El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento en el que rechaza las amenazas armadas que recientemente han afectado a universidades públicas y centros educativos del país, y hace un llamado a fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia en todos los niveles del sistema educativo.
El acuerdo, tomado en sesión ordinaria 43-2025, subraya que la seguridad de la juventud costarricense es una responsabilidad compartida y un valor democrático que requiere acciones articuladas entre el Ministerio de Educación Pública, el CONARE, las universidades públicas, las comunidades educativas y las organizaciones estudiantiles.
El documento contextualiza la situación en un escenario nacional caracterizado por el incremento de la violencia, la desintegración social y el deterioro de las condiciones educativas, lo cual afecta directamente el derecho a estudiar en espacios seguros. Señala además que la normalización de amenazas, evacuaciones y discursos violentos debilita la confianza en las instituciones y obliga a invertir recursos que deberían destinarse exclusivamente a la formación académica.
El pronunciamiento destaca que la crisis de seguridad también se agrava por la proliferación de discursos de odio, misoginia y descalificación, incluidos aquellos dirigidos hacia las universidades públicas, reconocidas por su aporte al pensamiento crítico y a la vida democrática. En este sentido, la UNA reafirma su compromiso histórico con la educación pública y expresa solidaridad con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y centros educativos que han enfrentado situaciones similares.
Entre las acciones que propone el Consejo Universitario se encuentran:
Impulsar protocolos de seguridad integral, comunicación, atención psicosocial y cultura de paz.
Fortalecer el trabajo coordinado entre CONARE y MEP para una agenda común de prevención de la violencia.
Reconocer a las federaciones estudiantiles como actores clave en la defensa de espacios educativos seguros.
Promover actividades formativas sobre convivencia, valores democráticos y prevención de riesgos.
El acuerdo recuerda que diversos instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre Escuelas Seguras— establecen la obligación de garantizar entornos de aprendizaje seguros, protectores y libres de violencia.
La Universidad Nacional concluye que la defensa de la educación pública requiere acciones firmes y coordinadas que permitan enfrentar la normalización de la violencia, proteger la integridad de las comunidades educativas y asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación en ambientes que fomenten la convivencia y la paz.
Las imágenes recientes de la marcha encabezada por figuras del Partido Liberación Nacional (PLN) bajo la consigna “Defendamos Costa Rica” confirman lo que advertí en un artículo anterior publicado en otro medio (Las consignas de la oligarquía): los sectores que históricamente se beneficiaron del modelo de dominación económica y simbólica de la oligarquía criolla vuelven a ocupar el primer plano del escenario público, esta vez disfrazados de defensores del pueblo. Pero lo verdaderamente alarmante no es su teatralidad, sino la participación utilitaria de las universidades públicas y los sindicatos, que terminan sirviendo de andamiaje legitimador a quienes entregaron la soberanía nacional en el altar del neoliberalismo.
No hay que olvidar que el PLN fue el artífice de la apertura comercial que devastó la agricultura, desmanteló el Estado social y erosionó la paz social construida a pulso durante décadas. Fueron sus gobiernos los que convirtieron la educación en una mercancía, la salud en un negocio y el trabajo en una precariedad institucionalizada. Que hoy aparezcan marchando por la “defensa del agro” o la “unidad nacional” no es más que un gesto de cinismo histórico: quienes destruyeron la casa ahora posan como sus guardianes. Y lo hacen de la mano de un aparato universitario que, en lugar de producir pensamiento crítico, se presta al juego mediático de la democracia liberal, confundiendo “presencia cívica” con neutralidad académica.
El problema no es que la universidad participe en el debate público —de hecho, debe hacerlo—, sino desde qué lugar y con qué conciencia lo hace. Cuando lo hace sin distanciamiento crítico, cuando se alinea con las fuerzas políticas que vaciaron de contenido al Estado y al bien común, cuando pone sus símbolos y su legitimidad al servicio de intereses partidarios, renuncia a su función emancipadora. No es el pueblo quien marcha, sino la razón crítica convertida en procesión institucional, donde las universidades, en vez de interpelar el poder, se suman a su liturgia. Lo que se presenta como civismo no es sino una escena de restauración simbólica del orden político que las alimenta.
Lejos de haberse vestido de pueblo, como alguna vez soñaron la conquista de la institución educativa quienes le sembraron al lado del pensamiento crítico latinoamericano, la universidad corre el riesgo de culminar por disfrazarse de pueblo para servir al poder. Es el pueblo —el que trabaja, produce, resiste y sostiene lo común— quien encarna hoy las múltiples fracturas de una “democracia” forjada al calor de la evasión, la impunidad y la decadencia moral que sin ningún pudor llaman “institucionalidad”. Es junto al pueblo que también la vieja política negó que el futuro de la universidad debe surgir sin temor a afirmarse como actor social y popular. Allí radica su legitimidad: en el vínculo con la vida concreta, material, espiritual del pueblo que le sostiene, no en la obediencia cómplice de una aristocracia nobiliaria cuyos apellidos se extienden desde la Colonia hasta la actualidad sobre la base de la explotación sistemática de aquellos a quienes ahora se atreve a llamar “compatriotas”.
Si es verdad que la historia habría de repetirse dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, como pensaba Marx tras el golpe que disolvió la república francesa y devolvió el poder a los herederos del viejo imperio, la tragedia que como país hemos experimentado los últimos 20 años han estado promovidos por la voracidad egoísta, individualista y egocéntrica con que el PLN anunciaba durante la negociación del TLC (2007) que sin duda, “como en toda negociación” decían, habrían “ganadores” y “perdedores”. La tragedia se ha hecho carne en nuestra nación con la entrega del país y de sus instituciones a los intereses de las dinastías mediáticas y financieras: la familia Jiménez, que desde La Nación y su participación en FIFCO ha moldeado candidaturas y opinión pública a su antojo; los Picado Cozza, dueños de Teletica, cuyo Canal 7 se erige como altavoz de una élite política y financiera que siempre está a salvo; los hermanos Arias, capaces de armar un bloque de 41 diputados para controlar la Asamblea y la agenda legislativa; las cámaras empresariales agrupadas en UCCAEP, junto a empresarios como los Quirós, los Raventós o Simaan, que compran favores electorales y dictan la política económica a cambio de aportes millonarios en las campañas políticas de quienes les protegen. Mientras eso ocurría la Farsa se hacía carne esta mañana bajo esa misma bandera que sin ningún pudor han mancillado los mismos partidos que privatizaron la tierra, la educación, la salud y nuestra paz.
Para el año 2026 la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior se estableció en un monto de ₡593.484 millones. Estos recursos promoverán la equidad en el acceso a la educación, así como la mejora en becas, investigación, innovación y transferencia tecnológica, entre otros beneficios que impulsan el desarrollo del país. Sin embargo, junto con esta asignación presupuestaria, el contexto actual exige que las universidades cuenten con instrumentos adecuados para medir los resultados de sus acciones, considerándolo una necesidad estratégica y un medio de rendición de cuentas ante la sociedad.
La calidad universitaria ha sido tradicionalmente un ideal aspiracional que trasciende la simple satisfacción del usuario. Se concibe, más bien, como el resultado de una gestión integral que abarca todas las etapas del quehacer sustantivo de la institución. En este marco, la evaluación debe ser un proceso intrínseco, permanente y orientado a la mejora continua, en el que los indicadores de gestión actúan como insumos cuantitativos que vinculan las acciones institucionales con los logros deseados.
Las universidades costarricenses han dependido tradicionalmente de indicadores simples, como el número de estudiantes matriculados, las tasas de graduación, la proporción docentes/estudiantes, los porcentajes de retención o el número de publicaciones, entre otros. Si bien esos datos permiten monitorear ciertas tendencias, resultan insuficientes para reflejar la complejidad del sistema académico y las interrelaciones que se dan entre la docencia, investigación, extensión universitaria, gestión de la infraestructura y prestigio externo.
En el ámbito de la medición del desempeño universitario, el QS Latin America & Caribbean University Rankings 2026 constituye una clasificación regional elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS). Su propósito es ofrecer una evaluación comparativa entre las universidades de América Latina y el Caribe, considerando las particularidades propias de la región. Para ello, incorpora ocho indicadores: el de mayor peso relativo es la reputación académica (30%), seguido por reputación entre empleadores con 20%. Con una ponderación de 10% cada uno se incluyen los indicadores: profesores con doctorado, profesores por alumno, citaciones por artículo, red internacional de investigación; finalmente, con un 5% de peso relativo, se encuentra el impacto web y publicaciones por académico.
Las universidades públicas costarricenses ocupan posiciones modestas frente a sus pares regionales. La Universidad de Costa Rica (UCR) se ha consolidado como la principal institución del país en esta evaluación, al ubicarse en el puesto 19 en el ranking latinoamericano y la posición 499 de la versión global 2026 de QS. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional se posicionan en los lugares 91, 96 y 115, respectivamente, dentro del ranking regional.
Para que las universidades públicas superen el estancamiento relativo observado en los últimos años, sería necesario revisar su planificación estratégica con el fin de alinear y equilibrar los esfuerzos institucionales hacia las dimensiones más valoradas por QS: reputación académica, reputación ante empleadores, producción científica, citaciones, relación docentes-estudiantes y visibilidad web.
En este contexto, la adopción institucional de un modelo interno de indicadores compuestos podría brindar a las universidades públicas una ventaja competitiva. Un indicador compuesto (IC) se genera cuando varios indicadores temáticos se integran mediante procesos metodológicos de normalización, ponderación y agregación. Diversos autores señalan que este tipo de índice permite medir fenómenos multidimensionales, como la competitividad académica, así como comparar de manera integral unidades internas (facultades, sedes) o incluso diferentes instituciones.
Los indicadores compuestos permiten integrar diversas dimensiones o áreas de interés, facilitan la comparación y sirven como herramienta para identificar qué componentes del quehacer sustantivo presentan rezagos: ¿son las citaciones? ¿la reputación internacional? ¿la proporción de investigadores con grados avanzados? Esta visión sistémica posibilita priorizar acciones estratégicas que generen un mayor retorno institucional.
Un indicador compuesto bien diseñado permite evaluar los efectos de las políticas institucionales, como la contratación de profesores con grado de doctorado, el estímulo a la producción científica o la mejora de la infraestructura digital, sobre el índice agregado. La divulgación del modelo metodológico y de los resultados internos proporciona una herramienta adicional para fortalecer la institución y mejorar su credibilidad ante organismos de acreditación, agencias de financiamiento, entidades gubernamentales y la sociedad en general. El uso de indicadores compuestos, siempre que se construyan con rigor y transparencia, puede transformar la manera en que una universidad orienta sus esfuerzos hacia la excelencia.
Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Pública Superior costarricense no solo deben crecer en volumen -número de estudiantes, edificios, flota vehicular-, sino también en coherencia, visibilidad y relevancia. Para lograrlo, no basta con ampliar el alcance de las mediciones existentes; es necesario medir con mayor precisión y pertinencia. Una política institucional que impulse la creación de un sistema interno de indicadores compuestos, confiable y ampliamente aceptado, puede resultar decisiva para que la institución supere su rango global, mejore su posición regional y, sobre todo, consolide su papel como referente académico nacional y motor de desarrollo social.
En un entorno en el que la calidad educativa se somete cada vez más al escrutinio internacional, y donde la virtualización y el acceso en tiempo real a educación de calidad permiten a los estudiantes elegir entre universidades de todo el mundo, serán aquellas instituciones que se gobiernen con datos -y no solo con intuición- las que lideren el futuro académico de Latinoamérica.
