Las 15 personas indígenas capacitadas colaborarán en las Casas de la Alegría, entidades tipo guarderías, que albergan a niños y niñas indígenas ngäbe
“Esta es la primera vez que tengo un certificado con la UCR y significa algo muy bonito e importante. Tuve que caminar, coger bus y un taxi, pero aprendí cosas muy interesantes que me ayudan muchísimo porque en varios lugares piden primeros auxilios. Entonces se me abren muchas puertas”.
Así lo dijo Laura Julissa Vidal Contrera, quien con solo 18 años de edad, ya es parte de los 15 indígenas ngäbe de San Vito de Coto Brus quienes, por primera vez, logran recibir un certificado de capacitación otorgado por la Universidad de Costa Rica (UCR) de primeros auxilios y enfermedades infecciosas.
Este grupo de 15 indígenas son los primeros en sus familias en alcanzar esta meta bajo el sello UCR. Ahora, con su formación de 12 horas completada, podrán beneficiar a casi 500 niñas y niños de su mismo pueblo en las atenciones que brindan desde las Casas de Alegría ―instancias similares a guarderías―, que procuran contrarrestar el trabajo infantil durante el periodo de cosecha de café.
“Si no hubiera sido por la UCR, no hubiese podido llevar un curso como ese. Ahora sé cómo tratar a las personas si ocupan ayuda, cómo hablar y qué hacer si un bebé se está ahogando. Por ejemplo, cómo pegarle en la espaldita, cómo pasarlo a la otra mano y no meterle la mano a la boca para que no se atragante más. La verdad, estoy muy agradecida de que me tomaran en cuenta para este curso porque, en otros lados, he visto que hasta hay que pagarlo”, ahondó Laura.
Las Casas de la Alegría alojan a las y los hijos de las familias nägbe de Panamá y Costa Rica que se acercan cada año para trabajar en la recolección de café. Por lo general, estas casas se ubican dentro de las fincas cafetaleras cercanas a la frontera con Panamá.
Durante la estancia, a los niños y a las niñas se les cuida y resguarda mientras, al mismo tiempo, se les estimula su dieta, se les fortalece su salud e, incluso, su neurodesarrollo. Por lo tanto, al tener un aumento considerable en la cantidad de población formada, se garantiza la protección continua de los menores en caso de suceder un evento adverso. Los niños y las niñas ya no dependerán de un limitado grupo de cuidadoras capacitadas.
“Nos centramos en capacitar a las cuidadoras de las Casas de la Alegría porque ellas se encargan de salvaguardar la integridad de los niños y niñas ngäbe que se desplazan en la época de la recolecta de café a esta zona. Recordemos que esta población proviene de la comarca Panamá y son nómadas que permanecen, aproximadamente, desde agosto hasta finales de enero. Mientras los padres se dedican a la recolección de café, los niños y las niñas se quedan en esos puntos de cuido. Las cuidadoras pueden tener a su cargo hasta hasta 50 niños”, comentó el Dr. Jean Carlo Segura Aparicio, médico de la UCR y uno de los coordinadores de la capacitación.
El equipo de la UCR generó un plan de acción que abordó distintos ámbitos de salud. Entre ellos, primeros auxilios y enfermedades infecciosas. Fotografía del Dr. Jean Carlo Segura Aparicio.
“El 75 % de la población no había tenido acceso a una certificación de este tipo y ahora serán replicadoras del conocimiento como líderes comunales. Entonces, no es solamente un esfuerzo por capacitar a este grupo, sino que sabemos que estas 43 personas van a replicar conocimientos a lo largo y ancho de esta comunidad al sur del país”.
Dr. Jean Carlo Segura Aparicio.
Gran esfuerzo
La certificación otorgada por la UCR a la población indígena es el resultado conjunto del proyecto ED-3451 “Desarrollo de Capacidades en la Atención Primaria de la Salud en Población ngäbe” y el TCU-719: “Prevención de parasitosis emergentes y reemergentes”.
Cada uno es coordinado, respectivamente, por el Dr. Jean Carlo Segura Aparicio (médico) y el Dr. Jorge Vargas Carmiol (microbiólogo), docentes de la Escuela de Medicina de la UCR.
Los proyectos, que iniciaron sus aportes a la zona desde el 2018, buscan prevenir enfermedades, promover la atención primaria, incentivar nuevos procesos de enseñanza no formales, así como afrontar distintas enfermedades infecciosas como los geohelmintos (parásitos intestinales) y la pediculosis (piojos). Estos últimos afectan entre un 7 % a un 15 % de la población indígena de la zona, aseguró el Dr. Vargas.
“La pediculosis es una enfermedad importante de atender porque produce un retraso en la formación de los niños. Un niño con piojos se rasca la cabeza, le da vergüenza y se siente incómodo. Entonces, no pone atención en clase, no hace bien las tareas y sus notas bajan”, comentó el Dr. Vargas.
A lo largo de casi tres años, y de la mano con funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la intervención de la UCR ha permitido mejorar los índices de salud, estimular el neurodesarrollo de niñas y niños indígenas, así como que las madres reciban a sus bebés de las manos de parteras ngäbe, con capacidades obstétricas incrementadas.
Con este grupo capacitado en primeros auxilios y enfermedades infecciosas, la población indígena de la zona tiene mayores habilidades para aplicar maniobras eficaces y seguras ante heridas, hemorragias o atragantamientos. Además, poseen nuevos conocimientos sobre cómo proceder ante niños con parásitos intestinales o piojos.
“Los parásitos intestinales están en proporciones altas en esta población, de un 25 % a un 80 % o más. Esta enfermedad en ocasiones genera problemas digestivos y respiratorios en personas infectadas”, dijo el Dr. Vargas.
Dicho esfuerzo se suma a otra contribución dada por la UCR en el 2021, cuando la Escuela de Medicina capacitó a varias cuidadoras en el tema de neurodesarrollo infantil, uso de medicamentos, curación de heridas, utilización de las aspiradoras de piojos y el adecuado manejo infantil.
Casi el 90 % de las personas encargadas de las Casas de la Alegría son mujeres. El 10 % son hombres de la población indígena. Fotografía del Dr. Jean Carlo Segura Aparicio.
Formación
La capacitación de primeros auxilios y enfermedades infecciosas realizada en el mes de junio y julio fue para las 15 personas de la población ngäbe.
No obstante, otras 28 personas no indígenas de las comunidades de Sabalito, Mellizas y Guitiérrez Brown también aprovecharon la convocatoria para participar. En total, 43 personas (indígenas y no indígenas) fueron capacitadas para ayudar a esta población transmigratoria, vulnerable e infantil.
“Podríamos decir que tuvimos una población híbrida, entre personas de la comunidad de San Vito y también personas de la comunidad ngäbe que forman parte del equipo de trabajo de las Casas de la Alegría. Anteriormente, ya hemos hecho capacitaciones similares, perocon el trabajo conjunto hemos logrado aumentar en un 500 % la capacidad de atención a esta población”, ahondó el Dr. Segura.
La capacitación tuvo un plan de trabajo especializado que contó con el apoyo de Emanuel Gómez Rojas, coordinador de las Casas de la Alegría, así como varios estudiantes de la Escuela de Medicina de la UCR y de otras carreras del área de la salud.
Durante el aprendizaje, la población indígena tuvo la oportunidad de manipular varios simuladores de baja y mediana fidelidad. Con estos recursos lograron practicar varias veces las acciones a efectuar ante cada situación de emergencia. De igual manera, se utilizaron piojos de espuma a escala para que las personas conocieran la anatomía del parásito.
