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Etiqueta: universidades públicas

Pensar la universidad del futuro cercano (desde una experiencia inacabada)

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

I. Una introducción para contextualizar

En el chat más heterogéneo y plural en el que yo haya participado se produjo un intercambio de opiniones fortuito. Aproveché la ocasión para “echar mi cuarto de espadas”. Consideré que no podía existir una mejor ocasión, ya que el conglomerado está compuesto por un buen número de personas bastante selectas; muchos de ellos son profesionales universitarios de gran calado y de muy diversas corrientes de pensamiento, con los cuales dan ganas de dialogar y compartir ideas. Espero no haber desmerecido el nivel del intercambio intelectual. Además, como es obvio hoy decidí llevar mis reflexiones al respetable foro de la revista SURCOS.

Me propuse -y ahora lo hago nuevamente, introduciendo algunos cambios a mi escrito- acometer una reflexión que, a mi parecer solo pocos académicos e intelectuales han comenzado a desarrollar en nuestro país, sobre la Universidad del futuro -tanto pública como privada-. En tal sentido, es una tarea que debemos profundizar sin demora, y es por lo que, extiendo ahora mis consideraciones en la Revista SURCOS.

II. Un marco conceptual para pensar la Universidad

  1. Donde sí encontramos ya experiencias notables, es principalmente en algunas universidades de los Estados Unidos, en sud América y en Europa; en todas ellas nos debemos apoyar para extraer enseñanzas y progresar con mayor celeridad. Con el apoyo de las universidades nacionales, se podrían abrir uno o varios canales (institucionales o no), de reflexión y evaluación interuniversitaria público-privado sobre los programas, proyectos y experiencias que se han producido. Se puede también, buscar asesoría en aquellos centros de educación superior que, como he expresado, ya lleven camino andado. Me referiré a estos centros universitarios en la parte final de este ensayo.
  2. Sin embargo, primero abordaré la teoría y práctica de la actividad sustantiva en la que debe asentarse toda universidad que tenga calidad. Solo en un segundo momento, escribiré algunas de las consideraciones que albergo sobre la Universidad del futuro. Así procederé enseguida.

Estimo que el primer requisito para contar con universidades sólidas es lograr y mantener un abordaje integral de lo que hemos denominado la actividad sustantiva. En esta materia las universidades públicas en Costa Rica -que es lo que más conozco- sí han avanzado bastante, aunque falta alcanzar mayor solidez todavía.

Por actividad sustantiva entendemos la conjunción de investigación, docencia, extensión o acción social y producción. Al menos esos aspectos resultan imprescindibles para que la tarea de la educación superior sea de calidad.

Es decir, tales actividades son requisitos sine qua non para que podamos hablar de academia universitaria. Si alguno de ellos falta, o es deficitario se verá afectado todo el proceso académico.

No voy a ahondar en la razón de que ello sea así, basta por ahora con señalar que, no se trata de un dogma, sino de una realidad forjada fruto de una larga experiencia histórica. Pero, sí diré lo mínimo: La docencia, sin estar sustentada en investigación, extensión y producción, así como en una evaluación rigurosa y rendición de cuentas, -tanto a lo interno de las universidades como en el ambiente externo- deviene en una práctica que envejece rápidamente y se torna en un quehacer obsoleto y rutinario. De igual manera, la investigación a la vez debe nutrirse y sustentarse en una teoría actual y pertinente. Sus hipótesis y luego sus eventuales hallazgos refrescan y actualizan la docencia y alimentan la extensión y la producción. Asimismo, no puede haber acción social que aporte sustancia en su cometido para con los estudiantes y las comunidades, sin conjugarse con una docencia rigurosa y pertinente, lo mismo que sin investigación y producción constantemente renovadas y por tanto renovadoras. La evaluación, tanto interna como externa de la educación superior es la corona de todo ello, junto con la transparencia en la práctica académica y la rendición de cuentas.

