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Etiqueta: Universidad de Costa Rica

Respeto, diálogo y condiciones dignas para quienes educan al país

Pronunciamiento de respaldo a la comunidad docente costarricense

Las personas firmantes expresamos nuestra solidaridad con el cuerpo docente y rechazamos categóricamente las descalificaciones manifestadas por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien llamó «vagabundos» a quienes se sumaron a la protesta del 11 de noviembre al anunciar que les rebajaría un día de salario. Ese día, docentes, estudiantes, organizaciones sindicales y ciudadanía en general marcharon en San José para reclamar mayor financiamiento para la educación pública, la atención de obligaciones estatales con las pensiones del Magisterio Nacional y mejoras en las condiciones laborales. Estas demandas legítimas merecen una respuesta pública y respetuosa.

El ejercicio docente abarca mucho más que la impartición de lecciones en el aula; empieza antes de que el estudiantado ingrese al aula y continúa mucho después de que finaliza la clase. Cada jornada exige planificar la enseñanza, preparar materiales accesibles, evaluar lo aprendido y ofrecer retroalimentación oportuna. Implica, además, adaptar estrategias pedagógicas para garantizar la inclusión de todo el grupo, dar seguimiento a las familias cuando las ausencias ponen en riesgo la continuidad educativa y actualizar permanentemente los conocimientos con los que se toman esas decisiones. Con frecuencia, el profesorado asume procesos formativos continuos fuera de su horario de trabajo y los financia con recursos propios. Estas tareas demandan rigor profesional, criterio pedagógico y tiempo efectivo.

Mediante ese trabajo cotidiano, las personas docentes hacen efectivo el derecho humano a la educación. Enseñan a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a formular preguntas, contrastar información y participar en las decisiones de sus comunidades. Su labor amplía las oportunidades de movilidad social, las de continuar estudiando y acceso a un trabajo digno; de ella dependen, en gran medida, la convivencia democrática, la formación ciudadana y el desarrollo social y económico del país.

Defendemos irrestrictamente el derecho de las personas docentes a expresar sus demandas y a participar en movilizaciones pacíficas. La protesta social es un pilar de la democracia costarricense, y cualquier medida administrativa o salarial utilizada para sancionar o desincentivar la manifestación pública resulta incompatible con el respeto a las libertades fundamentales y el diálogo social.

Exhortamos al Poder Ejecutivo a que dignifique la labor docente mediante un trato respetuoso y decisiones concretas que mejoren las condiciones salariales y laborales de quienes ejercen esta profesión. Esto implica garantizar remuneraciones acordes con sus responsabilidades, tiempo reconocido para la planificación y evaluación, infraestructura segura y accesible, materiales didácticos adecuados y los apoyos necesarios para atender la diversidad del estudiantado.

Demandamos que estas prioridades se traduzcan en compromisos públicos verificables, con respaldo presupuestario y plazos definidos en diálogo abierto con las organizaciones representativas del magisterio. Garantizar condiciones dignas para enseñar es una obligación del Estado para asegurar el derecho a una educación pública de calidad en todo el territorio de Costa Rica.

Suscriben,

Dra. Gabriela Valverde Soto, decana, Facultad de Educación

Dr. José Antonio Blanco Villalobos, decano, Facultad de Artes

M.G.A. Enrique Montenegro Hidalgo, decano, Facultad de Ciencias Agroalimentarias

Dr. Federico Muñoz Rojas, decano, Facultad de Ciencias

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano, Facultad de Ciencias Económicas

Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales

Dra. Marcela María Moreno Buján, decana, Facultad de Derecho

Dr. Luis Esteban Hernández Soto, decano, Facultad de Farmacia

Dr. Víctor Schmid Díaz, decano, Facultad de Ingeniería

Dr. Kuok Wa Chao Chao, decano, Facultad de Letras

Dr. Fernando Morales Martínez, decano, Facultad de Medicina

Dr. Steve Quirós Barrantes, decano, Facultad de Microbiología

Dr. David Lafuente Marín, decano, Facultad de Odontología

MBA Walter Anderson Rivera, coordinador, Consejo de Área de Sedes Regionales

Dr. Randall Jiménez Retana, coordinador, Sistema de Educación General

Defender la universidad pública también exige respetar los derechos de toda la comunidad

Dr. Randall Jiménez Retana
Director
Escuela de Estudios Generales

Ante los acontecimientos del 12 de noviembre de 2026, relacionados con informaciones sobre una posible ocupación de edificios universitarios y las medidas preventivas adoptadas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales considera necesario expresar su posición:

Reconocemos y respetamos el derecho del estudiantado a organizarse, manifestarse y defender la educación superior pública. La participación estudiantil forma parte de la historia de nuestra Universidad y constituye una expresión de su vocación crítica y democrática.

Sin embargo, el ejercicio de ese derecho debe ser compatible con los derechos de las demás personas. El acceso a la educación, la integridad física y emocional de la comunidad universitaria, la libertad de tránsito y el desarrollo de las actividades académicas en condiciones de seguridad merecen igual protección. Ninguna causa, por legítima que sea, justifica la intimidación, el hostigamiento o la violencia.

Nos preocupan especialmente las denuncias por expresiones ofensivas y conductas intimidatorias contra la Dra. Marlen Calvo Oviedo, subdirectora de esta Escuela. Rechazamos toda forma de violencia contra las mujeres, particularmente aquellas conductas que puedan constituir violencia política por razones de género. El ejercicio de una responsabilidad académica no puede convertirse en motivo de hostigamiento. La crítica a las autoridades es legítima; la humillación y el maltrato no lo son.

Las autoridades universitarias tenemos el deber de proteger a las personas, resguardar las instalaciones y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la educación. Estas responsabilidades no nos convierten en adversarios del movimiento estudiantil ni deslegitiman sus reivindicaciones.

Sobre este particular, resulta especialmente relevante la resolución n.º 2025-021036, del 8 de julio de 2025, mediante la cual la Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de hábeas corpus relacionado con una manifestación ocurrida en el edificio de Estudios Generales. En esa sentencia, el Tribunal estableció que la libertad de expresión debe armonizarse con los derechos de terceros y reconoció la legitimidad de aplicar protocolos razonables y justificados para proteger la seguridad de las personas y regular el uso de los espacios universitarios.

La Sala recordó, además, que las autoridades pueden incurrir en responsabilidad si omiten intervenir oportunamente ante situaciones que comprometan la integridad de las personas o los derechos de terceros. La protección de estos derechos, por tanto, no constituye una medida contraria a la libertad de expresión, siempre que las actuaciones institucionales estén debidamente justificadas y sean proporcionales a las circunstancias.

Como Escuela de Estudios Generales, tenemos una responsabilidad especial con la formación humanista. El respeto a la dignidad humana, el pensamiento crítico, el diálogo y la convivencia democrática no pueden ser únicamente contenidos de nuestros cursos, deben expresarse también en nuestra manera de actuar y de resolver las diferencias.

No sería coherente enseñar el respeto a los derechos humanos en las aulas y tolerar su vulneración en nuestros propios espacios universitarios.

Hacemos un llamado al estudiantado, al personal docente y administrativo y a las autoridades universitarias a mantener abiertos los espacios de diálogo, evitar las provocaciones y rechazar toda forma de violencia. Las diferencias deben discutirse con firmeza, pero sin convertir a quienes piensan distinto en adversarios. Reafirmamos nuestro compromiso con una universidad pública, crítica y democrática, en la que todas las personas puedan estudiar, trabajar, manifestarse y ejercer sus responsabilidades en condiciones de respeto y seguridad.

Cine foro con la película costarricense El Pájaro de Fuego abordará la salud mental en la UCR

La Oficina de Bienestar y Salud (OBS) y el Cine Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) invitan a un cine foro con la película costarricense El Pájaro de Fuego, del director César Caro Cruz. La actividad forma parte de la Semana de la Salud Mental, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

La función se realizará el jueves 8 de octubre a las 6:00 p. m. en el Auditorio de la Facultad de Derecho, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. La entrada es libre y gratuita, y habrá palomitas para las primeras personas en llegar.

Después de la proyección se abrirá un espacio de reflexión y conversación sobre salud mental con la participación del equipo de producción y de los actores de la película. El conversatorio será moderado por la M.Sc. Adriana Solano Mora, psicóloga de la OBS-UCR.

El Pájaro de Fuego cuenta con las actuaciones de Larry Olivas, Noelia Campos, Kendall Guillén y Diego Rojas. Según su afiche, la historia sigue a Tony, un joven que «tenía un plan, pero no tenía idea de lo que allí encontraría».

La actividad es organizada por la Oficina de Bienestar y Salud y el Cine Universitario, de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Para más información puede escribir a cine.vas@ucr.ac.cr o consultar las redes del Cine Universitario (Instagram: cineucr; Facebook: UCRCINE).

Defender el Semanario Universidad es defender el derecho a informar, disentir y fiscalizar al poder

Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad, ante los recientes ataques y cuestionamientos dirigidos contra este medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica.

No se trata solamente de defender a un periódico universitario. Se trata de defender el derecho de una sociedad democrática a contar con medios capaces de investigar, cuestionar y fiscalizar al poder, incluso cuando aquello que publican resulta incómodo para quienes gobiernan, para grupos empresariales, para instituciones y para cualquier otro sector con capacidad de influencia.

El reciente ataque contra el Semanario Universidad, presentado bajo argumentos de eficiencia presupuestaria y cuestionamientos a su línea editorial, no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una campaña de desprestigio que, desde sectores conservadores y fascistas, ha acompañado históricamente a este medio y a la propia Universidad de Costa Rica cada vez que sus espacios de pensamiento, investigación y comunicación han cuestionado intereses establecidos.

La historia del Semanario Universidad está precisamente vinculada con la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión. Su existencia responde a una tradición universitaria que entiende que la Universidad Pública no está llamada a repetir el discurso de quienes ejercen el poder, sino a producir conocimiento, abrir espacios de discusión y contribuir a que la sociedad pueda conocer y debatir aquello que otros preferirían mantener fuera de la discusión pública.

Por eso resulta particularmente grave que se pretenda deslegitimar al Semanario mediante el señalamiento de los recursos destinados a sus salarios. La discusión sobre los recursos públicos puede y debe darse. Las instituciones públicas deben rendir cuentas y mejorar permanentemente su funcionamiento. Pero una cosa es discutir legítimamente el uso de los recursos y otra muy distinta es utilizar el costo de una planilla como mecanismo para descalificar el contenido de un medio, cuestionar su existencia o sugerir que sus periodistas deberían abandonar la universidad pública porque sus posiciones críticas resultan incómodas.

El Semanario Universidad ha sido durante décadas un espacio para la expresión de múltiples voces de la sociedad costarricense. Ha dado cabida a sectores sociales, comunidades, organizaciones, personas investigadoras, trabajadores, movimientos sociales y personas defensoras de derechos que muchas veces encuentran dificultades para acceder a otros espacios de comunicación.

También ha demostrado que su función crítica no significa responder a un partido político, a un grupo empresarial ni siquiera a las propias autoridades universitarias. Su valor reside, precisamente, en conservar la capacidad de cuestionar a distintos poderes, incluida la propia Universidad de Costa Rica.

Esa independencia es un valor democrático, no un defecto.

Nuestra solidaridad tampoco se limita al Semanario Universidad. Nos preocupa el ambiente cada vez más hostil que enfrentan periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, personas creadoras de contenido, influencers, activistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y ambientales que ejercen públicamente su derecho a cuestionar las decisiones del poder.

Estamos observando un fenómeno que merece atención: quienes tienen capacidad de comunicar, investigar, denunciar o construir una narrativa diferente a la oficial están siendo objeto de descalificaciones, señalamientos y campañas de desprestigio. La crítica es presentada como enemistad. La denuncia es presentada como conspiración. La investigación periodística es presentada como ataque político. La discrepancia es convertida en sospecha.

Esto constituye un riesgo para la democracia. Una sociedad democrática no puede reducirse a votar cada cuatro años. También necesita instituciones independientes, prensa crítica, organizaciones sociales, universidades públicas, personas activistas y ciudadanía capaz de expresar desacuerdos sin temor a ser perseguidas o estigmatizadas.

Nos preocupa, además, el debilitamiento progresivo de distintos espacios institucionales y sociales que históricamente han funcionado como contrapesos del poder.

La presión sobre las instituciones públicas, el debilitamiento presupuestario de servicios esenciales, los cuestionamientos constantes a derechos adquiridos, las amenazas sobre la seguridad social, los ataques contra quienes fiscalizan al poder y la utilización creciente de la confrontación política como mecanismo para disciplinar la disidencia configuran un escenario que no podemos normalizar.

No afirmamos que todas estas situaciones sean idénticas ni que respondan necesariamente a una única causa. Pero sí consideramos necesario observar el patrón que se produce cuando distintos poderes y voces sociales comienzan a ser desacreditados por el simple hecho de cuestionar al gobierno o a grupos con poder.

Cada episodio puede parecer aislado. El problema aparece cuando se acumulan. Y cuando la crítica comienza a ser presentada sistemáticamente como una amenaza, la sociedad debe preguntarse qué está ocurriendo con su democracia.

La sociedad y la democracia necesita voces incómodas. El Semanario Universidad representa también una de las funciones esenciales de la Universidad de Costa Rica: poner el conocimiento al servicio de la sociedad.

La Universidad Pública no puede ser solamente un lugar donde se forman profesionales. Es también un espacio de pensamiento crítico, investigación, acción social, debate y comunicación pública.

Una universidad que solamente habla cuando sus autoridades están de acuerdo con lo que se dice deja de cumplir una parte fundamental de su función social.

El Semanario Universidad ha incomodado por igual a todos los gobiernos y autoridades universitarias, porque fiscalizar su accionar no es algo a lo que una empresa, una junta directiva o una autoridad quiera estar sometida. Mucho menos cuando ese escrutinio social y mediático proviene de un medio de servicio público, con independencia editorial y una mirada crítica sobre el ejercicio del poder.

Por eso defendemos el derecho del Semanario Universidad a equivocarse, a ser cuestionado, a mejorar y a recibir críticas.

Defender al Semanario no significa considerar infalible todo lo que publica. Significa defender su derecho a publicar, investigar y ejercer el periodismo sin que su existencia sea amenazada por el contenido de sus informaciones.

La crítica al periodismo se responde con más periodismo. La crítica a una investigación se responde con argumentos y evidencia. El desacuerdo editorial se responde con debate. No con campañas de intimidación o desprestigio.

Las organizaciones y personas abajo firmantes consideramos que guardar silencio frente a estos acontecimientos solamente contribuye a normalizar un clima en el que cada vez resulta más difícil disentir.

Por eso expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad y con todas las personas comunicadoras, periodistas, creadoras de contenido, activistas y defensoras de derechos humanos y ambientales que han enfrentado situaciones similares.

Reconocemos el trabajo realizado durante décadas por el Semanario y, particularmente, el esfuerzo cotidiano de sus periodistas y trabajadores por investigar, preguntar, contrastar fuentes y mantener abierta una ventana para las voces que no siempre encuentran espacio en otros medios.

Sabemos que todo medio de comunicación puede mejorar. También sabemos que ningún medio está por encima de la crítica. Pero precisamente por eso defendemos su existencia: porque una democracia necesita espacios donde distintas posiciones puedan expresarse, confrontarse y ser fiscalizadas públicamente.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, universidades, sindicatos, comunidades, periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general a no permanecer indiferentes ante cualquier intento de reducir los espacios para la crítica y la disidencia.

Defender la prensa crítica es defender el derecho de la sociedad a saber.

Defender a quienes disienten es defender la democracia.

Y hoy, frente a cualquier intento de silenciar, disciplinar o intimidar las voces críticas, consideramos necesario decirlo con claridad: No nos vamos a quedar callados.

Formulario en línea: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7sQRKzo-Awv_WDlQb6_lft5VY0wDlyRtU7YCRinnSsv7Kgg/viewform?usp=dialog

La lista de personas que firman en representación o con afiliación a organizaciones, instituciones o a título personal se puede ver en el mismo formulario o bien en el PDF que compartimos mediante el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/Defender-el-Semanario-Universidad-es-defender-el-derecho-a-informar-disentir-y-fiscalizar-al-poder.pdf

Apreciaciones sobre la encuesta

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

La encuesta del CIEP lleva a algunas primeras conclusiones:

1-. Los primeros 100 días de un gobierno son llamados de luna de miel, porque todas las fuerzas políticas le dan un margen de acción al nuevo gobierno para el desarrollo de sus propuestas. Partiendo de este hecho el apoyo recibido por la presidenta Laura de un 64% está por debajo de esa tradición, incluso del recibido al inicio de Rodrigo Chaves que fue del 79%, sea 15 puntos porcentuales más.

2-. Este gobierno que se ha llamado de la continuidad no ha mejorado la popularidad respecto a cómo terminó el anterior. Es decir, que el cambio en la dirección de la presidencia no significó mejoría en la percepción positiva de la gente. En síntesis, el apoyo al gobierno está estancado.

3-. La política principal de los gobiernos chavistas ha estado dirigida a desprestigiar a las instituciones que consideran las menos cercanas a sus posiciones y que son consideradas como obstáculos a su propósito autoritario, como son las universidades, el poder judicial, el OIJ o el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, según la encuesta, las instituciones mejor valoradas por los costarricenses son precisamente la UCR, el TSE, el OIJ, el Poder Judicial, lo cual indica que las campañas del chavismo contra ellas no han mermado el apoyo de los costarricenses. En conclusión, las instituciones democráticas son apreciadas por la ciudadanía y la democracia hace frente a las políticas del gobierno con cierto éxito, indicando que aún hay reservas democráticas en el pueblo que no han sido erosionadas por políticas de odio y autoritarias.

4-. Resaltan líneas rojas que la ciudadanía considera que de llevarse a la práctica desprestigiarían grandemente al Gobierno. Ellas son el comprobarse casos de corrupción en el Ejecutivo, aumento del IVA a la canasta básica, recorte de presupuesto a las universidades o no acatar una decisión de la Sala Constitucional. Menos efecto en el apoyo al Gobierno tendrían acciones como la reelección continua, la minería a cielo abierto, así como si las condiciones de vida de la gente se mantienen igual, sea que no mejoren. Como se aprecia, todas las medidas que desmejorarían el apoyo al gobierno son políticas prioritarias del Gobierno de doña Laura que, en consecuencia, se encontraría ante la disyuntiva de si son rechazadas, la oposición triunfa, y sin son aprobadas el apoyo al Gobierno disminuye.

5-. Para el 43% de los costarricenses la situación económica es mala o muy mala, lo cual marcará el futuro del país en los próximos años.

El panorama político que se desprende de la encuesta refleja una sociedad llena de contradicciones e incertidumbres, que resiste a los embates autoritarios, donde se tiene un criterio positivo de las instituciones que quiere desbaratar el chavismo y que éste no tiene gran margen de maniobra en las reformas que pretende impulsar.

La sociedad vive un momento de incertidumbre, la partida está abierta con una leve ventaja de la oposición.