El entrenamiento se efectuó en la Casa de la Alegría Naval en Fila Méndez y la dinámica de enseñanza consistió en dividir a los participantes en tres grupos de formación de casi 14 personas. Cada uno trabajó en los distintos temas hasta completar las 12 horas.
“Con esta capacitación muchos mitos fueron aclarados. Varios compañeros y yo teníamos la creencia de que los piojos brincan y resulta que no. También, que contagiarse con lombrices era muy directo y no, tiene que pasar un proceso grande y no sabía”, aseguró Adriana Trigueros Gómez, participante no indígena.
El impacto
Las Casas de la Alegría iniciarán nuevamente su funcionamiento en agosto, fecha que coincide con el comienzo de la cosecha del café. Para este 2022, se proyecta abrir diez Casas, donde se espera que al menos tres personas capacitadas estén por casa para atender a casi 50 niños en cada una.
“Yo tuve que recorrer casi dos horas desde Gutiérrez Brown a Fila Méndez para llegar y llevar el curso de la UCR, pero la capacitación fue muy importante. Uno no sabe en qué momento se le puede presentar una emergencia y requerir primeros auxilios. Al trabajar con niños nunca falta un accidente o alguna cortada”, mencionó Adriana.
Pero hay más. Aunque la prioridad es la niñez, con esta formación la población nägbe no solamente tiene más habilidades vinculadas con la atención en salud, sino que también el certificado les abre las puertas hacia diferentes posibilidades de empleo.
En ocasiones, según comentó el Dr. Segura, el Ministerio de Salud solicita la certificación del personal para que distintos entes del cantón entren en funcionamiento y una es, justamente, saber aplicar maniobras para atender algunas emergencias.
“Si bien la capacitación les permite a las cuidadoras obtener los conocimientos, el certificado también les ayuda a conseguir diferentes empleos cuando las Casas de la Alegría cierren por la finalización de la recolección de café. Por lo tanto, esta formación también les va a dar un crecimiento personal y socioeconómico”, afirmó el médico.
Durante este 2022 se espera realizar una actividad semanal y una visita a seis Casas de la Alegría cada semana. Esto llevará al menos un trabajo bimensual orientado a cubrir las diez casas que se están planificando abrir. Fotografía del Dr. Jean Carlo.
Lo que viene
Con las capacitaciones concluidas, ambos proyectos liderados por el Dr. Segura y el Dr. Vargas iniciarán una fase de seguimiento. A partir del segundo ciclo del 2022 y hasta el inicio del 2023, se harán visitas directas para trabajar con los niños y las niñas en actividades de neurodesarrollo y cuidado infantil, al menos una vez al mes.
Asimismo, se vigilará el tema de la pediculosis, se recolectarán muestras y se entregarán aspiradoras para piojos a fin de disminuir la prevalencia de esta enfermedad.
“Como siempre lo hemos hecho, buscaremos una participación estudiantil directa. Ya sea, de los trabajos comunales universitarios, o de los proyectos de extensión docente y de estudiantes avanzados en salud. Por lo general, siempre están interesados en participar activamente en estas actividades”, puntualizó el Dr. Segura.
En los próximos seis meses, cada Casa de la Alegría tendrá al menos dos o tres visitas por parte del cuerpo docente y estudiantil de la UCR para dar continuidad a las cuidadoras que llevaron la capacitación.
“Lo valioso de esto es que las personas nägbe obtienen nuevos conocimientos pero, principalmente, tienen una mayor apertura a oportunidades y accesos a la Universidad de Costa Rica”, concluyó el joven médico.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Después de Antigua y Barbuda, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Santa Lucía (en el 2020), Argentina y México (2021), Chile es oficialmente el Estado Parte número 13
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú. Desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile.
La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, plantea ahora algunas interrogantes: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión enardecida en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe (y cuyo texto se encuentra disponible en este enlace).
Con relación a Costa Rica, esta adhesión de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose de paso la pronunciada soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo veremos en las líneas que siguen.
Un detalle de números que merece mención
Resulta oportuno precisar los números obtenidos en las votaciones que se realizaron en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú:
– El 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones;
– El 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.
Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y que cuando un Poder Ejecutivo se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, no hay «argumentos» en su contra que se logren sostener.
A su vez, estas cifras alcanzadas en ambas cámaras chilenas recuerdan que, en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado); que, en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial); y que, en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).
Como se ha indicado anteriormente, a partir del 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13 (de 33 Estados que pueden serlo). Cabe recordar que, de estos 33 Estados, 24 lo han firmado mientras que 9 no lo han hecho. De los 24 que ya lo han firmado, permanecen 11 Estados sin aprobación legislativa del Acuerdo de Escazú.
Una anhelada rectificación por parte de Chile
La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.
Escazú: un instrumento de vanguardia
Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1).
Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 2). Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa.
Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.
En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas, así como público en general interesado.
En estos primeros días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad; y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas
Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 3).
Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas.
El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a cambiar de parecer, al sostener que:
«los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde«.
No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 (que tuvimos la oportunidad de analizar), la segunda se realizará también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.
En América Latina se considera que, a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.
Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata de un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:
«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.
En estos primeros días de julio se ha informado de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe precisar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.
El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y Constance Nalegach, exnegociadora del Acuerdo de Escazú, durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).
Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda
No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Se observa a Costa Rica en semejante lista de ¿Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
En el caso de Costa Rica, la ejemplar adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.
Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase, por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022).
Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado «Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves» da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales.
Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) evidencia la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar una participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el pasado 15 de julio (véase nota del Semanario Universidad) que viene a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.
Manifestación contra el Ministerio de Salud (con la presencia de la ministra de Salud María Luisa Ávila), el 21 de agosto del 2008, por el intento (algo original) de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exportación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron de un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica.
Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»). La foto pertenece a los archivos del autor.
Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de El Eco de Tandil).
Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas
Como lo recordamos, durante la última semana de junio en un foro internacional sobre Derechos Humanos celebrado en San José (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos, véase el video con nuestra intervención a partir del 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998). Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica y en muchas partes de América Latina.
En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR, «Lo que importa«, dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla y lo que recientemente tuvimos la oportunidad de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero-Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).
Los costarricenses (pero también los colombianos, los guatemaltecos, los paraguayos y los peruanos) ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con esta adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.
Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.
Ya nuestro colega Mario Peña Chacón ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una «nota» en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional, en la que se lee que:
«Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase «cuando corresponda» citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba» (Nota 4).
Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su extraña «nota» por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998, año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental, algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y el lector, es con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores).
Con relación a otros supuestos “argumentos” contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de DobleCheckasí lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú».
El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase, por ejemplo, la carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente (véanse, por ejemplo, en Perú, este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros —y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana—, o bien, este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase el texto completo).
Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de EcoTurismo y Turismo Sostenible (Canaeco) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la Canatur (véase comunicado). La cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa gran parte de su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¡adversa el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente! Vaya tristeza, desconsuelo y profunda consternación para muchos.
Igualmente, puede resultar desconcertante el hecho de que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses. El desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la Cancillería costarricense sobre esta misma reunión no encontró eco en ningún medio de prensa en Costa Rica (Nota 5).
La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina
Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento», único en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas, realizado por su Poder Judicial.
En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.
El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran a la Sala Constitucional (Nota 6).
En realidad, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente divulgada y cuestionada (Nota 7).
Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad —en nuestra opinión bastante insólita— del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Algunos aportes realizados desde la UCR
A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual.
De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«, el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video).
Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales«, que también se recomienda (véase video).
Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo).
Por razones que desconocemos, ambos videos no han sido difundidos en las redes oficiales de la VAS de la UCR, como tampoco en las de la Rectoría (pese a incluir ambos documentales una entrevista al actual rector de la UCR), ni en las redes institucionales de la UCR. Esperamos que, al haberlos incluido en este mismo texto, se pueda paliar esta inexplicada omisión.
Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública. Este video realizado por el equipo de comunicadores de La Pulla (Colombia), titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas», da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso.
Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada «Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos» conducida por las juristas Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR.
Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión Café para Tres realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr (véase video). Se trató de un primer intento de debatir públicamente los «argumentos» de la UCCAEP.
A modo de conclusión
Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya algunas interrogantes:
– ¿Estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar?
– Al haber coliderado Chile y Costa Rica el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica?
– ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione?
– Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica (y que el Acuerdo de Escazú ofrece a todo Estado que lo aprueba)?
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.
Notas
Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental», Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).
Nota 2: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado «Comité de Cumplimiento» (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus? ¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura? ¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos «argumentos» en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa.
Nota 3: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debería inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Nota 4: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos «notas». Con relación al contenido de la «nota» de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojo al clima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: «Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto«, añadió Madrigal.»
Nota 5: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente», Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí.
Nota 6: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«. Este voto salvado es de marzo del 2020: a junio del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante «descubrimiento» refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda.
Nota 7: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y solamente ella) como un derecho humano. Ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida». Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
La Red de Interculturalidad fue creada hace algunos años por docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión (UNA) y de la Sede de Occidente (UCR). Participan también otras personas: estudiantes, gestoras culturales, educadoras, entre otras.
Su principal objetivo es visibilizar la diversidad cultural de la sociedad costarricense.
Por eso, esta Red considera importante conmemorar el cambio que en el año 2015 se realizó en el artículo 1 de la Constitución Política. Finalmente, después de muchos siglos, se reconoció que somos un país multiétnico y pluricultural.
Ese cambio debe tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida nacional: en las políticas educativas, migratorias, culturales; en el campo de la salud, del derecho; en las relaciones internacionales, etc.
Es por esa razón que la Red, con el apoyo de la Universidad Nacional, organizó la campaña “Costa Rica multiétnica y pluricultural”, que se desarrollará entre los días 9 y 20 de agosto.
La campaña consiste en la difusión, cada día, de una imagen o video sobre el tema de la diversidad cultural de Costa Rica. Con esta campaña se busca contribuir a la superación de todas las formas de violencia cultural que todavía dificultan nuestra convivencia.
Compartido con SURCOS por José Mario Méndez Méndez.
Investigación UCR consultó a 18 mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La legislación existente en Costa Rica no detiene la violencia política contra las mujeres
El aumento de la participación de las mujeres en la política nacional promueve las manifestaciones de violencia y discriminación en redes sociales, así lo determinó una investigación desarrollada por la M.Sc. Yanet Martínez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“En 2018, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa alcanzó el mayor número de diputadasen la historia del país. Aunque esto representa un hito y fue un logro político importante, también fue el año en que tuvimos un aumento de la violencia política contra las mujeres”, expresó Martínez.
Los resultados de esta investigación se derivan de 18 entrevistas a mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en el período entre 2014-2022; con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales.
Entre los criterios de selección de las mujeres entrevistadas, se buscó a aquellas con participación en la función política en los últimos ocho años y que fueran provenientes de diversos partidos políticos y posturas ideológicas, para lograr un equilibrio en los resultados por analizar.
La violencia política en Costa Rica se tipificó en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2021. Esta normativa contempla el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, como medio de protección a las mujeres en el escenario político.
“La existencia de esta legislación no asegura su cumplimiento ni la erradicación de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política, ya sea de tipo simbólica, mediática o en redes sociales”, expresó Yanet Martínez.
La académica agregó que “Cada avance es resultado de la lucha colectiva, en este caso de la mujeres y de personas aliadas, pero una vez lograda la normativa no se acaba la historia ahí, sino que debemos trabajar el tema educativo, cultural, entre otras dimensiones”.
Yanet Martínez Toledo, directora e investigadora en temas de género del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La violencia política trasciende al espacio digital
La investigación determinó que las redes redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se manifiesta la violencia contra las mujeres vinculadas a la función pública, como lo es el caso de las entrevistadas más jóvenes, quienes experimentaron la utilización de fotografías de sus perfiles privados para desacreditar su labor política.
Según detalla el estudio, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en espacios digitales forman parte de una cultura de discriminación hacia esta población en el espacio público. Existe un círculo de violencia en el que se conjugan expresiones en espacios presenciales y digitales; siendo entornos donde se presentan de manera directa la violencia de género y un ataque al ejercicio político de las mujeres, como medios para transgredir la ideología y a las opiniones de las mujeres y sus cuerpos.
Martínez aseguró que “las mujeres vivimos en contextos de violencia y violencia simbólica, que puede pasar por el acoso, pero en las redes sociales pasa por otras formas de acoso y hostigamiento. Cuando eres una mujer en política estás entrando en un territorio que tradicionalmente ha sido masculinizado, que es un espacio donde está naturalizado la violencia contra las mujeres”.
Respecto al uso político de redes sociales, las mujeres entrevistadas reportan las expresiones de violencia y hostigamiento a través de diversas plataformas. Se determinó que 17 de las 18 entrevistadas han experimentado manifestaciones de violencia siendo usuarias de Facebook; 11 como usuarias de Instagram y 7 a través de la plataforma de Twitter.
“En los mensajes privados es donde a veces pasa de todo. Uno dice: no puede ser que alguien en sus cinco sentidos llegue a estas cosas. Pero de ahí en fuera tratamos de manejar todo con cautela, con mucha prudencia. Y respirando un poco, porque sí a veces uno desea contestar muchas cosas, pero sabe que no debe o no puede hacerlo”, declaró una diputada del PLN-Alajuela (2018-2022).
Algunas entrevistadas optaron por un uso limitado de sus redes sociales, como forma de autocuidado, velando por su propia salud mental y obviando de cierta forma las manifestaciones de violencia suscitadas por su función política.
La investigadora afirma que la totalidad de las mujeres entrevistadas han vivido violencia política de manera directa, o al menos conocen a una mujer que lo haya experimentado. Sin embargo, también se ha determinado que en algunas ocasiones no se reconoce la violencia y por tanto, se omite haberla experimentado.
El estudio contempló una serie de medidas para mitigar las expresiones de violencia contra las mujeres entrevistadas mediante diversos esfuerzos de sus equipos de comunicación, a fin de identificar los comentarios con contenido de odio, el establecimiento de diálogos y publicaciones que apelen a la conciencia de la población sobre este tipo de contenidos.
En Costa Rica existen entidades que desarrollan acciones de incidencia para promover la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación, como son la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Estas instancias contemplan la investigación como estrategias colectivas para el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres que incursionan en política.
Para la coordinadora del PROLEDI, la M.Sc. Giselle Boza Solano, el estudio abordado propicia el debate político y académico para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación en diversos escenarios.
“La investigación contribuye hacia una apertura del plano académico, el fortalecimiento de los usos políticos de las redes sociales, así como en la construcción de una ciudadanía política que ayude a afrontar las manifestaciones de violencia política, mediática y en redes sociales”, expresó Boza.
Gustavo Martínez Solís, Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
La aplicación del asfalto verde en la UCR, denominado así por incluir plástico de desecho, se realizó en el mes de diciembre del 2020 en una tramo de la Finca 3. Foto Ernesto Villegas, UCR.
La decisión se basa en los resultados positivos que obtuvo el proyecto piloto que se desarrolló y se aplicó en un tramo que se ubica en Finca 3
Con el objetivo de aprovechar y reutilizar uno de los materiales más contaminantes que produce el ser humano, y así unirse a los esfuerzos constantes que realiza la UCR para proteger el medio ambiente, la Oficina de Servicios Generales (OSG) solicitará que el asfalto que se aplique en las calles internas de esta institución,en sedes y recintos,provenga de la mezcla con botellas de plástico.
Por lo tanto, en un futuro cercano las licitaciones que busquen adjudicar trabajos con pavimento en las vías internas universitarias incluirá, como una especificación técnica, el proceso descrito dentro del proyecto denominado: Diseño de la producción de mezclas asfálticas modificadas con residuos plásticos.
Este proyecto forma parte de la tesis para optar por el Doctorado en Ingeniería de la UCR, elaborada por el máster Ernesto Villegas Villegas; y dirigida por el Dr. Roberto Quirós Vargas, de la Escuela de Ingeniería Industrial (EII); y el Dr. José Pablo Aguiar Moya, de la Escuela de Ingeniería Civil (EIC).
Para asfaltar el tramo de 30 m de largo se necesitaron 1 157 kg de botellas de plástico de 600 ml trituradas, tal y como se ven en los baldes antes de que sean introducidos en la mezcladora. Foto Ernesto Villegas, UCR
Ya se realizó un plan piloto de asfaltado en la Finca 3, en donde se ubican las instalaciones deportivas y otros edificios, en un tramo de 30 m de largo, 5.5 m de ancho y con 4 cm de grosor.
Esta iniciativa de la UCR vendría a cumplir con el mandato expuesto en la Ley Nº 9828 sobre el uso de materiales reutilizables en pavimentos y obras de infraestructura vial, que se publicó en La Gaceta Nº 148 del 20 de junio del 2020.
“La idea es incluir este proyecto dentro de los trabajos que se desarrollan a lo interno en la UCR, en los que se utilice asfalto; y la propuesta goza del apoyo de la Vicerrectoría de Administración”, indicó el Ing. Antonio Marín González, jefe de la OSG, en una presentación que se llevó a cabo el pasado mes de junio.
De manera manual se coloca el asfalto verde sobre la calle y se distribuye la mezcla por toda la superficie. Todo el proceso se realiza de la misma forma en la que se aplica el asfalto normal. Foto Ernesto Villegas, UCR.
Una alternativa amigable con el ambiente
El máster Ernesto Villegas explicó que la mezcla asfáltica utilizada en el tramo localizado en Finca 3, incluyó un total de 7 000 botellas plásticas de 600 ml y sus respectivas tapas, lo que representó un total de 180 kg de plástico.
“Esa cantidad de plástico se unió a 1 157 kg de asfalto y 16 912 kg de piedra, y con la ayuda de una planta procesadora de la empresa Pavicen, se logró conjuntar el material a una temperatura muy alta para después aplicarlo normalmente sobre la calle. Al diluirse el plástico, éste actúa como una goma que amarra todavía mejor la mezcla asfáltica. Dicha procesadora, que era pequeña, necesitó 30 minutos para procesar las 18 toneladas y ahora, casi 20meses después de que fuese aplicado, el asfalto luce impecable”, afirmó Villegas.
Finalmente, el Dr. Roberto Quirós dijo que los detalles de esta propuesta se publicarán próximamente en revistas científicas, y están disponibles para que aquellas instituciones encargadas del mantenimiento y construcción de las carreteras los conozcan y los apliquen.
“Es una excelente alternativa para darle un uso práctico al plástico de desecho, y aunque no es una idea nueva, pues también ha sido desarrollada y aplicada en países como India, Irlanda, Escocia, etc., yacontamos con una metodología fiable y comprobada para usarla acá en Costa Rica”, aseveró Quirós.
Este trabajo se enmarca dentro de los conceptos que promociona la economía circular, que procura que los productos que elabora la sociedad siga un ciclo que inicia con el diseño, la producción, la utilización, el reciclaje y la reutilización de los materiales, por lo que dicho ciclo no tiene conclusión; en contraposición a la economía lineal, en el que el ciclo de consumo es: diseñar, producir, utilizar y desechar, lo que resulta en contaminación ambiental con materiales a los que se les puede dar otro uso, como el plástico.
Así se veía el tramo en Finca 3 antes de ser asfaltado. Foto Ernesto Villegas, UCR.
Esta es la misma calle una vez que concluyeron los trabajos de reparación con el asfalto verde. Foto Ernesto Villegas, UCR.
Otto Salas Murillo Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Rocío González (izq.) y Dunia Méndez forman parte del proyecto de Acción Social de la Sede de Guanacaste, dirigido a mejorar la gestión de las MIPYMES. Foto cortesía Ana María Quirós.
La UCR trabaja en conjunto con actores fundamentales de la provincia para mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades
Desde la incorporación a Costa Rica del partido de Nicoya ocurrida el 25 de julio de 1824, la identidad cultural costarricense no podría definirse sin los aportes culturales, económicos y naturales de esta provincia, sin embargo es una de las provincias con mayor desigualdad, alto desempleo y pobreza.
Según los datos del Banco Central, Guanacaste es la segunda provincia con menor desarrollo empresarial (9.343 empresas) en el 2017. Considerando la importancia de las PYMES y su potencial vinculación con la principal actividad económica de la región (el turismo), la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla en la región Chorotega varios proyectos de acción social, entre los que destaca el ED-3245Servicios de capacitación y asesoría para micro y pequeñas empresas procesadoras de alimentos (PYMES) en la provincia de Guanacaste.
Su principal objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de PYMES aplicables al procesamiento, control de calidad e innovación de productos alimenticios, para el desarrollo del sector agroindustrial en la región Chorotega. Muchos de estos productos son elaborados con cultivos de la zona.
Con las capacitaciones sobre manipulación e inocuidad de los alimentos,estandarización de procesos, etiquetado y registro, se espera que las PYMES mejoren la calidad y cumplan con los requisitos necesarios para obtener los permisos del Ministerio de Salud que les permitan operar en diversos mercados, y de esta forma se amplíen sus oportunidades económicas, ya que estos productos en su gran mayoría se realizan de forma artesanal.
La carrera de Ingeniería de Alimentos, de la Sede de Guanacaste, ha organizado varios talleres y charlas para las y los participantes del proyecto. Foto cortesía Ana María Quirós.
Según la Licda. Ana María Quirós Blanco, coordinadora del proyecto, desde el 2015 han trabajado en los 11 cantones de la provincia de Guanacaste, no solo contribuyendo al desarrollo de la ingeniería de alimentos y agro industrial, sino también en el rescate de algunos aspectos de la cultura culinaria de la provincia.
Gracias a que en la Sede de Guanacaste de la UCR se imparte la carrera la Ingeniería de Alimentos, se logró que participaran en este proyecto ocho de los 10 docentes de esa carrera, así como estudiantes que por medio del Trabajo Comunal Universitario TC-721 Apoyo a MYPIMES de la provincia de Guanacaste, participan activamente para brindar las capacitaciones.
