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Etiqueta: terrorismo de Estado

El terrorismo político expresado en las vallas publicitarias

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Se han puesto vallas gigantes, en la autopista de circunvalación norte y la ruta 27 hacia Escazú, con las fotos de los rostros del Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, la Contralora General de la República, Marta Acosta, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pidiéndoles que “renuncien”, articulando con ello una gran campaña publicitaria, que procura mover conciencias, voluntades, confianzas públicas e institucionales, en contra de estos altos funcionarios, procurando provocar sentimientos negativos contra ellos, contra su honor y dignidad, como si fueran delincuentes públicos sujetos de persecución y de ”recompensas”, en este caso políticas, que serían lograr sus “renuncias”.

No es solo una campaña contra los altos funcionarios de Estado que presiden o dirigen instituciones claves del control político, del control administrativo institucional y del presupuestario nacional, de la persecución del crimen y de los delitos y de la ejecución de la Justicia.

Es de hecho una campaña contra las instituciones que ellos presiden o dirigen: la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Son las instituciones y sus funcionarios que han sido víctimas de los constantes ataques del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, alegándoles que no le dejan gobernar, lo que no es cierto. No es que las instituciones o estos funcionarios no le dejan gobernar; es que no sabe gobernar en régimen democrático, bajo una división de poderes. Por eso impulsa un régimen autoritario, dictatorial, tiránico.

La Asamblea Legislativa se integra por 57 diputados electos popularmente. Los actuales fueron electos el primer domingo de febrero del 2022, cuando quedaron electos, en las mismas elecciones que colocaron al presidente Rodrigo Chaves como finalista, junto con José María Figueres, elecciones presidenciales que se resolvieron, en segunda ronda el primer domingo de abril del 2022.

En esa ocasión, el partido político con el que el presidente electo participaba sacó solo 10 diputados de los 57. Igual situación tuvo el partido Acción Ciudadana en las elecciones del 2014 y del 2018. Para este partido eso no fue una crisis política institucional que lo llevara a realizar ataques institucionales contra la Asamblea Legislativa, ni contra su presidente, ni contra las otras instituciones y funcionarios que el presidente Chaves a cada rato ataca. Este partido tuvo la capacidad de negociación política, de acuerdo a la tradición democrática nacional, con el resto de los diputados, de las distintas fracciones legislativas, para que nombraran presidente de la Asamblea Legislativa a diputados y diputadas de ese partido, en ambos períodos presidenciales.

El partido que eligió al presidente Rodrigo Chaves Robles, careciendo de historia electoral y de tradición política institucional, no tuvo esa capacidad negociadora. Sus diputados no la tuvieron. La jefe parlamentaria que pusieron tampoco la tuvo. Ninguno de sus diputados estaba en capacidad de asumir la Presidencia del Poder Legislativo. Quizá la única, de ese partido, con esa experiencia podía ser la diputada Pilar Cisneros Gallo. Esta diputada, por ser de origen extranjero, peruana de nacimiento, no podía dirigir la Asamblea Legislativa, porque para ello se necesita ser costarricense por nacimiento. Aun así, el Tribunal Supremo de Elecciones, haciéndole un favor, una cortesía institucional, permitió que, en el Directorio Legislativo Provisional, de la primera sesión parlamentaria, el Directorio que el Tribunal Supremo de Elecciones escoge e integra por vejez, por la mayor edad, de su miembros, colocó en el puesto de vicepresidenta a la diputada Pilar Cisneros Gallo. En mi opinión no podía hacerlo, porque el vicepresidente de la Asamblea Legislativa también tiene que ser costarricense por nacimiento, porque puede sustituir al presidente del Poder Legislativo y eventualmente podría sustituir al mismo presidente de la República, como sucedió en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, cuando en el año 2009-2010, varias veces el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, le sustituyó por salidas del país que tuvo que hacer el presidente.

En los tres años que han transcurrido del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, su fracción parlamentaria, se redujo de diez a ocho diputados, porque dos se salieron de las directrices de gobierno y de la forma como la diputada Pilar Cisneros dirige autoritariamente esa fracción.

Además, desde su elección, el presidente Rodrigo Chaves Robles enfrentó a la Asamblea Legislativa, confrontó fuertemente a los partidos políticos que habían elegido diputados, a sus dirigentes políticos e históricos, enfrentó la institucionalidad sin ninguna consideración. Incluso habló de “dinamitar” los puentes políticos que debían existir para lograr acuerdos y pactos parlamentarios. Trazó la ruta, de esa manera, de cómo quería gobernar a la fuerza, de manera autoritaria, por imposición de sus decretos ejecutivos y con la intención, como recientemente lo ha declarado, de que la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la misma Fiscalía General de la República deben obedecer y actuar bajo la dirección de lo que se disponga, trace y dirija desde el Poder Ejecutivo, porque es la única manera en que se puede gobernar, cuando el Presidente de la República, según él, tiene todo el control de la institucionalidad pública.