El SIUNED expone su posición en torno a la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la defensa del financiamiento de la educación pública en todos sus niveles.
El sindicato universitario, hace un llamado a la unidad de todas las universidades públicas y sus actores -Rectorías, Consejos Universitarios, movimiento estudiantil y organizaciones sindicales- para ejercer, de manera decidida, la defensa de la educación pública en general y del FEES en específico. Esto frente a las políticas neoliberales que, durante los últimos años, han afectado al sistema educativo costarricense.
Se cree firmemente en que las iniciativas de articulación entre las universidades públicas y otros actores del sistema educativo, como los sindicatos del Magisterio y JUPEMA, son esenciales para exigir el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación. La lucha por la educación pública costarricense es unitaria y no puede fragmentarse en la defensa de los intereses de un único sector.
Además, el sindicato está convencido de que la unidad del sector educativo es el camino para alcanzar estos objetivos. No se defiende a la educación pública con fracturas ni ataques entre universidades hermanas, sino con cohesión y lucha compartida, tal y como lo ha señalado la Federación de Estudiantes de la UNA mediante su presidenta, Raquel Loría.
En este marco, el SIUNED respalda la redistribución del FEES. Se considera que esta es una medida necesaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas con menores ingresos, su estabilidad institucional, fomentar la permanencia estudiantil y el reconocimiento de mejores condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras.
Los mismos argumentos dados desde la UCR para rechazar los alcances de la redistribución, son los que llevan a el SIUNED a apoyarla, pues en la UNED hay condiciones históricas de desventaja que deben corregirse, tanto en el financiamiento de sus funciones operativas, como en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
La redistribución es, además, la vía para materializar el artículo 40 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que compromete a las universidades públicas a contar con bases salariales, procedimientos de evaluación e incentivos similares en sus regímenes de salarios.
Las desigualdades salariales entre universidades públicas son notorias desde las mismas bases salariales y han afectado especialmente a la UNED, la cual mantiene rezagos históricos en comparación con las demás casas de estudio.
Otras instituciones también tienen graves problemas, por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional (UTN), perdió recursos en el segundo acuerdo de redistribución, y donde aún, a sus personas trabajadoras, ni siquiera se les ha reconocido el costo de vida del año 2020, algo que refleja las brechas persistentes entre las universidades. Sí, una universidad pública miembro de CONARE, es la única institución pública donde aún no se ha reconocido el costo de vida 2020, algo que debería preocupar al CONARE en su conjunto, al ser -por decir lo menos- una situación bochornosa.
Asimismo, de parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), no existe ningún acuerdo ni comunicado firmado en contra de la redistribución del FEES.
Como FESITRAES, las únicas solicitudes presentadas ante el CONARE han sido:
La inclusión de los sindicatos universitarios en la Comisión de Enlace del FEES, en donde en ningún momento se aludió el asunto de la redistribución. Esto se logró parcialmente, al incorporarse a representantes sindicales en el grupo de apoyo para la negociación del FEES 2026.
El diseño de una campaña de sensibilización nacional que visibilice los aportes de las universidades públicas al país.
Se les invita a cada sindicato a expresar su postura sobre los temas aquí abordados.
Por otra parte, el SIUNED se lamenta que ante las discrepancias entre las rectorías respecto del asunto de la redistribución se dieran alusiones dirigidas a cuestionar los Fondos del Sistema, acuerdo de antigua data y que ha beneficiado al sistema universitario público en su conjunto.
Se cuestiona que, como parte de la estrategia de comunicación desde la UCR, se hiciera mención al monto absoluto aportado por la UCR durante los últimos 10 años a este fondo, con la finalidad de generar una imagen amplificada de este aporte.
Se aclara acerca de las manifestaciones equivocadas expresadas en el Consejo Universitario de la UCR durante la Sesión ordinaria N.° 6931 de la semana anterior (hora 1, minuto 57), en donde, entre otras críticas a la UNED y su rectoría, se aludió a que en la UNED se han dado problemas porque se han aumentado los salarios, algo que es incorrecto, dado que lo único que se reconoció a partir de este 2025, fue el costo de vida del año 2020, que aún estaba pendiente de pago por la Administración y que se logró tras una intensa lucha de la clase trabajadora.
Es más, por la restricción de recursos con que cuenta la UNED, el pago retroactivo de dicho reconocimiento tuvo que acordarse en tractos: hasta 2028 se terminará de pagar el último retroactivo del costo de vida 2020, mientras, en una parte de las otras universidades, este reconocimiento se hizo desde el mismo 2020.
Se reitera que la defensa del financiamiento de la educación pública exige firmeza y coherencia.
Para garantizar el 8% constitucional, superar las negociaciones anuales del FEES y fortalecer al sistema universitario, es indispensable avanzar en una agenda unitaria de lucha que enfrente con decisión las políticas de recorte, en lo cual las Rectorías y Consejos Universitarios están llamados a mostrar su liderazgo y determinación durante las negociaciones y, en general, en la relación con los actores de los gobiernos de turno.
Como Sindicato, se comprende las dificultades que pueden presentarse en las negociaciones del FEES, pero también se considera que faltó mayor capacidad de articulación durante las negociaciones, así como la convocatoria a la discusión y movilización de las comunidades universitarias por parte de las Rectorías y el CONARE.
Por esto mismo, en diferentes espacios, se ha manifestado que no había nada que celebrar cuando se llegó al acuerdo del FEES para el 2026, un acuerdo que podría valorarse como ruinoso para las universidades públicas, porque ni siquiera reconoce la banda baja de la meta inflacionaria señalada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el próximo año y, donde, en alguna medida, se cedió a condicionamientos impuestos por el gobierno.
También, y habida cuenta de los resultados de las negociaciones del FEES en los últimos años, es claro el balance negativo para las universidades. Asimismo, que se ha impuesto la voluntad de un gobierno recortista, que prefiere garantizar el pago de la deuda con los organismos financieros internacionales, antes de financiar adecuadamente la educación pública, la salud y la inversión social. Un gobierno que se ha configurado en el verdadero enemigo de las universidades públicas, las comunidades estudiantiles y de la clase trabajadora.
Aun así, CONARE sigue confiando en las estrategias legales para hacer frente a las acciones del gobierno, por ejemplo, en cuanto al depósito a las universidades de los montos del FEES para este 2025, sin ningún llamado a la discusión y movilización de las comunidades universitarias.
Junto con la defensa del FEES, las universidades deberían colocar en la agenda pública la problemática de la evasión y la elusión fiscal, pues estas constituyen las principales causas de la falta de recursos en el presupuesto nacional. Mientras no se atienda con seriedad este flagelo, se seguirán trasladando, injustamente, sus consecuencias negativas a la inversión social, a la inversión en educación, a la inversión en salud y a las personas trabajadoras, todo lo cual debilita a las universidades públicas.
Por último, como sindicato de clase, y de conformidad con sus principios, se manifiesta que defienden la libertad sindical y denunciarán por los medios que sean necesarios, cualquier acción de las patronales contra las organizaciones sindicales y sus personas afiliadas.
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), doctor Carlos Araya Leandro, informó que las universidades públicas del país y el Gobierno de la República alcanzaron un acuerdo en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al año 2026.
Según las declaraciones del rector, el acuerdo contempla un crecimiento del 1% en el presupuesto, del cual la mitad se destinará exclusivamente al fortalecimiento del sistema de becas estudiantiles. Esto representa un respaldo directo y significativo para miles de estudiantes en todo el país y reafirma el compromiso con la equidad y el acceso a la educación superior.
El convenio establece que en caso de que la inflación interanual supere el 1%, se aplicará un ajuste automático de hasta un 0,5% adicional por medio de un presupuesto extraordinario. Asimismo, se acordó que se establecerá una comisión conjunta que tendrá como objetivo presentar antes del 31 de octubre próximo una propuesta para la recuperación de los recursos que fueron postergados en los años 2020 y 2021 producto de la pandemia.
Este acuerdo surge tras un proceso de diálogo y negociación sostenido, en un contexto donde el presidente Rodrigo Chaves Robles había afirmado previamente que no se daría más que un 0,5% de aumento para el FEES.
Araya Leandro describió el convenio como reflejo de la voluntad de construir soluciones responsables, de proteger y fortalecer la educación superior pública costarricense y de seguir abriendo oportunidades a las nuevas generaciones. «Invertir en educación pública es sin duda invertir en el desarrollo de Costa Rica», afirmó.
El rector ha hecho un llamado a la comunidad de la UCR para continuar con las mismas capacidades que ha tenido históricamente para atender los tres pilares que surgen del Tercer Congreso Universitario: la docencia, la investigación y la acción social, que, junto a la atención prioritaria de la vida estudiantil, han permitido a la casa más antigua de educación superior del país aportar como lo ha hecho al desarrollo nacional.
SURCOS comparte el video con las declaraciones del rector de la UCR.
El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.
En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.
La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.
La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)
El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.
Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.
Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.
8.Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.
11.Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.
12.Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz
Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Por quinto año consecutivo Costa Rica conmemora el Día Mundial de las Abejas este 20 de mayo, y las universidades públicas de Costa Rica (UCR-UNA-TEC-UNED-UTN) junto con la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura y el Instituto Nacional de Aprendizaje preparan una semana de actividades para reconocer el valor de estos insectos, promover la conservación de la diversidad de abejas y el uso sostenible de sus productos.
Este año también contamos abejas. Todos podremos hacer ciencia ciudadana. Solo hace falta salir al jardín, al patio o a las áreas verdes para observar cuáles y cuántas abejas descubre. ¿Sabía que las abejas no siempre tienen rayas amarillas y negras? Ellas tienen diferentes formas y tamaños, algunas son grandes y gordas con pelo denso y colorido, como los chiquizá. Otras son pequeñas, delgadas, casi sin pelo y su coloración puede variar de tono negro a verde metálico.? ¿Cómo saber si es una mosca, una avispa o una abeja? No se preocupe, lo primero que debe hacer es descargar la guía gratuita de identificación de 10 especies de abejas, para prepararse a observar cuáles y cuántas abejas descubre en el patio-jardín de su casa o los parques-áreas verdes de su comunidad disponible en:
Reserve un espacio de 30 min entre el 19 y el 25 de mayo, ojalá que esté soleado o que no haya llovido mucho recientemente. Registre su participación en este formulario: https://acortar.link/V9bdFh
¿Por qué contamos con su ayuda para contar abejas? Dónde observó abejas y cuáles eran, son datos relevantes que nos ayudan a un mayor conocimiento de las poblaciones de abejas silvestres. Busque toda la información del conteo acá: https://acortar.link/RvKlfe
Festival
Del 19 al 21 de mayo en el TEC-San Carlos, se realizará el IV Festival Apícola de la Zona Norte, donde podrá visitar puestos de exhibición, comprar productos derivados de la colmena y participar de charlas, foros y un día de campo.
Del 19 al 25 de mayo se impartirá un ciclo de conferencias virtuales a las 11 a.m. e inician con la «𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐮𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐛𝐞𝐣𝐚𝐬» a cargo de Ignacio Campos Retana – Proyecto Abeja, y la «𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐮𝐢́𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐛𝐞𝐣𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐨» impartida por Eduardo Herrera González del Cinat UNA.
Todas las charlas son gratuitas vía Zoom Webinar y no requieren inscripción previa.
Se pasará un enlace de registro de la asistencia en cualquier momento de cada conferencia, para rifas y brindar certificado de participación. La lista completa de charlas puede verlas aquí: https://acortar.link/Jbu5EQ
¿Es amante del arte? La joven artista costarricense Sara Rivera Hernández, seleccionó 13 de sus obras de óleo sobre lienzo para crear la colección Anthophila, que estará disponible del 19 al 23 de mayo en la Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional de manera gratuita.
Toda la información detallada de las actividades las puede encontrar en el sitio de Facebook: CINAT.UNA
El Centro de Investigaciones Apícolas de la Universidad Nacional (Cinat-UNA), es un Instituto especializado en el estudio de las abejas tropicales, que mediante la investigación, docencia, extensión y prestación de servicios, desde una perspectiva interdisciplinaria, promueve el desarrollo de una Apicultura y Meliponicultura sostenible en Costa Rica y Centroamérica.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara
Candidata a Representante Administrativa
ante el Consejo Universitario UNA
Liderazgo, Fuerza Propositiva y Compromiso con la Educación al Servicio de Costa Rica
En las universidades públicas vienen siendo en los últimos años focos de atención para ciertos sectores que vienen amenazando su autonomía, la cual està garantizada en la Constitución Política, que les da las capacidades jurídicas para su gobernanza y poder desarrollar una labor Docente, Investigativa, de Extensión y Producción Artística al servicio de la sociedad. Se ha evidenciado como las amenazas contra la educación pública universitaria se ha concretado, entre otras acciones, en la disminución real del financiamiento de estas casas de estudio superior.
A pesar de que la ley establece que la educación tiene el derecho a un 8% del PIB para su desarrollo, las Universidades Públicas han podido evidenciar que, aunque por las leyes de la República el financiamiento debe ser creciente, el actual gobierno ha tomado postura para disminuir, aún más, el presupuesto universitario de las instituciones de educación superior en Costa Rica.
En este contexto destacamos la postura de la Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara, funcionaria de la Universidad Nacional-UNA, quien en su calidad de Candidata a Representante Administrativa ante el Consejo Universitario 2025-2030 de la UNA, presenta su nombre para las elecciones organizadas por el Tribunal Electoral Universitario-TEUNA, segura de que fortalecerà la UNA como universidad pública y que con todo entusiasmo, firme vocación de servicio y voluntad, hará todo lo que esté a su alcance por una universidad con visión inclusiva, participativa, solidaria, transparente y comprometida con el bienestar colectivo:
“Asumo este proceso no solo como una candidatura; para mí, es una invitación a caminar juntas y juntos para que construyamos una universidad más humanista, sostenible y transformadora de la sociedad, capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro”.
La señora Arredondo, realiza funciones administrativas y académicas en la Universidad Nacional de Costa Rica desde el 2009. Labora en la Oficina de Relaciones Públicas como Profesional Analista en Relaciones Internas y Externas, destacándose como profesional en Relaciones Públicas de la UNA en diversos procesos y proyectos institucionales de relevancia e interés para la UNA y el país. Se ha desempeñado como académica en la Escuela de Relaciones Internacionales-RI.UNA, laboró durante 5 años en la Vicerrectoría de Investigación, como Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional. Fue quien propuso el diseño y ejecución del VI Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, declarado de interés institucional en la UNA y de interés Público y Nacional (decreto número 40667. La Vicerrectoría de Investigación le delegó la Coordinación General del Ideario del 2017 al 2020, en un momento histórico que requiere importantes transformaciones. Es autora y coautora de investigaciones, libros y artículos de interés institucional y nacional (https://www.researchgate.net/profile/Sylvia-Arredondo-2?ev=hdr_xprf Es Doctoranda en Comunicación Política de la Universidad Politécnica de Valencia-España, cuenta con una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad de Costa Rica y es graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad Latina de Costa Rica. Fue mencionada en el ranking de las mujeres más destacadas en el año 2020 que realiza de la Revista Petra.
La Dra.(c) Arredondo indica en su programa de trabajo, que la realidad actual que vive la UNA obliga de manera sistemática y urgente, que el Consejo Universitario, como órgano superior de la UNA, y en apego al Plan Estratégico Institucional, asuma las acciones políticas necesarias para afrontar la defensa la autonomía, y con ello, rescatar la asignación del presupuesto quinquenal, como sucedía en años anteriores, para que las universidades pueden estar protegidas y puedan planificar adecuadamente su desarrollo institucional:
“La complejidad de la lucha exige de un Consejo Universitario muy activo. Demanda, no solo la integración de las diferentes universidades lideradas por sus rectores, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, sino la articulación de todos los consejos universitarios de modo que sea posible un planteamiento más unificado y clarificar mejores rutas y estrategias de acción. Es importante llamar a la conciencia de la comunidad en cuanto que, las universidades, y en particular la Universidad Nacional, la sociedad nos llama y nos exige actuar como garantes del Estado Social de Derecho, tan venido a menos en los últimos cuatro años”.
La Dra.(c) Arredondo propuso su postulación como representante administrativa al Consejo Universitario, tomando en cuenta la importancia que tiene este órgano como gestor estratégico, para procurar una mejor calidad de vida institucional de los sectores administrativos, académicos y estudiantiles, y considerando que cada sector tiene sus propias necesidades y demandas, sin dejar de mencionar que, siendo el Consejo un órgano colegiado, para lograr la mayor efectividad de cumplimiento, es necesario construir las coaliciones y alianzas que correspondan para aprobar las propuestas en beneficio de la UNA, las universidades públicas (UCR-TEC-UNED-UTN) y el país.
Compartimos algunas de las ideas expuestas por la universitaria Arredondo Guevara, quien afirmó que su programa de trabajo fue construido gracias al diálogo con la comunidad universitaria UNA:
Compromiso firme desde el Consejo Universitario UNA para impulsar:
UNA firme y sostenida defensa de la autonomía y del presupuesto universitario.
UNA comunicación abierta y permanente sobre los temas relevantes que se discuten y se analizan en el seno del Consejo Universitario.
UNA gestión académica, innovadora, participativa y transformadora.
Potenciar la formación integral de la persona estudiante.
Promover el reconocimiento y la dignificación de la persona y la función administrativa.
Contar con Sedes regionales más desconcentradas y con un mayor presupuesto.
Impulsar la simplificación de trámites y de procesos.
Procurar ambientes laborales saludables.
Posicionar a la UNA en el ámbito nacional con comunicación efectiva y estratégica.
Impulsar una formación integral, transformadora y humanista.
Compromiso contundente y genuino para impulsar una academia innovadora participativa y transformadora:
Agilizar la adquisición de equipo científico y tecnológico, para facilitar la labor investigativa, de extensión y el posicionamiento de la UNA en el ámbito nacional internacional
Revisar y actualizar el reglamento de Carrera Académica, para garantizar procesos justos, claros y actualizados que nos permitan ser competitivos internacionalmente.
Promover la normativa sobre el concepto de Universidad Abierta y de Políticas Comunicación Institucional, que se construya a partir de una ciencia abierta y una extensión universitaria que utilice los protocolos necesarios, en aras de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y su efectiva divulgación.
Impulsar la elaboración y aprobación de un marco legal que garantice el buen uso de la Inteligencia Artificial-IA en la UNA, que apoye la acción sustantiva de la UNA y sea una herramienta estratégica para promover la innovación, investigación y el desarrollo, dentro de un marco normativo pertinente y crear las condiciones para su mejor uso en la comunidad universitaria.
Impulsar la investigación, la extensión y la innovación, priorizando la calidad y la divulgación de sus resultados.
La esencia de la Universidad son las personas estudiantes
En sus diversas presentaciones y en los diálogos con diversos sectores de la comunidad universitaria, la señora Arredondo Guevara ha sido enfática en resaltar su compromiso para construir soluciones que beneficien al sector estudiantil, porque el bienestar del estudiantadoes su prioridad. De esta manera, plantea las siguientes acciones:
Impulsar y procurar:
Mejor asignación de recursos y montos más justos para las becas estudiantiles.
Motivar ¡Abrir las puertas al mundo! Con intercambios e internacionalización para una educación sin fronteras.
Impulsar Más y mejores servicios recreativos que respondan a las aspiraciones del estudiantado de la UNA.
Trabajar en conjunto con la Federación de Estudiantes-FEUNA y las Asociaciones Estudiantiles para atender sus necesidades y brindar soluciones.
Dignificar la gestión administrativa
En cuanto a la situación administrativa de la Universidad Nacional, Sylvia Arredondo, ha manifestado en diversos foros que considera muy importante darle su lugar, tanto, a la función administrativa como a las personas que ejercen sus tareas desde dicha área y que en la UNA las personas importan, por ello, se compromete trabajar por una gestión administrativa más humana, ágil y justa. Apuntó que el exceso de trámites en la universidad es agobiante y la sobrecarga de trabajo de procesos administrativos se convierten en situaciones de estrés, por consiguiente, se debe revalorizar el aporte que el sector administrativo le da a la acción sustantiva de la Universidad Nacional (docencia, investigación, extensión y producción) y gestionar la equidad en derechos para este sector.
En virtud de lo anterior su compromiso es determinante en:
Impulsar la simplificación de trámites y procesos para contar con una gestión universitaria simplificada y centrada en las personas.
Apoyar la revisión de la compensación del personal universitario, asegurando la competitividad salarial con los estándares nacionales.
Impulsar los esfuerzos de mejora de los procesos de reconocimiento y apoyar las alternativas de valoración del desempeño laboral.
Favorecer las acciones necesarias para luchar por la estabilidad laboral del sector administrativo y académico, principalmente de las personas interinas.
LA REGIONALIZACIÓN ES PRESENCIA TERRITORIAL Y COMPROMISO REAL CON EL CRECIMIENTO.
Uno de los temas que se le debe poner atención e incidir de manera positiva y urgente, según Arredondo, es garantizar una política universitaria que fortalezca la relación de la Universidad – Sociedad, con presencia en las principales regiones del país, por esta razón su prioridad es:
Impulsar la construcción de una política de desarrollo regional donde la Sede Universitaria sea siempre la protagonista en sus comunidades y territorios.
La investigación y extensión que se realiza en los territorios debe estar articulada con cada Sede y Recinto Universitario de la UNA.
Impulsar Más presupuesto, más jornadas académicas, más horas estudiantes.
Fortalecer en cada Sede y Recinto Universitario una oferta académica pertinente al contexto rural que impulse el desarrollo territorial.
Defender y luchar por el aumento de la inversión en infraestructura, conectividad y tecnología.
Buscar los escenarios más viables para desconcentrar recursos y decisiones para una gestión más ágil y transformadora en la UNA.
Fomentarla ampliación del presupuesto para becas y apoyos estudiantiles para aumentar la inclusividad.
La salud integral también es educación
Una comunidad sana, aprende, innova y transforma, en este sentido, construir ambientes saludables en la UNA es posible, afirmó la Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara, para quien la noción de que la salud integral es también educación, va mucho más allá de la simple transmisión de conocimientos sobre biología o prevención de enfermedades, implica un proceso continuo de aprendizaje, desarrollo de habilidades y adopción de hábitos que empoderan a las personas para tomar decisiones informadas y responsables sobre su propio bienestar en todas sus dimensiones: física, mental, emocional y social.
Para académicos, administrativos y estudiantes, promover la salud integral no es solo un acto de bienestar, sino una inversión estratégica con múltiples beneficios indicó Arredondo, quien apuntó a que:
Es importante que la atención de la salud mental sea una prioridad.
Se deben promover ambientes sanos libres de acoso.
Es relevante impulsar el trabajo digno y bien remunerado.
