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Etiqueta: UNA

Presentación del libro “La dinastía de los conquistadores”

FILU Costa Rica, UNED y EUNED invitan a la presentación del libro “La dinastía de los conquistadores. La crisis del poder en la Costa Rica contemporánea de Samuel Stone Zemurray” el día 11 de abril del 2024 en las salas A-B auditorio Cora Ferro Calabrese UNA, Heredia a las 5:00 p.m.

Se contará con la presencia de Luis Guillermo Solís Rivera, historiador,  político y expresidente de la República; Vladimír de la Cruz de Lemos, historiador y presidente del Consejo editorial UNED y con la mediación del señor Gustavo Solórzano Alfaro, director de EUNED.


Ver el documental en este enlace: https://youtu.be/tpY6xAKgJLI?si=jc7CO5PdM–RJy4A

Información compartida con SURCOS”

Ana Teresa León: “A nadie le importa la niñez de Costa Rica”

“Nuestro país enfrenta una realidad preocupante que demanda la atención inmediata de toda la sociedad. Los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, reflejando un deterioro social que no puede ser ignorado. La inversión social disminuye, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza, manifestando un panorama alarmante que requiere acción urgente”. La advertencia la hizo Ana Teresa León, académica jubilada de la UNA, durante el foro Exclusión social de niñas, niños y jóvenes, violencia e inseguridad en Costa Rica, que se desarrolló el pasado 19 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado Twight.

En los últimos tiempos, agregó la experta, se ha hecho evidente la existencia de una serie de exclusiones que han impactado de manera directa a la población infantil y adolescente en Costa Rica. En su criterio, lo más preocupante es que cada uno de estos factores contribuye a disminuir las capacidades tanto de individuos como de comunidades enteras para alcanzar su pleno potencial. La falta de acceso a la educación, la limitada atención a la salud materno-infantil y la escasez de recursos destinados a programas de desarrollo integral, son solo algunas de las áreas que requieren una atención urgente.

Para León, lo más grave es que la niñez de nuestro país es ignorada por muchos, lo cual constituye hay una violación de derechos por parte del Estado costarricense. “Cuando se dice no pueden ir al a la escuela porque no se les dan las becas, ¿qué estamos haciendo? estamos reduciendo ese potencial que tiene la persona; en realidad es una violación de derechos en todo el sentido de la palabra. Si el estado no ayuda—y es su responsabilidad—está violando los derechos, en este caso, de las personas menores de edad”

Otro aspecto crítico sobre el que León considera que se demanda atención inmediata es el estado de la red de cuido, la cual ha sufrido un estancamiento en su expansión y calidad, pese a ser una inversión crucial en la primera infancia, en el desarrollo humano.

De igual forma, indicó que se requiere una acción decidida sobre la falta de atención y prevención de situaciones de negligencia, maltrato o abuso, pues estas experiencias traumáticas no solo afectan el bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo, cuando ocasiona desórdenes mentales, problemas de salud, desventajas económicas y una disminución de oportunidades en la vida adulta.

León manifestó que en Costa Rica no se invierte en la educación familiar. “Esto le consta a los que hacen esfuerzos a nivel de las ONGs y de grupos, pero el estado por sí mismo no asume esa responsabilidad y ¿quién educa a las familias?, nadie en realidad. Es una responsabilidad en teoría del Patronato Nacional de la Infancia en sus fines, pero la rebaja del presupuesto del Patronato también afecta a ese servicio”.

Laura Fernández, directora del área de niñez, adolescencia y juventud de la Defensoría de los Habitantes, confirmó esta situación con datos muy concluyentes: el 38% de los menores de edad viven en condiciones de pobreza, con un 13.5% en pobreza extrema. Estas estadísticas se elevan en áreas periféricas, fronterizas y costeras, lo que también evidencia la urgencia de abordar la situación.

