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Etiqueta: TSE

¿Cuál es la reforma electoral que más urge?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Se ha anunciado que el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, solicitó a la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, Eugenia Zamora, apoyo para promover e impulsar reformas a la legislación electoral nacional con ánimo de fortalecer los sistemas de financiamiento de los partidos políticos, y atender también, entre otros aspectos, lo relacionado con la regulación de las redes sociales en las campañas.

El Presidente legislativo se preocupará de buscar el mecanismo que facilite el mejor trámite rápido a las reformas que corresponda impulsar y aprobar, integrando una Comisión Especial que, de manera exclusiva, atienda el estudio de estas reformas electorales, que comprende, además, el estudio de más de 50 Proyectos de Ley, en trámite legislativo, que tienden a producir reformas en el sistema electoral.

Sugiero que públicamente el Tribunal Supremo de Elecciones, por medio del Instituto de Formación en Democracia, IFED, bajo su potestad, en coordinación con la Presidencia Legislativa, desarrolle, un ciclo de Foros continuos, todos los días de ser necesario, de 4 a 8 p.m., en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, o en la Sala de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, de la Asamblea Legislativa, donde con analistas, comentaristas, periodistas del ámbito político, gestores de opinión, representantes de los partidos políticos, de los sindicatos y otras organizaciones sociales interesadas, y los proponentes de los Proyectos de Ley, entre otros, se analicen y discutan esos proyectos, y esas posibles reformas, que se quieren introducir en la legislación electoral, con el propósito de que ese esfuerzo, que se va a realizar, se enriquezca con otras opiniones.

Estos Foros, pueden ser transmitidos por las redes sociales que ya usa el IFED, a las cuales puede añadirse la de la Biblioteca Nacional, que realiza una excelente labor con ese trabajo de divulgación de sus actividades culturales.

Todavía hay tiempo para cualquier modificación de leyes, o de la misma Constitución, que se pueda tramitar para que entre en vigencia a partir de los comicios nacionales del 2026. Queda todo lo restante del año 2023 y todo el año 2024, ya que, en el año 2025, en enero debe estar aprobado el Calendario Electoral de las elecciones que iniciarían en noviembre, de ese año, para concluir en febrero o en abril del 2026. Hay tiempo si se sabe aprovechar y si se pone la voluntad política para actuar.

Se le está dando prioridad, en la antesala de esta discusión, que debe ser nacional, y no solo de un petit comité parlamentario, al aspecto de financiamiento y el manejo de redes.

Si del financiamiento electoral se trata, lanzo un primer dardo. Espero afinar mi puntería.

Lo primero que hay que entender en materia de financiamiento de las campañas electorales a cargo del Estado, es que cuando se aprobó esa legislación, hace ya varias décadas, se hizo con sentido democrático muy certero. Garantizar el financiamiento de los partidos a cargo del presupuesto público, para quitar, del proceso electoral, el control que personas, o pequeños grupos de personas, financiando partidos, los controlaran, o pudieran tener tal nivel de poder en ellos, para imponer los candidatos a su antojo en los distintos órdenes de elección.

Junto al financiamiento electoral nacional se permitió el financiamiento privado, al que se le han metido ciertos candados, pero no se ha prohibido del todo, o no se ha regulado de manera más precisa. Veamos.

El Presupuesto Nacional que se destina al financiamiento electoral de las campañas descansa en el 0.17% del PIB, del período fiscal tras anterior a la campaña electoral. Eso es hoy, y desde hace algunas campañas electorales atrás, un montón de millones de colones. Por eso es que demagógicamente, al filo de cada campaña, se aprueban reformas legales para que ese 0.17% no se aplique todo, y lo rebajan al 0.11%, como se ha venido haciendo. Demagógicamente anuncian esa disminución como un triunfo democrático en el ahorro del gasto público. Aun así es mucho dinero. Cualquier rebaja o corte le debería quedar al TSE para su misión de educar electoralmente en democracia. Hay que entender que la democracia hay que pagarla, y los procesos electorales también. Si no los paga el Estado, a los partidos les pueden llegar fondos no muy sanos, que pueden ser de la narco política, que se está organizando, de grupos mafiosos o de personas que han entendido que con el tipo de financiamiento público, pueden hacer clavos de oro, porque la legislación permite que los partidos contra sus presupuestos de gastos electorales, y préstamos que consiguen, puedan vender bonos con altos descuentos. República Dominicana y Colombia son ejemplos de estas mala influencias en procesos electorales pasados. Todo el dinero que se mueve de los presupuestos que están obligados a presentar todos los partidos políticos, sobre los gastos de su participación en la campaña electoral a la que van, no alcanza ni al 60% de ese 0.11%.

Esto es lo que hay que controlar. ¿Cómo? La fórmula más democrática que yo veo es la siguiente.

1.- Hay que garantizar legalmente que todos los partidos tengan igual acceso al financiamiento electoral público. Actualmente solo tienen acceso los partidos que sacan más del 4% de votos o eligen un diputado. Esto no es nada democrático porque a todos los partidos, que se inscriben, les dan la misma posibilidad de participar, y todos los electores nacionales valen, para todos los partidos, de igual forma. Sin embargo, en la realidad no opera así. Los electores de los partidos que no llegan al 4% de votos, o no eligen un diputado, no se reconocen como iguales en su resultado, castigando a estos partidos con no recibir nada, absolutamente nada, de sus gastos electorales, que también realizan al igual que los partidos que sacan más del 4% de votos o eligen un diputado. Y, el valor económico, de estos votantes, se distribuye entre los votantes de los partidos que sacan el 4% o eligen diputado, dándoles más valor económico cuando desde el origen de la campaña, todos los ciudadanos, todos los electores, teóricamente valen igual.

Si se diera, en posibilidad, para todos los partidos, este financiamiento se resolverían prácticamente todos los problemas que esto causa actualmente.

2.- Si se asegurara este financiamiento, de esta manera, se podría prohibir totalmente cualquier financiamiento privado a los partidos, y no habría posibilidad alguna que puedan endeudarse extraoficialmente porque no se podría justificar ese endeudamiento, ni venta de bonos, porque los partidos tendrían asegurado su financiamiento. Aquí se acabarían los negocios, y negocitos, que se hacen, con estos financiamientos, a los partidos políticos desde el sector privado, y desde los bancos, que prácticamente financian campañas casi completas… a ciertos partidos, o a los que estudian que pueden asegurar, por sus resultados, las inversiones que en ellos hacen, sin importar ya el color o la ideología que se les imputen. Lo que interesa es hacer dinero…con el sobre pago de los bonos de la campaña electoral.

3.- El Tribunal Supremo Electoral puede asegurar el buen uso del dinero que se destine a cada partido, en correspondencia al financiamiento nacional disponible. ¿Cómo? Se abrirían cuentas oficiales, en bancos autorizados, pueden ser todos los del sistema bancario nacional, cuentas bajo estricto control del Tribunal Supremo de Elecciones, que colocará allí los dineros públicos que le correspondan a esos partidos, contra el giro autorizado de los contratos que esos partidos hagan para sus respectivos gastos de la campaña electoral.

Igual que ahora, todos los gastos deben someterse por contratos debidamente hechos, que se presentarían ante del Tribunal supremo de Elecciones, para su respectivo control de legalidad. Si son contratos, por ejemplo, con empresas o medios de comunicación, debidamente inscritos, como se acostumbra, con sus tarifas autorizadas, las empresas tendrían mayor garantía de pago, porque la plata está en las cuentas de los partidos, la que se giraría contra la pauta contratada. Les llegaría el mismo dinero a esas empresas y medios de comunicación al 100% de su valor y no con bonos de posible recuperación, como sucede en muchos casos. Les llegaría, igualmente, dinero seguro a todos los medios, grandes y pequeños, y a los programas de opinión, que también se inscriben en las campañas electorales, favoreciendo de esta manera la democracia informativa y formativa nacional de los ciudadanos. Bien podría establecerse que ese financiamiento publicitario es para divulgar los programas electorales y las calidades de los candidatos. Igual podría regularse la crítica pública entre partidos. Quedaría, prácticamente, por fuera el uso de medios indecorosos, fraudulentos, de troles, y otras especies similares porque no podrían pagarse a cargo del presupuesto público electoral. El partido que hiciere esto podría ser castigado severamente, en lo civil y en lo que penalmente correspondiere.

Si se abriere el portillo del financiamiento privado, en esta fórmula de financiamiento, esos financiamientos privados entrarían obligatoriamente a las cuentas públicas, abiertas por el Tribunal Supremo de Elecciones, bajo la forma de donación, que se sumaría al resto del dinero que en esas cuentas haya del financiamiento que corresponda, sin que generen obligaciones con esos donantes, ni posibilidad de recuperación de dineros, porque lo que no se gaste en la campaña, contra los presupuestos presentados, quedaría a fondo, siempre bajo control del TSE, para las campañas municipales, o para garantizar el uso permanente de instalaciones partidarias en la capital, o en ciudades, donde los partidos puedan mantenerlas en actividad político formativa y organizativa de sus propios cuadros políticos.

4.- ¿Cómo asegurar una distribución equitativa del presupuesto nacional electoral, del 0.17%, o del 0.11%, o del porcentaje que se disponga, para los partidos políticos que van a participar en una elección? En el supuesto que se destine todo, solo para facilitar esta explicación, se procedería así. Todo el presupuesto se divide en dos partes iguales de 50%. La primera mitad se distribuiría entre los partidos políticos que participaron en la campaña pasada y repiten en la nueva campaña electoral, en proporción a los votos que obtuvieron en esa campaña anterior. Con eso aseguran un porcentual de dinero para su campaña. La otra mitad, el otro 50% disponible, se divide en partes iguales proporcionales a todos los partidos que se inscriben para la siguiente campaña. Así, los partidos que repiten aumentan un porcentaje más su disponibilidad de gastos y, los nuevos partidos, los que por primera vez participan, aseguran un gasto electoral, cuyo porcentaje asegurará, sin dudas, la posibilidad de que puedan realizar una mínima campaña electoral decorosa, digna y decente.

5.- La clave de todo este proceso está en las cuentas oficiales que abra el TSE a cada partido, donde se depositará el dinero que les corresponda, contra los contratos de gastos hechos y aprobados por el TSE. En la práctica este trabajo lo hace el TSE cuando acaban las elecciones y se liquidan los gastos para ver si se procedió bien o no. Este proceso evitaría, en mucho, que tesoreros, y personeros de los partidos, puedan verse involucrados en procesos fraudulentos de financiamientos y en posibilidad de verse involucrados en denuncias penales y encarcelamientos como ya ha sucedido.

Esta es una primera opinión mía sobre esta temática. Abramos o iniciemos un debate, una discusión, un análisis sobre esta temática, que ya van a empezar a cuajar entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. Que se discuta de cara al público, a los ciudadanos, al electorado y a los interesados en los asuntos políticos del Estado, del Gobierno, de la Democracia y de la Democracia Electoral costarricense, que es lo que a todos nos interesa salvo guardar.

UCR manifiesta preocupación por posible reforma al artículo 176 de la Constitución Política

Escrito en . Publicado en Derechos.

La UCR exhortó al Poder Legislativo a que archive el proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense. (Foto: Facebook Asamblea Legislativa).

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Mediante un pronunciamiento aprobado el pasado viernes por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su preocupación por los términos en los que se fundamenta la propuesta de reforma al artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la cual se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa mediante el Expediente N.° 22.266.

La iniciativa tiene como propósito, según la exposición de motivos, fortalecer el principio de equilibrio financiero y evitar crear instituciones y programas en el sector público sin que se verifique su contenido presupuestario; sin embargo, también pretende que ese principio prevalezca sobre la autonomía constitucional otorgada a instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense del Seguro Sociales (CCSS), las municipalidades y las universidades públicas.

Ante esta situación, la UCR aseguró que las autoridades gubernamentales y legislativas harían mal en limitar, negar, retrasar o condicionar –bajo criterios estrictamente presupuestarios– los recursos financieros que debe proveer el Estado a dichas instituciones públicas.

Además, recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue clara al establecer un régimen de autonomías constitucionales, con el fin de evitar la concentración de poder en el Ejecutivo.

Esta casa de estudios superiores considera que el proyecto legislativo contiene una modificación intrínseca a aspectos esenciales de la organización política y económica del Estado costarricense, ya que menoscaba y cercena principios constitucionales en favor de razones presupuestarias; lo anterior refleja una clara intencionalidad de concentrar la toma de decisiones financieras en el Poder Ejecutivo, en contraposición a la descentralización administrativa constitucional e incluso a la pregonada en las recomendaciones de política pública de los organismos internacionales.

Por estos motivos, la UCR exhortó de manera vehemente a las diputadas y a los diputados que archiven este proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense.

Asimismo, instó a los Poderes de la República, al TSE, a las municipalidades, a la CCSS y a las demás universidades públicas a debatir acerca de las repercusiones que tendría para el cumplimiento de sus fines constitucionales esta reforma.

“CANALLA”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Las palabras nos definen, nos dan identidad, dicen, al utilizarlas, quiénes somos como individuos y como sociedad. Al parecer, el nuevo Presidente de la República tiene esta palabra como una de sus preferidas. El Diccionario de la RAE nos presenta de ella tres acepciones: 1. Perrería, muchedumbre de perros; 2. Gente baja; y 3. Persona despreciable y de bajos procederes. Como vemos, referirse a alguien con este epíteto, tiene un carácter eminentemente agresivo, injurioso e insultante.

Esta palabra la utilizó el ahora Presidente, varias veces, durante la campaña electoral para dirigirse a toda la prensa que lo criticaba o contradecía. Ahora, en visita “de cortesía” a la Corte Suprema de Justicia, la vuelve a utilizar para referirse a las denuncias penales interpuestas en su contra y en contra del partido que lo llevó al poder. Lo más grave es que algunas de esas investigaciones se originaron en un traslado que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones –no cualquier ciudadano- al Ministerio Público, por considerar que hay base suficiente para indagar si se han cometido importantes delitos. La cuestión cae por su propio peso: ¿son los magistrados y magistradas del TSE una especie de jauría canina, gente baja, despreciable y de bajos procederes? ¿Qué respeto estamos teniendo por las instituciones? ¿Qué nivel le estamos dando al ejercicio “docente” de la política, por parte de las máximas autoridades de la República? Con profundo pesar, como simple ciudadano, tengo que reconocer que la ola del peor “trumpismo” nos ha arrastrado y un peligroso discurso, barbárico y falaz, está sembrando vendavales.

El problema es complejo porque el Presidente aprovecha su visita a la Corte para hacer una mezcla absolutamente impropia, entre deficiencias reales en nuestra administración de justicia, junto a intereses personalísimos por las causas abiertas en su contra. Esas deficiencias tienen años de estarse conociendo y tratando de superar desde que el propio Poder Judicial llamó al Programa Estado de la Nación para efectuar evaluaciones periódicas, en un afán de transparencia que no tiene ningún otro poder público. Si es mucho pedir cortesía y prudencia al nuevo mandatario, es necesario exigirle respeto al principio de división de poderes y respeto a las autoridades que investigan hechos posiblemente delictivos, eventualmente perpetrados por su persona.

Un Presidente de la República no puede arrogarse la soberanía popular, ni ponerse los tacones y peluca de Luis XIV y arremeter contra los jueces, diciéndoles qué deben y qué no deben hacer. Si bien es cierto que en todo el mundo está de moda el “Lawfare”, esa desventurada estrategia de utilizar el sistema judicial para sacar del juego a adversarios políticos, nadie puede arrogarse el monopolio de la verdad ni la facultad de auto-erigirse en el gran decisor. Resulta ridícula la falacia utilizada como argumento: “todas las acusaciones por corrupción deben castigarse, con la única excepción de las que se sigan en mi contra”.

En un régimen democrático nadie puede ser, de entrada, condenado o absuelto. Cada denuncia debe investigarse bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales. Esta es la única vía para establecer si se ha cometido un hecho delictivo y quién o quiénes son los responsables. La investigación, el acopio de pruebas y las definiciones últimas en una sentencia, corresponden a la policía, la fiscalía, la defensa y los tribunales de justicia. A nadie más. Parece mentira que tengamos que estar recordando estos conceptos elementales de educación cívica. Pero así estamos.

La otra Costa Rica; la que resiste

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Albert Einstein (1879-1955): Si vamos a cuestionar la presencia viva de los Espíritus, empecemos entonces por negar la existencia del átomo, que continúa imperceptible a los ojos humanos desarmados, pero existe.

Rafael Ángel Ugalde Quirós* Especial para SURCOS.

I.- Imaginando un extraterrestre sobrevolando el país el pasado 6 de febrero quizá pensaría que la situación de 25 partidos políticos en la lucha por el sillón presidencial de Zapote alabaría seguramente la “perfección” del “Contrato Social” – obra de Jean Jacques Rousseau en 1762- en la pequeña “hacienda” de 51 mil kilómetros cuadrados y 3.541.908 “ticos” habilitados para sufragar. Nada más alejado de la realidad una vez con los pies sobre la tierra: El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aunque tuvo capacidad para dirigir un debate con 25 aspirantes presidenciales en condiciones de igualdad, no lo hace. No le interesa. Su mayor comodidad es contar votos y jamás profundizar la democracia con participación masiva de los ciudadanos en la “res” pública, como decían los romanos. Le interesa más que sean las dos grandes cadenas nacionales de televisión, con los riesgos, los sesgos e intereses que todos conocen a favor de dos partidos políticos, que sea este tribunal quien impulse el debate de ideas en igualdad de condiciones entre los candidatos presidenciales. Este desinterés del TSE, en gran medida, da así a los procesos electoreros un ambiente carnavalesco, con los grandes bancos y consorcios económicos, financiando y fiscalizando lo que ellos han sintetizado llamando la gran “fiesta democrática”.

Un estudio del semanario Universidad (21/11/2021) reveló, por ejemplo, que los bancos privados BCT y Banco Promerica concentraron el 80% de los bonos de deuda política, o certificados de cesión, liquidados en la campaña electoral del 2018. Eran los únicos dos bancos con créditos formalizados para las elecciones de 2022, según datos de la Tesorería Nacional.

El total cancelado por concepto de deuda política (incluyendo los intereses), asciende a los ¢14.808 millones, de los cuales los bancos BCT y Promerica concentraron ¢12.123 millones. La primera entidad bancaria es presidida por Leonel Baruch, mientras que el presidente de la Junta Directiva de Promerica es Edgar Zurcher.

Los certificados de cesión son un instrumento de financiamiento contemplado por la legislación costarricense en el que los partidos pueden ceder su acceso al financiamiento público a entidades bancarias o particulares. Los bancos en este caso financian de manera anticipada especulando cuánto recibirá de votos cada partido por medio de las encuestas públicas e incluso propias.

“Es un mecanismo especulativo como en la Bolsa de Valores. Tiene una expectativa de retribución de la inversión que hizo al comprar el título, más los intereses ganados por ese financiamiento que le está otorgando, quien recibe esa plata son los bancos. No van a perder ni los bancos, ni los financistas tipo A (los que tienen mayor posibilidad de ser cancelados) que compran estos bonos a varios partidos porque para ellos es un negocio, no hay necesariamente un vínculo partidario”, explicó Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

II. Una lectura cursi, con estándares oficiales reduccionistas, nos llevaría a pensar en más de 1.400.000 de votantes desinteresados por las elecciones del 6 de febrero pasado, con niveles de abstencionismo del 40% nunca visto desde 1958 y por lo cual, al TSE le cabe abundante responsabilidad.

