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Etiqueta: Universidad de Costa Rica

Políticas de cuidado enfrentan nuevos desafíos en contextos de erosión democrática, advierten especialistas de la UCR

Las políticas de cuidado, la organización social de las familias y el fortalecimiento de la democracia fueron el eje de la conferencia «Cuidar, controlar y castigar: las políticas de familia en tiempos de erosión democrática», realizada el lunes 29 de junio de 2026 en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

La actividad fue organizada por el Posgrado Centroamericano en Sociología y la Red Interuniversitaria de Estudios sobre los Cuidados y sus Transformaciones, y contó con la participación de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR); la M.Sc. Laura Rivera Alfaro, coordinadora de la Iniciativa Puentes para la Educación de la Vicerrectoría de Acción Social y docente de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente; y la Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología, quien moderó el encuentro.

Durante la apertura, Nancy Piedra destacó que la conferencia forma parte de un proceso sostenido de reflexión impulsado por el Posgrado y por la Red Interuniversitaria para analizar críticamente las transformaciones sociales que atraviesan América Latina. Señaló que el debate sobre los cuidados ha sido impulsado de manera decisiva por los movimientos feministas, así como por organismos internacionales y espacios académicos que han contribuido a colocar este tema en el centro de las políticas públicas.

Los cuidados como derecho humano y como disputa política

En su exposición, Juliana Martínez Franzoni planteó que América Latina atraviesa un momento decisivo para las políticas de cuidado. Recordó que la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, universal y exigible, estableciendo que los Estados tienen la obligación de garantizar servicios de calidad, proteger a quienes cuidan y corregir las profundas desigualdades que caracterizan la organización social de los cuidados en la región.

Sin embargo, advirtió que ese importante avance normativo convive con una realidad profundamente desigual.

Explicó que la organización de los cuidados continúa descansando principalmente sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza, lo que limita sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.

Para la investigadora, el cuidado debe entenderse no solamente como un componente de la política social, sino como una infraestructura política capaz de distribuir poder dentro de la sociedad.

Desde esa perspectiva, sostuvo que las políticas públicas pueden utilizarse para ampliar derechos y promover inclusión, pero también pueden convertirse en mecanismos de control social e incluso de castigo cuando las democracias experimentan procesos de deterioro institucional.

De cuidar para incluir a cuidar para controlar

Uno de los principales planteamientos de la conferencia fue la necesidad de comprender la evolución reciente de las políticas de familia en América Latina.

Martínez Franzoni explicó que durante los primeros quince años del siglo XXI numerosos países ampliaron la protección social mediante reformas en salud, asistencia social y sistemas de cuidado, incorporando a sectores históricamente excluidos y reconociendo los cuidados como un cuarto pilar de los sistemas de bienestar.

Ese proceso permitió ampliar licencias, fortalecer servicios comunitarios, reconocer el trabajo de cuidados y promover la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades y familias.

No obstante, sostuvo que actualmente diversos países enfrentan un cambio de orientación política.

En ese nuevo contexto, afirmó, algunas políticas de familia dejan de orientarse prioritariamente hacia la inclusión y pasan a desempeñar funciones de vigilancia, disciplinamiento y control sobre determinados grupos sociales.

Según explicó, cuando el Estado reduce su papel como garante de derechos y fortalece enfoques autoritarios, se profundiza la división sexual del trabajo y se produce lo que diversos estudios denominan una «refamiliarización forzada» de los cuidados, trasladando nuevamente la mayor parte de estas responsabilidades a las familias y, particularmente, a las mujeres.

El cuidado también es desarrollo económico

La investigadora subrayó que los cuidados no deben analizarse únicamente desde la política social.

Argumentó que constituyen también un componente estratégico del desarrollo económico, ya que generan empleo, distribuyen ingresos y fortalecen la economía de servicios.

En ese sentido, propuso avanzar hacia políticas que integren tres dimensiones complementarias:

  • consolidar los cuidados como un cuarto pilar del bienestar;

  • reconocerlos como un sector productivo generador de empleo;

  • incorporarlos como un estándar transversal en las políticas laborales, sociales y ambientales.

A su juicio, solamente una estrategia integral permitirá convertir el reconocimiento jurídico del derecho al cuidado en transformaciones concretas para la población.

Defender las políticas públicas de cuidado

En los comentarios posteriores a la conferencia, Laura Rivera Alfaro destacó la importancia de comprender que las disputas actuales sobre las políticas de familia forman parte de debates más amplios acerca del papel del Estado, la democracia y los derechos sociales.