El ciclo de toda la actividad sustantiva se cierra y se abre en una dinámica constante, cuando hay transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria, los estudiantes, las comunidades ciudadanas con las que se relacionan estas instituciones de educación superior y de cara a los organismos competentes del Estado y los donantes que les brindan apoyo.

No es difícil deducir por qué la educación superior es una actividad única cuando se abarca en toda su complejidad y por añadidura, requiere constante y vigorosa inversión del Estado, en el caso de la universidad pública. He podido comprobar en mi experiencia como diputado a la Asamblea Legislativa y rector de la Universidad Nacional, que muchos dirigentes políticos, no solo del gobierno actual, no entienden esta dinámica; regularmente tampoco se comprende la necesaria interrelación entre todos los elementos que componen la actividad sustantiva académica.

Para cerrar esta reflexión debo remarcar ahora: si no se entiende la integralidad y al mismo tiempo la complejidad que entraña la academia universitaria, no podrá haber verdadera formación en educación superior. Desde esta óptica se puede comprender mejor la solidez intelectual que debe poseer un profesional universitario para que las instituciones no se conviertan en lo que hemos llamado “universidades de garaje”. Lo oneroso que todo ello pueda resultar, se debe retribuir al Estado y a la sociedad por medio del aporte que se entrega cotidianamente y sobre lo cual -ya lo dijimos-, hay que rendir cuentas con regularidad. Con asiduidad también, el aporte de la universidad pública al Estado y a la sociedad se desconoce entre gran parte de los políticos y por lo consiguiente su labor en la sociedad se desvaloriza.

III. Ahora miro desde el presente al futuro.

Los desafíos de las universidades son de gran calado y complejidad. La tarea de impartir conocimiento exige renovación constante en el personal académico.

Pero, ahora hay algo más que ya no podemos ignorar. Las cuestiones y problemas con los que hay que lidiar son, asimismo -y cada vez más- de una enorme complejidad. Estudiar, investigar y aportar para resolver problemas como: la pobreza y la desigualdad social, el cambio climático, las enfermedades contemporáneas y cómo estas se propagan, las migraciones, las guerras, la gestión del agua, cuestiones relacionadas con la protección de la biodiversidad, el estudio sobre las energías renovables, el desarrollo territorial, la Inteligencia Artificial y su vinculación con el ser humano y un largo etcétera, exigen cambios cualitativos en la actividad académica. Toda esta materia impone la urgencia de los estudios multi, Inter y transdisciplinarios. En mi concepto esta es la exigencia de la evolución del conocimiento en la contemporaneidad. Debemos contar con la actividad exclusivamente disciplinaria. Pero, al mismo tiempo hay que trascenderla. Es imperativo superar los estudios meramente causales, que no permiten aprehender toda la complejidad de los fenómenos que nos desafían hoy; para ello hace falta un abordaje desde la multi causalidad. Las causas que concurren y dan cuenta en prácticamente todos los campos del conocimiento son múltiples y con frecuencia aparecen entremezcladas.

La mayoría de las universidades de América Latina (hay excepciones), se han quedado rezagadas respecto de sus similares de los Estados Unidos y Europa, algunas de las cuales han avanzado bastante en el conocimiento Inter y multidisciplinario y hasta transdisciplinario. Por añadidura, algunos centros han modificado sus estructuras organizativas, con el objeto de evitar la compartimentación y súper especialización del conocimiento que proviene de la “Universidad Napoleónica”. Mucho se avanzó con ello, pero hoy llegamos a un tope. Por fin, muchos centros de investigación y hasta las facultades, se han abierto para dar lugar al aporte desde distintas disciplinas y perspectivas epistemológicas.

Cuando tuve el honor de desempeñarme como rector de la Universidad Nacional, todo el equipo de dirección (Rectora Adjunta, vicerrectorías y el personal que nos asesoraba y asistía), incursionamos de acuerdo con nuestro programa de trabajo dando pasos hacia la multi, Inter y transdisciplinariedad, para lo cual instauramos la modalidad de trabajo por medio de comunidades epistémicas. Se crearon, con gran entusiasmo de académicos, estudiantes, e inclusive con administrativos y comunidades, 16 comunidades epistémicas, las cuales reunieron en conjunto cerca de 200 personas académicas, estudiantiles y de comunidades; algunas de estas lograron avanzar bastante en la tarea asignada y acometieron investigaciones desde la diversidad conceptual de la Inter y multicausalidad.

