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Etiqueta: transferencia tecnológica

Chile y el negocio de la guerra: Una tentación riesgosa e incoherente

Félix Madariaga

En medio de un escenario internacional marcado por conflictos armados y reconfiguraciones geopolíticas, Chile enfrenta una disyuntiva que no es menor: abrir o no la puerta a vínculos estratégicos, tecnológicos y comerciales con un país que hoy se encuentra en el medio de una guerra activa.

La visita en marzo pasado del canciller ucraniano Andrii Sybiha no pasó desapercibida. Más allá del protocolo diplomático, lo preocupante es el contenido y la orientación de las reuniones sostenidas en el país. Particularmente relevante resulta el encuentro con el presidente de ultraderecha José Antonio Kast durante el cambio de mando, en el cual le transmitió un mensaje directo del presidente Volodímir Zelenski y se exploraron áreas de cooperación que incluyen agricultura, tecnologías no tripuladas y digitalización.

A primera vista, estos temas pueden parecer inocuos o incluso beneficiosos. Sin embargo, al observar el contexto en el que se desarrollan, surgen interrogantes profundas. ¿Qué significa realmente establecer cooperación en tecnologías no tripuladas con un país que ha desarrollado gran parte de estas capacidades en el marco de un conflicto bélico? ¿Qué tipo de transferencia tecnológica se está promoviendo? ¿Y bajo qué condiciones?

Estas dudas no son abstractas. En la reciente Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), realizada en Chile, se exhibieron sistemas desarrollados en un contexto de guerra, entre ellos, el dron ucraniano “Vampire”. Su presencia no solo da cuenta del interés por posicionar este tipo de tecnologías en el mercado chileno, sino también de la intención de abrir espacio a eventuales adquisiciones por parte del Estado. No se trata, por tanto, de una discusión hipotética, sino de una posibilidad concreta que ya comienza a tomar forma.

La presencia del dron ucraniano “Vampire”, también conocido como “Baba Yaga” en la FIDAE no solo llamó la atención por su origen y sus usos, sino también por la forma en que fue presentado. Lejos de una exhibición abierta y transparente, el stand carecía de interlocutores adecuados para el público local: no había personal que hablara español, se restringía la posibilidad de fotografiar el equipo y sólo se entregaba un folleto o información técnica. En la práctica, quienes se interesaban por conocer más sobre esta tecnología debían recurrir a fuentes externas, lo que resulta, al menos, contradictorio para una instancia que busca promover productos y generar vínculos comerciales.

El interés del Ministerio de Defensa chileno en este tipo de plataformas refuerza estas preocupaciones. Aunque se presentan como soluciones innovadoras, muchas de estas tecnologías provienen de un ecosistema industrial tensionado por la guerra, con empresas emergentes, cadenas de suministro inestables y estándares que responden más a la urgencia del combate que a procesos consolidados de desarrollo y certificación.

Es importante tener claridad en que al final del día, no todo lo que se ofrece como progreso lo es; y no todo socio comercial es, necesariamente, un buen socio.

Nos hemos enterado a través de fuentes bien informadas de que existe un interés real del gobierno de José Antonio Kast y de militares chilenos de altos rangos, por comprar drones civiles y militares a través de compañías chilenas que están negociando con Ucrania una posible cooperación: los productos de interés son dos modelos de la empresa Sky Fall – P1 y Vampire, recientemente exhibidos en Fidae.

No es una buena idea firmar contratos con Ucrania o sus intermediarios. La experiencia internacional ofrece advertencias claras. El caso del avión Antonov adquirido por Perú – envuelto en cuestionamientos por intermediación irregular, sobreprecio y falta de respaldo real del fabricante – evidencia los riesgos de establecer acuerdos con proveedores cuya estructura comercial no es transparente o cuya situación productiva es incierta. No se trata simplemente de desconfianza ideológica, sino de antecedentes concretos que deberían encender alarmas en cualquier proceso de compra estatal. Recordemos que Ucrania pretendió vender el avión Antonov de la misma empresa estatal a Perú por 65 millones de dólares americanos, que finalmente sería destinado al Ministerio del Interior del país sudamericano en el año 2020, desató un escándalo de proporciones y de corrupción, que en Ucrania le costó el cargo a diversos personeros de gobierno.

Otro hecho muy similar se destapó en 2024 cuando Ucrania intentó vender otro avión a Perú – de la misma marca – para la policía nacional. Polémica debida a que el avión Antonov an-74 tenía más de 20 años. Pero lo más increíble de esta historia es que la empresa ucraniana Antonov informó oficialmente al Ministerio del Interior, que la compañía Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, presentó documentación falsa y nunca recibió autorización para fabricar aeronaves modelo An-74, pese a haber sido contratada por US$63,9 millones. Después de saberse esto, nadie debería involucrarse en negocios con Ucrania y las menos con las empresas externas con las que trabaja.

Nuestras autoridades deberían tener presente que los chilenos no queremos negociar con un país en conflicto ni con sus empresas. En la agenda de nuestro país no deberían existir negociaciones o acuerdos de cooperación con empresas como Sky fall o directamente con Ucrania, y menos hacerlo a través de empresas chilenas para producción local o transferencia de tecnología, como es el caso de C3D, empresa chilena que ofrece una variedad de vehículos no tripulados de combate, actualmente en uso en Ucrania, asociados con la empresa De Viro.

Otras compañías que están tratando de vender productos o asociarse y que han llamado la atención de nuestros militares, son Indamax, que vende drones antiaéreos ucranianos y la compañía checa STV Group, que también vende drones ucranianos.

La disposición de sectores de la ultraderecha chilena a estrechar vínculos con actores involucrados directamente en conflictos armados internacionales abre un flanco político y ético complejo. La alineación con agendas externas, especialmente en materias sensibles como defensa y tecnología militar, puede comprometer la autonomía estratégica del país y desdibujar su histórica vocación por la paz y los principios de no injerencia.

Chile no necesita importar incertidumbre ni riesgos encubiertos bajo el discurso de la modernización tecnológica. Tampoco requiere involucrarse indirectamente en dinámicas de guerra a través de la adquisición de equipamiento o la firma de convenios con actores cuya prioridad actual no es el desarrollo civil, sino la supervivencia en un conflicto.

La política exterior y de defensa debe estar guiada por criterios de largo plazo, transparencia y resguardo del interés nacional. Esto implica evaluar no solo el precio o la innovación aparente de una tecnología, sino también el contexto en que se produce, la estabilidad de sus proveedores y las implicancias políticas de su adquisición.

En tiempos donde la guerra se ha convertido también en un negocio, Chile debe decidir con claridad si quiere ser parte de ese circuito o mantenerse fiel a una tradición que privilegia la paz, la soberanía y la prudencia.

Fuentes:

https://www.pucara.org/post/fidae-2026-la-ucraniana-skyfall-desembarca-con-sus-drones-y-su-enorme-experiencia-en-combate

https://www.youtube.com/watch?v=fjBHamMxvnk#:~:text=empresa%20chilena%20C3D%2C%20que%20ofrece%20una%20variedad,de%20combate%2C%20actualmente%20en%20uso%20en%20Ucrania.

https://ru.interfax.com.ua/news/general/1150626.html

https://www.infobae.com/peru/2026/01/13/revelan-que-mininter-fue-estafado-en-compra-de-avion-para-la-pnp-empresa-presento-documentos-fraguados-por-us639-millones

https://www.defensa.com/peru/vueltas/-controvertida-compra-antonov-an-178-peru

https://fpp.org.pe/rusia-dispone-de-alternativas-al-avion-fantasma-que-ucrania-intenta-vender-al-peru/

Los agricultores del siglo XXI frente a su realidad y su problemática

German Masís

El día de ayer en la columna de Opinión del periódico digital CR Hoy se publica un artículo titulado Los Agricultores del siglo XXI del académico Roberto Artavia, que es necesario comentar y aportar otros argumentos que expliquen adecuadamente la problemática en que se encuentran inmersos los agricultores pequeños y medianos desde hace varias décadas y el abandono de las políticas hacia este sector.

En su argumentación, el artículo aborda varios aspectos para explicar el tránsito hacia el Agricultor del siglo XXI, entre ellos la productividad, el papel de la inversión, la tecnología y el capital humano, la importancia que tienen las políticas, como algunas impulsadas en el pasado, el fortalecimiento de las instituciones y el advenimiento de la gran modernización tecnológica.

El artículo inicia haciendo mención a la baja productividad del sector, atribuyéndola primero a la baja productividad del trabajo agrícola, en relación con otras actividades económicas como la manufactura y los servicios y comparándola con la productividad agrícola lograda en otros países, comparaciones poco procedentes por las características de esas otras actividades y por políticas aplicadas en otros países como lo veremos más adelante.

Al respecto, hay que destacar que la prevalencia del aspecto de la productividad para explicar el desempeño de las actividades económicas, que es solo una de las variables determinantes del mismo, es insuficiente como lo han señalado diversos organismos incluyendo a la OCDE y que en este caso, se hace referencia principalmente a la productividad del trabajo, que en el sector agropecuario es muy heterogénea como lo menciona posteriormente el mismo autor, al comparar la productividad en las actividades de exportación y en de producción para el mercado interno, además que como es de conocimiento el análisis debe complementarse con la productividad por área productiva, fundamental en las actividades agropecuarias, que está también asociada a la escala de las unidades de producción: pequeña, mediana y grande, que tienen acceso y utilizan de manera diferenciada los factores de la producción.

Es importante también establecer adónde se originan las diferencias de productividad del trabajo y de las unidades de producción, el mismo autor adelanta que “en general las diferencias se deben a las inversiones en infraestructura, tecnología y capital humano”, que hay que recordar que son distintas, ya que las empresas sobre todo las grandes pueden y las realizan con frecuencia con su propio capital, mientras que las pequeñas y medianas(en el agro y en las pymes de otras actividades) tienen dificultades para realizar o las realizan parcialmente debido a las limitaciones de recursos.

A su vez, las posibilidades de inversión para mejorar la productividad en el agro en los aspectos mencionados por el autor, en las unidades productivas micro y pequeñas, son limitadas, por lo que deben recurrir a las instituciones del Estado, quienes en otras épocas les han ayudado a mejorar la infraestructura, la tecnología y la capacidad del recurso humano y que en algunos países, como en los países desarrollados(Estados Unidos, Europa y Japón), disponen de amplios programas de ayudas o subsidios financiados por el Estado, como el Farm Bill y la política agrícola común de los primeros, apoyos que generan grandes diferencias de productividad, producción y competitividad de la agricultura entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

En el artículo se menciona dos momentos claves en el desarrollo económico y de la ampliación de las actividades productivas del país, interesa fundamentalmente referirse al segundo sobre la Administración Monge Álvarez, en la que, según el autor, “hizo de su gobierno la plataforma desde donde se diversificaron la producción y las exportaciones” y que en efecto fue el inicio de la política de promoción de exportaciones no tradicionales que se profundizó en la Administración siguiente. Agrega el autor, “políticas bien alineadas, como las minidevaluaciones del colón, inversiones selectivas en infraestructura, programas de capacitación y transferencia de tecnología, e iniciativas de crédito impulsaron un clima de inversiones propicio”.

Lo que no dice, es que en ese gobierno se inició el cambio en la actividad agrícola con el programa que se denominaba “Volvamos a la Tierra”, que significó el desestímulo progresivo de las actividades consideradas tradicionales y el estímulo de actividades no tradicionales para exportación, la desaparición de los programas nacionales por cultivo y el redireccionamiento de las políticas antes mencionadas y de los recursos técnico y financieros hacia las nuevas actividades.

Este cambio en la actividad agrícola, que fue ampliado en las Administraciones siguientes de Arias Sánchez, Calderón Fournier y Figueres Olsen, ligado a los programas de Ajuste estructural firmados con el Fondo Monetario Internacional, creó la diferenciación estructural entre la Agroexportación y la producción agrícola para el mercado interno, de la que se menciona poco en el artículo, pero que es crucial para explicar la situación actual del sector agropecuario.

Vale recordar que las políticas de esas Administraciones, junto al estímulo a las actividades no tradicionales de exportación, ejecutaron medidas dirigidas a desmantelar el esquema de apoyo institucional de transferencia tecnológica y de capacitación hacia los productores involucrados en las actividades agropecuarias consideradas tradicionales, que no eran otras que la producción de granos básicos, las hortalizas, los tubérculos y las frutas para consumo nacional, las cuales restringieron considerablemente la labor de las instituciones del sector: CNP, MAG, IDA, el SENARA y el PIMA y que las han llevado al bajo nivel de funcionamiento que presentan en la actualidad.

Lo anterior explica, la realidad que observa el autor, “los productores que tan amable y alegremente nos atienden en las ferias del agricultor tienen baja productividad, seguramente con algunas notables excepciones, lo que determina su ingreso y los condena a una vida dura, exigente y, muy probablemente, a la pobreza”. Lo paradójico es, que éstos productores amables, pero pobres, son los que proveen el 80% de la producción alimentaria nacional, garantizan cada semana la disponibilidad de alimentos a los consumidores de las ferias del agricultor y de los mercados locales y son los responsables directos de la seguridad alimentaria del país, pero han sido abandonados por las políticas agrícolas y por la institucionalidad del sector, que no dirige adecuadamente sus programas y acciones hacia este sector, por falta de recursos, escasez de personal técnico o simplemente por impulsar tecnologías modernas como el gobierno actual.

De ahí que las soluciones que se proponen a veces frente a la situación del agro no son las apropiadas. En ese contexto, el autor señala que “En esto no hay ningún misterio. La alta productividad del campo pasa por la agricultura de precisión y en ambientes controlados; por la aplicación de tecnología a semillas, a la fertilidad y la irrigación de los campos, a nuevas plataformas de infraestructura productiva, tecnologías digitales aplicadas al mantenimiento y control de las plantaciones, la cosecha, la logística y la distribución y exportación de los productos”, de manera similar a la posición del actual Ministro de Agricultura, que promueve la agricultura de precisión, tecnología de drones, georreferenciación y sistemas de riego automatizados, para todos los agricultores, (Surcosdigital.com, julio 2025), sin importar la baja condición económica de los productores, que muchos no tienen asistencia técnica, que no tienen acceso al crédito, que sus costos de producción se han elevado y que las importaciones de productos afectan sus precios y sus ventas.

Pero según lo expuesto en el artículo incorporar esas tecnologías es relativamente fácil, “implica alinear las instituciones, los programas, el crédito, la infraestructura, las políticas económicas y el «contrato social» del sector, implica modernizar y enfocar algunas instituciones, como el MAG, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el INDER, y el mismo movimiento cooperativo”, o sea se trataría de revertir las políticas económicas y sectoriales de los últimos 40 años y sus efectos sobre la producción agroalimentaria para el mercado interno mediante una supuesta modernización y acción institucional que no parece tener sustento en la realidad actual.

La producción agrícola está en crisis y no podemos desconocer esa problemática, algunas actividades se encuentran en sus niveles mínimos de producción, como se ha revelado recientemente sobre la cebolla, cuya producción nacional ha disminuido mientras que las importaciones llegan a su punto más alto. Según la información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa.

Pero la cebolla no es el único cultivo cuya producción está bajando en Costa Rica. Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos. La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%. (Surcosdigital.com, abril-2025)

Finalmente, el documento cuestiona “¿por qué si en cada campaña electoral decimos que queremos acabar con la pobreza –en buena parte rural y agropecuaria– no tomamos las medidas necesarias para aumentar la productividad del campo a niveles que permita a los pequeños productores superar su situación?”. La respuesta según los argumentos expuestos antes es obvia, los pequeños productores no han podido superar esa situación, porque se dedican a la producción de alimentos para el mercado interno, actividad que no tiene estímulos como la exportación, ésta actividad está en manos de pequeños productores con poco acceso al capital y a la tecnología, que dependen de la asesoría técnica y de la transferencia tecnológica de las instituciones públicas que fueron desmanteladas técnica y financieramente hace muchos años, porque tienen que competir con importaciones baratas de otros países y porque los políticos y los gobiernos de turno no se han querido comprometer con una transformación de la producción interna y de la pequeña producción, aunque en campaña política prometan soluciones que nunca se cumplen.