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Etiqueta: Tribunal Supremo de Elecciones

La marcha de una Democracia bicentenaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La democracia costarricense es una forma de vida desarrollada desde los albores de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, la fecha costarricense de su Declaración, que se originó con el detonante en Centroamérica con la Declaratoria de Independencia de Guatemala, el 15 de setiembre de 1821, la sede de la Capitanía General y del Reino de Guatemala, que hizo que El Salvador se pronunciara por la Independencia el 21 de setiembre y, Nicaragua y Honduras el 28 de setiembre.

Desde 1821 hasta 1823 el inicio de la Independencia condujo, en Costa Rica, al establecimiento de Gobiernos provisionales, transitorios, Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas, hasta que de nuevo, en un afán de reconstruir la unidad política que se tenía de la región antes de la Independencia, se encaminaron estas comunidades, en 1823, y luego en 1824, a fundar las Provincias Unidas de Centroamérica, y la República Federal de Centroamérica, que bajo un modelo federal las agrupó, gestando al interior de cada una de ellas el nacimiento de Estados, con sus particulares órganos de Poder y Constituciones Políticas.

En Costa Rica la Junta de Legados, de mediados de noviembre de 1821, estableció una Comisión redactora de una Constitución, que se aprobó el 1 de diciembre de 1821, “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, la primera de la región en época independiente, siguiendo los lineamientos clásicos de los contractualistas y de la propia Constitución de Cádiz de 1812.

Al mismo tiempo se evidenció desde el origen mismo de la Independencia la autonomía y separación real que vivían estos Estados, desde finales de la colonia, por múltiples razones, que hicieron que a partir de 1837 el modelo de la República Federal de Centroamérica se desintegrara, a pesar de los esfuerzos que hiciera en 1842, Francisco Morazán, desde su llegada al Poder en Costa Rica, por pocos meses.

Los mecanismos inmediatos que siguieron a la Independencia para el desarrollo del Estado y la vida independiente, además de declarar abolida la esclavitud en Centroamérica en 1824, pasó, en el caso costarricense, por la llegada al Gobierno, desde 1824 hasta 1833, del Primer Jefe de Estado, educador de formación, que impulsó la educación tempranamente de niños y de niñas, encomendándole esta tarea a las municipalidades en gestación. Desde entonces Costa Rica, a diferencia de los restantes países, o estados centroamericanos, apostó a la educación popular, fortaleciéndola de distintas maneras con el correr de los años, hasta hoy, lo que sigue siendo una distinción en la región.

La ausencia de una lucha militar por la Independencia no impulsó, en Costa Rica, estructuras militares ni caudillos surgidos de estas luchas que se impusieran en el Poder. Tampoco la lucha militar fue necesaria porque no había una fuerza militar colonia que derrotar.

El Ejército como institución se desarrolló especialmente a partir de 1835, y alcanzó su mayor esplendidez en la lucha nacional libertadora contra la presencia de los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que se había establecido en Nicaragua en 1855, donde aprovechando contradicciones políticas en ese país, se impuso y hasta estableció la esclavitud, que quería expandir a toda la región, motivo por el cual el Gobierno de Costa Rica, jefeado por Juan Rafael Mora Porras decidió avanzar sobre Nicaragua para acabar con esa usurpación del poder por Walker y para evitar su llegada a Costa Rica, como para asegurar la Independencia existente, que lo hizo a finales de marzo de 1856, cuando invadió el territorio nacional y fue derrotado el 20 de marzo. A partir de ese momento dos nuevas derrotas, el 10 de abril, en Sardinal, territorio costarricense y el 11 de abril, en la ciudad de Rivas, en Nicaragua, produjeron la derrota de los filibusteros, interrumpida, en toda la línea, en ese momento, por la peste del cólera que se desató, lo que obligó a suspender las acciones militares hasta que de nuevo, en el segundo semestre de 1856, continuaron los combates, con mayor presencia de los ejércitos centroamericanos que se sumaron al costarricense, hasta que en 1857, el 1 de mayo, William Walker se rindió y fue expulsado de Centroamérica. En 1860 intentó de nuevo invadir Centroamérica, y apoyándose en los intereses británicos en la región llegó a Honduras donde fue capturado y fusilado.

Las contradicciones internas por el Poder en Costa Rica produjeron la caída del gobierno del Presidente Mora Porras y, en 1860, ante un intento de recuperarlo fue detenido y ejecutado, con otro de los héroes de la lucha contra los filibusteros, el General José María Cañas, de origen salvadoreño y cuñado suyo.

Los siguientes diez años se impusieron dos militares, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, detrás de los mandatarios civiles, anulando el recuerdo de la Campaña Nacional contra los filibusteros y la imagen de los conductores de la Guerra, los Mora, Juan Rafael y su hermano, el General Joaquín Mora, y el propio General Cañas.

En 1869 el Presidente Jesús Jiménez limitó el poder de estos militares, impuso la educación primaria obligatoria, gratuita y costeada por el Estado, afirmando una vez más esta vocación democrática apoyada en la educación.

En 1871, bajo el gobierno del General Tomás Guardia Gutiérrez, cuyo gabinete era de civiles, se aprobó el Código Militar estableció controles civiles y políticos sobre el Ejército y el aparato militar. Desde entonces se impulsaron políticas para ir debilitando al Ejército, sus militares y reforzando el aparato educativo, con nuevas reformas de educación pública a partir de 1885.

En 1877 el General Guardia desaplicó la pena de muerte, y en 1882, la abolió proclamando del Derecho a vida con rango constitucional, elemento que también distinguió a Costa Rica en la Región y desde entonces en el mundo, entre los pocos países que entonces la había eliminado como castigo supremo.

Respecto al Ejército a principios del siglo XX se hizo una modificación al Escudo Nacional eliminándole dos cañones que estaban en su base, afirmando de esa manera este “civilismo” en marcha que había de la institucionalidad costarricense.

Con el breve golpe de estado, de 1917 a 1919, el Ejército se volvió a fortalecer, pero caída la dictadura, por acción popular, de nuevo el Ejército se debilitó hasta, que, en la década de 1940, resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se impuso un gobierno de facto, jefeado por José Figueres, quien gobernó hasta 1949, y tomó la decisión en diciembre de 1948 de abolir el Ejército como una institución permanente del Estado costarricense.

Desde entonces ningún costarricense sabe lo que es el Ejército como institución, ni sus militares, ni son convocados a ejercicios militares o a incorporarse al ejército, por circunscripción, conscripción, alistamiento o servicio militar obligatorio militar, como parte de su formación ciudadana.

Desde la abolición constitucional del Ejército, Costa Rica no puede participar en eventos militares, ni campañas militares, ni guerras ajenas. Esto ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Constitucional estableció que tampoco puede dar apoyos a actos de guerra de otras naciones o Estados.

Las contradicciones generadas del mismo proceso productivo y del desarrollo económico del siglo XIX, hicieron surgir grupos económicos y clases sociales en formación, que de distinta manera se enfrentaron por la lucha del control político nacional, originando 10 Constituciones Políticas hasta 1871.

