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Etiqueta: universidades públicas

De sobre el canon y la hegemonía cultural

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Las universidades públicas costarricenses experimentan hoy en día embates políticos de toda naturaleza, tanto desde adentro como desde actores externos que intentan acabarlas como centros de producción de conocimiento y pensamiento crítico.

Pero aun así, en medio de ese contexto, deben mirarse en una actitud crítica y auto reflexiva que les conduzca hasta umbrales de mejoramiento e igualdad. En ocasiones existen espejos que nos devuelven imágenes borrosas, cuando no vergonzosas de lo que somos como instituciones educativas.

En la sesión inaugural de la III Feria Internacional del Libro Universitario desarrollado en el Auditorio Cora Ferro Calabrese, en la Universidad Nacional, la escritora, antropóloga y activista por los derechos de las poblaciones afrodescendientes Shirley Campbell Barr nos puso a todos y todas a mirarnos en el espejo institucional, utilizando una retórica directa y al cuerpo… el cuerpo hegemónico blanco.

También lo hizo con poesía, esa herramienta tan poderosa para decir y llegar hasta donde la academia no lo hace.

“Quise arrancarme los ojos porque estos no me pertenecían”, dijo.

Pero también dijo algunas precisiones sobre el canon cultural, el peso de un dispositivo institucional que no es neutral como las ferias de libros y las exclusiones e invisibilizaciones que aún hoy en día se siguen presentando con ciertas poblaciones.

¿Cuántos autores afrodescendientes son de consulta obligatoria en las aulas universitarias? ¿cuántas mujeres afrodescendientes son leídas en la educación superior pública? Preguntó.

“Quise oscurecer mi piel porque su tono no era lo suficientemente oscuro”. Dijo.

Pero también dijo y sugirió que habría que revisar las estructuras cultuales que producen las Ferias de Libros a todo nivel, para que se abran hacia otras estéticas y narrativas que generalmente quedan por fuera de los circuitos hegemónicos.

Este discurso narrado en tono directo y con la voz y propiedad de alguien que ha librado por décadas una lucha histórica, debe ser retomado en aulas, espacios colegiados, eventos universitarios que propongan la igualdad, la equidad y la justicia. Desde la crítica centrada y argumentada es que podremos salir adelante como espacios de pensamiento crítico y reflexión.

Y Shirley terminó como no podía ser de otra manera:

“Quise nacer de nuevo

y descubrirme en otra historia
Yo quería que la realidad fuera distinta
Pero era esta
Entonces me convertí en poeta”.

SIUNED alerta sobre recortes presupuestarios que amenazan a la universidad pública

Escrito en . Publicado en Educación.

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) advirtió sobre los riesgos que enfrentan las universidades públicas ante políticas de recorte presupuestario que, según señala la organización, debilitan el financiamiento estatal y ponen en riesgo el cumplimiento de su misión social.

En un documento difundido por el sindicato, se señala que la universidad pública costarricense ha sido históricamente un pilar fundamental para el desarrollo del país, tanto por su aporte al conocimiento como por su papel en la democratización del acceso a la educación superior. Desde esta perspectiva, el sindicato sostiene que las medidas de reducción presupuestaria amenazan directamente ese modelo.

El pronunciamiento plantea que las universidades públicas no solo forman profesionales, sino que también desarrollan investigación científica, extensión universitaria y múltiples proyectos que benefician a comunidades de todo el país. Por ello, el debilitamiento del financiamiento público tendría impactos directos en la capacidad de estas instituciones para cumplir con esas funciones.

SIUNED advierte que los recortes no deben analizarse únicamente como decisiones administrativas o fiscales, sino como medidas que afectan el acceso a la educación superior, especialmente para sectores sociales que históricamente han encontrado en las universidades públicas una vía de movilidad social.

El sindicato también destaca que la educación superior pública constituye una inversión estratégica para el país. En su criterio, reducir los recursos destinados a este sector compromete la posibilidad de fortalecer el conocimiento, la innovación y la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo nacional.

Asimismo, el pronunciamiento señala que la universidad pública cumple un papel central en la construcción de pensamiento crítico, la promoción de la cultura y el debate democrático. Desde esta perspectiva, las políticas de austeridad aplicadas a la educación superior podrían debilitar una de las instituciones fundamentales para la vida democrática del país.

Ante esta situación, SIUNED hace un llamado a la sociedad costarricense a reflexionar sobre la importancia de defender la universidad pública como bien común. El sindicato plantea que garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para preservar su aporte al desarrollo social, científico y cultural de Costa Rica.

El documento concluye que la defensa de la universidad pública no es únicamente una demanda del sector universitario, sino una responsabilidad colectiva orientada a asegurar que la educación superior continúe siendo un derecho accesible y un motor de desarrollo para el país.

Ante la «Tercera República»: ciudadanía, movimiento social y el desafío para las mujeres universitarias

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Nancy Piedra Guillén

La conferencia de prensa de la presidenta electa confirmó con total claridad el rumbo que tomará el país. Su anuncio de continuar la agenda del gobierno saliente y de impulsar la llamada «Tercera República» no deja espacio para dudas: se trata de un proyecto político que combina un fuerte énfasis neoliberal en lo económico con un conservadurismo moral que pretende redefinir las instituciones y los equilibrios democráticos. Más allá de la retórica conciliadora o del gesto populista de “unidad nacional”, el camino está trazado.

Sus primeras declaraciones fueron reveladoras: pidió la salida inmediata de autoridades de control, anunció la firma de proyectos archivados que buscan transformar la estructura del Estado y expresó que no habrá “curva de aprendizaje”. El mensaje es inequívoco: ejercerá el poder con firmeza y buscará reconfigurar el entramado institucional desde el primer día.

Este contexto obliga a mirar hacia atrás para comprender mejor el presente. La huelga sindical del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2018, impulsada por numerosos gremios del sector público, especialmente el magisterio, fue uno de los movimientos sociales más largos de la historia reciente. Ese conflicto abrió paso, en enero de 2020, a la aprobación de la Ley 9808 sobre huelgas, un marco normativo que restringe significativamente el ejercicio del derecho a la protesta. Si bien se presentó como una medida de equilibrio, en la práctica debilitó la capacidad de acción colectiva y limitó el margen de maniobra de la ciudadanía frente a decisiones públicas regresivas.

A la luz de este escenario, una frase que se escuchó recientemente en las movilizaciones educativas resuena con fuerza: “las universidades nos dejaron solos como movimiento”. Más allá de su literalidad, esa afirmación revela una fractura entre actores que deberían estar articulados en la defensa de lo público. La distancia entre la universidad y otros sectores sociales —especialmente en los territorios más vulnerabilizados— se ha profundizado en los últimos años.

Pero el país no solo enfrenta un problema de articulación social. También requiere reconocer que sí necesita cambios. La corrupción que ha impedido avanzar en áreas estratégicas; la evasión y la elusión fiscal que privan al Estado de recursos indispensables; el enriquecimiento privado a partir del uso de bienes y fondos públicos; y el debilitamiento sistemático de instituciones esenciales —cuya erosión prepara el terreno para la privatización de servicios como la educación y la salud— no se resuelven siguiendo una receta neoliberal que ya mostró sus límites en múltiples países. Hoy, la crisis del capitalismo es evidente, al igual que las sostenidas acciones de Estados Unidos por mantener su hegemonía militar, económica y geopolítica.

Los partidos ubicados entre la derecha conservadora y el liberalismo económico suelen ocultar los intereses que representan: grupos minoritarios que aspiran a concentrar riqueza y poder, sin reparar en las consecuencias de escasez y empobrecimiento que recaen sobre las mayorías. El discurso populista, empático y supuestamente humanista que utilizan para encubrirse resulta eficaz porque apela a necesidades inmediatas y a la esperanza de que, esta vez sí, las cosas serán mejores. Aunque el resultado no llegue, la expectativa de un cambio posible sostiene el apoyo de sectores históricamente excluidos.

Bajo esa lógica, “los nadie” —como los llamó el presidente Chaves y retoma la presidenta electa— apostaron por la candidatura oficialista, que no es otra cosa que la continuidad del proyecto político vigente. La narrativa directa, la emocionalidad disciplinada del discurso y una conexión simbólica con el resentimiento social han calado profundamente. No debe olvidarse que, desde las zonas costeras, se combinó un apoyo significativo con niveles altos de abstencionismo. Ambos fenómenos revelan rostros distintos de una misma problemática: quienes votaron lo hicieron esperando una respuesta concreta a sus necesidades; quienes se abstuvieron, probablemente concluyeron que en sus vidas nada cambió en los últimos cuatro años, y que nada cambiará en los próximos.

Frente a este panorama, la pregunta no es qué deberían hacer los partidos, sino qué debemos asumir como ciudadanía y como movimientos sociales. No podemos permitirnos la indiferencia ni la desconexión territorial. Las universidades públicas deben reconstruir su vínculo con las regiones, fortalecer sus sedes, acompañar procesos comunitarios y comprender las urgencias de quienes se sienten al margen del Estado. Los movimientos sociales, por su parte, deben repensar estrategias en un contexto donde la normativa limita la protesta y donde la narrativa oficialista ha logrado configurar sentidos comunes.

Lo que está por venir exigirá una ciudadanía alerta, movimientos sociales capaces de reorganizarse y una universidad pública que asuma su responsabilidad histórica. Enfrentaremos iniciativas de privatización, presiones sobre servicios esenciales, venta de instituciones estratégicas y reformas que buscarán reconfigurar el equilibrio democrático. Ningún sector podrá responder solo.

Y aquí es indispensable dirigir una reflexión a las mujeres.

Históricamente, hemos sido las primeras afectadas por los recortes al Estado social, por la privatización de servicios básicos y por la precarización laboral. Cuando la salud y la educación se debilitan, cuando los cuidados se descargan nuevamente en los hogares, somos las mujeres —en todos los territorios, pero especialmente en los más empobrecidos— quienes asumimos la carga. Este nuevo panorama exige que estemos alertas, organizadas y conscientes de que los avances logrados en derechos, autonomía y participación política no están garantizados.

La defensa de la democracia, de lo público y de los derechos no puede hacerse sin nosotras ni a costa nuestra. Las mujeres hemos sido el corazón de los movimientos sociales en Costa Rica: maestras, trabajadoras comunitarias, lideresas locales, académicas, sindicalistas. Nuestro lugar es estratégico y nuestra voz, imprescindible. Lo que se defina en los próximos años tocará de manera directa nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de autonomía. Por eso, este es un momento para fortalecer alianzas, tejer redes y sostener con firmeza el derecho a vivir en un país más justo, más igualitario y verdaderamente democrático.

Mirar para otra parte: cuando las Ciencias Sociales incomodan

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Que lo hayan planteado simpatizantes de los partidos políticos en contienda, en particular los que venían atrás en la carrera, no debe extrañar. Fue el rechazo natural a una realidad que en ese momento golpeaba y fuerte.

Pero que el malestar, el cuestionamiento e incluso la duda acerca de los procesos metodológicos que llevaron al Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la UNA y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR a los resultados que compartieron en distintos miembros, a propósito de la intención de voto, haya sido expresado por personas preparadas y con formación universitaria en diferentes campos, eso sí es de preocupación.

Ambos centros de pensamiento fueron rigurosos en sus planteamientos, abordajes y resultados. Ambos se acercaron y bastante en sus análisis finales de un momento determinado a lo que realmente sucedió y por eso los resultados de las elecciones presidenciales les dieron la razón.

Se dijo hasta la saciedad qué eran y qué no eran las encuestas de intención de voto, esas que se realizan de previo a una contienda electoral. Se explicó con vehemencia que la volatilidad de los electorados (así en plural) debe colocarse en perspectiva al mirar los datos provenientes de estos procesos. Las fichas técnicas de los estudios publicados fueron socializadas y de conocimiento público. Había que leerlas.

Entonces ¿qué explica el resquemor ante estos espacios de construcción de conocimiento universitarios, sus líneas de investigación y sus alcances?

Si hay algo que debe quedar claro a partir del 1 de febrero es que las comunidades académicas universitarias costarricenses deben dejar de mirar hacia otro lado cuando las realidades de un escenario complejo como el costarricense les interpelan. No es posible que la emoción le gane a la razón al cuestionar el trabajo de los colegas. No es de recibo.

El rol de las ciencias sociales y sus espacios de pensamiento debe ser incomodar, traducir, conocer para transformar y acompañar la toma de decisiones. Ambos espacios académicos son copia fiel de eso que las ciencias sociales deben procurar.

En ese sentido, la lección aprendida de la reciente contienda electoral en Costa Rica es que la confianza en estos centros de investigación debe provenir de adentro, siempre.

No dudo que el contexto que se cierne sobre las instituciones de educación superior pública en el país es aún más complicado que en años anteriores. No dudo que “vendrán por las ciencias sociales” porque incomodan, traducen y construyen conocimiento para transformar y decidir.

Mirar para otra parte en esta realidad instalada a partir del domingo anterior no es ya una opción.

En absoluto.

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica en el marco de las próximas elecciones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

El desarrollo de la ciencia constituye un elemento fundamental en las sociedades modernas que aporta en la generación de conocimiento sobre la realidad natural y social, contribuyendo al bienestar, la prosperidad y la equidad. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha logrado avances importantes en ciencia, lo cual ha impactado en múltiples aspectos de la vida nacional.

La ciencia no sólo contribuye al desarrollo económico y social, sino que, además, forma parte integral de la cultura. La ciencia alimenta los valores democráticos y le hace frente a la intolerancia, los dogmatismos y las fake news (noticias falsas). De ahí a importancia de que en nuestro país la investigación científica reciba el apoyo político y económico que requiere.

Desafortunadamente, existen tendencias a nivel internacional, con cajas de resonancia en nuestro propio país, que tienden a debilitar a la ciencia, cercenando el apoyo gubernamental a la misma, cuestionando a las instituciones que la desarrollan y generando entornos culturales antagónicos a la práctica y los valores de la ciencia. En particular, los ataques de determinados sectores políticos a las universidades públicas son preocupantes, pues estas instituciones son precisamente el nicho principal de generación de investigación científica del país.

En vísperas de las elecciones nacionales, la Academia Nacional de Ciencias hace un llamado vehemente a la ciudadanía y a los partidos políticos para que valoren la importancia de la ciencia en la vida del país y, en consecuencia, tomen decisiones que conlleven un apoyo decidido a la promoción de la ciencia en todas sus manifestaciones. La ciencia nacional debe ser fortalecida, nunca debilitada.

Consejo de la UNA llama a fortalecer la prevención de la violencia en centros educativos

Escrito en . Publicado en Seguridad.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento en el que rechaza las amenazas armadas que recientemente han afectado a universidades públicas y centros educativos del país, y hace un llamado a fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia en todos los niveles del sistema educativo.

El acuerdo, tomado en sesión ordinaria 43-2025, subraya que la seguridad de la juventud costarricense es una responsabilidad compartida y un valor democrático que requiere acciones articuladas entre el Ministerio de Educación Pública, el CONARE, las universidades públicas, las comunidades educativas y las organizaciones estudiantiles.

El documento contextualiza la situación en un escenario nacional caracterizado por el incremento de la violencia, la desintegración social y el deterioro de las condiciones educativas, lo cual afecta directamente el derecho a estudiar en espacios seguros. Señala además que la normalización de amenazas, evacuaciones y discursos violentos debilita la confianza en las instituciones y obliga a invertir recursos que deberían destinarse exclusivamente a la formación académica.

El pronunciamiento destaca que la crisis de seguridad también se agrava por la proliferación de discursos de odio, misoginia y descalificación, incluidos aquellos dirigidos hacia las universidades públicas, reconocidas por su aporte al pensamiento crítico y a la vida democrática. En este sentido, la UNA reafirma su compromiso histórico con la educación pública y expresa solidaridad con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y centros educativos que han enfrentado situaciones similares.

Entre las acciones que propone el Consejo Universitario se encuentran:

  • Impulsar protocolos de seguridad integral, comunicación, atención psicosocial y cultura de paz.

  • Fortalecer el trabajo coordinado entre CONARE y MEP para una agenda común de prevención de la violencia.

  • Reconocer a las federaciones estudiantiles como actores clave en la defensa de espacios educativos seguros.

  • Promover actividades formativas sobre convivencia, valores democráticos y prevención de riesgos.

El acuerdo recuerda que diversos instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre Escuelas Seguras— establecen la obligación de garantizar entornos de aprendizaje seguros, protectores y libres de violencia.

La Universidad Nacional concluye que la defensa de la educación pública requiere acciones firmes y coordinadas que permitan enfrentar la normalización de la violencia, proteger la integridad de las comunidades educativas y asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación en ambientes que fomenten la convivencia y la paz.

Cuando el pueblo se convierte en consigna

Escrito en . Publicado en Análisis.

*M. EL Ernesto Herra Castro
Sociólogo

Las imágenes recientes de la marcha encabezada por figuras del Partido Liberación Nacional (PLN) bajo la consigna “Defendamos Costa Rica” confirman lo que advertí en un artículo anterior publicado en otro medio (Las consignas de la oligarquía): los sectores que históricamente se beneficiaron del modelo de dominación económica y simbólica de la oligarquía criolla vuelven a ocupar el primer plano del escenario público, esta vez disfrazados de defensores del pueblo. Pero lo verdaderamente alarmante no es su teatralidad, sino la participación utilitaria de las universidades públicas y los sindicatos, que terminan sirviendo de andamiaje legitimador a quienes entregaron la soberanía nacional en el altar del neoliberalismo.

No hay que olvidar que el PLN fue el artífice de la apertura comercial que devastó la agricultura, desmanteló el Estado social y erosionó la paz social construida a pulso durante décadas. Fueron sus gobiernos los que convirtieron la educación en una mercancía, la salud en un negocio y el trabajo en una precariedad institucionalizada. Que hoy aparezcan marchando por la “defensa del agro” o la “unidad nacional” no es más que un gesto de cinismo histórico: quienes destruyeron la casa ahora posan como sus guardianes. Y lo hacen de la mano de un aparato universitario que, en lugar de producir pensamiento crítico, se presta al juego mediático de la democracia liberal, confundiendo “presencia cívica” con neutralidad académica.

El problema no es que la universidad participe en el debate público —de hecho, debe hacerlo—, sino desde qué lugar y con qué conciencia lo hace. Cuando lo hace sin distanciamiento crítico, cuando se alinea con las fuerzas políticas que vaciaron de contenido al Estado y al bien común, cuando pone sus símbolos y su legitimidad al servicio de intereses partidarios, renuncia a su función emancipadora. No es el pueblo quien marcha, sino la razón crítica convertida en procesión institucional, donde las universidades, en vez de interpelar el poder, se suman a su liturgia. Lo que se presenta como civismo no es sino una escena de restauración simbólica del orden político que las alimenta.

Lejos de haberse vestido de pueblo, como alguna vez soñaron la conquista de la institución educativa quienes le sembraron al lado del pensamiento crítico latinoamericano, la universidad corre el riesgo de culminar por disfrazarse de pueblo para servir al poder. Es el pueblo —el que trabaja, produce, resiste y sostiene lo común— quien encarna hoy las múltiples fracturas de una “democracia” forjada al calor de la evasión, la impunidad y la decadencia moral que sin ningún pudor llaman “institucionalidad”. Es junto al pueblo que también la vieja política negó que el futuro de la universidad debe surgir sin temor a afirmarse como actor social y popular. Allí radica su legitimidad: en el vínculo con la vida concreta, material, espiritual del pueblo que le sostiene, no en la obediencia cómplice de una aristocracia nobiliaria cuyos apellidos se extienden desde la Colonia hasta la actualidad sobre la base de la explotación sistemática de aquellos a quienes ahora se atreve a llamar “compatriotas”.

Si es verdad que la historia habría de repetirse dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, como pensaba Marx tras el golpe que disolvió la república francesa y devolvió el poder a los herederos del viejo imperio, la tragedia que como país hemos experimentado los últimos 20 años han estado promovidos por la voracidad egoísta, individualista y egocéntrica con que el PLN anunciaba durante la negociación del TLC (2007) que sin duda, “como en toda negociación” decían, habrían “ganadores” y “perdedores”. La tragedia se ha hecho carne en nuestra nación con la entrega del país y de sus instituciones a los intereses de las dinastías mediáticas y financieras: la familia Jiménez, que desde La Nación y su participación en FIFCO ha moldeado candidaturas y opinión pública a su antojo; los Picado Cozza, dueños de Teletica, cuyo Canal 7 se erige como altavoz de una élite política y financiera que siempre está a salvo; los hermanos Arias, capaces de armar un bloque de 41 diputados para controlar la Asamblea y la agenda legislativa; las cámaras empresariales agrupadas en UCCAEP, junto a empresarios como los Quirós, los Raventós o Simaan, que compran favores electorales y dictan la política económica a cambio de aportes millonarios en las campañas políticas de quienes les protegen. Mientras eso ocurría la Farsa se hacía carne esta mañana bajo esa misma bandera que sin ningún pudor han mancillado los mismos partidos que privatizaron la tierra, la educación, la salud y nuestra paz.

Medición estratégica para la excelencia universitaria

Escrito en . Publicado en Educación.

Dr. Javier Rodríguez Ramírez
Economista – Académico
Escuela de Economía, UNA
javier.rodriguez.ramirez@una.ac.cr

Para el año 2026 la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior se estableció en un monto de ₡593.484 millones. Estos recursos promoverán la equidad en el acceso a la educación, así como la mejora en becas, investigación, innovación y transferencia tecnológica, entre otros beneficios que impulsan el desarrollo del país. Sin embargo, junto con esta asignación presupuestaria, el contexto actual exige que las universidades cuenten con instrumentos adecuados para medir los resultados de sus acciones, considerándolo una necesidad estratégica y un medio de rendición de cuentas ante la sociedad.

La calidad universitaria ha sido tradicionalmente un ideal aspiracional que trasciende la simple satisfacción del usuario. Se concibe, más bien, como el resultado de una gestión integral que abarca todas las etapas del quehacer sustantivo de la institución. En este marco, la evaluación debe ser un proceso intrínseco, permanente y orientado a la mejora continua, en el que los indicadores de gestión actúan como insumos cuantitativos que vinculan las acciones institucionales con los logros deseados.

Las universidades costarricenses han dependido tradicionalmente de indicadores simples, como el número de estudiantes matriculados, las tasas de graduación, la proporción docentes/estudiantes, los porcentajes de retención o el número de publicaciones, entre otros. Si bien esos datos permiten monitorear ciertas tendencias, resultan insuficientes para reflejar la complejidad del sistema académico y las interrelaciones que se dan entre la docencia, investigación, extensión universitaria, gestión de la infraestructura y prestigio externo.

En el ámbito de la medición del desempeño universitario, el QS Latin America & Caribbean University Rankings 2026 constituye una clasificación regional elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS). Su propósito es ofrecer una evaluación comparativa entre las universidades de América Latina y el Caribe, considerando las particularidades propias de la región. Para ello, incorpora ocho indicadores: el de mayor peso relativo es la reputación académica (30%), seguido por reputación entre empleadores con 20%. Con una ponderación de 10% cada uno se incluyen los indicadores: profesores con doctorado, profesores por alumno, citaciones por artículo, red internacional de investigación; finalmente, con un 5% de peso relativo, se encuentra el impacto web y publicaciones por académico.

Las universidades públicas costarricenses ocupan posiciones modestas frente a sus pares regionales. La Universidad de Costa Rica (UCR) se ha consolidado como la principal institución del país en esta evaluación, al ubicarse en el puesto 19 en el ranking latinoamericano y la posición 499 de la versión global 2026 de QS. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional se posicionan en los lugares 91, 96 y 115, respectivamente, dentro del ranking regional.

Para que las universidades públicas superen el estancamiento relativo observado en los últimos años, sería necesario revisar su planificación estratégica con el fin de alinear y equilibrar los esfuerzos institucionales hacia las dimensiones más valoradas por QS: reputación académica, reputación ante empleadores, producción científica, citaciones, relación docentes-estudiantes y visibilidad web.

En este contexto, la adopción institucional de un modelo interno de indicadores compuestos podría brindar a las universidades públicas una ventaja competitiva. Un indicador compuesto (IC) se genera cuando varios indicadores temáticos se integran mediante procesos metodológicos de normalización, ponderación y agregación. Diversos autores señalan que este tipo de índice permite medir fenómenos multidimensionales, como la competitividad académica, así como comparar de manera integral unidades internas (facultades, sedes) o incluso diferentes instituciones.

Los indicadores compuestos permiten integrar diversas dimensiones o áreas de interés, facilitan la comparación y sirven como herramienta para identificar qué componentes del quehacer sustantivo presentan rezagos: ¿son las citaciones? ¿la reputación internacional? ¿la proporción de investigadores con grados avanzados? Esta visión sistémica posibilita priorizar acciones estratégicas que generen un mayor retorno institucional.

Un indicador compuesto bien diseñado permite evaluar los efectos de las políticas institucionales, como la contratación de profesores con grado de doctorado, el estímulo a la producción científica o la mejora de la infraestructura digital, sobre el índice agregado. La divulgación del modelo metodológico y de los resultados internos proporciona una herramienta adicional para fortalecer la institución y mejorar su credibilidad ante organismos de acreditación, agencias de financiamiento, entidades gubernamentales y la sociedad en general. El uso de indicadores compuestos, siempre que se construyan con rigor y transparencia, puede transformar la manera en que una universidad orienta sus esfuerzos hacia la excelencia.

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Pública Superior costarricense no solo deben crecer en volumen -número de estudiantes, edificios, flota vehicular-, sino también en coherencia, visibilidad y relevancia. Para lograrlo, no basta con ampliar el alcance de las mediciones existentes; es necesario medir con mayor precisión y pertinencia. Una política institucional que impulse la creación de un sistema interno de indicadores compuestos, confiable y ampliamente aceptado, puede resultar decisiva para que la institución supere su rango global, mejore su posición regional y, sobre todo, consolide su papel como referente académico nacional y motor de desarrollo social.

En un entorno en el que la calidad educativa se somete cada vez más al escrutinio internacional, y donde la virtualización y el acceso en tiempo real a educación de calidad permiten a los estudiantes elegir entre universidades de todo el mundo, serán aquellas instituciones que se gobiernen con datos -y no solo con intuición- las que lideren el futuro académico de Latinoamérica.

6-10-2025

SIUNED expone su posición en torno a la redistribución del FEES

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El SIUNED expone su posición en torno a la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la defensa del financiamiento de la educación pública en todos sus niveles.

El sindicato universitario, hace un llamado a la unidad de todas las universidades públicas y sus actores -Rectorías, Consejos Universitarios, movimiento estudiantil y organizaciones sindicales- para ejercer, de manera decidida, la defensa de la educación pública en general y del FEES en específico. Esto frente a las políticas neoliberales que, durante los últimos años, han afectado al sistema educativo costarricense. 

Se cree firmemente en que las iniciativas de articulación entre las universidades públicas y otros actores del sistema educativo, como los sindicatos del Magisterio y JUPEMA, son esenciales para exigir el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación. La lucha por la educación pública costarricense es unitaria y no puede fragmentarse en la defensa de los intereses de un único sector.

Además, el sindicato está convencido de que la unidad del sector educativo es el camino para alcanzar estos objetivos. No se defiende a la educación pública con fracturas ni ataques entre universidades hermanas, sino con cohesión y lucha compartida, tal y como lo ha señalado la Federación de Estudiantes de la UNA mediante su presidenta, Raquel Loría.

En este marco, el SIUNED respalda la redistribución del FEES. Se considera que esta es una medida necesaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas con menores ingresos, su estabilidad institucional, fomentar la permanencia estudiantil y el reconocimiento de mejores condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras. 

Los mismos argumentos dados desde la UCR para rechazar los alcances de la redistribución, son los que llevan a el SIUNED a apoyarla, pues en la UNED hay condiciones históricas de desventaja que deben corregirse, tanto en el financiamiento de sus funciones operativas, como en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

La redistribución es, además, la vía para materializar el artículo 40 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que compromete a las universidades públicas a contar con bases salariales, procedimientos de evaluación e incentivos similares en sus regímenes de salarios.

Las desigualdades salariales entre universidades públicas son notorias desde las mismas bases salariales y han afectado especialmente a la UNED, la cual mantiene rezagos históricos en comparación con las demás casas de estudio. 

Otras instituciones también tienen graves problemas, por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional (UTN), perdió recursos en el segundo acuerdo de redistribución, y donde aún, a sus personas trabajadoras, ni siquiera se les ha reconocido el costo de vida del año 2020, algo que refleja las brechas persistentes entre las universidades. Sí, una universidad pública miembro de CONARE, es la única institución pública donde aún no se ha reconocido el costo de vida 2020, algo que debería preocupar al CONARE en su conjunto, al ser -por decir lo menos- una situación bochornosa.

Asimismo, de parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), no existe ningún acuerdo ni comunicado firmado en contra de la redistribución del FEES. 

Como FESITRAES, las únicas solicitudes presentadas ante el CONARE han sido:

  1. La inclusión de los sindicatos universitarios en la Comisión de Enlace del FEES, en donde en ningún momento se aludió el asunto de la redistribución. Esto se logró parcialmente, al incorporarse a representantes sindicales en el grupo de apoyo para la negociación del FEES 2026.
  2. El diseño de una campaña de sensibilización nacional que visibilice los aportes de las universidades públicas al país.

Se les invita a cada sindicato a expresar su postura sobre los temas aquí abordados.

Por otra parte, el SIUNED se lamenta que ante las discrepancias entre las rectorías respecto del asunto de la redistribución se dieran alusiones dirigidas a cuestionar los Fondos del Sistema, acuerdo de antigua data y que ha beneficiado al sistema universitario público en su conjunto. 

Se cuestiona que, como parte de la estrategia de comunicación desde la UCR, se hiciera mención al monto absoluto aportado por la UCR durante los últimos 10 años a este fondo, con la finalidad de generar una imagen amplificada de este aporte.

Se aclara acerca de las manifestaciones equivocadas expresadas en el Consejo Universitario de la UCR durante la Sesión ordinaria N.° 6931 de la semana anterior (hora 1, minuto 57), en donde, entre otras críticas a la UNED y su rectoría, se aludió a que en la UNED se han dado problemas porque se han aumentado los salarios, algo que es incorrecto, dado que lo único que se reconoció a partir de este 2025, fue el costo de vida del año 2020, que aún estaba pendiente de pago por la Administración y que se logró tras una intensa lucha de la clase trabajadora. 

Es más, por la restricción de recursos con que cuenta la UNED, el pago retroactivo de dicho reconocimiento tuvo que acordarse en tractos: hasta 2028 se terminará de pagar el último retroactivo del costo de vida 2020, mientras, en una parte de las otras universidades, este reconocimiento se hizo desde el mismo 2020.

Se reitera que la defensa del financiamiento de la educación pública exige firmeza y coherencia.