Sin embargo, atendiendo otras sintomatologías sociales, infectadas por los grupos de poder desde hace 40 años, no podría cerrarse los ojos frente a la enfermedad que padece la “otra” Costa Rica. La marginada, la ausente de las pantallas de la televisión, a no ser por el proceso de “colombianización”, reducido desde la oficina del tecnócrata a una supuesta “lucha entre bandas” o “actuación de sicarios”, como si esos hechos no fueran cara de una misma moneda. Es el “otro” país, el del campesino quebrado a la fuerza, sin tierra y siervo perene de la banca, pueblos pesqueros que ven como otros se roban la riqueza marina en sus propias barbas, la otra república, la de los cientos y cientos de desempleados, los “informales” perseguidos noche y día, los desnutridos, etc., frente a la buena salud mostrada por miembros de los pequeños grupos beneficiados con la renuncia a la soberanía alimentaria, a la educación pública gratuita y de calidad, a la universalización de la salud, a la entrega de los puertos, las carreteras, las telecomunicaciones y los aeropuertos.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo están paralizando para luego, como buitres, caerle encima. El ex gerente de telecomunicaciones, Jaime Palermo, acaba de denunciar (Diario Extra 14/2/2022) que las autoridades actuales están paralizando las operaciones técnicas y comerciales del sector Telecomunicaciones, de modo que ponen en riesgo el futuro de la entidad. El hizo un recuento de las acciones que, según su opinión, han provocado que la entidad, en competencia desde el 2011, perdiera diez puntos del mercado de la telefonía celular y lo cediera a las empresas con las que compite tan solo en 2020.

Para el exfuncionario, la jerarquía del ICE, encabezada por su presidenta ejecutiva Irene Cañas, y su gerente general, Hazel Cepeda, ha priorizado la supuesta recuperación financiera de la institución sacrificando inversiones clave para su desempeño comercial, lo cual le ha generado una caída en la participación del mercado e incluso una baja en la calidad de los servicios móviles expuesta por informes de Sutel. Una vez enfermo y famélico el ICE se vende al mejor postor, o lo convierten en elefante blanco al mejor estilo de RECOPE, el CNP, el INVU.

A los foros mundiales “esta” Costa Rica floreciente asiste como hazmerreír junto con otras comparsas regionales, siendo el mejor ejemplo de ello el rol asignado en el “Grupo de Lima” o en la deteriorada OEA, a raíz del papel jugado en el golpe de estado en Bolivia. “Este” país floreciente habla en los foros mundiales de energías verdes, lucha pro ambiente, cero carbono y no más calentamiento global, pero sus ríos son cloacas a cielo abierto y sus océanos basureros de plásticos.

La “otra” Costa Rica, la que soportó la multimillonaria campaña politiquera, la que sigue resistiendo (La Nación acaba de descubrir que “alza en costo de la vivienda y baja en ingresos truncan sueño de tener casa propia” 14/2/2022), sea rural o urbana sabe perfectamente que el sistema de los partidos políticos es un negocio como es el fútbol, la venta de copos o cualquier otra actividad rentable, pues nuestros “lideres” políticos nos los dan empacados con lazos de colores, no existiendo además, posibilidad alguna de sustitución en caso que salgan mentirosillos o cleptómanos.

III. Un recuento de los votos en blanco y nulos realizados por Universidad (7/2/2022) en esta elección presidencial de 2022 da como resultado un total de 26.676, un número mayor que la cantidad de votos que obtuvieron individualmente 19 de los 25 partidos políticos que estaban en papeleta el domingo 6 de febrero.

Solo los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PSD), Nueva República (PNR), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), superaron esa cantidad de votos inválidos.

A esta lista se puede agregar la agrupación Costa Rica Justa (CRJ) si se tiene en cuenta solo la cantidad de votos nulos, que se situó en 16.565, con lo cual supera a las restantes 18 formaciones partidarias. Igualmente, los votos en blanco, que por el momento son 10.111, ganan a 12 partidos políticos.

Los campesinos subsisten a brincos y saltos y su crisis es evidente.

La Coalición Pueblo Unido, que a última hora superó serios problemas internos y se sobrepuso a los plazos para inscribirse, superó el último lugar en el escrutinio y dejó en la posición 25 al Movimiento Libertario (ML) que pareciera desaparecerá, al menos con su actual dirigencia. Según el análisis de Universidad, el Partido de los Trabajadores (PT) en estas elecciones incluso superó al ML. Años atrás esta organización se mantuvo en la pugna presidencial, siendo una de las fuerzas políticas con más adeptos. Por otra parte, destaca que el PLN y el PSD, los dos partidos que irán a segunda ronda el próximo 3 de abril, obtuvieron juntos el 43,96% de los votos válidos, pero solamente el 22,67% del padrón electoral. Esto quiere decir que las dos principales fuerzas políticas del país no alcanzan juntas ni la cuarta parte de la población votante. Al buen entendedor pocas palabras.

De esta manera, para el ganador de la segunda ronda de las elecciones del 3 de abril, sería ingenuo desconocer ese otro país que, en silencio, resiste la noche más larga y triste de la historia reciente de Costa Rica. Larga porque son 40 años desde que prometieron “desarrollo” con libre competencia; triste por el autoritarismo cada vez más asentado en los últimos gobiernos, con o sin pandemia. El encierro a que fuimos sometidos por la pandemia se tradujo en más de 2 mil millones de colones por multas a la restricción vehicular.

Sin embargo, los resultados de las pasadas elecciones, independientemente que sea electo José María Figueres, asiduo amigo de la ley de empleo público impulsada por Carlos Alvarado y el “gobierno corporativo”, o Rodrigo Chávez, un conocido pupilo del Banco Mundial, sumado a la formación de una asamblea legislativa controlada por la llamada “derecha”, hay una enorme reserva moral y espiritual que representan quienes desatendieron el llamado a votar. Estos espíritus, que no se ven, como diría Einstein, pero allí están atrincherados, pintan una Costa Rica de conflicto, donde las masas exigen un proyecto de sociedad nuevo, con inclusión social, con equidad, independencia y esperanza. Donde no bastaría la promesas de creación de empleo, sino que además implican ingresos blindados contra la inflación. Un país insuficiente si se habla de turismo como actividad para unas pocas empresas hoteleras, dejando a un lado las comunidades y el pequeño y mediano artesano. Un país cuyos espíritus arrinconados ya no quieren “gobiernos corporativos” y paralelos; menos “alianzas estratégicas” para que el Estado entregue sus recursos a pequeños grupos de poder en un nefasto juego de “tigre suelto” contra “burro amarrado”. Pareciera que en esta Costa Rica empeñada en configurarse para el 2026 los llamados partidos de “izquierda” conciliábulos, “light” y al mejor estilo de Boric en Chile o Castillo en Perú, tienen la última oportunidad para no correr la misma suerte del ML o el Acción Ciudadana (PAC). Ello, por cuanto, si aparece una organización que articule las demandas de salario mínimo digno, soberanía alimentaria, política exterior independiente, tierra para quien la produce, el Estado en función de los costarricenses y no protegiendo solo grupos oligárquicos, entre otros, esta masa “invisible” como reserva moral se abrirá paso entre fatales “progresismos” de cafetín o camuflados “patriotas” que dan la vida por los monopolios lácteos, financieros o del azúcar; contra todos los pronósticos exigen “otro” país en que volvamos a vivir todos con alguna dignidad.

Por el momento es lo que hay.

Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

ANEP denuncia despido antisindical en el TSE con la venia del MTSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

ANEP informó:

«El secretario general del sindicato de TSE, Lic. Ruy González López, presentó este martes 4 de enero ante el Tribunal Contencioso solicitud de medida cautelar de suspensión de su antisindical despido, el cual fue avalado por el propio Ministerio de Trabajo. ANEP condena y denuncia la acción coordinada, políticamente hablando, del TSE y del Poder Ejecutivo, en contra del Derecho Humano de Libertad Sindical del sindicato SETSE en la humanidad de su secretario general. Es una agresión contra todas las Libertades Democráticas».

Mujeres lideresas del movimiento nacional indígena de Costa Rica se pronuncian ante declaraciones racistas y misóginas

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado por Elides Rivera Navas

26 de noviembre de 2021

LAS MUJERES LIDERESAS DEL MOVIMIENTO NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

NOS PRONUNCIAMOS

Mano de Tigre y ACOMUITA

Contra las declaraciones racistas y misóginas del Alcalde Walter Céspedes del Cantón de Matina y exdiputado de la Asamblea Legislativa en dos ocasiones, militante del Partido Unidad Social Cristiana, quien violenta a la mujer indígena al considerarla como una cosa o un objeto de cambio o pago, actuación que realiza desde su investidura de Alcalde, mediante la cual vulnera y denigra directamente la dignidad de la mujer indígena. Como mujeres indígenas, lideresas y defensoras de los derechos humanos, repudiamos este tipo de acciones que pretende normalizar la discriminación y la violencia contra la mujer indígena, actuación que condenamos y reprochamos enérgicamente.

Las mujeres indígenas, decimos basta, de tanta violencia, exigimos con base en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mediante la cual el Estado se ha obligado a proteger los derechos humanos de la mujer, exigimos que se sancione al señor Walter Céspedes con la máxima rigurosidad y que renuncia a su cargo de Alcalde.

Además, solicitamos, al TSE, que inicie una investigación y que inmediatamente suspenda las credenciales del Alcalde Walter Céspedes, que sea inhabilitado para que no pueda ocupar cargos públicos. Solicitamos, al Partido Unidad Social Cristiana tomar medidas contra este tipo actos discriminatorios y racistas, que más que aportar a la democracia, al respeto, promueve la violencia y la discriminación contra la mujer que se profundiza contra la mujer indígena.

Por eso, en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, el Movimiento Nacional de Mujeres Indígena, exigimos respeto a nuestros derechos, exigimos vivir en un país libre de odio, y violencia contra las mujeres, violencia que se profundiza contra la mujer indígena y la memoria de nuestras ancestras violentando los derechos y dignidad de la mujer indígena.

Exhortamos a las autoridades competentes sancionar, actos y manifestaciones que denigran y vulneran la dignidad de la Muer indígena y que va en contra de los principios y valores, de las leyes e instrumentos internacionales ratificados y reconocidos por el Estado costarricense, que reconocen y los derechos de la mujer.

Mano de Tigre y Asociación Comunal de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA)

En defensa de los derechos humanos y dignidad de la mujer indígena

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

Costa Rica se dirige a unas elecciones con 27 candidatos a la presidencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El número sin precedentes de postulantes pone en evidencia la falta de liderazgos y de capacidad de diálogo político en el país tras la ruptura del bipartidismo.

Fernando Francia

A cuatro meses de las elecciones, son 27 las candidaturas a ocupar la silla presidencial que deberá dejar Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, en 2022. Nunca habían sido tantos los candidatos confirmados por sus respectivas agrupaciones políticas en asambleas partidarias. Durante este mes tendrán que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ente regulador del proceso.

El miércoles comenzó de manera oficial la campaña electoral, que terminará el domingo 6 de febrero, cuando los costarricenses elijan una de las opciones o pospongan la decisión para una segunda vuelta, dos meses después.

Para el TSE la amplia lista de candidaturas es un símbolo de fortaleza democrática, aunque ya está generando trabajo adicional de fiscalización de actividades partidarias y de confección de una papeleta electoral más grande que la habitual para que quepan todas.

El banderazo inicial de la campaña lo señala el tradicional acto simbólico de la transferencia del mando de la Fuerza Pública del Poder Ejecutivo al TSE, con el que se busca garantizar la no injerencia del gobierno actual sobre el proceso electoral. En ese acto oficial, el 6 de octubre, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, señaló que la libertad de elegir y la democracia son “nuestro acuerdo en medio de nuestros desacuerdos”. Pero esta elección no será sencilla para las más de tres millones y medio de personas que estarán convocadas a las urnas, porque la amplitud de la oferta electoral implica la consecuente dificultad de acceso a la información sobre todos los partidos en pugna.

Según Gustavo Román, asesor político y vocero del TSE, la sobreoferta electoral es un síntoma de la fortaleza de la democracia y al mismo tiempo de debilidad del sistema de partidos políticos. Lo primero, porque “evidencia que la participación político-electoral sigue siendo vista como una opción por personas con distintas sensibilidades políticas en el país”, dijo a la diaria.

Asimismo, la debilidad consiste en que la facilidad de inscripción de partidos políticos hace que muchos de estos sean un vehículo para aspiraciones personales. “Es evidente que detrás de muchos de estos nuevos partidos lo que hay son liderazgos de partidos políticos anteriores, liderazgos que, al no prosperar sus ambiciones o propósitos dentro de estructuras políticas más establecidas o antiguas, simplemente, sin ninguna dificultad, han inscrito sus proyectos dentro de esas otras estructuras político-partidarias”, dijo el vocero del TSE.

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la cantidad de partidos que compiten en procesos electorales ha aumentado enormemente en Costa Rica. De siete candidaturas en 1994 se pasó a 13 en 1998, 2002, 2014 y 2018. Hubo nueve en 2010 y en 2006 se marcó un récord de 14 postulantes. Este 2022 podrán ser hasta 27 los rostros y las banderas impresos en una misma hoja que la ciudadanía deberá marcar con su preferencia.

En opinión del politólogo Rotsay Rosales, eso es reflejo de la “sociedad compleja y plural que somos”. Opinó que “la participación de más actores y de más ciudadanías en el proceso favorece la legitimidad de quienes son representantes”. Sin embargo, para el politólogo, que ha estudiado a fondo el sistema de partidos políticos costarricense, la proliferación de partidos es también producto de “la relación problemática que desde hace varios años vivimos en el país entre ciudadanías y representación formal”. Señaló que “en la actualidad hay una depreciación en la ciudadanía de lo que ofrecen los partidos políticos, y estos no dejan de crecer en cantidad, pensando que con mayor oferta ganarán más simpatía”.

Todo esto, según Rosales, ocurrió tras la disolución del bipartidismo, proceso que comenzó en los años 90 y se consolidó con la llegada al poder en 2018 de un tercer partido, fuera de los llamados tradicionales. “Parafraseando a Gramsci, lo viejo pareciera que no termina de irse y lo nuevo no termina de consolidarse”, concluyó.

El politólogo Rubén Rojas señala la inconformidad de los votantes con los partidos políticos. “La mayoría de la ciudadanía siente que los partidos no han podido llevar su sentir a la Asamblea Legislativa o al gobierno y no han solventado sus demandas o necesidades con su actividad, y entonces se vuelca a la búsqueda de partidos políticos nuevos”.

Sin embargo, pese a esa proliferación, las soluciones no llegan. En general, porque los partidos están cooptados o dominados por fuerzas de poder económicas o políticas de élite y los partidos cambian liderazgos, pero mantienen su elitismo, explicó Rojas. “Ya no tenemos la cohesión que giraba en torno a dos partidos tradicionales en el bipartidismo, sino que, más bien, las personas comenzaron a determinar sus preferencias políticas a partir de elementos coyunturales o de representación de sus propios intereses, cambiando la tradición familiar partidaria anterior”, agregó.

Rojas cree que la existencia en sí de muchos partidos políticos no necesariamente es un síntoma de una democracia estable o madura.

A eso se refiere también la uruguaya radicada en Costa Rica Juliana Martínez, experta en políticas públicas. “El problema no es tanto el número como el tipo de partidos políticos. Las democracias necesitan de más partidos políticos programáticos –sean de centro, de derecha o de izquierda–, partidos consistentes y predecibles en su postura sobre los principales asuntos”, señaló en Twitter ante la discusión pública sobre el número de candidaturas.

Martínez dijo luego a la diaria que “la fragmentación del sistema de partidos no da calidad en la representación política, que es, a su vez, un ingrediente de la calidad de la democracia”. Como ejemplo de una situación de ese tipo en Centroamérica mencionó el de Guatemala, “donde una misma persona [el presidente actual, Alejandro Giammattei] compitió cuatro veces por la presidencia, todas a nombre de partidos políticos distintos”.

La experta en políticas públicas señaló que “una democracia fuerte necesita de partidos políticos que tengan programas claros, consistentes, que sean luego orientaciones efectivas en su ejercicio político”, y dijo que “eso sólo pasa en partidos programáticos, y difícilmente un país tenga 27 de esos”.

Los especialistas también coincidieron en que la falta de diálogo y de liderazgos hace mella en la integración de los partidos políticos, ya que dirigentes que no alcanzan sus aspiraciones personales prefieren crear una nueva estructura partidaria y buscar una oportunidad de candidatearse. De los actuales 27 aspirantes, 11 han cambiado de divisa partidaria.

El sistema electoral permite a los aspirantes a la presidencia postularse también a una diputación, lo cual es aprovechado por los partidos para que la visibilidad que puedan alcanzar en una campaña presidencial redunde en la obtención, al menos, de uno de los 57 escaños en la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica.

A todas esas consideraciones políticas y organizativas se unen las dificultades de acceso a la información sobre los partidos por parte de la ciudadanía y al acceso a la financiación de las agrupaciones partidarias para enfrentar una nueva elección.

El Estado costarricense reconoce los gastos de campaña de los partidos que alcancen 4% de votos en la elección presidencial o que obtengan, al menos, un diputado. Este umbral lo han conseguido menos de diez agrupaciones en los procesos recientes.

El gran desafío para los partidos minoritarios es hacerse ver entre tantos rostros y tantas banderas que aparecerán en los medios, las redes sociales y en la propia papeleta electoral el 6 de febrero de 2022.

 

Publicado en https://ladiaria.com.uy/ y compartido son SURCOS por el autor.

Foto: UCR.

Conozca el TSE desde adentro

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 15 de julio se realizó el lanzamiento de la Visita Guiada 360. Esta herramienta virtual permitirá conocer las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, su historia y sus funciones, como si las personas estuviesen de forma presencial en la institución.

A la Visita Guiada 360 puede ingresarse en cualquier momento del día, desde el enlace https://www.tse.go.cr/visita-guiada/

Josué Rojas Rojas y Jazmín Granados realizaron esta producción desde el área de Formación en Democracia.

 

Compartido con SURCOS por Mariela Castro, de la Cátedra Ciudadana y del IFED.

¿Qué pasará con los partidos evangélicos?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

El TSE denuncia que el PRN, el partido de la familia Avendaño, cuyo fundamento ideológico es el fundamentalismo neopentecostal, incurrió en el cobro de comisiones para otorgar contratos en la campaña electoral. Esta denuncia se suma a otras que ya están en el Ministerio Público.

La familia del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Avendaño, es la dueña de ese Partido, tanto padre como hijo, lo manejan a su antojo. Según información de La Nación de ayer, testimonios indican que cobraron hasta 11 millones de colones por dos contratos que deben haberse quedado en la bolsa de alguien.

Llama la atención, además, que personas que trabajaron en el corazón de la campaña electoral del PRN, le relataron a TSE que el comando recibía dinero en efectivo, “principalmente en fajos de billetes de $1.000 dólares”. Esto va más allá de la denuncia por el cobro de comisiones a proveedores. Porque la pregunta es ¿quién aportaba esas cantidades de dinero?

El dinero efectivo ha venido quedando reservado para el uso de las actividades ilegales.

¿Quién aportaba semejantes cantidades en efectivo? Podría ser desde el narco o las fundaciones norteamericanas hasta las poderosas iglesias neopentecostales de la teología de la prosperidad.

Avendaño y familia han querido desligarse del festín de dólares y echarle la culpa a Fabricio y la estructura paralela. Es difícil de creer que la familia haya estado ausente de semejante piñata. Sin embargo, esta nueva denuncia del TSE acusa directamente al hijo del diputado Avendaño. Ya no hay escapatoria del reparto.

Menudo problema tendrá Fabricio y Avendaño en las próximas elecciones. Avendaño con deuda política, pero sin candidato y Fabricio con candidato, pero sin plata. Este necesitará del poderoso apoyo económico de las “iglesias de la prosperidad”.

Avendaño se acomodará a lo que sea mejor para sus intereses económicos, calculando si le interesa más un acuerdo con Fabricio o dividir el frente neopentecostal. Al fin y al cabo, siempre ha sido un peón de los grandes intereses.

De aquí a octubre se resolverá este dilema (¿qué pasará con los partidos evangélicos?) que será un elemento fundamental a tener en cuenta en las próximas elecciones.