Además, hay una reducción preocupante en el presupuesto destinado a la educación, dado que se ha reducido a un mínimo histórico del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este recorte presupuestario ha impactado gravemente programas esenciales como Avancemos, que afecta a 113,000 personas desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, la inseguridad y la violencia continúan cobrando un alto precio en las comunidades y en la población infantil. El año 2023 marcó un récord con 907 homicidios, que refleja la falta de oportunidades que empujan a las personas menores de edad hacia la delincuencia y el peligro. Las cifras de femicidios y suicidios, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años, son igualmente alarmantes, lo que también evidencia una profunda crisis social que exige una acción urgente y coordinada, concluyó Fernández.

Paniamor, por medio de su director ejecutivo, Óscar Valdez, destacó la importancia de un enfoque de vulnerabilidad, protección y riesgo, y llamó a la acción desde la política social para crear oportunidades y romper con la exclusión. La participación ciudadana y un enfoque en la equidad y la justicia son fundamentales para una política social efectiva, dijo.

Las voces expertas coincidieron en que es hora de replantear nuestras prioridades como sociedad y que la inversión en la infancia y adolescencia afianza el futuro de nuestro país, por lo que exigieron acciones concretas y efectivas para garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para cada niño y niña en Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Máster Efraín Cavallini Acuña presenta su candidatura para el Consejo Universitario UNA

En estas elecciones de la UNA, el Campus Liberia UNA realizó la presentación de personas candidatas como representantes administrativos al Consejo Universitario de la UNA. De esta forma, el candidato a Miembro Administrativo en el Consejo Universitario, Máster Efraín Cavallini Acuña comparte con SURCOS su programa de trabajo.

El programa de trabajo se divide en las secciones de Plan de trabajo como representante administrativo ante el Consejo Universitario, líneas estratégicas de trabajo, líneas tácticas de trabajo, líneas operativas de trabajo, y una presentación del candidato. 

El candidato Efraín Cavallini Acuña para el periodo 2024-2029 se centra en diversas aspectos como poner en el centro de la gestión del Consejo Universitario a la persona académica, estudiante y administrativa, promover la autonomía universitaria y fortalecer el financiamiento de la educación superior pública, abogar por una política que permita la sostenibilidad presupuestaria y financiera de la Universidad y su uso eficiente y eficaz, proponer políticas que contribuyan en mejorar la posición de la UNA como instancia de educación superior de alta calidad, impulsar la procuraduría de la ética en la UNA y consolidar las buenas prácticas ya existentes, garantizar una política universitaria que fortalezca la relación de la Universidad–sociedad, fortalecer los recursos financieros para servicios y su cobertura al sector estudiantil,  dar seguimiento a las acciones de los órganos desconcentrados de la Universidad, y muchas propuestas adicionales. 

Para acceder al programa de trabajo completo, diríjase al documento adjunto. 

Seguridad y mejora en la red vial deben ser prioridad de próximos gobiernos locales según ciudadanos

  • 7% de encuestados valora como positiva la labor del TSE; un 50% estima que los partidos cantonales gozaron de las mismas condiciones que los partidos nacionales.

  • Un 51,8% de la población manifiesta que nunca o casi nunca conversa acerca de política con personas cercanas.

UNA Comunica. 14 de marzo de 2024. Las autoridades municipales que asumirán funciones a partir del próximo 1º de mayo deberán prestar atención a dos temas prioritarios: una mejora en las condiciones de la red vial cantonal y la atención a los problemas de seguridad ciudadana en sus comunidades. Así lo piensa el 60,4% de la población que participó en la encuesta Percepción sobre la participación y el proceso electoral municipal 2024, a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA).

Ante la consulta de cuál es el principal problema que considera que debe enfrentar el próximo gobierno municipal, las opiniones se dividieron entre la atención de la red vial (30,7%) y la seguridad ciudadana (29,7%). Más atrás figuran el desempleo (7,2%), el combate a la corrupción (5,3%) y la mejora de la gestión municipal (4,7%).

Este estudio se llevó a cabo del 9 al 17 de febrero, justamente para analizar las percepciones ciudadanas sobre las elecciones municipales, las motivaciones del voto, el análisis del alto abstencionismo y la participación de actores claves relevantes durante el proceso.