He aquí, a mi modo de ver el gran reto transformador que tienen ante sí las Universidades contemporáneas.

La plaza sin don Pepe

Roger Ríos Duarte

El viernes 6 de noviembre, poco después de las ocho de la mañana, una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sujetó con una grúa la figura de bronce de José Figueres Ferrer, la envolvió en plástico y la bajó de su pedestal en la plaza que desde 2016 se llama, en su rótulo oficial, Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército. Con ella salieron las demás piezas del conjunto «La abolición del Ejército», obra de la escultora Marisel Jiménez, de modo que lo que se retiró ese viernes fue la abolición del ejército de la Plaza de la Abolición del Ejército. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, que fiscalizó personalmente la maniobra, explicó que las esculturas quedarían resguardadas para su restauración y que no volverían a la plaza hasta que se garantizara que no serían objeto de nuevos actos de vandalismo. No dijo cuándo. Así lo informó La Nación y así lo confirmaron, con pocas variantes, AmeliaRueda.com y El Observador.

Los hechos que precedieron el retiro están igualmente documentados. Durante las manifestaciones de las últimas semanas en defensa del presupuesto de la educación pública, el monumento recibió pintura, grafitis y rayones; el Museo Nacional calculó que las pintadas cubrieron el noventa por ciento de la base y alcanzaron tres esferas precolombinas, y presentó una nueva denuncia penal ante el OIJ y la Fiscalía por lo ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre, cuando, según las fotografías que circularon, varias personas encapuchadas rayaron las figuras mientras los estudiantes acampaban en la plaza. Los estudiantes negaron cualquier relación con el hecho: la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED relató a CRHoy que cuatro encapuchados vestidos de negro llegaron hacia la una de la mañana, ajenos al movimiento, y que fueron ellos quienes rayaron el bronce. Quiénes eran lo dirá, si avanza, la investigación judicial; lo que esta columna puede examinar es lo que vino después, porque del grafiti al retiro del monumento mediaron apenas cuatro días, y entre un daño reparable y la desaparición indefinida de un símbolo del espacio público hay muchas decisiones posibles que el Gobierno no tomó.

Al ministro le asiste el argumento de cualquier administración responsable del patrimonio: una obra dañada se protege, se restaura y se devuelve en condiciones. Nadie discute la restauración. Lo que se discute es que la devolución quede sin fecha y condicionada a una garantía que ningún espacio público puede ofrecer, porque toda plaza es, por definición, el lugar donde un país se manifiesta y a veces se desborda. Si el criterio fuera que un monumento regresa solo cuando esté a salvo de la protesta, entonces lo que se está diciendo, sin decirlo, es que la Plaza de la Democracia no es lugar para don Pepe mientras haya democracia en la plaza.

Que ese retiro sea un episodio político y no administrativo se entiende al mirar la cadena de la que forma parte. En agosto de 2024, durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el entonces presidente Rodrigo Chaves llamó a las universidades públicas «mentirosos, berrinchosos y sin madurez emocional»; el Gobierno se mantuvo en un aumento del uno por ciento que los rectores consideraron inconstitucional y la negociación se rompió. En setiembre de 2025, a propósito de la distribución del FEES 2026, dijo que la UCR «se fue y se puñaleó las reservas de Conare». En marzo de 2026 calificó de «vaca sagrada» al rector de la UCR, sostuvo que con un año de FEES podrían darse 64.000 bonos de vivienda y construirse 1.700 kilómetros de carreteras, afirmó que esa universidad «se lleva la tajada de león» y pidió a los demás rectores «ahombrarse» frente a ella. Y en abril de 2026, ya en la transición, el Ejecutivo se levantó de la mesa del FEES 2027 alegando «demandas irracionales y abusivas», después de condicionar cualquier aumento a recortes de entre un veinte y un treinta por ciento para la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. El campamento estudiantil del 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia es la continuación directa de esa secuencia, y el monumento que salió de la plaza salió en medio de un conflicto que el propio Gobierno llevaba dos años alimentando.

Lo notable de esa retórica, visto desde la sociología, es que no es solo presupuestaria sino de clase. Chaves no ha discutido con las universidades el valor de la investigación ni la cobertura de la educación superior; ha hablado de «la casta alta de la universidad», de los almuerzos del rector y de los docentes interinos a los que, según él, no se les paga ni se les da estabilidad para que los de arriba conserven sus lujos. Es la operación clásica del populismo de derecha: tomar una institución pública y presentarla como el privilegio de una élite, de modo que atacarla parezca un acto de justicia popular y no lo que es, un desmontaje. Y es exactamente la misma operación que se ejecuta cuando un símbolo de la Segunda República sale de la plaza bajo la justificación de protegerlo de la gente.

Las universidades no han sido el único contrapeso tratado así. El 25 de julio de 2026, en el Consejo de Gobierno celebrado en Nicoya por el aniversario de la Anexión, y en medio del debate por el recorte al presupuesto del Poder Judicial, el ministro Chaves preguntó al público: «¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?», parte de los asistentes le contestó que no, y él atribuyó a la oposición y al propio Poder Judicial la intención de «meterle miedo» a los costarricenses. La Nación lo llevó a su editorial y la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento. Puestos en fila, los tres episodios dibujan una figura: las universidades, los tribunales y la plaza son los tres lugares donde la Segunda República guardó su saber, su ley y su memoria, los cuerpos intermedios de los que me ocupé en «Los amortiguadores de la República», y los tres han recibido, en poco más de dos años, el mismo tratamiento: no la abolición, que sería visible, sino el vaciamiento por dentro con formas legales, que es la manera en que las repúblicas pierden sus amortiguadores sin que nadie firme un decreto.

Aquí entra la parte de esta historia que ningún novelista se atrevería a inventar. Rodrigo Chaves, que gobernó entre 2022 y 2026, es hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno de Laura Fernández, con la coordinación del gabinete económico, en un nombramiento que, según recordó el historiador Vladimir de la Cruz, no tiene precedente desde la fundación de la Segunda República. Y ese ministro es, en sus propias palabras, «el hijo del guardaespaldas y chofer de don Pepe». No es una atribución de sus adversarios: así lo consigna la página oficial de la Presidencia, que registra que su padre, Rodrigo Chaves Arguedas, ejerció ambas ocupaciones junto a José Figueres Ferrer en las décadas de 1940 y 1950. En el debate de Repretel del 1 de abril de 2022, a dos días de la segunda ronda, Chaves le reprochó a José María Figueres mentir sobre quién había arriesgado la vida por su padre, nombró a Víctor Protti, al Ñato Ortiz, a Osvaldo D’Ambrosio y a Rodrigo Chaves como los hombres que «jugaron su vida por defender a don Pepe», y remató diciéndole que el apellido Figueres le había quedado grande.

No hace falta especular sobre lo que siente el ministro para registrar lo que hace el gabinete al que pertenece. El hijo del hombre que ponía el pecho por Figueres preside el gabinete que descuelga a Figueres de la plaza, y lo hace mientras ese mismo gabinete disputa a las universidades públicas, que son la otra gran herencia institucional de 1948, su financiamiento y su autonomía. Que el partido fundado por don Pepe fuera durante años el empleador de su padre, y que el hijo haya construido su carrera política contra ese partido, contra los Arias y contra la institucionalidad que su padre custodiaba, no es psicología sino biografía política, y como tal se puede escribir sin adjetivos. La Costa Rica de la abolición del ejército, del ICE y de la Caja fue también la Costa Rica que les dio trabajo a los guardaespaldas y a los choferes; esa es la paradoja que el bronce envuelto en plástico pone en escena.

Tampoco cabe la tentación contraria. Las esculturas no fueron destruidas, el Gobierno no ha dicho que no vuelvan y el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, que calificó la decisión de «manual de dictador», tiene tanto interés partidario en el símbolo como el oficialismo en retirarlo. Figueres fue un hombre de luces y de sombras, y la Segunda República no fue el paraíso que la liturgia liberacionista recita cada 8 de mayo; una columna seria no debe convertir una estatua en un santo. Pero hay una diferencia entre discutir el legado de un fundador en el espacio público y sustraer el fundador del espacio público para que no se lo discuta, y los gobiernos que gobiernan por sustracción de símbolos rara vez se detienen en el primero.

Porque eso es lo que está pasando, más allá de una plaza y de un bronce. Un gobierno que se presenta como socialdemócrata y gobierna desde la derecha, que concentra en un solo ministro la Presidencia y la Hacienda, que ha convertido la confrontación con las universidades en política de Estado, que pregunta a una plaza si le teme a la dictadura y que ahora retira sin plazo el monumento al hombre que abolió el ejército, está redefiniendo, pieza por pieza, qué cosas del país de 1948 siguen siendo de todos y cuáles pasan a ser del Gobierno. Del rótulo de la plaza ha salido ya, en bronce, la segunda mitad; queda la primera, la democracia, que es precisamente la palabra por la que el ministro preguntó en Nicoya. No sería extraño, en la lógica de lo que llevamos visto, que el nombre fuera lo siguiente, y la paradoja de un gobierno que llegó al poder por la vía democrática y parece incómodo con la palabra no la resuelve ninguna restauración.

Quienes nacieron en los años treinta, en la San José del tranvía y de las fábricas de barrio, vieron fundarse de muchachos el país que ese monumento conmemora; sus hijos lo heredamos como un dato de la naturaleza, y sus nietos lo están viendo desmontar como si fuera un adorno. La memoria institucional de un país no se protege envolviéndola en plástico, se protege dejándola en la plaza, expuesta a la pintura y a la discusión, que es lo que hace a una república y no a un museo.

FETRAL convoca a vigilia y marcha en defensa de la educación superior y del TEC en Limón

La Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL) anunció su apoyo a la educación superior pública y se sumó a la lucha en defensa del Centro Académico de Limón del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Para ello convoca a dos actividades:

  • Miércoles 4 de noviembre, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: vigilia por la educación frente a las instalaciones del TEC en Limón.
  • Viernes 6 de noviembre: gran marcha por la educación y la defensa del TEC, que saldrá de las instalaciones del TEC.

Bajo las consignas “No al recorte de recursos”, “Sí a la educación” y “Sí a la defensa de nuestro Estado social de derecho”, la organización afirma que “la defensa del TEC y de la educación pública es tarea de todos”.

En un mensaje adicional, FETRAL exige que se respeten las leyes 9131, 9635 y 9732. Según la organización, estas normas crearon el Centro Académico de Limón en 2014 y ordenaron que sus recursos se destinen de forma exclusiva a la juventud limonense.

Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica rechaza recortes a la educación y reconoce el liderazgo de las jóvenes universitarias

“Defender la educación pública es defender el presente y el futuro de Costa Rica”

Desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, hoy levantamos la voz en defensa de la educación pública, del cumplimiento del 8% constitucional para la educación y contra cualquier recorte presupuestario que comprometa el derecho de las personas a estudiar y construir un mejor futuro. Lo hacemos porque estamos convencidas de que cada colón que se recorte debilita las oportunidades, amplía las desigualdades y limita las posibilidades de desarrollo, movilidad social y bienestar para todo el país.

También queremos reconocer el liderazgo de las mujeres jóvenes que hoy encabezan esta causa desde las federaciones estudiantiles de las universidades públicas. Han estudiado los presupuestos, analizado las consecuencias de las decisiones políticas y asumido la responsabilidad de defender un derecho que pertenece a toda la sociedad.

Su ejemplo nos recuerda que la política, en su mejor expresión, es el compromiso con el bien común. Es organizarse, participar y levantar la voz cuando están en juego los derechos de las generaciones de hoy y del mañana.