La verdad histórica de Costa Rica es que todos los presidentes que ha habido han sabido gobernar con la independencia de los poderes públicos del Estado, y sin tratarlos de dominar de la manera como quiere hacerlo el presidente Chaves. Esta experiencia histórica se ha dado aun cuando los presidentes y sus partidos no tenían mayorías legislativas propias, de sus partidos.

La inexperiencia política y legislativa del partido, que llevó al presidente Rodrigo Chaves a encabezar el Poder Ejecutivo, hizo que no estuviera preparado para asumir el cargo. Tenía las manos vacías de proyectos legislativos, de iniciativas parlamentarias qué proponer. Eso hizo que en los primeros días de trabajo parlamentario del actual gobierno, en el 2022, no tuvieran proyectos de ley que someter a la Asamblea Legislativa, por lo que la Asamblea no trabajó, porque en las sesiones extraordinarias de trabajo parlamentario, la Asamblea Legislativa solo puede trabajar con los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo le presenta a los diputados.

En estos tres años de trabajo parlamentario la fracción legislativa que representa al presidente de la República es la más deficiente en presentación de proyectos de ley propios. El gobierno no ha tenido una iniciativa parlamentaria que indique una ruta para el país.

Por otro lado, el gobierno presenta proyectos de ley que rozan la Constitución Política o la ilegalidad nacional, por lo que no pueden aprobarse y se le rechazan. Ante esto acude a formas para tratar de imponerlos por la fuerza, por la vía de la consulta ciudadana, del referéndum y también se le rechazan por las mismas razones inconstitucionales.

Estos rechazos, por su ineptitud gubernativa, le ha permitido al presidente montar una campaña publicitaria, agresiva, intimidatoria, irrespetuosa en todo sentido, de carácter terrorista de Estado, contra la institucionalidad democrática, contra la independencia de los supremos poderes y sus representantes, descalificándoles, tratando de que sobre todos ellos se pierda la confianza y la fe pública con la intención de montar una situación de conflicto institucional y de crisis política aguda que le permitiera llamar a un estado de excepción y gobernar a la fuerza como lo hace su amigo Bukele en El Salvador.

La Asamblea Legislativa en su función exclusiva, indelegable y propia de hacer las leyes, tiene además la de ejercer el control político sobre la marcha de la Administración Pública, sobre el ejercicio del trabajo de todos los altos funcionarios del gobierno, a los que puede llamar a rendir cuentas, aspecto que no le gusta al presidente Rodrigo Chaves.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos, como son los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, por períodos de ocho años con posibilidad de reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como el Contralor General de la República y al Subcontralor, puestos también reelegibles de manera continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente. Actualmente es el cargo que lo tiene la Controlara Marta Acosta.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como son los Defensores de los Ciudadanos, y otros funcionarios de Estado. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que nombran al fiscal general de la República y a los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen la posibilidad de la reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlo él directamente.

Cuando el Presidente de la República lo que muestra es una gran incapacidad de gobierno, de dirigir el Estado y el Gobierno, en su Poder Ejecutivo, con una agenda y una hoja vacía de ruta clara políticamente para resolver los problemas fundamentales de la población, obliga a que le rechacen acciones por inconstitucionalidades o ilegalidades, y se abran procesos de investigación judicial ante la Fiscalía General de la República, procesos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa, para levantar su inmunidad, y a la Corte Suprema de Justicia para juzgarlo de manera definitiva, es lo que lleva al Presidente a cuestionar y demeritar a estas instituciones y sus altos funcionarios. Varias docenas de acusaciones tiene el presidente en trámite ante la Fiscalía. Hay acusaciones e investigaciones de la forma como realizaron económica y financieramente su campaña electoral, lo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en trámite de investigación

Por ello los ataques constantes a las instancias públicas que tiene que ver con todo eso, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.

Por eso es que ha levantado esa campaña asquerosa, sucia, denigrante, provocando una imagen delincuencial de los altos funcionarios de Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, con las vallas que tienen las fotos de Rodrigo Arias Sánchez, de Marta Acosta, de Carlo Díaz y de Orlando Aguirre.