Sobre este último aspecto, destaca que para un 77,2% de la población, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llevó de manera adecuada el proceso electoral. También los partidos políticos que participaron obtuvieron una buena valoración, al considerar que para un 65,6% de la muestra su actuar fortaleció la democracia del país.

Las opiniones están divididas al responder si estaban de acuerdo con la premisa de que los partidos políticos cantonales o provinciales tuvieron las mismas condiciones que los partidos nacionales, para exponer sus ideas a la ciudadanía. Un 50% opinó que sí.

También existe división al valorar el papel que cumplieron los medios de comunicación. Un 51,6% de la ciudadanía opinó que la cobertura que ofrecieron fue adecuada. Por el contrario, un 39,2% de la población indicó que estaba en desacuerdo con esa percepción.

Razonamiento del voto

Una serie de consultas incluidas en el estudio analizaron en detalle la participación electoral del pasado 4 de febrero.

En un contexto donde el abstencionismo superó el umbral del 68%, se les consultó a los ciudadanos cuáles fueron las principales razones para no ir a votar en estos comicios. Para un 54,4% de la población primó la “imposibilidad material de participar en las elecciones”, donde jugaron en contra razones como una enfermedad, un viaje fuera del país o el propio trabajo, para no acudir a las urnas.

Solo un 13,8% de las personas encuestadas manifestó que no tenía interés en informarse sobre el proceso electoral. Un 12,1% no le gustaba ningún partido político, ni candidato y un 10,2% alegó que votar “no provoca ningún cambio”.

Por el contrario, entre quienes sí fueron a emitir el sufragio, un 97,3% mencionó como factor de motivación el hecho de cumplir con una responsabilidad ciudadana. También, señalaron la preocupación por temas específicos de la comunidad (85,8%), la afinidad con la propuesta política de un partido (64,1%) y la búsqueda de un partido distinto al que gobierna actualmente su cantón (61%).

En una valoración de 1 a 5 (siendo el 5 la nota más alta) el estudio del Idespo-UNA indagó sobre los factores que más influyeron en la decisión final de por quién votar.

El factor más relevante fue el de la información que se tenía sobre las personas candidatas (3,15), seguido por la gestión del actual gobierno municipal (3,08), las noticias sobre la campaña (2,77) y las conversaciones de este tema entre familiares y amigos (2,68).

Con respecto a este último factor, destaca entre los resultados, que un 51,8% de la población nunca o casi nunca conversa sobre política con personas cercanas, mientras que solo un 27,1% lo hace “algunas veces” y un 21,1% lo aborda “siempre o casi siempre”.

“La población encuestada parece mantener un bajo interés hacia la política electoral partidista, ya que un 50% asegura que nunca o casi nunca conversa de política con familiares o personas cercanas”, se lee entre los principales hallazgos del estudio.

Ante la consulta de si la persona fue o no a votar, el 55,7% dijo que sí, mientras que el 44,2% manifestó que no asistió. Este último dato contrasta con el abstencionismo del 68% que finalmente se registró. La razón de esa diferencia se explica, según el estudio, porque es usual que las personas que no asistieron a votar estén menos anuentes a participar en un estudio de opinión post electoral, lo que lleva a este grupo a estar subrepresentado.

Sobre el tipo de partido que eligieron para dirigir su alcaldía por los próximos cuatro años, un 51,6% indicó que lo hizo por un partido cantonal o provincial y un 43,5% por un partido nacional.

Sin embargo, solo 12 de las 84 alcaldías fueron ganadas por un partido cantonal/provincial. “La explicación de este resultado puede deberse a que, para estos comicios, participaron 127 partidos locales o provinciales y 34 partidos nacionales; así, el alto número de los primeros pudo producir que ese apoyo se dividiera en múltiples grupos, lo que benefició nacionales”, destaca el informe.

Un comportamiento similar se registró ante la consulta de por cuál partido político votaron los ciudadanos para los concejos municipales. Un 53,1% dijo apoyar un partido cantonal o provincial, un 39,7% a un partido nacional y un 4,8% a una coalición o alianza política.

