Piñas tóxicas, trabajo precario y comunidades agredidas
El cultivo de la piña en Costa Rica debe regularse, tanto en relación al uso de agrotóxicos como para prevenir formas de explotación laboral a los trabajadores y sus familias, en su mayoría migrantes.
Frank Ulloa
A los trabajadores agroindustriales no solo se les pagan bajos salarios y se les niegan libertades sindicales. También se les extermina de manera silenciosa, y al final es el Estado quien debe asumir la atención en salud pública.
Las autoridades del Estado deben mantener un compromiso ético de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas, pero las organizaciones sindicales tampoco pueden callar, aunque a veces estos temas ambientales no son su prioridad.
Las consecuencias para la vida humana de la expansión descontrolada de la piña son nefastas.
El Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica ha dado cuenta de la gravedad de esta situación.
Desde 2015 ya se tenía evidencia de que el agua de muchas comunidades estaba contaminada, pero esto no se reportó públicamente hasta el 14 de junio de 2018.
Ahora el tema se complica cuando las transnacionales impiden el acceso a las fincas en nombre del sacro santo derecho de propiedad, al que colocan por encima del derecho a la vida.
Muchas de estas empresas están certificadas. El sistema judicial puede actuar de oficio, pero no lo hace. Y todos callan.
Es un secreto a voces que muchos de los 32 puntos de muestreo están contaminados con herbicidas como Bromacil, Ametrina, Diuron y Hexazinona y fungicidas como Metalaxil y Carbendazim.
Algunos de esos sitios son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.
Desde Rel UITA y FENTRAGH debemos profundizar la lucha contra la utilización continuada de productos prohibidos en el país, el uso indiscriminado de agrotóxicos y el doble discurso de las transnacionales.
Las agrupaciones y personas abajo firmantes, integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y otras universidades públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, preocupados por la situación de la pandemia que afecta al país, hacemos un llamado a las autoridades respectivas, así como a empresas y personas involucradas, para que se priorice el respeto a la diversidad cultural, el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso real a todos los derechos los de las personas indígenas, migrantes y trabajadoras en las colectas de café que se avecinan.
Durante las últimas semanas ha habido un aumento significativo en la cantidad de casos positivos de Covid-19. Una gran parte de estas personas afectadas trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, en plantaciones de monocultivos y en el sector de construcción, entre otros trabajos, donde históricamente ha habido denuncias por la falta de inspección laboral y cumplimiento de garantías laborales y que en ocasiones condiciona a las personas a vivir en cuarterías o baches. Esto deja en evidencia que el riesgo de contagio se encuentra relacionado con personas en condiciones de vulnerabilización. En ese sentido y conociendo lo sucedido en otras plantaciones con respecto a las condiciones de las personas trabajadoras y el número de contagios, es que en este momento, genera preocupación la situación que podría acercarse con respecto a las personas trabajadoras de las cosechas de café, quienes son principalmente personas indígenas panameñas, que migran con sus grupos familiares para estas temporadas, además de la migración interna de costarricenses y la migración de personas nicaragüenses.
Según datos del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) en el 2019, en el país, el café es el tercer producto agrícola de mayor exportación y genera 285 millones de dólares en divisas, por otra parte, se ha visto beneficiado en términos económicos por la pandemia, teniendo un incremento del 12% en el valor de sus colocaciones.
Datos publicados por el Semanario Universidad mencionan que se espera un ingreso de alrededor de 12 mil personas para la cosecha de café en la Zona de los Santos y en San Vito. Según un comunicado emitido por la Defensoría de los Habitantes el 15 de mayo del 2020, se estima la siguiente temporada de cosecha para finales de julio, habiendo una mayor demanda de personas en los meses de agosto y setiembre. Por otra parte, Guiselle Guzmán, jefa del Área de Salud Colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social mencionó que en los siguientes meses el virus podría moverse a sectores vulnerables, como centros de cuido de personas adultas mayores, cárceles y población recolectora de café.
Es importante destacar que el pasado 20 de noviembre del año 2019, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron un convenio para el aseguramiento de las personas recolectoras de café. Este es un paso fundamental para el reconocimiento de la relación laboral entre estas personas y los propietarios de las fincas productoras de café, relación que durante muchos años no fue reconocida. Asimismo, beneficia a uno de los eslabones de la cadena más débiles, en particular cuando son trabajadores ocasionales migrantes indígenas.
