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Etiqueta: transparencia institucional

Auditoría Ciudadana atenta a situación de pensiones – CCSS confirma recepción del trámite

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) informó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acusó recibo oficial de la documentación presentada en el marco de la solicitud ACSS-001-2026, relacionada con el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).

El acuse de recibo fue enviado el viernes 30 de enero de 2026 desde la cuenta institucional de Correspondencia de la CCSS, en el cual se indica que la documentación remitida será asignada a la unidad destinataria para el análisis de los requisitos de admisibilidad, y que, de ser necesario, se solicitará la subsanación correspondiente. La CCSS también aclara que dicha dirección de correo es de uso exclusivo para la recepción de documentos de unidades que la reconocen como medio oficial.

La gestión ACSS-001-2026 da seguimiento a una solicitud previa presentada el 18 de diciembre de 2025 ante la Junta Directiva de la CCSS y la Gerencia de Pensiones, en la que la Auditoría Ciudadana solicitó un criterio técnico y fundamentado sobre el reajuste de los montos de las pensiones del IVM y del RNC. Según consta en el documento, la Junta Directiva trasladó la solicitud a la Gerencia de Pensiones, fijando como plazo máximo el 9 de enero de 2026 para emitir respuesta; sin embargo, al cierre de enero no se había comunicado resolución alguna.

Ante el vencimiento del plazo, la Auditoría Ciudadana solicitó formalmente copia digital del criterio técnico emitido por la Gerencia de Pensiones y de lo acordado por la Junta Directiva, como parte de su labor de control ciudadano y vigilancia del derecho a la seguridad social, especialmente en un contexto de creciente preocupación por el poder adquisitivo de las pensiones y el cumplimiento de las obligaciones institucionales.

La ACSS ha venido desarrollando diversas acciones públicas orientadas a la defensa del sistema solidario de pensiones, entre ellas solicitudes de información, análisis técnicos, pronunciamientos públicos y llamados a la transparencia institucional, con el objetivo de garantizar que las decisiones sobre pensiones se adopten con criterios técnicos claros, información oportuna y respeto a los derechos de las personas pensionadas, particularmente de quienes dependen del régimen no contributivo.

Línea de tiempo reciente – Gestiones de la ACSS sobre reajuste de pensiones

18 de diciembre de 2025
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente ante la Junta Directiva y la Gerencia de Pensiones, una solicitud formal de información relacionada con el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC), solicitando criterio técnico y fundamentos utilizados para la toma de decisiones.

Diciembre de 2025
La Junta Directiva de la CCSS traslada la solicitud a la Gerencia de Pensiones, estableciendo como fecha límite el 9 de enero de 2026 para emitir el criterio técnico correspondiente.

9 de enero de 2026
Vence el plazo establecido por la Junta Directiva para responder a la solicitud de la ACSS, sin que se haya comunicado respuesta pública ni notificación formal a la organización ciudadana.

Enero de 2026 (posterior al vencimiento del plazo)
Ante la ausencia de respuesta, la ACSS presenta una nueva gestión (ACSS-001-2026) solicitando copia digital del criterio técnico emitido por la Gerencia de Pensiones y de lo acordado por la Junta Directiva, como parte de su labor de control ciudadano y vigilancia del derecho a la seguridad social.

30 de enero de 2026
La CCSS envía acuse de recibo oficial de la documentación presentada por la ACSS, indicando que la solicitud será asignada a la unidad destinataria para el análisis de los requisitos de admisibilidad y que, de ser necesario, se solicitará la subsanación correspondiente.

 

Docentes cuestionan falta de transparencia en la Prueba de Idoneidad y advierten riesgos para la seguridad jurídica del proceso

Un grupo de docentes expresó a SURCOS su preocupación por el proceso de aplicación y apelación de la Prueba de Idoneidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), cuyo propósito es permitir el paso de personal interino —muchos con más de una década de servicio— a una plaza en propiedad. Según datos comunicados por el MEP, más del 30 % de las personas aspirantes no logró superar la prueba, lo que profundizó el malestar en el sector educativo.