Sobre el momento en que las personas decidieron por quién iban a votar, un 42% aseguró que desde meses antes de la elección, un 22,5% semanas antes, un 18,2% el propio día de las elecciones y 17,3% en la misma semana. Solo un 12,2% cambió su intención de voto durante el proceso, mientras que el restante 87,8% mantuvo invariable su posición.

La presentación del estudio estuvo a cargo del director del Idespo-UNA, Norman Solórzano, el coordinador del programa Umbral Político, José Andrés Diaz y la investigadora Sindy Mora. El tamaño de la muestra fue de 1.171 personas, tiene un error de muestro de 2,9% y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Miel adulterada reina en ferias del agricultor

Foto Joaquín Salazar. UNA.

De 15 muestras recolectadas en ferias del agricultor, solo el 27% cumplieron con parámetros nacionales e internacionales de calidad. Foto Joaquín Salazar

Laura Ortiz C. /UNA COMUNICA

La miel es la sustancia dulce producida por las abejas obreras a partir del néctar de las plantas o de la exudación de otras de sus partes que ellas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas para luego almacenarlas en sus panales.

Son bien conocidas las capacidades nutricionales y medicinales que se le confieren a la miel como el fortalecimiento del sistema inmune, el aumento de energía y la mejora de la digestión, así como sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, que pueden ayudar en el tratamiento de heridas, quemaduras y afecciones respiratorias; sin embargo, es fundamental asegurarse de su calidad.

Diana Osorno Fallas, de la IX generación de la Maestría en Apicultura Tropical, impartida por el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional (Cinat-UNA), realizó su trabajo final de graduación sobre un diagnóstico de la calidad de la miel de abejas Apis mellifera comercializadas en ferias del agricultor del Gran Área Metropolitana (GAM).

Los estudios demuestran, cita Osorno, que cerca del 80% del contenido de la miel son azúcares, y su calidad se determina mediante características físicas como olor, sabor, textura y el tipo de cristalización, que depende del grado de madurez y la concentración de azúcares.

El Codex alimentario indica que la miel destinada a consumo humano no debe contener ningún aditivo, y que no se debe calentar o superar los 50º C. En los últimos años, debido a sus atributos nutricionales y de valor medicinal, el consumo de este producto aumenta y, por ende, cada vez está más expuesto a la adulteración. “Cuando hablamos de adulteración no solo se modifica la calidad, sino que se pone en riesgo el producto y la salud del consumidor».

Osorno aplicó análisis físico químicos en el Laboratorio  de Química Apícola del Cinat-UNA para determinar la calidad del 15 muestras compradas en feria del agricultor de Poás, Atenas y Alajuela centro, Santo Domingo, San Isidro y Heredia centro, Santa Ana, Pavas, Plaza Víquez, Escazú, San Pedro, Curridabat, Desamparados y La Unión y Cartago centro.

Estos análisis se realizan, de acuerdo con la investigación, siguiendo el protocolo descrito en los Métodos Armonizados de la Comisión Internacional de la Miel. Mientras que para determinar la pureza de jarabes altos en fructosa el método empleado fue Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC), acoplada a un índice de refracción (IR) con la finalidad de verificar la presencia o ausencia de este agente adulterante; la detección se hace a través de la aparición de un pico a un tiempo específico en el cromatograma.

“Con respecto al contenido de humedad, el 100% de las muestras cumplió con los parámetros establecidos por la normativa costarricense, pero solo cuatro muestras, que representan el 27% del total, cumplen con los parámetros de calidad establecidos por la normativa nacional e internacional. Ocho fueron adulteradas (siete resultaron positivas para adulteración por jarabes ricos en fructosa), y una por posible adulteración con jarabe invertido y las otras tres muestras presentaron señales de calentamiento y malas prácticas de almacenamiento.

Debido al poco control para la detección de la venta de mieles adulteradas, Osorno  recomienda comprar productos directamente con el apicultor local.