A partir de esta Constitución que desarrolló un régimen presidencialista fuerte, y por los vínculos con el mercado europeo e internacional, a partir de 1849, con las exportaciones de café, se logró mayor estabilidad política y gobiernos estables de duración cuatrienal.

Los procesos electorales fueron la principal fuente de poder. Con limitaciones en el ejercicio del sufragio se fue formando la democracia electoral costarricense. Desde 1890 con el surgimiento de partidos políticos se impuso la llegada a órganos de elección popular solo a través de partidos políticos. La elección directa se impuso sobre la de segundo grado en 1913, la elección secreta sobre la pública se impuso en 1924 y la elección universal, con el reconocimiento de voto a la mujer, se logró en 1949. En 1974 se bajó la ciudadanía de los 21 años a los 18.

Un elemento distintivo de la sociedad costarricense, respecto a la centroamericana, fue el desarrollo de libertades ciudadanas y políticas, y de derechos ciudadanos y Derechos Humanos, junto con Garantías Sociales, de rango constitucional desde el inicio constitucional en el siglo XIX hasta hoy.

Del mismo modo un aparato electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, con rango de Poder Estatal, independiente, alejado del control de los gobernantes, desde 1949, afirman la democracia nacional, le generan confianza institucional y popular a los resultados electorales, y al acatamiento popular de esos resultados.

Educación, elecciones por medio de partidos políticos, ejercicio político electoral como práctica de la vida ciudadana marcaron la diferencia también con el resto de los países centroamericanos, donde predominaron dictadores, tiranos y militares autoritarios en ejercicio del Poder.

A finales del siglo XIX el Presidente Barrios de Guatemala intentó sin éxito formar de nuevo la República Federal. Intentos unionistas vinieron después desde la sociedad civil sin éxito también.

El desarrollo de gobiernos autoritarios, despóticos, militaristas en la región alejaron esta posibilidad de reunión política. Costa Rica se alejó más de ese proyecto. Los intentos integracionistas vinieron de fuera, de la presencia económica extranjera en la época del imperialismo. Sin embargo, continuaron y a inicios de la década de 1950 se impulsó la Organización de Estados Centroamericanos, que políticamente no condujo a nada, pero estimuló la creación de la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA, que si funciona, y bien, en el ámbito de las actividades económicas y comerciales.

Los sucesos ocurridos en Centroamérica, con motivo de las revoluciones y movimientos insurgentes, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala condujeron a salidas políticas para restaurar la democracia política y sociedades democráticas que descansaran en la práctica de libertades y Derecho Humanos, que poco se ha logrado en esa dirección, pero que ha sido importante. Los Acuerdos de Esquipulas no fueron un acuerdo político para establecer el unionismo centroamericano. Tan solo fueron, importantes en ese sentido, para alcanzar la paz en la región, y estabilizarla.

Ante el bicentenario de la Independencia en Centroamérica estos 200 años transcurridos solo han afirmado la separación política de los países de la región, a los que se han integrado en el SICA Panamá y República Dominicana. Los organismos Regionales de tipo político que surgieron de los acuerdos de Esquipulas, la Corte de Justicia y el Parlamento, Costa Rica los ha rechazado, y no hay manera de que pueda integrarse a ellos mientras no se produzcan cambios sustantivos en su integración.

Por ahora los festejos del Bicentenario de la Independencia a nivel Centroamericano tan solo serán una fiesta especial en la región, que cada país también celebrará en su especificidad.

Los otros partidos aún están verdes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En el escenario electoral lo que tenemos a la vista, en primer lugar, son los partidos que han ejercido el Gobierno de la República, que fundamentalmente son Liberación Nacional, 9 veces, la Unidad Social Cristiana, 3 veces, y Acción Ciudadana, 2 veces. Junto a ellos las viejas coaliciones, que ya no existen que llevaron a la Presidencia de la República a Mario Echandi Jiménez, José Joaquín Trejos Fernández y a Rodrigo Carazo Odio. De un total de 17 gobiernos, desde 1953 hasta hoy, de los partidos existentes, Liberación ha dirigido el país desde el Gobierno en 9 ocasiones, los ocho restantes gobiernos se los han dividido entre 5 partidos, tres coaliciones y dos partidos. Esto hace a los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana los más fuertes, los más visibles, lo de más reconocimiento público entre la población en general y los electores. Son como los grandes equipos de la Primera División de fútbol, pero de la misma manera pueden caer de ser punteros hasta descender a la Segunda División, porque hay otros equipos que pueden dar sorpresas, por su capacidad de juego, su disciplina, su entrenamiento, sus directores técnicos, sus asesores y por la contratación de los jugadores que logren, que por sus cualidades personales y deportivas, en este caso políticas, enamoran y se ganan el corazón de los aficionados, en nuestro caso de los electores.

En el segundo lugar, podemos apreciar a los partidos que están con representación parlamentaria, aparte de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que son Restauración Nacional, Integración Nacional, el Republicano Social Cristiano y el Frente Amplio, que en su conjunto tienen 11 diputados de un total de 57. Hasta hoy estos partidos poco se oyen en su proyección electoral hacia las elecciones de febrero del 2022.

En tercer lugar están los partidos que están en proceso de inscripción nacional, junto a los anteriores, que están fuera de todo foco de los medios de comunicación, porque los que están en la Asamblea Legislativa, y en el Gobierno, son seguidos diariamente por los periodistas de los distintos medios de comunicación. Así, para estos partidos y sus seguidores o ciudadanos que están tratando de desarrollarlos para participar en las elecciones de febrero se les hace más difícil su participación.

Algunos de estos partidos actúan como franquicias, incluso a disposición de venta de candidatos o de grupos de ciudadanos. Me han dicho que a una persona, que representa un grupo de personas, que anda buscando casa política para participar, le ofrecieron uno de estos partidos, que en realidad son cascarones, en 150.000 dólares, sin seguridad de que esté al día en todos los tramites de su inscripción electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

En este sentido hay grupos de ciudadanos que están preocupados de participar sin tener todavía un partido debidamente inscrito, lo que se les hace cuesta arriba en el tiempo que les queda para cumplir con todos los requisitos de inscripción que establece la legislación electoral, y los trámites administrativos de la misma.

El financiamiento público electoral de la próxima campaña no puede aplicarse para pagar deudas de los partidos que en campañas anteriores dejaron, y que se les están cobrando. Legalmente no justifica ese financiamiento esos pagos, como algunos dirigentes de esos partidos piensan que pueden hacer.

Los partidos que están sometidos a esos procesos de cobro tienen que pagar lo que deben o reintegrar al erario público lo correspondiente. El Tribunal Supremo de Elecciones, como ente rector del proceso electoral, está obligado a hacer cumplir esos pagos antes de que entre el próximo proceso electoral en la marcha final, a partir de noviembre. En esta materia no puede haber prescripción de deudas, porque se estaría avalando un “robo” de dineros públicos, que a los partidos que así actuaran se les presentaría como un grupo organizado en capacidad de delinquir, casi permanentemente, de campaña electoral a campaña electoral, serían como una gavilla, término del Presidente Juanito Mora, para referirse a los filibusteros, no de aventureros si no de pillos y sinvergüenzas.

En esta tesitura tiene que investigarse igualmente por qué quedan dineros en las arcas de los partidos políticos, cuando esos dineros solo están justificados para los gastos de las campañas electorales, contra facturas que debe aprobar, en su revisión final, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones.

Por ahora el ambiente electoral solo se aprecia en el primer escenario, el de los partidos que han gobernado, que ya tienen en marcha sus Convenciones para definir entre junio y julio sus candidaturas y renovación de autoridades partidarias, otro requisito de inscripción para las elecciones.

En Liberación Nacional se simplificó la lista de 9 candidatos a 5, cuando Rolando González, Fernando Zamora, Antonio Alvarez y Guillermo Constenla le dieron su adhesión y apoyo a José María Figueres, que peleará la candidatura con Rolando Araya, Claudio Alpízar, Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides.

En la Unidad Social Cristiana se definieron las candidaturas con Pedro Muñoz, Lineth Saborío y Erwen Masis. En Acción Ciudadana solo lo han manifestado Hernán Solano, Marta Zamora, Carolina Hidalgo y Edgar Mora.

De los otros partidos no se conoce nada. Solo rumores. En algunos casos se sabe que los dueños de algunos de esos partidos aspiraran a la Presidencia incluso en la doble postulación, también como candidatos a diputados.

En los esfuerzos de impulsar una gran coalición nacional, sin signo ideológico todavía, está el ex Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves Robles en intensas conversaciones con grupos de ciudadanos, de destacadas personalidades políticas y con otros líderes políticos, de pequeños partidos, con este propósito. Esta posible coalición de llegar a constituirse podría ser una sorpresa, y contribuiría a definir la campaña electoral sobre bases más políticas, teóricas, e ideológicas, que tanto le hace falta a este país y a los electores.

Frente a todos los partidos políticos, en esta etapa de las elecciones, no les pueden aparecer mas “viales”. Aquí no pueden ni deben darse sorpresas. Los dirigentes de los partidos tienen que ser muy contundentes en fumigar, combatir y sacar de sus organizaciones todo aquello que huela, a narcotráfico y narcopolítica.

Las direcciones de los partidos políticos deben ser determinantes y ellas llevar la iniciativa de la suspensión de esas personas. Allí no pueden darse márgenes de semanas para actuar o pronunciarse públicamente, ni retiros “temporales” de los presuntamente involucrados en estos asuntos “hasta que se aclaren los nublados del día”.

Los afectados que puedan aparecer que se defiendan en los tribunales, pero los partidos no pueden acuerparlos bajo ninguna formalidad. Cuando son dirigentes partidarios de las altas esferas y Comités Nacionales, deben dejarlo inmediatamente y de manera definitiva. La honradez y la honorabilidad de personas puede discutirse en los tribunales, y mientras no haya un pronunciamiento judicial en contra, deben considerarse a todos los efectos inocentes. Pero, las acusaciones y las informaciones asociadas a narcotráfico, narcopolítica y similares producen manchas indelebles, que puede afectar también, de manera indeleble, a los partidos políticos en los cuales esas personas militan.

Los equipos de dirección de las campañas electorales de cada partido político, sus principales directores y agentes partidarios, sus asesores, sus técnicos, y sus candidatos a puestos de elección popular, deben ser sumamente investigados, en todas sus dimensiones, desde las relaciones familiares, y la violencia que se da en ella, hasta las de vínculos con personajes que los puedan complicar o enlodar en plena campaña política. Los partidos políticos en este momento están a tiempo de actuar, no les vayan a aparecer sorpresas…

La calidad de los candidatos que acompañarán a los candidatos presidenciales va a ser muy importante en esta campaña electoral.

Los tentáculos del narco están metidos en todo el escenario nacional. Hay que evitar que controlen el escenario político y la institucionalidad del Estado y del Gobierno. El peligro está en todos los partidos. Allí hay hombres de carne y hueso, no hay ángeles y dioses. Y con las personas también las hay muy ambiciosas…

Los diputados por su naturaleza son beligerantes políticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.

Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.

La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.

De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.

¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.

Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.

Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.

La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.

Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.

La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.

Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.

Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.

En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.

Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.

Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.

Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.

Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.

Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?

Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.

La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.

Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.

Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.

La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.

Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.

El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.

Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.

Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.

Habrá partidos políticos para escoger

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Tribunal Supremo de Elecciones ya dio el banderazo de salida hacia las elecciones nacionales del 3 de febrero del 2022, con la publicación del Calendario Electoral, que es el que fija la hoja de ruta de todos los partidos políticos que quieran participar en las elecciones, y el que le señala a los ciudadanos los plazos y términos para organizar e inscribir en debida forma a los partidos políticos.

De lo novedoso es que el plazo de inscripción de partidos se prolongó del 5 de febrero al 5 de mayo, lo que siempre es un plazo muy corto pero imposible de prorrogarlo más. Quienes han estado interesados de inscribir partidos debieron haberse movido y actuado desde el año pasado. No es un proceso fácil para dejarlo para última hora.

La fecha importante que sigue es el viernes 5 de febrero que es el plazo que tienen los siguientes funcionarios, Vicepresidentes de la República, Ministros, Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, quien ocupe la Dirección General del Registro Civil, los directores o gerentes de las instituciones autónomas y el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, para renunciar a sus cargos si quienes postularse a Presidente o Vicepresidente de la República para el período 2022 – 2026.

Para ser candidato a Diputado los siguientes funcionarios, si a ello aspiran, deben renunciar a sus cargos, seis meses antes de la elección, es decir, el 6 de agosto, el Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección; los Ministros de Gobierno; los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del Registro Civil; los militares en servicio activo; los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia; los gerentes de las instituciones autónomas; y los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.

De todos estos funcionarios los Vicepresidentes, deben renunciar, antes del 5 de febrero, si quisieran volver a ser candidatos a ese mismo puesto o al de Presidente. Pareciera que igual concepto vale para los actuales diputados, que no tienen más prohibición expresa de que no pueden reelegirse consecutivamente, pero si renuncian suspenden sus consecutividades, como lo haría un Vicepresidente que quiera postularse para ese mismo cargo.

Por inscrita una papeleta presidencial quienes la integran no pueden renunciar a su postulación, ni en la primera, ni en la segunda vuelta, mientras esté el proceso electoral en curso y no se hayan hecho las elecciones.

El 5 de febrero vence el plazo para que los costarricenses por naturalización obtengan la carta que los acredite como ciudadanos, a efecto de que puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones nacionales. Esto es muy importante porque así se conoce con certeza cuántos nacionalizados, y de qué países, pueden ejercer el voto el 6 de febrero del 2021 y evita los rumores que a veces hacen correr de que migrantes o ilegales fueron inscritos para votar.

También, el 5 de diciembre pasado, del 2020, quedó establecida la División Territorial Administrativa por parte del Poder Ejecutivo, de manera que seguimos con las 7 Provincias, los 82 cantones y los casi 500 distritos, sin que puedan variarse para nada mientras está el proceso electoral en marcha.