Rocío González, una de las participantes del proyecto cuyo emprendimiento es la carnicería Jomar, que se ubica en Abangares, recibió asesoría técnica y recomendaciones para cumplir con los requerimientos que solicita el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), así como mejoras en la creación de procesos e inocuidad de los alimentos.
“Elaboramos desde cero los productos, traemos la carne del matadero, hacemos los cortes y elaboramos embutidos, chuletas ahumadas, chorizo chino, tocineta ahumada, pastrana y salchichón jamonado. Nuestro proceso es totalmente natural y lo hacemos de forma artesanal”, concluyó González.
Este proyecto tiene como objetivo el impulso de las MIPYMES en Guanacaste, con el fin de mejorar la calidad de vida en las comunidades locales. Foto cortesía Ana María Quirós.
Por su parte, Dunia Méndez, quien es dueña de un emprendimiento de productos en Hojancha llamado Lácteos DValle, resaltó la formación integral que ha recibido en las capacitaciones y que responde a necesidades concretas adaptadas a la realidad de los productores.
“La capacitación que obtuve fue en cómo realizar la pasteurización de forma correcta, lo cual es muy importante cuando hablamos de productos lácteos, y las temperaturas adecuadas de los cultivos en el caso del yogurt, ya que mi formación en ese campo era muy básica”, indicó Méndez.
Ambas productoras se caracterizan por desarrollar sus productos desde las etapas más básicas de la materia prima, pasando por el envasado o empaquetado, hasta lograr la distribución en el mercado local.
Uno de los principales aportes de Guanacaste al país es su gastronomía y producción agropecuaria. En ese sentido, Ana María Quirós destacó la importancia de la industria agroalimentaria en la provincia, dada la cantidad de PYMES que se dedican a esta actividad y el servicio que le brindan al turismo, que representa la primera actividad económica de Guanacaste.
Así, este proyecto de la UCR contribuye a la economía, la innovación y al rescate de la cultura alimentaria de la región Chorotega.
Esteban Umaña Picado Periodista de la Vicerrectoría de Acción Social, UCR
Estudiantes del TCU: Arte Público trabajando en un mural en la Escuela de la Sabana, Térraba.
El fallo judicial que atribuye una afectación de los derechos morales de Miguel Casafont por responsabilidad de la Universidad de Costa Rica al tapar su obra Tejiendo Sonidos ha abierto una discusión de múltiples aristas que genera desencuentros, preguntas, incertidumbres y temores entre las personas interesadas en el arte, el espacio público y el patrimonio. La afirmación apresurada de que con tal veredicto “gana el arte o el sector artístico” me parece imprudente y algo clasista, por apegarse a ideas hegemónicas sobre el arte y no valorar las consecuencias reales que podría tener en las prácticas profesionales de las personas artistas (sobre todo las jóvenes).
En este escrito trataré de abordar los aspectos relativos a la reflexión sobre el arte detrás del fallo y las contradicciones con las discusiones actuales sobre el valor o función de arte y el patrimonio que se sitúa en espacios públicos. También, por último, valoraré algunos probables impactos que esto podría tener en el ejercicio profesional de los artistas interesados en la práctica del muralismo y el arte público. Dados los límites de mi formación, excluiré de este artículo cualquier valoración sobre derechos de autor, la justicia detrás del fallo, la jurisprudencia o la defensa presentada por parte de la UCR.
En primer lugar, es importante reconocer que en el país existe una constante violencia hacia el patrimonio y las obras de arte en el espacio público. En este caso, se afectó la visibilidad y legibilidad de la obra de Casafont y esto generó una perturbación anímica en su persona; no hay porqué dudar de ello, dado que fue acreditado por el juzgado. Una primera consecuencia de este fallo es que se señala a la Universidad de Costa Rica como actor material de esa violencia, lo que tiende a crear en la opinión pública la idea de que la UCR no respeta el patrimonio ni el arte que se desarrolla en el campus, lo que es falso. En defensa de la Universidad de Costa Rica habría que decir que dicha institución ha sido promotora del arte público, que siempre ha reconocido la importancia del arte en la vidauniversitaria y que además de financiar y adquirir obras, recientemente ha apoyado proyectos de catalogación de su inventario y de restauración de obras como el mural de Eduardo Torijano El teatro costarricense: 1890-1930, ubicado en el edificio de Letras. Sin embargo, es importante decir, que estas acciones no derivan de una política institucional uniforme ni clara, sino que dependen de las diferentes voluntades políticas de decanos, directores, otras autoridades, docentes, personal administrativo y de los mismos artistas que se implican en esos procesos. Por tanto, no es de extrañar, que también se den casos en los cuales no se respeta a los artistas o sus obras. Un ejemplo de ello, más grave y penoso que el que afectó a Casafont, es el borrado total del mural del artista Dennis Palacios Solano en las residencias estudiantiles, un mural elaborado a partir de un proceso de investigación serio e impulsado por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para mejorar la habitabilidad de dichos espacios en tiempos en los cuales se habían presentado varios suicidios. Un cambio de administración y el mural fue borrado, hoy es una pared blanca con dos pizarras de caucho.
Eduardo Torijano, El Teatro en Costa Rica, 1890-1930. Antes y después del proceso de restauración del 2020 realizado por César Ulate Calderón.
Ahora bien, tenemos que dar un paso fuera del presente caso y de la UCR para matizar esta idea de la violencia patrimonial y examinar la congruencia con las definiciones contemporáneas del arte y el espacio público, sobre todo porque muchas veces se habla de violencia patrimonial desde una definición hegemonizante y aurática de la obra de arte, olvidando que si bien es cierto existe violencia hacia el patrimonio y el arte público, el arte público y el patrimonio puede ejercer violencia hacia las personas (sobre todo a las minorías) en su imaginario simbólico y su vida cotidiana[1]. Más aún, cuando las definiciones que se perpetúan en el país sobre el patrimonio son conservadoras, coloniales y patriarcales. Ejemplos claros de ello es el bronce de Vázquez de Coronado en el Parque España, el Monumento a León Cortes en La Sabana o el Arco Chino en la reconversión del Paseo de los Estudiantes a Barrio Chino: una decisión especulativa con afectación a la historia y la identidad de San José y el país. Precisamente esas definiciones hegemónicas de la obra de arte funcionan como el gozne de esas dos violencias: la primera que impide la remoción del espacio público de monumentos y esculturas carentes de valor, inoperantes, violentas algunas o incluso riesgosas materialmente, productos de políticos de turno que desde una autoridad pasajera se dieron las competencias para imponer en la vida urbana mobiliario inútil, obras pastiches (como el Cerati blanco) u ocurrencias sesgadas ideológicamente. Y la segunda, la que niega la posibilidad de articular una política de protección basada en criterios fundamentados y actuales sobre la función del arte en el espacio público, no como una ontología del bronce o el mármol, sino como pensamiento activo que construye espacio de discusión participativo, inclusivo y abierto para consolidar y construir lo común. Al contrario, es usual ver cómo se utiliza el patrimonio (normalmente olvidado) como piedra arrojadiza de una indignación hipócrita, dirigida a las expresiones y reivindicaciones de los movimientos sociales para reducirlos a actos vandálicos. [2]
En el caso de Tejiendo sonidos, me parece que eso último es lo que ha faltado, una discusión profunda sobre el valor de la obra que integre el pensamiento que ha construido y la repercusión que ha tenido a nivel académico, social y cotidiano en la vida estudiantil. Porque hasta ahora, los criterios expertos publicados en el artículo de Amelia Rueda se limitan a valorar la obra por su estar ahí como obra plástica o por ser bella… y claro, para gustos, los colores. Los argumentos con algo más de valor y complejidad los da el mismo autor, quien afirma la importancia de la cualidad cinética y la inspiración colorista oriental.