“Entender la salud integral como una forma de educación transforma la manera en que abordamos el bienestar en la UNA”, agregó Arredondo Guevara, para quien al empoderar a comunidad UNA con conocimientos, habilidades y recursos, no solo se mejora la calidad de vida individual, sino que también se construye una institución más fuerte, resiliente y comprometida con el desarrollo integral de todos sus miembros: “ La inversión en salud integral es, en última instancia, una inversión en el futuro de la universidad y de la sociedad en general”.
Por una gestión más ágil y eficaz
Desarrollar la capacidad de la UNA para adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno educativo, social y tecnológico, es una prioridad, esto implica una mentalidad abierta a la innovación, la implementación de estrategias de gestión del cambio efectivas y la promoción de la formación continua para toda la comunidad universitaria, señalò la Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara: “ Una gestión más ágil y eficaz impulsará el futuro de UNA al Servicio de Costa Rica, con una visión de liderazgo proactivo y orientado a resultados, abordando las necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad, donde la agilidad y la eficacia resuene en los diversos grupos de interés”. Sobre este argumento, Arredondo agregó será vigilante de:
Defender la autonomía, la democracia universitaria, gestionar la articulación de los Consejos Universitarios y exigir junto con el CONARE una asignación justa del financiamiento.
Direccionar la normativa al mayor reconocimiento de la equidad de género, inclusividad y derecho a la diversidad.
Gestionar normativa orientada a alcanzar la sostenibilidad presupuestaria y financiera de la UNA, asimismo, apoyar la atracción de recursos frescos mediante acciones de vinculación nacional e internacional.
Apoyar la iniciativa del V Congreso Universitario como foro por excelencia para construir una universidad más funcional, actualizada y humanista al servicio del país.
Valorar la pertinencia de instaurar en la UNA un Observatorio del futuro de la Universidad Pública, orientado al análisis continuo de escenarios futuros, que brinde insumos para fortalecer la acción sustantiva.
Fortalecer la política de regionalización del CONARE para acrecentar nuestra presencia en los diversos territorios.
Impulsar la desconcentración de servicios de apoyo a la academia en las Sedes y Secciones Regionales para favorecer una gestión más eficiente y eficaz.
Dar seguimiento a las prioridades de obras nuevas y de mantenimiento, en conjunto con Unidades, Facultades, Secciones Regionales y Sedes, para mejorar el proceso de planificación.
Dar seguimiento a las acciones de los órganos desconcentrados, así como a las personas que representan a la institución en diferentes instancias externas.
La elección de Candidatura a Representante Administrativa del Consejo Universitario de la UNA se llevará a cabo el viernes 16 de mayo de 2025 por medio de la virtualidad, al respecto la Dra.(c) Sylvia Arredondo ha manifestado a la comunidad universitaria de la UNA en diversas actividades a las que ha asistido que: “Gracias por creer en este proyecto institucional que juntos y juntas podemos construir para el bien de la UNA y de la Sociedad, porque construir una Universidad Nacional al servicio y al desarrollo de Costa Rica es posible. Con el mayor respeto, les pido todo su apoyo para representarles con responsabilidad y entrega”.
La señora Sylvia Arredondo, afirmó estar convencida de que el cambio positivo es posible, y que una universidad más humanista, sostenible y transformadora de la sociedad, solo se logra, trabajando en equipo, con respeto a las diversas ideas y con inteligencia, por ello, se pone a las órdenes de las diferentes audiencias y comunidad UNA para atender las inquietudes por medio del correo electrónico: sarredondog8@gmail.com
Aprobación de proyecto de ley en Asamblea Legislativa garantizará recursos permanentes al Ovsicori-UNA
La adquisición de herramientas necesarias para la construcción y mantenimiento de instrumentación sismológica y geodésica, materiales para el abordaje tectónico y volcánico en Costa Rica, así como el desarrollo de los sistemas de alerta temprana de sismos, podrían dejar de funcionar dada la suspensión en 2023 del giro de recursos económicos provenientes del Fondo Nacional de Emergencias al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) de la Universidad Nacional (UNA). Lo anterior debido a la caducidad del Transitorio I de la Ley N.8488.
Dicha ley garantizaba que esos recursos no se destinarán a la contratación de personal, ni a la participación de funcionarios de OVSICORI-UNA, en congresos o reuniones científicas, sino, únicamente al mantenimiento y expansión de las redes de monitoreo, es decir a la instrumentación.
Con la finalización del Transitorio que permitía el financiamiento, a través del Fondo Nacional de Emergencias, no existe un mecanismo de financiamiento estable. De mantenerse esta situación, se interrumpirán las labores de monitoreo y estudio de las amenazas naturales a cargo del OVSICORI-UNA, lo que repercutirá negativamente en la respuesta ante emergencias y en la coordinación con otras instituciones del Estado y gobiernos locales.
Aportes a la sociedad
Esteban Chaves, director del OVSICORI-UNA, destacó los logros y contribuciones directas al pueblo de Costa Rica, mediante los recursos del Transitorio de la Ley de Emergencias, entre ellos: el seguimiento a la actividad eruptiva del volcán Turrialba durante la segunda mitad de la década de 2010, la anticipación del terremoto de Nicoya, ocurrido el 5 de septiembre de 2012.
Ocho años atrás, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se basó en los datos de monitoreo del OVSICORI-UNA, para cerrar el parque nacional volcán Poás 18 horas antes de una erupción que destruyó varios equipos de vigilancia y causó daños al mirador de visitantes. Asimismo, en 2019, pese a las emisiones de ceniza, se habilitó el acceso de los turistas al Poás, gracias a la vigilancia constante y al aprendizaje que se impartió sobre los procesos volcánicos proporcionados por el observatorio.
Algo similar sucedió en 2024, cuando el instituto anticipó con éxito los escenarios de actividad en el Poás, alertando a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y al SINAC con cuatro meses de antelación, lo que permitió tomar decisiones informadas sobre la seguridad y consideraciones económicas. No obstante, el parque permaneció abierto.