Esta División Administrativa es la que permite al Tribunal Supremo Electoral realizar su propia División Territorial Electoral que no calza necesariamente con la Administrativa, y que generalmente es más amplia y compleja, sobre las cuales se distribuyen las Juntas y Mesas Electorales, que se deben llenar con los delegados de los partidos políticos para la vigilancia electoral del día de las elecciones. Todavía el 18 de febrero, como último día, ante el Tribunal Supremo de Elecciones se puede solicitar la creación de distritos electorales. Esto generalmente lo han hecho los partidos grandes, no los pequeños. Y, hasta el 5 de junio, en este mismo campo, el Tribunal puede dividir un Distrito en dos o más distritos electorales.

Ese número de Juntas y Mesas varía de una elección a otra. A los partidos pequeños les ponen mayores dificultades de participación y control electoral que a los grandes, aunque esto se ha subsanado bastante con los llamados Delegados Electorales que oficialmente nombra el Tribunal Supremo de Elecciones para que colaboren con los miembros de Mesa, y garantizar que en todas las Mesas haya al menos un Delegado del Tribunal, que son funcionarios pagados por ese día.

El día 5 de febrero es también el plazo para que el Tribunal Electoral establezca el monto que el Estado reconocerá de la contribución pública a los partidos políticos por su campaña electoral, tomando en cuenta como base de cálculo el producto interno bruto a precio de mercado, según certificación emitida por el Banco Central de Costa Rica.

Para fortalecer el funcionamiento del Tribunal Supremo se integrarán dos nuevos Magistrados a partir del sábado 6 de febrero, constituyendo los cinco Magistrados el equipo a cargo, de forma exclusiva e independiente, de la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, es decir, de todo lo atinente al proceso electoral que ya está en marcha.

Las elecciones nacionales se realizarán el domingo 6 de febrero de 2022 donde se elegirán 60 puestos: un Presidente, dos Vicepresidentes de la República y 57 diputados.

Para estas elecciones hay más 25 partidos nacionales y al menos 8 provinciales, inscritos en posibilidad de completar todos los trámites para su debida participación.

Los partidos nacionales son la Agenda Democrática Nacional, Alianza Democrática Nacional, Cambiemos, Ciudadanos por el Bien Común, Democracia Participativa, Encuentro Nacional, Frente Amplio, Fuerza Nacional, Integración Nacional, Liberación Nacional Movimiento Social Demócrata Costarricense, Partido Costa Rica Justa, Renovación Costarricense, Republicano Social Cristiano, Restauración Nacional, Salvemos Costa Rica, Social Demócrata, Socialdemócrata Independiente Todos por Costa Rica, Unidad Social Cristiana, Unión Costarricense Democrática, Unión Liberal, Unión Pacífica Costarricense, Vida.

A estos hay que sumar el Liberal Progresista, Nueva Generación, el Movimiento Libertario, el de Natalia Díaz, el Partido de los Trabajadores, y los intentos de Coalición que se impulsa, especialmente por los Presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, así como el esfuerzo que están haciendo militantes de izquierda de volver a inscribir Pueblo Unido.

Los partidos provinciales son Confraternidad Guanacasteca, Ciudadanos por Cartago, Alternativo SOS Costa Rica, Nuevo Partido Socialista Cartago, Unidos por Costa Rica, En Pedazos, Fuerza Solidaria.

Sin lugar a dudas de todos estos habrá dónde escoger, después de que se haga la repela de los procesos de inscripción que son rigurosos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que conlleva hacer las 82 asambleas cantonales, las siete provinciales y la nacional, para todos los partidos nacionales, y lo correspondiente a las provinciales con los cantones de sus respectivas provincias y la asamblea provincial, que todos son procesos engorrosos y exigen mucho trabajo organizativo de los ciudadanos de cada partido.

Indudablemente que las elecciones atraen, apasionan, son inevitables para públicos y pueblos electoreros y electorales. Por todo lo mal que se hable de la política, de los políticos, de las instituciones como los partidos políticos, la gente sigue confiando en ellos y se apunta para participar.

Veremos y seguiremos el pulso de este proceso.

El año que viene, 2021…

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

El año que viene, 2021, presagia una intensa lucha político electoral. Al menos así se presenta el panorama con los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que son los que gravitan con mayor peso en el escenario nacional, y son los que de una u otra manera están preparándose de modo más público para la contienda electoral.

Los otros partidos todavía no suenan tambores ni trompetas, pero no han de estar desprotegiendo ese frente de batalla, porque pasado mañana, el viernes 1 de enero, del 2021, como es la práctica del Tribunal Supremo de Elecciones, se publica el calendario electoral, que es la hoja de ruta de las elecciones nacionales, de presidente, vicepresidentes y diputados, que ha de realizarse el primer domingo de febrero del 2022, el 6 de febrero de ese año, y acabarse allí el proceso electoral si alguno de los partidos que participan en las elecciones saca el 40% o más de la votación. Si así no fuere se prolongaría el proceso, solo para la elección presidencial, con los dos partidos que saquen el mayor porcentaje de votación ese 6 de febrero u obtengan más cantidad de votos, hasta el primer domingo de abril, el 3 de abril.

El 6 de febrero del 2022 sí quedarán electos los diputados de la próxima Asamblea Legislativa.

En este sentido, probablemente, ante la crisis que tiene el país, en el campo económico financiero, de finanzas públicas, de carácter fiscal, de desempleo, de crecimientos de las brechas sociales y de las desigualdades sociales y económicas, de no resolverse sustantivamente en estos meses estos problemas, y eventualmente si no se ha resuelto lo de la pandemia, un eje de la campaña electoral va a girar, en los partidos que tengan mayor opción electoral, en solicitar a los votantes que les den la mayor cantidad de diputados posibles, para de esa manera facilitar más y mejor la gobernabilidad nacional y las relaciones políticas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sobre todo que en el 2022, el Partido que gane las elecciones presidenciales va a tener la iniciativa de ley, a partir del mismo 8 de mayo, cuando asuma el próximo gobierno.

Esto significa, que por primera vez, en los procesos electorales, el Partido que elige Presidente va a tener la posibilidad de presentar Proyectos de Ley, a la Asamblea Legislativa, que pueden tener relación con las ofertas y programas electorales que se agitaron y ofrecieron, a los electores, durante la campaña que inicia prácticamente en enero del 2021 y de manera precisa desde octubre del 2021 hasta febrero del 2022.

Importante a destacar es que el calendario electoral, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprueba y publica, no sufre modificación alguna durante todo el año, generando confianza pública y política en todo el proceso electoral.

Este Calendario marca las reglas del juego electoral a las que se someten todos los partidos políticos, pero también todos los ciudadanos, todos los votantes, todos los mayores de edad que integran y forman el padrón electoral, todo el Pueblo Electoral, todo el Pueblo en el que descansa la Soberanía Popular, que se delega por la votación en los electos, Presidente y Vicepresidentes, y en los diputados. Este acto es el de mayor expresión de Soberanía Popular que se realiza en el país.