Las personas docentes señalan que la notificación de resultados se realizó mediante un correo masivo dirigido únicamente a quienes reprobaron, informando la no aprobación y otorgando un plazo de apenas tres días (8 al 10 de diciembre) para solicitar una cita de apelación. Según explican, el único canal habilitado fue un correo electrónico, sin alternativas presenciales o digitales adicionales.

Uno de los aspectos que más inquieta al sector es que el MEP catalogó la prueba como de carácter “cautivo”, lo que impide a las personas postulantes acceder al instrumento de evaluación. Esta decisión —afirman— les impide conocer en qué fallaron, qué criterios se aplicaron y si hubo posibles errores de calificación, lo que consideran una afectación al derecho constitucional a la defensa, al debido proceso y al acceso a información pública.

A la falta de acceso al examen se suma otro problema: la plataforma establecida para solicitar la cita de apelación no permite generar la solicitud, lo que las personas docentes describen como “una burla más que un error administrativo”. La situación, indican, genera inseguridad, incertidumbre laboral y una percepción de indefensión frente a un procedimiento que debería garantizar objetividad, transparencia y criterios técnicos verificables.

El grupo docente afirma que la decisión de restringir el acceso al instrumento de evaluación no está contemplada en ninguna normativa vigente, ni en la Constitución Política, ni en la Ley Marco de Empleo Público, ni en su Reglamento, ni en los lineamientos que rigen la Prueba de Idoneidad. A juicio de quienes envían la información, esta medida contradice los artículos 9 y 11 de la Constitución, que establecen la sujeción de la administración pública a la ley, al control y a la transparencia.

Desde su experiencia profesional, las personas docentes recuerdan que toda evaluación de esta naturaleza debe sustentarse en principios claros de objetividad, criterios técnicos, acceso a la información y derecho de apelación debidamente garantizado. Asimismo, señalan que una prueba que excluye a más del 30 % de aspirantes, según cifras oficiales, debe ser revisada en su diseño, su aplicación y su metodología de evaluación.

Ante este panorama, llaman al MEP a:

  • Revisar el procedimiento utilizado para la notificación y las apelaciones.
  • Ampliar los plazos para presentar recursos.
  • Permitir el acceso al instrumento de evaluación para garantizar el derecho a la defensa.
  • Habilitar un canal de apelación que funcione correctamente y asegure transparencia.

Mientras esperan una respuesta institucional precisa, indican que continuarán organizándose de manera responsable —tal como protege la Constitución Política— para exigir un proceso justo que no comprometa el futuro laboral de cientos de docentes que han sostenido la educación pública durante años.

Arquidiócesis de San José emite comunicado tras declaraciones del presidente Rodrigo Chaves

La Arquidiócesis de San José, por medio del arzobispo metropolitano, monseñor José Rafael Quirós Quirós, difundió un comunicado en el que reafirma la misión pastoral de la Iglesia basada en el respeto, la serenidad y la construcción del bien común. El pronunciamiento responde a recientes declaraciones del presidente de la República. La Iglesia enfatiza que no ingresará en confrontaciones personales y que continuará señalando, con respeto y firmeza, los temas de interés nacional, entre ellos el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión.


Comunicado (texto íntegro)

COMUNICADO DE PRENSA

Ante las recientes declaraciones del señor presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo metropolitano de San José, desea expresar:

“La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales.
Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir. Por ello, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público.

Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con transparencia y sentido de servicio.

En asuntos de interés nacional —como el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión— continuaremos señalando, con respeto y firmeza, aquello que consideramos importante para la pluralidad, la libertad de expresión y el bien común. Lo haremos siempre desde nuestra vocación de acompañar al pueblo costarricense.”

La Arquidiócesis reitera su compromiso con la paz social, el respeto institucional y la construcción de una convivencia democrática en la que todas las voces puedan ser escuchadas.”