Señaló que muchas de las transformaciones recientes buscan reinstalar visiones tradicionales de la familia que trasladan nuevamente las responsabilidades del cuidado al ámbito privado, debilitando la responsabilidad pública en esta materia.

Rivera subrayó que defender las políticas de cuidado implica también defender la igualdad, la democracia y la posibilidad de construir sociedades más justas, capaces de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades que sostienen la vida cotidiana.

Un debate necesario

La actividad concluyó con un intercambio entre las expositoras y el público asistente, en el que se profundizó sobre los desafíos que enfrentan Costa Rica y América Latina para fortalecer políticas públicas de cuidado en un contexto marcado por restricciones fiscales, desigualdades persistentes y transformaciones políticas.

Las organizadoras señalaron que este tipo de espacios buscan aportar herramientas de análisis que permitan comprender las relaciones entre democracia, bienestar, políticas sociales y organización de los cuidados, promoviendo una discusión informada sobre uno de los temas centrales para el presente y el futuro de la región.

La conferencia completa puede verse en el siguiente enlace de YouTube:

UCR expresa profunda preocupación por posible tala de árboles en Playa Panamá y llama a revisar el modelo turístico de Papagayo

• UCR promoverá estudios científicos
• Exige a las instituciones gubernamentales cumplir la legislación ambiental vigente
• Expresa solidaridad con personas comunicadoras y líderes comunales que han sido víctimas de persecución

San José, Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su profunda preocupación ante la posible tala rasa de 748 árboles de 22 especies distintas autorizada en Playa Panamá, Guanacaste, como parte de la primera fase de un proyecto turístico e inmobiliario que contempla la construcción de hoteles, residencias y otras infraestructuras dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Mediante un acuerdo aprobado hoy 18 de junio de 2026, el Consejo Universitario advirtió sobre los potenciales impactos ambientales que podría generar la eliminación de esta cobertura arbórea, tanto para la biodiversidad como para los ecosistemas y la vida silvestre asociada a la zona.

La Universidad recordó que existen criterios técnicos que señalan que el área donde se pretende desarrollar el proyecto podría corresponder a un bosque ubicado en terrenos estatales administrados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), condición que le otorgaría la categoría de patrimonio natural del Estado y, por tanto, una protección especial bajo la legislación nacional.

“Ante la existencia de criterios contrapuestos sobre la naturaleza del área intervenida, la Universidad considera fundamental que prevalezca el rigor científico y el análisis técnico independiente”, señala el acuerdo.

Por esta razón, la UCR instó a sus unidades académicas especializadas en biología, ecología, geografía y gestión ambiental a valorar la realización de estudios científicos que permitan determinar si el terreno donde se autorizó la tala reúne las características necesarias para ser clasificado legalmente como bosque.

La Universidad enfatizó que la posible eliminación de 748 árboles podría ocasionar daños graves e incluso irreversibles sobre los ecosistemas locales, afectando especies de flora y fauna que dependen de estos hábitats.

Asimismo, destacó que la conservación de los recursos naturales constituye uno de los principales activos de la región y una de las bases fundamentales de la actividad turística en Guanacaste. En ese sentido, advirtió que la pérdida de cobertura forestal podría comprometer los mismos valores paisajísticos y ambientales que sustentan el atractivo turístico del territorio.

Como parte del acuerdo, la UCR hizo un llamado al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para que garanticen el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de protección de la biodiversidad.

La Universidad recordó que el artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado de garantizar su protección.

El acuerdo también expresa solidaridad con personas comunicadoras, activistas y líderes comunales que han denunciado posibles irregularidades relacionadas con el proyecto y que, según se ha señalado públicamente, enfrentan situaciones de persecución y presiones derivadas de su labor de denuncia ambiental.

Sobre este punto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ciencias Sociales, Dra. Ilka Treminio Sánchez, señaló que “en los últimos años se ha producido persecución contra personas defensoras del ambiente y contra quienes se enfrentan a este tipo de procesos, en los que las empresas dominan los negocios y también buscan determinar el uso y disfrute de las playas y los recursos naturales. Prueba de ello es que precisamente la próxima semana se realizará el juicio contra el influencer Juan Bautista Alfaro, quien ha defendido con mucha fuerza y valentía los recursos naturales de Playa Panamá”.

La UCR reafirmó que toda persona tiene el derecho constitucional de denunciar acciones que puedan afectar el ambiente sin ser objeto de represalias, así como de exigir la reparación de los daños ocasionados.