La educación pública no solo forma profesionales. Forma ciudadanía y personas capaces de participar, cuestionar, proponer y defender el interés colectivo y el bien común. Y cuando vemos a estas jóvenes liderar esta causa, estamos viendo precisamente el resultado de esa inversión que algunos hoy pretenden recortar. La voz de las mujeres en política no es un problema para la democracia: es la democracia funcionando.

Por eso rechazamos los recortes a la educación y respaldamos la lucha por una inversión suficiente, sostenible y responsable que garantice oportunidades para todas las personas.

Porque defender la educación pública no es defender un presupuesto. Es defender el presente y el futuro de Costa Rica.

San José, 2 de noviembre del 2026

Freddy Pacheco León: las universidades públicas ofrecen más de 700 opciones académicas y abren sus puertas a estudiantes de familias en pobreza

En medio de la discusión sobre los recortes al financiamiento de las universidades públicas, el biólogo y analista político Freddy Pacheco León recordó la amplitud de la oferta académica de las cinco universidades estatales y su papel en la movilidad social.

Por ejemplo, dos de ellas: la Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece 120 carreras, que se amplían a 183 opciones al tomar en cuenta sus sedes y recintos regionales, mientras que la Universidad Estatal a Distancia (UNED) imparte 44 carreras a distancia que cubren todo el país.

En conjunto, señala Pacheco, las cinco universidades reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) (la UCR, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la UNED y la Universidad Técnica Nacional) superan las 700 opciones académicas, entre disciplinas, grados y posgrados, en diversas áreas del conocimiento.

“Pero no es solo el número lo que interesa”, advierte Pacheco, “sino la rigurosidad académica y la viabilidad de que estudiantes de familias en pobreza puedan ingresar, estudiar y graduarse”. Esto es posible, explica, gracias a los amplios sistemas de becas y otros incentivos solidarios de las universidades estatales, tal como lo orientaron próceres de la educación como Emma Gamboa, Rodrigo Facio, Omar Dengo y Joaquín García Monge.

Las declaraciones se suman a la defensa del financiamiento universitario frente a los recortes previstos en el presupuesto de 2027. Las universidades públicas, las federaciones estudiantiles y otras organizaciones convocan a un plantón el lunes 2 de noviembre para exigir el cumplimiento de los acuerdos del FEES y la protección de las becas, la regionalización y las oportunidades educativas.

SINDEU pide a la Sala Primera rechazar la casación de la PGR sobre la exclusión de las universidades de la Ley 9635

El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) solicitó a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechazar de plano el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la sentencia que excluye a las universidades públicas de la aplicación de la Ley n.º 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La gestión se presentó el 30 de octubre mediante el oficio SINDEU-AL-172-2026, dentro del expediente 19-000375-1028-CA.

La sentencia impugnada por la PGR es la resolución n.º 2026-006923 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En ella, el Tribunal dio la razón a las universidades y a los sindicatos al determinar que la Ley 9635 no se aplica a las universidades públicas estatales, y anuló los artículos e incisos del Reglamento al Título III de esa ley que las incluían.

Según SINDEU, la gestión “representa una acción firme en defensa del régimen universitario, la autonomía constitucional y las condiciones que permiten a las universidades públicas cumplir su misión en beneficio del país”. El sindicato reafirmó su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria y la educación pública: “¡La educación pública no se negocia, se defiende!”.

Convocan a plantón en defensa de la educación pública el 2 de noviembre

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y las federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocan a un plantón en defensa de la educación pública para el lunes 2 de noviembre a las 4:00 p. m., en la Plaza de la Democracia, en San José.

La convocatoria pide:

  • el respeto al financiamiento constitucional de la educación;
  • el cumplimiento de los acuerdos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES);
  • la protección de las becas, la regionalización y las oportunidades educativas.

“¡Defendamos la educación pública!”, es el llamado de las organizaciones convocantes.