Es una campaña contra estas personas, en lo individual, en lo profesional, en lo institucional, en contra de su imagen pública y en contra de su imagen, su honor y dignidad, como altas autoridades de instituciones contraloras del desarrollo de la institucionalidad y la vida pública y política del país. Es una campaña que puede generar agresiones físicas, no solo verbales, contra estas personas, y cualquiera otras personas que impulsen en campañas de esa manera.

La empresa dueña de las vallas publicitarias es corresponsable de acciones de este tipo que se puedan generar contra estos altos funcionarios. La empresa publicitaria que diseñó los carteles de las vallas también es corresponsable. Estas dos empresas como los periódicos y medios de comunicación tienen la obligación legal de ver y valorar los contenidos de lo que van a publicar. No es un problema de censura, es de los alcances legales que les puedan comprometer.

En los periódicos cuando un artículo no les parece a sus directores por los contenidos que pueden provocar acciones legales, penales y civiles, obligan a que se corrijan o se rechazan para su publicación.

Si las vallas no tienen una firma responsable, de una persona, una sociedad o un partido político que asuma esa responsabilidad y acusación pública insinuada de perversa, mala, que requiera la renuncia, que se anuncia y reclama, que se hace de estos funcionarios, es claro que la fuente de esa campaña son los grupos de poder que financian esa campaña, asociados al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, es claro que él es el primer responsable de esa campaña.

Aquí no se trata solo de la libertad de expresión que no puede tener censura. La valla en sí misma, si no hay nadie que la firme como su protesta, ni está expresando una opinión ciudadana, no es una expresión simple de libertad de opinión. La única opinión de un ciudadano, en este sentido ofensivo, intimidatorio, es la del presidente Chaves Robles, que así opera contra estos funcionarios.

Los descontentos ciudadanos en la historia nacional se dan contra las actuaciones del Poder Ejecutivo y sus funcionarios. Eso es lo que se castiga en los propios procesos electorales. Nunca ha sucedido que el descontento ciudadano se exprese contra la Contraloría General de la República o contra la Fiscalía General de la República. Ni siquiera contra la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia.

Contra estas instituciones sí se dan las críticas, pero no descontentos ciudadanos que tengan estas características de expresión en vallas. Esto es propio del actuar político organizado desde el Estado, el Gobierno o desde los partidos políticos.

El Poder Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves Robles es el único responsable de esta odiosa y malévola campaña publicitaria. Responde típicamente a actos de terrorismo de Estado, que se ejecutan de esa manera contra ciudadanos adversos al gobernante o al grupo gobernante.

Reflejan estas vallas las formas oscuras, tenebrosas y peligrosas como se está diseñando la campaña electoral del 2025. Es el gobierno dirigido por Rodrigo Chaves el interesado en poner tenso el ambiente político nacional, es el único interesado de estar en el ambiente político, en la beligerancia electoral que lleva a cabo hablando constantemente contra todos los partidos, los líderes políticos, pidiendo votar por otros diputados de nuevos y otros partidos políticos, de hablar por sus “jaguares”. Su beligerancia política le provoca y genera, en su favor, tener un gran distractor nacional de su mala gestión gubernativa.

Estas vallas no responden, por ahora, a ninguna práctica política de propaganda de alguno de los partidos políticos existentes, que además tendrían que justificar en sus finanzas ante el Tribunal Supremo de elecciones. Los partidos políticos están más entretenidos en ver como terminan de inscribirse, que en iniciar una campaña política contra la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República o la Corte Suprema de Justicia. El único interesado en esta campaña es el propio presidente Chaves porque ese es tema suyo hasta para su posibilidad de ser candidato a diputado, a partir de julio.

Lo más fácil es echarles la culpa a los otros actores políticos del país, a los otros poderes públicos que intervienen en sus acciones, frenándole las inconstitucionalidades o ilegalidades, sometiéndole a crítica pública sus acciones negativas, por ello enfrenta y ataca a todos los medios de comunicación social, a directores de programas de opinión. Es la manera directa con la cual en su forma de beligerancia política el gobierno y el presidente Chaves entran al escenario político en el 2025. Todo empieza a girar en torno a él, como él lo quiere.

Los partidos políticos siguen partidos en su interior, distraídos de la política nacional, en el furgón de cola que les pone el gobierno.

Las organizaciones sociales están peor en este escenario nacional que afecta a los trabajadores y a toda la ciudadanía.

Estamos advertidos de los tiempos electorales que vienen y del Estado Terrorista que opera.

Compartido con SURCOS por el autor.

Un año de barbarie

Publicado el . Publicado en Análisis.

Oscar Madrigal

Desde el inicio de nuestra lucha entendimos que el terrorismo no era una forma revolucionaria de acercar a las masas al socialismo.