Más allá del caso específico de Playa Panamá, la Universidad considera necesario abrir una discusión nacional sobre el modelo de desarrollo impulsado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

El Consejo Universitario señaló que la Ley Reguladora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, vigente desde 1982, responde a una visión de desarrollo propia de otra época y requiere ser analizada a la luz de los actuales desafíos ambientales, sociales y territoriales.

En este contexto, la integrante del Consejo Universitario por el Área de Ingeniería, Dra. Natalia Solano Meza, afirmó que “como concesión territorial, el Polo Turístico de Papagayo lleva detrás una visión de desarrollo que implica despojo de tierras, daño ambiental, gentrificación y, como bien lo señala el dictamen, turistificación. Esta concesión funciona, sin lugar a dudas, bajo una lógica similar a la de los enclaves productivos de los siglos XIX y XX en Costa Rica, y además pone en riesgo la capacidad del Estado costarricense para regular el impacto ambiental de estos proyectos”.

La Universidad considera necesario evaluar de forma integral los costos y beneficios del modelo turístico predominante en la región, incorporando criterios de sostenibilidad ecológica, participación comunitaria, justicia social y protección de los territorios.

Foto con fines ilustrativos, archivo OCI UCR.

Conferencia analizará riesgos del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica en la Sede de Occidente de la UCR

La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica realizará la conferencia “Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica”, una actividad que abordará las implicaciones de la iniciativa legislativa que actualmente genera un amplio debate en distintos sectores sociales, académicos y comunitarios del país.

La exposición estará a cargo de Alberto Gutiérrez Arguedas, docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede de Occidente, en San Ramón. Además, será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.

La conferencia se realiza en un contexto de creciente discusión nacional sobre el denominado proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, iniciativa que ha sido cuestionada por organizaciones sociales, sindicatos, gobiernos locales y sectores académicos que consideran que debilitará el modelo eléctrico solidario construido por Costa Rica durante décadas.

En las últimas semanas, diversas municipalidades del país han aprobado acuerdos manifestando su rechazo a la propuesta legislativa, mientras organizaciones ciudadanas han advertido sobre posibles efectos en la planificación energética, el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la gestión pública del servicio y el acceso universal a la electricidad. Estos sectores sostienen que la discusión trasciende aspectos técnicos y constituye un debate sobre el modelo de desarrollo y el futuro de un servicio considerado estratégico para el país.

La actividad organizada por la Sede de Occidente busca contribuir al análisis informado de esta discusión mediante una exposición académica sobre los alcances y riesgos que, según sus críticos, podría implicar la aprobación del proyecto.

Detalles de la actividad

Conferencia: Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica
Expositor: Alberto Gutiérrez Arguedas
Cargo: Docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP)
Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio de la Sede de Occidente, San Ramón
Transmisión: Canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica

Unidades de la UCR rechazan la estigmatización territorial del Caribe Sur y piden revisar el lenguaje sobre crimen organizado

La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.

Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.

Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.

Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.

El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.

Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.

Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.

Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.

Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

Programa Alternativas abordará la genética del cáncer de mama con especialistas y testimonio de paciente

El programa Alternativas dedicará su próxima emisión al tema “Genética del cáncer de mama”, con el propósito de analizar los factores genéticos asociados a esta enfermedad, los avances científicos en su estudio y la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento a las personas afectadas.

La actividad se realizará el 29 de mayo de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, así como por diversas emisoras colaboradoras.

El panel contará con la participación de Gustavo Gutiérrez Espeleta, genetista, docente y exrector de la Universidad de Costa Rica. Gutiérrez Espeleta ha desarrollado una amplia trayectoria en investigación científica y se desempeña como representante y asesor en temas de ciencia, biodiversidad, cáncer, protección animal y evaluación de investigaciones en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), además de participar en redes latinoamericanas especializadas.

También participará Laura Chaverri Vargas, obstetra y educadora prenatal certificada, egresada de la Universidad de Costa Rica, quien compartirá su experiencia personal como paciente de cáncer de mama, aportando una perspectiva humana sobre los desafíos asociados al diagnóstico, tratamiento y recuperación.

La actividad busca acercar al público a la comprensión de los componentes genéticos del cáncer de mama y promover la reflexión sobre la importancia de la investigación científica, la detección temprana y el apoyo integral a quienes enfrentan esta enfermedad.

La transmisión forma parte de los espacios de análisis impulsados por el programa Alternativas y contará con el apoyo de las emisoras Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias.

La Universidad de Costa Rica y su posición frente al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”

La Universidad de Costa Rica manifestó oficialmente su oposición al proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, al considerar que la iniciativa implicaba una transformación estructural del modelo eléctrico costarricense y generaba riesgos para el carácter público, solidario y planificado del sistema eléctrico nacional.