Gran parte de las actividades agrícolas y cafetaleras de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo la legislación nacional y compromisos internacionales asumidos por el país. Las condiciones laborales de las personas panameñas indígenas ngöbe-buglé, han sido denunciadas anteriormente, como por ejemplo, el pago por destajo, la exposición a mordeduras de serpientes, picaduras de avispas u otros insectos, lesiones en la espalda o cintura por la cantidad de peso que trasladan en los canastos, el no pago de las pólizas de riesgo por trabajo, se ha denunciado también, el trabajo infantil de niñas y niños que acompañan a sus papás y mamás al campo en el momento de la recolección y además, las condiciones insalubres de los galerones en los cuales viven las personas durante estas temporadas. Estas personas son explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
El pasado 6 de junio del presente año, el Ministerio de Salud emitió la circular: “LS-CS-015. Lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante (Indígenas Ngöbe-Buglé) en el marco de la alerta por (COVID-19)”, relacionada con los requisitos específicos que se le está solicitando al personal de salud, productores y a instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería y Fuerza Pública para la preparación de medidas para la llegada de personas indígenas ngöbe-buglé ante la cosecha de café.
En estos lineamientos, se menciona como requerimientos la regularización migratoria de todas las personas con el carnet de binacionalidad, una cuarentena de 14 días y un reporte diario de salud, entre otros. Sin embargo, no se menciona la forma operativa en la cual estos se va a cumplir, lo que deja un escenario de incertidumbre para el acceso real a recursos y las formas en que se va a velar por el cumplimiento por parte de los patronos. Por otra parte, se da la solicitud expresa para los productores de “no recibir personas indocumentadas”, y además, según la reforma al decreto ejecutivo reforma N° 42406 se multará a las empresas agrícolas que contraten mano de obra irregular, con multas que oscilarán “entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337”, sin embargo, la reforma firmada el día 15 de julio, empezará a regir a partir del 23 de setiembre. Esto, deja por este tiempo, un escenario de incertidumbre para las personas trabajadoras, a quienes, una vez más, se les estará asignando la responsabilidad de su regularización. A su vez, el 16 de junio de este año se firmó el decreto 42406-MAG-MGP, impulsado por el sector agroindustrial que permitirá la legalización de personas migrantes que demuestren arraigo en el país, el mismo ha presentado cuestionamientos, ya que desde el año pasado existe un mecanismo de regularización que solo 22 personas trabajadoras agrícolas solicitaron.
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos atender las siguientes demandas:
Que se garanticen las condiciones sanitarias, de acceso a salud, cumplimiento de derechos laborales y respeto cultural a todas las personas que vayan a participar en las cosechas de café, por parte de las instituciones y de las empresas.
Que se garanticen las condiciones dignas y necesarias para el cuido y protección de las personas menores de edad, así como de las mujeres que se encuentran con sus hijas e hijos y mujeres embarazadas.
Que el Estado cumpla con su responsabilidad, según el Convenio Nº 169 de la OIT, de realizar supervisiones en las regiones donde hay mayor concentración de personas trabajadoras indígenas, para asegurar que se les da un trato adecuado.
Que se generen materiales de comunicación o intervenciones comunitarias para prevenir las manifestaciones de violencia u odio, como el racismo y la xenofobia.
Que se proceda a implementar, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales. En este orden de ideas, instamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que realice labores de inspección en estos centros de trabajo.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción. Para tal efecto es necesaria una regulación de las cadenas de valor, de manera que se responsabilice a toda la cadena de valor de los derechos laborales de las personas recolectoras de café, sean estos permanentes, de temporada u ocasionales, ya que todas estas personas son esenciales para la existencia y funcionamiento de esa cadena de valor.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Programa Kioscos Socio ambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica.
2. Centro Demostrativo de Sostenibilidad, organización sin fines de lucro.
3. Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica, asociación sin ánimos de lucro.
