La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.
Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.
Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.
Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.
El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.
Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.
Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.
Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.
Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.
El programa Alternativas dedicará su próxima emisión al tema “Genética del cáncer de mama”, con el propósito de analizar los factores genéticos asociados a esta enfermedad, los avances científicos en su estudio y la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento a las personas afectadas.
La actividad se realizará el 29 de mayo de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, así como por diversas emisoras colaboradoras.
El panel contará con la participación de Gustavo Gutiérrez Espeleta, genetista, docente y exrector de la Universidad de Costa Rica. Gutiérrez Espeleta ha desarrollado una amplia trayectoria en investigación científica y se desempeña como representante y asesor en temas de ciencia, biodiversidad, cáncer, protección animal y evaluación de investigaciones en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), además de participar en redes latinoamericanas especializadas.
También participará Laura Chaverri Vargas, obstetra y educadora prenatal certificada, egresada de la Universidad de Costa Rica, quien compartirá su experiencia personal como paciente de cáncer de mama, aportando una perspectiva humana sobre los desafíos asociados al diagnóstico, tratamiento y recuperación.
La actividad busca acercar al público a la comprensión de los componentes genéticos del cáncer de mama y promover la reflexión sobre la importancia de la investigación científica, la detección temprana y el apoyo integral a quienes enfrentan esta enfermedad.
La transmisión forma parte de los espacios de análisis impulsados por el programa Alternativas y contará con el apoyo de las emisoras Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias.
La Universidad de Costa Rica manifestó oficialmente su oposición al proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, al considerar que la iniciativa implicaba una transformación estructural del modelo eléctrico costarricense y generaba riesgos para el carácter público, solidario y planificado del sistema eléctrico nacional.
La posición institucional fue acordada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.° 6809 del 6 de junio de 2024, cuando la Universidad comunicó a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley. El criterio se sustentó en análisis técnicos y académicos elaborados por distintas unidades de la UCR, entre ellas la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Trabajo Social.
Según el acuerdo universitario, el proyecto, aunque presentado bajo el concepto de “armonización”, proponía una reorganización profunda del sistema eléctrico nacional orientada hacia esquemas de mercado, competencia y apertura comercial, incluyendo una mayor integración al Mercado Eléctrico Regional (MER).
Entre las principales observaciones planteadas por la Universidad de Costa Rica se encontraban:
• La fragmentación del modelo eléctrico integrado históricamente alrededor del ICE, mediante la separación de funciones estratégicas de planificación, operación y control del sistema eléctrico nacional.
• La falta de claridad sobre las razones técnicas para trasladar el Centro Nacional de Control de Energía (CENSE) fuera del ICE. La Universidad advirtió que no existía un análisis integral sobre las consecuencias institucionales, operativas y económicas de dejar al ICE sin un centro de control propio, ni sobre los eventuales costos que esto podría trasladar a las personas usuarias.
• La concentración de funciones en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que asumiría simultáneamente tareas de rectoría, planificación y evaluación ambiental, lo que, según el criterio universitario, convertiría al ministerio en juez y parte, debilitando los contrapesos institucionales históricamente existentes en el sector eléctrico.
• El fortalecimiento de mecanismos de competencia y participación privada en generación y comercialización eléctrica sin estudios concluyentes que demostraran beneficios concretos para las tarifas o para la población consumidora.
• La valoración de que el proyecto no necesariamente modernizaba el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sino que lo reorganizaba en función del mercado y en beneficio de grandes consumidores y generadores privados, sin garantizar condiciones equitativas para el ICE, las cooperativas, las empresas municipales y las personas usuarias medianas y pequeñas.
• La creación de nuevas estructuras y figuras institucionales, como el ECOSEN, que podrían introducir costos adicionales al sistema eléctrico mediante cánones, servicios auxiliares y nuevas cargas operativas que eventualmente terminarían reflejándose en las tarifas eléctricas.
• La apertura del mercado eléctrico nacional mediante la creación de “agentes de mercado”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo eléctrico solidario costarricense. La Universidad consideró que una transformación de esta magnitud debía ser discutida de manera amplia, transparente y participativa.
• La preocupación por el aumento de exportaciones eléctricas hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER), al considerar que esto podría comprometer cuencas hidrográficas y bienes estratégicos vinculados con la soberanía energética futura del país, en un contexto de creciente presión sobre el agua y los territorios.
• La advertencia de que la eventual derogatoria de la Ley 7200 eliminaría límites históricos a la participación privada en generación eléctrica, abriendo mayores espacios a grandes empresas y capitales transnacionales dentro del sector energético nacional.
• La ausencia de mecanismos robustos de participación social en la toma de decisiones del sistema eléctrico, dejando con poca representación a comunidades, personas consumidoras, organizaciones sociales, sindicatos, grupos ambientalistas y otros sectores ciudadanos interesados en el futuro energético del país.
Asimismo, la Universidad señaló que el proyecto carecía de estudios técnicos suficientes sobre excedentes eléctricos, necesidades futuras de demanda, costos de implementación, impactos tarifarios y consecuencias ambientales y sociales derivadas de una mayor mercantilización del sistema eléctrico.
El acuerdo del Consejo Universitario concluyó recomendando a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley expediente 23.414 y manifestó la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar técnicamente mediante el aporte de personas expertas y criterios académicos especializados para la discusión del futuro del sistema eléctrico nacional.
Cabe señalar que algunos elementos del proyecto pudieron haber variado durante el proceso legislativo y las discusiones posteriores al acuerdo universitario; sin embargo, este pronunciamiento recoge la posición institucional expresada oficialmente por la Universidad de Costa Rica respecto al texto dictaminado consultado en ese momento.
El programa Alternativas realizará un nuevo panel de reflexión titulado “Atisbando la vida a través de las artes visuales: Lucía Cordero Miranda”, dedicado a explorar el aporte de las artes visuales a la comprensión de la experiencia humana y la sensibilidad contemporánea.
La actividad se transmitirá en vivo el 22 de mayo de 2026 a las 6:00 p.m. (-6 UTC) mediante Facebook Live, YouTube, Spotify y radios comunitarias y culturales aliadas.
La invitada principal será Lucía Cordero Miranda, artista visual y docente de Artes Plásticas, especializada en pintura, dibujo y cerámica escultórica, con amplia experiencia en exposiciones.
El panel contará además con la participación de:
Irené Barrantes Jiménez, socia del Museo de las Mujeres de Costa Rica.
Tatiana Herrera Ávila, profesora de la Sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.
Luis Ángel Salazar Oses, profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED.
El espacio forma parte de los esfuerzos de Alternativas por promover pensamiento crítico, diálogo cultural y reflexión interdisciplinaria desde distintas expresiones del arte y la vida social.
La transmisión contará con apoyo de emisoras aliadas como Radio Guanacaste, Radio Soberanía, Radio Revolución, Radio Ondas de Alajuelita y Voces Libertarias.
El Programa Kioscos Socioambientales y el Observatorio de Bienes comunes de la Universidad de Costa Rica, junto al Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) realizarán el conversatorio “Educación popular en tiempos de reconfiguración del poder”, un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos contemporáneos de la educación popular en América Latina.
La actividad se efectuará el martes 19 de mayo y contará con transmisión mediante Facebook Live, además de acceso virtual por Zoom.
Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca propiciar diálogo, organización y construcción colectiva frente a los retos sociales, políticos y culturales que atraviesan los territorios latinoamericanos.
Participarán:
María Rosa Goldar, de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y CEAAL.
Rosaluz Molina, de la Universidad de Puerto Rico.
Jorge Osorio Vargas, de la Universidad de Valparaíso y CEAAL.
Como invitado especial participará Oscar Jara, sociólogo y educador popular ampliamente reconocido en América Latina.
La moderación estará a cargo de Dylanna Rodríguez, de Kioscos Socioambientales.
El Programa de Posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica realizó la conferencia “Entre continuidad y ruptura: ¿Hacia dónde se encamina Costa Rica con la administración Fernández Delgado?”, un espacio de análisis de coyuntura nacional.
La actividad se llevó a cabo el jueves 14 de mayo de 2026 a las 5:30 p.m., en modalidad presencial, en la Sala Multimedia, piso 1, Torre C de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Ciudad de la Investigación de la UCR. Puede verla en YouTube (enlace al final de la nota).
La conferencia contó con la participación de:
Randall Blanco Lizano, profesor jubilado de la Escuela de Sociología y exdirector del Posgrado Centroamericano en Sociología de la UCR.
Viviana Guerrero Chacón, filósofa y politóloga por la UCR, docente de la Escuela de Filosofía e investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR).
La moderación estuvo a cargo de Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología y profesora-investigadora de la Escuela de Sociología de la UCR.
La actividad fue organizada por el Sistema de Estudios de Posgrado, el Programa de Posgrado en Sociología y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
El próximo miércoles 6 de mayo a las 7:00 p.m. se realizará el conversatorio “Contra la justicia: ¿ni jueces, ni contraloras, ni tribunales?”, un espacio de reflexión crítica sobre el rol de las instituciones encargadas de la justicia y el control en el contexto actual. La actividad contará con la participación de Agustín Gutiérrez, José Manuel Arroyo e Ilka Treminio, y se enmarca en iniciativas de mediación cultural que buscan promover el análisis público de temas clave para la democracia.
El evento es organizado en conjunto con el Centro Cultural de España y cuenta con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Costa Rica, la Editorial de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Filosofía de la UCR. Además, se retransmitirá en vivo a través del Facebook del Centro Cultural de España, ampliando el acceso al diálogo más allá del espacio presencial.
Este conversatorio propone abrir preguntas fundamentales sobre la independencia judicial, el papel de las contralorías y la vigencia de los mecanismos institucionales en la garantía del Estado de derecho.
Comunicadora Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)
La investigación de Posgrados de la UCR, realizada por Maricruz León Miranda, propone un índice para analizar el acceso, uso y gasto en tecnologías en los hogares del país.
En las zonas rurales, el 70% de los hogares está en pobreza digital, según se desprende en una investigación desarrollada en la Maestría Profesional en Estadística, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para acercarse a la realidad que se vive en los hogares costarricenses en el tema digital, el estudio, titulado Índice para la Medición de la Pobreza Digital de los Hogares en Costa Rica, realizado por Maricruz León Miranda de Posgrados UCR, desarrolló una herramienta estadística para identificar brechas en acceso, uso y gasto en tecnologías de información.
Desde una perspectiva territorial, los resultados de la investigación confirman la existencia de brechas geográficas. En la zona urbana, la distribución de los hogares entre los distintos niveles de pobreza digital es relativamente equitativa.
La investigación realizada por León Miranda para optar por el grado de Maestría Profesional en Estadística, parte del reconocimiento de que el acceso y uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se relaciona directamente con las oportunidades de desarrollo social y económico. En ese contexto, el trabajo propone un Índice de Pobreza Digital (IPD) que permite categorizar a los hogares según su nivel de exclusión tecnológica.
“El propósito fue construir una medición que integrara no solo la tenencia de dispositivos o servicios, sino también el uso de las tecnologías y el esfuerzo económico que realizan los hogares para acceder a ellas”, explicó Maricruz León Miranda, autora del estudio.
El índice se elaboró a partir de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018 (ENIGH) y de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 (ENAHO). Integra dos componentes principales: uno asociado al acceso y uso de servicios y dispositivos TIC en los hogares, y otro relacionado con el gasto mensual en tecnologías de información.
“Desde el Sistema de Estudios de Posgrado siempre hemos aportado conocimiento y buenas prácticas en todas las áreas del conocimiento. En este caso, desde la estadística aplicada, se generan herramientas rigurosas que permiten comprender fenómenos sociales complejos y apoyar la toma de decisiones en política pública”, señaló el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del SEP.
El estudio evidenció que la pobreza digital se asocia con variables como la zona y región de residencia, el nivel educativo, la edad y la condición de actividad del jefe del hogar, lo que confirma la existencia de brechas estructurales en el acceso a la tecnología en el país.
Entre las principales recomendaciones, la investigación sugiere al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) considerar la incorporación del índice como un indicador de referencia para el monitoreo de la pobreza digital y su alineación con los instrumentos de planificación institucional.
Lo que revela el estudio
En términos de acceso a dispositivos, los resultados muestran importantes limitaciones: ocho de cada diez hogares no cuentan con tablet, el 85 % no posee computadora de escritorio y el 58 % carece de computadora portátil. El dispositivo más frecuente es el televisor, presente en casi la totalidad de los hogares, mientras que el radio o equipo de sonido no está presente en cuatro de cada diez hogares. (Datos ENAHO 2018).
El estudio también evidencia una diferencia marcada en el gasto en TIC entre los hogares pobres y no pobres digitales. El gasto mensual promedio estimado en tecnologías de información es de ¢49 183, con diferencias según zona de residencia: en la zona urbana el gasto alcanza ¢54 103, mientras que en la zona rural se reduce a ¢36 543.
El análisis sociodemográfico revela que el nivel educativo, la condición de actividad y la edad del jefe del hogar influyen significativamente en el nivel de pobreza digital. A medida que aumenta el nivel educativo del jefe del hogar, disminuye de forma notoria la proporción de hogares clasificados como pobres digitales. Específicamente, entre los hogares con jefatura sin estudios 9 de cada 10 son clasificados como pobre digital. En contraste, entre los hogares cuyo jefe posee educación universitaria, esta proporción se reduce a 2 de cada 10.
En cuanto a la condición de actividad, los hogares con jefatura ocupada presentan una distribución más equilibrada entre pobres y no pobres digitales, mientras que en los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral predomina la pobreza digital. Asimismo, se observa una relación con la edad del jefe del hogar. En aquellos hogares cuya jefatura está ocupada, la distribución es relativamente equitativa, 51,7% son pobres digitales y 48,3% no pobre digitales. En los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral, la mayoría se clasifica como pobre digital.
Finalmente, se evidencia una relación entre la edad del jefe y la condición de pobreza digital. Se observa que conforme aumenta la edad del jefe del hogar, disminuye la proporción de hogares pobres digitales. En general, los hogares con jefaturas menores a 25 años o mayores a 55 años presentan mayor incidencia de pobreza digital. En los hogares con jefaturas con edades intermedias se tiene porcentajes más similares entre los conglomerados pobre digital y no pobre digital.
Metodología del estudio
El componente de acceso y uso de TIC se construyó mediante análisis factorial exploratorio, mientras que el gasto en TIC se calculó directamente en la ENIGH y se estimó en la ENAHO mediante un modelo de regresión múltiple. Ambos componentes se combinaron en un índice estandarizado con una escala de 0 a 100, donde valores más altos representan mayor nivel de pobreza digital.
Los resultados estimaron una media nacional de 67,3 puntos en el índice construido con la ENIGH y de 65,9 puntos en el elaborado con la ENAHO. Además, el análisis permitió segmentar a los hogares en distintos grupos, desde hogares no pobres digitalmente hasta hogares con pobreza digital media y alta.
El trabajo aporta una base metodológica replicable y actualizable, que permite dar seguimiento a la evolución de la pobreza digital y contribuir a una comprensión más precisa de las desigualdades tecnológicas en Costa Rica.
Otros datos importantes: Al analizar por zona de residencia, se observa que el 45,4% de los hogares de la zona urbana son clasificados como pobre digital medio, el 34,4% como pobre digital alto y el 20,3% se catalogan como no pobre digital. En la zona rural, la mayoría de los hogares (56,9%) se ubican en el conglomerado pobre digital alto y se destaca que sólo el 5,2% de los hogares de esta zona es no pobre digital. Al analizar por región de planificación, los resultados reflejan que en la región Central la mayoría de los hogares se ubica en el conglomerado de pobre digital medio (45,2%) y posee la proporción más alta de hogares no pobres digitales (21,1%). En el contraste, en el resto de 68 las regiones, predominan los hogares catalogados como pobres digitales con porcentajes entre el 46,1% en la Pacífico Central y el 58,9% en la Huetar Norte. Por condición de actividad del jefe, se observa que los hogares con jefatura ocupada el mayor porcentaje de estos se ubica en pobre digital medio (45,2%). Entre los hogares con jefatura desocupada, la distribución es relativamente equitativa entre los conglomerados hogar pobre digital alto y medio, pero sólo un 2,3% de esto hogares son no pobre digitales. Mientras que en los hogares con jefes fueras de la fuerza laboral, la mayor proporción de estos hogares se clasifican como pobres digital alto y el 4,1% son no pobre digital. Los resultados por sexo del jefe del hogar muestran diferencias moderadas pero consistentes. Los hogares con jefatura mujer, el 41,3% son pobre digital alto, el 44,6% pobre digital medio y el 14,1% no pobre. Por su parte, los hogares con jefes hombre, el 40,0% son pobre digital alto, 42,5% pobre digital medio y 17,5% no pobre digital. La distribución de los hogares según edad del jefe del hogar y el nivel de pobreza digital es heterogénea. En los grupos de edad hasta los 54 años, la mayoría de los hogares son pobre digital medio. En los hogares con jefes menores de 18 años no se ubicaron hogares en la categoría no pobre digital. Los hogares con jefaturas menores de 18 años o mayores de 55 años concentran mayores niveles de pobreza digital alta, con un 48,6 % y 49,6 %, respectivamente. Los hogares liderados por personas de 35 a 44 años, se ubica el mayor porcentaje de hogares no pobre digitales.
La Universidad de Costa Rica, por medio de su Consejo Universitario, analizó el proyecto de ley denominado Ley para la protección de la actividad minera de Abangares (Expediente N.° 24.932), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, y acordó recomendar su no aprobación en su forma actual, hasta tanto no se incorporen observaciones sustantivas de carácter técnico, ambiental y social (CU-19-2026).
Este criterio se fundamenta en los aportes de diversas instancias universitarias consultadas, entre ellas el Programa de Kioscos Socioambientales, la Sede Regional de Guanacaste y la Escuela Centroamericana de Geología, las cuales advierten vacíos significativos y riesgos asociados al proyecto.