Esta investigación forma parte de los Trabajos Finales de Graduación de los Estudiantes de la IX promoción de la Maestría en Apicultura Tropical. Si desea cursar este posgrado y cuenta con grado de bachillerato o licenciatura universitario en ciencias agropecuarias, forestales, biológicas, ciencias veterinarias o afines, las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de abril. Puede buscar más información en www.cinat.una.ac.cr

Arrancan audiencias para reconocer el derecho al cuidado

  • República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.

  • Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.

UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.

Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.

La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.

La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.

A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.

El proceso

Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.

En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.

Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.

“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.

Conversatorio

En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.

“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Instituciones en deuda con atención de población migrante bajo el enfoque de género

  • Proyecto de investigación concluirá en junio de este año e incluirá un proceso formativo para que las instituciones puedan cerrar las brechas identificadas.

  • Razones para migrar por parte de nicaragüenses variaron luego de la crisis política y social de 2018.

UNA Comunica. 8 de marzo de 2024. “No tenía conocimiento de mis derechos por miedo… por no tener dinero, por no tener un trabajo, no podía ejercer ese derecho de solicitar la residencia, entonces aguanté… aguanté maltrato laboral el cual me trajo consecuencias porque tuve una pérdida y en esa pérdida sufrí depresión, no quería existir por tanto que yo había pasado, pero como siempre han sido mi fuerza mis hijos”.

Este relato es real. Refleja, en un solo párrafo, varias situaciones que una mujer nicaragüense sufrió desde que migró a Costa Rica: acoso laboral y falta de acceso a atención de salud clínica y psicológica.

Es la realidad también de muchas mujeres cuyas historias de vida se ocultan bajo el anonimato. El proyecto de investigación Representaciones sociales, migración nicaragüense, discursos y prácticas de igualdad en Costa Rica, a cargo de las académicas Sileny Mena, María Amalia Penabad y Fanella Giusti, del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), hizo una aproximación a esta problemática humanitaria.

Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y ante la necesidad de visibilizar realidades sobre las desigualdades que afectan a las mujeres, este proyecto, que se mantiene en ejecución, determina que las instituciones del Estado encargadas de velar por la atención de población migrante, no han introducido, en su mayoría, abordajes integrales bajo el enfoque de género.

“Hay de repente un enfoque de género muy general, pero no aplica a la población migrante en específico. Por ejemplo, se les atiende indistintamente de si se es hombre o mujer, pero hace falta abordar si es migrante, si es madre jefa de hogar, si posee alguna condición de discapacidad, por ejemplo”, manifestó Sileny Mena, una de las investigadoras.

La otra cara de la moneda son las organizaciones no gubernamentales (oenegés). Este tipo de entidades sí tienen una atención más personalizada de la persona migrante y de su situación particular; sin embargo, les afecta la falta de recursos para poder operar y establecerse con institución de apoyo.

“Ocurre que en estos casos muchas personas que trabajan en oenegés son también migrantes y entienden muy bien la realidad de las personas que se acercan en búsqueda de algún servicio. Se puede decir que hay una sensibilidad diferente”, indicó la investigadora María Amalia Penabad.

La investigación consta de cuatro fases. La primera consistió una serie de entrevistas con población migrante, la segunda fue el trabajo con instituciones (del Estado, oenegés e internacionales) y la tercera fue la realización de una conferencia y una presentación que incluyó una serie de mesas de trabajo. Estas tres fases ya concluyeron y la cuarta está en ejecución.

Después del 2018

La base de esta investigación parte de la premisa de que “las mujeres ocupan una posición de mayor inferiorización y desventaja social respecto a la población masculina, ya que ellas no solo son discriminadas por su condición migratoria, sino por ser mujeres, poseer un cuerpo racializado y en la mayoría de los casos, su condición económica es precaria”, se lee en la presentación de resultados de la tercera fase.