La posición institucional fue acordada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.° 6809 del 6 de junio de 2024, cuando la Universidad comunicó a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley. El criterio se sustentó en análisis técnicos y académicos elaborados por distintas unidades de la UCR, entre ellas la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Trabajo Social.

Según el acuerdo universitario, el proyecto, aunque presentado bajo el concepto de “armonización”, proponía una reorganización profunda del sistema eléctrico nacional orientada hacia esquemas de mercado, competencia y apertura comercial, incluyendo una mayor integración al Mercado Eléctrico Regional (MER).

Entre las principales observaciones planteadas por la Universidad de Costa Rica se encontraban:

• La fragmentación del modelo eléctrico integrado históricamente alrededor del ICE, mediante la separación de funciones estratégicas de planificación, operación y control del sistema eléctrico nacional.

• La falta de claridad sobre las razones técnicas para trasladar el Centro Nacional de Control de Energía (CENSE) fuera del ICE. La Universidad advirtió que no existía un análisis integral sobre las consecuencias institucionales, operativas y económicas de dejar al ICE sin un centro de control propio, ni sobre los eventuales costos que esto podría trasladar a las personas usuarias.

• La concentración de funciones en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que asumiría simultáneamente tareas de rectoría, planificación y evaluación ambiental, lo que, según el criterio universitario, convertiría al ministerio en juez y parte, debilitando los contrapesos institucionales históricamente existentes en el sector eléctrico.

• El fortalecimiento de mecanismos de competencia y participación privada en generación y comercialización eléctrica sin estudios concluyentes que demostraran beneficios concretos para las tarifas o para la población consumidora.

• La valoración de que el proyecto no necesariamente modernizaba el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sino que lo reorganizaba en función del mercado y en beneficio de grandes consumidores y generadores privados, sin garantizar condiciones equitativas para el ICE, las cooperativas, las empresas municipales y las personas usuarias medianas y pequeñas.

• La creación de nuevas estructuras y figuras institucionales, como el ECOSEN, que podrían introducir costos adicionales al sistema eléctrico mediante cánones, servicios auxiliares y nuevas cargas operativas que eventualmente terminarían reflejándose en las tarifas eléctricas.

• La apertura del mercado eléctrico nacional mediante la creación de “agentes de mercado”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo eléctrico solidario costarricense. La Universidad consideró que una transformación de esta magnitud debía ser discutida de manera amplia, transparente y participativa.

• La preocupación por el aumento de exportaciones eléctricas hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER), al considerar que esto podría comprometer cuencas hidrográficas y bienes estratégicos vinculados con la soberanía energética futura del país, en un contexto de creciente presión sobre el agua y los territorios.

• La advertencia de que la eventual derogatoria de la Ley 7200 eliminaría límites históricos a la participación privada en generación eléctrica, abriendo mayores espacios a grandes empresas y capitales transnacionales dentro del sector energético nacional.

• La ausencia de mecanismos robustos de participación social en la toma de decisiones del sistema eléctrico, dejando con poca representación a comunidades, personas consumidoras, organizaciones sociales, sindicatos, grupos ambientalistas y otros sectores ciudadanos interesados en el futuro energético del país.

Asimismo, la Universidad señaló que el proyecto carecía de estudios técnicos suficientes sobre excedentes eléctricos, necesidades futuras de demanda, costos de implementación, impactos tarifarios y consecuencias ambientales y sociales derivadas de una mayor mercantilización del sistema eléctrico.

El acuerdo del Consejo Universitario concluyó recomendando a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley expediente 23.414 y manifestó la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar técnicamente mediante el aporte de personas expertas y criterios académicos especializados para la discusión del futuro del sistema eléctrico nacional.

Cabe señalar que algunos elementos del proyecto pudieron haber variado durante el proceso legislativo y las discusiones posteriores al acuerdo universitario; sin embargo, este pronunciamiento recoge la posición institucional expresada oficialmente por la Universidad de Costa Rica respecto al texto dictaminado consultado en ese momento.

Programa Alternativas abordará las artes visuales como forma de “atisbar la vida”

El programa Alternativas realizará un nuevo panel de reflexión titulado “Atisbando la vida a través de las artes visuales: Lucía Cordero Miranda”, dedicado a explorar el aporte de las artes visuales a la comprensión de la experiencia humana y la sensibilidad contemporánea.

La actividad se transmitirá en vivo el 22 de mayo de 2026 a las 6:00 p.m. (-6 UTC) mediante Facebook Live, YouTube, Spotify y radios comunitarias y culturales aliadas.

La invitada principal será Lucía Cordero Miranda, artista visual y docente de Artes Plásticas, especializada en pintura, dibujo y cerámica escultórica, con amplia experiencia en exposiciones.

El panel contará además con la participación de:

  • Irené Barrantes Jiménez, socia del Museo de las Mujeres de Costa Rica.

  • Tatiana Herrera Ávila, profesora de la Sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.

  • Luis Ángel Salazar Oses, profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED.

El espacio forma parte de los esfuerzos de Alternativas por promover pensamiento crítico, diálogo cultural y reflexión interdisciplinaria desde distintas expresiones del arte y la vida social.

La transmisión contará con apoyo de emisoras aliadas como Radio Guanacaste, Radio Soberanía, Radio Revolución, Radio Ondas de Alajuelita y Voces Libertarias.

Conversatorio abordará la educación popular en tiempos de reconfiguración del poder

El Programa Kioscos Socioambientales y el Observatorio de Bienes comunes de la Universidad de Costa Rica, junto al Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) realizarán el conversatorio “Educación popular en tiempos de reconfiguración del poder”, un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos contemporáneos de la educación popular en América Latina.

La actividad se efectuará el martes 19 de mayo y contará con transmisión mediante Facebook Live, además de acceso virtual por Zoom.

Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca propiciar diálogo, organización y construcción colectiva frente a los retos sociales, políticos y culturales que atraviesan los territorios latinoamericanos.

Participarán:

  • María Rosa Goldar, de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y CEAAL.

  • Rosaluz Molina, de la Universidad de Puerto Rico.

  • Jorge Osorio Vargas, de la Universidad de Valparaíso y CEAAL.

Como invitado especial participará Oscar Jara, sociólogo y educador popular ampliamente reconocido en América Latina.

La moderación estará a cargo de Dylanna Rodríguez, de Kioscos Socioambientales.

Los horarios anunciados son:

  • 17:00 horas para Centroamérica y México

  • 18:00 horas para Perú

  • 20:00 horas para Argentina y Brasil

La conexión virtual se realizará mediante Zoom en el enlace:
Ingreso al conversatorio

La actividad es impulsada por la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, Kioscos Socioambientales, el CEAAL y el Observatorio de Bienes Comunes.

Conferencia sobre el rumbo político de Costa Rica bajo la administración Fernández Delgado

El Programa de Posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica realizó la conferencia “Entre continuidad y ruptura: ¿Hacia dónde se encamina Costa Rica con la administración Fernández Delgado?”, un espacio de análisis de coyuntura nacional.

La actividad se llevó a cabo el jueves 14 de mayo de 2026 a las 5:30 p.m., en modalidad presencial, en la Sala Multimedia, piso 1, Torre C de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Ciudad de la Investigación de la UCR. Puede verla en YouTube (enlace al final de la nota).

La conferencia contó con la participación de:

  • Randall Blanco Lizano, profesor jubilado de la Escuela de Sociología y exdirector del Posgrado Centroamericano en Sociología de la UCR.
  • Viviana Guerrero Chacón, filósofa y politóloga por la UCR, docente de la Escuela de Filosofía e investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR).

La moderación estuvo a cargo de Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología y profesora-investigadora de la Escuela de Sociología de la UCR.

La actividad fue organizada por el Sistema de Estudios de Posgrado, el Programa de Posgrado en Sociología y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Conversatorio analizará el papel de la justicia y los controles institucionales en la democracia

El próximo miércoles 6 de mayo a las 7:00 p.m. se realizará el conversatorio “Contra la justicia: ¿ni jueces, ni contraloras, ni tribunales?”, un espacio de reflexión crítica sobre el rol de las instituciones encargadas de la justicia y el control en el contexto actual. La actividad contará con la participación de Agustín Gutiérrez, José Manuel Arroyo e Ilka Treminio, y se enmarca en iniciativas de mediación cultural que buscan promover el análisis público de temas clave para la democracia.

El evento es organizado en conjunto con el Centro Cultural de España y cuenta con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Costa Rica, la Editorial de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Filosofía de la UCR. Además, se retransmitirá en vivo a través del Facebook del Centro Cultural de España, ampliando el acceso al diálogo más allá del espacio presencial.

Este conversatorio propone abrir preguntas fundamentales sobre la independencia judicial, el papel de las contralorías y la vigencia de los mecanismos institucionales en la garantía del Estado de derecho.