Ir al contenido principal

Etiqueta: TSE

La otra Costa Rica; la que resiste

Albert Einstein (1879-1955): Si vamos a cuestionar la presencia viva de los Espíritus, empecemos entonces por negar la existencia del átomo, que continúa imperceptible a los ojos humanos desarmados, pero existe.

Rafael Ángel Ugalde Quirós* Especial para SURCOS.

I.- Imaginando un extraterrestre sobrevolando el país el pasado 6 de febrero quizá pensaría que la situación de 25 partidos políticos en la lucha por el sillón presidencial de Zapote alabaría seguramente la “perfección” del “Contrato Social” – obra de Jean Jacques Rousseau en 1762- en la pequeña “hacienda” de 51 mil kilómetros cuadrados y 3.541.908 “ticos” habilitados para sufragar. Nada más alejado de la realidad una vez con los pies sobre la tierra: El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aunque tuvo capacidad para dirigir un debate con 25 aspirantes presidenciales en condiciones de igualdad, no lo hace. No le interesa. Su mayor comodidad es contar votos y jamás profundizar la democracia con participación masiva de los ciudadanos en la “res” pública, como decían los romanos. Le interesa más que sean las dos grandes cadenas nacionales de televisión, con los riesgos, los sesgos e intereses que todos conocen a favor de dos partidos políticos, que sea este tribunal quien impulse el debate de ideas en igualdad de condiciones entre los candidatos presidenciales. Este desinterés del TSE, en gran medida, da así a los procesos electoreros un ambiente carnavalesco, con los grandes bancos y consorcios económicos, financiando y fiscalizando lo que ellos han sintetizado llamando la gran “fiesta democrática”.

Un estudio del semanario Universidad (21/11/2021) reveló, por ejemplo, que los bancos privados BCT y Banco Promerica concentraron el 80% de los bonos de deuda política, o certificados de cesión, liquidados en la campaña electoral del 2018. Eran los únicos dos bancos con créditos formalizados para las elecciones de 2022, según datos de la Tesorería Nacional.

El total cancelado por concepto de deuda política (incluyendo los intereses), asciende a los ¢14.808 millones, de los cuales los bancos BCT y Promerica concentraron ¢12.123 millones. La primera entidad bancaria es presidida por Leonel Baruch, mientras que el presidente de la Junta Directiva de Promerica es Edgar Zurcher.

Los certificados de cesión son un instrumento de financiamiento contemplado por la legislación costarricense en el que los partidos pueden ceder su acceso al financiamiento público a entidades bancarias o particulares. Los bancos en este caso financian de manera anticipada especulando cuánto recibirá de votos cada partido por medio de las encuestas públicas e incluso propias.

“Es un mecanismo especulativo como en la Bolsa de Valores. Tiene una expectativa de retribución de la inversión que hizo al comprar el título, más los intereses ganados por ese financiamiento que le está otorgando, quien recibe esa plata son los bancos. No van a perder ni los bancos, ni los financistas tipo A (los que tienen mayor posibilidad de ser cancelados) que compran estos bonos a varios partidos porque para ellos es un negocio, no hay necesariamente un vínculo partidario”, explicó Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

II. Una lectura cursi, con estándares oficiales reduccionistas, nos llevaría a pensar en más de 1.400.000 de votantes desinteresados por las elecciones del 6 de febrero pasado, con niveles de abstencionismo del 40% nunca visto desde 1958 y por lo cual, al TSE le cabe abundante responsabilidad.

Sin embargo, atendiendo otras sintomatologías sociales, infectadas por los grupos de poder desde hace 40 años, no podría cerrarse los ojos frente a la enfermedad que padece la “otra” Costa Rica. La marginada, la ausente de las pantallas de la televisión, a no ser por el proceso de “colombianización”, reducido desde la oficina del tecnócrata a una supuesta “lucha entre bandas” o “actuación de sicarios”, como si esos hechos no fueran cara de una misma moneda. Es el “otro” país, el del campesino quebrado a la fuerza, sin tierra y siervo perene de la banca, pueblos pesqueros que ven como otros se roban la riqueza marina en sus propias barbas, la otra república, la de los cientos y cientos de desempleados, los “informales” perseguidos noche y día, los desnutridos, etc., frente a la buena salud mostrada por miembros de los pequeños grupos beneficiados con la renuncia a la soberanía alimentaria, a la educación pública gratuita y de calidad, a la universalización de la salud, a la entrega de los puertos, las carreteras, las telecomunicaciones y los aeropuertos.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo están paralizando para luego, como buitres, caerle encima. El ex gerente de telecomunicaciones, Jaime Palermo, acaba de denunciar (Diario Extra 14/2/2022) que las autoridades actuales están paralizando las operaciones técnicas y comerciales del sector Telecomunicaciones, de modo que ponen en riesgo el futuro de la entidad. El hizo un recuento de las acciones que, según su opinión, han provocado que la entidad, en competencia desde el 2011, perdiera diez puntos del mercado de la telefonía celular y lo cediera a las empresas con las que compite tan solo en 2020.

Para el exfuncionario, la jerarquía del ICE, encabezada por su presidenta ejecutiva Irene Cañas, y su gerente general, Hazel Cepeda, ha priorizado la supuesta recuperación financiera de la institución sacrificando inversiones clave para su desempeño comercial, lo cual le ha generado una caída en la participación del mercado e incluso una baja en la calidad de los servicios móviles expuesta por informes de Sutel. Una vez enfermo y famélico el ICE se vende al mejor postor, o lo convierten en elefante blanco al mejor estilo de RECOPE, el CNP, el INVU.

A los foros mundiales “esta” Costa Rica floreciente asiste como hazmerreír junto con otras comparsas regionales, siendo el mejor ejemplo de ello el rol asignado en el “Grupo de Lima” o en la deteriorada OEA, a raíz del papel jugado en el golpe de estado en Bolivia. “Este” país floreciente habla en los foros mundiales de energías verdes, lucha pro ambiente, cero carbono y no más calentamiento global, pero sus ríos son cloacas a cielo abierto y sus océanos basureros de plásticos.

La “otra” Costa Rica, la que soportó la multimillonaria campaña politiquera, la que sigue resistiendo (La Nación acaba de descubrir que “alza en costo de la vivienda y baja en ingresos truncan sueño de tener casa propia” 14/2/2022), sea rural o urbana sabe perfectamente que el sistema de los partidos políticos es un negocio como es el fútbol, la venta de copos o cualquier otra actividad rentable, pues nuestros “lideres” políticos nos los dan empacados con lazos de colores, no existiendo además, posibilidad alguna de sustitución en caso que salgan mentirosillos o cleptómanos.

III. Un recuento de los votos en blanco y nulos realizados por Universidad (7/2/2022) en esta elección presidencial de 2022 da como resultado un total de 26.676, un número mayor que la cantidad de votos que obtuvieron individualmente 19 de los 25 partidos políticos que estaban en papeleta el domingo 6 de febrero.

Solo los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PSD), Nueva República (PNR), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), superaron esa cantidad de votos inválidos.

A esta lista se puede agregar la agrupación Costa Rica Justa (CRJ) si se tiene en cuenta solo la cantidad de votos nulos, que se situó en 16.565, con lo cual supera a las restantes 18 formaciones partidarias. Igualmente, los votos en blanco, que por el momento son 10.111, ganan a 12 partidos políticos.

Los campesinos subsisten a brincos y saltos y su crisis es evidente.

La Coalición Pueblo Unido, que a última hora superó serios problemas internos y se sobrepuso a los plazos para inscribirse, superó el último lugar en el escrutinio y dejó en la posición 25 al Movimiento Libertario (ML) que pareciera desaparecerá, al menos con su actual dirigencia. Según el análisis de Universidad, el Partido de los Trabajadores (PT) en estas elecciones incluso superó al ML. Años atrás esta organización se mantuvo en la pugna presidencial, siendo una de las fuerzas políticas con más adeptos. Por otra parte, destaca que el PLN y el PSD, los dos partidos que irán a segunda ronda el próximo 3 de abril, obtuvieron juntos el 43,96% de los votos válidos, pero solamente el 22,67% del padrón electoral. Esto quiere decir que las dos principales fuerzas políticas del país no alcanzan juntas ni la cuarta parte de la población votante. Al buen entendedor pocas palabras.

De esta manera, para el ganador de la segunda ronda de las elecciones del 3 de abril, sería ingenuo desconocer ese otro país que, en silencio, resiste la noche más larga y triste de la historia reciente de Costa Rica. Larga porque son 40 años desde que prometieron “desarrollo” con libre competencia; triste por el autoritarismo cada vez más asentado en los últimos gobiernos, con o sin pandemia. El encierro a que fuimos sometidos por la pandemia se tradujo en más de 2 mil millones de colones por multas a la restricción vehicular.

Sin embargo, los resultados de las pasadas elecciones, independientemente que sea electo José María Figueres, asiduo amigo de la ley de empleo público impulsada por Carlos Alvarado y el “gobierno corporativo”, o Rodrigo Chávez, un conocido pupilo del Banco Mundial, sumado a la formación de una asamblea legislativa controlada por la llamada “derecha”, hay una enorme reserva moral y espiritual que representan quienes desatendieron el llamado a votar. Estos espíritus, que no se ven, como diría Einstein, pero allí están atrincherados, pintan una Costa Rica de conflicto, donde las masas exigen un proyecto de sociedad nuevo, con inclusión social, con equidad, independencia y esperanza. Donde no bastaría la promesas de creación de empleo, sino que además implican ingresos blindados contra la inflación. Un país insuficiente si se habla de turismo como actividad para unas pocas empresas hoteleras, dejando a un lado las comunidades y el pequeño y mediano artesano. Un país cuyos espíritus arrinconados ya no quieren “gobiernos corporativos” y paralelos; menos “alianzas estratégicas” para que el Estado entregue sus recursos a pequeños grupos de poder en un nefasto juego de “tigre suelto” contra “burro amarrado”. Pareciera que en esta Costa Rica empeñada en configurarse para el 2026 los llamados partidos de “izquierda” conciliábulos, “light” y al mejor estilo de Boric en Chile o Castillo en Perú, tienen la última oportunidad para no correr la misma suerte del ML o el Acción Ciudadana (PAC). Ello, por cuanto, si aparece una organización que articule las demandas de salario mínimo digno, soberanía alimentaria, política exterior independiente, tierra para quien la produce, el Estado en función de los costarricenses y no protegiendo solo grupos oligárquicos, entre otros, esta masa “invisible” como reserva moral se abrirá paso entre fatales “progresismos” de cafetín o camuflados “patriotas” que dan la vida por los monopolios lácteos, financieros o del azúcar; contra todos los pronósticos exigen “otro” país en que volvamos a vivir todos con alguna dignidad.

Por el momento es lo que hay.

Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

ANEP denuncia despido antisindical en el TSE con la venia del MTSS

ANEP informó:

«El secretario general del sindicato de TSE, Lic. Ruy González López, presentó este martes 4 de enero ante el Tribunal Contencioso solicitud de medida cautelar de suspensión de su antisindical despido, el cual fue avalado por el propio Ministerio de Trabajo. ANEP condena y denuncia la acción coordinada, políticamente hablando, del TSE y del Poder Ejecutivo, en contra del Derecho Humano de Libertad Sindical del sindicato SETSE en la humanidad de su secretario general. Es una agresión contra todas las Libertades Democráticas».

Mujeres lideresas del movimiento nacional indígena de Costa Rica se pronuncian ante declaraciones racistas y misóginas

SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado por Elides Rivera Navas

26 de noviembre de 2021

LAS MUJERES LIDERESAS DEL MOVIMIENTO NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

NOS PRONUNCIAMOS

Mano de Tigre y ACOMUITA

Contra las declaraciones racistas y misóginas del Alcalde Walter Céspedes del Cantón de Matina y exdiputado de la Asamblea Legislativa en dos ocasiones, militante del Partido Unidad Social Cristiana, quien violenta a la mujer indígena al considerarla como una cosa o un objeto de cambio o pago, actuación que realiza desde su investidura de Alcalde, mediante la cual vulnera y denigra directamente la dignidad de la mujer indígena. Como mujeres indígenas, lideresas y defensoras de los derechos humanos, repudiamos este tipo de acciones que pretende normalizar la discriminación y la violencia contra la mujer indígena, actuación que condenamos y reprochamos enérgicamente.

Las mujeres indígenas, decimos basta, de tanta violencia, exigimos con base en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mediante la cual el Estado se ha obligado a proteger los derechos humanos de la mujer, exigimos que se sancione al señor Walter Céspedes con la máxima rigurosidad y que renuncia a su cargo de Alcalde.

Además, solicitamos, al TSE, que inicie una investigación y que inmediatamente suspenda las credenciales del Alcalde Walter Céspedes, que sea inhabilitado para que no pueda ocupar cargos públicos. Solicitamos, al Partido Unidad Social Cristiana tomar medidas contra este tipo actos discriminatorios y racistas, que más que aportar a la democracia, al respeto, promueve la violencia y la discriminación contra la mujer que se profundiza contra la mujer indígena.

Por eso, en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, el Movimiento Nacional de Mujeres Indígena, exigimos respeto a nuestros derechos, exigimos vivir en un país libre de odio, y violencia contra las mujeres, violencia que se profundiza contra la mujer indígena y la memoria de nuestras ancestras violentando los derechos y dignidad de la mujer indígena.

Exhortamos a las autoridades competentes sancionar, actos y manifestaciones que denigran y vulneran la dignidad de la Muer indígena y que va en contra de los principios y valores, de las leyes e instrumentos internacionales ratificados y reconocidos por el Estado costarricense, que reconocen y los derechos de la mujer.

Mano de Tigre y Asociación Comunal de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA)

En defensa de los derechos humanos y dignidad de la mujer indígena

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

Costa Rica se dirige a unas elecciones con 27 candidatos a la presidencia

El número sin precedentes de postulantes pone en evidencia la falta de liderazgos y de capacidad de diálogo político en el país tras la ruptura del bipartidismo.

Fernando Francia

A cuatro meses de las elecciones, son 27 las candidaturas a ocupar la silla presidencial que deberá dejar Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, en 2022. Nunca habían sido tantos los candidatos confirmados por sus respectivas agrupaciones políticas en asambleas partidarias. Durante este mes tendrán que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ente regulador del proceso.

El miércoles comenzó de manera oficial la campaña electoral, que terminará el domingo 6 de febrero, cuando los costarricenses elijan una de las opciones o pospongan la decisión para una segunda vuelta, dos meses después.

Para el TSE la amplia lista de candidaturas es un símbolo de fortaleza democrática, aunque ya está generando trabajo adicional de fiscalización de actividades partidarias y de confección de una papeleta electoral más grande que la habitual para que quepan todas.

El banderazo inicial de la campaña lo señala el tradicional acto simbólico de la transferencia del mando de la Fuerza Pública del Poder Ejecutivo al TSE, con el que se busca garantizar la no injerencia del gobierno actual sobre el proceso electoral. En ese acto oficial, el 6 de octubre, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, señaló que la libertad de elegir y la democracia son “nuestro acuerdo en medio de nuestros desacuerdos”. Pero esta elección no será sencilla para las más de tres millones y medio de personas que estarán convocadas a las urnas, porque la amplitud de la oferta electoral implica la consecuente dificultad de acceso a la información sobre todos los partidos en pugna.

Según Gustavo Román, asesor político y vocero del TSE, la sobreoferta electoral es un síntoma de la fortaleza de la democracia y al mismo tiempo de debilidad del sistema de partidos políticos. Lo primero, porque “evidencia que la participación político-electoral sigue siendo vista como una opción por personas con distintas sensibilidades políticas en el país”, dijo a la diaria.

Asimismo, la debilidad consiste en que la facilidad de inscripción de partidos políticos hace que muchos de estos sean un vehículo para aspiraciones personales. “Es evidente que detrás de muchos de estos nuevos partidos lo que hay son liderazgos de partidos políticos anteriores, liderazgos que, al no prosperar sus ambiciones o propósitos dentro de estructuras políticas más establecidas o antiguas, simplemente, sin ninguna dificultad, han inscrito sus proyectos dentro de esas otras estructuras político-partidarias”, dijo el vocero del TSE.

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la cantidad de partidos que compiten en procesos electorales ha aumentado enormemente en Costa Rica. De siete candidaturas en 1994 se pasó a 13 en 1998, 2002, 2014 y 2018. Hubo nueve en 2010 y en 2006 se marcó un récord de 14 postulantes. Este 2022 podrán ser hasta 27 los rostros y las banderas impresos en una misma hoja que la ciudadanía deberá marcar con su preferencia.

En opinión del politólogo Rotsay Rosales, eso es reflejo de la “sociedad compleja y plural que somos”. Opinó que “la participación de más actores y de más ciudadanías en el proceso favorece la legitimidad de quienes son representantes”. Sin embargo, para el politólogo, que ha estudiado a fondo el sistema de partidos políticos costarricense, la proliferación de partidos es también producto de “la relación problemática que desde hace varios años vivimos en el país entre ciudadanías y representación formal”. Señaló que “en la actualidad hay una depreciación en la ciudadanía de lo que ofrecen los partidos políticos, y estos no dejan de crecer en cantidad, pensando que con mayor oferta ganarán más simpatía”.

Todo esto, según Rosales, ocurrió tras la disolución del bipartidismo, proceso que comenzó en los años 90 y se consolidó con la llegada al poder en 2018 de un tercer partido, fuera de los llamados tradicionales. “Parafraseando a Gramsci, lo viejo pareciera que no termina de irse y lo nuevo no termina de consolidarse”, concluyó.

El politólogo Rubén Rojas señala la inconformidad de los votantes con los partidos políticos. “La mayoría de la ciudadanía siente que los partidos no han podido llevar su sentir a la Asamblea Legislativa o al gobierno y no han solventado sus demandas o necesidades con su actividad, y entonces se vuelca a la búsqueda de partidos políticos nuevos”.

Sin embargo, pese a esa proliferación, las soluciones no llegan. En general, porque los partidos están cooptados o dominados por fuerzas de poder económicas o políticas de élite y los partidos cambian liderazgos, pero mantienen su elitismo, explicó Rojas. “Ya no tenemos la cohesión que giraba en torno a dos partidos tradicionales en el bipartidismo, sino que, más bien, las personas comenzaron a determinar sus preferencias políticas a partir de elementos coyunturales o de representación de sus propios intereses, cambiando la tradición familiar partidaria anterior”, agregó.

Rojas cree que la existencia en sí de muchos partidos políticos no necesariamente es un síntoma de una democracia estable o madura.

A eso se refiere también la uruguaya radicada en Costa Rica Juliana Martínez, experta en políticas públicas. “El problema no es tanto el número como el tipo de partidos políticos. Las democracias necesitan de más partidos políticos programáticos –sean de centro, de derecha o de izquierda–, partidos consistentes y predecibles en su postura sobre los principales asuntos”, señaló en Twitter ante la discusión pública sobre el número de candidaturas.

Martínez dijo luego a la diaria que “la fragmentación del sistema de partidos no da calidad en la representación política, que es, a su vez, un ingrediente de la calidad de la democracia”. Como ejemplo de una situación de ese tipo en Centroamérica mencionó el de Guatemala, “donde una misma persona [el presidente actual, Alejandro Giammattei] compitió cuatro veces por la presidencia, todas a nombre de partidos políticos distintos”.

La experta en políticas públicas señaló que “una democracia fuerte necesita de partidos políticos que tengan programas claros, consistentes, que sean luego orientaciones efectivas en su ejercicio político”, y dijo que “eso sólo pasa en partidos programáticos, y difícilmente un país tenga 27 de esos”.

Los especialistas también coincidieron en que la falta de diálogo y de liderazgos hace mella en la integración de los partidos políticos, ya que dirigentes que no alcanzan sus aspiraciones personales prefieren crear una nueva estructura partidaria y buscar una oportunidad de candidatearse. De los actuales 27 aspirantes, 11 han cambiado de divisa partidaria.

El sistema electoral permite a los aspirantes a la presidencia postularse también a una diputación, lo cual es aprovechado por los partidos para que la visibilidad que puedan alcanzar en una campaña presidencial redunde en la obtención, al menos, de uno de los 57 escaños en la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica.

A todas esas consideraciones políticas y organizativas se unen las dificultades de acceso a la información sobre los partidos por parte de la ciudadanía y al acceso a la financiación de las agrupaciones partidarias para enfrentar una nueva elección.

El Estado costarricense reconoce los gastos de campaña de los partidos que alcancen 4% de votos en la elección presidencial o que obtengan, al menos, un diputado. Este umbral lo han conseguido menos de diez agrupaciones en los procesos recientes.

El gran desafío para los partidos minoritarios es hacerse ver entre tantos rostros y tantas banderas que aparecerán en los medios, las redes sociales y en la propia papeleta electoral el 6 de febrero de 2022.

 

Publicado en https://ladiaria.com.uy/ y compartido son SURCOS por el autor.

Foto: UCR.

Conozca el TSE desde adentro

El 15 de julio se realizó el lanzamiento de la Visita Guiada 360. Esta herramienta virtual permitirá conocer las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, su historia y sus funciones, como si las personas estuviesen de forma presencial en la institución.

A la Visita Guiada 360 puede ingresarse en cualquier momento del día, desde el enlace https://www.tse.go.cr/visita-guiada/

Josué Rojas Rojas y Jazmín Granados realizaron esta producción desde el área de Formación en Democracia.

 

Compartido con SURCOS por Mariela Castro, de la Cátedra Ciudadana y del IFED.

¿Qué pasará con los partidos evangélicos?

Óscar Madrigal

El TSE denuncia que el PRN, el partido de la familia Avendaño, cuyo fundamento ideológico es el fundamentalismo neopentecostal, incurrió en el cobro de comisiones para otorgar contratos en la campaña electoral. Esta denuncia se suma a otras que ya están en el Ministerio Público.

La familia del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Avendaño, es la dueña de ese Partido, tanto padre como hijo, lo manejan a su antojo. Según información de La Nación de ayer, testimonios indican que cobraron hasta 11 millones de colones por dos contratos que deben haberse quedado en la bolsa de alguien.

Llama la atención, además, que personas que trabajaron en el corazón de la campaña electoral del PRN, le relataron a TSE que el comando recibía dinero en efectivo, “principalmente en fajos de billetes de $1.000 dólares”. Esto va más allá de la denuncia por el cobro de comisiones a proveedores. Porque la pregunta es ¿quién aportaba esas cantidades de dinero?

El dinero efectivo ha venido quedando reservado para el uso de las actividades ilegales.

¿Quién aportaba semejantes cantidades en efectivo? Podría ser desde el narco o las fundaciones norteamericanas hasta las poderosas iglesias neopentecostales de la teología de la prosperidad.

Avendaño y familia han querido desligarse del festín de dólares y echarle la culpa a Fabricio y la estructura paralela. Es difícil de creer que la familia haya estado ausente de semejante piñata. Sin embargo, esta nueva denuncia del TSE acusa directamente al hijo del diputado Avendaño. Ya no hay escapatoria del reparto.

Menudo problema tendrá Fabricio y Avendaño en las próximas elecciones. Avendaño con deuda política, pero sin candidato y Fabricio con candidato, pero sin plata. Este necesitará del poderoso apoyo económico de las “iglesias de la prosperidad”.

Avendaño se acomodará a lo que sea mejor para sus intereses económicos, calculando si le interesa más un acuerdo con Fabricio o dividir el frente neopentecostal. Al fin y al cabo, siempre ha sido un peón de los grandes intereses.

De aquí a octubre se resolverá este dilema (¿qué pasará con los partidos evangélicos?) que será un elemento fundamental a tener en cuenta en las próximas elecciones.

Pronunciamiento CICDE-UNED: Por la superación de la homo-lesbo-trans-fobias

La “opinión consultiva” de la CIDH y las reivindicaciones de los movimientos LGBTI de Costa Rica: la urgencia de una pronta resolución favorable

En el día por la superación de la homo-lesbo-trans-fobias

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED) -Acuerdo del Consejo Científico del CICDE- (17 de mayo de 2018)

1. La sociedad costarricense vive procesos de acelerado y complejo cambio sociocultural, lo cual provoca mucho desconcierto y perplejidad, incluso temor y, a veces, reacciones de rechazo e intolerancia.

2. La pasada campaña política visibilizó de forma dramática lo que ello significa, ya que el país se vio ante la disyuntiva excepcional de elegir entre la preservación de las instituciones democráticas y republicanas heredades del iluminismo, la ilustración y el liberalismo político, o su rechazo desde una propuesta política de inspiración religiosa, regida por principios muy conservadores e intolerantes.

3. Estas instituciones democráticas y republicanas, aunque limitadas y defectuosas, constituyen uno de los avances civilizatorios más importantes de la modernidad. Es deber ineludible avanzar hacia su perfeccionando, imbuyéndolas de contenidos sustantivos que hagan que la participación en democracia, las libertades y derechos civiles, los principios de igualdad entre todas las personas, los derechos humanos en todas sus expresiones, la superación de los lastres de la pobreza, el respeto a la dignidad humana y la justicia social, sean realidades vivas para cada persona habitante de Costa Rica, sin distingo alguno.

4. La “opinión consultiva” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con reivindicaciones fundamentales enarboladas por los movimientos y organizaciones LGBTI, en particular la identidad y expresión de género y el matrimonio igualitario, deben ser interpretada como un importante paso adelante en el proceso de construcción de una sociedad costarricense que, al reconocerse diversa, heterogénea y multicultural, reconoce asimismo la urgencia de reivindicar esa diversidad y de vivirla con respeto y en paz, protegiendo plenamente la dignidad humana inherente a cada persona.

5. Recalcamos el carácter sin duda vinculante que tiene esa “opinión consultiva”, como lo ha reconocido ampliamente la jurisprudencia emanada de la propia Sala Constitucional, y así reafirmado por el pronunciamiento reciente dado a conocer por la Procuraduría General de la República.

6. Celebramos que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reconozca el derecho de cada persona a decidir libremente su identidad de género y el nombre con el cual quiera ser conocida. Advertimos acerca de la importante omisión cometida al no reconocer el derecho –que debería ser simétrico– de cada persona a decidir libremente el sexo con el cual aparece registrada por nacimiento.

7. Consideramos, sin embargo, que la resolución del TSE sobre el matrimonio igualitario crea una situación contradictoria y problemática que introduce un alto grado de inseguridad jurídica en perjuicio de las parejas del mismo sexo.

8. Lamentamos la demora de la Sala Constitucional para pronunciarse sobre el matrimonio igualitario. Hay recursos que datan de aproximadamente tres años y que, después de tan largo período, siguen sin resolverse. En los marcos de la “opinión consultiva” de la CIDH, esta demora pone a Costa Rica en situación de incumplimiento.

9. Dado el contexto que plantea la mencionada “opinión consultiva”, no hay razón alguna para que la Sala Constitucional no se pronuncie a la mayor brevedad sobre este particular, siendo perfectamente claro que su pronunciamiento debe acatar lo dispuesto por la CIDH.

10. Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED hacemos un llamado respetuoso pero muy vehemente a la Sala Constitucional, al TSE y a los demás órganos del Estado, para que resuelvan, con la prontitud con que la justicia debe hacerse efectiva, los diversos asuntos pendientes, en acatamiento a lo indicado por la CIDH.

11. La opción por la democracia, los principios republicanos y los derechos humanos, de la que Costa Rica se enorgullece, y que es uno de sus más importantes cartas de presentación ante el mundo, así lo exige. Debemos reconocer que hay insuficiencias y omisiones, que afectan tanto a la población LGBTI como también a los pueblos indígenas y las personas migrantes, entre otros sectores perjudicados. En este caso particular, cumplir con lo dispuesto por la CIDH significará un avance valioso en el siempre arduo proceso de superación de tales déficits. Cualquier otra cosa, lanzaría una sombra de duda sobre esos valores y compromisos que proclamamos con tanto énfasis.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE-UNED

 

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

TSE instruye para acatar opinión consultiva de CIDH

En una resolución dirigida a los distintos departamentos y secciones del Tribunal Supremo de Elecciones, y que incluye a las oficinas a cargo de cédulas de identidad, inscripción matrimonial y otras, el órgano giró instrucciones para poner en marcha los mecanismos para hacer efectiva la opinión consultiva de la CIDH relativa a los derechos de las parejas del mismo sexo.

El documento con el acuerdo del Tribunal consta de 21 páginas, de estas, las 15 primeras están dedicadas al análisis realizado por una comisión especial nombrada al efecto. A partir del final de la página 15 inicia la parte resolutiva del TSE. El escrito fue enviado a SURCOS por Nicolás Boeglin y lo compartimos en el siguiente enlace:

STSE-0938-2018

 

La imagen es de: https://mx.boell.org/es/2014/07/02/videos-del-jour-fixe-identidades-en-movimiento-genero-y-diversidad-sexual-en-mexico

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Observatorio Electoral

Comunicado público

 

Frente a las manifestaciones que algunas personas han realizado, ya sea de forma mal intencionadas o por ignorancia, respecto a un supuesto fraude electoral en la segunda ronda, este Observatorio Electoral como una organización civil, debidamente acreditada, con nueve años de estar realizando actividades de observancia en los diferentes procesos electorales realizados en Costa Rica, conformada por personas, en algunos casos, con más de 15 años de experiencia en el tema electoral y con diferentes posiciones y pensamientos, tanto políticos como dogmáticos, pero todos bajo la consigna de una absoluta imparcialidad en el desempeño de nuestras funciones, manifestamos lo siguiente:

  1. Damos fe de que la votación expresada en las urnas, el día 1 de abril de 2018, se hiso limpiamente y en acuerdo a la normativa vigente en nuestro país.
  2. Como Observatorio Electoral, en este proceso, como en otros procesos anteriores, consignamos muchas incidencias en el quehacer de la jornada del día de las votaciones, pero en ningún caso estas ponían o presuponía un riesgo a la libre expresión de las voluntades individuales expresadas en el voto.

Ante la existencia de información que ha estado circulando desde el lunes pasado en redes sociales y medios de comunicación, denunciando o afirmando un supuesto fraude electoral, dichas afirmaciones realizadas, esperamos que sea por personas que, del tema electoral conocen muy poco o del todo nada, son completamente ajenas a la realidad de los sistemas de control de los procesos y procedimientos, debidamente establecidos y reglamentados por el Tribunal Supremo de Elecciones, y que son realizadas por y ante personas civiles, provenientes de los mismos partidos políticos.

Es de sumo interés para este Observatorio Electoral dejar de manifiesto que, información, análisis, datos o audios que están circulando por diferentes medios, son incorrectos como, por ejemplo:

  1. Un audio que ha estado circulando, donde una persona con un acento extranjero e identificándose como venezolano, aduce que la derrota del Partido Restauración Nacional obedece a un fraude. La persona en este audio evidencia un desconocimiento de los temas electorales en Costa Rica, debido a que lo que esta persona dice en el audio, PRESUME una sola forma de comunicación de resultados entre la junta receptora y el Tribunal Supremo de Elecciones, así como un accionar de los miembros de mesa o auxiliares electorales, totalmente alejada de cualquier control y verificación de terceros, lo cual, en ambos casos es totalmente incorrecto. En nuestro país los datos se transmiten por varios mecanismos entre estos los electrónicos, después del escrutinio preliminar en las Juntas Receptoras de Votos, dejando constancia y evidencia documental de los resultados, a todos los participantes y presentes en el proceso de conteo, así mismo, el escrutinio final lo hacen los Magistrados en un conteo Junta por Junta, voto por voto, donde se verifica que lo indicado por las Juntas sea lo que se consignó en las actas de votación, esto, al igual que en las Juntas receptoras de votos, se realiza bajo la fiscalización de los partidos políticos participantes en el proceso, con lo que cualquier error suscitado en el escrutinio preliminar de las juntas receptoras de votos, puede ser identificado y corregido.
  1. Se ha difundido una supuesta diferencia de votos en algunos distritos, este alegato no es nuevo, en otras ocasiones se ha tenido que aclarar, que los distritos administrativos, que es como la ciudadanía conoce la división territorial normalmente, es DISTINTA a la división de los distritos electorales, ya que, aun cuando estos tengan el mismo nombre NO contienen el mismo número de electores.
  2. Ha surgido un supuesto análisis, en torno al conteo que se realizó de los votos el día 1 de abril del 2018. En la cual se alega una imposibilidad física y matemática, para contabilizar la totalidad de votos, en un plazo de dos horas. Lo argumentado por esta persona, evidencia un absoluto desconocimiento o probablemente, una mala fe sobre el proceso de escrutinio que realizan los miembros de las Juntas Receptoras de Votos; ya que pareciera indicar el análisis, que el conteo se realiza en un solo lugar y sobre todas las papeletas a la vez, cuando lo real es que, el escrutinio inicial o preliminar, se realiza en cada junta receptora, por parte de los miembros de mesa que son propuestos por los partidos políticos y acreditados por el TSE, en su ausencia o en apoyo de los Auxiliares Electorales, estos bajo la fiscalización de quienes hayan sido acreditados por los mismos partidos políticos para estos efectos; por lo que, el escrutinio preliminar es realizado por alrededor de DIECIOCHO MIL personas, que son las responsables de contar y verificar el escrutinio en las diferentes Juntas Receptoras de Votos.
  3. Otro dato impreciso y que induce a error, es lo manifestado en torno a la «velocidad» con la que se transmitió el primer dato, lo cual denota nuevamente un importante desconocimiento de los protocolos de trabajo establecidos para las juntas receptoras de votos, así como las diferentes dinámicas entre el proceso realizado el 4 de febrero del 2018 y el 1 de abril del 2018. Las condiciones que se dan entre la primera ronda donde tenemos dos votaciones, la del presidente y vicepresidentes, y la de diputados pugnados entre una gran cantidad de partidos políticos, y la segunda ronda, donde solo son dos partidos y una sola papeleta; marcan no solo una diferencia cuantitativa, sino también una diferencia cualitativa, originando una más que significativa disminución en el volumen de papeletas a clasificar y contar, así como en el tiempo utilizado para esto.
  4. La difusión de un video, donde aparecieron papeletas de la junta receptora de votos en un pupitre en Grecia, sobre esto el TSE ya dejo aclarado fuera de toda duda que se debió a un error material de los miembros de mesa.

Los protocolos y procedimientos existentes, como todo pueden ser mejorados ya que, en esta materia como en cualquier otra, nada es perfecto y todo es susceptible de ser mejorado, pero hacer señalamientos irresponsables, donde no pareciera existir un fundamento concreto y verificable, desconociendo la normativa y los procedimientos electorales existentes, deja muchas dudas sobre las intenciones de las personas que se prestan para hacer este tipo de supuestas alertas o denuncias.

Como indicamos inicialmente, este Observatorio Electoral, durante las dos rondas de estas elecciones, consignamos diferentes incidencias, pero en TODOS los casos, estas fueron corregidas una vez que las autoridades electorales fueron notificadas o informadas, sin que llegáramos a ver, en ningún caso, que estas incidencias pudiesen considerarse riesgosas para que la voluntad del elector pudiese estar siendo transgredida, violentada o burlada.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de https://twitter.com/tsecostarica

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/