El acceso a una educación multicultural en los territorios indígenas es uno de los desafíos del sistema educativo costarricense. El reconocimiento a sus saberes y el rescate de sus lenguas es una tarea que desde diversos proyectos las universidades públicas abordan como una contribución ante las falencias en las políticas estatales. Foto: Denis Castro, UCR.
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
La violación a sus derechos humanos y la exclusión de las políticas estatales son parte de la realidad de los pueblos indígenas costarricenses
Desde el año 1995, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas como un llamado ante los desafíos que aún existen en todo el mundo. Para el 2022 la Organización de Naciones Unidas hace un reconocimiento al rol de las mujeres en la preservación y transmisión de los saberes tradicionales, como protectoras de los recursos naturales y guardianas del conocimiento científico que albergan sus territorios.
Por ello, la Universidad de Costa Rica (UCR), mediante una serie de proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), impulsa mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los territorios indígenas, promover iniciativas para el rescate y conservación de su patrimonio cultural y el reconocer sus derechos ancestrales.
Uno de esos esfuerzos fue la creación de la Red Institucional para el Trabajo con Pueblos y Territorios Indígenas (RIPI), aprobada el año 2016 por el pleno del Consejo Universitario y que, bajo la coordinación de laVAS, funciona como una instancia facilitadora que, a partir de un diálogo de saberes, respeta las formas de organización social y autonomía. Además, como otra línea de trabajo, impulsa acciones para que estudiantes de dichos territorios ingresen y permanezcan en la educación superior.
Para el año 2020, el Consejo Universitario asumió el compromiso en la defensa de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, el reconocimiento de sus territorios, su cultura e identidades, así como de las formas en las que se organizan política, económica y socialmente.
Además de RIPI, la VAS tiene inscritos 25 proyectos que inciden directamente en los pueblos y territorios indígenas, y otra importante cantidad que los incluyen indirectamente, para acompañarlos en el diseño de soluciones ambientales, energéticas, de seguridad alimentaria, sanitarias, socioproductivas, y de rescate y conservación del patrimonio cultural.
Las narrativas propias y necesarias
Los proyectos de Acción Social realizan acompañamientos de diversa índole. Uno de ellos tiene como objetivo el desarrollo de narrativas comunitarias audiovisuales con mujeres indígenas bribris y cabécares de Talamanca de Limón para la defensa y recuperación del territorio – cuerpo – tierra.
Desde las “Narrativas audiovisuales de resistencia de mujeres indígenas de Talamanca”, coordinado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (EC-513), se analiza como el primer territorio violentado históricamente al cuerpo mismo; y como segundo, al territorio-tierra, al que mujeres y hombres durante décadas han defendido frente al desarrollismo empresarial que presiona al Estado para la aprobación de de megaproyectos mineros, turísticos y energéticos que alterarían los ecosistemas resguardados por las personas que habitan los territorios indígenas.
“Este proyecto contribuye en la promoción del derecho a la comunicación, que permite el ejercicio de los demás derechos humanos. Por otra parte, acorta la brecha digital y facilita herramientas de comunicación para el fortalecimiento de las identidades locales. Además, las narrativas audiovisuales se construyen de manera colectiva y participativa con las mismas mujeres indígenas; ellas tienen la posibilidad de amplificar su palabra y producir imágenes que sean representativas de su realidad y contexto específico”, explicó Mónica Quirós Villalobos, investigadora y coordinadora del EC-513.
Entre los logros del proyecto están el diagnóstico sobre la situación de violencia contra las mujeres, otro sobre la brecha digital en estas comunidades y un audiovisual del proceso de construcción del trabajo de comunicación para la gestión del Instagram, donde también se han subido imágenes e historias realizadas por las mismas mujeres de estos territorios.
La inserción y permanencia en la Educación Superior es uno de los objetivos de la Red Institucional para el Trabajo con Pueblos y Territorios Indígenas (RIPI), aprobada el año 2016 por el Consejo Universitario de la UCR. Foto: Dennis Castro, UCR.
“Las mujeres tienen un rol central en la cultura bribri y cabécar porque son culturas donde el sistema de parentesco y de clan se transmite por el lado materno. Esto les da un rol central en la transmisión de la lengua y muchas prácticas culturales. Por otra parte, actualmente muchas participan de organizaciones de mujeres mixtas donde tienen roles de liderazgo y toma de decisiones”, recalcó Quirós.
Olvidos nacionales
Según el Censo Nacional de 2011, cerca de 105 000 costarricenses se reconocen como indígenas, que se agrupan en ocho pueblos que habitan 24 territorios. En teoría, habitan el 7% del país, aunque gran parte de ese porcentaje está ocupado por personas no indígenas al margen de la normativa vigente.
Por otra parte, mientras que el porcentaje nacional de familias pobres ronda el 20%, en los territorios indígenas esa cifra se dispara entre el 45 % y 94 %. Pero la pobreza solo es uno de los disparadores de las vulnerabilidades, a las que se suman los constantes atentados a su integridad física, la inseguridad jurídica y su lucha permanente por recuperar sus territorios ancestrales, la exclusión del sistema educativo y la falta de oportunidades de progreso en esas zonas.
En diciembre del 2021,Francisco Calí Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, visitó el país para conocer de primera mano estas situaciones. En su posterior informe destacó que “las mujeres desempeñan un papel fundamental como defensoras de sus tierras, territorios y recursos, así como transmisoras de sus lenguas, culturas y conocimientos científicos. La falta de solución a la cuestión de la tierra les ha puesto una enorme presión en los últimos años. A lo largo de la visita, las mujeres y jóvenes hablaron del aumento de agresiones, intimidaciones y amenazas a las que se han enfrentado, afectando su rol social en la transmisión del conocimiento científico indígena, la pérdida de la soberanía alimentaria y la posibilidad de desarrollar sus habilidades empresariales”.
Además, constató que “son especialmente alarmantes las cifras de pobreza en los pueblos indígenas, particularmente en los cantones de Buenos Aires y Talamanca. Y en general, ellas enfrentan múltiples discriminaciones por ser mujeres, por ser indígenas y, a menudo, por ser empobrecidas. Incluso se están enfrentando limitaciones para acceder a la educación, al agua, a la electricidad y a una atención médica culturalmente adecuada”.
Aunque Costa Rica ratificó elConvenio 169de la OIT en 1993 cuyos dos postulados fundamentales reconocen el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan, el país tiene enormes deudas históricas. Y pese a que la Constitución Política establece que Costa Rica es una nación multicultural, el Estado sigue sin incluir los derechos colectivos de los pueblos indígenas como una prioridad en la agenda nacional.
“En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, esta vicerrectoría saluda a los ocho pueblos indígenas del país, distribuidos en los 24 territorios y les felicita por sus acciones heroicas en defensa del ambiente. Reconoce, además, la mística y dedicación de más de cien estudiantes indígenas que estudian en las diferentes Sedes y Recintos de la UCR y que, día a día, se esfuerzan por ser mejores para apoyar a sus familias y a sus comunidades. La VAS reafirma su compromiso con los derechos humanos y el respeto a la diversidad lingüística y cultural«, señaló Marisol Gutiérrez Rojas, vicerrectora de Acción Social.
Desde el proyecto de Acción Social sobre “Diversidad y patrimonio lingüístico de Costa Rica” (EC-408) se han producido una serie de enciclopedias temáticas en varias lenguas indígenas para contribuir a los procesos socioeducativos en los territorios indígenas. Foto cortesía de Carlos Sánchez A.
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
Mónica Vul Galperín, coordinadora del Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP)
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Por M. Sc. Mónica Vul Galperín, coordinadora del Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP)
La lucha que debe darse es política, económica, cultural, educativa, social, porque, sin duda, es del orden del horror constatar la presencia de jóvenes, de cada vez menor edad, inscritos en la espiral de violencia y muerte
Frente al dolor más profundo, al horror, a la tristeza, la rabia, la tendencia es solicitar respuestas a los/las expertos/as. ¿Quién es el responsable, dónde está la causa, qué se pueda hacer para aliviarlo?
El homicidio de Manfred Varberena Novoa, de 23 años, y de Marco Calzada Valverde, de 19 años, nos llena de dolor, nos golpea, por ellos, por los que quedan (sus padres, hermanos y hermanas, sus amigos, sus vínculos), por sus vidas e ilusiones perdidas, por el carácter irreemplazable de cada uno de los jóvenes y por la sociedad en su conjunto.
Si sentimos indignación y dolor es porque esas muertes nos tocan, nos atraviesan. Nada justifica la crueldad, la violencia extrema. La violencia no es solo un acto, es también una atmósfera, un aire irrespirable. Y esta avanza en extensión, radicalidad y crueldad hacia sujetos y colectivos. Entre ellos, los y las jóvenes.
Estos actos brutales nos llevan a repensarnos, porque ningún cuerpo muerto se reduce a una imagen mediática televisiva. La muerte y sus heridas son reales, generan dolor a quienes las padecen. El lugar que se asume como investigadores/as ante estas situaciones devastadoras no es una cuestión ética menor. No escribo estas líneas desde un lugar de experta, a pesar de que así se define este espacio: “Voz experta”. Lo hago como investigadora en temas de violencias, jóvenes, subjetividades, duelos y desde el ejercicio en la práctica del psicoanálisis, ambas hace ya más de tres décadas.
En la horrorosa situación de la muerte de jóvenes, hay una multiplicidad de variables intervinientes que no debemos, en absoluto, banalizar.
Dicho esto, quisiera introducir algunas preguntas, incómodas, perturbadoras. No pretendo obtener respuestas, sino labrar mi pensamiento, como el movimiento de la pala, que remueve, excava con cuidado y hace agujeros para que algo nazca.
¿Por qué tantos jóvenes mueren de violencia? ¿Cómo desenmarañar las múltiples cuestiones que allí intervienen? ¿Dónde alojar sus subjetividades? ¿Qué puede llevar a un adolescente o joven a matar a otro?
¿Es posible que algunas vidas de jóvenes se consideren llorables y otras no? ¿Se inmiscuyen diferencias de nacionalidades, clase, raza o género a la hora del acto del duelo?
O será acaso, como plantea Judith Butler, que “las poblaciones se dividen demasiado a menudo, entre aquellas cuyas vidas son dignas de protegerse a cualquier precio y aquellas cuyas vidas se consideran prescindibles?” (Butler, 2021, p. 42).
No faltan los estudios que conciben a los y las jóvenes desde una ausencia total de interrelación entre ellos como sujetos y el lazo social que habitan y les habita, estudios que los patologizan, diagnostican y criminalizan, que los invisibilizan en su condición de sujetos, que ocultan que el estatuto de la construcción de la subjetividad de muchos/as jóvenes los lleva a vivir en los márgenes de referentes socioinstitucionales y en precarios horizontes de futuro.
Hoy, atravesamos tiempos de exclusiones, de dramáticas desigualdades, de naufragios y pueblos a la deriva, en una contemporaneidad en la que el rechazo a las diferencias muestra su costado más duro; época en la cual las segregaciones son el emergente del naufragio mismo de la civilización.
La globalización no solo se presenta como acumulación ilimitada y concentración de la riqueza, sino como segregación, en universos concentracionarios, donde la muerte ejerce sus mejores dispositivos. El discurso capitalista ha sido el modelo más fértil en deshacer los lazos sociales, en la producción de sectores abandonados, desposeídos y excluidos.
La segregación es, el problema más ardiente de nuestra época, universos donde viven jóvenes, mujeres, niños/as y se producen, homicidios, venta de drogas, intoxicaciones, múltiples manifestaciones de violencias. Para muchos de los jóvenes, la violencia y la muerte, el abandono, el abuso, la ruptura de los lazos sociales, vinculada a la precarización y a los despojos, son elementos comunes, en sus casas, en sus barrios, en cada esquina silente, en la expulsión del sistema educativo, la ausencia de políticas públicas, elevadas tasas de desempleo, precarización laboral, narcotráfico.
A esto se suma la invisibilización en situaciones tan graves, como el suicidio en los y las jóvenes, las violencias contra ellos mismos, las adicciones. Personalmente rehúso las tentaciones de psico-patologización, criminalización y modalidades dicotómicas a las que se recurre para explicar las violencias, que, tan sólo sirven para banalizar el problema y ocultar responsabilidades políticas, culturales, de género producidas por el neoliberalismo y su uso de la violencia.
Recientemente, el último informe de PNUD (2021) posiciona a Costa Rica como el quinto país con mayores niveles de concentración de ingreso de América Latina,
Donde, durante el 2021, hubo 538 homicidios lo que representa una tasa de 11,4 personas muertas cada 100.000 habitantes; 9 de cada 10 víctimas fueron hombres; y la mitad tenía entre 20 y 34 años de edad (USAID y PNUD, 2022).
Los jóvenes encarnan en sus vidas y en sus cuerpos esas violencias y muertes
Si bien Costa Rica se mantiene alta en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2021), en los últimos años ha sufrido un deterioro en sus indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad. El aumento de las tasas de homicidios se relaciona con la distribución o falta de distribución de la riqueza. En este sentido, Costa Rica se ha convertido progresivamente en uno de los 10 países más desiguales del mundo, este es un dato que debe alertar a los gobiernos en relación con la inversión social, especialmente, en jóvenes. Pretender no mirar es encerrase en las murallas de la negación.
La lucha que debe darse es política, económica, cultural, educativa, social, porque, sin duda, es del orden del horror constatar la presencia de jóvenes, de cada vez menor edad, inscritos en la espiral de violencia y muerte. Que sea un joven quien mate a otro joven, que mueran en “ejecuciones” una madrugada cualquiera, que atenten contra sus vidas a secas y pasen a engrosar un número en las estadísticas y las noticias mediáticas.
Noticias que generan tratamientos diferentes para estas muertes, mientras unas, reciben total cobertura, reconocimiento público, la llorabilidad de la sociedad, otras, en cambio, el silencio, el anonimato. La ausencia de nombre, no solo en la vida, sino también en la muerte.
A lo largo de mis investigaciones en torno a violencias vinculadas a jóvenes, desde los años ochenta, algunas, con huérfanos de la guerra centroamericana, en su mayoría menores de 17 años, sobrevivientes y testigos de la tortura y el asesinato de uno o ambos padres; otras, con jóvenes privados de libertad en el Centro Juvenil de Formación Juvenil Zurquí, como W, quien mató a un compañero de clase de un Centro Educativo de Segunda Enseñanza, también con centenares de adolescentes y jóvenes en instituciones públicas de segunda enseñanza, he podido escuchar y estremecerme con sus testimonios y quebrantos más desgarradores, en un intento por sobrevivir, cueste lo que cueste. Testimonios que al irrumpir mostraban fragmentos de vida negados, invisibilizados, frente a la vulnerabilización. Detrás de cada uno de los y las jóvenes, había una historia personal única, en cada uno de ellos había un antes y un después; de algo estaba segura, sus decires me estremecían, sus palabras me perforaban.
Acudo al filósofo Giorgio Agamben e intento mantener la mirada fija en este tiempo para percibir, no sus luces, sino su oscuridad, intento ver las sombras e incidir en ellas. Hoy, lo hago a través de la escritura, humedeciendo la pluma en las tinieblas del presente.
Resulta imperiosa la necesidad de abordar esta temática desde miradas y lecturas que permitan entrecruzamientos y enfoques diferentes, que no impliquen solo guetificar, criminalizar zonas juveniles de “alto riesgo” e intervenir punitivamente. Crear nuevos paisajes, en un intento de que los y las jóvenes puedan narrar sus sueños, hacer posible que cada una de sus vidas sean vidas vivibles e igualmente llorables, que importen tanto en la vida como en la muerte.
Que existan otros rumbos y nuevas cartografías de deseos, paisajes que se encaminen a la no violencia, con itinerarios nuevos y una esperanza por venir, en una sociedad que no dé la espalda a la muerte y a la violencia en los y las jóvenes.
Esa es la apuesta y constituye el desafío conjunto. Cada una y cada uno de los jóvenes que habitan este país son seres dotados de “potencial y dotados también de un futuro impredecible que debe ser salvaguardado” (Butler, 2021, p. 54).
Bibliografía
Agamben, G (2011) Que es lo contemporáneo. En Desnudez Madrid Ed Adriana Hidalgo.
Butler, J. (2021) Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy. España. EdTaurus.
USAID y PNUD (2022). Costa Rica: Análisis sobre homicidios dolosos Enero diciembre del 2021. Disponible en: https://infosegura.org/wp-content/uploads/2022/02/OnePager-CR-2021-Homicidios-ESP.pdf
OCDE (2018). Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. Disponible en: https://www.oecd.org/economy/surveys/Costa-Rica-2018-Estudios-Economicos-de-la-OCDE.pdf
INEC (2022). Encuesta Continua de Empleo al primer trimestre de 2022. Disponible en: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/ece_i_t_2022.pdf
PNUD (2021). Informe Regional de Desarrollo Humano 2021. Disponible en: https://www.undp.org/es/latin-america/informe-regional-de-desarrollo-humano-2021
Valencia, S. Vul, M (2020) “Régimen Glotaritario y gestión de los afectos”, en “Pandemia. Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social (en tiempos de coronavirus)”. España. Editorial Tirant lo Blanch.
Vul, M. (2009). Adolescencia y violencia: homicidio en un Colegio Público. Una lectura desde el Psicoanálisis. Tesis para optar al grado de Magister Scientiae en Psicologia Universidad de Costa Rica, San José, CR.
Vul, M. (2018). Despatologizar. Un desafío al control establecido. Crítica Penal y Poder. Num.14 (2018). Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Universitat de Barcelona. 2016.
M. Sc. Mónica Vul Galperín Coordinadora del Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP)
La UCR exhortó al Poder Legislativo a que archive el proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense. (Foto: Facebook Asamblea Legislativa).
Alejandra Amador Salazar, Periodista
Mediante un pronunciamiento aprobado el pasado viernes por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su preocupación por los términos en los que se fundamenta la propuesta de reforma al artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la cual se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa mediante el Expediente N.° 22.266.
La iniciativa tiene como propósito, según la exposición de motivos, fortalecer el principio de equilibrio financiero y evitar crear instituciones y programas en el sector público sin que se verifique su contenido presupuestario; sin embargo, también pretende que ese principio prevalezca sobre la autonomía constitucional otorgada a instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense del Seguro Sociales (CCSS), las municipalidades y las universidades públicas.
Ante esta situación, la UCR aseguró que las autoridades gubernamentales y legislativas harían mal en limitar, negar, retrasar o condicionar –bajo criterios estrictamente presupuestarios– los recursos financieros que debe proveer el Estado a dichas instituciones públicas.
Además, recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue clara al establecer un régimen de autonomías constitucionales, con el fin de evitar la concentración de poder en el Ejecutivo.
Esta casa de estudios superiores considera que el proyecto legislativo contiene una modificación intrínseca a aspectos esenciales de la organización política y económica del Estado costarricense, ya que menoscaba y cercena principios constitucionales en favor de razones presupuestarias; lo anterior refleja una clara intencionalidad de concentrar la toma de decisiones financieras en el Poder Ejecutivo, en contraposición a la descentralización administrativa constitucional e incluso a la pregonada en las recomendaciones de política pública de los organismos internacionales.
Por estos motivos, la UCR exhortó de manera vehemente a las diputadas y a los diputados que archiven este proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense.
Asimismo, instó a los Poderes de la República, al TSE, a las municipalidades, a la CCSS y a las demás universidades públicas a debatir acerca de las repercusiones que tendría para el cumplimiento de sus fines constitucionales esta reforma.
Las 15 personas indígenas capacitadas colaborarán en las Casas de la Alegría, entidades tipo guarderías, que albergan a niños y niñas indígenas ngäbe
“Esta es la primera vez que tengo un certificado con la UCR y significa algo muy bonito e importante. Tuve que caminar, coger bus y un taxi, pero aprendí cosas muy interesantes que me ayudan muchísimo porque en varios lugares piden primeros auxilios. Entonces se me abren muchas puertas”.
Así lo dijo Laura Julissa Vidal Contrera, quien con solo 18 años de edad, ya es parte de los 15 indígenas ngäbe de San Vito de Coto Brus quienes, por primera vez, logran recibir un certificado de capacitación otorgado por la Universidad de Costa Rica (UCR) de primeros auxilios y enfermedades infecciosas.
Este grupo de 15 indígenas son los primeros en sus familias en alcanzar esta meta bajo el sello UCR. Ahora, con su formación de 12 horas completada, podrán beneficiar a casi 500 niñas y niños de su mismo pueblo en las atenciones que brindan desde las Casas de Alegría ―instancias similares a guarderías―, que procuran contrarrestar el trabajo infantil durante el periodo de cosecha de café.
“Si no hubiera sido por la UCR, no hubiese podido llevar un curso como ese. Ahora sé cómo tratar a las personas si ocupan ayuda, cómo hablar y qué hacer si un bebé se está ahogando. Por ejemplo, cómo pegarle en la espaldita, cómo pasarlo a la otra mano y no meterle la mano a la boca para que no se atragante más. La verdad, estoy muy agradecida de que me tomaran en cuenta para este curso porque, en otros lados, he visto que hasta hay que pagarlo”, ahondó Laura.
Las Casas de la Alegría alojan a las y los hijos de las familias nägbe de Panamá y Costa Rica que se acercan cada año para trabajar en la recolección de café. Por lo general, estas casas se ubican dentro de las fincas cafetaleras cercanas a la frontera con Panamá.
Durante la estancia, a los niños y a las niñas se les cuida y resguarda mientras, al mismo tiempo, se les estimula su dieta, se les fortalece su salud e, incluso, su neurodesarrollo. Por lo tanto, al tener un aumento considerable en la cantidad de población formada, se garantiza la protección continua de los menores en caso de suceder un evento adverso. Los niños y las niñas ya no dependerán de un limitado grupo de cuidadoras capacitadas.
“Nos centramos en capacitar a las cuidadoras de las Casas de la Alegría porque ellas se encargan de salvaguardar la integridad de los niños y niñas ngäbe que se desplazan en la época de la recolecta de café a esta zona. Recordemos que esta población proviene de la comarca Panamá y son nómadas que permanecen, aproximadamente, desde agosto hasta finales de enero. Mientras los padres se dedican a la recolección de café, los niños y las niñas se quedan en esos puntos de cuido. Las cuidadoras pueden tener a su cargo hasta hasta 50 niños”, comentó el Dr. Jean Carlo Segura Aparicio, médico de la UCR y uno de los coordinadores de la capacitación.
El equipo de la UCR generó un plan de acción que abordó distintos ámbitos de salud. Entre ellos, primeros auxilios y enfermedades infecciosas. Fotografía del Dr. Jean Carlo Segura Aparicio.
“El 75 % de la población no había tenido acceso a una certificación de este tipo y ahora serán replicadoras del conocimiento como líderes comunales. Entonces, no es solamente un esfuerzo por capacitar a este grupo, sino que sabemos que estas 43 personas van a replicar conocimientos a lo largo y ancho de esta comunidad al sur del país”.
Dr. Jean Carlo Segura Aparicio.
Gran esfuerzo
La certificación otorgada por la UCR a la población indígena es el resultado conjunto del proyecto ED-3451 “Desarrollo de Capacidades en la Atención Primaria de la Salud en Población ngäbe” y el TCU-719: “Prevención de parasitosis emergentes y reemergentes”.
Cada uno es coordinado, respectivamente, por el Dr. Jean Carlo Segura Aparicio (médico) y el Dr. Jorge Vargas Carmiol (microbiólogo), docentes de la Escuela de Medicina de la UCR.
Los proyectos, que iniciaron sus aportes a la zona desde el 2018, buscan prevenir enfermedades, promover la atención primaria, incentivar nuevos procesos de enseñanza no formales, así como afrontar distintas enfermedades infecciosas como los geohelmintos (parásitos intestinales) y la pediculosis (piojos). Estos últimos afectan entre un 7 % a un 15 % de la población indígena de la zona, aseguró el Dr. Vargas.
“La pediculosis es una enfermedad importante de atender porque produce un retraso en la formación de los niños. Un niño con piojos se rasca la cabeza, le da vergüenza y se siente incómodo. Entonces, no pone atención en clase, no hace bien las tareas y sus notas bajan”, comentó el Dr. Vargas.
A lo largo de casi tres años, y de la mano con funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la intervención de la UCR ha permitido mejorar los índices de salud, estimular el neurodesarrollo de niñas y niños indígenas, así como que las madres reciban a sus bebés de las manos de parteras ngäbe, con capacidades obstétricas incrementadas.
Con este grupo capacitado en primeros auxilios y enfermedades infecciosas, la población indígena de la zona tiene mayores habilidades para aplicar maniobras eficaces y seguras ante heridas, hemorragias o atragantamientos. Además, poseen nuevos conocimientos sobre cómo proceder ante niños con parásitos intestinales o piojos.
“Los parásitos intestinales están en proporciones altas en esta población, de un 25 % a un 80 % o más. Esta enfermedad en ocasiones genera problemas digestivos y respiratorios en personas infectadas”, dijo el Dr. Vargas.
Dicho esfuerzo se suma a otra contribución dada por la UCR en el 2021, cuando la Escuela de Medicina capacitó a varias cuidadoras en el tema de neurodesarrollo infantil, uso de medicamentos, curación de heridas, utilización de las aspiradoras de piojos y el adecuado manejo infantil.
Casi el 90 % de las personas encargadas de las Casas de la Alegría son mujeres. El 10 % son hombres de la población indígena. Fotografía del Dr. Jean Carlo Segura Aparicio.
Formación
La capacitación de primeros auxilios y enfermedades infecciosas realizada en el mes de junio y julio fue para las 15 personas de la población ngäbe.
No obstante, otras 28 personas no indígenas de las comunidades de Sabalito, Mellizas y Guitiérrez Brown también aprovecharon la convocatoria para participar. En total, 43 personas (indígenas y no indígenas) fueron capacitadas para ayudar a esta población transmigratoria, vulnerable e infantil.
“Podríamos decir que tuvimos una población híbrida, entre personas de la comunidad de San Vito y también personas de la comunidad ngäbe que forman parte del equipo de trabajo de las Casas de la Alegría. Anteriormente, ya hemos hecho capacitaciones similares, perocon el trabajo conjunto hemos logrado aumentar en un 500 % la capacidad de atención a esta población”, ahondó el Dr. Segura.
La capacitación tuvo un plan de trabajo especializado que contó con el apoyo de Emanuel Gómez Rojas, coordinador de las Casas de la Alegría, así como varios estudiantes de la Escuela de Medicina de la UCR y de otras carreras del área de la salud.
Durante el aprendizaje, la población indígena tuvo la oportunidad de manipular varios simuladores de baja y mediana fidelidad. Con estos recursos lograron practicar varias veces las acciones a efectuar ante cada situación de emergencia. De igual manera, se utilizaron piojos de espuma a escala para que las personas conocieran la anatomía del parásito.
El entrenamiento se efectuó en la Casa de la Alegría Naval en Fila Méndez y la dinámica de enseñanza consistió en dividir a los participantes en tres grupos de formación de casi 14 personas. Cada uno trabajó en los distintos temas hasta completar las 12 horas.
“Con esta capacitación muchos mitos fueron aclarados. Varios compañeros y yo teníamos la creencia de que los piojos brincan y resulta que no. También, que contagiarse con lombrices era muy directo y no, tiene que pasar un proceso grande y no sabía”, aseguró Adriana Trigueros Gómez, participante no indígena.
El impacto
Las Casas de la Alegría iniciarán nuevamente su funcionamiento en agosto, fecha que coincide con el comienzo de la cosecha del café. Para este 2022, se proyecta abrir diez Casas, donde se espera que al menos tres personas capacitadas estén por casa para atender a casi 50 niños en cada una.
“Yo tuve que recorrer casi dos horas desde Gutiérrez Brown a Fila Méndez para llegar y llevar el curso de la UCR, pero la capacitación fue muy importante. Uno no sabe en qué momento se le puede presentar una emergencia y requerir primeros auxilios. Al trabajar con niños nunca falta un accidente o alguna cortada”, mencionó Adriana.
Pero hay más. Aunque la prioridad es la niñez, con esta formación la población nägbe no solamente tiene más habilidades vinculadas con la atención en salud, sino que también el certificado les abre las puertas hacia diferentes posibilidades de empleo.
En ocasiones, según comentó el Dr. Segura, el Ministerio de Salud solicita la certificación del personal para que distintos entes del cantón entren en funcionamiento y una es, justamente, saber aplicar maniobras para atender algunas emergencias.
“Si bien la capacitación les permite a las cuidadoras obtener los conocimientos, el certificado también les ayuda a conseguir diferentes empleos cuando las Casas de la Alegría cierren por la finalización de la recolección de café. Por lo tanto, esta formación también les va a dar un crecimiento personal y socioeconómico”, afirmó el médico.
Durante este 2022 se espera realizar una actividad semanal y una visita a seis Casas de la Alegría cada semana. Esto llevará al menos un trabajo bimensual orientado a cubrir las diez casas que se están planificando abrir. Fotografía del Dr. Jean Carlo.
Lo que viene
Con las capacitaciones concluidas, ambos proyectos liderados por el Dr. Segura y el Dr. Vargas iniciarán una fase de seguimiento. A partir del segundo ciclo del 2022 y hasta el inicio del 2023, se harán visitas directas para trabajar con los niños y las niñas en actividades de neurodesarrollo y cuidado infantil, al menos una vez al mes.
Asimismo, se vigilará el tema de la pediculosis, se recolectarán muestras y se entregarán aspiradoras para piojos a fin de disminuir la prevalencia de esta enfermedad.
“Como siempre lo hemos hecho, buscaremos una participación estudiantil directa. Ya sea, de los trabajos comunales universitarios, o de los proyectos de extensión docente y de estudiantes avanzados en salud. Por lo general, siempre están interesados en participar activamente en estas actividades”, puntualizó el Dr. Segura.
En los próximos seis meses, cada Casa de la Alegría tendrá al menos dos o tres visitas por parte del cuerpo docente y estudiantil de la UCR para dar continuidad a las cuidadoras que llevaron la capacitación.
“Lo valioso de esto es que las personas nägbe obtienen nuevos conocimientos pero, principalmente, tienen una mayor apertura a oportunidades y accesos a la Universidad de Costa Rica”, concluyó el joven médico.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Después de Antigua y Barbuda, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Santa Lucía (en el 2020), Argentina y México (2021), Chile es oficialmente el Estado Parte número 13
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú. Desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile.
La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, plantea ahora algunas interrogantes: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión enardecida en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe (y cuyo texto se encuentra disponible en este enlace).
Con relación a Costa Rica, esta adhesión de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose de paso la pronunciada soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo veremos en las líneas que siguen.
Un detalle de números que merece mención
Resulta oportuno precisar los números obtenidos en las votaciones que se realizaron en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú:
– El 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones;
– El 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.
Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y que cuando un Poder Ejecutivo se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, no hay «argumentos» en su contra que se logren sostener.
A su vez, estas cifras alcanzadas en ambas cámaras chilenas recuerdan que, en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado); que, en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial); y que, en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).
Como se ha indicado anteriormente, a partir del 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13 (de 33 Estados que pueden serlo). Cabe recordar que, de estos 33 Estados, 24 lo han firmado mientras que 9 no lo han hecho. De los 24 que ya lo han firmado, permanecen 11 Estados sin aprobación legislativa del Acuerdo de Escazú.
Una anhelada rectificación por parte de Chile
La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.
Escazú: un instrumento de vanguardia
Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1).
Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 2). Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa.
Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.
En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas, así como público en general interesado.
En estos primeros días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad; y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas
Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 3).
Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas.
El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a cambiar de parecer, al sostener que:
«los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde«.
No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 (que tuvimos la oportunidad de analizar), la segunda se realizará también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.
En América Latina se considera que, a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.
Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata de un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:
«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.
En estos primeros días de julio se ha informado de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe precisar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.
El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y Constance Nalegach, exnegociadora del Acuerdo de Escazú, durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).
Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda
No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Se observa a Costa Rica en semejante lista de ¿Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
En el caso de Costa Rica, la ejemplar adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.
Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase, por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022).
Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado «Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves» da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales.
Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) evidencia la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar una participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el pasado 15 de julio (véase nota del Semanario Universidad) que viene a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.
Manifestación contra el Ministerio de Salud (con la presencia de la ministra de Salud María Luisa Ávila), el 21 de agosto del 2008, por el intento (algo original) de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exportación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron de un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica.
Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»). La foto pertenece a los archivos del autor.
Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de El Eco de Tandil).
Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas
Como lo recordamos, durante la última semana de junio en un foro internacional sobre Derechos Humanos celebrado en San José (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos, véase el video con nuestra intervención a partir del 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998). Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica y en muchas partes de América Latina.
En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR, «Lo que importa«, dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla y lo que recientemente tuvimos la oportunidad de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero-Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).
Los costarricenses (pero también los colombianos, los guatemaltecos, los paraguayos y los peruanos) ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con esta adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.
Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.
Ya nuestro colega Mario Peña Chacón ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una «nota» en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional, en la que se lee que:
«Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase «cuando corresponda» citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba» (Nota 4).
Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su extraña «nota» por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998, año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental, algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y el lector, es con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores).
Con relación a otros supuestos “argumentos” contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de DobleCheckasí lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú».
El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase, por ejemplo, la carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente (véanse, por ejemplo, en Perú, este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros —y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana—, o bien, este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase el texto completo).
Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de EcoTurismo y Turismo Sostenible (Canaeco) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la Canatur (véase comunicado). La cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa gran parte de su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¡adversa el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente! Vaya tristeza, desconsuelo y profunda consternación para muchos.
Igualmente, puede resultar desconcertante el hecho de que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses. El desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la Cancillería costarricense sobre esta misma reunión no encontró eco en ningún medio de prensa en Costa Rica (Nota 5).
La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina
Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento», único en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas, realizado por su Poder Judicial.
En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.
El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran a la Sala Constitucional (Nota 6).
En realidad, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente divulgada y cuestionada (Nota 7).
Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad —en nuestra opinión bastante insólita— del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Algunos aportes realizados desde la UCR
A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual.
De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«, el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video).
Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales«, que también se recomienda (véase video).
Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo).
Por razones que desconocemos, ambos videos no han sido difundidos en las redes oficiales de la VAS de la UCR, como tampoco en las de la Rectoría (pese a incluir ambos documentales una entrevista al actual rector de la UCR), ni en las redes institucionales de la UCR. Esperamos que, al haberlos incluido en este mismo texto, se pueda paliar esta inexplicada omisión.
Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública. Este video realizado por el equipo de comunicadores de La Pulla (Colombia), titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas», da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso.
Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada «Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos» conducida por las juristas Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR.
Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión Café para Tres realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr (véase video). Se trató de un primer intento de debatir públicamente los «argumentos» de la UCCAEP.
A modo de conclusión
Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya algunas interrogantes:
– ¿Estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar?
– Al haber coliderado Chile y Costa Rica el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica?
– ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione?
– Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica (y que el Acuerdo de Escazú ofrece a todo Estado que lo aprueba)?
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.
Notas
Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental», Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).
Nota 2: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado «Comité de Cumplimiento» (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus? ¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura? ¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos «argumentos» en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa.
Nota 3: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debería inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Nota 4: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos «notas». Con relación al contenido de la «nota» de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojo al clima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: «Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto«, añadió Madrigal.»
Nota 5: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente», Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí.
Nota 6: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«. Este voto salvado es de marzo del 2020: a junio del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante «descubrimiento» refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda.
Nota 7: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y solamente ella) como un derecho humano. Ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida». Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
La Red de Interculturalidad fue creada hace algunos años por docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión (UNA) y de la Sede de Occidente (UCR). Participan también otras personas: estudiantes, gestoras culturales, educadoras, entre otras.
Su principal objetivo es visibilizar la diversidad cultural de la sociedad costarricense.
Por eso, esta Red considera importante conmemorar el cambio que en el año 2015 se realizó en el artículo 1 de la Constitución Política. Finalmente, después de muchos siglos, se reconoció que somos un país multiétnico y pluricultural.
Ese cambio debe tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida nacional: en las políticas educativas, migratorias, culturales; en el campo de la salud, del derecho; en las relaciones internacionales, etc.
Es por esa razón que la Red, con el apoyo de la Universidad Nacional, organizó la campaña “Costa Rica multiétnica y pluricultural”, que se desarrollará entre los días 9 y 20 de agosto.
La campaña consiste en la difusión, cada día, de una imagen o video sobre el tema de la diversidad cultural de Costa Rica. Con esta campaña se busca contribuir a la superación de todas las formas de violencia cultural que todavía dificultan nuestra convivencia.
Compartido con SURCOS por José Mario Méndez Méndez.
Investigación UCR consultó a 18 mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La legislación existente en Costa Rica no detiene la violencia política contra las mujeres
El aumento de la participación de las mujeres en la política nacional promueve las manifestaciones de violencia y discriminación en redes sociales, así lo determinó una investigación desarrollada por la M.Sc. Yanet Martínez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“En 2018, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa alcanzó el mayor número de diputadasen la historia del país. Aunque esto representa un hito y fue un logro político importante, también fue el año en que tuvimos un aumento de la violencia política contra las mujeres”, expresó Martínez.
Los resultados de esta investigación se derivan de 18 entrevistas a mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en el período entre 2014-2022; con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales.
Entre los criterios de selección de las mujeres entrevistadas, se buscó a aquellas con participación en la función política en los últimos ocho años y que fueran provenientes de diversos partidos políticos y posturas ideológicas, para lograr un equilibrio en los resultados por analizar.
La violencia política en Costa Rica se tipificó en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2021. Esta normativa contempla el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, como medio de protección a las mujeres en el escenario político.
“La existencia de esta legislación no asegura su cumplimiento ni la erradicación de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política, ya sea de tipo simbólica, mediática o en redes sociales”, expresó Yanet Martínez.
La académica agregó que “Cada avance es resultado de la lucha colectiva, en este caso de la mujeres y de personas aliadas, pero una vez lograda la normativa no se acaba la historia ahí, sino que debemos trabajar el tema educativo, cultural, entre otras dimensiones”.
Yanet Martínez Toledo, directora e investigadora en temas de género del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La violencia política trasciende al espacio digital
La investigación determinó que las redes redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se manifiesta la violencia contra las mujeres vinculadas a la función pública, como lo es el caso de las entrevistadas más jóvenes, quienes experimentaron la utilización de fotografías de sus perfiles privados para desacreditar su labor política.
Según detalla el estudio, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en espacios digitales forman parte de una cultura de discriminación hacia esta población en el espacio público. Existe un círculo de violencia en el que se conjugan expresiones en espacios presenciales y digitales; siendo entornos donde se presentan de manera directa la violencia de género y un ataque al ejercicio político de las mujeres, como medios para transgredir la ideología y a las opiniones de las mujeres y sus cuerpos.
Martínez aseguró que “las mujeres vivimos en contextos de violencia y violencia simbólica, que puede pasar por el acoso, pero en las redes sociales pasa por otras formas de acoso y hostigamiento. Cuando eres una mujer en política estás entrando en un territorio que tradicionalmente ha sido masculinizado, que es un espacio donde está naturalizado la violencia contra las mujeres”.
Respecto al uso político de redes sociales, las mujeres entrevistadas reportan las expresiones de violencia y hostigamiento a través de diversas plataformas. Se determinó que 17 de las 18 entrevistadas han experimentado manifestaciones de violencia siendo usuarias de Facebook; 11 como usuarias de Instagram y 7 a través de la plataforma de Twitter.
“En los mensajes privados es donde a veces pasa de todo. Uno dice: no puede ser que alguien en sus cinco sentidos llegue a estas cosas. Pero de ahí en fuera tratamos de manejar todo con cautela, con mucha prudencia. Y respirando un poco, porque sí a veces uno desea contestar muchas cosas, pero sabe que no debe o no puede hacerlo”, declaró una diputada del PLN-Alajuela (2018-2022).
Algunas entrevistadas optaron por un uso limitado de sus redes sociales, como forma de autocuidado, velando por su propia salud mental y obviando de cierta forma las manifestaciones de violencia suscitadas por su función política.
La investigadora afirma que la totalidad de las mujeres entrevistadas han vivido violencia política de manera directa, o al menos conocen a una mujer que lo haya experimentado. Sin embargo, también se ha determinado que en algunas ocasiones no se reconoce la violencia y por tanto, se omite haberla experimentado.
El estudio contempló una serie de medidas para mitigar las expresiones de violencia contra las mujeres entrevistadas mediante diversos esfuerzos de sus equipos de comunicación, a fin de identificar los comentarios con contenido de odio, el establecimiento de diálogos y publicaciones que apelen a la conciencia de la población sobre este tipo de contenidos.
En Costa Rica existen entidades que desarrollan acciones de incidencia para promover la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación, como son la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Estas instancias contemplan la investigación como estrategias colectivas para el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres que incursionan en política.
Para la coordinadora del PROLEDI, la M.Sc. Giselle Boza Solano, el estudio abordado propicia el debate político y académico para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación en diversos escenarios.
“La investigación contribuye hacia una apertura del plano académico, el fortalecimiento de los usos políticos de las redes sociales, así como en la construcción de una ciudadanía política que ayude a afrontar las manifestaciones de violencia política, mediática y en redes sociales”, expresó Boza.