Arquidiócesis de San José
San José, Costa Rica
26 de noviembre de 2025

CGR aclara situación sobre pago de licencias de cuido de la CCSS

La Contraloría General de la República (CGR) emitió una comunicación oficial para aclarar la situación en torno al pago de las licencias de cuido del programa de fase terminal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según el comunicado firmado por Mariela Azofeifa Olivares, jefa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones del Despacho Contralor, el presupuesto extraordinario de la CCSS, que incluye ₡2.700 millones para cubrir estas licencias, fue recibido por la CGR el jueves 6 de noviembre de 2025.

Puntos principales del pronunciamiento

  1. Ingreso reciente del presupuesto: El expediente llegó a la CGR el 6 de noviembre, desmintiendo versiones que indicaban un retraso prolongado.

  2. Monto global: El presupuesto extraordinario no incluye únicamente el rubro de licencias de cuido, sino varios gastos por un total de ₡50.459 millones, por lo que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de los recursos.

  3. Competencia técnica: El análisis se encuentra en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa —área con competencia para aprobar presupuestos— y no en el Despacho de la Contralora.

  4. Compromiso con la diligencia: La CGR afirmó estar analizando el presupuesto con la mayor agilidad posible, para resolver e informar a la brevedad.

  5. Responsabilidad institucional: El comunicado enfatiza que la responsabilidad por la gestión presupuestaria recae sobre la CCSS, no sobre la Contraloría.

  6. Transparencia del proceso: Mientras el estudio esté en curso, la CGR no adelantará criterio; una vez finalizado, se informará públicamente según el procedimiento habitual.

El documento cierra reafirmando el compromiso de la Contraloría con la transparencia, legalidad y atención diligente de los recursos destinados a las personas beneficiarias del programa de licencias de cuido.

Colectivos feministas exigen investigación y transparencia en el INAMU ante denuncias de manipulación política

Diversas organizaciones feministas han manifestado públicamente su preocupación ante denuncias sobre el presunto uso político de recursos y acciones del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Las declaraciones señalan que esta situación vulnera la credibilidad institucional y los derechos de las mujeres, en un contexto de creciente instrumentalización de los temas de violencia de género con fines político-electorales.

El documento titulado “¡Qué vergüenza la presidenta ejecutiva del INAMU!”, difundido por la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, detalla que desde 2022 el INAMU ha sufrido un proceso de debilitamiento institucional, vinculado a recortes, cierres de programas y decisiones administrativas que —según denuncian— han afectado su misión de protección a las mujeres. La red solicita la separación de sus cargos de la presidenta ejecutiva Yerlin Zúñiga y de la funcionaria Claudia Blanco, por presunto uso indebido de recursos institucionales y participación en hechos que podrían configurar delitos de coacción o soborno, vinculados a intereses político-electorales.

Por su parte, la Coalición Feminista emitió el pronunciamiento “El cuerpo como moneda política”, en el que cuestiona el uso del discurso sobre violencia sexual como herramienta de manipulación política, señalando que “no se negocia con nuestros cuerpos, no se lucra con nuestro dolor, y no se juega con la dignidad de las mujeres por conveniencia política”.

A su vez, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía, en su declaración “Una fecha de horror”, repudia la utilización del cuerpo de las mujeres como “moneda política y territorio de abuso y control en esta campaña electoral de 2025”. La organización demanda la separación del cargo de las personas denunciadas y condenadas por delitos sexuales, incluyendo figuras del gobierno, y reclama que el INAMU retome el liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica y América Latina.

El Comité de Auditorías Sociales, por su parte, respaldó las denuncias, expresando que la instrumentalización de la violencia sexual como estrategia política representa un grave retroceso en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y desvirtúa la legitimidad de las denuncias de las víctimas reales de violencia.

Llamado conjunto a la acción

Las cuatro organizaciones firmantes —la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, la Coalición Feminista, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía y el Comité de Auditorías Sociales— coinciden en exigir:

  1. Separación inmediata de sus cargos de las funcionarias denunciadas del INAMU, hasta que se realicen las investigaciones correspondientes.
  2. Apertura de una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades competentes.
  3. Restablecimiento del funcionamiento pleno del INAMU, garantizando su independencia y compromiso con los derechos de las mujeres.
  4. Fin a la manipulación política de la violencia de género, reafirmando el respeto a las víctimas y al principio de justicia.