Las acciones terroristas con ejecutadas, por lo general, por un pequeño grupo clandestino que ejecuta acciones pequeñas para asesinar a miembros del ejército o políticos, con el fin de provocar miedo en la población. Desde esta perspectiva, las luchas de masas, las luchas populares no son terrorismo, aunque en ese combate se puedan producir explosiones o ajusticiamiento de esbirros y saboteadores. Las acciones de violencia política no pueden catalogarse de terrorismo.

Sin embargo, su uso se generalizó desde el 11 de setiembre de 2001 y se aplica -según los intereses de los estados- a muchas acciones que son resistencia y lucha política de los pueblos oprimidos.

Por otra parte, el terrorismo más peligroso y letal es actualmente el Terrorismo de Estado. Tan condenable como el de pequeños grupos, el terrorismo de estado es más brutal porque se ejerce generalmente como defensa nacional o defensa del estado por lo que se legitiman la tortura, las desapariciones, el espionaje colectivo o la eliminación selectiva de todos aquellos que puedan ser considerados enemigos del Estado.

En los juicios contra la dictadura de los militares argentinos, éstos argumentaron que la brutal represión se hizo para defender al Estado de las acciones de los subversivos o guerrilleros; la justicia argentina condenó a la cúpula militar argumentando que el Estado no tiene el derecho de actuar ilegalmente, aunque sea para defender la legalidad. El Estado no puede violar los derechos humanos para defenderlos, el Estado de Derecho se defiende conforme a las leyes y la constitución.

Este día se cumple un año de barbarie, de un genocidio pocas veces visto en las últimas décadas de historia. Me llama la atención que los bombardeos y ataques que realizan los que la prensa llama grupos terroristas están dirigidos contra las bases militares e infraestructura militar de Israel, mientas que los bombardeos de Israel -que supuestamente no es terrorista- se dirigen contra hospitales, escuelas, barrios, fábricas, carreteras, de manera indiscriminada y sin importar lo que ellos llaman daños colaterales. El resultado hasta hoy es de 45.000 muertos, 10.000 desaparecidos, en su mayoría niños, niñas y mujeres en Gaza y varios miles de muertos ahora en Líbano.

La guerra de Israel está dirigida por Netanyahu, con orden de captura internacional por la Corte Internacional de Justicia, que es un corrupto condenado por la propia justicia israelí, junto a una camarilla de ultraderecha, ultra nacionalista y racista que ha perdido todo sentido de la razón y los límites. Una camarilla, que, por mantener su impunidad, está acabando con el mismo pueblo israelí, alejando sus fuentes productivas y sembrando traumas de guerra que dejarán solo mentes enfermas dentro de los jóvenes y del pueblo de Israel.

Netanyahu y su camarilla están desquiciados y totalmente fuera de control. Ese engendro se le escapó de las manos a EEUU y la OTAN.

A ningún país le sirve o interesa que esa zona del Cercano Oriente se convierta en un conflicto generalizado solo porque la camarilla de Israel esté interesada en llegar hasta su propia inmolación. Las consecuencias serían desastrosas, no solo por el petróleo sino por el comercio mundial en general.

Según parece el mundo se está hartando de Netanyahu y su camarilla racista. Ya empezó Macron negándose a entregarle más armas a Israel y el gobierno de Biden y Harris parece endurecer sus posiciones.

¿Está pensando EEUU y la OTAN en un recambio en la cúpula israelí?

Netanyahu y su grupo manifestaron que en 4 semanas acabarían con Hamás en Gaza, pero ya pasó un año y la guerra se ha extendido a otras regiones. El pueblo palestino no desaparecerá, al contrario, la solidaridad y el apoyo de todo el mundo lo ha respaldado.

Palestina será libre, y ello cada vez está más cerca.

Sobre el asesinato de un niño y otro joven que intentaban robar ropa

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Lo sucedido el pasado viernes 08 de octubre, en el municipio colombiano de Tibú, zona fronteriza con Venezuela, en el que fueron asesinados un niño y un joven de nacionalidad venezolana y dejados sus cuerpos baleados en la cabeza, en la carretera de salida, en un barrio de esa localidad; fue un claro y escueto linchamiento, iniciado en un local comercial al que presuntamente entraron, el niño de 11 años y el joven de 17 años dizque para robar ropa.

