 y 9.1, las más altas del país.(LN.com,18-10-19). 

La Región Brunca, presenta bajos indicadores de desarrollo desde hace varias décadas.   Hace dos años, un artículo denominado “Pobladores de la zona sur encaran solos desempleo y pobreza”, ponía en evidencia esos indicadores, pues la tasa de desempleo era de 14.9%, la tasa de subempleo era del 15.6% y la tasa de pobreza era de 32.2%.   Además con excepción de Pérez Zeledón, los demás cantones de la región Brunca se encontraban entre los 12 cantones con el índice de desarrollo social(IDS) más bajo, según una medición de Mideplan del 2017, en donde Buenos Aires, Golfito y Osa son los que enfrentan el peor panorama.(LN,2-9-2019).

Un diagnóstico de Mideplan a inicios de los 2000 señalaba, que las bajas condiciones de vida y la persistencia de la pobreza en la región Brunca se asocia a la presencia de factores relacionados con la escasa generación de empleo e ingreso, que limitan las posibilidades que tienen esos hogares de buscar alternativas para superar la situación de pobreza; (por lo que) en ese contexto resulta relevante impulsar políticas estatales orientados a lograr un acceso real de esta población a los recursos productivos y un mejoramiento de la productividad, que les permita cruzar definitivamente el umbral de la pobreza y mejorar sus condiciones de subsistencia.(Plan Regional de Desarrollo Brunca 2002-06,p.9)

De manera similar la región Huetar Norte desde hace varios años presenta serias limitaciones en su desarrollo debido a que el modelo de desarrollo económico vigente está centrado en monocultivos, en la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala, junto a la producción ganadera extensiva y de granos.  Esa dinámica económica, social y ambiental de la región plantean grandes desafíos al desarrollo regional, ya que la dinámica agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona y estas formas de producción presentan una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales.(Cudeca,2011).

Igualmente un estudio de SEPSA-PROCOMER del 2008, establecía que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano, Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País; (…) existe una concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en algunos cantones y se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región.(Alterdes.cr,enero 2020)

En el caso de la región Huetar Caribe, la actividad productiva y las exportaciones están concentradas en unos pocos productos, como el banano,la piña y los tubérculos, las dos primeras en grandes fincas, que son las que generan la mayoría del empleo y los ingresos salariales de la población. Esas mismas actividades, sobre todo la piña, generan efectos ambientales nocivos por la contaminación de suelos y fuentes de agua.

El desempleo entre el 2016 y el 2020, ha aumentado de 9.9 al 15.7%, el ingreso promedio aunque ha crecido levemente, representa alrededor del 70% del de la región Central, el segundo más bajo después de la región Pacífico Central y la pobreza ha crecido del 27.6 en el 2016 al 29.8% en el 2020, como la segunda más alta entre las regiones(Mideplan,Estadísticas regionales,2021).

La problemática social y económica que ha caracterizado a éstas regiones, está ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la vivienda y la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las nuevas tecnologías.

De ahí que la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

 

Foto tomada de Universidad de Costa Rica

Crisis en comunidades no es reciente

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

 

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica