El curso busca difundir sobre cómo la lactancia materna favorece la salud del bebé, de la madre y la economía familiar
La Universidad de Costa Rica (UCR), mediante el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa), abre nuevamente sus puertas a todo el país con el objetivo de brindar el curso gratuito de preparación para la lactancia materna.
El curso, que se llevará a cabo de manera presencial cada viernes del 28 de febrero al 4 de abril de 2025 —y cuyas inscripciones se realizan en este enlace https://forms.gle/ejPPZDEbKX91u6KBA— está dirigido a madres, padres, cuidadores y cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sobre este proceso fundamental para el bienestar de la infancia y la salud pública.
De acuerdo con la Dra. Lilliam Marín Arias, coordinadora del curso e investigadora del Inisa-UCR, la leche materna es un alimento inigualable capaz de adaptarse a las necesidades del bebé en tiempo real. Incluso, la composición de la leche cambia según diversos factores, como la edad del bebé, su estado de salud e incluso el momento del día.
Por ejemplo, si el bebé está enfermo, la leche materna aumenta la producción de anticuerpos específicos para combatir la infección y, en climas cálidos, puede cambiar su composición para ser más acuosa y mantener al bebé hidratado. Durante la noche, la leche materna tiene más melatonina, una hormona que ayuda a regular el sueño del bebé.
“Existe un desconocimiento muy grande de lo que es la leche humana como tal. Actualmente, las personas no conocen sobre las propiedades únicas y la función que cumple el fluido que brota de las glándulas mamarias de una mujer, y que ese fluido es una sustancia indispensable para la vida y adaptación de los recién nacidos al mundo”, manifestó la Dra. Marín.
“Solo la leche humana aporta los nutrientes y las sustancias necesarias para que un bebé crezca sano y se desarrolle adecuadamente. No saber esto hace que las familias le brinden alimentos no adecuados a las y los niños, en especial en los primeros meses de vida. Es importante orientar a las personas sobre qué es la leche humana y la lactancia materna como tal, por eso damos este curso gratuito”, ahondó la Dra. Marín.
Por supuesto, hay más ventajas. Para la experta, la lactancia materna es una práctica que no solo favorece la salud del bebé, sino que también brinda impactos colectivos positivos para la madre, la familia y la sociedad en general.
“En el caso de la madre, la lactancia facilita la recuperación postparto, reduce el riesgo de anemia y fomenta el vínculo con su hijo. Además, desde un punto de vista social, la lactancia materna contribuye a la economía familiar y reduce la incidencia de enfermedades, lo que alivia la carga sobre los sistemas de salud”, agregó la Dra. Marín.
En efecto, diversos artículos científicos como el publicado en el 2016 en la Revista Nutrición Hospitalaria, expresan que la leche materna contiene todos los nutrientes y defensas necesarias para el desarrollo óptimo del bebé.
Asimismo, este alimento fortalece el sistema inmune del menor, protege su sistema digestivo y ha sido relacionado con un mejor desarrollo cognitivo a largo plazo. Las y los bebés que consumen leche materna tendrán mayores posibilidades de ser futuros adultos más sanos y menos propensos a desarrollar enfermedades crónicas.
El curso
La preparación se desarrollará en modalidad presencial en el Edificio de Educación Continua, de la Ciudad de la Investigación de la UCR, y contará con seis sesiones programadas entre el 28 de febrero y el 4 de abril de 2025 de 9:00 a. m. a 12:00 m.
Durante este tiempo, las y los participantes aprenderán desde los fundamentos biológicos de la lactancia hasta las estrategias prácticas para enfrentar desafíos comunes. Al concluir de manera satisfactoria, las y los integrantes recibirán un certificado de participación.
Entre los temas que se abordarán se incluyen: los fundamentos de la lactancia materna, como el contacto piel con piel, la «hora de oro» tras el parto y la composición de la leche humana.
También se explorarán técnicas y cuidados. Por ejemplo, posiciones adecuadas para amamantar, fisiología de la lactancia y la alimentación de la madre lactante.
Otro eje será cómo resolver situaciones especiales, entre ellas, el manejo de dificultades frecuentes de la extracción y la conservación de la leche materna, así como los derechos de las madres en proceso de lactancia.
Adicionalmente, se tendrá un eje temático enfocado en el vínculo y en el desarrollo infantil, que indaga la Importancia del apego, la estimulación temprana y las señales conductuales del bebé.
Por último, se hablará sobre cómo introducir alimentos complementarios después de que pasen los seis meses de lactancia exclusiva, a fin de lograr una transición a la alimentación sólida y nutricionalmente adecuada.
“Un aspecto que hace único este curso es que es gratuito y permite transmitir el conocimiento sobre lactancia materna a las personas de una forma sencilla, al facilitar un intercambio de experiencias entre las personas que asisten y la facilitadora”, dijo la Dra. Marín.
“Esta relación de cercanía y escucha enriquece el desarrollo de las clases y permite empoderar a las madres y a las familias sobre la importancia de la leche humana y la lactancia materna para la salud y el bienestar de los niños del hoy que serán los adultos del mañana”, profundizó la docente.
El curso forma parte del proyecto de extensión docente ED-2842 «Promoción de la lactancia materna y la alimentación del niño y la niña menor de un año en la comunidad» (Prolamanco), y contará con la participación de las profesoras Lilliam Marín Arias y Karina Ugalde González, especialistas en salud maternoinfantil.
Desde su inicio en el 2011, este curso se ha consolidado como un espacio de formación accesible y, hasta la fecha, ha beneficiado a más de 1 480 personas con herramientas esenciales para la crianza y la alimentación de los recién nacidos.
Así suena y se escribe la música tradicional guanacasteca
Muy pocas partituras existían para resguardar los sonidos de una música que forma parte del alma regional de la música tradicional de Guanacaste. Un nuevo libro de la editorial UCR hace la tarea de escribir la música de la filarmonía de Santa Cruz.
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El Fascismo es primero un fenómeno cultural para luego convertirse en fuerza política
Por: Dr. Jorge Barrientos Valverde, profesor e investigador en Historia Contemporánea en la Escuela de Estudios Generales, UCR.
Este 2025 marca como conmemoración histórica la derrota del fascismo en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a manos principalmente de las fuerzas aliadas encabezadas por la Unión Soviética para la liberación de Europa del Este y Berlín y los Estados Unidos con la liberación del frente occidental.
En el contexto de la crisis económica del 2008 y posteriormente la depresión social provocada por la pandemia COVID-19 en 2020, en pleno siglo XXI empezaron a surgir nuevas manifestaciones de movimientos de extrema derecha que ante las graves y cada vez más fuertes contradicciones del capitalismo mundial brindaban una narrativa alternativa de soluciones, con respuestas fáciles a problemas complejos de resolver, casi siempre a través de exaltar el patriotismo, el sentimiento de unidad nacional, el conservadurismo religioso, la crítica a las élites tradicionales, la necesidad de un gobierno autoritario de mano dura, y también los discursos de odio. Reivindicando incluso figuras como Benito Musolinni, Adolf Hitler o Francisco Franco.
Se manifiestan con propuestas que contienen altas dosis de homofobia, xenofobia, racismo, clasismo, misoginia y todo tipo de prejuicios anti comunistas (entiéndase como la lucha contra todo tipo de movimiento social de izquierdas y defensor de los derechos humanos, principalmente movimientos ambientalistas, por los derechos laborales, por la diversidad de pensamiento). Además de lo anterior, sostienen posiciones negacionistas en temas tan diversos como el holocausto, las muertes de las dictaduras, los derechos de las mujeres o el cambio climático.
Ante la gravedad del crecimiento de nuevas agrupaciones de extrema derecha en la actualidad, y tomando en cuenta que estos movimientos legitiman la discriminación y el uso de la violencia como forma de atacar a lo que ellos consideran un “otro no deseado”, se hace muy necesario desde el presente explicar los orígenes históricos de estos grupos radicales que simpatizan con el supremacismo blanco, la exaltación nacionalista y todo tipo de racismo y colonialismo que justifican la dominación y explotación de unos contra otros, cuestión que vemos claramente en el nuevo gobierno de Donald Trump y sus alianzas con Benjamin Netanyahu y Javier Milei.
Concepto y orígenes históricos del fascismo
El fascismo se refiere a una corriente político ideológica de extrema derecha, representante de los intereses de las élites capitalista más radicalizadas y anti democráticas, defensora de los privilegios de los sectores más poderosos de las naciones y apologista del pasado imperialista y monárquico que tuvieron en muchos momentos históricos ciertas naciones europeas. Hacia inicios del siglo XX, con el fin de llevar a cabo la consolidación de su proyecto político y económico se valió de la tradición militar, el nacionalismo exaltado, la idea de la unidad y supremacía de la nación y en algunos casos el ideario de la defensa de las buenas costumbres religiosas.
El movimiento fascista surge principalmente como una reacción a la revolución rusa de 1917, como un método de defensa de los intereses de las clases privilegiadas y poderosas a los movimientos insurgentes de corte anarquista y marxista que querían luchar por mayores niveles de justicia y equidad social. El fascismo defiende el desarrollo de un capitalismo corporativista, manejado por una élite militar, con una burguesía supeditada a las directrices del gobierno totalitario que legitima las divisiones sociales de clase y que fomenta la supremacía de las élites blancas frente a otros grupos étnicos. (Rodrigo Quesada, 2007).
Sin embargo, las raíces históricas de dicho movimiento pueden ubicarse mucho antes. En Francia desde finales del siglo XIX Charles Maurras desarrolló un proyecto ideológico ultra nacionalista, fuertemente anti semita y anti comunista, profundamente contrarevolucionario como respuesta a la Comuna de París de 1871 que amenazaba los intereses de los más poderosos, además defensor del régimen monárquico creía que el parlamentarismo era nocivo para la nación francesa. Para èl la democracia y el parlamento daban opción a radicales de izquierdas a que participaran de la política y pudiesen tomar decisiones para el país, en detrimento de los intereses de la aristocracia francesa.
Los choques inter imperialistas y las disputas coloniales generaron que también en otras naciones se desarrollaran manifestaciones de este tipo de proyecto ideológico. Esto fue provocando rivalidades y odios entre las naciones europeas, incluso desde los conflictos generados por la Conferencia de Berlín (1985) y los desacuerdos entre élites imperialistas respecto a cómo dividirse África y parte del Medio Oriente. Como es sabido, tales disputas y desacuerdos finalmente intentaron resolverse con la Primera Guerra Mundial, aunque con resultados no muy convincentes ni definitivos.
Es específicamente en Italia donde más se desarrolla ya bajo ese nombre el proyecto fascista. Luego de terminada la Primera Guerra Mundial, Italia queda como uno de los países más afectados de las consecuencias del conflicto y el tratado de Versalles. La situación socio económica en Europa es paupérrima y decadente, principalmente para las clases trabajadoras más explotadas, quienes incluso fueron la carne de cañón para ir al frente de los ejércitos en estas guerras, envenenados por un discurso patriotero de exaltación nacionalista y convencidos de la grandeza de sus naciones y el futuro próspero que sus respectivas burguesías prometían.
Esos sectores sociales, urgidos de respuestas frente a la crisis política y económica de 1919, fácilmente se dejaban seducir por discursos mesiánicos de salvación de la patria, de unidad y de nuevas luchas militares. Esa era una alternativa, la otra al frente, era el de la revolución socialista de inspiración marxista – anarquista.
Fue Gabriele D’annunzio, un poeta, político y militar italiano quien más influenció el desarrollo de muchas ideas que luego Benito Mussolini iba a poner en práctica, ideas que estaban plagadas de fanatismo nacionalista, odio por el socialismo marxista y aversión por los judíos. Proponían en cambio un sindicalismo nacional fascista en oposición al sindicalismo combativo de izquierdas, elemento que para Zeev Sternhell, es clave para comprender dos cosas: a. el fascismo es primero un fenómeno cultural para luego convertirse en fuerza política, b. la polarización ideológica entre izquierdas y derechas en el marco de la lucha de clases cada vez más grave es lo que genera que el fascismo tome tanta fuerza política. (Zeev Sternhell, 2002).
Así las cosas, el fascismo no es un accidente de la historia de Occidente, por el contrario es mas bien el resultado de la cultura política europea plagada de conflictividad social, violencia política y fanatismos culturales. La burguesía mundial desde 1945 ha insistido en narrar al fascismo como un fenómeno político ajeno a la izquierda y la derecha y lejana a los intereses de las élites capitalistas, una especie de absurdo irracional que dura veinticinco años producto de la maldad de la naturaleza humana que siempre ha estado allí y se desbordó en estas décadas.
Lejos de esto, el fascismo es una ideología de extrema derecha, proviene de la clase burguesa racista, colonialista e imperialista, y es una corriente de lucha político militar que pretende defender a las élites más poderosas de la amenaza revolucionaria socialista, marxista, anarquista e incluso del reformismo socialdemócrata.
La herencia del siglo XIX marca profundamente el llamado corto siglo XX entre 1914 y 1991 (Eric Hobsbawm, 1994), principalmente por tres fenómenos principales que explican el desarrollo del fascismo:
la nostalgia por el pasado imperial y colonial, incluyendo la defensa de la monarquía.
el fanatismo nacionalista y patriota, circunscribiendo el tema religioso.
la profunda lucha de clases, la polarización social entre burguesía y proletario y entre naciones poderosas y naciones subyugadas.
Características del fascismo
Siguiendo los aportes de Enzo Traverso, Rodrigo Quesada y Ernest Mandel, algunas de sus características como corriente política son:
– Se asocia al nacionalismo exaltado inclusive legitimando el supremacismo blanco europeo.
– Utiliza el militarismo como instrumento clave para llevar a cabo sus proyectos políticos de dominación ideológica y control social.
– Practica el culto al líder supremo, quien es un hombre blanco autoritario, del alto rango militar, quien debe guiar a la nación hacia el progreso y defender a los sectores más aristocráticos del país bajo un capitalismo monopolista.
– Fomenta el racismo, la xenofobia, el anti comunismo, el anti semitismo, la homofobia, el eurocentrismo, el etnocentrismo, la islamofobia, el determinismo biológico y con ello el darwinismo social, una repulsión por el liberalismo político y el fanatismo religioso como modo de legitimar sus planes de dominio nacional.
– Desarrolla una fuerte afición por el pasado monárquico, imperialista y colonialista de muchas naciones europeas, de manera tal que legitima el sometimiento y saqueo de grandes cantidades de poblaciones a las que se considera atrasadas y subdesarrolladas.
Las dictaduras neofascistas
A partir de 1947 con la entrada de la comunidad internacional en la dinámica de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentarían por el control político, ideológico y económico del mundo. La disputa sobre el Medio Oriente, en específico relativo al conflicto palestino – israelí demostraría el enfrentamiento entre estas super potencias. Con el apoyo explícito de los Estados Unidos, en América Latina se desarrollaron una gran cantidad de golpes de Estado y dictaduras militares sangrientas, en nombre de la democracia, la estabilidad de occidente, el mundo libre y las buenas costumbres cristianas, esto entre 1948 y 1991.
La mayor parte de los dictadores en América Latina aliados a los gobiernos norteamericanos se decían buenos cristianos y patriotas, incluso admiradores del estilo de gobierno de Musolinni o Franco. (Roitman, 2013). Estas dictaduras asesinaron miles de civiles siguiendo el llamado método Yakarta puesto en práctica primeramente en Indonesia en los años sesenta. (Vicent Bevins, 2021).
Las nuevas extremas derechas
El planeta entero vive momentos de mucha tensión y preocupación derivados de la llegada al poder de líderes de extrema derecha en los gobiernos de Estados Unidos con Trump, la extrema derecha sionista en Israel que gobierna hace varios años en coalición con Benjamín Netanyahu, la Hungría de Victor Orban, en Argentina Milei y en Italia con Giorgia Meloni.
Dichas derechas radicales hoy en día tienen semejanzas y diferencias con las extremas derechas clásicas. Evaden reconocerse como movimientos fascistas o simpatizantes del fascismo europeo y más bien su batalla declarada va contra los inmigrantes empobrecidos, contra la diversidad sexual, contra los derechos de las mujeres, y contra todo movimiento de izquierdas, desde ambientalistas hasta defensores de derechos humanos.
Se aprovechan además de las iglesias neopentecostales con la teología de la prosperidad para plantear estos enfrentamientos como parte de una cruzada religiosa de cristianos buenos contra socialistas malos. Esa fue la experiencia brasileña con el caso de la llegada al poder de Jair Bolsonaro en una alianza entre magnates eclesiales, el ejército, grandes empresarios y el poder financiero.
Libros recomendados
Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX: La era de los extremos.
Rodrigo Quesada. El siglo de los totalitarismos.
Enzo Traverso – Las nuevas caras de la derecha.
Enzo Traverso. La historia como campo de batalla.
Noam Chomsky – ¿Quién domina al mundo?
Kathleen Belew – Bring the war home.
Pablo Stefanoni – ¿La rebeldía se volvió de derecha?
Steven Forti – Extrema Derecha 2.0.
Zeev Sternhell – El nacimiento de la ideología fascista.
Marco Roitman – Tiempos de oscuridad. Los golpes de Estado en América Latina.
Alberto Gutiérrez Arguedas Geógrafo y científico social Universidad de Costa Rica / Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario
Actualmente se discute en la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, expediente No. 23.414. En pocas palabras, se trata de un proyecto ley intencionado para la privatización del sistema eléctrico nacional, de la misma envergadura y alcances del infame “Combo del ICE”, derrotado en las calles hace 25 años en una de las mayores movilizaciones sociales de la historia de Costa Rica.
En términos técnicos, este proyecto de ley tiene tres elementos básicos, que en su conjunto implicarían una reestructuración profunda del sistema eléctrico nacional:
Creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Se trasladan las funciones de operación y coordinación del sistema eléctrico nacional del ICE al ECOSEN, una nueva entidad adscrita al MINAE. Con ello se politiza en el mal sentido de la palabra las decisiones y planificación estratégicas sobre el sistema eléctrico y se abre las puertas a conflictos de intereses y dinámicas viciadas de “juez y parte”, pues en dicha entidad tendrían representación los generadores privados de electricidad.
Creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN). Se crea un mercado eléctrico mayorista o de subastas, es decir, un mercado eléctrico privatizado, en donde la electricidad es una mercancía que se transa entre agentes privados. Con ello se elimina la planificación operativa que actualmente ejerce el ICE, la cual garantiza que las decisiones y planes estratégicos sobre el sistema eléctrico respondan a criterios técnicos y a las necesidades sociales, no a intereses particulares.
Exportación de empresas privadas en el mercado eléctrico centroamericano. Se autoriza que los generadores privados exporten directamente en el mercado eléctrico regional, lo cual actualmente solo puede hacer el ICE. Ello es problemático porque, bajo el esquema actual, las ganancias del ICE por exportación de electricidad se rebajan de las tarifas de los usuarios, mientras que si exportaran las empresas privadas esas ganancias serían para el lucro de estas, sin beneficio para la colectividad.
Lejos de ser una novedad, lo que propone este proyecto de ley es la vieja receta privatizadora de los años 1990. En aquellos años, al mismo tiempo en que se impulsaba el “Combo del ICE”, los demás países centroamericanos también impulsaron reformas legales para privatizar sus sistemas eléctricos, como parte de los programas de ajuste estructural. Honduras lo hizo en 1994, El Salvador y Guatemala en 1996, Panamá en 1997 y Nicaragua en 1998. A diferencia de Costa Rica, en donde la lucha social logró frenar la privatización, en los demás países sí se concretó.
El proyecto de ley de “armonización” busca cumplir un ansiado sueño de las clases dominantes: completar la privatización del sistema eléctrico de Costa Rica, la cual quedó “a medias” desde los años 1990. Quieren conseguir lo que no pudieron hace 25 años, utilizando los mismos argumentos de aquel entonces: que la apertura del sector eléctrico reducirá las tarifas, que modernizará la gestión y, en general, que mejorará la calidad del sistema eléctrico. Pero, ¿será cierto que privatizar el sistema eléctrico trae todos esos beneficios? La experiencia de los demás países centroamericanos dice lo contrario. Veamos.
En cuanto a las tarifas, a pesar de ser el país más caro de la región, Costa Rica mantiene la tarifa eléctrica más barata. Según datos de 2022, el precio del kilovatio/hora (kWh) en este país fue de $0,15, mientras que en Panamá y en Nicaragua fue de $0,17, en El Salvador $0,24, en Honduras $0,26 y en Guatemala $0,28. En algunos de estos países el pago de la tarifa eléctrica representa una pesada carga en las economías familiares y, de hecho, ha sido motivo de conflictos sociales. Por ejemplo, en el contexto de las grandes protestas en Panamá en 2022, el rebajo de la tarifa eléctrica fue uno de los ocho puntos prioritarios que el movimiento social presentó ante el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo.
Desde el punto de vista de la calidad del sistema eléctrico, los resultados de las privatizaciones han sido igualmente decepcionantes. Costa Rica se mantiene como el país con mayor índice de cobertura eléctrica (99,4%), seguido de El Salvador (97,9%), Nicaragua (97,3%), Panamá (94,3%), Guatemala (89,2%) y Honduras (85,7%). Lo mismo puede decirse de la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico: los apagones y picos de corriente, prácticamente desconocidos en Costa Rica, son una realidad cotidiana en otros países, provocando perturbaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, en la ciudad panameña de Colón se han dado protestas contra la empresa de distribución eléctrica, en donde las personas, indignadas, han arrojado a la sede de la empresa sus electrodomésticos dañados.
Lo mencionado anteriormente revela que, contrario a las promesas, las privatizaciones no han traído buenos resultados en Centroamérica. Lo que sí han hecho es abrir un nicho de negocios sumamente lucrativo, del cual se han aprovechado un conjunto de empresas privadas, nacionales y transnacionales. Y aquí está el meollo del asunto: cuando se privatiza un sector estratégico como la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y pasa a ser una mercancía. Por lo tanto, ya no está en función de satisfacer las necesidades sociales sino de las posibilidades de negocio que pueda ofrecer. Aquellas actividades que no resultan lucrativas (por ejemplo, la electrificación de zonas rurales) son deliberadamente descuidadas.
En la coyuntura política actual, es fundamental prestar atención y aprender de la experiencia de otros países, pues pueden dar una idea lo que nos esperaría en caso de aprobarse el proyecto de “armonización”. Este proyecto de ley es anacrónico, pues en otras latitudes más bien se está discutiendo la necesidad de re-estatizar las empresas de electricidad que fueron privatizadas, debido a sus desastrosos resultados. Tal es el caso de Alemania, que en 2022 nacionalizó la empresa eléctrica Uniper, en el contexto de la crisis energética provocado por la guerra en Ucrania.
En conclusión, el motivo por el cual quieren privatizar el sistema eléctrico de Costa Rica no es porque no funcione bien. Al contrario: lo quieren privatizar porque funciona muy bien y por consiguiente es un jugoso botín del cual la oligarquía local y las empresas transnacionales se quieren apropiar. El momento actual nos invita a luchar, pues una vez que se privatiza el sistema eléctrico, es muy difícil revertirlo. Hay mucho en juego.
El pasado miércoles 15 de enero Semanario Universidad informó que el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, declaró que el aumento de un 2% para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2025 está “congelado”. Ante esta manifestaciones, es necesario recordar:
El financiamiento de las Universidades Públicas está garantizado por el artículo 85 de nuestra Constitución Política, en el cual obliga a la dotación de patrimonio propio y rentas a estas instituciones para la operación y funcionamiento que requieran.
Para fijar el presupuesto ordinario de las Universidades Públicas, existe un ente coordinador llamado “Comisión de Enlace”, integrado por las representaciones del Poder Ejecutivo y las Universidades, las cuales acordarán el presupuesto anual correspondiente.
En caso de desacuerdo en la Comisión de Enlace mencionada, la Constitución Política establece que la aprobación del monto presupuestario para el financiamiento de las Universidades será resuelto por la Asamblea Legislativa.
La Constitución además, establece que “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.”
En la negociación del año 2024 entre las Universidades Públicas y el Poder Ejecutivo, para la fijación del monto del presupuesto de las Universidades para el ejercicio del 2025, no hubo acuerdo entre las partes. Por lo anterior, la negociación pasó a la Asamblea Legislativa, donde se acordó con las Universidades Públicas un aumento del 2% del presupuesto del FEES, que entró a formar parte del presupuesto permanente de las Universidades.
Congelar el aumento del 2% al FEES, según afirma el Ministro de Hacienda, representa un perjuicio al funcionamiento y crecimiento de la Educación Superior Pública en el país. Este incremento fue aprobado siguiendo un proceso riguroso y transparente, en estricta observancia con lo establecido por la Constitución Política y la normativa vigente.
Desde la Rectoría, reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera decidida en este tema, impulsando las gestiones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de nuestra institución y el giro oportuno de los recursos correspondientes. No permitiremos que se congele la Educación Superior. Como Comunidad Universitaria, estrechamente unida, enfrentaremos esta situación con firmeza y responsabilidad.
Dr. Carlos Araya Leandro Rector Universidad de Costa Rica
Expresidenta ejecutiva del AyA considera que reforma al Reglamento de Calidad de Agua expondría a la población a consumir agua con residuos de plaguicidas.
En una entrevista para el colectivo Bloque Verde, la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, ex presidenta del AyA, catedrática de la Universidad de Costa Rica, bióloga y especialista en recursos hídricos, expresó su preocupación por las modificaciones al Reglamento de Calidad de Agua Potable, impulsadas por la ministra de Salud, Mary Munive.
Astorga advirtió que «estos cambios podrían exponer a la población al consumo de agua con residuos de plaguicidas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves, como el cáncer».
La última semana de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud (MinSa) publicó sigilosamente una consulta pública con una nueva versión del Reglamento de Calidad de Agua Potable DE-38924-S. Esta reforma deja desprotegido el agua destinada al consumo humano, permitiendo y legalizando la contaminación con plaguicidas en el agua que se distribuye a toda la población. Uno de los cambios más significativos es la sustitución del término “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”, lo que faculta tanto al AyA como a las ASADAS para seguir distribuyendo agua con residuos de plaguicidas. Diversos sectores han manifestado su preocupación, y la ex presidenta del AyA respaldó los argumentos de las organizaciones ambientales.
Según Astorga, “esta modificación al reglamento expone a la población a un riesgo al consumir agua con residuos de plaguicidas, que son moléculas persistentes que se acumulan, principalmente, en el tejido graso del cuerpo humano. Conforme consumimos esta agua, los residuos se van acumulando hasta alcanzar concentraciones que, en efecto, pueden provocar algún tipo de enfermedad”.
Costa Rica cuenta con una Ley de Aguas desde 1942, que establece que cuando un manantial se utiliza para consumo humano, debe dejarse una zona de protección de 200 metros a la redonda. Astorga señaló una gran contradicción, ya que «en las fuentes que hoy día están contaminadas con clorotalonil, por ejemplo, en la zona de Cartago, el gobierno no está cumpliendo con lo que estipula la ley, y esta modificación al reglamento tampoco lo incluye».
En otros casos de contaminación por plaguicidas, como en las comunidades del Cairo y Milano (Guácimo y Siquirres) o en la Zona Norte (Veracruz y Pital), «lo primero que se hizo fue eliminar la fuente contaminante, que era el cultivo, dentro de un radio de 200 metros. Sin embargo, en Cartago no se ha aplicado la ley, lo que genera la pregunta: ¿por qué?», cuestionó la experta.
Otros expertos en contra del reglamento
Astorga mencionó que la comunidad académica de la Universidad de Costa Rica ha mostrado su preocupación y enviado observaciones al Ministerio de Salud sobre el borrador del nuevo reglamento. «Nosotros enviamos unas observaciones, en las que participaron dos investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), una investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) y yo, como parte de la Escuela de Tecnologías en Salud. En esas observaciones manifestamos nuestra preocupación por la modificación, pues consideramos que Costa Rica necesita avanzar hacia regulaciones más estrictas y mejores, nunca en retroceso. Este reglamento, o mejor dicho, esta modificación, representa un retroceso para la salud de la población», afirmó Astorga.
Vea la entrevista completa en el siguiente enlace:
Créditos de la entrevista a la profesora Yamileth Astorga Espeleta sobre las pretensiones de modificar el reglamento de agua potable en Costa Rica:
Producción ejecutiva IRENE BURGUÉS ARREA
Realización audiovisual CARLOS GÓMEZ DE LA ESPRIELLA
Una producción de Trópico Rural S.A. en apoyo al Bloque Verde Costa Rica, 2025
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
La rectoría de la Universidad de Costa Rica, mediante la resolución R-11-2025, creó la Red de Mujeres en Ciencias, Ingenierías y Humanidades (Cihred-UCR), la cual estimulará la creación de proyectos y programas de investigación liderados por mujeres en todas las disciplinas científicas de la UCR.
Se partirá de la noción de ciencia como aquel conjunto de conocimientos que se generan en todos los ámbitos, tanto de las ciencias básicas como de las ciencias sociales y de las humanidades.
Esta red impulsará el acceso y la participación plena, colaborativa y equitativa de las docentes y las estudiantes de la UCR en actividades que fomenten el desarrollo humanista, científico, tecnológico y en innovación. También promoverá espacios de encuentro e intercambio de experiencias entre distintas generaciones, tanto docentes como estudiantiles.
El pasado 1º de enero, el nuevo equipo de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica inició oficialmente su gestión. Así, este lunes 6 de enero, ya concluido el receso de fin y principio de año, comenzamos las labores ordinarias al servicio de nuestra institución y, por extensión, también de la sociedad costarricense a la que nos debemos y en la que encontramos la auténtica razón de ser.
Estamos en el último año del primer cuarto del siglo XXI, lo que implica grandes retos y nuevos rumbos para la humanidad y, por consecuencia, para toda institución de educación superior. Si bien los procesos de cambio son inevitables, las transformaciones en marcha exceden, en buena medida, muchos de los límites de nuestra imaginación.
Estas circunstancias obligan a dirigir nuestra mirada hacia el ser humano y a emprender acciones para que, como especie, de nuevo aprovechemos estos puntos de inflexión históricos en beneficio de la sociedad. Debemos pensar más allá de las circunstancias individuales, en un ejercicio virtuoso y constructivo que vele por el bien común, la paz, la solidaridad, la empatía y la mutua comprensión; y que rechace las ideas negativas y nocivas que tanto abundan.
La Universidad es terreno fértil para producir y divulgar esos pensamientos que la sociedad necesita, pero también para implementarlos en el contexto universitario. Recordemos que la Universidad de Costa Rica es la primera casa de enseñanza en la región, que somos la institución mejor calificada, año tras año, por nuestra generosa comunidad costarricense y que debemos responder a los retos con la excelencia que nos caracteriza.
Como equipo, y consecuentes con todo lo anterior, realizaremos una gestión basada en el trabajo colaborativo, debidamente articulado y coherente, que atenderá, entre otros, los siguientes aspectos:
a– Dignificar el quehacer académico, de manera que la Universidad resguarde, nuevamente, el auténtico ejercicio docente como eje esencial, realizado en primer término en el encuentro del estudiantado con el profesorado, pero siempre dentro del debido respeto de nuestros valores éticos, del ejercicio de la libertad de cátedra y del pensamiento crítico.
b– Comprender la gestión docente-administrativa como un ámbito prioritariamente investigativo, de servicio pleno y ejercicio pedagógico, más que como un escenario puramente jerárquico, burocrático y administrativo. La condición de autoridad implica un compromiso de servicio y entrega.
c– Fomentar el diálogo académico, porque partimos de la certeza de que todo ser humano posee saberes y necesita aprender continuamente. Cada saber es necesario y cada ser humano es docente y estudiante; por lo tanto, procuraremos democratizar y universalizar, cada vez más, el quehacer académico universitario, por lo que las iniciativas estudiantiles y populares también serán bienvenidas.
d– Comprender al estudiantado, en toda su dimensión, como los fines próximos del quehacer del Alma Mater y, a su vez, como medios para que nuestra Universidad cumpla con su misión ante el país, a quien nos debemos, pero sin olvidar que también somos parte de una comunidad global con la cual también asumimos responsabilidades.
e– Realizar una gestión de puertas abiertas, basada en un ejercicio virtuoso que partirá de los siguientes principios: el diálogo, la proximidad, la flexibilidad, la alteridad, la reciprocidad, la diversidad, el respeto, la cortesía, la confianza y la justicia. Dicho en otras palabras, procuraremos una casa de enseñanza superior profundamente humanística.
f– Garantizar la jerarquización idónea y armónica de los discursos que deben guiar nuestra práctica universitaria cotidiana, ocupando el primer lugar la motivación estrictamente académica, seguida de una clara orientación ética, de modo que se resguarde indefectiblemente un ejercicio moral que permita, entre otros aspectos, el diálogo afectivo y solidario, antesala para la solución alternativa de cualquier diferencia o conflicto; y, solo posteriormente y como última alternativa, se deberá recurrir al discurso jurídico. De esta forma restituiremos la función responsable de todas las autoridades.
g– Resituar los importantes ámbitos administrativos y tecnológicos como herramientas complementarias para las labores sustantivas del Alma Mater, recuperando el orden lógico del ejercicio institucional en el seno de nuestra comunidad universitaria.
h– Observar indefectiblemente los fines y los principios orientadores de nuestra casa de educación superior, de manera que cumplamos con las responsabilidades inmediatas en el claustro académico, así como con los deberes humanísticos, científicos, políticos, sociales y culturales que debemos atender frente a nuestra sociedad.
Es un deseo de esta Rectoría que este año sea un período de crecimiento intelectual, profesional y personal para cada miembro de nuestra comunidad universitaria, en el marco del respeto mutuo y la búsqueda del conocimiento al servicio de la sociedad.
La unidad de la UCR permitirá, por primera vez en el país y en la región de Centroamérica y el Caribe, garantizar que un medicamento genérico es equiparable a su versión original
Es diciembre del 2024 y las buenas noticias empiezan a llegar. Esta vez, con el regalo de la inauguración de la primera Unidad de Investigación Biomédica del país, enfocada en bioequivalencia y estudios clínicos fase I y fase II en seres humanos.
Esta unidad, alojada en la Universidad de Costa Rica (UCR), dará la posibilidad de que la población costarricense en un futuro pueda acceder a la compra de medicamentos más baratos. ¿Cómo? Muy sencillo.
De acuerdo con el Dr. German Madrigal Redondo, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar-UCR), la bioequivalencia es el proceso que certifica que un medicamento genérico (multiorigen) tiene un efecto terapéutico similar a su versión original.
Ese proceso incorpora una serie de análisis para demostrar que los medicamentos genéricos disponibles cumplen con los perfiles equivalentes de calidad, seguridad y eficacia. Cuando un medicamento genérico pasa exitosamente todos esos análisis, quiere decir que es óptimo para comercializarse en el país.
Lo anterior es una gran ventaja. Los medicamentos genéricos, al ser más baratos, pueden reducir considerablemente los costos en tratamientos esenciales para la población, debido a que las personas podrían sustituir los fármacos de marca por uno genérico y aliviar su bolsillo.
Para buena fortuna para Costa Rica, y por primera vez en suelo tico, todos estos procesos de análisis de bioequivalencia se efectuarán en la nueva unidad de la UCR a partir del 2025. ¡Un sueño hecho realidad!
“Desde Guatemala hasta Panamá y el Caribe no hay una unidad de bioequivalencia como la que hoy tiene la UCR. Hay sitios clínicos, pero no una unidad con sitio clínico como nosotros. El radio de acción de esta unidad es de 80 000 000 de personas y Costa Rica podrá bajar los costos de muchos medicamentos”, resaltó el Dr. Madrigal.
Por supuesto, las buenas noticias no se detienen aquí. Además de los procesos de bioequivalencia, esta nueva unidad va a permitir hacer estudios de fase I y de fase II para la generación de nuevos fármacos —100 % costarricenses—, que antes no se podían efectuar en el país porque no existían las condiciones.
Estas fases son las etapas iniciales en el proceso de desarrollo de medicamentos y forman parte de los ensayos clínicos.
“Su objetivo es evaluar la seguridad, la dosis y, eventualmente, la eficacia de un nuevo medicamento en seres humanos. La existencia de esta nueva Unidad de Bioequivalencia potencia la industria farmacéutica nacional, en cuanto a la generación de nuevas terapias hechas por costarricenses”, aseguró el Dr. Madrigal.
Dr. German Madrigal Redondo, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar-UCR)
¿Por qué es tan innovador?
Para el Dr. Madrigal, esta unidad es altamente innovadora por varias razones. Primero, por el alto precio de los medicamentos en Costa Rica. En efecto.
Un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), de la Universidad Nacional (UNA), reveló sobreprecios muy altos para los medicamentos distribuidos en Costa Rica, con respecto a los mismos medicamentos distribuidos en las farmacias de El Salvador.
El estudio indica que las y los costarricenses pagan sobreprecios en los medicamentos que pueden alcanzar los $40 (aproximadamente ¢25 000 más).
“Esta unidad es el primer paso de un objetivo mucho más grande. Hasta el momento, los estudios de bioequivalencia se tenían que hacer fuera del país. Entonces, desde la UCR ya podemos ofrecer hacer estos ensayos a nivel nacional. Estos estudios van a impactar indirectamente el precio de los medicamentos porque, al tener más acceso a los medicamentos genéricos de buena calidad, los precios en el mercado disminuyen”, mencionó la Dra. Yenory Estrada Murillo, farmacéutica de la UCR e investigadora asociada del Programa de Bioequivalencia.