Las secuencias fotográficas existentes registran que ambos salen de los vestuarios con ropa del almacén puestas y presumible iban a huir sin pagarlas. Así expuesto, se trataría de un intento de hurto, al no mediar violencia alguna. No de robo, en el que el elemento violencia es lo determinante. Impetuosamente, esa si en forma violenta y grave, el propietario o encargado del almacén, procede a retenerlos, impidiendo que huyan o se salgan. Se forma la trifulca y en medio del alboroto aparece un justiciero, quien con infundada autoridad los condena y con ayuda de un secuaz los filman con un celular y habla: “Vamos a entregar a estos muchachos a las autoridades, para que se hagan cargo de los individuos estos, lamentablemente son muy jovencitos, no queremos verlos mañana tirados en la orilla de la carretera, bajo nuestra responsabilidad están”. Falso. El motivo o causa del suceso estaba determinado desde el momento en que inició la arbitraria retención. No digamos que se desvaneció la intención de entregarlos a las autoridades; sino que el sujeto incriminado relató el modus operandi de finalidad in si tu (en el lugar del hecho). En unos minutos, sujetos armados que se movilizaban en motocicletas, llegaron al almacén y se llevaron -a ojos vista- a los dos jóvenes. Minutos más tarde, los jóvenes fueron encontrados asesinados, con disparos en la cabeza, en Barrio Largo, en la vía que conduce a El Tarra. Un oficial de la Policía explicó que en momento alguno recibió llamada del propietario o encargado del almacén de ropas, ni ningún reporte por parte de la comunidad, ni se enteró del tumulto ocasionado por lo que estaba ocurriendo a las dos víctimas, vilmente asesinadas.

Versiones publicadas relatan que en la retención de los jóvenes también acudieron algunos habitantes, comerciantes y mototaxistas, de esa población de El Catatumbo, que les ataron las manos y les colocaron carteles que decía “ladrones”. Dizque al parecer las autoridades policiales no se enteraron de tamañas violaciones a sus derechos y todo ese proceder reprochable.

Desde el primer momento el niño y el joven fueron objeto de un linchamiento, resultado de ejecución tumultuaria, con claros sujetos individualizados y reconocidos, con la intención de aplicar justicia por mano propia. Colocados en una situación de indefensos al que fueron sometidos; con desconocimiento total de su condición notoria de menores; descartando cualquier emulación a la protección especial conque cobija la ley a los menores de edad. Ya el que hayan aparecido asesinados, es una relación concomitante que acompaña la acción delictiva, desde el inicio mismo de la retención de los menores.

Destaca un factor de distracción en todo este entramado: un oficial de la Policía resaltó que no tuvo ningún reporte, por parte de la comunidad o interesados, sobre el hecho que estaba ocurriendo con las dos víctimas asesinadas.

Como sujetos activos del linchamiento y ejecución de los dos menores de edad, están involucrados: el propietario y /o empleados del almacén. El autor de los vídeos que graba a los niños y al justiciero que adelanta sentencia, ni siquiera sumaria, al hacer apología del delito y entregar al niño y al joven a la muerte segura. Quienes les ataron las manos y colocaron los letreros. A la Policía del lugar que no se hizo presente y que con su omisión permitió la incursión de los sujetos armados; en un acto de sinceridad narrativa, ante la protuberante pestilencia y corrupción por acusaciones de vínculos con el para militarismo que asiste a la institución de las fuerzas armadas en Colombia. Los mismos medios de difusión oligárquicos reseñan, que precisamente, el doble asesinato hoy tiene en apuros a los policías de Tibú, pues varias personas que estuvieron presentes cuando los jóvenes fueron atrapados, presuntamente, robando en un local de ropa, denunciaron que llamaron más de una docena de veces a las autoridades para que se hicieran cargo de ellos, pero que jamás les contestaron.

HIPÓTESIS: El Terrorismo de Estado imperante en Colombia, ha dado instrucciones a los colaboradores paramilitares, para mantener “el orden” y la “seguridad”. Resalta una permisividad de actuar manifiesta. El tratamiento contra insurgente dado a la protesta social ha agudizado el problema de inseguridad en el país. Se asiste a un Estado inviable. Difunden la especie que las insurgencias colombianas armadas impulsan la tal “limpieza social”, dizque para obtener adeptos o aceptación en las comunidades y dizque tal fenómeno se agudizara hasta después de las elecciones del año 2.022… Tamaño despropósito no tiene cabida. Solo a un montaje de la inteligencia militar se puede explicar el que en días pasados aparezca un panfleto atribuido al EJERCITO POPULAR DE LIBERACIÓN (EPL) en el que anuncia que pondrá en práctica la tal “limpieza social” matando bazuqueros, traficantes, ladrones, en todo el país. Es decir, a un reducto que actúa principalmente en El Catatumbo, la Provincia de Ocaña y el Sur del Cesar, le dan a gratuito una cobertura nacional. Por el solo análisis de prensa de la región, inducen a que están siendo duramente golpeados y de buenas a primeras aparecen actuando con presencia en todo el país. De otro lado, la mediática falsaria difundió, de buenas a primeras, que los autores de los asesinatos del niño y el joven venezolanos, son las Nuevas Farc, que operan en Tibú, todo el Departamento de Norte de Santander y se a extienden al Magdalena Medio, bajo el mismo nombre de Frente 33 de las antiguas farc, como resultados de los incumplimientos oligárquicos a los Acuerdos de La Habana. De por sí, las guerrillas colombianas son anticapitalistas y no van a maquillar a una sociedad corrupta y en decadencia. Eso explica la no sintonía de la lucha armada con la solución inmediata a los graves problemas sociales y políticos, que genera el dominio de la corrupción y el destrozo de la cosa pública en Colombia. Ellos esperan que el Estado se auto destruya y en modo alguno contribuirán a que en forma alterna y sabia aplicación política, se pueda remediar el ejercicio del poder político en Colombia.