Estudiantes de secundaria se suman

El Frente Nacional de Estudiantes de Secundaria también se unió a la defensa de la educación pública. En un video, cada integrante se presenta y reitera que la educación pública:

  • es parte de la democracia;
  • es la vía para romper con la pobreza;
  • es un derecho humano;
  • es la garantía para contar con infraestructura educativa segura y adecuada.

Las razones del Frente pueden escucharse en el video publicado en su cuenta de Instagram, disponible en este enlace.

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

RENASES: “Un golpe a las universidades públicas es un golpe para las familias más humildes”

La Red Nacional de Sectores Sociales llama a sus organizaciones a sumarse este martes 20 de octubre a la marcha en defensa de la educación pública.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) emitió un pronunciamiento el 17 de octubre de 2026, dirigido a la ciudadanía costarricense y a las diputaciones de la República. En él rechaza los recortes al presupuesto de las universidades públicas que se discuten en la Asamblea Legislativa y advierte que su impacto recaería sobre todo en las familias de menores ingresos.

“¿Sabía usted que la mayor parte de los estudiantes de las universidades públicas de Costa Rica pertenecen a las familias menos adineradas del país?”, plantea el documento. Según RENASES, reducir el presupuesto de la educación superior significa perjudicar a casi 137.000 hogares, a los que se suman más de 21.000 hogares cuyos familiares trabajan en alguna de las cinco universidades públicas como docentes o personal administrativo.

El pronunciamiento lo ilustra con un ejemplo: una joven de Limón, de Nicoya o de Sarapiquí que sueña con ser ingeniera y es la primera de su familia en llegar a la universidad. “No tiene que irse a San José ni pagar lo que no puede, porque la universidad pública llegó a su región. Ese sueño hoy está en peligro”.

Lo que está en juego

De acuerdo con RENASES, las diputaciones del partido de gobierno, Pueblo Soberano, proponen quitar unos ₡26.000 millones a las universidades públicas. Según han advertido las rectorías, eso significaría:

  • TEC, Limón: el cierre de la sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Limón.

  • UNA, 417 cupos: la pérdida de 417 cupos de ingeniería de la Universidad Nacional en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí.

  • UNED, nuevo ingreso: que la Universidad Estatal a Distancia no pueda recibir a nuevos estudiantes.

  • UCR, Paraíso: la afectación de la sede de la Universidad de Costa Rica en Paraíso y de las olimpiadas de matemáticas para colegiales.

El documento señala que esto ocurre cuando el presupuesto universitario ya viene congelado. Las diputaciones oficialistas respaldarían la propuesta del Gobierno de no dar aumento (0 %) a las universidades en 2027. Según RENASES, eso incumple la Constitución Política, porque el principal referente para el ajuste es la inflación, que en setiembre de 2026 fue de 0,34 %. “En otras palabras, no aumentar los recursos es en realidad rebajarlos, por la pérdida del valor adquisitivo del dinero”, advierte.

“¿De verdad no hay plata?”

RENASES recuerda que la Constitución establece que el país debe invertir al menos el 8 % de su riqueza en educación. Según el pronunciamiento, hoy el gobierno de Laura Fernández invierte el 4,9 %, cuando hace menos de diez años se invertía más del 7 %. “La educación no es la que gasta de más: es la que se ha ido quedando atrás”.

El documento añade que, según el propio Ministerio de Hacienda, el Estado deja de cobrar cerca de ₡4 billones al año entre evasión, elusión e impuestos que no se pagan. “La plata existe. Lo que falta es la decisión de ir a buscarla donde está, y no en las aulas”.

“No nos van a dividir”

La red rechaza que se enfrente a unas instituciones o sectores con otros. “No se trata de la UCR contra la UNED, ni de las universidades contra las pensiones de los maestros, ni de la escuela contra la universidad. La educación pública es una sola, desde el kínder hasta el título universitario. Es la escalera que ha permitido a miles de familias costarricenses salir adelante. Quitarle un escalón es dejar a alguien abajo”.

RENASES sostiene además que los países que más avanzan lo han hecho fortaleciendo la educación y sus centros de investigación. En Costa Rica, esos centros están en las universidades públicas, por lo que golpearlas también desarticula la investigación, “un motor de desarrollo indispensable”.