Gustavo Martínez Solís, Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
La aplicación del asfalto verde en la UCR, denominado así por incluir plástico de desecho, se realizó en el mes de diciembre del 2020 en una tramo de la Finca 3. Foto Ernesto Villegas, UCR.
La decisión se basa en los resultados positivos que obtuvo el proyecto piloto que se desarrolló y se aplicó en un tramo que se ubica en Finca 3
Con el objetivo de aprovechar y reutilizar uno de los materiales más contaminantes que produce el ser humano, y así unirse a los esfuerzos constantes que realiza la UCR para proteger el medio ambiente, la Oficina de Servicios Generales (OSG) solicitará que el asfalto que se aplique en las calles internas de esta institución,en sedes y recintos,provenga de la mezcla con botellas de plástico.
Por lo tanto, en un futuro cercano las licitaciones que busquen adjudicar trabajos con pavimento en las vías internas universitarias incluirá, como una especificación técnica, el proceso descrito dentro del proyecto denominado: Diseño de la producción de mezclas asfálticas modificadas con residuos plásticos.
Este proyecto forma parte de la tesis para optar por el Doctorado en Ingeniería de la UCR, elaborada por el máster Ernesto Villegas Villegas; y dirigida por el Dr. Roberto Quirós Vargas, de la Escuela de Ingeniería Industrial (EII); y el Dr. José Pablo Aguiar Moya, de la Escuela de Ingeniería Civil (EIC).
Para asfaltar el tramo de 30 m de largo se necesitaron 1 157 kg de botellas de plástico de 600 ml trituradas, tal y como se ven en los baldes antes de que sean introducidos en la mezcladora. Foto Ernesto Villegas, UCR
Ya se realizó un plan piloto de asfaltado en la Finca 3, en donde se ubican las instalaciones deportivas y otros edificios, en un tramo de 30 m de largo, 5.5 m de ancho y con 4 cm de grosor.
Esta iniciativa de la UCR vendría a cumplir con el mandato expuesto en la Ley Nº 9828 sobre el uso de materiales reutilizables en pavimentos y obras de infraestructura vial, que se publicó en La Gaceta Nº 148 del 20 de junio del 2020.
“La idea es incluir este proyecto dentro de los trabajos que se desarrollan a lo interno en la UCR, en los que se utilice asfalto; y la propuesta goza del apoyo de la Vicerrectoría de Administración”, indicó el Ing. Antonio Marín González, jefe de la OSG, en una presentación que se llevó a cabo el pasado mes de junio.
De manera manual se coloca el asfalto verde sobre la calle y se distribuye la mezcla por toda la superficie. Todo el proceso se realiza de la misma forma en la que se aplica el asfalto normal. Foto Ernesto Villegas, UCR.
Una alternativa amigable con el ambiente
El máster Ernesto Villegas explicó que la mezcla asfáltica utilizada en el tramo localizado en Finca 3, incluyó un total de 7 000 botellas plásticas de 600 ml y sus respectivas tapas, lo que representó un total de 180 kg de plástico.
“Esa cantidad de plástico se unió a 1 157 kg de asfalto y 16 912 kg de piedra, y con la ayuda de una planta procesadora de la empresa Pavicen, se logró conjuntar el material a una temperatura muy alta para después aplicarlo normalmente sobre la calle. Al diluirse el plástico, éste actúa como una goma que amarra todavía mejor la mezcla asfáltica. Dicha procesadora, que era pequeña, necesitó 30 minutos para procesar las 18 toneladas y ahora, casi 20meses después de que fuese aplicado, el asfalto luce impecable”, afirmó Villegas.
Finalmente, el Dr. Roberto Quirós dijo que los detalles de esta propuesta se publicarán próximamente en revistas científicas, y están disponibles para que aquellas instituciones encargadas del mantenimiento y construcción de las carreteras los conozcan y los apliquen.
“Es una excelente alternativa para darle un uso práctico al plástico de desecho, y aunque no es una idea nueva, pues también ha sido desarrollada y aplicada en países como India, Irlanda, Escocia, etc., yacontamos con una metodología fiable y comprobada para usarla acá en Costa Rica”, aseveró Quirós.
Este trabajo se enmarca dentro de los conceptos que promociona la economía circular, que procura que los productos que elabora la sociedad siga un ciclo que inicia con el diseño, la producción, la utilización, el reciclaje y la reutilización de los materiales, por lo que dicho ciclo no tiene conclusión; en contraposición a la economía lineal, en el que el ciclo de consumo es: diseñar, producir, utilizar y desechar, lo que resulta en contaminación ambiental con materiales a los que se les puede dar otro uso, como el plástico.
Así se veía el tramo en Finca 3 antes de ser asfaltado. Foto Ernesto Villegas, UCR.
Esta es la misma calle una vez que concluyeron los trabajos de reparación con el asfalto verde. Foto Ernesto Villegas, UCR.
Otto Salas Murillo Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Rocío González (izq.) y Dunia Méndez forman parte del proyecto de Acción Social de la Sede de Guanacaste, dirigido a mejorar la gestión de las MIPYMES. Foto cortesía Ana María Quirós.
La UCR trabaja en conjunto con actores fundamentales de la provincia para mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades
Desde la incorporación a Costa Rica del partido de Nicoya ocurrida el 25 de julio de 1824, la identidad cultural costarricense no podría definirse sin los aportes culturales, económicos y naturales de esta provincia, sin embargo es una de las provincias con mayor desigualdad, alto desempleo y pobreza.
Según los datos del Banco Central, Guanacaste es la segunda provincia con menor desarrollo empresarial (9.343 empresas) en el 2017. Considerando la importancia de las PYMES y su potencial vinculación con la principal actividad económica de la región (el turismo), la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla en la región Chorotega varios proyectos de acción social, entre los que destaca el ED-3245Servicios de capacitación y asesoría para micro y pequeñas empresas procesadoras de alimentos (PYMES) en la provincia de Guanacaste.
Su principal objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de PYMES aplicables al procesamiento, control de calidad e innovación de productos alimenticios, para el desarrollo del sector agroindustrial en la región Chorotega. Muchos de estos productos son elaborados con cultivos de la zona.
Con las capacitaciones sobre manipulación e inocuidad de los alimentos,estandarización de procesos, etiquetado y registro, se espera que las PYMES mejoren la calidad y cumplan con los requisitos necesarios para obtener los permisos del Ministerio de Salud que les permitan operar en diversos mercados, y de esta forma se amplíen sus oportunidades económicas, ya que estos productos en su gran mayoría se realizan de forma artesanal.
La carrera de Ingeniería de Alimentos, de la Sede de Guanacaste, ha organizado varios talleres y charlas para las y los participantes del proyecto. Foto cortesía Ana María Quirós.
Según la Licda. Ana María Quirós Blanco, coordinadora del proyecto, desde el 2015 han trabajado en los 11 cantones de la provincia de Guanacaste, no solo contribuyendo al desarrollo de la ingeniería de alimentos y agro industrial, sino también en el rescate de algunos aspectos de la cultura culinaria de la provincia.
Gracias a que en la Sede de Guanacaste de la UCR se imparte la carrera la Ingeniería de Alimentos, se logró que participaran en este proyecto ocho de los 10 docentes de esa carrera, así como estudiantes que por medio del Trabajo Comunal Universitario TC-721 Apoyo a MYPIMES de la provincia de Guanacaste, participan activamente para brindar las capacitaciones.
Rocío González, una de las participantes del proyecto cuyo emprendimiento es la carnicería Jomar, que se ubica en Abangares, recibió asesoría técnica y recomendaciones para cumplir con los requerimientos que solicita el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), así como mejoras en la creación de procesos e inocuidad de los alimentos.
“Elaboramos desde cero los productos, traemos la carne del matadero, hacemos los cortes y elaboramos embutidos, chuletas ahumadas, chorizo chino, tocineta ahumada, pastrana y salchichón jamonado. Nuestro proceso es totalmente natural y lo hacemos de forma artesanal”, concluyó González.
Este proyecto tiene como objetivo el impulso de las MIPYMES en Guanacaste, con el fin de mejorar la calidad de vida en las comunidades locales. Foto cortesía Ana María Quirós.
Por su parte, Dunia Méndez, quien es dueña de un emprendimiento de productos en Hojancha llamado Lácteos DValle, resaltó la formación integral que ha recibido en las capacitaciones y que responde a necesidades concretas adaptadas a la realidad de los productores.
“La capacitación que obtuve fue en cómo realizar la pasteurización de forma correcta, lo cual es muy importante cuando hablamos de productos lácteos, y las temperaturas adecuadas de los cultivos en el caso del yogurt, ya que mi formación en ese campo era muy básica”, indicó Méndez.
Ambas productoras se caracterizan por desarrollar sus productos desde las etapas más básicas de la materia prima, pasando por el envasado o empaquetado, hasta lograr la distribución en el mercado local.
Uno de los principales aportes de Guanacaste al país es su gastronomía y producción agropecuaria. En ese sentido, Ana María Quirós destacó la importancia de la industria agroalimentaria en la provincia, dada la cantidad de PYMES que se dedican a esta actividad y el servicio que le brindan al turismo, que representa la primera actividad económica de Guanacaste.
Así, este proyecto de la UCR contribuye a la economía, la innovación y al rescate de la cultura alimentaria de la región Chorotega.
Esteban Umaña Picado Periodista de la Vicerrectoría de Acción Social, UCR
Estudiantes del TCU: Arte Público trabajando en un mural en la Escuela de la Sabana, Térraba.
El fallo judicial que atribuye una afectación de los derechos morales de Miguel Casafont por responsabilidad de la Universidad de Costa Rica al tapar su obra Tejiendo Sonidos ha abierto una discusión de múltiples aristas que genera desencuentros, preguntas, incertidumbres y temores entre las personas interesadas en el arte, el espacio público y el patrimonio. La afirmación apresurada de que con tal veredicto “gana el arte o el sector artístico” me parece imprudente y algo clasista, por apegarse a ideas hegemónicas sobre el arte y no valorar las consecuencias reales que podría tener en las prácticas profesionales de las personas artistas (sobre todo las jóvenes).
En este escrito trataré de abordar los aspectos relativos a la reflexión sobre el arte detrás del fallo y las contradicciones con las discusiones actuales sobre el valor o función de arte y el patrimonio que se sitúa en espacios públicos. También, por último, valoraré algunos probables impactos que esto podría tener en el ejercicio profesional de los artistas interesados en la práctica del muralismo y el arte público. Dados los límites de mi formación, excluiré de este artículo cualquier valoración sobre derechos de autor, la justicia detrás del fallo, la jurisprudencia o la defensa presentada por parte de la UCR.
En primer lugar, es importante reconocer que en el país existe una constante violencia hacia el patrimonio y las obras de arte en el espacio público. En este caso, se afectó la visibilidad y legibilidad de la obra de Casafont y esto generó una perturbación anímica en su persona; no hay porqué dudar de ello, dado que fue acreditado por el juzgado. Una primera consecuencia de este fallo es que se señala a la Universidad de Costa Rica como actor material de esa violencia, lo que tiende a crear en la opinión pública la idea de que la UCR no respeta el patrimonio ni el arte que se desarrolla en el campus, lo que es falso. En defensa de la Universidad de Costa Rica habría que decir que dicha institución ha sido promotora del arte público, que siempre ha reconocido la importancia del arte en la vidauniversitaria y que además de financiar y adquirir obras, recientemente ha apoyado proyectos de catalogación de su inventario y de restauración de obras como el mural de Eduardo Torijano El teatro costarricense: 1890-1930, ubicado en el edificio de Letras. Sin embargo, es importante decir, que estas acciones no derivan de una política institucional uniforme ni clara, sino que dependen de las diferentes voluntades políticas de decanos, directores, otras autoridades, docentes, personal administrativo y de los mismos artistas que se implican en esos procesos. Por tanto, no es de extrañar, que también se den casos en los cuales no se respeta a los artistas o sus obras. Un ejemplo de ello, más grave y penoso que el que afectó a Casafont, es el borrado total del mural del artista Dennis Palacios Solano en las residencias estudiantiles, un mural elaborado a partir de un proceso de investigación serio e impulsado por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para mejorar la habitabilidad de dichos espacios en tiempos en los cuales se habían presentado varios suicidios. Un cambio de administración y el mural fue borrado, hoy es una pared blanca con dos pizarras de caucho.
Eduardo Torijano, El Teatro en Costa Rica, 1890-1930. Antes y después del proceso de restauración del 2020 realizado por César Ulate Calderón.
Ahora bien, tenemos que dar un paso fuera del presente caso y de la UCR para matizar esta idea de la violencia patrimonial y examinar la congruencia con las definiciones contemporáneas del arte y el espacio público, sobre todo porque muchas veces se habla de violencia patrimonial desde una definición hegemonizante y aurática de la obra de arte, olvidando que si bien es cierto existe violencia hacia el patrimonio y el arte público, el arte público y el patrimonio puede ejercer violencia hacia las personas (sobre todo a las minorías) en su imaginario simbólico y su vida cotidiana[1]. Más aún, cuando las definiciones que se perpetúan en el país sobre el patrimonio son conservadoras, coloniales y patriarcales. Ejemplos claros de ello es el bronce de Vázquez de Coronado en el Parque España, el Monumento a León Cortes en La Sabana o el Arco Chino en la reconversión del Paseo de los Estudiantes a Barrio Chino: una decisión especulativa con afectación a la historia y la identidad de San José y el país. Precisamente esas definiciones hegemónicas de la obra de arte funcionan como el gozne de esas dos violencias: la primera que impide la remoción del espacio público de monumentos y esculturas carentes de valor, inoperantes, violentas algunas o incluso riesgosas materialmente, productos de políticos de turno que desde una autoridad pasajera se dieron las competencias para imponer en la vida urbana mobiliario inútil, obras pastiches (como el Cerati blanco) u ocurrencias sesgadas ideológicamente. Y la segunda, la que niega la posibilidad de articular una política de protección basada en criterios fundamentados y actuales sobre la función del arte en el espacio público, no como una ontología del bronce o el mármol, sino como pensamiento activo que construye espacio de discusión participativo, inclusivo y abierto para consolidar y construir lo común. Al contrario, es usual ver cómo se utiliza el patrimonio (normalmente olvidado) como piedra arrojadiza de una indignación hipócrita, dirigida a las expresiones y reivindicaciones de los movimientos sociales para reducirlos a actos vandálicos. [2]
En el caso de Tejiendo sonidos, me parece que eso último es lo que ha faltado, una discusión profunda sobre el valor de la obra que integre el pensamiento que ha construido y la repercusión que ha tenido a nivel académico, social y cotidiano en la vida estudiantil. Porque hasta ahora, los criterios expertos publicados en el artículo de Amelia Rueda se limitan a valorar la obra por su estar ahí como obra plástica o por ser bella… y claro, para gustos, los colores. Los argumentos con algo más de valor y complejidad los da el mismo autor, quien afirma la importancia de la cualidad cinética y la inspiración colorista oriental.
Al respecto del Arte Cinético, para aquellos que no saben, es una subvariante del Minimalismo que, a través de la organización secuencial de la forma y el color, produce efectos visuales según los desplazamientos del espectador. Este movimiento se desarrolló en Estados Unidos, algo menos en Europa y con mayor peso en Argentina, donde se llamó Cinetismo. Sin embargo, su repercusión actual es cuestionada como lo es la mayoría de tendencias formalistas de la segunda mitad del siglo XX y, al contrario, del favorecimiento a las manifestaciones conceptuales más politizadas. Tanto es así que, en los documentos indispensables para estudiar la segunda mitad del arte siglo XX, After Modern Art 1945-2017 (Hopkins, 2018) de la serie Oxford History of Art y Arte desde 1900 (Bois et Al, 2006) de los autores de October, aparece de forma escueta y marginal. En Costa Rica, aunque con un legado muy amplio de arte abstracto de naturaleza formal, el movimiento no tuvo desarrollo, siendo la obra de Casafont, en efecto, uno de los pocos ejemplos. La pregunta es si esto le determina un valor per se; a mí parecer no. La exclusividad no es un valor a priori, sino que, al contrario, eleva cuestionamientos sobre su repercusión o impacto en el pensamiento artístico costarricense. Por otra parte, la afirmación de un valor pionero al ser la primera obra de este tipo en el país tiende a evidenciar cierto sesgo colonial tendiente a suponer que el arte costarricense se debe producir en conformidad a lo que sucede en Estados Unidos y Europa, aunque sea treinta años después. Ante estas dos ideas, yo plantearía que se hiciera un examen de la repercusión de la obra dentro de la lógica interna del arte costarricense, preguntándonos por la producción académica que ha derivado de ella, los escritos en los que aparece, la influencia que ha producido en otras personas artistas y el efecto que ha tenido en los y las usuarias del edificio y del campus universitario a nivel de identidad y reafirmación colectiva de pertenencia. Una investigación que aborde esos ejes está claramente pendiente.
Si la obra es cinética o no (más allá de las etiquetas históricas y académicas), me parece cuestión secundaria. En esencia, desde las teorías y metodologías que abordan el diseño del arte público, toda obra mural se reconoce interactiva en relación con los tránsitos de los usuarios y las diferentes miradas que en ella se pueden realizar en un marco espacio-temporal. Para el diseño de un mural, se recurre a estudios de transitabilidad y de angularidad que tienen como propósito organizar el diseño en función de los recorridos peatonales y el uso común del espacio circundante (Torijano, 2008). En ese sentido, el mural de Conmemoración de los 30 años de Trabajo Comunal en la Facultad de Derecho, se afecta de la misma forma por el nuevo paso elevado en San Pedro sin la necesidad de una etiqueta que lo valore como cinético.
Al respecto del color, los especialistas coincidirán en su valor, algo que respalda el reconocimiento que goza Miguel Casafont en la Escuela de Artes Plásticas (EAPL) como colorista de gran talento. Yo me uno a ellos en tanto mi predilección por el color en el espacio público. En contra del acostumbrado gris de las ciudades, el color es un factor de relevancia para promover la imaginación y mejorar el ambiente urbano. Pero, es importante reconocer que desde hace quince años, desde que yo era estudiante, ya la obra no gozaba del color con que fue diseñada y había dejado de cumplir tal posible objetivo. En ese sentido, la obra ya sufría una afectación por la naturaleza de los materiales que habían sido seleccionados para su confección y por la ausencia de mantenimiento que requería.
Estado Actual del Mural Tejiendo Sonidos de Miguel Casafont. (Fotografía: Pablo Bonilla, 2022)
Normalmente, cuando se da una afectación de este tipo (desconozco si es este el caso) es responsabilidad de las dos partes: del artista que por lo general no entrega una carta técnica con los materiales utilizados, los plazos de resistencia de los materiales y los procesos ideales para su restauración y la administración del inmueble que se desentiende de velar, financiar y gestionar esos procesos en tiempos adecuados, pensando que la obra entregada es eterna. No tengo información precisa sobre porqué la obra de Casafont no ha sido restaurada, los chismes me indican que el artista sí demostró un interés por promoverla. Pero en todo caso, la consecuencia de ese deterioro fue la invisibilización y la perdida de afecto de la comunidad universitaria por ella, algo que se evidenció por los comentarios en redes sociales de, mayoritariamente, estudiantes de música, muchos de los cuales ni sabían que era bella ni que había estado ahí desde siempre. En ese sentido, el valor y el aporte del color no puede reconocerse desde una noción ontológica y formal, sino reconociendo el impacto o efecto que puede tener en las personas que gozan de él en lo cotidiano, es una cuestión pragmática consustancial al arte público… por eso mismo se llama arte público, se supone que es de la gente que lo recibe y que lo vive.
Y eso último, me parece de vital importancia, porque tiene que ver con la razón del arte público, que no debería privilegiar los derechos del artista por encima de los de las personas que transitan los espacios circundantes. Un antecedente valioso para entender esto fue el caso de la obra Tilted Arc (1981) de Richard Serra emplazada en Federal Plaza, New York. Después de un largo proceso judicial esta obra fue removida porque generaba conflictos en el uso operativo de la plaza, tanto en tránsito como a nivel de seguridad, algo que me parece razonable. Desde esa lógica, coincido con las autoridades universitarias al privilegiar la conveniencia y bienestar de la comunidad estudiantil de la Escuela de Artes Musicales. Suponer constantes traslados de equipos e instrumentos a la Ciudad de la Investigación o al fondo de las Instalaciones Deportivas hubiera generado costos e inconvenientes para la administración, docentes y estudiantes, muchos de ellos menores de edad de etapa básica, que tendrían que estarse desplazando de un campus a otro. Algo me hace sospechar que la no apelación al fallo de Oficina Jurídica (criticada por muchos) se debe, en parte, al cálculo por el costo de todos esos desplazamientos en un mediano plazo.
Ahora bien, entendido el arte público no como un presencia o valor estético cuasi-mágico, sino por su función o aporte al conocimiento, nada evitaba que tapar la obra no fuera compensado con gestos o acciones que pudieron dignificarlo en ese sentido. Acciones para la documentación, divulgación y revalorización académica de la obra, incluso en su ausencia, pudieron reivindicarla como productora de conocimiento: reconociendo su valor conceptual y no reduciéndola a una obra que hay que preservar porque es bella para algunos, siempre ha estado allí o fue objeto de controversia. Sobra decir que, bajo esa lógica reduccionista, el futuro que le espera -ya judicializada y conflictuada- será el de seguir deteriorándose no solo en su registro material, sino a nivel simbólico, ya que una obra de arte no se clausura en la afirmación o proclama de su autor, ni en su materialidad, ni en los criterios especializados, sino que constantemente se redimensiona en las vivencias que se acumulan en ella, sean positivas o negativas; más aún en el arte público, expuesto de forma radical a la vida social y política en todo su espesor. Así, la obra de Casafont dejará de ser cinética para devenir en la huella borrada de un fallo judicial.
Por último, quisiera retomar las repercusiones que podría tener este fallo a la comunidad artística que produce arte público y murales. Al principio afirmé con contundencia que decir que “ganó el arte” tenía su sesgo clasista. Más allá de sospechar que usualmente solo ganan los juicios los que pueden asumir el riesgo de costear abogados, como he tratado de demostrar en este escrito, esa afirmación se sustenta en ideas hegemónicas sobre el arte y su valor intrínseco, que desconocen el marco epistemológico del arte público, pero que, también, desconocen las dificultades y la precarización que sufren las personas artistas jóvenes en este ámbito. No es difícil imaginar que una consecuencia de este fallo será limitar el interés institucional y privado en la financiación de obras murales, por temor de adquirir compromisos de restauración onerosos y la posibilidad remota de ser demandados décadas después por cualquier devenir azaroso. En la UCR ya está pasando, actualmente obras murales programadas y presupuestadas están en pausa y en alitas de cucaracha. De perpetuar tal dirección de miedo e incertidumbre, sin lugar a dudas afectará a los artistas-docentes de la institución, a las personas artistas contratadas para la ejecución, a los TCUs que hacen arte público en comunidades e, incluso, proyectos de graduación de estudiantes de Artes Plásticas. Un camino que no se puede seguir, ya que además de contradecir el Artículo 1 de su Estatuto Orgánico, afectará la formación de los y las futuras artistas y, con ello, las herramientas para defender el campo profesional fuera de la Universidad.
Contemplando lo positivo, no se puede negar la oportunidad que se abre, ya que el fallo aclara un panorama que debe obligar a investigadores y artistas interesados en el arte público y a la administración de la Universidad de Costa Rica a formalizar criterios de contratación que sean ejemplares para el resto de la sociedad, a aclarar las dudas al respecto de los derechos de autor (sobre todo en obras de orden participativo o comunitario), a generar espacio de discusión y establecer normas, procedimientos, instancias y responsables para restauración de las obras de arte público, todo con el fin de reivindicar la importancia del arte, no en sí mismo, sino por sus aportes a la configuración de lo común en el espacio social. Esa oportunidad ha sido tomada y la presente administración y el Consejo Universitario han actuado con prontitud. Desde la misma Rectoría se ha conformado un equipo de trabajo interdisciplinar, que incluye personal de la ODI, Oficina Jurídica, la RED+Museos, PROINNOVA, IIARTE, OEPI y las Escuelas de Ingeniería, Arquitectura y Artes Plásticas con el propósito, no solo, de dar respuesta a los acuerdos tomados por el Consejo Universitario en la sesión No 6615, articulo 5, celebrada el 14 de julio de 2022, sino también te implementar medidas para mejorar la gestión y mediación del Arte Público en vías de promover su aprovechamiento, considerando su aporte en la configuración de un Campus Universitario entendido como un espacio para el intercambio de saberes, conocimientos y afectos, que trasciende la idea de un reducto conformado por edificios y salones de clase.
Referencias:
Bois, Y.; Buchloh, B.; Foster, H. & Krauss, R. (2006). Arte desde 1900. Akal.
Hopkins, D. (2018). After Modern Art 1945-2017. Oxford University Press.
Torijano, E. (2008). El mural paso a paso. Sección de Impresión del SIEDIN.