“Las mujeres víctimas de femicidios, sus hijas e hijos sobrevivientes y miles de mujeres que viven situaciones reales de agresión no merecen este atropello, mucho menos de parte de la institución llamada a defenderlas y protegerlas”, es el espíritu que unifica los comunicados.

Imagen: https://concepto.de/movimiento-feminista/

CONCEVERDE solicita al alcalde de San Rafael de Heredia cumplir con traspaso de finca que forma parte del Patrimonio Natural del Estado

El colectivo ciudadano CONCEVERDE solicitó formalmente al alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, información sobre el cumplimiento del traspaso de la finca con folio real 4-156766, ubicada dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, y que según la legislación vigente y resoluciones de la Sala Constitucional constituye patrimonio natural del Estado.

La gestión, enviada el 30 de octubre de 2025 por José Francisco Alfaro Carvajal, representante del colectivo, fue remitida también al Concejo Municipal, a la Auditoría Interna de la municipalidad y a diversas instancias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), incluyendo el despacho ministerial y la Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC).

Antecedentes del caso

Según detalla la carta, el SINAC-ACC solicitó desde el 11 de julio de 2024 el traspaso de la finca a favor del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) mediante el oficio SINAC-ACC-D-of-712-2024, reiterando la solicitud en junio de 2025 a través del oficio CARTA-SINAC-ACC-DR-0485-2025.

Ambas comunicaciones fueron firmadas por la ingeniera Meryll Arias Quirós, directora a.i. del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, quien exhortó al alcalde a cumplir con la sentencia N.º 2023-17109 de la Sala Constitucional y con el artículo 13 de la Ley Forestal, que establecen la obligación de inscribir los bienes del patrimonio natural del Estado a nombre del MINAE.

Pese a estas gestiones, el Registro Nacional aún muestra la finca inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo que, según el oficio, evidencia que no se ha concretado el traspaso ordenado.

Solicitudes específicas

CONCEVERDE plantea tres solicitudes puntuales al alcalde:

  1. Informar si la municipalidad ha realizado las gestiones correspondientes para inscribir la finca a nombre del MINAE.

  2. Detallar cualquier gestión emprendida para cumplir con el traspaso, en caso de que aún no se haya firmado la escritura respectiva.

  3. Explicar las razones por las cuales no se ha cumplido con la disposición legal, si la alcaldía no ha realizado gestión alguna, señalando que esto implicaría un incumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional N.º 2008-12109 y N.º 2023-17109.

Copia a instituciones de control

El documento fue remitido también a la Sala Constitucional, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y a medios de prensa, con el objetivo de dar seguimiento público a la solicitud.

“La finca se encuentra dentro de una zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 y forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo. Por tanto, debe estar registrada a nombre del Estado costarricense, conforme a la normativa ambiental y a las resoluciones judiciales que lo ordenan”, señala la carta firmada por Alfaro Carvajal.

Martha Rodríguez González: “La verdad detrás de mi destitución: un acto de persecución política”

Comunicado de UNDECA
San José, Costa Rica – 6 agosto 25

Me dirijo con firmeza y convicción al pueblo costarricense, a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y a los medios de comunicación para denunciar públicamente que he sido removida de mi cargo mediante una decisión arbitraria, ilegítima y políticamente motivada, disfrazada de legalidad.

El pretexto utilizado para justificar esta destitución ha sido mi participación en el acuerdo de Junta Directiva para autorizar el pago de un ajuste salarial a trabajadores de la CCSS, reconocido previamente como deuda legítima por el propio Gobierno. Esta obligación fue expresamente establecida en el Decreto Ejecutivo N.° 43732-H-MTSS-MIDEPLAN, publicado en La Gaceta del 12 de octubre de 2022.

