La Arquidiócesis de San José, por medio del arzobispo metropolitano, monseñor José Rafael Quirós Quirós, difundió un comunicado en el que reafirma la misión pastoral de la Iglesia basada en el respeto, la serenidad y la construcción del bien común. El pronunciamiento responde a recientes declaraciones del presidente de la República. La Iglesia enfatiza que no ingresará en confrontaciones personales y que continuará señalando, con respeto y firmeza, los temas de interés nacional, entre ellos el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión.
Comunicado (texto íntegro)
COMUNICADO DE PRENSA
Ante las recientes declaraciones del señor presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo metropolitano de San José, desea expresar:
“La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales. Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir. Por ello, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público.
Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con transparencia y sentido de servicio.
En asuntos de interés nacional —como el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión— continuaremos señalando, con respeto y firmeza, aquello que consideramos importante para la pluralidad, la libertad de expresión y el bien común. Lo haremos siempre desde nuestra vocación de acompañar al pueblo costarricense.”
La Arquidiócesis reitera su compromiso con la paz social, el respeto institucional y la construcción de una convivencia democrática en la que todas las voces puedan ser escuchadas.”
Arquidiócesis de San José San José, Costa Rica 26 de noviembre de 2025
La Contraloría General de la República (CGR) emitió una comunicación oficial para aclarar la situación en torno al pago de las licencias de cuido del programa de fase terminal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según el comunicado firmado por Mariela Azofeifa Olivares, jefa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones del Despacho Contralor, el presupuesto extraordinario de la CCSS, que incluye ₡2.700 millones para cubrir estas licencias, fue recibido por la CGR el jueves 6 de noviembre de 2025.
Puntos principales del pronunciamiento
Ingreso reciente del presupuesto: El expediente llegó a la CGR el 6 de noviembre, desmintiendo versiones que indicaban un retraso prolongado.
Monto global: El presupuesto extraordinario no incluye únicamente el rubro de licencias de cuido, sino varios gastos por un total de ₡50.459 millones, por lo que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de los recursos.
Competencia técnica: El análisis se encuentra en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa —área con competencia para aprobar presupuestos— y no en el Despacho de la Contralora.
Compromiso con la diligencia: La CGR afirmó estar analizando el presupuesto con la mayor agilidad posible, para resolver e informar a la brevedad.
Responsabilidad institucional: El comunicado enfatiza que la responsabilidad por la gestión presupuestaria recae sobre la CCSS, no sobre la Contraloría.
Transparencia del proceso: Mientras el estudio esté en curso, la CGR no adelantará criterio; una vez finalizado, se informará públicamente según el procedimiento habitual.
El documento cierra reafirmando el compromiso de la Contraloría con la transparencia, legalidad y atención diligente de los recursos destinados a las personas beneficiarias del programa de licencias de cuido.
Diversas organizaciones feministas han manifestado públicamente su preocupación ante denuncias sobre el presunto uso político de recursos y acciones del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Las declaraciones señalan que esta situación vulnera la credibilidad institucional y los derechos de las mujeres, en un contexto de creciente instrumentalización de los temas de violencia de género con fines político-electorales.
El documento titulado “¡Qué vergüenza la presidenta ejecutiva del INAMU!”, difundido por la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, detalla que desde 2022 el INAMU ha sufrido un proceso de debilitamiento institucional, vinculado a recortes, cierres de programas y decisiones administrativas que —según denuncian— han afectado su misión de protección a las mujeres. La red solicita la separación de sus cargos de la presidenta ejecutiva Yerlin Zúñiga y de la funcionaria Claudia Blanco, por presunto uso indebido de recursos institucionales y participación en hechos que podrían configurar delitos de coacción o soborno, vinculados a intereses político-electorales.
