“Resistencias patrióticas” fragmentadas ante la ofensiva sobre la CCSS: una lectura de coyuntura
Juan Carlos Durán Castro
Asesor sindical ANEP-CCSS y defensor de derechos humanos
Un oficialismo golpeado, pero no derrotado
El partido oficialista quedó un tanto golpeado con dos batallas perdidas: la reelección de Carlo Díaz como fiscal general y el entierro del proyecto de la mal llamada armonización eléctrica. Ante esas derrotas, las facciones más fascistas del Partido Pueblo Soberano atacan con una narrativa anticomunista, porque parecen tener pocos argumentos. Pero mantienen su línea autoritaria y confrontativa para seguir ganando la guerra cultural en redes, ya que el oficialismo no tiene capacidad movilizadora, algo que está más que probado.
Como parte de su táctica, es previsible que el oficialismo lleve a referéndum la apertura eléctrica, pues sabe que tiene manejo de la lucha informativa y cuenta con aliados y recursos. Eso impone un reto unitario a todas las resistencias patrióticas. Es un camino que recuerda la lucha contra el TLC, y es un reto que la derecha fascista lanza a los conglomerados de resistencia, sabiendo que están fragmentados.
Con esa misma lectura, la derecha, dentro y fuera del Gobierno, se atreve a desafiar a las rectorías y al estudiantado con el recorte de ₡8.048 millones al FEES, y a torcerle el brazo a la diputada que “se equivocó” al votar en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Las distintas facciones de derecha también leen los rasgos de las bancadas opositoras y saben cómo mover las fichas del ajedrez.
Por eso, las resistencias patrióticas deben profundizar su análisis de coyuntura y mejorar su toma de decisiones: en este momento, los errores tácticos o estratégicos tendrán enormes costos políticos. Es claro, además, que hay sectores y dirigencias controlados por el enfoque de derecha del continuismo de una presidenta que, según parece, actúa solo en lo formal y no ostenta el poder real.
La convocatoria real a las movilizaciones la formularon las rectorías por medio del CONARE. El mejor escenario, el que debemos construir, es una fuerza mayor de los movimientos sindicales, sociales y socioproductivos. Sin embargo, no se percibe en el corto plazo un salto de calidad en la unidad de las diversas resistencias patrióticas, que el Gobierno caracteriza como fragmentadas, y algunas de las cuales podrían estar cooptadas o tener lecturas ideológicas poco profundas del contexto. Eso acarrea un riesgo alto de ser derrotados en temas país que podrían mover la aguja hacia una ruta distinta a la que se consolida en el continente, y obliga a exigir madurez política real a las dirigencias que se dicen patrióticas.
Un tanque de oxígeno para el proyecto fascista
Si las resistencias patrióticas mantienen su fragmentación, su sectarismo, su egoísmo y su chovinismo, y siguen compitiendo por la foto con una mirada corporativa y de corto aliento, no dudamos en afirmar que le están obsequiando un enorme tanque de oxígeno al proyecto fascista en desarrollo en Costa Rica. Al final del día, cada liderazgo pagará su cuota de factura política según su sector.
La deuda con la Caja: billones de razones
Sin ocultar las deudas que dejaron otras administraciones del bipartidismo y del tristemente célebre PAC, lo cierto es que en los cuatro años del gobierno de Rodrigo Chaves Robles la deuda del Estado con la Caja, en salud y pensiones, creció como nunca en los últimos once años. Todo indica que la presidenta Laura Fernández Delgado seguirá los mismos pasos.
A junio de 2025, la deuda con el Seguro de Salud ascendía a ₡3,6 billones y posiblemente ya ronde los ₡4 billones. La deuda con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se reportó en esa misma fecha en ₡770.000 millones y, según la Gerencia de Pensiones, podría estar llegando a ₡1 billón. Durante la administración Chaves Robles, la deuda acumulada sumó al menos ₡1,5 billones en salud y unos ₡770.000 millones en el IVM.
De ahí surgen consignas tácticas y estratégicas para salvar la Caja como instrumento de equidad, esperanza, paz social y distribución de la riqueza nacional:
La familia laboral de la Caja tiene casi 1,5 billones de razones para salir a las calles y exigir, junto al pueblo y sus organizaciones, que el Gobierno le pague a la Caja.
1,5 billones de razones para exigir acciones reales que reduzcan los tres tipos de listas de espera en jornada ordinaria, con mejores controles institucionales.
1,5 billones de razones para exigir que mejore la productividad de las salas de operaciones en todo el país, con impacto en la gente de carne y hueso.
1,5 billones de razones para exigir que la Caja negocie una política salarial fuera de la Ley 9635 y sin regla fiscal.
1,5 billones de razones para tener a tiempo los reportes de mamografías y biopsias.
1,5 billones de razones para acceder a una cita con especialista o a un examen de diagnóstico en un tiempo razonable y humano.
1,5 billones de razones para que la dirigencia sindical de la Caja dé un paso al frente y decida acciones unitarias con las resistencias patrióticas que detengan la implosión de la Caja en el corto o el mediano plazo.
770.000 millones de razones para salir a las calles a defender el IVM, por las personas jubiladas, las que cotizan hoy y las generaciones futuras.
770.000 millones de razones para decir no a la mentira de las cuentas nocionales, las cuentas individuales, los grupos generacionales o cualquier otra narrativa falsa del gobierno del continuismo fascista.
770.000 millones de razones para luchar por una pensión y una vejez dignas.
Cinco ejes de la privatización
Antes habíamos planteado lo que llamamos la tríada de la privatización: una táctica a tres bandas del gobierno del continuismo para avanzar sobre la Caja. Ahora se suman dos elementos más:
El proyecto de ley de la diputada Marta Esquivel Rodríguez presentado a la Asamblea Legislativa, que esconde un copago abierto que en realidad es un reembolso.
El reglamento del Ministerio de Salud para atender las listas de espera, que entra en vigencia en febrero de 2027 y potencia la privatización abierta de esas listas.
El proyecto “Unidos” del Colegio de Médicos, que se inscribe en la ruta del reglamento. Quizá busca mantener la situación actual, pero dentro de una lógica de al menos cuatro formas de pago, centradas en la jornada extraordinaria y sin controles reales. Además, deja sin explorar el análisis de las jornadas ordinarias y la productividad de las salas de operaciones.
El reglamento de interoperabilidad, una pieza clave del entramado, porque da alta trazabilidad al EDUS y abre puertas que hasta ahora estaban cerradas tecnológicamente.
El proyecto de ley 25.580, también de Marta Esquivel Rodríguez, que pretende desmembrar el equilibrio tripartito histórico de la Junta Directiva de la Caja. No debemos llamarnos a engaño: se trata de retrasar o impedir la juramentación de la representación sindical y tener así campo abierto para tomar acuerdos sobre el Seguro de Salud y el de Pensiones.
En resumen, son cinco ejes que impulsarán con mucha fuerza la estrategia formulada hace años por el Banco Mundial y la Cámara de la Salud Privada para privatizar los servicios de salud de la Caja. El objetivo es trasladar hacia afuera, en tiempo récord, un negocio que hoy es interno.
La urgencia de la unidad
Se impone un balance más profundo y la urgente necesidad de construir alianzas con los sectores sociales, sindicales y socioproductivos, si realmente queremos frenar el final de la Caja tal como la hemos conocido.