La importancia de la votación es esa, la capacidad que tenemos todos los costarricenses que formamos el Pueblo Electoral, de poder elegir las Supremas Autoridades Políticas del país.

El voto en Costa Rica no es obligatorio, es de conciencia. Los que no votan pueden dividirse entre los que se abstienen de ir a votar, a emitir su voto, su decisión de escoger candidatos y de aquellos que asistiendo a las urnas, al recinto de elecciones, anula su voto o vota en blanco, manifestando, quienes anulan o votan en blanco que no están de acuerdo o no simpatizan con ninguno de los candidatos ni de sus partidos políticos.

Los que del todo no llegan a votar a las urnas, los llamados abstencionistas, para mí son aquellas personas o ciudadanos que les es indiferente quien pueda quedar electo, que sienten que ninguno de los candidatos en posibilidad de ser electo les va a afectar en su situación de vida.

Estos votos no cuentan para el resultado final, que se determina con los votos válidamente emitidos a favor de algún candidato y su partido.

Deberíamos avanzar, en el plano electoral, para hacerlos valer, para que pesen en el porcentaje del resultado de elección y para poder también facilitar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, con votos válidamente emitidos, en contra de todos los partidos y sus candidatos. Esto obligaría a todos los partidos políticos a mejorar la postulación de sus propios candidatos y de las ofertas y programas electorales en posibilidad de ejecutar desde el Gobierno o desde la Asamblea Legislativa con sus Proyectos de Ley.

El financiamiento narco electoral a la vista

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, en la Asamblea Legislativa, acordaron un recorte de 36.000 millones de colones de la llamada Deuda Política para las próximas elecciones del 2022 y las siguientes municipales del 2024.

La Constitución Política establece que para estos propósitos se debe destinar un 0.19% del Producto Interno Bruto, del año trasanterior, a las elecciones nacionales. Esa es una cifra que puede estar hacia las elecciones del 2022 en los 65.000 millones de colones.

Desde procesos electorales anteriores la Asamblea Legislativa, por acuerdo de partidos, y por presión pública, vienen recortando esa cifra al 0.11%.

Demagógicamente los partidos políticos justificaban dicha reducción en interés de la reducción de gastos nacionales, y de reducción de sus propios gastos electorales para las respectivas campañas. Esto no es cierto. Los partidos han gastado lo que presupuestan para sus campañas, sin importarles ese porcentaje porque están dentro de él.

En ninguna campaña electoral los partidos políticos gastan todo ese dinero, el 0.19% ni el 0.11%, ni tampoco lo justifican en posibilidad de gastarlo, en la totalidad de los partidos políticos que se inscriben en cada campaña electoral.

Todos los partidos políticos al inscribirse para una campaña electoral tienen que presentar un Presupuesto de gastos para la campaña que van a enfrentar. Este Presupuesto por presentado al Tribunal no se puede modificar en ningún sentido, y contra él cada partido justifica sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que después de las elecciones, en correspondencia al porcentual de votos que cada partido saca, le reconoce gastos a los que sacan más del 4% de votos o elige al menos un diputado, siempre y cuando estén en debida forma sus contratos de gastos electorales y sus facturas.

Cuando se estableció este porcentual para el financiamiento de los partidos políticos, en las campañas electorales, se hizo bajo un espíritu y una filosofía muy democrática, de garantizar la posibilidad de participación de los ciudadanos en sus distintos partidos políticos, y de evitar que los ricos pusieran o impusieran sus propios candidatos. Se decía que en el Club Unión se escogían los candidatos antes de 1949. Lo del financiamiento de las campañas electorales fue para evitar esto y asegurar más democracia, y posibilidad democrática, en el escogimiento de candidatos y de garantizar más participación electoral.

Aún con la limitación del 4% de votos, para tener derecho a ese reconocimiento de financiamiento, ya era importante lo dispuesto, porcentaje que se logró a finales del siglo pasado.

En la experiencia electoral del país de todos los procesos electorales, desde 1953 hasta el 2018, más del 90% de los partidos políticos que participan no sacan ese 4% de votos o no eligen diputados, quedando fuera del reconocimiento del financiamiento electoral, favoreciendo de esa manera solamente a los partidos que eligen diputados o sacan ese 4% de votos.

El propio Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció a favor de este recorte, sin defenderlo en la filosofía que tiene dicho soporte constitucional, lo cual es un absurdo, que el Tribunal no defienda lo que por Constitución le corresponde, dejando la sensación de que el Tribunal no está por democratizar el proceso electoral o de asegurar la mayor participación posible, y lo peor, que con esa actitud facilita la aparición de narco financiamientos de candidatos y de partidos políticos.

Si de conformidad a lo dispuesto en la Constitución para estos gastos, no se gasta, lo restante le ha de quedar al Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar posibles procesos electorales de consultas ciudadanas, por plebiscitos o referéndums, que se deberían promover más, como parte de la llamada participación ciudadana. Igualmente, para garantizar una mayor proyección del Instituto de Formación en Educación Democrática, IFED, del mismo Tribunal, y de los procesos de capacitación, que deben ser permanentes de los partidos políticos, con respaldo a ese monto constitucional.

La práctica que se va a imponer, en los procesos electorales, cuando se reduce el monto de financiamiento de los partidos, es la de volver a las viejas prácticas en la que los ricos ponen candidatos, los financian, así como a sus partidos, y la desviación y deformación de esto es que también el narco dinero, y las narco mafias, incrustadas como están en el andamiaje institucional y nacional, empezarán a campear, más ampliamente, desarrollando la narco política como escenario y pasarelas de candidatos y partidos, con el aval de quienes han impulsado esta reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales.

El candado es poner una prohibición total al financiamiento privado de las campañas y asegurar que el financiamiento público, de la llamada Deuda Electoral, cubra a la totalidad de los partidos políticos, en igualdad de condiciones, para su participación real en las campañas electorales.

Mientras se mantenga el financiamiento privado y la reducción del financiamiento público, en el futuro inmediato, esos son los riesgos que afrontará el proceso electoral y la democracia nacional.

No hay tiempo para grandes reformas electorales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

¿Necesitamos más o menos diputados? ¿Cómo elegir de otra manera los diputados? ¿Hay tiempo para hacer los cambios constitucionales o legales para implementar hacia las próximas elecciones del 2022? ¿Es caro aumentar el número de los diputados?

Estas y otras preguntas son frecuentes cuando se habla de estos cambios posibles y ¿necesarios?

La Asamblea Legislativa, como se le llama al Poder Legislativo, desde 1949, es dentro de conjunto de los Poderes Públicos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, con su Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral, con el Tribunal Supremo de Elecciones, el más importante, en su rango, por la representatividad popular que en ella se expresa y por la función legislativa que tiene, de hacer las leyes, y porque en ella descansa, por ese motivo, la Soberanía Popular.

Por los orígenes históricos y fundamentos políticos filosóficos que justificaron la existencia de estos Poderes, en oposición a las ideas teocráticas que justificaban el poder de las monarquías, que hacían descansar su origen en una decisión divina, de Dios, son poderes totalmente laicos.