La Junta Directiva no aprobó ningún aumento salarial simplemente ejecutó el mandato contenido en un decreto del Poder Ejecutivo, que reconocía una deuda salarial consolidada desde 2019, la cual fue suspendida temporalmente durante la pandemia. Los fondos se encontraban debidamente contemplados en la partida institucional de remuneraciones.

Si este fuera un verdadero motivo para una destitución, entonces el mismo criterio debería haber sido aplicado al exministro de Hacienda Nogui Acosta, quien pagó ₡70.000 millones a los trabajadores del Gobierno Central por este mismo concepto.,

Violación al debido proceso

Mi destitución se fraguó en un contexto procesal profundamente viciado. Mientras me encontraba incapacitada y mi abogada también, el órgano director del procedimiento manipuló el expediente para interpretar esa ausencia como una renuncia al derecho de defensa. Acto seguido, y el mismo día en que varios ministros presentaban su renuncia al Gabinete, el Consejo de Gobierno acordó de manera unánime mi destitución.

Sin embargo, la notificación formal se difirió días después, lo que evidencia una clara intención de silenciarme sin permitir una defensa efectiva.

Cabe destacar que el informe que sustentó la destitución tiene casi 200 páginas y fue presentado el mismo día de la sesión decisoria. Es fácticamente imposible que sus integrantes hayan tenido tiempo real de análisis y deliberación. y demuestra la premeditación de los hechos.

¿Por qué me persiguen?

Porque he sido una voz incómoda para quienes pretenden mantener privilegios, encubrir irregularidades y evadir responsabilidades:

  • soy testigo en dos causas penales de alto perfil: el caso del maquillaje de los estudios actuariales y el caso Barrenador.
  • Denuncié sobreprecios y deficiencias en la compra de servicios proyectos de infraestructura hospitalaria
  • Señalé el fracaso del sistema ERP-SAP, responsable de paralizar un robot dispensador de medicamentos valorado en 5 millones de dólares en el Hospital Monseñor Sanabria.
  • He defendido, la construcción infraestructura sanitaria como el Hospital de Cartago, el pago de la deuda del gobierno, el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, la reducción de las listas de espera y el acceso equitativo a la salud pública.

¡No me doblegarán!

Mi destitución la construcción no es más que una represalia política contra una representante del sector laboral que ha defendido con firmeza los intereses de la clase trabajadora y de la institución más importante del país: la CCSS.

Interpondré el recurso de reconsideración ante el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las acciones judiciales que mi equipo legal prepara, continuaré luchando por la verdad, la justicia y la defensa de una CCSS ética, transparente y al servicio del pueblo

¡La Caja es del pueblo y al pueblo se debe!

Imagen: Martha Rodríguez González y Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA en conferencia de prensa refiriéndose al acto arbitrario del gobierno.

Asentamientos informales y exclusión social: CGR revela impacto de su gestión en la Hacienda Pública

La Contraloría General de la República (CGR) emitió tres informes que exponen graves deficiencias en la gestión pública de los asentamientos informales en el país, señalando su impacto económico, social e institucional. Los documentos buscan ofrecer insumos para una toma de decisiones informada y promover buenas prácticas en la atención de una problemática estructural que afecta a más de 64 mil familias en el país.

El informe DFOE-CIU-SGP-00001-2025 Atención de asentamientos informales y su impacto en la Hacienda Pública, identifica 576 asentamientos informales distribuidos en 61 cantones, lo que representa un aumento del 50% desde 2013. La CGR destaca la falta de claridad conceptual, debilidades en la información y una fragmentación institucional entre actores como el MIVAH, INVU, BANHVI, CNE, IMAS y gobiernos locales.

Entre 2022 y 2024, se estima un impacto económico directo de ₡24.700 millones a la Hacienda Pública por consumo no facturado de servicios, atención de emergencias y otros gastos asociados.

En el reporte DFOE-CIU-RF-00001-2025 Análisis integral del riesgo de desastre: base indispensable para la atención de asentamientos informales, la Contraloría alerta sobre la ausencia total de estudios de riesgo específicos para estas comunidades. Además, señala que no existe una metodología estandarizada ni un mecanismo de coordinación institucional que permita integrar y actualizar los datos. Esta falta de análisis proactivo perpetúa los ciclos de vulnerabilidad y expone a miles de familias a condiciones de alto riesgo.

Finalmente, el documento DFOE-CIU-RF-00002-2025 Medir para transformar: rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del BANHVI en poblaciones de asentamientos informales, denuncia debilidades en la trazabilidad y transparencia del uso de recursos públicos.

Entre 2021 y 2024 se ejecutaron ₡28 mil millones del Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI) sin contar con información desagregada por asentamiento, tipo de bono o solución habitacional. Además, no se financió ningún proyecto mediante el programa de Bono Colectivo, a pesar de su objetivo específico, y no existen evaluaciones de impacto por parte del BANHVI ni del INVU.

Estos hallazgos subrayan la urgencia de una acción coordinada y estratégica para atender de manera integral la problemática y prevenir que la respuesta institucional continúe siendo ineficaz.

Puede conocer algunos datos puntuales en el siguiente enlace: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/7e7a0dfe-fe2e-4f70-a9f6-8198c7fea75d/page/p_hksiqvx9rd?s=t4-5uemMsho

Los informes completos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

Informe n.° DFOE-CIU-SGP-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011604.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011605.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00002-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011606.pdf

Fuente de la imagen: Semanario Universidad

Las paradojas de una democracia sin demócratas: se vale todo – Quinta parte

Esteban Rodríguez-Dobles
Docente, Historiador, Escuela de Estudios Generales

El 4 de diciembre de 2024, quien fuera director de la EEG Jairol Núñez Moya presentó su renuncia tras más de un año en el cargo (ahora actual Vicerrector de Docencia de la administración Araya Leandro); finalizando su informe de labores ante la Asamblea de Escuela, hizo la afirmación de que en la UCR “el enemigo está adentro”. Esto contradice gran parte de su discurso sobre hacer universidad. ¿Cómo se hace universidad fracturándola más? Nos necesitamos a todos en la Universidad.

La creación de un enemigo interno es una estrategia clásica de la política y se emplea para consolidar poder, movilizar apoyo popular y justificar medidas represivas. En la Revolución Francesa, Robespierre y los Jacobinos lo usaron, así como en la Costa Rica contemporánea Juan Diego Castro o Fabricio Alvarado han utilizado la idea de un enemigo interno.

En el contexto universitario reciente, la idea de anónimos, enemigos internos o ataques políticos, han sido empleados para evadir responsabilidades o al menos diluir la culpa señalando hacia esos que no guardan silencio, o buscan hacer control político, es decir quienes participamos de la vida democrática de la institución y nos importa la transparencia. Son estas torsiones del lenguaje las que convierten una crítica legítima o información innegable en discursos de odio.

Las relaciones de poder se reproducen en contextos democráticos, laborales, y educativos, muchas veces sin necesidad de coerción explícita. La dominación opera a través de dispositivos sociales, simbólicos y estratégicos, cuya eficacia reside precisamente en su invisibilización o en su aceptación como parte del sentido común.

El destacado sociólogo e historiador argentino Javier Balsa, quien ha estudiado la hegemonía y el discurso político, propone una tipología con 3 formas de la aceptación de la dominación:

Aceptación por hábito

Se fundamenta en la fuerza de la costumbre, en la repetición social de prácticas y jerarquías que se naturalizan como incuestionables. Aquí, la dominación se interioriza a través de esquemas de percepción y acción aprendidos que hacen parecer el orden existente como el único posible. Por ejemplo, en la EEG tenemos 45 años sin reformar el reglamento de esta unidad académica.

Aceptación por creencias compartidas

Esta forma de legitimación se basa en un consenso normativo o en la adhesión a una forma de ver el mundo que otorga sentido y legitimidad al ejercicio de la autoridad. En este caso, la obediencia se produce porque los dominados creen en la justicia, necesidad o conveniencia del orden instituido, o bien confían en la figura de quien ejerce el mando. La eficacia del poder reside en su capacidad de hacerse pasar por legítimo, justo o inevitable a los ojos de quienes lo padecen o reproducen.