4. Debate Feminista Costa Rica.
5. Hablemos de Derechos Humanos
6. Red de arte y gestión cultural comunitaria GuanaRED.
7. Cátedra Autónoma de Filosofía Política.
8. Programa Pueblos indígenas Agroecología y Buen Vivir, UNA.
9. La Cadejos, Comunicación Feminista.
10. Asociación COMUNIDADES, organización comunitaria sin fines de lucro.
11. Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.
12. Fundación Laberinto.
13. Comisión Política del Partido Frente Amplio.
14. MAIZ Movimiento Alternativa de Izquierdas.
15. Jaime E. García González, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
16. Mauricio Álvarez Mora, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
17. Bruno de Jesús Coto Barboza, secretario de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Confederación Unitaria de Trabajadores (C.U.T.)
18. Francis Leonardo Cordero Mojica, Alianza de comunidades por la defensa del agua Puntarenas.
19. Marvin Amador Guzmán, TC635 UCR, Docente, coordinador del proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC635, UCR.
20. Marcos Guevara Berger – Proyecto 839B8358, Centro de Investigaciones Antropológicas, UCR.
21. Valeria Montoya Tabash, docente del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
22. Renier Canales Medina, asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
23. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Universidad de Costa Rica.
24. Melissa Salas. Directora Clínica de migración y refugio, UCR.
25. Ali García Segura. Proyecto 839B8358, UCR.
26. Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor».
27. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
28. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista.
29. Denia Román Solano, proyecto Conflicto Territoriales (UCREA), UCR.
30. Guadalupe Urbina Juárez, música y gestión cultural.
31. Ana Catalina Chaves Arias, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
32. Yoel Buitrago País, Talamanca por vida y por la tierra.
33. Carmen Caamaño Morúa, docente de la Universidad de Costa Rica.
34. Héctor Ferlini-Salazar, docente UCR, Sede del Pacífico.
35. Handmaids Costa Rica
36. María José Chaves Groh, CEFEMINA.
37. Rafael Cuevas Molina, IDELA-UNA.
38. Daniel Torres Sandí, Frente Amplio Moravia.
39. Milagro Solís Aguilar, Consultora en Derechos de Niñez y Adolescencia.
40. Carlos Cruz Chaves, Sede Regional Chorotega-UNA.
41. Lucía Solis Hidalgo, Gestora de los Recursos Naturales-Zona de los Santos.
42. Amilcar Castañeda Cortez, Funcionario de la UNED.
43. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
44. Maritza Marín Herrera, Docente Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica.
45. Mariano Sáenz Vega, docente e investigador adjunto del proyecto de investigación de UCREA. Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN).
46. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
47. Mariela González Chaves.
48. María Fernanda Rojas, tutora UNED.
49. Carolina Arias, Botánica Subversiva.
50. Isabel Ducca Durán, Alianza por una Vida Digna.
51. María Pérez Yglesias, escritora.
52. Andrés Dinartes Bogantes, Profesor, Universidad de Costa Rica.
53. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
54. Helga Arroyo Araya, Docente Universidad de Costa Rica.
55. José Manuel Arroyo Gutiérrez, profesor universitario.
56. Jorge Arturo Lobo Segura, profesor UCR.
57. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
58. David Selva.
59. Anel Sancho Kenjekeeva.
60. Laura Rivera Alfaro.
61. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
62. María José Cabezas Castro, psicóloga.
63. Silvia Rodriguez Cervantes, Red de Coordinación en Biodiversidad.
64. Edna julia Rodríguez Alvarado, Emprendedora, San Luis, Santo Domingo.
65. Isaac Rojas, miembro de COECOCEIBA- Amigos de la Tierra Costa Rica.
66. Pablo Chaverri Chaves, INEINA-UNA.
67. Vaniah Lee Foglesong Villa, Docente y politóloga.
68. Zuiri Méndez Benavides, docente Programa Kioscos Socioambientales.
69. Gustavo Gatica López, Investigador del Centro de investigación en Cultura y Desarrollo UNED.
70. Marcelo Valverde M. IDELA – UNA.
71. Santiago Navarro Cerdas, Docente Universidad de Costa Rica.
72. Suray Carrillo Guevara, FEDEAGUA.
73. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
74. Mariela Andrea Zamora Rey, Comisión política de Frente Amplio.
75. Fabián Campos Boulanger, Sociólogo.
76. Alexander Barquero-Rodríguez, Internacionalista.
77. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo ITCR. Asoc. PROAL-FECON.
En este video Rebeca Gu-Navarro y Mauricio Castro-Méndez explican la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe. Le invitamos también a leer el pronunciamiento.
Pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe
Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.
En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.
A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.
Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.
Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.
Llamado a las acciones
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:
Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Costa Rica, 1 de julio de 2020
SUSCRIBIMOS
Organizaciones e instituciones
Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia. Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR. Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR. Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR. Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor» Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR. Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR. Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica. Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Alternativa UCR Asociación Cultural Abriendo el Surco CENDEROS CEP Alforja Circulo Bolivariano Yamileth López Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes) COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica CR SOLIDARIA Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Fundación Laberinto Fundación Pedagógica Nuestramerica Hablemos de Derechos Humanos Handmaids Costa Rica Iniciativa Universitaria por Nicaragua Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica La Cadejos, Comunicación Feminista Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica Red de Coordinación en Biodiversidad Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Sindicato de Trabajadores del Sector Privado Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP
Personas
Adilia Eva Solís, ED 3364 UCR Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista. Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED Álvaro Fernández González, Profesor universitario jubilado Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres Andrea Cuenca Botey, Psicóloga Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional Ciska Raventos Vorst, socióloga, profesora jubilada UCR, activista Cynthia Ramírez Alvarado Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines Danilo Saravia, exiliado político, activista social y ambientalista David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social Didier Alexander Leitón Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista. Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica Federico Picado Gómez, Ingeniero Civil Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos. Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa, Sede del Pacífico, UCR. Henry Picado Cerdas, Red de Coordinación En Biodiversidad Irene Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente José Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA Krissia Rodríguez Muñoz Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos Laura Arias Cabrera, Docente y activista Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE Ligia Solís Solís, ANEP Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco Lucía Rescia, Psicóloga Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH). Manuel Rodríguez, Secretario General SITRAPEQUIA Marcos Guevara Berger, Escuela de Antropología, UCR María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora María José Masís Méndez, Docente de la Universidad de Costa Rica María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN ) Marielos Aguilar Hernández, Profesora jubilada UCR Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada Mauricio Álvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM) Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica Millaray Villalobos Rojas, Antropóloga Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú. Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR. Percy Marín Méndez, Presidente SIPROCNP Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica Roberto Zeledón Arias, Asesor Legislativo ANEP Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP) Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) Seidy Salas Víquez, Comunicadora social. Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista Silvia Rodríguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR. Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica Yasy Morales Chacón, docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria. Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Dramáticas condiciones de trabajo y salud en monocultivos Con Frank Ulloa
La noticia del cierre por graves incumplimientos de 92 empresas agroindustriales (fincas y empacadoras) en los cantones fronterizos con Nicaragua, sumado a 57 órdenes sanitarias y decenas de sanciones por violar el código laboral, está causando un enorme revuelo en Costa Rica(1). Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA, conversó sobre esta situación.
Giorgio Trucchi
La confusión que se ha apoderado de las autoridades costarricenses en esta última semana testimonia el estado de abandono en el que se encuentran estas zonas.
Mientras la vicepresidenta del país asegura que “el 80 por ciento de empresas visitadas cumple con protocolos sanitarios”, el ministro de seguridad anuncia que 92 empresas (62 por ciento) fueron clausuradas y el ministerio de salud habla de 22 empresas cerradas por incumplimientos sanitarios.
-¿Qué está pasando en el norte del país? -A raíz de la emergencia sanitaria por coronavirus se puso en evidencia la negligencia gubernamental ante las condiciones de trabajo inhumanas y la explotación que sufren miles de trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes nicaragüenses.
Todas estas personas soportan extensas jornadas de trabajo, no reciben ni siquiera el salario mínimo, ni cuentan con el seguro social. Es mano de obra tercerizada y a las empresas no les importa las condiciones que imponen los intermediarios (contratistas).
Además viven en barracas donde se hacinan o alquilan cuartos de dos metros por tres donde habitan dos personas. Una situación que convierte estos lugares en posibles focos de epidemia.