Un dato de la Organización Internacional para las Migraciones, incluido en la presentación, indica que un 87% de las personas migrantes hacia Costa Rica lo hicieron porque aquí podrían satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, y de acuerdo con Sileny Mena y María Amalia Penabad, este dato hace referencia a la realidad antes del 2018, cuando se dio el estallido social y político en Nicaragua que dejó como saldo más de 350 personas fallecidas en protestas populares en contra del régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Antes de que se diera este conflicto, la migración nicaragüense hacia el país estaba compuesta en su mayoría por hombres, en edad productiva. Pero después del 2018 el panorama cambió y comenzaron a llegar a Costa Rica tanto hombres como mujeres de muy diversos perfiles, desde profesionales, estudiantes, representantes de la comunidad LGTBI y es ahí donde cambia la dinámica y se acentúa más la violencia de género y la violencia política”, enfatizó Mena.

Una publicación del medio nicaragüense El Confidencial de diciembre anterior, reveló que solo en el 2023, 115 mil ciudadanos de esta nación emigraron por la situación política y económica que se vive. Estados Unidos y Costa Rica fueron sus principales destinos. Mientras tanto, de acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, de enero a octubre de 2023 se recibieron 25.451 peticiones de refugio por parte de nicaragüenses.

En este contexto, la investigación aborda los casos de las mujeres que han migrado a Costa Rica, donde se han enfrentado a situaciones que van desde la explotación laboral, las desigualdades salariales, la violencia sexual y reproductiva, recargo en las labores de cuido, renuncia a posibilidades de estudio y capacitación, para que sus esposos o hijos puedan acceder a ellas.

“Perdí un embarazo en mi trabajo, tuve una pérdida en el cual, la jefa no me quiso dar atención médica, no me dejó ir, eso para mí fue algo muy duro porque no se supera, por mi condición no hice valer mis derechos, no dejé el trabajo por miedo también a que mis hijas pasaran hambre”, relata otra de las mujeres migrantes que formó parte de la investigación.

Proceso formativo

Para las expertas del IEM, es algo novedoso que desde el Instituto se esté trabajando el tema de migración con perspectiva de género a partir de esta investigación. En este momento se encuentran diseñando la cuarta fase que consiste en la presentación de una propuesta formativa dirigida a las instituciones para que puedan fortalecer sus políticas de género en el abordaje y atención de la población migrante.

El cierre del proyecto está previsto para junio de este año, por lo que se espera que antes de ese mes puedan contar con el instrumento que propondrán a las instituciones identificadas. Desde las etapas anteriores, una mayoría de ellas manifestaron su anuencia a participar de este proceso formativo.

Temas como la sensibilización y la capacitación, el fortalecimiento en el vínculo intersectorial, el acompañamiento y el contar con estadísticas e indicadores de género son aspectos que se han contemplado como oportunidades de mejora para la labor que realizan estas instituciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Consejo Universitario de la UNA reitera el compromiso de invertir recursos públicos hacia las mujeres

UNA Comunica. 8 de marzo de 2024. Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emite el acuerdo UNA-SCU-ACUE-083-2024 en el cual hace un repaso histórico sobre los grandes hitos que han acompañado la lucha incesante en búsqueda de una efectiva equidad, igualdad y respeto a los derechos de las mujeres, destaca además los retos que deben afrontarse y realza las acciones que desde la UNA se han emprendido. Asimismo, reitera su compromiso para garantizar la inversión de recursos públicos dirigidos a las mujeres.

Pronunciamiento sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer:

CONSIDERANDO:

  1. El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908; según los datos de la Unesco (2024).
  2. Lo definido en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y aprobó la celebración del “Día de la Mujer Trabajadora”, que se comenzó a celebrar al año siguiente: la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, desde entonces se ha extendido a muchos países.
  3. En 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo, y luchar por «Pan y Paz» en el último domingo de febrero (8 de marzo en el calendario gregoriano), lo cual llevó eventualmente a la adopción del voto femenino en Rusia.
  4. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 el Año Internacional de la Mujer y en 1974 invitó a los Estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. (ONU, 2024).
  5. A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión global para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional para las mujeres está ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador y esto fortalece el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, científico, cultural y económico.