Al respecto del Arte Cinético, para aquellos que no saben, es una subvariante del Minimalismo que, a través de la organización secuencial de la forma y el color, produce efectos visuales según los desplazamientos del espectador. Este movimiento se desarrolló en Estados Unidos, algo menos en Europa y con mayor peso en Argentina, donde se llamó Cinetismo. Sin embargo, su repercusión actual es cuestionada como lo es la mayoría de tendencias formalistas de la segunda mitad del siglo XX y, al contrario, del favorecimiento a las manifestaciones conceptuales más politizadas. Tanto es así que, en los documentos indispensables para estudiar la segunda mitad del arte siglo XX, After Modern Art 1945-2017 (Hopkins, 2018) de la serie Oxford History of Art y Arte desde 1900 (Bois et Al, 2006) de los autores de October, aparece de forma escueta y marginal. En Costa Rica, aunque con un legado muy amplio de arte abstracto de naturaleza formal, el movimiento no tuvo desarrollo, siendo la obra de Casafont, en efecto, uno de los pocos ejemplos. La pregunta es si esto le determina un valor per se; a mí parecer no. La exclusividad no es un valor a priori, sino que, al contrario, eleva cuestionamientos sobre su repercusión o impacto en el pensamiento artístico costarricense. Por otra parte, la afirmación de un valor pionero al ser la primera obra de este tipo en el país tiende a evidenciar cierto sesgo colonial tendiente a suponer que el arte costarricense se debe producir en conformidad a lo que sucede en Estados Unidos y Europa, aunque sea treinta años después. Ante estas dos ideas, yo plantearía que se hiciera un examen de la repercusión de la obra dentro de la lógica interna del arte costarricense, preguntándonos por la producción académica que ha derivado de ella, los escritos en los que aparece, la influencia que ha producido en otras personas artistas y el efecto que ha tenido en los y las usuarias del edificio y del campus universitario a nivel de identidad y reafirmación colectiva de pertenencia. Una investigación que aborde esos ejes está claramente pendiente.
Si la obra es cinética o no (más allá de las etiquetas históricas y académicas), me parece cuestión secundaria. En esencia, desde las teorías y metodologías que abordan el diseño del arte público, toda obra mural se reconoce interactiva en relación con los tránsitos de los usuarios y las diferentes miradas que en ella se pueden realizar en un marco espacio-temporal. Para el diseño de un mural, se recurre a estudios de transitabilidad y de angularidad que tienen como propósito organizar el diseño en función de los recorridos peatonales y el uso común del espacio circundante (Torijano, 2008). En ese sentido, el mural de Conmemoración de los 30 años de Trabajo Comunal en la Facultad de Derecho, se afecta de la misma forma por el nuevo paso elevado en San Pedro sin la necesidad de una etiqueta que lo valore como cinético.
Al respecto del color, los especialistas coincidirán en su valor, algo que respalda el reconocimiento que goza Miguel Casafont en la Escuela de Artes Plásticas (EAPL) como colorista de gran talento. Yo me uno a ellos en tanto mi predilección por el color en el espacio público. En contra del acostumbrado gris de las ciudades, el color es un factor de relevancia para promover la imaginación y mejorar el ambiente urbano. Pero, es importante reconocer que desde hace quince años, desde que yo era estudiante, ya la obra no gozaba del color con que fue diseñada y había dejado de cumplir tal posible objetivo. En ese sentido, la obra ya sufría una afectación por la naturaleza de los materiales que habían sido seleccionados para su confección y por la ausencia de mantenimiento que requería.
Estado Actual del Mural Tejiendo Sonidos de Miguel Casafont. (Fotografía: Pablo Bonilla, 2022)
Normalmente, cuando se da una afectación de este tipo (desconozco si es este el caso) es responsabilidad de las dos partes: del artista que por lo general no entrega una carta técnica con los materiales utilizados, los plazos de resistencia de los materiales y los procesos ideales para su restauración y la administración del inmueble que se desentiende de velar, financiar y gestionar esos procesos en tiempos adecuados, pensando que la obra entregada es eterna. No tengo información precisa sobre porqué la obra de Casafont no ha sido restaurada, los chismes me indican que el artista sí demostró un interés por promoverla. Pero en todo caso, la consecuencia de ese deterioro fue la invisibilización y la perdida de afecto de la comunidad universitaria por ella, algo que se evidenció por los comentarios en redes sociales de, mayoritariamente, estudiantes de música, muchos de los cuales ni sabían que era bella ni que había estado ahí desde siempre. En ese sentido, el valor y el aporte del color no puede reconocerse desde una noción ontológica y formal, sino reconociendo el impacto o efecto que puede tener en las personas que gozan de él en lo cotidiano, es una cuestión pragmática consustancial al arte público… por eso mismo se llama arte público, se supone que es de la gente que lo recibe y que lo vive.
Y eso último, me parece de vital importancia, porque tiene que ver con la razón del arte público, que no debería privilegiar los derechos del artista por encima de los de las personas que transitan los espacios circundantes. Un antecedente valioso para entender esto fue el caso de la obra Tilted Arc (1981) de Richard Serra emplazada en Federal Plaza, New York. Después de un largo proceso judicial esta obra fue removida porque generaba conflictos en el uso operativo de la plaza, tanto en tránsito como a nivel de seguridad, algo que me parece razonable. Desde esa lógica, coincido con las autoridades universitarias al privilegiar la conveniencia y bienestar de la comunidad estudiantil de la Escuela de Artes Musicales. Suponer constantes traslados de equipos e instrumentos a la Ciudad de la Investigación o al fondo de las Instalaciones Deportivas hubiera generado costos e inconvenientes para la administración, docentes y estudiantes, muchos de ellos menores de edad de etapa básica, que tendrían que estarse desplazando de un campus a otro. Algo me hace sospechar que la no apelación al fallo de Oficina Jurídica (criticada por muchos) se debe, en parte, al cálculo por el costo de todos esos desplazamientos en un mediano plazo.
Ahora bien, entendido el arte público no como un presencia o valor estético cuasi-mágico, sino por su función o aporte al conocimiento, nada evitaba que tapar la obra no fuera compensado con gestos o acciones que pudieron dignificarlo en ese sentido. Acciones para la documentación, divulgación y revalorización académica de la obra, incluso en su ausencia, pudieron reivindicarla como productora de conocimiento: reconociendo su valor conceptual y no reduciéndola a una obra que hay que preservar porque es bella para algunos, siempre ha estado allí o fue objeto de controversia. Sobra decir que, bajo esa lógica reduccionista, el futuro que le espera -ya judicializada y conflictuada- será el de seguir deteriorándose no solo en su registro material, sino a nivel simbólico, ya que una obra de arte no se clausura en la afirmación o proclama de su autor, ni en su materialidad, ni en los criterios especializados, sino que constantemente se redimensiona en las vivencias que se acumulan en ella, sean positivas o negativas; más aún en el arte público, expuesto de forma radical a la vida social y política en todo su espesor. Así, la obra de Casafont dejará de ser cinética para devenir en la huella borrada de un fallo judicial.
Por último, quisiera retomar las repercusiones que podría tener este fallo a la comunidad artística que produce arte público y murales. Al principio afirmé con contundencia que decir que “ganó el arte” tenía su sesgo clasista. Más allá de sospechar que usualmente solo ganan los juicios los que pueden asumir el riesgo de costear abogados, como he tratado de demostrar en este escrito, esa afirmación se sustenta en ideas hegemónicas sobre el arte y su valor intrínseco, que desconocen el marco epistemológico del arte público, pero que, también, desconocen las dificultades y la precarización que sufren las personas artistas jóvenes en este ámbito. No es difícil imaginar que una consecuencia de este fallo será limitar el interés institucional y privado en la financiación de obras murales, por temor de adquirir compromisos de restauración onerosos y la posibilidad remota de ser demandados décadas después por cualquier devenir azaroso. En la UCR ya está pasando, actualmente obras murales programadas y presupuestadas están en pausa y en alitas de cucaracha. De perpetuar tal dirección de miedo e incertidumbre, sin lugar a dudas afectará a los artistas-docentes de la institución, a las personas artistas contratadas para la ejecución, a los TCUs que hacen arte público en comunidades e, incluso, proyectos de graduación de estudiantes de Artes Plásticas. Un camino que no se puede seguir, ya que además de contradecir el Artículo 1 de su Estatuto Orgánico, afectará la formación de los y las futuras artistas y, con ello, las herramientas para defender el campo profesional fuera de la Universidad.
Contemplando lo positivo, no se puede negar la oportunidad que se abre, ya que el fallo aclara un panorama que debe obligar a investigadores y artistas interesados en el arte público y a la administración de la Universidad de Costa Rica a formalizar criterios de contratación que sean ejemplares para el resto de la sociedad, a aclarar las dudas al respecto de los derechos de autor (sobre todo en obras de orden participativo o comunitario), a generar espacio de discusión y establecer normas, procedimientos, instancias y responsables para restauración de las obras de arte público, todo con el fin de reivindicar la importancia del arte, no en sí mismo, sino por sus aportes a la configuración de lo común en el espacio social. Esa oportunidad ha sido tomada y la presente administración y el Consejo Universitario han actuado con prontitud. Desde la misma Rectoría se ha conformado un equipo de trabajo interdisciplinar, que incluye personal de la ODI, Oficina Jurídica, la RED+Museos, PROINNOVA, IIARTE, OEPI y las Escuelas de Ingeniería, Arquitectura y Artes Plásticas con el propósito, no solo, de dar respuesta a los acuerdos tomados por el Consejo Universitario en la sesión No 6615, articulo 5, celebrada el 14 de julio de 2022, sino también te implementar medidas para mejorar la gestión y mediación del Arte Público en vías de promover su aprovechamiento, considerando su aporte en la configuración de un Campus Universitario entendido como un espacio para el intercambio de saberes, conocimientos y afectos, que trasciende la idea de un reducto conformado por edificios y salones de clase.
Referencias:
Bois, Y.; Buchloh, B.; Foster, H. & Krauss, R. (2006). Arte desde 1900. Akal.
Hopkins, D. (2018). After Modern Art 1945-2017. Oxford University Press.
Torijano, E. (2008). El mural paso a paso. Sección de Impresión del SIEDIN.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2020, en Costa Rica el 85 % de las familias en pobreza dependen de personas sin estudios, y muchas de esas personas son madres solas, que deben luchar día tras día para sacar adelante a sus familias y suplir las muy variadas necesidades de sus miembros.
Esas madres quieren estudiar, en algunos casos incluso ya ganaron parte de las materias de secundaria, pero no tienen la posibilidad de asistir a un centro educativo o a ingresar al Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) para finalizar su bachillerato. Como una respuesta, nace el Proyecto “Juntas al Bachi” desarrollado con la colaboración del Trabajo Comunal Universitario de la UCR “TCU-089 Servicios Educativos Complementarios” de la Facultad de Educación, la empresa Cecropia, la Fundación Tejedores de Sueños, y el patrocino de la empresa Bayer.
Por su condición de jefas de hogar a muchas madres de colegiales de escasos recursos se les dificulta asistir a clases presenciales o en línea, también por ser cursos con horarios establecidos. Juntas al Bachi entonces viene a dar una mano a esas madres para que logren completar su bachillerato; es un programa gratuito y la estudiante podrá escoger el horario que mejor se adapte a sus necesidades, sea de día o de noche.
Son muchas las buenas razones por las cuales Juntas al Bachi se diseñó para madres de estudiantes de secundaria, entre ellas que el programa se dirige a madres de estudiantes de secundaria porque al tener estudiantes del mismo nivel en casa, pueden motivarse mutuamente; también porque si la madre termina secundaria, las y los hijos tienen mayor probabilidad de seguir estudiando y toda la familia tiene mejores opciones de salir de la pobreza.
Según manifestó la directora de la Fundación Tejedores de Sueños, Linda De Donder, “Se trata de aprovechar las circunstancias que propició la pandemia, donde muchos hogares hoy en día cuentan con dispositivos electrónicos e internet para la educación y también seguimos instando a las autoridades respectivas para hacer realidad en el corto plazo la propuesta de dotar de internet a todas las familias con estudiantes en la educación pública”.
Durante el acto de presentación del proyecto, la señora De Donder enfatizó que el objetivo principal de la Fundación es evitar la exclusión estudiantil y por ello les pareció que se debía de aprovechar el actual auge de la educación virtual producto de la pandemia y “generar la oportunidad de que las madres se convirtieran en apoyo y motivación para sus hijas e hijos al ver su ejemplo de superación muchas veces truncado por las obligaciones familiares”.
La empresa Cecropia se encarga del software en el que las y los jóvenes del TCU de la UCR suben la materia para que las madres se preparen para los exámenes de Bachillerato por Madurez. De esa manera, las madres matriculadas pueden estudiar a su propio ritmo, desde su hogar y sin descuidar sus obligaciones. En una primera etapa, se ofrecerán los niveles de décimo y undécimo año para quienes ya lograron completar noveno, pero el objetivo es extender el programa para todos los niveles de secundaria.
¿Cómo funciona Juntas al Bachi?
Las madres deben llenar y enviar la solicitud de matrícula por medio de este formulario. Una vez aceptada la matrícula la madre recibirá un video explicativo, elaborado por CONED, sobre cómo funciona el programa, así como una clave de primer ingreso. Posteriormente dentro del sistema la persona matriculada se inscribe para las materias que desea estudiar. Cada materia incluye textos, videos, podcasts, entre otros, y además puede contactar al personal docente si necesita alguna aclaración adicional.
El estudiante de cuarto año de Enseñanza de la matemática, Juan Durán Morera, es parte de este TCU 089, él estuvo presente en el acto y destacó que este particular proyecto para madres es una excelente oportunidad para poner en práctica lo que será su quehacer diario como docente, pero también le complace mucho colaborar en un mejoramiento de la calidad de vida de estas personas por medio de una mejor educación.
“La educación es una de las disciplinas que más deben de llegar a las personas en vulnerabilidad, porque son estas las que viven las peores situaciones económicas y sociales debido, en gran medida, a que no han podido concluir sus estudios. Este tipo de proyectos como Juntas al Bachi son excelentes oportunidades para mejorar las condiciones de estas personas y sus familias. También para nosotros los futuros docentes es una gran oportunidad para acercarnos y conocer mejor a esas personas que no están dentro de un aula, de una institución; nos sensibiliza más sobre ese lado humano de la educación y del impacto de la labor del docente”.
El país cuenta con una serie de estudios por parte del MEP asì como de otros entes especializados, en los cuales se refleja el bajo nivel educativo de los padres y madres en un muy importante porcentaje de familias.
En cuanto al hecho de que estas madres podrán encontrar apoyo en sus hijos colegiales a la hora de desarrollar los cursos, estudiar juntos, practicar para los exámenes, entre otros aspectos, Durán señaló que va más allá de ese acompañamiento. “Se trata de ese ejemplo que la mamá está dando a sus hijos, de su esfuerzo y su compromiso por salir adelante; de su mensaje a sus hijos de que no deserten del sistema educativo, como tal vez ellas tuvieron que hacerlo”.
Aparte de las materias, el sistema también ofrece herramientas, como consejos y estrategias para estudiar, consejos para el manejo del tiempo, consejos para combinar familia y hogar con los estudios, entre otros tantos. Cuando la alumna se siente lista puede inscribirse para presentar el el examen.
Para este 2022 Juntas al Bachi le permitirá a las madres matricular las siguientes materias y modalidades:
BB-01: Bachillerato por Suficiencia o Madurez de Biología
BQ-01: Bachillerato por Suficiencia o Madurez de Química
Un total de 35 estudiantes de educaciòn de la UCR, agrupados en el Trabajo Comunal Unibversitario TCU 089, brinda apoyo integral a estudiantes de la Enseñanza Secundaria Pública, de la Educación Abierta y diversos centros de ayuda social con necesidad de mejorar el rendimiento académico, con el fin de complementar los procesos de formación y propiciar la superación de sus dificultades académicas. La fundación tejedores de sueños les dio un reconocimiento a los estudiantes de la UCR que son facilitadores en Juntas al Bachi.
BF-01: Bachillerato por Suficiencia o Madurez de Física
BFR-01: Bachillerato por Suficiencia o Madurez de Francés
BM-01: Bachillerato por Suficiencia o Madurez de Matemáticas
BRO-01: Bachillerato por Suficiencia o Madurez de Español (Redacción y Ortografía)
Carlos Gutiérrez Vargas; Eric Chinchilla Araya, Carlos Gutiérrez Vargas primer estudiante sordo usuario de Lesco que se gradúa del Bachillerato en Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR).Eric Chinchilla Araya Intérprete LESCO – Lengua de Señas Costarricense – tanto en el área televisiva como en aula universitaria.
Tenemos el compromiso como sociedad de ser inclusivos, de respetar y respaldar cada día el derecho a la comunicación de la persona sorda
Las personas sordas tienen la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) como lengua materna, reconocida desde el 2012 a través de la Ley No.9049, así como desde el 2020 con la Ley No. 9822 en la que se reconoce como patrimonio lingüístico y cultural de nuestro país y se declara el 19 de julio el Día Nacional de la Lengua de Señas Costarricense.
Una fecha que reitera el compromiso como sociedad con la accesibilidad y medidas que deben adoptar las instituciones públicas y privadas, para que las personas sordas tengan acceso en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información, la educación y las comunicaciones; incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.
Esta fecha nos convoca a reconocer la LESCO, celebrarla y promover su aprendizaje. La Ley No. 9822 Reconocimiento y promoción de la lengua de señas costarricense reconoce y promueve en nuestro país “la lengua de señas costarricense como lengua de las personas sordas, que libremente decidan utilizarla, así como el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral”.
La población con pérdida auditiva, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el 2016, fue de 70.000 personas, lo que corresponde a un 1,5% de la población total para ese año. Aquí el público muestra la ya muy conocida seña del aplauso. Foto, Luis Alvarado Castro.
Bien lo señala la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad cuando busca “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Este 19 de julio nos convoca a luchar día a día contra la discriminación por motivos de discapacidad auditiva; “…contra cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”
Aquí LESCOntamos…
Desde el Programa Recursos para la Sordera (PROGRESO) de la Universidad de Costa Rica, “reiteramos este 19 de julio la importancia del reconocimiento y concienciación entre la población del país sobre la Lengua de Señas Costarricense como lengua materna de las personas sordas, así como la trascendencia y pertinencia, desde un enfoque social de derechos humanos, de que las personas oyentes aprendan la lengua y aprendan sobre la cultura sorda para trabajar juntos y promover espacios laborales, sociales, recreativos y otros que sean inclusivos” señala Laura Matamoros Rodríguez, profesora de la Escuela de orientación y educación especial de la UCR.
Por su parte, Ignacio Álvarez quien trabaja en la formación de intérpretes en la lengua de señas costarricense, destaca que PROGRESO nace hace 41 años, tras un convenio con la Universidad de Gallaudet, como un esfuerzo interinstitucional para trabajar y mejorar la oferta de la educación de la persona sorda. En su momento, un proyecto de corte regional, brindando atención a personas sordas, familias y personal docente de la región centroamericana.
La Universidad de Costa Rica, por medio de PROGRESO, logra la formación de intérpretes de Lesco para el país. Foto, Cristian Araya, UCR.
Actualmente PROGRESO es un proyecto nacional con una proyección de formación en la LESCO e Intérpretes de esta lengua. Es un programa de acción social de la UCR para la enseñanza de la LESCO por parte la Escuela de Orientación y Educación Especial, de la Facultad de Educación, que comprende una serie de proyectos adscritos a la Vicerrectoría de Acción Social de la universidad que apoya la enseñanza de LESCO como un medio para lograr la interculturalidad y la equiparación de oportunidades en los ámbitos del desarrollo personal y social de las personas sordas.
A lo largo de la existencia de PROGRESO se ha generado un grupo importante de personas que le reconocen como un ente sin fines de lucro, que busca concienciar e informar sobre la comunidad sorda, su cultura y la lengua entre la comunidad nacional.
El objetivo de PROGRESO es ser más que un ente que brinda cursos, es generar interés y fomentar la inclusión social. El público meta son personas sordas y oyentes, familiares de personas sordas, personal de instituciones públicas y privadas, mayores de edad, que deseen aprender la lengua de señas costarricense.
Hoy en día es más frecuente encontrar en diferentes actividades a intérpretes de Lesco que trabajan para fortalecer el derecho a de la personas sordas a la comunicación y a la información en toda clase de espacios y situaciones. Foto, Luis Alvarado Castro. UCR.
Se ofrecen cursos en los 6 niveles actuales de la lengua, volviendo paulatinamente a la presencialidad, aunque alcanzando a personas de todo el territorio, a través de las ofertas virtuales. Por medio del Programa de formación de intérpretes en la Lengua de Señas Costarricense, se preparan personas que puedan fungir como intérpretes de la comunidad sorda y oyente en los diversos entornos en los que se desenvuelven.
El equipo de trabajo se conforma por: Eugenia Córdoba, coordinadora del ED-693 Capacitación de la Lesco, Eugenia García, coordinadora del ED-3305 Capacitación de la Lesco para instituciones públicas, Laura Matamoros e Ignacio Álvarez, a cargo del ED-3595 Formación de Intérpretes en la lengua de señas costarricense. Se cuenta también con más de una decena de personas instructoras de LESCO certificadas por CRUSA y la UCR.
Según la Federación Mundial de Sordos, en el mundo hay más de 72 millones de personas sordas que se comunican en Lengua de señas, formando una diversidad de más de 300 lenguas de señas distintas alrededor del mundo.
La Facultad de Ciencias Sociales de la UCR le invita a participar de la jornada de este viernes 15 de julio de su Viernes de Cátedra, con el tema: “Autoritarismo, excepción y derechos humanos: El Salvador”.
Se contará con la participación de la M.Sc. Jeannett Aguilar, el Dr. Álvaro Artiga González y la moderación de Mario Zúñiga.