Son condiciones propias del feudalismo, y el gobierno es corresponsable de esta situación por no controlar y hacer caso omiso de las denuncias que, tanto desde el movimiento ecologista como de la Rel UITA, hemos hecho.
-La semana pasada, varios ministerios iniciaron las inspecciones en estas zonas. -Tuvieron que hacerlo por la gravedad de la pandemia. Ahora se rasgan las vestiduras como que estuvieran descubriendo el agua tibia.
El problema viene arrastrándose desde hace años y las autoridades nunca hicieron un control efectivo de la migración laboral, ni ha dado apoyo a los inmigrantes laborales para que se garantizara el respeto de sus derechos fundamentales.
Imagínate que hasta aparecieron empresas que tienen años exportando productos y que ni siquiera tienen permisos sanitarios para operar, ni patentes municipales. Es una vergüenza lo que por fin está saliendo a la luz pública.
Una situación indignante
-¿De qué empresas estamos hablando? -Hasta el momento se han inspeccionado pequeñas y medianas empresas, casi siempre subsidiarias del capital transnacional. Ahora habrá que ver si el gobierno tendrá el valor de hacer lo mismo con las grandes fincas propiedad de las trasnacionales.
Hay mucha confusión y ya hay empresarios que se están quejando, y que hablan de ‘prepotencia de los funcionarios’ al momento de realizar las inspecciones. Sin lugar a dudas todo esto va a tener consecuencias políticas en el país.
-En fin, una situación muy grave… -Es terrible, indignante. Son zonas que han estado viviendo un apartheid de hecho, a la par de una ausencia irresponsable de las autoridades. Allá las transnacionales mandan y establecen las condiciones de labor y de vida para miles de personas.
El gobierno ha cerrado los ojos ante la ausencia de derechos humanos en estas zonas y el desarrollo desigual que hay en el país. Es una situación que hay que revertir rápidamente.
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
Cualquier cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para unos grupos sociales que para otros. Es imposible para un amplio grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena al conjunto de la población. En este texto, sin embargo, atiendo a otros grupos para los que la cuarentena es particularmente difícil. Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella. Esos grupos conforman lo que llamo el Sur. En mi concepción, el Sur no designa un espacio geográfico. Designa un espacio-tiempo político, social y cultural. Es la metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, por la discriminación racial y por la discriminación sexual. Me propongo analizar la cuarentena desde la perspectiva de quienes más han sufrido debido a estas formas de dominación. En su conjunto, estos colectivos sociales constituyen la mayoría de la población mundial.
Selecciono unos pocos
Las mujeres. La cuarentena será particularmente difícil para las mujeres y, en algunos casos, incluso puede ser peligrosa. Las mujeres son consideradas “las cuidadoras del mundo”, predominan en el ámbito de la prestación de cuidados dentro y fuera de las familias. Predominan en profesiones como la enfermería o la asistencia social, en la primera línea de batalla de la prestación de cuidados a enfermos y ancianos dentro y fuera de las instituciones. No pueden defenderse en cuarentena para garantizar la cuarentena de los demás. También son ellas las que siguen estando a cargo, exclusiva o mayoritariamente, del cuidado de las familias. Puestas en cuarentena, uno podría imaginar que, con más brazos disponibles en casa, las tareas podrían estar más distribuidas. Sospecho que no será así frente al machismo que impera y tal vez se refuerce en momentos de crisis y de confinamiento familiar. Con los niños y otros miembros de la familia en casa durante las veinticuatro horas, el estrés será mayor y sin duda recaerá más sobre las mujeres. El aumento del número de divorcios en algunas ciudades chinas durante la cuarentena puede ser un indicador de lo que acabo de decir. Por otro lado, es bien sabido que la violencia contra las mujeres tiende a aumentar en tiempos de guerra y de crisis (y ha ido en aumento ahora). Una buena parte de esta violencia se produce en el espacio doméstico. El confinamiento de las familias en espacios pequeños y sin salida puede ofrecer más oportunidades para el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Basándose en información del Ministerio del Interior, el periódico francés Le Figaro informaba el 26 de marzo de que la violencia conyugal había aumentado un 36% la semana anterior en París. El Ministro de Policía de Sudáfrica, Bheki Cele, informó el 2 de abril que en la primera semana de cuarentena se registraron 87.000 denuncias por violencia de género.
Los trabajadores precarios e informales, llamados autónomos. Después de cuarenta años de ataques a los derechos de los trabajadores en todo el mundo por parte de las políticas neoliberales, este grupo de trabajadores es globalmente predominante, aunque las diferencias de un país a otro son muy significativas. ¿Qué significa la cuarentena para estos trabajadores, que tienden a ser los más rápidamente despedidos cada vez que hay una crisis económica? El sector servicios, en el que abundan, será una de las áreas más perjudicadas por la cuarentena. El 23 de marzo, la India declaró la cuarentena durante tres semanas, afectando a 1.300 millones de habitantes. Teniendo en cuenta que en la India entre el 65% y el 70% de los trabajadores pertenecen a la economía informal, se estima que 300 millones de indios se quedarán sin ingresos. En América Latina, alrededor del 50% de los trabajadores se emplean en el sector informal. En África, por ejemplo, en Kenia o Mozambique, debido a los programas de ajuste estructural de los años 1980-90, la mayoría de los trabajadores son informales. La indicación de la OMS de trabajar en casa y en aislamiento es impracticable, pues obliga a los trabajadores a elegir entre ganarse el pan diario o quedarse en casa y pasar hambre. Las recomendaciones de la OMS parecen haber sido diseñadas pensando en una clase media que es una fracción muy pequeña de la población mundial. ¿Qué significa la cuarentena para los trabajadores que ganan día a día para vivir día a día? ¿Se arriesgarán a desobedecer la cuarentena para alimentar a su familia? ¿Cómo resolverán el conflicto entre el deber de alimentar a la familia y el deber de proteger su vida y la de ella? Morir de virus o morir de hambre, esa es la opción.
Trabajadores de la calle. Los trabajadores de la calle son un grupo específico de trabajadores precarios. Los vendedores ambulantes, para quienes el «negocio», es decir, la subsistencia, depende exclusivamente de la calle, de quienes transitan en ella y de la decisión, siempre impredecible para el vendedor, de detenerse y comprar algo. Hace mucho tiempo que los vendedores viven en cuarentena, en la calle, pero en la calle con gente. El impedimento de trabajar para quienes venden en los mercados informales de las grandes ciudades significa que potencialmente millones de personas ni siquiera tendrán dinero para acudir a las instalaciones de salud si se enferman o para comprar desinfectante y jabón para manos. Los que tienen hambre no pueden darse el lujo de comprar jabón y agua a precios que están comenzando a sufrir el peso de la especulación. En otros contextos, los uberizados de la economía informal que entregan alimentos y pedidos a domicilio garantizan la cuarentena de muchos, pero por eso no pueden protegerse con ella. Su «negocio» aumentará tanto como su riesgo.
Los sin techo o población de calle. ¿Cómo será la cuarentena para aquellos que no tienen hogar? Personas sin hogar, que pasan las noches en viaductos, estaciones abandonadas de metro o tren, túneles de aguas pluviales o túneles de alcantarillado en tantas ciudades del mundo. En los Estados Unidos los llaman tunnel people. ¿Cómo será la cuarentena en los túneles? ¿No han estado toda su vida en cuarentena? ¿Se sentirán más libres que aquellos que ahora son obligados a vivir en casa? ¿La cuarentena verá una forma de justicia social?
Moradores en las periferias pobres de las ciudades, favelas, barriadas, slums, caniço, etc. Según datos de ONU Hábitat, 1,6 mil millones de personas no tienen una vivienda adecuada y el 25% de la población mundial vive en barrios informales sin infraestructura ni saneamiento básico, sin acceso a servicios públicos, con escasez de agua y electricidad. Viven en espacios pequeños donde se aglomeran familias numerosas. En resumen, habitan en la ciudad sin derecho a la ciudad, ya que, viviendo en espacios desurbanizados, no tienen acceso a las condiciones urbanas presupuestas por el derecho a la ciudad. Dado que muchos habitantes son trabajadores informales, se enfrentan a la cuarentena con las mismas dificultades mencionadas anteriormente. Pero además, dadas las condiciones de vivienda, ¿podrán cumplir con las normas de prevención recomendadas por la OMS? ¿Serán capaces de mantener la distancia interpersonal en los pequeños espacios de vivienda donde la privacidad es casi imposible? ¿Podrán lavarse las manos con frecuencia cuando la poca agua disponible se debe guardar para beber y cocinar? ¿El confinamiento en una vivienda tan pequeña no tiene otros riesgos para la salud tan o más dramáticos que los causados por el virus? Muchos de estos barrios ahora están fuertemente vigilados y, a veces, sitiados por las fuerzas militares con el pretexto de combatir el crimen. ¿No es, después de todo, la cuarentena más dura para estas poblaciones? ¿Los jóvenes de las favelas de Río de Janeiro, a quienes la policía siempre les impidió ir a la playa de Copacabana el domingo para no molestar a los turistas, no sentirán que ya vivían en cuarentena? ¿Cuál es la diferencia entre la nueva cuarentena y la original que siempre ha sido su modo de vida? En Mathare, uno de los suburbios de Nairobi, Kenia, 68.941 personas viven en un kilómetro cuadrado. Como en muchos contextos similares en el mundo, las familias comparten una habitación que también es cocina, dormitorio y sala de estar. ¿Cómo se les puede pedir autoaislamiento? ¿Es posible el autoaislamiento en un contexto de heteroaislamiento permanente impuesto por el Estado?
Cabe señalar que para los habitantes de las periferias pobres del mundo, la actual emergencia sanitaria se une a muchas otras emergencias. Según nos informan los compañeros y compañeras de Garganta Poderosa, uno de los movimientos sociales más notables en los barrios populares de América Latina, además de la emergencia de salud causada por la pandemia, los moradores enfrentan varias otras emergencias. Es el caso de la emergencia sanitaria resultante de otras epidemias aún no resueltas y la falta de atención médica. Este año ya se registraron 1.833 casos de dengue en Buenos Aires. Solo en la Villa 21, uno de los barrios pobres de Buenos Aires, hubo 214 casos. “Por coincidencia”, el 70% de la población en la Villa 21 no tiene agua potable. Este es también el caso de la emergencia alimentaria, porque hay hambre en los vecindarios y los modos comunitarios de superarlo (comedores populares, refrigerios) colapsan ante el dramático aumento de la demanda. Si las escuelas cierran, la comida escolar que garantiza la supervivencia de los niños termina. Finalmente es el caso del surgimiento de la violencia doméstica, que es particularmente grave en los vecindarios, y el surgimiento permanente de la emergencia por la violencia policial y la estigmatización que conlleva.
Los ancianos. Este grupo, que es particularmente numeroso en el Norte global, es generalmente uno de los grupos más vulnerables, pero la vulnerabilidad no es indiscriminada. De hecho, la pandemia requiere que seamos más precisos sobre los conceptos que usamos. Después de todo, ¿quién es anciano? Según Garganta Poderosa, la diferencia en la esperanza de vida entre dos barrios de Buenos Aires (el barrio pobre de Zavaleta y el barrio exclusivo de Recoleta) es de unos veinte años. No es casual que los líderes comunitarios sean considerados de “edad madura” por la comunidad y “jóvenes líderes” por la sociedad en general.
Las condiciones de vida prevalecientes en el Norte global han llevado a que una gran parte de los ancianos se depositen (la palabra es dura, pero es lo que es) en hogares, casas de reposo, asilos. Dependiendo de sus posesiones propias o familiares, estos alojamientos pueden ir desde cajas fuertes de joyería de lujo hasta vertederos de desechos humanos. En tiempos normales, los ancianos comenzaron a vivir en estos alojamientos como espacios que garantizaban su seguridad. En principio, la cuarentena causada por la pandemia no debería afectar en gran medida su vida, dado que ya están en cuarentena permanente. ¿Qué sucederá cuando, debido a la propagación del virus, esta zona de seguridad se convierta en una zona de alto riesgo, como está sucediendo en Portugal y España? ¿Estarían más seguros si pudieran regresar a las casas donde vivieron toda su vida, en el improbable caso de que aún existan? ¿Los familiares que, por su propia conveniencia, los dejaron en asilos, no sentirán remordimiento por someter a sus ancianos a un riesgo que puede ser fatal? ¿Y los ancianos que viven en aislamiento no estarán ahora en mayor riesgo de morir sin que nadie se dé cuenta? Al menos, los ancianos que viven en los barrios más pobres del mundo pueden morir por la pandemia, pero no morirán sin que nadie se dé cuenta. También se debe agregar que, especialmente en el Sur global, las epidemias anteriores han significado que los ancianos tengan que prolongar su vida laboral. Por ejemplo, la epidemia del SIDA ha matado y sigue matando a padres jóvenes, dejando a los abuelos con la responsabilidad del hogar. Si los abuelos mueren, los niños corren un riesgo muy alto de desnutrición, hambre y, en última instancia, de muerte.