El 8 de marzo, se reivindican los derechos fundamentales de las mujeres, tanto su igualdad en la sociedad como su participación en todos sus ámbitos y se pone de manifiesto la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación de género.

  1. En esta fecha se conmemora una lucha histórica que las mujeres han continuado hasta nuestros días y que, actualmente, sigue en marcha. Algunas de las mujeres que han hecho historia: Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646-Italia), primera mujer en recibir un diploma universitario; Aletta Henriëtte Jacobs (Holanda-1854), primera mujer en ejercer el voto en el mundo, y Bernarda Vásquez Méndez (1918 -Costa Rica), primera mujer en emitir el voto en Costa Rica. Las científicas Caroline Herschel (1750-Alemania), Ada Lovelace (Inglaterra-1815), Marie Curie (1867-Polonia) Lise Meitner (1878-Suecia), Rosalind Franklin (1920-Inglaterra), Margarita Salas (1938-España), Elizabeth Blackburn (1948-Australia) y Flora de Palo (1952-España).
  2. El sitio web Un Women (http://www.unwomen.org) informa que “al 10 de enero de 2024, hay 26 países donde 28 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o de Gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años”; esto es un aspecto para reflexionar y actuar desde nuestra casa de enseñanza.
  3. Lo establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible que señala lograr la igualdad de género de aquí a 2030, requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las causas profundas de la discriminación que siguen restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como privada.
  4. En el 2024, la ONU Mujeres propone el cambio con el lema de invertir en las mujeres para acelerar el progreso mediante las siguientes acciones:
    1. a) Invertir en las mujeres es un imperativo desde los derechos humanos, para crear sociedades inclusivas.
    2. b) Acabar con la pobreza, desde el 2020 los desastres climáticos y la situación económica ha empujado a 75 millones de personas más a la pobreza severa. Si se sigue esa tendencia para el 2030, tendremos 342 millones de mujeres y niñas viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
    3. c) Poner en marcha un financiamiento transformador para la igualdad de género. Según las estimaciones de la ONU, el 75% de los países mantendrán los recortes en el gasto público en el 2025. La austeridad repercute negativamente en las mujeres.
    4. d) Avanzar hacia el desarrollo sostenible y una sociedad del cuidado. El actual sistema económico exacerba la pobreza, la desigualdad y el deterioro medioambiental, lo cual afecta desproporcionadamente a las mujeres.
    5. e) Apoyar los feminismos que impulsan el cambio. Las organizaciones que lideran la lucha contra la pobreza y la desigualdad están trabajando casi sin recursos, pues reciben un escaso 0.13% de la ayuda oficial para el desarrollo, según los datos de la ONU Mujeres (2024).
  1. Lo indicado en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030, con respecto a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y la igualdad efectiva, sustentado en la convencionalidad ratificadas por Costa Rica que protegen los derechos de las mujeres; en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1984) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará, OEA 1994); así como declaraciones, acuerdos, plataformas sobre la materia y objetivos de desarrollo sostenible cuya finalidad es que nadie se quede atrás en el desarrollo (INAMU, 2024).

Lo señalado en el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar como instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, los ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia (artículo 1, Ley 8688), (Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), 2024).

  1. La misión histórica de la Universidad Nacional es crear y compartir conocimiento en favor del bienestar humano, mediante acciones que propicien la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convivencia. Honra la libertad, la diversidad, la búsqueda de la verdad y sustentabilidad natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana.
  2. Lo establecido en la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional, publicada en la UNA-GACETA º 07-2017, del 29 de mayo de 2017, y en su Plan de Acción.
  3. Las acciones afirmativas que desde la Universidad Nacional se promueven para garantizar el cumplimiento de la Política para la Igualdad y Equidad de Género.