Las demandas

RENASES pide:

  1. Que las diputaciones rechacen todos los recortes a la educación superior.

  2. Que el Gobierno cumpla lo que firmó y lo que ordenó la Sala Constitucional: destinar el 8 % a la educación pública, incluida la universitaria.

  3. Que se honre la Constitución Política aumentando el presupuesto de las universidades públicas al menos según el índice de inflación de 2026.

Qué puede hacer la ciudadanía

El pronunciamiento recuerda que las diputaciones votan en estos días: la Comisión de Asuntos Hacendarios decide antes del 20 de octubre y el presupuesto final se aprueba a más tardar el 29 de noviembre. Invita a la ciudadanía a compartir el mensaje, escribir a las diputaciones de su provincia y conversar sobre el tema en la casa, el trabajo y la comunidad.

A la calle este martes 20

RENASES convoca a todas las organizaciones que la integran a sumarse a la Gran Marcha Nacional en defensa de la educación pública, convocada por las universidades públicas. “Ese día vence el plazo de la Comisión de Hacendarios para votar los recortes: nuestra presencia en la calle importa”.

  • Cuándo: martes 20 de octubre de 2026, 9:00 a. m.

  • Salida: Fuente de la Hispanidad, San Pedro de Montes de Oca.

  • Destino: Asamblea Legislativa, Cuesta de Moras.

La marcha también se replicará en otros puntos del país. “Llegue con su organización, su bandera y su gente. Defender la universidad pública es defender a las familias trabajadoras de todo el país”.

El pronunciamiento cierra con la consigna: “Porque la educación pública no es un gasto. Es el presente y futuro de nuestros hijos y nuestras hijas”.

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)
Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

Convocan a Gran Marcha Nacional por la educación, el agro, la cultura y los derechos sociales este martes 20 de octubre

“¡Distintas luchas, un mismo país!”: la jornada incluye marchas desde diversos puntos del país, un encuentro nacional en la Plaza de la Democracia y una vigilia de cierre.

Para el martes 20 de octubre se convoca a una Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, con el lema “¡Distintas luchas, un mismo país!”. La convocatoria llama a frenar “los recortes que afectan nuestro presente y futuro” y a trabajar “por una Costa Rica más justa, solidaria y democrática”.

Programa de la jornada

  • 9:00 a. m.: salida de las marchas desde diversos puntos del país.
  • 11:00 a. m.: gran encuentro nacional en la Plaza de la Democracia, en San José.
  • Hasta las 6:00 p. m.: jornada de participación con expresiones culturales y cierre con una gran vigilia.

Las luchas que convergen

La convocatoria reúne las demandas de distintos sectores:

  • educación pública y universidades;
  • agro y producción nacional;
  • derechos sociales y protección de la niñez;
  • personas con discapacidad, personas adultas mayores y cuidados;
  • trabajo y empleo digno;
  • ambiente y territorios sostenibles;
  • salud pública;
  • cultura y patrimonio;
  • pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes;
  • desarrollo de las regiones;
  • soberanía frente al acuerdo transpacífico;
  • todos los sectores de la sociedad.

Contexto

La convocatoria coincide con la Marcha en Defensa de la Educación Universitaria Pública que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convocó para ese mismo día. Esa marcha saldrá a las 9:00 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa, en las inmediaciones de la Plaza de la Democracia. Las dos se enmarcan en la discusión legislativa de los recortes presupuestarios.

En los últimos días, distintas instancias se han pronunciado contra esos recortes:

  • La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) llamó a una movilización unitaria y a articular esfuerzos con otros sectores en defensa de lo público.
  • El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que su Centro Académico de Limón podría cerrar si se aprueba la reducción de ₡492,9 millones.
  • El Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica rechazó la moción 104-1, que eliminaría el presupuesto del Recinto de Paraíso.

Organizaciones del sector agropecuario y de otros sectores sociales también se han movilizado contra la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que es otra de las causas de la convocatoria.