Los internados en campos de refugiados, inmigrantes indocumentados o poblaciones desplazadas internamente. Según cifras de la ONU, hay 70 millones. Son poblaciones que, en su mayor parte, viven en cuarentena permanente, y para las cuales la nueva cuarentena significa poco como regla de confinamiento. Pero los peligros que enfrentan si el virus se propaga entre ellos serán fatales e incluso más dramáticos que los que enfrentan las poblaciones de las periferias pobres. Por ejemplo, en Sudán del Sur, donde más de 1,6 millones de personas están desplazadas internamente, lleva horas, si no días, llegar a los centros de salud, y la principal causa de muerte a menudo se puede prevenir, causada por enfermedades que ya tienen remedios: malaria y diarrea. En el caso de los campos de refugiados a las puertas de Europa y de Estados Unidos, la cuarentena causada por el virus impone el deber ético humanitario de abrir las puertas de estos campos de internamiento siempre que no sea posible crear en ellos las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad exigidas por la pandemia.
Los discapacitados. Han sido víctimas de otra forma de dominación, además del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado: el capacitismo. Se trata de cómo la sociedad los discrimina, no reconoce sus necesidades especiales, no les facilita el acceso a la movilidad ni las condiciones que les permitirían disfrutar de la sociedad como cualquier otra persona. De alguna manera, las limitaciones que la sociedad les impone hacen que se sientan viviendo en cuarentena permanente. ¿Cómo vivirán la nueva cuarentena, especialmente cuando dependen de quien tiene que romper la cuarentena para darles alguna ayuda? Como se han acostumbrado desde hace mucho tiempo a vivir en condiciones de cierto encierro, ¿ahora se sentirán más libres que los «no discapacitados» o más iguales en relación con ellos? ¿Verán tristemente alguna justicia social en la nueva cuarentena?
La lista de los que están al Sur de la cuarentena está lejos de ser exhaustiva. Basta pensar en los prisioneros y en las personas con problemas de salud mental, es decir, depresión. Pero el elenco seleccionado muestra que, al contrario de lo que transmiten los medios y las organizaciones internacionales, la cuarentena no solo hace más visible, sino que refuerza, la injusticia, la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento injusto que causan. Resulta que tales asimetrías se vuelven más invisibles frente al pánico que afecta a los que no están acostumbrados al mismo. A la luz de las experiencias de estos grupos sociales durante la cuarentena, se hace particularmente evidente la necesidad de imaginar y concretar alternativas a los modos de vivir, de producir, de consumir y de convivir en estos primeros años del siglo XXI. De hecho, la pandemia y la cuarentena revelan cruelmente que las alternativas son posibles y que las sociedades se adaptan a las nuevas formas de vida cuando esto es necesario y sentido como correspondiente al bien común.
Manuel Hernández Venegas compartió con SURCOS la foto que ilustra esta nota y agregó el siguiente comentario: «Protesta, este viernes, en Córdoba, de los nuevos trabajadores de las apps exigiendo respeto de sus derechos laborales. No son colaboradores de las plataformas digitales, son trabajadores explotados, en condiciones laborales precarias. Cuando te adelantan o cruzan la bici en la calle, tenlo presente».
Se trata de una protesta realizada en Córdoba, Argentina, por quienes se ganan su vida de forma precaria entregando pedidos contratados mediante esas aplicaciones. La protesta fue convocada con el afiche que también compartimos.