Para garantizar el 8% constitucional, superar las negociaciones anuales del FEES y fortalecer al sistema universitario, es indispensable avanzar en una agenda unitaria de lucha que enfrente con decisión las políticas de recorte, en lo cual las Rectorías y Consejos Universitarios están llamados a mostrar su liderazgo y determinación durante las negociaciones y, en general, en la relación con los actores de los gobiernos de turno. 

Como Sindicato, se comprende las dificultades que pueden presentarse en las negociaciones del FEES, pero también se considera que faltó mayor capacidad de articulación durante las negociaciones, así como la convocatoria a la discusión y movilización de las comunidades universitarias por parte de las Rectorías y el CONARE. 

Por esto mismo, en diferentes espacios, se ha manifestado que no había nada que celebrar cuando se llegó al acuerdo del FEES para el 2026, un acuerdo que podría valorarse como ruinoso para las universidades públicas, porque ni siquiera reconoce la banda baja de la meta inflacionaria señalada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el próximo año y, donde, en alguna medida, se cedió a condicionamientos impuestos por el gobierno.

También, y habida cuenta de los resultados de las negociaciones del FEES en los últimos años, es claro el balance negativo para las universidades. Asimismo, que se ha impuesto la voluntad de un gobierno recortista, que prefiere garantizar el pago de la deuda con los organismos financieros internacionales, antes de financiar adecuadamente la educación pública, la salud y la inversión social. Un gobierno que se ha configurado en el verdadero enemigo de las universidades públicas, las comunidades estudiantiles y de la clase trabajadora.

Aun así, CONARE sigue confiando en las estrategias legales para hacer frente a las acciones del gobierno, por ejemplo, en cuanto al depósito a las universidades de los montos del FEES para este 2025, sin ningún llamado a la discusión y movilización de las comunidades universitarias.

Junto con la defensa del FEES, las universidades deberían colocar en la agenda pública la problemática de la evasión y la elusión fiscal, pues estas constituyen las principales causas de la falta de recursos en el presupuesto nacional. Mientras no se atienda con seriedad este flagelo, se seguirán trasladando, injustamente, sus consecuencias negativas a la inversión social, a la inversión en educación, a la inversión en salud y a las personas trabajadoras, todo lo cual debilita a las universidades públicas.

Por último, como sindicato de clase, y de conformidad con sus principios, se manifiesta que defienden la libertad sindical y denunciarán por los medios que sean necesarios, cualquier acción de las patronales contra las organizaciones sindicales y sus personas afiliadas.

Universidades públicas alcanzan acuerdo con el gobierno para el FEES 2026

Escrito en . Publicado en Educación.

Dr. Carlos Araya Leandro.

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), doctor Carlos Araya Leandro, informó que las universidades públicas del país y el Gobierno de la República alcanzaron un acuerdo en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al año 2026.

Según las declaraciones del rector, el acuerdo contempla un crecimiento del 1% en el presupuesto, del cual la mitad se destinará exclusivamente al fortalecimiento del sistema de becas estudiantiles. Esto representa un respaldo directo y significativo para miles de estudiantes en todo el país y reafirma el compromiso con la equidad y el acceso a la educación superior.

El convenio establece que en caso de que la inflación interanual supere el 1%, se aplicará un ajuste automático de hasta un 0,5% adicional por medio de un presupuesto extraordinario. Asimismo, se acordó que se establecerá una comisión conjunta que tendrá como objetivo presentar antes del 31 de octubre próximo una propuesta para la recuperación de los recursos que fueron postergados en los años 2020 y 2021 producto de la pandemia.

Este acuerdo surge tras un proceso de diálogo y negociación sostenido, en un contexto donde el presidente Rodrigo Chaves Robles había afirmado previamente que no se daría más que un 0,5% de aumento para el FEES.

Araya Leandro describió el convenio como reflejo de la voluntad de construir soluciones responsables, de proteger y fortalecer la educación superior pública costarricense y de seguir abriendo oportunidades a las nuevas generaciones. «Invertir en educación pública es sin duda invertir en el desarrollo de Costa Rica», afirmó.

El rector ha hecho un llamado a la comunidad de la UCR para continuar con las mismas capacidades que ha tenido históricamente para atender los tres pilares que surgen del Tercer Congreso Universitario: la docencia, la investigación y la acción social, que, junto a la atención prioritaria de la vida estudiantil, han permitido a la casa más antigua de educación superior del país aportar como lo ha hecho al desarrollo nacional.

SURCOS comparte el video con las declaraciones del rector de la UCR.