El sismólogo resaltó que el logro más reciente corresponde al sistema de alerta temprana de terremotos, manejado con la red sismológica digital y la transmisión de datos en tiempo real. A través de esta iniciativa, los usuarios de celulares con sistema operativo Android™ o iOS™ reciben alertas sobre terremotos inminentes, con 30 segundos de aviso, antes del arribo de las ondas sísmicas causantes de los mayores daños.
Chaves precisó que para completar la red de instrumentación geodinámica y asegurar una cobertura adecuada en el territorio nacional, aún se requieren más instrumentos y construir sitios de monitoreo, lo cual permitirá al OVSICORI-UNA y al país contar con vigilancia en tiempo real de los volcanes activos de Costa Rica (Rincón de la Vieja, Poás, Irazú y Turrialba), estaciones sísmicas, geodésicas, analizadores de gases volcánicos y cámaras web, entre otros.
En la actualidad los científicos de OVSICORI trabajan en la anticipación de otro terremoto, con magnitud entre 7,2 y 7,4, el cual ocurriría en un futuro cercano en la península de Osa.
Rescate en camino
A las puertas de un colapso del monitoreo tectónico y volcánico, el OVSICORI-UNA, se vio en la necesidad tocar las puertas de la Asamblea Legislativa; en este caso, el instituto contó en primera instancia con el acompañamiento de la legisladora Rosaura Méndez Gamboa, representante del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Cartago, la cual redactó el proyecto de ley: “Adición del artículo 46 ter a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.8488, para establecer un financiamiento permanente a las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico”, presentado a la secretaría del Directorio Legislativo en diciembre pasado.
El pasado 18 de febrero de 2025, el proyecto de ley ingresó al orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
El texto, presentado bajo el expediente 24.738, propone que el OVSICORI-UNA, la Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se financiarán de manera permanente del aporte del 0.60% (cerca de ¢2.000 millones) de todas las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines que se vendan en el país. En ese sentido el OVSICORI percibiría un 35% (alrededor de ¢600 millones anuales) de los fondos recaudados para la adquisición de equipos sísmicos y volcánicos, necesarios para realizar las actividades de monitoreo en Costa Rica.
En caso de existir algún remanente, estos fondos se destinarán al equipamiento y fortalecimiento de la investigación en amenazas sísmicas y volcánicas.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
El Ovsicori-UNA cuenta con la red de instrumentación geodinámica permanente más grande y moderna de toda América Latina.
Instan a la población a reportar la presencia de cangrejos de agua dulce para obtener más cantidad de muestras y así mapear con mayor precisión la distribución del parásito.
Elaborado por: Johnny Núñez Z. Periodista-O.C-UNA jnunez@una.cr
Investigadores del Laboratorio de Zoonosis y Entomología de la Escuela de Medicina Veterinaria (EMV) y Laboratorio de Biotecnología de Plantas de la Escuela de Ciencias Biológicas (ECB) de la Universidad Nacional (UNA) trabajan desde hace cinco años en el diseño de un antígeno de alta sensibilidad y especificidad, para diagnosticar de forma más precisa la paragonimiasis, enfermedad producida por el consumo de cangrejos y otros crustáceos de río sin cocinar o en ceviche.
María José Zúniga, investigadora de este procedimiento y quien realiza su tesis doctoral bajo la tutoría del especialista Frank Solano, comentó que su investigación denominada: “Búsqueda de antígenos para el inmunodiagnóstico de la paragonimiasis en Costa Rica: una zoonosis alimentaria que puede ser letal”, tiene como objetivo secuenciar el genoma completo de Paragonimus mexicanus e identificar antígenos específicos para desarrollar una prueba diagnóstica.
Zúniga explicó que esta investigación, pionera en América Latina, surgió porque la prueba actual, que consiste en analizar muestras de heces al microscopio, no es fiable. “Resulta que cuando el gusano adulto está en pulmón no libera huevos a diario, lo que puede causar falsos negativos y dificulta la detección. Además, en casos de paragonimiasis cerebral es imposible detectar los huevecillos en heces. De ahí que buscamos desarrollar un antígeno recombinante para detectar anticuerpos en el suero que pueda diagnosticar este padecimiento”, agregó Zúniga.
La tesiaria dijo que en la actualidad la paragonimiasis es una enfermedad zoonótica desatendida, que afecta a mamíferos como especies silvestres y mascotas, mientras que en las personas suele confundirse con tuberculosis.
Cabe destacar que dicha investigación es respaldada con recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (Fees) y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) con apoyo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Estatal a Distancia (UNED).
Paragonimus en Costa Rica
La investigadora Gaby Dolz resaltó que estudios hechos en colaboración con los investigadores Edith Ulate, Roderico Hernández, Gerardo Rojas, Ana Jiménez e Ingo Wehrtmann evidenciaron que, en el país, desde 1968, la paragonimiasis se había reportado en 28 personas.
En el 2000, una prueba intradérmica reveló la presencia del agente infeccioso en 23 de un total de 100 estudiantes de la escuela de Alto Katsi de Talamanca, mientras con una técnica inmunoenzimática se estableció infecciones activas en 10 niños. El último caso de paragonimiasis cerebral reportado fue un menor indígena Ngäbe en 2013.
En 2015, los investigadores mencionados capturaron y examinaron 347 cangrejos de agua dulce, de los cuales 44 (12.6%) fueron positivos con metacercarias de Paragonimus spp en ocho sitios (Limón, Guácimo, Sarapiquí, Talamanca, Upala, Parrita, Buenos Aires, Coto Brus). Además, se extrajeron 588 metacercarias de P. mexicanus y 11 de P. caliensis.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la paragonimiasis como una enfermedad pulmonar causada por la ingestión de varias especies de metacercarias (parásitos) del género Paragonimus.