La integración de sus miembros, en el caso del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es por elección popular, donde los ciudadanos depositan su poder, por delegación de su voluntad, en el gobernante y en los diputados.

En la teoría política clásica esta delegación de poder debe guardar armonía entre gobernante y gobernados, con capacidad de los gobernados para destituir al gobernante que se aparte de esa armonía convirtiéndose en un dictador, en un déspota, en un tirano o haga de su gobierno un ejercicio autoritario, opresivo, conculcador de libertades y derechos, en perjuicio de los ciudadanos.

Frente al próximo proceso electoral se han venido impulsando iniciativas, de distinto orden y escenarios, entre ellos la misma Asamblea Legislativa, con proyectos de ley para tratar de modificar la integración del número de diputados, aumentándolos.

Para avanzar en esa dirección hay que hacer cambios constitucionales y legales, para los cuales ya no hay tiempo para impulsarlos y aprobarlos de modo que empiecen a funcionar en el próximo proceso electoral, al menos en la forma que se quieren introducir.

La esencia de la discusión es si debe aumentarse el número de diputados. ¿Cuántos diputados debemos tener hoy? Antes de 1949 el Congreso tenía 47 diputados, número que se mantuvo hasta 1956, cuando los diputados aumentaron a 57, como funciona hoy la Asamblea Legislativa. Al hacerse esa reforma no se previó haberla hecho de manera que periódicamente, con base a estudios censales de crecimiento de la población, se hubiera ido aumentando el número de diputados de conformidad a ese crecimiento poblacional.

Así, antes de 1949, con una población que andaba alrededor de los 700.000 ciudadanos, los 47 diputados representaban, cada uno de ellos, a 15.000 habitantes. Cuando se elevó el número de diputados, a partir de 1956, a 57, con una población de un millón de habitantes, cada uno de los diputados representó, en ese momento a 17.500 habitantes. Hoy tenemos cinco millones de habitantes con los mismos 57 diputados, de forma tal que un diputado hoy representa a 87.800 ciudadanos.

Es lógico entender que un diputado. debe representar a un número de habitantes. Así se hace hoy para distribuir el número de diputados a elegir por las diferentes provincias. Por eso unas provincias eligen más diputados que otras, lo que puede alterarse cada diez años por el análisis censal de población, para determinar dónde debe aumentarse un diputado en una provincia y cual otra provincia lo pierde si ha reducido su población inscrita registralmente.

De este modo, si guardamos la relación de 1957 entre población y número de diputados la Asamblea Legislativa debería tener 285 diputados. Esta estrecha relación puede resultar válida para un mejor control directo de los diputados por parte de los ciudadanos. En una escala de más de 100 países con una población similar a la nuestra los países tienen parlamentos o Asambleas Legislativas que oscilan entre 180 y 220 diputados.

El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa fue planeado para tener más de 100 diputados, debidamente instalados. Esto ha sido un acierto en perspectiva de hacia dónde debemos avanzar.

La otra discusión vinculada es cómo elegir. Aquí hay diferentes tesis. Una es aumentar el número de diputados al menos en una treintena más, hasta 87, que podrían elegirse de la forma como se hace ahora proporcionalmente por provincias. Otra es que esa treintena de diputados se elija en lista nacional paralela a las listas provinciales. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para crear 40 distritos electorales, que elegirían un diputado cada uno y otro número de diputados que se elegiría por lista nacional hasta un número superior a los 80 diputados.

Ninguna de estas propuestas es válida para empezar a funcionar en las elecciones del 2022, porque requieren reformas constitucionales que hay tiempo de hacerlas. Esto quedaría para el 2026, siempre y cuando estas reformas se hagan entre el 2022 y el 2023.

Me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y electorales, sí podría hacer una reforma electoral que produciría mejores efectos de distribución y de elección de diputados, sin alterar el número total de 57 diputados que hoy tenemos, y sin modificar el número de diputados que le corresponde a cada provincia.

El Tribunal Supremo de Elecciones bien podría dividir cada provincia en regiones internas, atendiendo número de habitantes y regiones para que el número de diputados de cada provincia se elija por micro regiones, sin hacer listas separadas de la lista provincial. Tan solo se determina que los primeros puestos son electos por una de estas micro regiones, y así sucesivamente con las regiones que se establezcan. De esta manera las provincias tendrían en la Asamblea Legislativa una mejor representación regional y de sus poblaciones. A modo de ejemplo, una Provincia como Guanacaste podría dividirse a este efecto en la región de los cantones de altura y los de bajura, la Provincia de San José en la parte central, en Pérez Zeledón con algunos otros cantones, y en la zona de los cantones de los Santos, la Provincia de Alajuela igual haría con los cantones de la zona económica del norte, los de la parte central de la Provincia y con los cantones del oeste.

Si el primero de enero, como debe estar programado por Tribunal Supremo de Elecciones, se anuncia y publica el calendario electoral desde esa fecha hasta los días que siguen al primer domingo de abril del 2022, en caso de que hubiere segunda ronda electoral, ya es muy difícil hacer reformas electorales profundas, que requieran modificaciones constitucionales.

Por eso la anterior propuesta puede ser válida. No requiere reforma constitucional alguna al mantener el número nacional de diputados y el número de diputados por provincia. Y, sin lugar a dudas mejoraría la representación provincial de diputados.

Partidos políticos y la reforma a la deuda electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, en la vida nacional, surgieron en 1890. Desde entonces, solamente por medio de partidos políticos los costarricenses pueden participar en elecciones y solo por medio de ellos pueden aspirar a algún puesto de elección popular, como candidatos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o a los puestos de elección municipal y cantonal.

Desde aquella época hasta hoy el proceso electoral ha evolucionado mucho, y de mejor forma. Así por ejemplo, hasta 1913 se impuso la elección directa, todavía con voto público, eliminando la elección con electores de segundo grado. En 1924 se estableció el voto secreto, dándole más fuerza al elector para que votara en conciencia si temor de persecuciones o presiones de ningún tipo. Desde 1889, con motivo de la movilización popular que se hizo para defender el resultado de las elecciones, y el papel que en esa movilización tuvieron las mujeres, el Presidente José Joaquín Rodríguez, introdujo la idea de reconocer el voto de las mujeres, lo que en ese momento no se logró, pero detonó a partir de la década de 1910 movimientos que se realizaron en esa dirección. En la Asamblea Constituyente de 1917 se discutió esto sin que se aprobara. Con la Asamblea Constituyente de 1949 se incorporó a la mujer con plenos derechos políticos y desde 1953 empezó a participar como candidata a puestos de elección popular. En 1953 se eligieron las primeras tres diputadas. En este campo se ha fortalecido su participación obligando primero la representación vertical obligada de manera alternativa y, luego, también horizontal para los partidos que inscriben papeletas en dos o mas provincias, o cantones de una misma a provincia. En 1974 se introdujo el voto a los 18 años. Entre1974 y 1975 se eliminó la traba constitucional del Segundo párrafo del Art. 98, que se aplicaba para no permitir la participación de partidos de izquierda.

Dentro de las reformas importantes, para asegurar la mayor transparencia al proceso electoral se creó, en 1946, el Tribunal Electoral, luego llamado Tribunal Supremo de Elecciones que desde 1949 goza de autonomía con rango igual a los Poderes del Estado.

En la perspectiva histórica inmediata y de mediano plazo no hay nada que conduzca a que esta situación cambie. Se seguirán haciendo elecciones con partidos políticos y solo con ellos. No hay propuestas de proyectos de ley para establecer, por ejemplo el voto a los 16 años, como existe en otros países. Hay proyectos para modificar la elección de diputados, pero no para permitir que se puedan elegir por grupos sociales organizados que no sean partidos políticos, los hay para ampliar el plazo de elección a 5 o 6 años, con reelección consecutiva y con cambio de la mitad de diputados a medio período, o para aumentar el número de diputados que es necesario hacerlo, lo mismo que proyectos de ley de revocatoria de mandatos para diputados como para el Poder Ejecutivo. Para reformas electorales hay todavía para hacer y que son necesarias.

A los partidos políticos, con la Constitución de 1949, se les reguló y se garantizó por reformas posteriores su financiamiento para las campañas electorales, a cargo del Estado, con la intención de sacarlos del área de influencia de unos cuantos ricos que antes ponían candidatos financiando sus campañas políticas y las de sus partidos.

Esa reforma de por sí democrática, no lo fue tanto. Se crearon los mecanismos para que de ese financiamiento solo se favorecieran, para el reconocimiento del pago de sus gastos electorales de campaña, solo a los partidos políticos que en la elección sacaran un 4% o más de votos. En algún momento, en la década de 1950, se propuso que solo recibieran ese apoyo los que sacaban más del 10%. Con esos dos porcentajes solo dos partidos políticos se beneficiaban de ese porcentaje, exceptuando de vez en cuando que algún pequeño partido lo lograra.

Cuando estos pequeños partidos eligieron diputados sin el 4% de votos impusieron para las negociaciones parlamentarias, y el negocio de sus votos para Proyectos de Ley, que especialmente el Poder Ejecutivo necesitaba, que se modificara la disposición para que se les reconociera el derecho a la deuda electoral, como se reconoce hoy, cuando se elige al menos un diputado.

Esto ha hecho que más del 95% de los partidos que han participado en los procesos electorales, desde 1953, no se les reconozca nada respecto a los gastos electorales que incurren, aún bajo la supervisión contralora del Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto el Tribunal ha mantenido una segregación y una división de los ciudadanos y electores en dos categorías, los que califican para que al partido que votaron les reconozcan pagos de la deuda y a los que no. Los ciudadanos, todos iguales, en derechos y en el padrón electoral, no lo son para el valor económico que se le asigna a cada cual en el proceso electoral. Los electores que no eligen diputados pierden su valor económico, en su partido político. En su lugar solo valen los de los partidos que sí sacan el 4% o eligen diputados. No ha habido forma que el Tribunal Electoral modifique esto.

Lo peor de este proceso es que la plata, o el valor de los votos que no se pagan a partidos pequeños, de esos pequeños partidos, a la cual deben tener derecho, se redistribuye entre los que si lograron elegir o sacar el 4% de votos, lo cual es y sigue siendo una verdadera estafa a la participación democrática, y a la igualdad ciudadana en materia electoral, y a la discriminación real y efectiva de partidos políticos.

Para financiar estos gastos se ha dispuesto un 0.17% del Producto Interno Bruto, que equivale en términos generales a una cifra grande de millones de colones.

Los partidos políticos obligados por ley a presentar presupuestos para su campaña electoral, que por presentados no pueden ser modificados, nunca han llegado a justificar en el 100% de los gastos que presentan para que se les reconozcan, y el conjunto de todos los presupuestos, de todos los partidos que participan en cada campaña electoral, que es lo que les da derecho a cobrar pasada la campaña, tampoco llega a superar más del tercio del 0.17 % que existe para este propósito. Esto se ha justificado hipócritamente en la idea que es para ahorrar dineros al Estado. Ello ha llevado a que en las últimas campañas se realicen modificaciones para que en lugar del 0.17% se cubra solo el 0.11%, y aun así tampoco se llega a gastar todo.

El Tribunal de Elecciones, para pensar lo mejor, y no lo peor, ha caído en esta trampa y en cierta manera la estimula. Actualmente hay proyectos de ley para establecer de manera permanente un techo que no sea superior al 0.11%. Los más perjudicados de esto son en general todos los partidos pequeños que están dentro de la Asamblea Legislativa y peor, o más perjudicados, los que no están con representación parlamentaria.

El IFED, instituto que tiene el Tribunal, que yo apoyo, para estimular procesos de capacitación en democracia y de los partidos políticos, hasta ahora en todas sus gestiones y trabajos, no se proyecta más fortaleciendo la estructura y la vida cotidiana de los partidos políticos, especialmente de los que no eligen representantes pero que siguen existiendo de una elección a otra, y para verdaderamente estimular nuevos partidos políticos, independientemente de que pudieran ser una “catizumba” de partidos.

Si originalmente, con garantizar el pago de las campañas a cargo del Estado, se trataba de eliminar la influencia de los ricos y el control de ellos sobre partidos y candidatos, eso no se ha podido evitar porque pueden financiar personas y partidos políticos, porque está autorizado el financiamiento privado.

El financiamiento público debería regularse de manera que se prohíba de cualquier forma el financiamiento directo a personas candidatos y a partidos políticos. Esta es la única manera que se evite ese control, porque puede darse, de la misma manera, el financiamiento de grupos narcos, mafiosos, y lavadores de dineros a candidatos y a partidos políticos.

¿Es posible esto, de prohibir el financiamiento privado? Es posible si el Tribunal ejerciera el control completo del movimiento financiero de los partidos políticos, desde que se presentan los presupuestos de campaña. ¿Cómo? Administrando toda la deuda electoral de las campañas, democráticamente de la siguiente manera, a modo de ejemplo, para entender mejor:

1.- La mitad de lo dispuesto para financiar a todos los partidos se le da, a los partidos que vuelven a participar en la elección, en proporción a los votos que recibieron en la campaña anterior. De esta manera todos los partidos, que de nuevo se inscriben, reciben su parte proporcional que es mucho dinero.

2.- A todos los nuevos partidos y a los que repiten se les proporciona de manera igual la otra mitad de dineros destinados para los gastos electorales de la campaña que viene. Así todos los partidos nuevos y viejos reciben una parte del dinero para sus gastos que ha presupuestados y han entregado en su Presupuesto al Tribunal.