La Unidad de Bioequivalencia da esa oportunidad de aumentar la oferta —disponibilidad— de medicamentos en el mercado, con más opciones y nuevas oportunidades, para que toda persona siempre pueda elegir bajo el sello de seguridad, calidad y eficacia.
La segunda razón del por qué esta unidad es tan innovadora, es debido a que se necesitan tres elementos de elevado costo y altamente especializados que ahora se tienen en el país gracias a la UCR.
El primero es un laboratorio de análisis de las muestras con equipo de punta, personal especializado en el control de calidad y, segundo, una unidad de equivalencia farmacéutica con la que ya contamos: el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (Layafa-UCR).
“El Layafa-UCR se enfoca en el control de calidad de todos los medicamentos que se comercializan en el país, para que estos cumplan con todas las normas farmacopeicas —de seguridad farmacológica—”, explicó el Dr. Madrigal
“Asimismo, contamos con el Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética (Labiofar-UCR), que efectúa análisis de bioequivalencia in vitro. También tiene la capacidad de hacer la parte bioanalítica, que consiste en la cuantificación del fármaco en fluidos biológicos como sangre y orina. Esto es vital en estudios in vivo para evaluar cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo humano”, profundizó el Dr. Madrigal.
El tercer aspecto es el área clínica, exclusiva para este tipo de estudios. Un análisis de bioequivalencia se debe efectuar en un lugar específico porque se trabaja con personas voluntarias, generalmente sanas, que deciden someterse al estudio.
Además, se debe tener personal con buenas prácticas clínicas y manuales de operación del sitio, así como laboratorios de química clínica y de microbiología acreditados para hacer pruebas de rigor: exámenes físicos, de sangre, bioquímica sanguínea, fundamentales para definir los criterios de inclusión del estudio.
Más que bioequivalencia
Con esta unidad, la UCR fortalece no solo el acceso a medicamentos más asequibles, sino también el desarrollo de la industria nacional. Diversas empresas farmacéuticas locales podrán validar sus productos y exportarlos a mercados internacionales que exijan estudios de bioequivalencia.
Al mismo tiempo, la unidad servirá como un centro de formación de especialistas en estudios clínicos, al atraer investigaciones internacionales y consolidar a Costa Rica como un centro regional en el desarrollo farmacéutico de vanguardia.
“Es un área clínica que abre las puertas al desarrollo de nuevos productos, de medicamentos multiorigen, y de nuevos equivalentes farmacéuticos que pueden ser intercambiables. Incluso, podemos ayudar en la identificación de nuevas formas de diagnóstico”, argumentó el Dr. Madrigal.
Dra. Yenory Estrada Murillo, farmacéutica e investigadora de la UCR
Genéticamente compatible
Otro de los avances que trae consigo este proyecto es la capacidad de realizar estudios específicos para la población costarricense.
Según el Dr. Madrigal, la genética de Costa Rica es altamente diversa, con influencias indígenas, europeas, afrodescendientes y asiáticas, lo que difiere de otras poblaciones donde comúnmente se realizan estos estudios de bioequivalencia, como Estados Unidos, Europa o Asia.
Por lo tanto, el enfoque de la bioequivalencia 100 % costarricense asegura que los medicamentos sean realmente efectivos y seguros para quienes los consumen en el país.
“Muchos de esos medicamentos genéricos o multiorigen vienen con estudios de bioequivalencia de países europeos o asiáticos cuyas personas son, genéticamente, muy diferentes a la población costarricense. Nuestra diversidad es muy amplia y, aunque esos estudios internacionales de bioequivalencia podrían servir, no son tan cercanos a nuestra realidad. Lo bueno es que vamos a hacer estudios para nuestra población y asegurar si estos medicamentos realmente son equivalentes farmacéuticos seguros, de calidad y eficaces para la población costarricense”, aseveró el Dr. Madrigal.
Evidentemente, el potencial de esta nueva unidad trasciende los estudios clínicos. Gracias a la infraestructura complementaria de la UCR, como el Ciclotrón y el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica-UCR), se podrán realizar investigaciones en radiofármacos, diagnósticos avanzados y estudios observacionales, el cual abre nuevas posibilidades para la ciencia y la medicina costarricense.
Con esta apertura, la UCR refuerza su compromiso con el bienestar de la sociedad costarricense, al democratizar el acceso a medicamentos y consolidar su posición como líder regional en innovación científica.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Por: Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Cada 10 de diciembre se celebra internacionalmente el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En estos días, de cara a esta importante celebración en todo el mundo, el tema posee una relevancia particular en este 2024 en el que se observa, en Centroamérica como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan.
El 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en este año 2024, al conmemorarse exactamente 30 años del asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes.
La única entidad que consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos cuatro ecologistas asesinados fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la suscripción de una multitud de tratados y sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos. Al respecto, este 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «), precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la poca difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 1).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ve reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado. En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principla interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, y llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído. En el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes períodicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados en un informe oficial, o situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. En el caso de los segundos, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De algunos lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informedel Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 2) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero muy recientemente una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informede la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que de cara a este próximo 10 de diciembre, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzarán la vez para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad. Una situación agravada hoy por una narrativa de algunos decisores políticos tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023, así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, hechas en diciembre del 2023 (véase observaciones). En el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 17 Estados (el último en haberlo hecho siendo Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 17 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas fichas (Nota 3).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 10 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre del 2024, en particular en estos días en los que se conmemoraron 30 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamende la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 4) por lo ocurrido hace 30 años en la capital costarricense.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas», DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país», Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (punto 202) que: «… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación».
Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nicolas Boeglin Naumovic Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, UCR