Aceptación instrumental o estratégica

Esta forma se apoya en cálculos pragmáticos y en lógicas de interés personal o de un pequeño grupo. La dominación se acepta porque proporciona beneficios materiales, porque reduce riesgos o porque resulta funcional a los objetivos individuales del sujeto. Esta forma de aceptación puede involucrar cinismo, resignación o conveniencia, y no necesariamente implica adhesión consciente o ideológica.

He pretendido con estos artículos, poner sobre la mesa el contexto histórico en el que se reprodujeron prácticas antidemocráticas que fueron acopladas en la cultura política universitaria. Demostrando los mecanismos empleados en el ejercicio del poder político, así como las formas en que se acepta la dominación de una minoría sobre la gran mayoría de la comunidad universitaria. Espero con ello contribuir a motivarle. Aún estamos a tiempo de recuperar el prestigio de la Universidad, toda crisis es también una oportunidad. Espero que a raíz de todo el escándalo nacional, pensemos bien por quiénes queremos ser representados próximamente en el CU.

Las paradojas de una democracia sin demócratas: el 106 – Parte cuatro

Esteban Rodríguez-Dobles
Docente, Historiador, Escuela de Estudios Generales

En el artículo de opinión anterior, veníamos enumerando una serie de prácticas que deterioran y debilitan la democracia en la UCR a partir de lo establecido en el artículo 106 del Estatuto Orgánico y con los siguiente 2 puntos concluimos con ello. Además, en este penúltimo artículo proponemos algunas medidas remediales para superar en parte la crisis de fragmentación de la institución y motivar a la comunidad universitaria a implicarse en el fortalecimiento de la cultura democrática de la UCR realizando propuestas de reforma al art.106.

3. Ambigüedad en el ejercicio de la autoridad disciplinaria

El artículo establece que la Dirección ejerce autoridad disciplinaria “conforme al Estatuto Orgánico y a los reglamentos”, pero sin detallar:

La existencia de garantías procesales claras.

La posibilidad de defensa o apelación ante sanciones.

La supervisión de dicha potestad por parte de un ente colegiado.

Esto puede generar espacios para prácticas autoritarias o para una aplicación desigual del régimen disciplinario, lo que entra en conflicto con los principios de justicia y equidad democrática.

4. Designación vertical de comisiones y delegaciones

Aunque la Dirección puede nombrar comisiones para diversos temas, no se establece que estas deban surgir de votación o acuerdo de la Asamblea de Escuela. Esto debe ser reconsiderado.

A continuación se compara el tipo de práctica que se estila en el artículo 106 y el efecto antidemocrático que genera:

5. Propuestas remediales:

-Establecer mecanismos participativos explícitos de la Asamblea de Escuela para la toma de decisiones clave.

-Garantizar espacios colegiados vinculantes y no meramente consultivos o procedimentales.

-Incorporar criterios de transparencia, deliberación y rendición de cuentas en las funciones directivas ante la Asamblea de Escuela más allá del informe anual.

Si queremos cambiar la cultura política dentro de la UCR, debería bastar la ética humanista y profesional, pero es imposible en un mundo con personas cuya ética es flexible. La necesidad de reformar el Artículo 106 es prioritaria como primer paso, dadas todas las razones que han sido expuestas y siendo testigo de los abusos que ha posibilitado el 106 en mi contexto profesional. El art.106 refleja una estructura jerárquica fuerte en la administración universitaria, funcional para con ciertos fines operativos, pero con riesgos claros para la cultura democrática plena y madura que debería ser ejemplar en la universidad.

En el último de estos artículos de opinión, terminamos por dar atención a las nada sofisticadas formas de dominación que se han incorporado en nuestro medio, para así entender llanamente la relación de esta democracia delegativa permeada en la universidad y las prácticas aceptadas consuetudinariamente. ¿Es posible un diálogo sin subordinación en la academia? ¿De qué puede servir el diálogo frente a una verticalidad con disonancia cognitiva?