El Programa de Kioscos Socioambientales señala que la propuesta legislativa “no corrige los problemas estructurales identificados históricamente; por el contrario, profundiza un modelo de gestión excepcional, caracterizado por altos niveles de opacidad, informalidad y riesgo socioambiental”. Asimismo, advierte que “el análisis comparado demuestra el rezago de Costa Rica frente a países latinoamericanos que han implementado sistemas rigurosos de trazabilidad… En contraste, la dependencia de declaraciones juradas perpetúa la opacidad e impide controlar el flujo de oro desde zonas prohibidas hacia circuitos formales”.
Por su parte, la Sede Regional de Guanacaste enfatiza que “la omisión más preocupante del proyecto de ley es la falta de disposiciones orientadas a la salud pública”, subrayando la ausencia de medidas de atención, monitoreo y prevención para las comunidades expuestas a contaminantes como el mercurio. Si bien reconoce la importancia económica de la minería para Abangares, advierte que su continuidad debe estar condicionada a garantías reales de protección ambiental y sanitaria, de lo contrario se podrían profundizar los daños ecológicos y humanos.
Desde la Escuela Centroamericana de Geología se advierte que “el proyecto no aborda la complejidad real de la problemática minera en Abangares”, y se cuestiona la persistencia de un enfoque fragmentado en la legislación minera. Señala además que la sucesiva ampliación de plazos para la formalización de concesiones evidencia un patrón problemático de legislación reactiva, orientada a “apagar incendios”, en lugar de impulsar una reforma integral del Código de Minería. En este sentido, coincide con las demás instancias en la urgencia de implementar mecanismos robustos de trazabilidad.
En conjunto, estos criterios coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, podría profundizar las condiciones de informalidad, opacidad y riesgo ambiental, comprometiendo tanto el patrimonio natural del país como la salud y seguridad de las comunidades involucradas.
La representante de Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, señaló que “en las últimas semanas, a partir de las investigaciones recibidas sobre los daños ambientales asociados a la minería ilegal, se cuenta con evidencia de que no se trata únicamente de procesos artesanales o coligalleros independientes, sino de formas de explotación ilegal con características industriales en Costa Rica, acompañadas de una alta importación de mercurio y cianuro, sustancias que contaminan las aguas y afectan gravemente la salud de las personas”. Asimismo, destacó la importancia de que esta situación se convierta en un llamado a fortalecer el debate académico y a profundizar el aporte de la universidad en materia de salud pública y protección ambiental.
En consecuencia, la Universidad de Costa Rica reitera su disposición a contribuir con conocimiento técnico y científico para el fortalecimiento de iniciativas legislativas que garanticen una gestión responsable, transparente y sostenible de la actividad minera en el país, en resguardo del bien común.
Otros sectores. La posición de la Universidad de Costa Rica es coincidente con un pronunciamiento suscrito por más de 50 organizaciones y personas, el cual advierte sobre los riesgos de mantener un modelo que permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas sin trazabilidad verificable. Este pronunciamiento señala que la minería ilegal no opera de forma aislada, sino que converge con otras actividades criminales, incluyendo el lavado de dinero, el contrabando de minerales y el uso descontrolado de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, así como posibles vínculos con dinámicas del narcotráfico en zonas fronterizas.
La muralista costarricense Olga Coronado Calvo participará en fecha próxima en el programa Conciencia, transmitido por Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La entrevista será realizada por Gustavo Gutiérrez Espeleta, conductor del espacio televisivo, y estará centrada en el trabajo artístico y comunitario que Coronado ha desarrollado a través del muralismo en distintas comunidades.
Arte y trabajo comunitario
El muralismo ha sido una herramienta de expresión cultural y social en múltiples territorios, permitiendo que comunidades participen en procesos creativos que fortalecen la identidad colectiva y la apropiación del espacio público.
En este contexto, Olga Coronado ha impulsado proyectos de arte mural en comunidades, promoviendo procesos colaborativos en los que el arte se convierte en un medio para la memoria, la reflexión y la construcción de vínculos sociales.
La entrevista abordará su experiencia como muralista, las metodologías de trabajo con comunidades y el papel del arte público en la vida social y cultural de los territorios.
Espacio para el arte y la reflexión
El programa Conciencia, producido por Canal 15 UCR, es un espacio televisivo dedicado al análisis y la conversación sobre temas culturales, sociales y académicos.
La participación de Olga Coronado permitirá conocer más sobre el impacto del muralismo en procesos comunitarios y sobre el potencial del arte como herramienta de diálogo social.
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