Que la opinión internacional y la comunidad mundial sepan de la grave situación y carencia de intervención estatal en Colombia, para recuperar el respeto a los Derechos Humanos en todos sus grados y generaciones. No se puede continuar con el solo registro de cifras.

Ahora aparece foto del joven asesinado en Tibú

Los nombres completos y verificación de nacionalidad y datos personales de los dos asesinados, pareciere un misterio. Esta clara la identidad del niño de 11 años, de origen indígena wayuu, y la penosa espera de su madre por recuperar su cadáver; pero del segundo, de cerca de 17 años- conforme a la denominada edad corporal, diferente a la edad real- no se sabe. Surgen especulaciones para deslustrar su minoría de edad. Entonces opera la mediática falsaria: difunden, según medios venezolanos de oposición, que la familia de Jackson Enrique-de quien informan es un desaparecido-vive en el sector Las Virtudes del municipio Tulio Febres Cordero, del Estado Mérida, en Venezuela; pero que no contarían con dinero para trasladarse a Cúcuta a identificarlo plenamente y solicitar la entrega del cuerpo para llevarlo y sepultarlo al otro lado de la frontera. Anuncian que Jackson Enrique Arriaga Parra, en medio del atroz hecho que se dio la mañana del viernes 08 de octubre y que ha causado rechazo, conmoción y la motivación del presente artículo, es un hombre, de 23 años, que al parecer es padre de una niña… Las fotografías lo muestran saliendo del vestidor con camisas que se estaba midiendo… No indica esto hasta ese momento acción delictiva. Así fueron apresados con las ropas puestas… Las mismas con las que fueron encontrados sus cuerpos acribillados… Un medio como el diario La Opinión, se presta al montaje. Da por cierta la identificación del “otro” asesinado, cuando corresponde es al forense venezolano identificarlo y que la inexistencia de unas relaciones exteriores, impiden que se aclare la identidad del occiso y por ende la carga de esa identidad la asuma el Estado colombiano.

Un análisis de las dos fotografías que aparecen en ese diario, en la edición del 14 de octubre, de la faz izquierda del occiso, atinente a la morfología de la oreja derecha, tanto la del joven encontrado asesinado como el del “desaparecido” Jackson Enrrique, permiten destacar y determinar: 1. El tuberciulo de hélice- elix- conocido como Pabellón de la oreja- no coinciden en absoluto, en las dos fotografías. La del asesinado es más protuberante y en modo alguno el pabellón de la oreja de Jakson esta aprisionado por la orilla de la gorra, conque aparece en la fotografía. La raíz de hélice que penetra al oído interno no logra preciarse en las dos tomas fotográficas; pero si por el trago (no trazo), que da al orificio auditivo, se puede apuntar una coincidencia; impera la guía de los expertos: “la naturaleza nunca se repite así misma” y es diferente hacia la concha, o parte interna del pabellón la figura, forma, hechura o configuración de esa dos orejas. Y en cuanto a la zona de la oreja llamado antitrago, que está al frente del trago, denota forma diferente, en ambas fotografías. Qué no resaltar del lóbulo de la oreja que son totalmente diferentes y que significan el elemento de mayor identificación forense. De manera, que, a simple vista, se trata de dos orejas diferentes y por ende de distintas personas… A la inteligencia popular no se le mete el dedo en la boca… El militarismo de derecha narco en el poder, quiere o aspira a confundir en la minoría de edad de los dos asesinados, por sus aliados paramilitares.