Por tanto, se acuerda:

  1. Reiterar el compromiso de la Universidad Nacional para garantizar la inversión de los recursos públicos en las mujeres para acelerar el progreso y la igualdad de género. Acuerdo firme.
  2. Solicitar a la rectoría que, a más tardar el 14 de junio 2024, un informe sobre el estado de situación relacionado, a indicadores sobre la contribución de la Universidad Nacional en la consecución del ODS 5, la participación de las mujeres en la acción sustantiva, para ser compartido con la comunidad universitaria. Acuerdo firme.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Honrar la vida: evento de solidaridad con Gaza

El pasado 29 de febrero del 2024, la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA) realizó un evento llamado honrar la vida, el mismo fue una muestra de solidaridad con lo acontecido en Gaza.

Durante el evento se presentaron diferentes elementos tales como ropa, agua, cobijas, alimentos y demás artículos que son de gran necesidad para las personas que se encuentran en Gaza en este momento, haciendo referencia a la urgencia de que objetos como estos lleguen a manos de dicha población.

En la actividad participó Alberto Rojas, director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, quien manifestó la oposición de la misma ante cualquier acto que atente contra personas civiles, particularmente en espacios destinados a la protección, como es el caso de hospitales, guarderías, campos de refugiados, o bien sistemas de transporte público, comedores, rutas de ingreso de suministros necesarios como medicinas y alimentos, así como iglesias y santuarios. La actividad contó además con la presencia de Wajiha Sasa Marín, cónsul honoraria de Palestina quien hizo un llamado a no dejar de hablar de lo que está ocurriendo en Gaza como medida de presión para que Israel realice un alto al fuego.

Véase más sobre el evento: 

Desarrollos inmobiliarios en costas guanacastecas dieron pie a protestas por el agua

Los ciclos de aumento en el ritmo de construcción inmobiliaria concuerdan con episodios de protestas socioambientales en comunidades costeras de Guanacaste, señala el OBTUR-UNA.

El hecho de que Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo concentren la mayor cantidad de metros cuadrados en desarrollos inmobiliarios de alto valor adquisitivo durante 2023, evidencia que Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual al experimentado en la primera década del siglo XXI; sin embargo cada ciclo de construcción fue antecedido por protestas comunales socioambientales en defensa del recurso hídrico, así lo informó el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OBTUR-UNA).

Una primera lectura hecha por el Observatorio a los datos emanados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que la provincia de Guanacaste afronta un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008, con la diferencia que el repunte actual presenta un mayor ritmo en un periodo de tiempo más corto.

Un análisis bibliográfico realizado por los académicos de OBTUR-UNA, Esteban Barboza y Arturo Silva determinó que los principales conflictos socioambientales en Guanacaste, relacionados con desarrollos turísticos e inmobiliarios, han tenido su asidero en movimientos sociales (bloqueos, marchas, perifoneo o vigilias), los cuales suceden cada periodo de aumento en inversión turística e inmobiliaria en comunidades costeras.

Defensa del agua

Barboza y Silva detallaron que desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el 2000 hasta 2021 ocurrieron 17 acciones directas en cuatro comunidades de la provincia.

La comunidad de la Lorena de Santa Cruz, registró en el 2000 cuatro manifestaciones contra la intención del hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones. Posteriormente, en 2014 y 2018 ocurrieron dos movilizaciones más por el mismo motivo. En 2008, en Sardinal de Carrillo, los pobladores se lanzaron a las calles en siete ocasiones oponiéndose a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en playas del Coco. Posteriormente, en 2019 se dio una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto.

La comunidad de Potrero de Santa Cruz en 2014 se manifestó frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la policía; luego se realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Ambas acciones rechazaban la pretensión de varios complejos residenciales lujosos de tomar agua para abastecer sus instalaciones.

Para 2021, en Nosara de Nicoya, grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretendía regular el crecimiento de residencias turísticas en dicho distrito y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona.

Basados en lo anterior, los investigadores de OBTUR concluyen que el ritmo de inversión actual provincial muestra una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. A la vez, cada ciclo de aumento de inversión se vincula con episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia.

La concordancia inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales, basados en la defensa del agua, se mueve históricamente hacia las playas ubicadas al sur de la provincia, en las cuatro comunidades señaladas.

VÍDEO:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica