La elección del director general de la OIT: entre la estabilidad institucional y la urgencia de los trabajadores del mundo
ISFODE
La elección del próximo director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevista para el 16 de noviembre de 2026, no es un trámite burocrático más. Es una decisión que definirá si la agencia tripartita de Naciones Unidas encargada de los derechos laborales será capaz de responder, con normas vinculantes y capacidad de supervisión, a una realidad global que castiga a cientos de millones de trabajadores con la informalidad, la pobreza laboral y la pérdida de libertades sindicales. El actual director general, Gilbert Houngbo, busca un segundo mandato. Su respaldo mayoritario en la Confederación Sindical Internacional (CSI), confirmado el 29 de octubre de 2026, consolidó su posición frente a la candidatura de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España. Pero ese respaldo, lejos de cerrar el debate, lo profundiza: ¿estabilidad para gestionar la crisis, o cambio para recuperar la centralidad regulatoria de la OIT?
La importancia de una elección bajo presión
El contexto en el que se celebra esta elección es el de una OIT financieramente asediada. Estados Unidos adeuda alrededor de 173 millones de dólares en contribuciones obligatorias de 2024 y 2025, lo que ha llevado a la organización a proponer recortes del 12,5% del presupuesto y la eliminación de 120 puestos de un total de 3.400. Houngbo ha defendido explícitamente la continuidad como garantía de estabilidad frente a un multilateralismo desafiado, y ha propuesto la creación de un fondo rotatorio para evitar que crisis como la actual se repitan.
La CSI justificó su apoyo en avances concretos de su primer mandato: nuevas normas internacionales del trabajo sobre trabajo en plataformas digitales y riesgos biológicos, el reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental, y la remisión de la disputa sobre el derecho de huelga a la Corte Internacional de Justicia. Para la CSI-África, el respaldo se basó además en un argumento de legitimidad histórica: Houngbo fue el primer africano en dirigir la OIT, y su liderazgo durante una de las peores crisis financieras de la organización merece un segundo mandato para consolidar reformas.
Sin embargo, la decisión de la CSI no fue unánime. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) expresó su «enfado» con la cúpula mundial, señalando que el apoyo a Houngbo no fue adoptado por el Consejo General sino mediante una votación «indicativa» y no formal, y que la candidatura de Díaz contaba con simpatías en organizaciones americanas, asiáticas y africanas. La división sindical es real y refleja una tensión de fondo sobre el modelo de actuación de la OIT.
La crítica que no puede ignorarse
Las posiciones críticas, recogidas en el debate interno sindical, cuestionan que bajo el mandato de Houngbo la OIT haya tendido a priorizar una agenda de «gestión de crisis de estabilidad» en lugar de afianzar su vertiente regulatoria e impulsora de normas globales sobre condiciones de trabajo decente. Se señala también una pérdida de centralidad del diálogo social tripartito tradicional frente a soluciones burocráticas o presupuestarias de carácter pragmático.
Estas críticas no son abstractas. La propia OIT reconoce que solo el 37% de las evaluaciones de impacto en empleo incluyeron alguna consulta con los interlocutores sociales, y apenas el 7% los involucró activamente. El 34% de los Estados miembros registró un deterioro de la libertad sindical y la negociación colectiva entre 2021 y 2024. Si la gobernanza laboral global se debilita precisamente cuando más se necesitaría para corregir las asimetrías del sistema económico internacional, la pregunta sobre el liderazgo de la OIT adquiere una urgencia que trasciende la coyuntura administrativa.
La realidad socioeconómica que la elección no puede ocultar
La reflexión sobre la elección del director general debe anclarse en la situación concreta de los trabajadores, sin perder la perspectiva de la dependencia global. Los datos de la OIT para 2026 son elocuentes: el desempleo mundial se mantiene en 4,9%, pero cerca de 300 millones de trabajadores viven con menos de 3 dólares al día y se prevé que 2.100 millones estén en la informalidad. El problema no es principalmente la falta de empleo, sino la calidad del empleo que el sistema global produce y distribuye.
Esa dependencia opera a través de tres canales que fracturan la situación de los trabajadores según su ubicación en la economía mundial. Primero, la brecha de productividad y la desaceleración de la transformación estructural: la productividad laboral en los países de bajos ingresos crece débilmente, profundizando las desigualdades geográficas. Segundo, la incertidumbre comercial: las reglas del comercio global y los cuellos de botella en las cadenas de suministro erosionan los salarios, aunque el comercio sostiene 465 millones de empleos. Tercero, la presión demográfica asimétrica: mientras las economías ricas envejecen, los países de bajos ingresos deben absorber un crecimiento poblacional rápido con empleos productivos insuficientes.
El resultado es una divergencia radical. En América Latina, el Índice de Mejores Empleos del BID muestra una mejora histórica de la calidad del empleo (40,6 sobre 100), pero siete de cada diez trabajadores no cotizan a la seguridad social y la informalidad ronda el 69%. En la Unión Europea, uno de cada doce trabajadores (8,2%) sufría pobreza laboral en 2024. En los países de bajos ingresos, la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan alcanza el 27,9%, frente al 12,4% global de desempleo juvenil. El mismo sistema global que genera crecimiento agregado produce resultados radicalmente distintos para un trabajador formal europeo, un informal latinoamericano y un joven africano o asiático sin empleo productivo.
Conclusión: la estabilidad no basta
La elección del 16 de noviembre no es solo una disputa entre dos candidaturas. Es una decisión sobre si la OIT seguirá gestionando la crisis con criterios de supervivencia institucional o si recuperará la capacidad regulatoria que la dependencia global exige. Houngbo ha demostrado que puede mantener la organización a flote en aguas hostiles, y ese mérito no es menor. Pero la estabilidad administrativa, por necesaria que sea, no corrige por sí sola las condiciones de cientos de millones de trabajadores cuya situación depende de decisiones que se toman muy lejos de sus lugares de trabajo.
La CSI y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) valoraron esa estabilidad; los críticos europeos señalaron que la centralidad del tripartismo se erosiona frente a lógicas burocráticas. Los datos sobre la mesa sugieren que ambos tenían razón en algo: la OIT efectivamente sobrevive en un entorno hostil, pero esa supervivencia no está corrigiendo las asimetrías que la dependencia global reproduce. El próximo director general, sea quien sea, heredará una organización financieramente frágil y un mandato constitucional que exige mucho más que gestión de crisis. La pregunta que el movimiento sindical debe seguir planteando es si la OIT será capaz de estar a la altura de esa exigencia.