Al momento de concluir la redacción de este artículo, el diario La Opinión de Cúcuta en edición de domingo 17 de octubre de 2021, anuncia que la Familia del joven asesinado en Tibú llegó a Cúcuta. En tanto, la fallida política e inexistente diplomacia del gobierno títere colombiano, para con la soberana República Bolivariana de Venezuela, le da plena jurisdicción a la Justicia Internacional, en este aberrante caso.

Desplazados y terrorismo de Estado

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Eso de considerar que el gobierno de turno no preveía una escalada social de la protesta política en Colombia, incurriendo en des gobernabilidad, no es de por sí cierta; como quiera que obedece a la tozuda posición de la oligarquía colombiana, en su infinito poder de dominio, de no aceptar que los métodos de domesticación social aupadas con las prácticas sangrientas de Terrorismo de Estado aplicadas, desbordaron en ineficaces; demostrando cuan equivocadas están al pretender desconocer la fuerza arrolladora de un pueblo organizado.

En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta publica es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares. La verdad de Perogrullo en Colombia es que las fuerzas militares aplican mano dura a la protesta política. Asocian la violencia desatada durante la protesta política y social, con sinónimo de vandalismo. Siempre argumentarán el libre tránsito de calles y vías; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ese el escenario natural de las protestas. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho al habeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el Terrorismo de Estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y para estatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contra insurgencia a uno de supuesta legalidad. Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana, aplica practicas militares.

Como resultado de la intensificación de la lucha armada en el país y en consecuencia, la generalización del conflicto armado interno en diversas áreas de la geografía colombiana; en este año de 2.021, se han multiplicado los desplazamientos de población campesina e indígena, hacia zonas urbanas. Ello obedece al favorecimiento de la expansión paramilitar en los territorios más altamente militarizados. Demostrado está que las zonas y áreas de influencia de las antiguas FARC, fueron copadas con efectivos militares. Debieron, pero no lo hicieron, aplicar los lineamentos de un Plan de Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, tal como lo contemplaron los Acuerdos de La Habana, para lograr el ingrediente de la No Repetición. Pero esos Acuerdos no fueron implementados por la derecha militarista en el poder. Por el contrario, haciendo uso de una política contra insurgente, sembraron el campo de bandas criminales- las bacrim- y en cínica alianza de ayuda colaborativa, del elemento y recurso paramilitar, intensificaron los enfrentamientos de esas estructuras, con las fuerzas insurgentes, en tanto la oficialidad y el generalato “se lavan la cara” ante el incremento de masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales.

El desplazamiento forzado afectó a 32.217 personas en 106 eventos masivos (Cohodes 2020.). En Nariño: 11.470 personas desplazadas, siendo la población afrodescendiente, la mayor afectada con número de 9.150 personas; mientras que 7.049 pertenecían a pueblos indígenas. Es el Pacifico colombiano, el de mayor número de personas desplazadas: 21.932. En Ituango un número superior a 5.000 desplazados, que se resisten a regresar a sus parcelas, por carencia de condiciones y permanencia de los enfrentamientos armados. Eso sí, sin cansar de repetirlo: son enfrentamientos y combates entre grupos paramilitares y las guerrillas insurgentes, sin pasar la hoja del sainete montado por la inteligencia militar y la política de contra insurgencia narco paramilitar en el poder, de ser enfrentamientos entre las distintas huestes insurgentes colombianas.

Para este año 2.021, la espiral de desplazamiento interno de población afectada por el conflicto armado es del 103%. Tanto en el Norte caribeño y el nororiente, en el sur del Departamento de Bolívar, en el occidente antioqueño y chocoano; en el la región occidental; el Arauca y el Catatumbo, el cuadro de afectación a los derechos humanos es dramático.

Hoy se está en una situación de desplazamientos y enfrentamientos armados, superior al previo escenario del proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas insurgencias de las FARC-EP- que en modo alguno puede calificarse como un “proceso de paz”.

La permanencia narco paramilitar

La oligarquía militarista vende la idea que existe un “nuevo” paramilitarismo. Falso. Es el mismo paramilitarismo, develado, denunciado y condenado, el que actualmente funciona en Colombia. Siempre como recurso, imposible de prescindir, del ejército made in Usa, que opera en territorio colombiano. En la medida en que persiste el conflicto armado interno en Colombia, el para militarismo continua con soporte institucional, de terceros empresarios y vehículo del lavado de activos, tal cual es su naturaleza: un instrumento contra insurgente de dominación, control y miseria contra el pueblo colombiano.

El resultado de la no implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, y la hechura en trizas de su contenido documentario, ha cumplido el interés de la derecha militarista: la intensificación del conflicto interno armado. Logrado que, en vez de unas FARC, existan “tres en una”. El fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN); tanto por su inclaudicable consecuencia política, en una desgastante permanencia de sus negociadores plenipotenciarios en Cuba; como la no suplencia de la lucha armada en Colombia. Ello implica reiterar su vigencia, trayendo consigo el caracterizar como fuerza insurgente, a los antiguos reductos del Ejército Popular de Liberación (E.P.L), conforme a su sello de vocación de poder popular e insistencia de una salida política negociada al conflicto interno armado colombiano. De igual manera y así sea de soslayo, adelantar, que consecuencia a la no solución a los reclamos populares en la calle y el tratamiento contra insurgente dado a la protesta social en Colombia, ha traído, ello consigo, la inevitable irrupción de la guerrilla urbana en Colombia.

La opinión pública internacional ha asimilado esta constante de situación en Colombia. Comprendido que la llamada guerra contra los drogas, continúa siendo un instrumento imperial de domino geopolítico. Que la lucha contra el narcotráfico ha redundado en la instalación y perfil de un Narco Estado en Colombia; precisamente porque el negocio consiste en que el narcotráfico no se extinga y variantes como la legalización de la marihuana, se imponga.

Así le llamen eufemísticamente “cannabis” y su uso medicinal; está demostrado que solo la legalización universal de las drogas narcóticas es lo procedente y la sola legalización en un solo país, no ha traído solución definitiva al problema, de por si capitalista, como lo es el narcotráfico y su incidencia económica mundial.

Propio para el programa de matarife

La Confesión explícita del ex presidente innombrable, en el año de 2.006, en una entrevista en la W Radio, sobre la desmedida y concebida retórica presidencial, buscando desdibujar su activo papel paramilitar desde su paso por la Gobernación de Antioquia; el señalamiento en el número 82 como entre los 100 narcotraficantes buscados por la DEA; su confesión en esa entrevista difundida, de haber actuado armado, enmascarando o encubriendo actuación directa suya en operativo contra insurgente, de la fuerza pública contra un grupo de supuestos guerrilleros, que amenazaban la sagrada propiedad de sus tierras Ubérrimas, en Córdoba. Así aludido, trajo consigo, conforme a su relato, un golpe al Ejército Popular de Liberación (E.P.L), veinte años atrás; o sea hacia 1.986 y que, conforme a juristas populares, procede la acusación penal en su contra.

Esto, sumado a la distracción por las grandes contradicciones que generan sus acciones en las alturas del poder; ocultar el desgaste político que le ha representado su errada y asnal actitud frente al reclamo nacional de las Madres de Soacha y de reclamos de desaparecidos durante sus dos periodos de gobierno; perpetuando la dictadura civil de Terrorismo de Estado en Colombia; serían estos algunos del largo enunciado de situaciones que la desmedida escena de un ex presidente, fuera de sus cabales, denota.

Esa confesión paramilitar del innombrable y el mutismo del generalato de la época, se registró para entonces, en la entrevista a a él hecha, que publicaron los medios de alienación masiva (M.A.M). Demuestran su concepción paramilitar y de “justicia” por su propia mano. Relata como hace más de 20 años, con pistola en mano, participó en un operativo de la Fuerza pública (Policía y D.A.S) y se enfrentó a un grupo o cuadrilla de supuestos integrantes del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.); obteniendo como resultado ocho bajas de los subversivos. Todo sucedió en predios de su Hacienda ganadera La Ubérrima en el Departamento de Córdoba, donde aún hoy afirman los uribeños: “todos somos paramilitares”.

(En Semana, Texto completo de la entrevista del presidente Uribe en la W Radio

3/12/2006): Dice: “Yo he tenido que enfrentar muchas situaciones de intento de secuestro a mí, a mi familia. Recuerdo que una vez casi me secuestran en el Ubérrimo, el EPL. Todo terminó porque yo mismo me armé, con una pistola, una escopeta y fui con la gente del DAS y de la Policía a enfrentar esos tipos, capturaron 8, ahí mismo fui donde los jueces de la República y les dije: espero que los traten con todo el respeto a los Derechos Humanos. Por ahí debe estar eso en los expedientes, como ha habido tanta leyenda de la oposición –me gustan estas entrevistas para poder enfrentar eso- y los tuvieron en la cárcel. Vino la amnistía al EPL, los soltaron y lo primero que hicieron fue que llegaron a la finca y se robaron 178 novillos”.

De manera que lo presento como propio para investigador, cuál fue la verdad sobre esa acción justiciera. Y lo traigo a colación, por encajar como anillo al dedo, a la vituperable practica de la “gente de bien” con camisas blancas, dispuestas a continuar actuando como sujetos de contra insurgencia en las ciudades.