3.- Ya fijados los montos posibles que les corresponderá a cada partido, viejos y nuevos, el Tribunal abre cuentas en la Banca Nacional o Privada, según cada partido disponga donde la quiere, y allí depositará lo correspondiente a pagos que deban hacerse contra los gastos que se van realizando, contra la solicitud que hagan, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos de sus contratos de servicios electorales, debidamente bien presentados y justificados. De esta manera todos los partidos tienen posibilidad de contratar servicios para su campaña, contra el derecho real que tienen, por tradición electoral anterior y por participar por primera vez. Todas las empresas, incluidas las de medios de comunicación, y sus agencias publicitarias podrían ganar más dinero si de eso se trata, porque se pone más dinero en gastos asegurando de esa manera a todos los partidos. Se evita que las empresas publicitarias se conviertan en verdaderas organizaciones “mafiosas” de control de la publicidad, solo para ciertos medios de comunicación, y se evita la manipulación perversa que se hace de las encuestas para no financiar pequeños partidos políticos. Los que contratan con los partidos pierden los riesgos de no pagos de contratos, aseguran de esta manera sus pagos. Los partidos que no logran votos se enfrentan a la posibilidad de que en la siguiente campaña les toque menos dinero.

4.- Los contribuyentes privados, si se mantiene el derecho de hacer donaciones, en este caso podrían hacer sus contribuciones directamente a las cuentas oficiales abiertas, del partido de sus preferencias, y bajo control del Tribunal de Elecciones. El Tribunal en estas cuentas solo tiene el papel fiscalizador de velar por los ingresos de dineros, y el de la salida contra los pagos debidamente contratados, que finalmente en todas las campañas el Tribunal siempre fiscaliza, post campaña, para autorizar los pagos correspondientes.

Mientras se mantenga abierto el portillo del financiamiento privado siempre va a haber el peligro de la mano sucia del dinero sucio en las campañas electorales. Esto ahora es más fuerte y tenebroso. Es casi inevitable. Por algunos sucesos policiales, que están sucediendo en el país, pareciera que nos acercamos a situaciones como las de Colombia y República Dominicana cuando hace algunas campañas electorales las mafias directamente tenían sus candidatos o financiaban directamente candidatos.

Es una tontería política, que no es ingenuidad parlamentaria, tratar de reducir el Presupuesto del 0.17%, que hoy existe para las campañas electorales. Ese dinero debe servir, en este momento, con más urgencia, a fortalecer al Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda montar para las elecciones del 2022 el sistema electrónico de las mismas, del voto electrónico, cueste lo que cueste. No habría pretexto si hay dinero para pagar el sistema que permita realizar las votaciones de esta manera. Pero, además, debe asegurarse una buena cantidad de dinero, y no migajas, para el financiamiento de las campañas municipales, que no tienen un buen respaldo económico en este sentido. Y debe hacerse una reserva de dinero, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones para procesos de consultas populares que podrían convocarse. La Democracia hay que pagarla y si “jugamos” a la Democracia hagámoslo bien.

Algunos de los diputados que están defendiendo la tesis de rebajar el 0.17% al 0.11%/, o menos, es porque sus maquinarias partidarias están aseguradas con lo que saben que les puede corresponder con ese monto, o con uno más alto, y saben que menos posibilidades tendrán los partidos pequeños, a quienes les interesa aplastar o estrujar.

Y los diputados de partidos pequeños que están defendiendo estas tesis equivocadas, lo hacen por ingenuidad, torpeza, ceguera o por idiotez política extrema, más que por demagogia. Aquí la demagogia de la austeridad en gastos no opera. La Democracia hay que pagarla cueste lo que cueste, de lo contrario vamos a tener la democracia de las mafias operando en los procesos electorales.

Además, están las elecciones municipales que hay que darles buen financiamiento, que no lo tienen. Junto a esto hay que asegurarle al Tribunal dineros para realización de Referéndums, Plebiscitos y Consultas ciudadanas que podrían estimularse más para lograr una sociedad y una participación democrática más moderna y efectiva.

La otra discusión que está en el ambiente parlamentario es hipócrita en la forma. Tal vez válida en el fondo. ¿Se debe reducir el plazo de la campaña electoral? Veamos.

Las campañas hasta hace no muchos procesos electorales, con la prensa y radio tradicionales, exigían largos períodos de campaña para poder recorrer el país por parte de los candidatos. Con la televisión sumada se aceleraron esos tiempos. Radio, Televisión, y una prensa que llegaba cada vez más largo en el territorio nacional, y el mismo día, ya no obligaba a esas giras tan largas y sostenidas. Empezaron a preocuparse los partidos por las grandes concentraciones, especialmente finales, en las ciudades y en la capital, en la víspera del día de votación. Por supuesto que intensificó la presencia en medios de comunicación, y electrónicos que empezaron a sumarse en esta contienda electoral.

Hoy, frente a este desenfreno de medios de comunicación, de las llamadas redes informáticas, con todos sus matices, las concentraciones prácticamente han desaparecido, además de que son caras en su preparación. La pandemia ha demostrado que, con sus programas de relaciones de grupos, tipo zoom y otros, se pueden atender públicos diversos, por muchas horas en el día en diferentes partes del territorio nacional. Pongo un ejemplo sencillo. Hoy una conferencia por zoom puede reunir hasta 700 personas. He tenido esa experiencia. Y he salido de esa actividad y entro a otra con 70 personas, y luego a otra con otro público, y otra, incluso, fuera del país, en lugares tan distantes que si no fuera por estos medios, habría que haber programado esas actividades por los menos en tres días diferentes.

El país tiene la población educada para los procesos electorales, la tiene preparada para confiar en el Tribunal Supremo de Elecciones, hasta ahora inmaculado de fraudes originados en su institucionalidad, o de estar sometido a un Gobierno o un partido político determinado. Su autonomía es respetada por tirios y troyanos, y la honradez y honestidad de sus integrantes también.

¿Podemos reducir el plazo de las campañas? Si las elecciones se hacen electrónicas si se puede reducir hasta un mes perfectamente para la primera vuelta, y hasta tres semanas para una segunda vuelta si fuera del caso. Hay experiencias internacionales en este sentido que pueden ser útiles y asimilables.

Hay que dejarse de carajadas. Hay que ir a la reforma del pago de la deuda electoral en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, de manera que se garantice que todos los electores valgan igual para todos los partidos políticos, en lo que cuesta cada voto en el Presupuesto Nacional dispuesto para ello.

Hay que ir a las elecciones electrónicas, ojalá para las elecciones del 2022. ¿Se puede? Sí se puede si hay voluntad política en el Tribunal Supremo de Elecciones y en los partidos políticos, con asiento en la Asamblea Legislativa, para asumir el costo de lo que pueda significar implementar el sistema electrónico.

Hay que asegurar, que el financiamiento privado a las campañas sea totalmente prohibido, o que en su lugar se haga canalizado a cuentas bancarias oficiales de los partidos políticos, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, ante quien se justificaría la donación respectiva.

Hay intereses políticos y económicos que posiblemente no quieren que se hagan estos cambios. Es más fácil y es mejor para el engranaje mafioso que se está desarrollando en el país, que haya menos controles financieros de las campañas, que se siga facilitando el financiamiento privado, casi sin control, y que las campañas duren lo más posible por el movimiento de dineros que de manera sucia se pueden mover alrededor de los procesos electorales.

¿Avanzamos o no avanzamos, en mejorar el sistema, pareciera ser el dilema?