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que flexibilizaría intervenciones en parques nacionales

Universidad advierte que la iniciativa podría abrir la puerta a intervenciones de amplio alcance en áreas protegidas sin suficientes límites, salvaguardas ambientales ni criterios técnicos

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la sesión N.° 7024, celebrada este 1.º de setiembre, recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto base del proyecto de ley denominado “Ley para flexibilizar la Ley de Servicio de Parques Nacionales, Ley N.° 6084 del 24 de agosto de 1977, en caso de desastres naturales y peligro inminente”, Expediente N.° 25.237.

La posición institucional surge luego del análisis realizado por instancias universitarias, entre ellas el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR) y la Red de Áreas Protegidas, cuyos aportes fueron considerados en la propuesta elevada al Consejo Universitario.

El proyecto de ley pretende atender una problemática real relacionada con la Ruta Nacional N.° 32, particularmente por las dificultades para realizar obras preventivas y de atención inmediata frente a derrumbes y deslizamientos en el sector que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo. La iniciativa busca flexibilizar determinadas prohibiciones de la Ley de Servicio de Parques Nacionales para permitir intervenciones relacionadas con la seguridad vial y la prevención de riesgos.

Sin embargo, el análisis universitario advierte que la propuesta trasciende ampliamente el problema específico de la Ruta 32 y del Parque Nacional Braulio Carrillo.

Una de las principales preocupaciones señaladas es que el proyecto no se limita a resolver las necesidades específicas de mantenimiento, seguridad y atención de emergencias en la Ruta Nacional N.° 32. Por el contrario, la redacción propuesta podría permitir intervenciones en parques nacionales y otras áreas protegidas ante situaciones de emergencia o peligro inminente, sin establecer límites suficientemente claros respecto al alcance, magnitud y tipo de obras que podrían ser autorizadas.

El documento advierte que conceptos como “peligro inminente”, “obras de retención” e “infraestructura preventiva” presentan un nivel de amplitud que podría dar lugar a interpretaciones extensivas.

La ausencia de una definición precisa del concepto de peligro inminente, por ejemplo, podría abrir la posibilidad de realizar obras de ampliación vial, tala de vegetación o remoción de tierra fuera de los límites estrictos del derecho de vía, incluso dentro de áreas protegidas, sin contar necesariamente con los controles ambientales mínimos correspondientes.

Otro de los aspectos centrales señalados por la Universidad es la necesidad de establecer una distinción clara entre las intervenciones inmediatas necesarias para atender una emergencia y las obras permanentes de infraestructura.

Según las observaciones técnicas, las intervenciones de carácter permanente, como estabilización de taludes, drenajes, obras de retención e infraestructura preventiva, pueden tener impactos ambientales significativos y, por tanto, deberían estar sujetas a los instrumentos de evaluación ambiental correspondientes.

Asimismo, se advierte que el proyecto no desarrolla con suficiente precisión los procedimientos técnicos previos ni las diferencias entre una intervención inmediata de emergencia y una obra permanente, lo que podría generar interpretaciones amplias y afectar el principio de no regresividad ambiental.

Entre los elementos que deberían estar claramente definidos se encuentran la evaluación ambiental previa cuando corresponda, los planes de restauración, la delimitación física del área intervenida, los plazos de intervención y los mecanismos de control posterior.

La UCR reconoce la necesidad de contar con mecanismos ágiles para proteger la vida de las personas y atender situaciones de riesgo, especialmente en una vía tan importante como la Ruta Nacional N.° 32.

No obstante, considera que la respuesta a esta problemática debe construirse mediante procedimientos técnicos claramente delimitados que permitan atender las emergencias sin debilitar innecesariamente el régimen de protección de los parques nacionales y otras áreas protegidas.

En ese sentido, se recomienda que cualquier modificación normativa delimite estrictamente las intervenciones al derecho de vía legalmente constituido y establezca salvaguardas que impidan ampliar o modificar el régimen de protección de los parques nacionales mediante disposiciones excepcionales relacionadas con situaciones de emergencia.

Ver pronunciamiento completo: https://drive.google.com/file/d/1ujtLRoD2Ek5vzdmdY5QA5T5dovXCBhlj/view?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Los consultorios jurídicos de la UCR deben reapropiarse de su función de justicia social y no ser solo un requisito académico

Walter Antillón

Es importante que recordemos, precisamente en este momento, cómo nacieron en nuestra Facultad los consultorios jurídicos, y con qué propósitos. Iremos entonces al siglo XX, a los finales de la década de los 60 y comienzos de la de los 70, tiempos de gran agitación social en los que los estudiantes y los profesores de la Universidad de Costa Rica coincidíamos en la idea de que nuestra Alma Mater debería participar mayormente en la sociedad civil, en procura de una mayor justicia social.

Esa idea tomó fuerza hasta el punto de inspirar una parte muy importante del contenido del Tercer Congreso Universitario que tuvo lugar entre 1972 y 1974; de donde proviene el actual artículo 3 del Estatuto:

La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

La Facultad de Derecho fue precursora de esa orientación, porque en 1971 había conseguido la promulgación de la Ley 4775, Ley de los Consultorios Jurídicos; la cual se había gestado durante la Decanatura de don Carlos José Gutiérrez, siendo el vicedecano don Eduardo Ortiz; y se logró en la Decanatura de don Eduardo, siendo vicedecano mi persona; su objetivo fundamental fue hacer posible la prestación de un servicio técnico-jurídico (la procuración en juicio, el notariado) por parte de la Universidad de Costa Rica, a favor de las personas de escasos recursos en el País.

En efecto, de acuerdo con la Ley 4775 y sus reformas, “obtener servicios gratuitos de abogacía y notariado en los consultorios jurídicos que ha establecido y establezca la Universidad de Costa Rica” es un derecho cívico de todas las personas que, dado el monto de sus ingresos, no estarían obligadas a presentar declaración para efectos del Impuesto sobre la Renta (Artículo 1º).

Según la ley, la función del consultorio jurídico es brindar servicios gratuitos de abogacía y notariado. Aunque lo presta la Universidad, se trata de un servicio social, no de un curso académico: los servicios sociales van hacia afuera, mientras que los cursos académicos van hacia adentro. Concebir la función del consultorio sólo como un curso/requisito para los estudiantes significa la amputación de su verdadera función y una violación del mandato de la Ley 4775.

Analizando jurídicamente las figuras, notamos que se trata, por un lado, de un derecho público subjetivo de ciertos ciudadanos (Jellinek) consagrado en una ley ordinaria: derecho a una prestación a cargo de la Universidad, representada por la unidad académica llamada Facultad de Derecho, que la cumple mediante los servicios que brindan sus estudiantes en el consultorio, bajo la guía y supervisión de los profesores a cargo.

Y por el otro lado tenemos la figura de un deber cívico de un estudiante de Derecho habilitado para el ejercicio forense; ergo, un deber cívico consistente principalmente en incoar y tramitar, dentro de un lapso determinado de tiempo, procesos y procedimientos ante los tribunales y otras instancias. Por lo demás, tal deber constituye una carga, o una condición indispensable (sin créditos) para la graduación del estudiante.

En su paso por el consultorio jurídico el estudiante se adiestra en el ejercicio de la profesión forense, pero, además, sirviendo a su pueblo, entra en contacto con sus dificultades, sus angustias y sus miserias.

Queda claro entonces que la Facultad de Derecho, como unidad académica perteneciente a la Universidad de Costa Rica, tiene el deber indeclinable de contribuir, a través del crecimiento cualitativo y cuantitativo de los consultorios jurídicos, a la consecución de cada vez más equidad y justicia social para el mayor número posible de los habitantes de nuestro territorio que carecen de medios económicos, a tenor del artículo 3º del Estatuto.

Así concebida la institución del consultorio, la ganancia para Costa Rica es por partida triple: gana y se enriquece la Universidad al prodigarse en la solución de los problemas de la gente; gana y se enriquece el estudiante que adquiere destrezas forenses y toma conciencia de la patria invisible; y gana y se enriquece, por supuesto, el beneficiario, porque ejercita un derecho cívico que la ley consagra a su favor, y recibe el servicio correspondiente.

Los profesores y los estudiantes de la Facultad deben luchar para que los Consultorios Jurídicos se reapropien de su verdadera naturaleza y su verdadera función, de acuerdo con la ley, haciendo realidad la dimensión de bien social y justicia social a la que aspira nuestra Alma Mater.

Posgrado de la UCR abrirá atención gratuita de salud materna y reproductiva

Mag Olga Marta Ramírez Hernández 
Comunicadora 
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)

  • No se requiere estar asegurada para acceder a la atención

  • Estudiantes de la Maestría Profesional en Enfermería Ginecológica, Obstétrica y Perinatal brindarán atención supervisada a partir del 9 de setiembre.

Las mujeres interesadas en recibir atención en salud materna y reproductiva podrán acceder a consultas gratuitas entre el 9 de setiembre y el 25 de noviembre de 2026 en la Universidad de Costa Rica (UCR). El servicio será ofrecido por estudiantes de la Maestría Profesional en Enfermería Ginecológica, Obstétrica y Perinatal en el Centro de Simulación en Salud (CECISA), ubicado en Finca 2, bajo la supervisión permanente de enfermeras obstetras docentes.

Las consultas incluirán control prenatal, monitoreo fetal, lactancia materna, atención postparto, crecimiento y desarrollo infantil, así como servicios de salud sexual y reproductiva. Todos los servicios serán gratuitos, con excepción de la citología líquida para la detección temprana de alteraciones en el cuello uterino, cuyo costo será de ₡7.280. El monto cubre el procesamiento de la muestra por parte de un laboratorio externo.

«La iniciativa surge como parte de la estrategia académica de la maestría para fortalecer la formación clínica de sus estudiantes y, al mismo tiempo, ampliar el acceso de la población a servicios de prevención, acompañamiento y educación en salud», destacó la Mag. Ana Ibis Campos, coordinadora de la Maestría.

Para el decano del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), el Dr. Eldon Caldwell Marín, «iniciativas de este tipo reflejan el vínculo entre la formación avanzada y las necesidades de la población, al permitir que estudiantes especializados contribuyan al bienestar colectivo mientras fortalecen sus competencias profesionales. Asimismo, evidencian el aporte de la universidad pública en áreas estratégicas para el desarrollo humano y la salud».

Atención y formación especializada

Para Campos, coordinadora de la Maestría, el proyecto responde tanto a una necesidad académica como social. «Es importante para el estudiante porque le permite adquirir herramientas y habilidades técnicas y blandas para la atención de esta población. A veces pensamos que la persona profesional en enfermería obstetra solamente trabaja en hospitales realizando partos, pero en realidad tiene múltiples campos de acción vinculados con la salud de la mujer, la familia y el cuidado de la niñez. Estas experiencias fortalecen su desempeño profesional futuro», señaló.

Campos destacó que las consultas permitirán brindar una atención con mayor tiempo de acompañamiento que el disponible habitualmente en otros servicios de salud. Según explicó, las usuarias recibirán seguimiento personalizado durante el embarazo, el postparto y los procesos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Además, cada estudiante estará acompañado por especialistas que supervisarán la valoración clínica y la orientación a las pacientes.

Compromiso con la sociedad

La propuesta integra docencia, acción social y generación de conocimiento al acercar los servicios universitarios a la comunidad. Además de favorecer la prevención y la educación en salud, permite que futuras especialistas desarrollen experiencia directa en escenarios reales de atención, uno de los objetivos fundamentales de la formación de posgrado en ciencias de la salud.

Las consultas se ofrecerán del 9 de septiembre al 25 de noviembre, todos los miércoles de 8:00 a. m. a 12:00 m. d., en el Centro de Simulación en Salud (CESISA) de la Universidad de Costa Rica, ubicado en Finca 2, 125 metros al norte del gimnasio del Colegio Monterrey.

Las personas interesadas podrán solicitar cita mediante el formulario habilitado https://ucr.cr/r/RO0iR o comunicándose al teléfono 2511-3718, disponible también por WhatsApp.

Hoy hace 80 años… El SIBDI, silencioso corazón académico de la UCR

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
biodiversidadcr@gmail.com

“El trabajo del SIBDI en los últimos 80 años ha sido una de esas labores esenciales que pocas veces ocupan titulares, pero sin las cuales la vida universitaria simplemente no sería posible.”

Celebrar un aniversario del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI) es mucho más que conmemorar una fecha institucional. Es reconocer una de las estructuras silenciosas pero fundamentales que han sostenido, durante décadas, la vida académica, científica y humanista de la Universidad de Costa Rica. Detrás de innumerables tesis, investigaciones, artículos y clases ha estado siempre el trabajo constante y comprometido de las bibliotecas universitarias y de quienes las hacen posibles.

La historia del SIBDI (AUROL, 2021 y Rodríguez, 1996) refleja también la historia del crecimiento intelectual de la Universidad. Desde aquella pequeña sala inaugurada el 26 de agosto de 1946 en el antiguo edificio universitario de Barrio González Lahmann, con capacidad para apenas treinta lectores, hasta la compleja red de bibliotecas especializadas que hoy integra numerosas unidades académicas y centros de investigación, el recorrido ha sido extraordinario. La apertura de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro en 1970 marcó un hito en la consolidación de servicios modernos para la docencia y la investigación, mientras que la expansión posterior hacia bibliotecas especializadas confirmó que el acceso al conocimiento constituye uno de los pilares esenciales de la universidad pública.

Fuente: La Tribuna, 27 de agosto de 1947, p. 4. Cortesía de Marco Díaz Segura, Museo UCR. Foto coloreada y definición mejorada con ChatGPT.

Sin embargo, más allá de los edificios, colecciones y sistemas tecnológicos, la verdadera fortaleza del SIBDI ha sido siempre su gente.

Lo digo desde una experiencia profundamente personal. Como estudiante universitario desde 1974 y posteriormente como docente de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, tuve el privilegio de convivir durante décadas con funcionarios y funcionarias del SIBDI cuya calidad humana y profesional dejó una huella imborrable. Siempre encontré disposición para ayudar, paciencia ante las consultas, rigurosidad en el trabajo y un profundo compromiso con el servicio público universitario.

Quienes hemos pasado largas horas buscando referencias bibliográficas, revisando revistas científicas o intentando localizar materiales difíciles de conseguir sabemos que detrás de cada respuesta eficiente existen personas cuya labor suele permanecer invisibilizada. Muchas veces fueron precisamente los funcionarios del SIBDI quienes orientaron investigaciones, facilitaron recursos indispensables o resolvieron problemas que parecían menores, pero que resultaban cruciales para el trabajo académico cotidiano.

En tiempos donde la inmediatez digital pareciera hacernos olvidar el valor de las instituciones dedicadas al conocimiento, conviene recordar que una biblioteca universitaria no es simplemente un depósito de libros. Es un espacio de formación crítica, de democratización del acceso a la información y de construcción de ciudadanía. Y ello requiere no solo infraestructura y tecnología, sino también vocación, criterio profesional y una sólida ética de servicio.

Además, el tránsito desde las antiguas fichas catalográficas hasta los modernos sistemas automatizados ha demandado procesos permanentes de adaptación. Ese esfuerzo silencioso permitió que la Universidad mantuviera vivo y accesible su patrimonio bibliográfico y documental en medio de profundas transformaciones tecnológicas y presupuestarias.

Por todo ello, este aniversario constituye una oportunidad para expresar gratitud hacia quienes, desde los mostradores de préstamo, las salas de referencia, los procesos técnicos, la digitalización o la administración de colecciones, han contribuido durante décadas a sostener una de las funciones más nobles de la universidad pública: garantizar el acceso al conocimiento.

Felicitar al SIBDI es también reconocer una tradición universitaria profundamente ligada al pensamiento crítico, a la investigación rigurosa y al compromiso con la cultura y la educación costarricense.

En una época marcada por la desinformación y la superficialidad, el trabajo del SIBDI nos recuerda que el conocimiento serio, accesible y organizado sigue siendo indispensable para la democracia y para el futuro del país.

A todas las personas que han formado y constituyen parte del SIBDI: gracias por tantos años de entrega, profesionalismo y servicio a la comunidad universitaria y nacional. Su labor ha sido, y continúa siendo, fundamental para la Universidad de Costa Rica y para nuestro país.

UCR recomienda aprobar proyecto sobre vedas pesqueras, pero pide fortalecerlo con ciencia y mecanismos de control

A pesar de que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 13 de agosto una moción para no consultar al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR) el proyecto de ley sobre sostenibilidad social durante los períodos de veda pesquera, la Universidad ya emitió su criterio técnico sobre la iniciativa y recomienda su aprobación.

El proyecto, expediente N° 25.603, busca reformar la Ley de Pesca y Acuicultura para ampliar el acceso a compensaciones económicas para las personas pescadoras que vean afectados sus ingresos durante los períodos de veda, sin que el otorgamiento dependa exclusivamente de su condición socioeconómica.

El criterio del CIMAR, solicitado por la Universidad, expresa una conformidad general con la iniciativa, pero advierte que el proyecto debe incorporar mayores elementos científicos, técnicos y de seguimiento para garantizar que las medidas propuestas contribuyan efectivamente a la sostenibilidad de los recursos pesqueros y al bienestar de las comunidades que dependen de esta actividad.

Entre las recomendaciones planteadas se encuentran fortalecer la fundamentación del proyecto mediante estudios científicos, estadísticas y evidencia empírica; establecer criterios más claros para la aplicación y control de los mecanismos previstos; precisar el financiamiento destinado a investigación; garantizar que los estudios sean realizados por personal con experiencia técnica pertinente; promover medios de vida alternativos para las comunidades pesqueras; y establecer mecanismos de monitoreo y evaluación sobre el estado de las poblaciones explotadas y los niveles de pesca ilegal.

El CIMAR también recomienda mejorar los sistemas de información sobre capturas, subsidios y personas beneficiarias, así como fortalecer el monitoreo, control y fiscalización durante las vedas.

Con base en este criterio técnico, el Consejo Universitario de la UCR acordó recomendar la aprobación del proyecto de ley, siempre y cuando se incorporen las observaciones y recomendaciones formuladas por el CIMAR.

La posición de la Universidad contrasta con la decisión adoptada por la comisión legislativa, que, según informó el Semanario Universidad, aprobó una moción para excluir la consulta al principal centro universitario especializado en investigación marina del país. Paradójicamente, mientras se optó por prescindir formalmente de esta consulta, el CIMAR ya había producido un criterio técnico que no rechaza la iniciativa, sino que plantea condiciones para mejorarla.

Para la UCR, apoyar la iniciativa no significa aprobarla sin modificaciones. Por el contrario, la atención a las necesidades económicas de las comunidades pesqueras debe ir acompañada de evidencia científica, mecanismos de control, investigación y políticas que garanticen la sostenibilidad de los recursos marinos. En un contexto de deterioro de las pesquerías nacionales, estas condiciones resultan fundamentales para que una política de compensación social no termine desvinculada de la recuperación y conservación de los ecosistemas y recursos de los que dependen las propias comunidades pesqueras.