Por su parte, la Coalición Feminista emitió el pronunciamiento “El cuerpo como moneda política”, en el que cuestiona el uso del discurso sobre violencia sexual como herramienta de manipulación política, señalando que “no se negocia con nuestros cuerpos, no se lucra con nuestro dolor, y no se juega con la dignidad de las mujeres por conveniencia política”.
A su vez, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía, en su declaración “Una fecha de horror”, repudia la utilización del cuerpo de las mujeres como “moneda política y territorio de abuso y control en esta campaña electoral de 2025”. La organización demanda la separación del cargo de las personas denunciadas y condenadas por delitos sexuales, incluyendo figuras del gobierno, y reclama que el INAMU retome el liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica y América Latina.
El Comité de Auditorías Sociales, por su parte, respaldó las denuncias, expresando que la instrumentalización de la violencia sexual como estrategia política representa un grave retroceso en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y desvirtúa la legitimidad de las denuncias de las víctimas reales de violencia.
Llamado conjunto a la acción
Las cuatro organizaciones firmantes —la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, la Coalición Feminista, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía y el Comité de Auditorías Sociales— coinciden en exigir:
Separación inmediata de sus cargos de las funcionarias denunciadas del INAMU, hasta que se realicen las investigaciones correspondientes.
Apertura de una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades competentes.
Restablecimiento del funcionamiento pleno del INAMU, garantizando su independencia y compromiso con los derechos de las mujeres.
Fin a la manipulación política de la violencia de género, reafirmando el respeto a las víctimas y al principio de justicia.
“Las mujeres víctimas de femicidios, sus hijas e hijos sobrevivientes y miles de mujeres que viven situaciones reales de agresión no merecen este atropello, mucho menos de parte de la institución llamada a defenderlas y protegerlas”, es el espíritu que unifica los comunicados.
El colectivo ciudadano CONCEVERDE solicitó formalmente al alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, información sobre el cumplimiento del traspaso de la finca con folio real 4-156766, ubicada dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, y que según la legislación vigente y resoluciones de la Sala Constitucional constituye patrimonio natural del Estado.
La gestión, enviada el 30 de octubre de 2025 por José Francisco Alfaro Carvajal, representante del colectivo, fue remitida también al Concejo Municipal, a la Auditoría Interna de la municipalidad y a diversas instancias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), incluyendo el despacho ministerial y la Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC).
Antecedentes del caso
Según detalla la carta, el SINAC-ACC solicitó desde el 11 de julio de 2024 el traspaso de la finca a favor del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) mediante el oficio SINAC-ACC-D-of-712-2024, reiterando la solicitud en junio de 2025 a través del oficio CARTA-SINAC-ACC-DR-0485-2025.
Ambas comunicaciones fueron firmadas por la ingeniera Meryll Arias Quirós, directora a.i. del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, quien exhortó al alcalde a cumplir con la sentencia N.º 2023-17109 de la Sala Constitucional y con el artículo 13 de la Ley Forestal, que establecen la obligación de inscribir los bienes del patrimonio natural del Estado a nombre del MINAE.
Pese a estas gestiones, el Registro Nacional aún muestra la finca inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo que, según el oficio, evidencia que no se ha concretado el traspaso ordenado.
Solicitudes específicas
CONCEVERDE plantea tres solicitudes puntuales al alcalde:
Informar si la municipalidad ha realizado las gestiones correspondientes para inscribir la finca a nombre del MINAE.
Detallar cualquier gestión emprendida para cumplir con el traspaso, en caso de que aún no se haya firmado la escritura respectiva.
Explicar las razones por las cuales no se ha cumplido con la disposición legal, si la alcaldía no ha realizado gestión alguna, señalando que esto implicaría un incumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional N.º 2008-12109 y N.º 2023-17109.
Copia a instituciones de control
El documento fue remitido también a la Sala Constitucional, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y a medios de prensa, con el objetivo de dar seguimiento público a la solicitud.
“La finca se encuentra dentro de una zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 y forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo. Por tanto, debe estar registrada a nombre del Estado costarricense, conforme a la normativa ambiental y a las resoluciones judiciales que lo ordenan”, señala la carta firmada por Alfaro Carvajal.
Comunicado de UNDECA
San José, Costa Rica – 6 agosto 25
Me dirijo con firmeza y convicción al pueblo costarricense, a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y a los medios de comunicación para denunciar públicamente que he sido removida de mi cargo mediante una decisión arbitraria, ilegítima y políticamente motivada, disfrazada de legalidad.
El pretexto utilizado para justificar esta destitución ha sido mi participación en el acuerdo de Junta Directiva para autorizar el pago de un ajuste salarial a trabajadores de la CCSS, reconocido previamente como deuda legítima por el propio Gobierno. Esta obligación fue expresamente establecida en el Decreto Ejecutivo N.° 43732-H-MTSS-MIDEPLAN, publicado en La Gaceta del 12 de octubre de 2022.
La Junta Directiva no aprobó ningún aumento salarial simplemente ejecutó el mandato contenido en un decreto del Poder Ejecutivo, que reconocía una deuda salarial consolidada desde 2019, la cual fue suspendida temporalmente durante la pandemia. Los fondos se encontraban debidamente contemplados en la partida institucional de remuneraciones.
Si este fuera un verdadero motivo para una destitución, entonces el mismo criterio debería haber sido aplicado al exministro de Hacienda Nogui Acosta, quien pagó ₡70.000 millones a los trabajadores del Gobierno Central por este mismo concepto.,
Violación al debido proceso
Mi destitución se fraguó en un contexto procesal profundamente viciado. Mientras me encontraba incapacitada y mi abogada también, el órgano director del procedimiento manipuló el expediente para interpretar esa ausencia como una renuncia al derecho de defensa. Acto seguido, y el mismo día en que varios ministros presentaban su renuncia al Gabinete, el Consejo de Gobierno acordó de manera unánime mi destitución.
Sin embargo, la notificación formal se difirió días después, lo que evidencia una clara intención de silenciarme sin permitir una defensa efectiva.
Cabe destacar que el informe que sustentó la destitución tiene casi 200 páginas y fue presentado el mismo día de la sesión decisoria. Es fácticamente imposible que sus integrantes hayan tenido tiempo real de análisis y deliberación. y demuestra la premeditación de los hechos.
¿Por qué me persiguen?
Porque he sido una voz incómoda para quienes pretenden mantener privilegios, encubrir irregularidades y evadir responsabilidades:
soy testigo en dos causas penales de alto perfil: el caso del maquillaje de los estudios actuariales y el caso Barrenador.
Denuncié sobreprecios y deficiencias en la compra de servicios proyectos de infraestructura hospitalaria
Señalé el fracaso del sistema ERP-SAP, responsable de paralizar un robot dispensador de medicamentos valorado en 5 millones de dólares en el Hospital Monseñor Sanabria.
He defendido, la construcción infraestructura sanitaria como el Hospital de Cartago, el pago de la deuda del gobierno, el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, la reducción de las listas de espera y el acceso equitativo a la salud pública.
¡No me doblegarán!
Mi destitución la construcción no es más que una represalia política contra una representante del sector laboral que ha defendido con firmeza los intereses de la clase trabajadora y de la institución más importante del país: la CCSS.
Interpondré el recurso de reconsideración ante el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las acciones judiciales que mi equipo legal prepara, continuaré luchando por la verdad, la justicia y la defensa de una CCSS ética, transparente y al servicio del pueblo
¡La Caja es del pueblo y al pueblo se debe!
Imagen: Martha Rodríguez González y Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA en conferencia de prensa refiriéndose al acto arbitrario del gobierno.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió tres informes que exponen graves deficiencias en la gestión pública de los asentamientos informales en el país, señalando su impacto económico, social e institucional. Los documentos buscan ofrecer insumos para una toma de decisiones informada y promover buenas prácticas en la atención de una problemática estructural que afecta a más de 64 mil familias en el país.
El informe DFOE-CIU-SGP-00001-2025 Atención de asentamientos informales y su impacto en la Hacienda Pública, identifica 576 asentamientos informales distribuidos en 61 cantones, lo que representa un aumento del 50% desde 2013. La CGR destaca la falta de claridad conceptual, debilidades en la información y una fragmentación institucional entre actores como el MIVAH, INVU, BANHVI, CNE, IMAS y gobiernos locales.
Entre 2022 y 2024, se estima un impacto económico directo de ₡24.700 millones a la Hacienda Pública por consumo no facturado de servicios, atención de emergencias y otros gastos asociados.
En el reporte DFOE-CIU-RF-00001-2025 Análisis integral del riesgo de desastre: base indispensable para la atención de asentamientos informales, la Contraloría alerta sobre la ausencia total de estudios de riesgo específicos para estas comunidades. Además, señala que no existe una metodología estandarizada ni un mecanismo de coordinación institucional que permita integrar y actualizar los datos. Esta falta de análisis proactivo perpetúa los ciclos de vulnerabilidad y expone a miles de familias a condiciones de alto riesgo.
Finalmente, el documento DFOE-CIU-RF-00002-2025 Medir para transformar: rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del BANHVI en poblaciones de asentamientos informales, denuncia debilidades en la trazabilidad y transparencia del uso de recursos públicos.
Entre 2021 y 2024 se ejecutaron ₡28 mil millones del Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI) sin contar con información desagregada por asentamiento, tipo de bono o solución habitacional. Además, no se financió ningún proyecto mediante el programa de Bono Colectivo, a pesar de su objetivo específico, y no existen evaluaciones de impacto por parte del BANHVI ni del INVU.
Estos hallazgos subrayan la urgencia de una acción coordinada y estratégica para atender de manera integral la problemática y prevenir que la respuesta institucional continúe siendo ineficaz.
Esteban Rodríguez-Dobles Docente, Historiador, Escuela de Estudios Generales
El 4 de diciembre de 2024, quien fuera director de la EEG Jairol Núñez Moya presentó su renuncia tras más de un año en el cargo (ahora actual Vicerrector de Docencia de la administración Araya Leandro); finalizando su informe de labores ante la Asamblea de Escuela, hizo la afirmación de que en la UCR “el enemigo está adentro”. Esto contradice gran parte de su discurso sobre hacer universidad. ¿Cómo se hace universidad fracturándola más? Nos necesitamos a todos en la Universidad.
La creación de un enemigo interno es una estrategia clásica de la política y se emplea para consolidar poder, movilizar apoyo popular y justificar medidas represivas. En la Revolución Francesa, Robespierre y los Jacobinos lo usaron, así como en la Costa Rica contemporánea Juan Diego Castro o Fabricio Alvarado han utilizado la idea de un enemigo interno.
En el contexto universitario reciente, la idea de anónimos, enemigos internos o ataques políticos, han sido empleados para evadir responsabilidades o al menos diluir la culpa señalando hacia esos que no guardan silencio, o buscan hacer control político, es decir quienes participamos de la vida democrática de la institución y nos importa la transparencia. Son estas torsiones del lenguaje las que convierten una crítica legítima o información innegable en discursos de odio.
Las relaciones de poder se reproducen en contextos democráticos, laborales, y educativos, muchas veces sin necesidad de coerción explícita. La dominación opera a través de dispositivos sociales, simbólicos y estratégicos, cuya eficacia reside precisamente en su invisibilización o en su aceptación como parte del sentido común.
El destacado sociólogo e historiador argentino Javier Balsa, quien ha estudiado la hegemonía y el discurso político, propone una tipología con 3 formas de la aceptación de la dominación:
Aceptación por hábito
Se fundamenta en la fuerza de la costumbre, en la repetición social de prácticas y jerarquías que se naturalizan como incuestionables. Aquí, la dominación se interioriza a través de esquemas de percepción y acción aprendidos que hacen parecer el orden existente como el único posible. Por ejemplo, en la EEG tenemos 45 años sin reformar el reglamento de esta unidad académica.
Aceptación por creencias compartidas
Esta forma de legitimación se basa en un consenso normativo o en la adhesión a una forma de ver el mundo que otorga sentido y legitimidad al ejercicio de la autoridad. En este caso, la obediencia se produce porque los dominados creen en la justicia, necesidad o conveniencia del orden instituido, o bien confían en la figura de quien ejerce el mando. La eficacia del poder reside en su capacidad de hacerse pasar por legítimo, justo o inevitable a los ojos de quienes lo padecen o reproducen.
Aceptación instrumental o estratégica
Esta forma se apoya en cálculos pragmáticos y en lógicas de interés personal o de un pequeño grupo. La dominación se acepta porque proporciona beneficios materiales, porque reduce riesgos o porque resulta funcional a los objetivos individuales del sujeto. Esta forma de aceptación puede involucrar cinismo, resignación o conveniencia, y no necesariamente implica adhesión consciente o ideológica.
He pretendido con estos artículos, poner sobre la mesa el contexto histórico en el que se reprodujeron prácticas antidemocráticas que fueron acopladas en la cultura política universitaria. Demostrando los mecanismos empleados en el ejercicio del poder político, así como las formas en que se acepta la dominación de una minoría sobre la gran mayoría de la comunidad universitaria. Espero con ello contribuir a motivarle. Aún estamos a tiempo de recuperar el prestigio de la Universidad, toda crisis es también una oportunidad. Espero que a raíz de todo el escándalo nacional, pensemos bien por quiénes queremos ser representados próximamente en el CU.
Esteban Rodríguez-Dobles Docente, Historiador, Escuela de Estudios Generales
En el artículo de opinión anterior, veníamos enumerando una serie de prácticas que deterioran y debilitan la democracia en la UCR a partir de lo establecido en el artículo 106 del Estatuto Orgánico y con los siguiente 2 puntos concluimos con ello. Además, en este penúltimo artículo proponemos algunas medidas remediales para superar en parte la crisis de fragmentación de la institución y motivar a la comunidad universitaria a implicarse en el fortalecimiento de la cultura democrática de la UCR realizando propuestas de reforma al art.106.
3. Ambigüedad en el ejercicio de la autoridad disciplinaria
El artículo establece que la Dirección ejerce autoridad disciplinaria “conforme al Estatuto Orgánico y a los reglamentos”, pero sin detallar:
La existencia de garantías procesales claras.
La posibilidad de defensa o apelación ante sanciones.
La supervisión de dicha potestad por parte de un ente colegiado.
Esto puede generar espacios para prácticas autoritarias o para una aplicación desigual del régimen disciplinario, lo que entra en conflicto con los principios de justicia y equidad democrática.
4. Designación vertical de comisiones y delegaciones
Aunque la Dirección puede nombrar comisiones para diversos temas, no se establece que estas deban surgir de votación o acuerdo de la Asamblea de Escuela. Esto debe ser reconsiderado.
A continuación se compara el tipo de práctica que se estila en el artículo 106 y el efecto antidemocrático que genera:
5. Propuestas remediales:
-Establecer mecanismos participativos explícitos de la Asamblea de Escuela para la toma de decisiones clave.
-Garantizar espacios colegiados vinculantes y no meramente consultivos o procedimentales.
-Incorporar criterios de transparencia, deliberación y rendición de cuentas en las funciones directivas ante la Asamblea de Escuela más allá del informe anual.
Si queremos cambiar la cultura política dentro de la UCR, debería bastar la ética humanista y profesional, pero es imposible en un mundo con personas cuya ética es flexible. La necesidad de reformar el Artículo 106 es prioritaria como primer paso, dadas todas las razones que han sido expuestas y siendo testigo de los abusos que ha posibilitado el 106 en mi contexto profesional. El art.106 refleja una estructura jerárquica fuerte en la administración universitaria, funcional para con ciertos fines operativos, pero con riesgos claros para la cultura democrática plena y madura que debería ser ejemplar en la universidad.
En el último de estos artículos de opinión, terminamos por dar atención a las nada sofisticadas formas de dominación que se han incorporado en nuestro medio, para así entender llanamente la relación de esta democracia delegativa permeada en la universidad y las prácticas aceptadas consuetudinariamente. ¿Es posible un diálogo sin subordinación en la academia? ¿De qué puede servir el diálogo frente a una verticalidad con disonancia cognitiva?
Esteban Rodríguez-Dobles Docente, Historiador, Escuela de Estudios Generales UCR
Al parecer fue en el 3er Congreso Universitario (1971-1974) que la figura de Decano y sus amplias atribuciones produjese cambios para que las funciones de la dirección de las unidades académicas tuvieran más independencia y versatilidad sobre sus propias decisiones y acciones, sin embargo a lo largo de los años produjo el efecto de crear una multitud de feudos. Con base en el Artículo 106 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, este establece atribuciones para la figura de la dirección de escuela, pero también son visibles las claras tensiones o limitaciones al ideal de democracia universitaria, especialmente desde una perspectiva crítica que valore la horizontalidad, la participación colectiva y la transparencia institucional. Para sintetizar tanta información a continuación se enumeran una serie de prácticas que deterioran y debilitan la democracia en la UCR a partir de lo establecido en el artículo 106 del Estatuto Orgánico:
1. Concentración de poder en la figura de la Dirección
El artículo otorga a la persona directora amplias competencias unilaterales, entre ellas:
Aprobar los planes de trabajo docente y la distribución de tareas.
Proponer el nombramiento de personal académico interino.
Ejercer autoridad disciplinaria inmediata sobre el personal y estudiantado.
Suspender actividades sin necesidad de consulta colegiada.
Esta concentración de atribuciones por tanto deriva en decisiones verticales, poco participativas o discrecionales, especialmente si no existen mecanismos de fiscalización efectiva por parte de la Asamblea de Escuela. ¿Cómo puede ser posible que no exista en los Estatutos Universitarios un límite a la cantidad de puestos a ocupar? Justo en este momento en la EEG desde el 1 de enero de 2025 una sola persona ejerce al mismo tiempo funciones en subdirección, dirección a.i, coordinación de sección, miembro de Comisión para asignación de dedicación exclusiva y miembro del Consejo editorial de una revista. ¿Cómo interpretar esta concentración de funciones? Por la razón que sea, perjudica la democracia universitaria pues impide la formación de nuevos liderazgos o la selectividad de los mismos.
A pesar de la importancia académica y electoral que tiene la EEG en la UCR, entre las últimas elecciones que se han dado para ocupar cargos en la dirección y la subdirección, al menos en 3 ocasiones han sido procesos con una sola persona candidata. ¿A qué se debe esto?, ¿es desafección a los puestos de mando?, ¿el bloqueo de liderazgos alternativos?, ¿o una cultura política corrupta y clientelar? Son una multitud de cuestiones que solo las planteamos como dudas, pero sin embargo sugieren el complejo deterioro de la vida democrática dentro de las Asambleas de Escuela.
2. Falta de contrapesos institucionales explícitos
Aunque se menciona la participación de la Asamblea de Escuela, el artículo no explicita claramente:
Mecanismos de rendición de cuentas periódica más allá del informe anual.
Formas de participación vinculante de la Asamblea de Escuela o representación estudiantil en decisiones clave.
Procedimientos democráticos para la formación de comisiones o para el nombramiento de personal interino. (A pesar de estar contemplado en el artículo)
Con ello, la ausencia de procedimientos deliberativos explícitos puede reducir los espacios efectivos de cogobierno, donde estudiantes, administrativos y académicos tengan voz en temas sustantivos. Una democracia universitaria robusta requiere espacios de deliberación permanente y no dependientes del criterio personal de una figura administrativa.
Hace más de 100 años, en la Universidad Nacional de Córdoba tras un importante movimiento ciudadano, se instauró en 1918 un sistema democrático en el que toda la comunidad universitaria —estudiantes, docentes y personal administrativo— tuvo derecho al voto, ello ocurrió gracias a un proceso colectivo de la Reforma Universitaria que contempló la participación horizontal.
En la Semana de rendición de cuentas la UCR repasó los principales aspectos de la gestión del 2021
El Trabajo Comunal se reinventó para enfrentar la pandemia sanitaria. Por ejemplo, el proyecto Música en Acción produjo cápsulas de video dirigidas a niños de preescolar de la Dirección Regional de Aguirre en la provincia de Puntarenas. Foto TC-685
Un total de 410400 horas de trabajo comunal, 5880 certificados de educación continua y permanente otorgados, 157 entornos virtuales de aprendizaje y 724 proyectos de Acción Social en ejecución son parte de los logros de la Vicerrectoría de Acción Social para el primer cuatrimestre del año 2021.
Los datos son parte del informe presentado por la Dra. Marisol Gutiérrez Rojas, vicerrectora de Acción Social (VAS), durante su presentación el pasado miércoles 12 de mayo en el marco de la semana de la Rendición de Cuentas de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR),
“Este es un momento para abrir una ventana para dialogar y construir en conjunto. Esta es una de las tareas que la universidad propicia, y nos tenemos que sentir honrados de ser parte de esta institución, y parte de este nuevo formato virtual”, manifestó Gutiérrez.
Durante la presentación por el canal oficial de la UCR, en la plataforma Youtube, la vicerrectora hizo un resumen de los retos que representaron para la VAS la migración de los proyectos inscritos a la modalidad virtual, dadas las restricciones impuestas por las autoridades de salud para actividades presenciales.
No obstante, y pese a que la pandemia tomó por sorpresa a toda la ciudadanía, la vicerrectora destacó que a su llegada a la VAS en enero pasado se encontró con un personal altamente comprometido, empático y capacitado con altos grados académicos para enfrentar esta nueva realidad.
MULTIPLICIDAD DE ESFUERZOS
Actualmente, los 724 proyectos de Acción Social continúan en vigencia, adaptados a la realidad que impone la pandemia sanitaria.
“La plataforma tecnológica ha sido central en estos primeros meses de nuestro quehacer, sabemos que tenemos que maximizar esfuerzos y aquí lo tenemos claro. En este caso, el personal que trabaja con la plataforma virtual UCR Global ha permitido que el tránsito a la virtualidad sea provechoso y útil, que nos acerque a las personas, que se derriben las fronteras y las limitaciones que haya por espacio o tiempo”, explicó Gutiérrez.
Pese a las restricciones económicas impuestas a las universidades todas las tareas se han cumplido con el compromiso del personal. En total se han habilitado 157 entornos virtuales, de los cuales 31 están en proceso.
En este sentido, Gutiérrez destacó con satisfacción que el proyecto “Costa Rica Aprende con la U Pública”, iniciativa del Consejo Nacional de Rectores (Conare), demandó el diseño de una plataforma virtual para 64 cursos cursos en línea, que involucran el esfuerzo de 57 unidades académicas, centros e institutos de investigación para 1600 cupos. Esto es parte de las actividades enmarcadas en la declaratoria del Conare del 2021 como el “Año de las Universidades Públicas por la conectividad como derecho humano universal”.
De los 724 proyectos de Acción Social en vigencia, 375 corresponden a la modalidad de Educación Continua, Permanente y Servicios; 170 al Trabajo Comunal Universitario (TC), 158 de Cultura y Patrimonio y 21 a Iniciativas Estudiantiles.
De los 5880 certificados de la primera modalidad, se entregaron 1938 de aprovechamiento, 2669 de participación y 1012 de asistencia.
Los proyectos de Cultura y Patrimonio se articulan con un enfoque de derechos culturales y a la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, entre los que destacan la Red Institucional para Pueblos y Territorios Indígenas, Danza Universitaria y el Cine U, que ha presentado mediante plataformas virtuales cuatro ciclos temáticos y cine foros.
En el TC se ha logrado que concluyan el proceso 1385 estudiantes con el apoyo de 182 docentes. Esta es “una actividad medular que caracteriza a la UCR ya que la Acción Social le impregna ese sentido de solidaridad, de la construcción de saberes, del reconocimiento de otros distintos, donde nuestros saberes se ponen con relación a otros y permite que de forma conjunta podamos transformar esta sociedad en una cada día más inequitativa”, acotó la jerarca universitaria.
Para Daniela Carrillo Valverde, estudiante de Psicología, compartió durante la presentación del informe que “formó parte de la generación que tuvo que adaptarse al Trabajo Comunal de manera virtual. Esto generó en mí una marca en torno a la forma de pensar la Acción Social y la necesidad de ver el recurso tecnología como una herramienta más que nos permita pensar cómo generar lazo social”.
En lo referente a las Iniciativas Estudiantiles (IE), con 21 proyectos vigentes y que son propuestos y ejecutados por estudiantes con inquietudes sociales, se articulará un convenio marco entre la UCR y el Consejo de la Persona Joven, así como el Consejo Nacional de Capacitación Municipal, en el que la UCR tiene una representación. El objetivo es potenciar a las IE y otras vinculadas con la juventud universitaria.
A criterio de la vicerrectora Gutiérrez, “a lo mejor cuando nos volvamos a encontrar en las aulas o en los pasillos, vuelvan a surgir las preguntas qué es la Acción Social, porqué la hacemos en esta universidad. Podría pensarse que es algo inútil que demanda mucho tiempo, esfuerzo y dinero, pero eso es propio de gente que piensa que es inútil el conocimiento, que no lo valora. ¿Qué significa lo útil o inútil? ¿Qué significaría que desapareciera la Acción Social para esta universidad?”, cuestionó.
DESAFÍOS UNIVERSITARIOS
La vicerrectora comentó que al asumir el cargo se encontró con una importante reducción presupuestaria, y dada la crisis económica nacional se tomaron medidas para asumirlas con responsabilidad.
“Hemos empezado a tomar decisiones para redistribuir el presupuesto ordinario y obtener fondos de fuentes adicionales como el de Desarrollo institucional y Regionalización de Conare. Además, hemos hecho una reserva para el regreso a la presencialidad, que esperamos sea más pronto que tarde”.
Gutiérrez enfatizó que los desafíos no solo son financieros o tecnológicos. A su criterio hay que continuar trabajando en el trabajo coordinado entre las vicerrectorías, con Docencia para asignar cargas docentes para Acción Social. “Esto es prioritario, ya que nos singulariza, nos da ese espacio para construirnos y reconstruirnos como universidad pública, y que se abre a la diversidad de voces”.
Con Vida Estudiantil se están explorando mecanismos para exonerar a jóvenes de pueblos y territorios indígenas para la exoneración del canon establecido para la prueba de aptitud académica. Y esperamos hacer esfuerzos para emprender proyectos conjuntos entre Investigación y Acción Social, ya que ambas son parte de la triada que sustenta el quehacer institucional, explicó.
Al concluir su exposición, la vicerrectora hizo una exhortación a la comunidad universitaria: “Les invito a que trabajemos en conjunto porque la Acción Social no tiene sentido en la singularidad, sino que su definición está casualmente en la articulación vigorosa, robusta, equitativa de todas las voces, de todos los saberes, de todas las personas”.
