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Etiqueta: universidades públicas

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

RENASES: “Un golpe a las universidades públicas es un golpe para las familias más humildes”

La Red Nacional de Sectores Sociales llama a sus organizaciones a sumarse este martes 20 de octubre a la marcha en defensa de la educación pública.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) emitió un pronunciamiento el 17 de octubre de 2026, dirigido a la ciudadanía costarricense y a las diputaciones de la República. En él rechaza los recortes al presupuesto de las universidades públicas que se discuten en la Asamblea Legislativa y advierte que su impacto recaería sobre todo en las familias de menores ingresos.

“¿Sabía usted que la mayor parte de los estudiantes de las universidades públicas de Costa Rica pertenecen a las familias menos adineradas del país?”, plantea el documento. Según RENASES, reducir el presupuesto de la educación superior significa perjudicar a casi 137.000 hogares, a los que se suman más de 21.000 hogares cuyos familiares trabajan en alguna de las cinco universidades públicas como docentes o personal administrativo.

El pronunciamiento lo ilustra con un ejemplo: una joven de Limón, de Nicoya o de Sarapiquí que sueña con ser ingeniera y es la primera de su familia en llegar a la universidad. “No tiene que irse a San José ni pagar lo que no puede, porque la universidad pública llegó a su región. Ese sueño hoy está en peligro”.

Lo que está en juego

De acuerdo con RENASES, las diputaciones del partido de gobierno, Pueblo Soberano, proponen quitar unos ₡26.000 millones a las universidades públicas. Según han advertido las rectorías, eso significaría:

  • TEC, Limón: el cierre de la sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Limón.

  • UNA, 417 cupos: la pérdida de 417 cupos de ingeniería de la Universidad Nacional en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí.

  • UNED, nuevo ingreso: que la Universidad Estatal a Distancia no pueda recibir a nuevos estudiantes.

  • UCR, Paraíso: la afectación de la sede de la Universidad de Costa Rica en Paraíso y de las olimpiadas de matemáticas para colegiales.

El documento señala que esto ocurre cuando el presupuesto universitario ya viene congelado. Las diputaciones oficialistas respaldarían la propuesta del Gobierno de no dar aumento (0 %) a las universidades en 2027. Según RENASES, eso incumple la Constitución Política, porque el principal referente para el ajuste es la inflación, que en setiembre de 2026 fue de 0,34 %. “En otras palabras, no aumentar los recursos es en realidad rebajarlos, por la pérdida del valor adquisitivo del dinero”, advierte.

“¿De verdad no hay plata?”

RENASES recuerda que la Constitución establece que el país debe invertir al menos el 8 % de su riqueza en educación. Según el pronunciamiento, hoy el gobierno de Laura Fernández invierte el 4,9 %, cuando hace menos de diez años se invertía más del 7 %. “La educación no es la que gasta de más: es la que se ha ido quedando atrás”.

El documento añade que, según el propio Ministerio de Hacienda, el Estado deja de cobrar cerca de ₡4 billones al año entre evasión, elusión e impuestos que no se pagan. “La plata existe. Lo que falta es la decisión de ir a buscarla donde está, y no en las aulas”.

“No nos van a dividir”

La red rechaza que se enfrente a unas instituciones o sectores con otros. “No se trata de la UCR contra la UNED, ni de las universidades contra las pensiones de los maestros, ni de la escuela contra la universidad. La educación pública es una sola, desde el kínder hasta el título universitario. Es la escalera que ha permitido a miles de familias costarricenses salir adelante. Quitarle un escalón es dejar a alguien abajo”.

RENASES sostiene además que los países que más avanzan lo han hecho fortaleciendo la educación y sus centros de investigación. En Costa Rica, esos centros están en las universidades públicas, por lo que golpearlas también desarticula la investigación, “un motor de desarrollo indispensable”.

Las demandas

RENASES pide:

  1. Que las diputaciones rechacen todos los recortes a la educación superior.

  2. Que el Gobierno cumpla lo que firmó y lo que ordenó la Sala Constitucional: destinar el 8 % a la educación pública, incluida la universitaria.

  3. Que se honre la Constitución Política aumentando el presupuesto de las universidades públicas al menos según el índice de inflación de 2026.

Qué puede hacer la ciudadanía

El pronunciamiento recuerda que las diputaciones votan en estos días: la Comisión de Asuntos Hacendarios decide antes del 20 de octubre y el presupuesto final se aprueba a más tardar el 29 de noviembre. Invita a la ciudadanía a compartir el mensaje, escribir a las diputaciones de su provincia y conversar sobre el tema en la casa, el trabajo y la comunidad.

A la calle este martes 20

RENASES convoca a todas las organizaciones que la integran a sumarse a la Gran Marcha Nacional en defensa de la educación pública, convocada por las universidades públicas. “Ese día vence el plazo de la Comisión de Hacendarios para votar los recortes: nuestra presencia en la calle importa”.

  • Cuándo: martes 20 de octubre de 2026, 9:00 a. m.

  • Salida: Fuente de la Hispanidad, San Pedro de Montes de Oca.

  • Destino: Asamblea Legislativa, Cuesta de Moras.

La marcha también se replicará en otros puntos del país. “Llegue con su organización, su bandera y su gente. Defender la universidad pública es defender a las familias trabajadoras de todo el país”.

El pronunciamiento cierra con la consigna: “Porque la educación pública no es un gasto. Es el presente y futuro de nuestros hijos y nuestras hijas”.

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)
Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

Convocan a Gran Marcha Nacional por la educación, el agro, la cultura y los derechos sociales este martes 20 de octubre

“¡Distintas luchas, un mismo país!”: la jornada incluye marchas desde diversos puntos del país, un encuentro nacional en la Plaza de la Democracia y una vigilia de cierre.

Para el martes 20 de octubre se convoca a una Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, con el lema “¡Distintas luchas, un mismo país!”. La convocatoria llama a frenar “los recortes que afectan nuestro presente y futuro” y a trabajar “por una Costa Rica más justa, solidaria y democrática”.

Programa de la jornada

  • 9:00 a. m.: salida de las marchas desde diversos puntos del país.
  • 11:00 a. m.: gran encuentro nacional en la Plaza de la Democracia, en San José.
  • Hasta las 6:00 p. m.: jornada de participación con expresiones culturales y cierre con una gran vigilia.

Las luchas que convergen

La convocatoria reúne las demandas de distintos sectores:

  • educación pública y universidades;
  • agro y producción nacional;
  • derechos sociales y protección de la niñez;
  • personas con discapacidad, personas adultas mayores y cuidados;
  • trabajo y empleo digno;
  • ambiente y territorios sostenibles;
  • salud pública;
  • cultura y patrimonio;
  • pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes;
  • desarrollo de las regiones;
  • soberanía frente al acuerdo transpacífico;
  • todos los sectores de la sociedad.

Contexto

La convocatoria coincide con la Marcha en Defensa de la Educación Universitaria Pública que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convocó para ese mismo día. Esa marcha saldrá a las 9:00 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa, en las inmediaciones de la Plaza de la Democracia. Las dos se enmarcan en la discusión legislativa de los recortes presupuestarios.

En los últimos días, distintas instancias se han pronunciado contra esos recortes:

  • La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) llamó a una movilización unitaria y a articular esfuerzos con otros sectores en defensa de lo público.
  • El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que su Centro Académico de Limón podría cerrar si se aprueba la reducción de ₡492,9 millones.
  • El Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica rechazó la moción 104-1, que eliminaría el presupuesto del Recinto de Paraíso.

Organizaciones del sector agropecuario y de otros sectores sociales también se han movilizado contra la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que es otra de las causas de la convocatoria.

FESITRAES llama a la movilización y propone un paro universitario frente a los recortes al FEES

La federación sindical de las universidades públicas critica la estrategia de CONARE para defender el FEES y pide una alianza nacional en defensa de las instituciones públicas.

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un comunicado público. Expresa su “más enérgico rechazo” a las mociones de recorte presupuestario que se discuten en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Rechaza también los recortes al Ministerio de Educación Pública (MEP), a la salud y a los programas sociales dirigidos a la niñez y la primera infancia.

La federación, que articula a las organizaciones sindicales de las universidades públicas, sostiene que la defensa de esas universidades “es inseparable de la defensa de la educación pública en todos sus niveles, los servicios públicos, la salud, los derechos laborales y la justicia social”.

Recortes al FEES y deuda acumulada

Según FESITRAES, las propuestas en discusión contemplan un recorte de aproximadamente ₡26.000 millones en el presupuesto universitario de 2027. Además, se afectarían recursos del año en curso y se desconocerían compromisos sobre los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cuya deuda acumulada se estima en ₡64.000 millones.

La federación advierte que, de concretarse estos recortes, se debilitarían las sedes regionales y se reducirían las oportunidades de ingreso del estudiantado. También se afectarían los programas académicos, la investigación, la extensión y la acción social, y quedarían en riesgo la estabilidad laboral y el funcionamiento institucional. “Lo que está en juego es el derecho del pueblo costarricense a una educación superior pública, accesible, de calidad y comprometida con el desarrollo nacional”, señala el comunicado.

Críticas a la estrategia de CONARE

El comunicado sostiene que desde hace años se advertía que la estrategia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para negociar y defender el FEES “conducía a la derrota”. A juicio de la federación, los esfuerzos de negociación y de gestión legislativa no han logrado garantizar los recursos necesarios. Añade que la experiencia de los últimos tres gobiernos muestra que los compromisos institucionales pueden quedar sin cumplir cuando no hay suficiente movilización y presión social.

“La vía del diálogo no puede seguir siendo una estrategia de espera”, afirma FESITRAES, y agrega que CONARE “debe comprender que no basta con negociar, emitir comunicados o confiar en la voluntad política de quienes promueven los recortes”.

La federación señala que la división interna en CONARE ha profundizado la derrota en la lucha por un FEES justo y en la articulación con el Magisterio Nacional. A su juicio, esa división es “una trampa del Gobierno en la que han caído las rectorías, en mayor o menor medida”. Pide a las rectorías articular con otros sectores, como la CCSS y el ICE, porque, según la federación, el Gobierno busca debilitar a todas las instituciones que han tenido un papel primordial en el desarrollo del país.

FESITRAES reclama también transparencia: todas las comunidades universitarias deben conocer las estrategias de defensa del FEES, la situación interna de las instituciones y la gestión de los recursos que realizan las distintas administraciones. “El país navega sobre aguas turbulentas. Si el barco se hunde, se hunde completo, incluidas las universidades públicas”, advierte el comunicado.

Las acciones que propone FESITRAES

Bajo la consigna “De la preocupación a la movilización”, la federación convoca a la lucha permanente mediante cinco acciones:

  1. Movilización universitaria fuerte y unitaria: concentraciones conjuntas de las comunidades de las cinco universidades públicas (estudiantado, personal docente y administrativo y organizaciones sindicales) frente a la Asamblea Legislativa y en las distintas sedes universitarias del país, para exigir la restitución de los recursos.

  2. Paro de las comunidades universitarias: impulsar un paro en defensa del financiamiento de las instituciones públicas, de la educación pública en todos sus niveles y del modelo del FEES.

  3. Una postura firme de CONARE y las rectorías: que las autoridades universitarias vayan más allá de la negociación en la Comisión de Enlace y en la Asamblea Legislativa, y se sumen a la organización, convocatoria y acompañamiento de las movilizaciones.

  4. Una alianza nacional en defensa de lo público: articular esfuerzos con el Magisterio Nacional, el Poder Judicial, la CCSS, el ICE, las organizaciones sindicales, los movimientos estudiantiles y los sectores que enfrentan políticas de recorte, privatización y debilitamiento de los servicios públicos.

  5. Retiro de las mociones de recorte y fortalecimiento del presupuesto educativo: respeto del financiamiento constitucional de la educación pública, cumplimiento de los acuerdos de financiamiento universitario y pago de los fondos postergados del FEES. La federación pide además exigir el 8 % del PIB para la educación pública.

El comunicado concluye que las garantías sociales, las empresas estatales que prestan servicios públicos, la educación pública y las universidades públicas son “conquistas históricas construidas con el esfuerzo de generaciones y mediante la lucha social”. También llama a construir “una unidad popular de sectores sociales, estudiantiles, sindicales y universitarios”.

Puede descargar el comunicado original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-16-FESITRAES-defensa-de-la-institucionalidad-publica.pdf

Reflexiones sobre el marco de gobernanza y gestión de tecnologías de la información de la Universidad Técnica Nacional

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen: El documento adjunto consiste en un análisis crítico riguroso, de alto nivel estratégico y técnico, elaborado por el Académico Universitario MBA Lic. Bach. Luis G. Martínez Sandoval. En su rol como analista del Grupo de Pensamiento Universitario UTN 2028, examina de manera exhaustiva el recién aprobado «Marco de Gobernanza y Gestión de Tecnologías de la Universidad Técnica Nacional» (Acuerdo 0917-2026, aprobado el 13 de agosto de 2026 por el Consejo Universitario).

Introducción

Recientemente se hizo de conocimiento público que el Consejo Universitario, en la Sesión Ordinaria No 17 2026 celebrada el jueves 13 de agosto de 2026, aprobó mediante el Acuerdo

0917- 2026 el “Marco de Gobernanza y Gestión de Tecnologías de la Universidad Técnica Nacional”.

La importancia estratégica del documento es alta. No es simplemente un manual de informática: establece cómo la UTN debería gobernar uno de sus recursos institucionales más críticos: la información y las tecnologías que soportan sus procesos. El documento: Vincula TI con la estrategia institucional. Establece quién debe gobernar TI. Ordena las inversiones tecnológicas. Reduce el riesgo institucional. Protege la continuidad de la universidad. Crea una arquitectura para la transformación digital. Fortalece la rendición de cuentas. Ya no estamos hablando solamente de una propuesta técnica, sino de un marco institucional aprobado por el Consejo Universitario. Sin embargo, a pesar de ser un paso histórico y técnicamente serio aprobado por el Consejo Universitario el 13 de agosto de 2026, el documento sufre del «síndrome del papel perfecto»: una robustez conceptual impecable que carece de tracción operativa.

Revisando objetivamente el Marco de Gobernanza y Gestión de Tecnologías de la UTN, versión 1.0, la valoración es positiva en estructura, pero con debilidades importantes de implementación, medición y gobernanza efectiva.

  1. Fortalezas

Tiene una estructura lógica y bastante completa. Define seis objetivos de gobierno: alineación estratégica, riesgo, recursos, servicios, mejora continua y seguridad/ciberseguridad.

Reconoce correctamente que TI no es responsabilidad exclusiva de la Dirección de TI. Involucra Consejo Universitario, Rectoría, CIGI, Vicerrectorías, Decanaturas, Direcciones y demás unidades. Esto es conceptualmente muy importante.

Incorpora riesgo, continuidad, proveedores, arquitectura empresarial, calidad, KPI y ciberseguridad, lo que demuestra una visión bastante integral.

La idea de mejora continua está bien planteada, incluyendo medición del desempeño y acciones correctivas.

Hay trazabilidad documental. El marco tuvo varias revisiones desde 2023 y finalmente fue aprobado como versión 1.0 el 17 de agosto de 2026 por el Consejo Universitario.

II. Debilidad principal: mucho marco conceptual, poca operacionalización

Su punto crítico.

El documento dice qué debe hacerse, pero en muchos casos no establece con suficiente precisión:

  • quién responde;

  • quién aprueba;

  • quién ejecuta;

  • quién fiscaliza;

  • con qué periodicidad;

  • qué indicador determina cumplimiento;

  • cuál es la meta;

  • qué ocurre cuando no se cumple;

  • qué evidencia debe producirse.

Por ejemplo, se establece que deben definirse KPI y factores críticos de éxito, pero el documento no presenta esos KPI concretos ni sus metas.

Es un buen marco rector, pero todavía no es, por sí mismo, un sistema robusto de gestión y rendición de cuentas.

III. Hay una contradicción potencial con el principio de «Simple»

El propio marco establece que debe ser simple de entender, comunicar, operar y mejorar. Sin embargo, el documento termina incorporando una cantidad considerable de objetivos, prácticas y componentes. No necesariamente es incorrecto, pero existe riesgo de que termine convirtiéndose en un marco documental pesado, cuya existencia sea más fuerte que su aplicación práctica.

IV. La gobernanza está definida, pero falta fortalecer la rendición de cuentas

El documento identifica múltiples actores institucionales, lo cual es correcto. Pero una verdadera gobernanza debería poder responder rápidamente: ¿Quién tiene la última responsabilidad cuando una decisión tecnológica falla, genera un riesgo o produce un perjuicio institucional?

El documento habla de responsabilidades, roles y rendición de cuentas, pero sería recomendable complementarlo con una matriz RACI para cada objetivo crítico.

V. Riesgo: está bien conceptualizado, pero necesita mayor precisión

La sección de riesgos es una de las mejores partes conceptualmente: identificación → análisis → evaluación → tratamiento → monitoreo → comunicación. Pero faltaría convertirlo en un mecanismo cuantificable:

Riesgo inherente → controles → riesgo residual → responsable → fecha de tratamiento → nivel aceptable → evidencia.

Sin esa trazabilidad, la gestión de riesgos puede terminar siendo más declarativa que efectiva.

VI. Seguridad y ciberseguridad: adecuada, pero debería ser más exigente

El documento contempla confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, controles de acceso, vulnerabilidades, incidentes y continuidad. Eso es positivo. Pero para una universidad pública moderna se esperaría además una definición más explícita de:

  • gestión de incidentes;

  • clasificación de incidentes;

  • tiempos máximos de respuesta;

  • respaldo y recuperación;

  • pruebas periódicas;

  • gestión de vulnerabilidades;

  • controles sobre terceros;

  • protección de datos;

  • responsabilidades ante incidentes;

  • métricas de ciberseguridad.

VII. Un punto especialmente importante: proveedores

El documento correctamente establece selección, contratos, seguimiento y evaluación de proveedores. Pero debería existir una conexión mucho más clara entre riesgo tecnológico y contratación pública. Un proveedor crítico no debería evaluarse únicamente por cumplimiento contractual; debería evaluarse también por: criticidad + dependencia + continuidad + seguridad + concentración de riesgo + posibilidad de sustitución.

VIII. Evaluación global

En cuanto a su estructura conceptual y, cobertura temática están muy bien desarrolladas. Gobernanza, gestión de riesgos, ciberseguridad, gestión de servicios requieren mayor tratamiento. Deficitaria está la parte de Indicadores/KPI, Rendición de cuentas, Operacionalización, Capacidad de fiscalización.

El documento es técnicamente serio y conceptualmente bien construido, pero su verdadero valor dependerá de lo que ocurra después de su aprobación. La propia versión 1.0 fue aprobada el 17 de agosto de 2026. Por eso, no se cuestiona principalmente la existencia del Marco, sino la siguiente etapa:

¿Qué instrumentos concretos va a implementar la UTN para convertir este marco en obligaciones, indicadores, responsables, controles, evidencia y rendición de cuentas?

Ese sería, objetivamente, el punto más vulnerable del documento. Y hay una segunda cuestión relevante: el documento afirma expresamente que el gobierno de TI es responsabilidad institucional y no solamente de la Dirección de TI. Esto significa que, si en la práctica la responsabilidad termina concentrándose en TI, habría una brecha entre el modelo aprobado y la gobernanza real.

Si la UTN desarrolla después políticas, responsables, matriz RACI, indicadores, metas, presupuesto, mapas de riesgos, portafolio de proyectos y mecanismos de rendición de cuentas, puede convertirse en un instrumento muy poderoso. Si se queda únicamente como documento aprobado, su importancia práctica baja considerablemente. Veamos el cuadro adjunto del modelo aprobado:

Dimensión Analizada

Diagnóstico Actual

Riesgo Institucional Asociado

Operacionalización

Deficitaria. Dice qué hacer, pero no quién, cuándo, ni con qué evidencia.

El marco se convierte en un manual decorativo sin aplicación real.

Rendición de Cuentas

Incompleta. No define responsabilidades últimas ante fallos tecnológicos graves.

Dilución de la responsabilidad y falta de consecuencias ante incumplimientos.

Indicadores y KPIs

Inexistentes. Menciona la necesidad de métricas, pero no incluye metas ni KPIs concretos.

Imposibilidad de medir el avance real de la transformación digital.

Gobernanza Real

Riesgo de centralización. Conceptualmente es institucional, pero operativamente tiende a recaer solo en TI.

Brecha entre el modelo político aprobado y la ejecución informática aislada.

Por ello, se requiere un Plan de Mejora: De la Teoría a la Operación. Para evitar que el marco sea vulnerable a auditorías internas como externas, la UTN debe transicionar inmediatamente hacia un modelo ejecutable estructurado en cuatro ejes:

1. Despliegue de Responsabilidades (Matriz RACI)

Se debe diseñar una matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) para cada uno de los 6 objetivos estratégicos. Esto resolverá la contradicción de gobernanza actual:

  • Consejo Universitario / Rectoría: Aprobadores (A) últimos de la inversión y del riesgo residual.

  • Vicerrectorías y Decanaturas: Responsables (R) de alinear los procesos académicos/administrativos con la tecnología.

  • Dirección de TI: Ejecutores (R) de la arquitectura técnica, no dueños de la decisión institucional.

2. Cuantificación del Riesgo Tecnológico

Pasar de una declaración cualitativa de riesgos a un mecanismo vivo de trazabilidad:

  • Establecer una fórmula matemática estándar: Riesgo Residual = (Riesgo Inherente × Impacto) – Efectividad del Control.

  • Asignar un dueño del riesgo (rector, decano o director) con fechas límite obligatorias para el tratamiento de vulnerabilidades.

3. Fichas Técnicas de KPIs y Metas

El marco debe complementarse con un anexo operativo que defina, al menos, los siguientes indicadores con métricas exactas:

  • Ciberseguridad: Tiempo Máximo de Respuesta (TMR) ante incidentes críticos (ej. menos de 2 horas).

  • Continuidad: RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) y RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación) para los sistemas de matrícula y financieros.

  • Gestión de Proveedores: Índice de criticidad basado en dependencia, seguridad de datos y capacidad de sustitución, ligado directamente a la contratación pública.

4. Blindaje ante las auditorías internas/externas

Dado que este documento es un parámetro auditable, la UTN debe adelantarse creando un Repositorio Institucional de Evidencia de Gobernanza de TI. Cada decisión tecnológica de alto impacto o contratación pública debe registrar una bitácora que demuestre su alineación directa con el Modelo de Gobernanza Universitaria.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hay algo especialmente interesante: por su alcance, este documento puede utilizarse como punto de partida para evaluar y/o auditar si las decisiones actuales de la UTN en materia tecnológica, administrativa, de gestión están alineadas con el Modelo de Gobernanza Universitaria y sus principales problemas: 1. Fragmentación y «Efecto Feudo Institucional» en cada sede. 2. Ineficiencia en la Gestión de Sedes y Duplicidad de Modelos. 3. Excesiva Regulación y Falta de Flexibilidad Académica. De acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la UTN difiere de otras universidades públicas en la rigidez de su entramado normativo interno. 4. Desalineación con el Mandato Productivo y Social. La gobernanza interna ha fallado en articular adecuadamente la producción académica (como los Trabajos Finales de Graduación) con las necesidades del sector productivo local. 5. Vulnerabilidad Financiera y Presión Externa sobre la Autonomía. La UTN es históricamente la universidad que recibe la menor porción del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) dentro del sistema de CONARE. La constante limitación presupuestaria y la presión política externa (como las negociaciones gubernamentales del FEES y proyectos de Empleo Público) tensionan la gobernanza interna.

El Estado enemigo de la sociedad costarricense

Juan Huaylupo1

Los costarricenses vivimos en la actualidad un gobierno enemigo de nuestra cultura política, atenta contra el interés nacional, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que destruye nuestros derechos constitucionales, la institucionalidad y la política pública gestada social e históricamente. Además, absurdamente desprecia y niega a sus electores y pone en riesgo la seguridad nacional, para conceder ilegítimamente nuestra soberanía al vasallaje y la colonialidad del poder de una potencia extranjera, lo que, en ese caso, podría estimarse que está configurado constitucionalmente como traición a la patria.

El resultado electoral del actual gobierno burló la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata del presidente anterior. Así, la posesión de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, así como la injerencia en la seguridad nacional, ha convertido al expresidente en un presidente de facto. El mismo que se burla, no solo de las personas, lo hace contra las regulaciones jurídicas y constitucionales de la sociedad, a la que odia, y destruye como un mandato individual ajeno a los costarricenses, quizás rutinario cuando fue funcionario, al servicio del poder imperial norteamericano, en el nefasto Banco Mundial.

Es por ello, que los insultos, blasfemias, chantajes que los gobernantes de turno imputan calificando de “chancletudos”, izquierdistas o comunistas a los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y a todos aquellos que protestan, muestran “de cuerpo entero su pésima calaña”, su personalidad, educación e ignorancia. El desigual enfrentamiento desde el poder, sin seriedad ni originalidad, que descalifica con estereotipos y prejuicios, revela su mediocridad y su obscena ignorancia, pero atacar a los universitarios, quienes con el intelecto han generado reconocimientos nacionales e internacionales en la ciencia, en la salud, la tecnología, así como en la literatura, la escultura, las artes y en su quehacer democrático, sin duda, es una obsesión patológica el pretender inútilmente desprestigiar no solo a las universidades públicas, también lo hace contra el pensamiento, los aportes y logros alcanzados por la sociedad costarricense.

El gobierno está liquidando las conquistas democráticas alcanzadas a través de la historia y lo hace con falsos argumentos fiscalistas y manipulados presupuestos, a la vez que, con endeudamiento externo profundiza los desequilibrios macroeconómicos y compromete el futuro social y nacional. El empobrecimiento se hace absoluto, y así, afecta también a los sectores medios que sufren con los usureros préstamos para paliar transitoriamente el deterioro de su calidad de vida.

La grave problemática social, económica y política creada no es de carácter ideológico, no es de principios, es de saqueo inmoral, colonialista y delincuencial de los recursos naturales estratégicos, contra la soberanía y la democracia, como se aprecia en los recurrentes alineamientos políticos, donde se miente con las granjas de bots para crear falsas corrientes de opinión y persuasión en favor de posiciones e intereses que son contrarios de los ciudadanos e incluso contra la identidad nacional. En esta tendencia, no será extraño que anuncien el establecimiento de bases militares para el control político y el dominio militar, que, por sumisión, ya se espía y persigue a ciudadanos (como se denunció a propósito de la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre), quizás como preludio de una represión fascista.

Este gobierno que odia y empobrece a la población nacional con prácticas intencionales que precarizan los servicios públicos básicos a las poblaciones vulnerables e impide la conservación de la calidad de vida de los sectores medios y mayoritarios del país, es incapaz de comprender el honor y dignidad de haber sido designados como gobernantes en un espacio social, pionero de la conformación estatal centroamericana ante la invasión pirata de la colonialidad extranjera, que inauguró las reformas democráticas en nuestra América, sin tener un ejército que distorsionara la política nacional, así como desconoce el honor de haber tenido una educación que nutrió la profesionalización de jóvenes centroamericanos, lo cual mostraba su solidaridad democrática que contrasta con la precariedad política, cognoscitiva y enfermiza prepotencia de un gobierno indigno de nuestra nación.

En la actualidad aumenta la percepción negativa de la ciudadanía ante las crecientes necesidades y demandas sociales insatisfechas, no obstante, se pretende eludir y encubrir su incapacidad agrediendo y afectando la acción institucional, culpando y acusando a sus trabajadores de corruptos y vagos, como un pretexto para obedecer la consigna imperial de destrucción del Estado Social de Derecho, con el apoyo de quienes esperan beneficios de un gobierno, que precisamente está cercenando los derechos en la salud y educación pública, como en los derechos laborales, ambientales …

En el presente es peculiar la similitud discursiva del pragmatismo político de algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, con los cuales se coincide -no casualmente- con las afirmaciones y acciones interesadas de las autoridades del imperio, en la espuria organización, cuya denominación se falsifica como Escudo de las Américas, una coalición político-militar, que semeja una simbiosis parasitaria que beneficia y protege al imperio, cuyas consecuencias son imprevisibles en la disputa por la hegemonía mundial.

Según un reciente comunicado del Departamento de Estado norteamericano, los países integrantes de ese escudo han suscrito y aplaudido que el gobierno boliviano, detenga al fiscal por detener e investigar al amigo del imperio, que el gobierno quisiera emular en su conflicto con el poder judicial. La intromisión nacional en asuntos de competencia boliviana atenta a su soberanía, intervenida y supervisada por otros países, lo cual, sin pronunciamiento oficial costarricense, de la presidenta y del ministro del ramo, ha comprometido nuestras relaciones internacionales y actor de una violación al derecho internacional.

Nuestra democracia fue una creación colectiva, modelada históricamente por la cultura e identidad nacional amparada estatalmente. Sin embargo, es irrespetada por quienes deben velar por su resguardo y defensa. La democracia no es propiedad privada, no es individual, no pertenece a los poseedores de riqueza y poder, como tampoco al Estado, ni a quienes asesinan y hacen guerras en su nombre. La democracia es del pueblo que tiene la capacidad y responsabilidad de respetarla, defenderla y restaurarla en la heterogeneidad de las relaciones sociales costarricenses.

11. Catedrático. Docente e investigador Pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Kakistocracia y universidad pública: cuando la lealtad puede sustituir al mérito

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto:
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Hay palabras que incomodan porque obligan a mirar realidades que preferimos no nombrar. Una de ellas es kakistocracia.

El término proviene del griego kákistos, «el peor», y kratía, «gobierno». Tradicionalmente se utiliza para describir el gobierno de los peores o, en un sentido más amplio, un sistema en el que la incompetencia, la mediocridad, la arbitrariedad o la lealtad personal pueden terminar imponiéndose sobre el mérito, la capacidad y el interés institucional.

Aplicar este concepto a las universidades públicas costarricenses no debería interpretarse como una acusación contra personas determinadas. Debe entenderse como una pregunta incómoda sobre la calidad de nuestras instituciones.

¿Estamos construyendo universidades donde prevalecen el mérito, la capacidad, la experiencia y la independencia de criterio, o estamos permitiendo que otros factores-clientelismo, amiguismo, ascensos futuros, estabilidad laboral, otros- tengan un peso excesivo en la selección de quienes ejercen el poder universitario?

La universidad debería ser el último lugar donde el mérito pierda valor

Una universidad no es simplemente una organización administrativa. Es una institución cuya razón de ser está vinculada con el conocimiento, la investigación, la formación profesional, el pensamiento crítico y el desarrollo de la sociedad. Por eso, cuando el mérito comienza a perder importancia dentro de una universidad, el problema trasciende a las personas que ocupan temporalmente determinados cargos.

Se deteriora la cultura institucional.

La kakistocracia universitaria no necesariamente aparece de manera repentina. Puede comenzar con pequeñas señales:

  • un nombramiento cuyos criterios no son suficientemente claros;

  • un procedimiento cuya transparencia puede ser cuestionada;

  • una decisión que carece de mecanismos eficaces de revisión;

  • una estructura donde la lealtad tiene más valor que la independencia;

  • una cultura institucional en la que cuestionar una decisión resulta más difícil que aceptarla.

Ninguna de estas situaciones, por sí sola, permite afirmar que existe una kakistocracia. Pero sí puede justificar una pregunta:

¿Estamos diseñando nuestras instituciones para que los mejores criterios -experiencia, capacidad demostrada, liderazgo, consciencia institucional, capacidad de negociación, capacidad de resolución de conflictos y otros- prevalezcan?

Rectorías y consejos universitarios: donde la pregunta adquiere mayor importancia

Si queremos analizar el gobierno de las universidades públicas, debemos observar los espacios donde se concentra la mayor responsabilidad institucional. Las rectorías y los consejos universitarios son ejemplos fundamentales. No porque quienes ocupen esos cargos sean necesariamente incompetentes o actúen incorrectamente. Afirmarlo respecto de personas concretas requeriría evidencia objetiva.

El punto es otro, y es mucho más de fondo.

El verdadero problema no es la idoneidad moral de los individuos, sino la complacencia de un diseño institucional que suele confundir la legitimidad democrática con la aptitud técnica y estratégica. Precisamente porque son cargos de enorme responsabilidad, los requisitos y mecanismos para acceder a ellos deberían ser especialmente exigentes, blindados contra la política interna de favores y el clientelismo académico. Sin embargo, estos liderazgos se eligen mediante sistemas de votación que arrastran un sesgo democrático de origen: el derecho al voto se reserva casi exclusivamente para el personal con plaza en propiedad, excluyendo por completo a la población docente interina.

Una Rectoría no es simplemente un puesto administrativo, ni un premio de consolación a la veteranía.

Quien ejerce la Rectoría participa en la conducción estratégica de la universidad, representa a la institución, administra recursos públicos y toma decisiones capaces de producir efectos durante muchos años. No basta con ser un académico destacado para saber gestionar presupuestos multimillonarios o negociar con el entorno político y social.

Los consejos universitarios, por su parte, participan en decisiones fundamentales para la vida académica y administrativa. Sin embargo, con frecuencia se convierten en asambleas corporativistas donde se defienden intereses de sector, de facultad o de gremio, por encima del interés superior de la institución.

Por eso cabe preguntar de forma frontal: ¿Qué tan exigentes son nuestros sistemas para seleccionar a quienes aspiran a gobernar las universidades públicas? ¿Se privilegia realmente la capacidad, la visión estratégica y la ética pública? ¿O el sistema electoral universitario castiga la independencia de criterio y premia al candidato que ofrece discursos cómodos, promesas corporativas y continuismo?

¿Cómo hablar de democracia universitaria cuando se normaliza la precarización de una enorme masa de docentes atrapados bajo la figura de la estabilidad impropia, sosteniendo cotidianamente las aulas, pero privados del derecho a ser electores?

¿Hemos diseñado filtros que evalúen de manera objetiva la trayectoria y la capacidad de administrar recursos, o permitimos que las campañas universitarias se conviertan en concursos de popularidad condicionados por el miedo a perder el nombramiento o por la promesa clientelar de obtener, finalmente, una plaza en propiedad?

Evadir el debate sobre la profesionalización del gobierno universitario y la exclusión democrática de sus propios trabajadores bajo la excusa de defender la autonomía es una contradicción. La autonomía se defiende con excelencia, inclusión y rendición de cuentas, no con opacidad, precarización laboral o endogamia institucional.

Estas preguntas no debilitan la universidad. La fortalecen, porque la obligan a mirarse en el espejo de sus propias inconsistencias antes de que factores externos utilicen esas debilidades para desmantelarla.

El problema de la selección negativa

Uno de los riesgos más serios que puede enfrentar cualquier organización es la selección negativa.

En una institución saludable, las personas más preparadas deberían tener posibilidades reales de asumir responsabilidades. Pero una organización puede desarrollar, consciente o inconscientemente, una dinámica diferente: aquella en la que prosperan más fácilmente quienes se adaptan al sistema que quienes lo cuestionan.

  • El profesional independiente pregunta.

  • El académico crítico cuestiona.

  • El especialista advierte riesgos.

  • El funcionario responsable señala posibles errores.

Todos ellos pueden resultar incómodos. Pero precisamente por eso son indispensables.

Una universidad que pierde la capacidad de escuchar a sus voces críticas comienza a perder una parte esencial de su naturaleza.

Porque una universidad debe enseñar pensamiento crítico, no solamente transmitir conocimientos. Y sería contradictorio enseñar a los estudiantes a cuestionar mientras dentro de la propia institución se desalienta el cuestionamiento.

Lealtad personal no es compromiso institucional

Existe una diferencia fundamental entre lealtad personal y compromiso institucional. El compromiso institucional consiste en defender la universidad, sus principios, sus estudiantes, sus funcionarios y el interés público. La lealtad personal consiste en respaldar a determinadas personas. Cuando ambos conceptos se confunden, aparece un riesgo.

Una universidad pública no debería necesitar personas leales a individuos. Debería necesitar personas leales a la institución, a la legalidad, al conocimiento y al interés público. La verdadera lealtad universitaria no debería preguntarse:

«¿A quién debo apoyar?» Sino: «¿Qué es lo mejor para la institución?»

La autoridad también debe poder ser cuestionada

Una universidad necesita autoridad. Pero ninguna autoridad debería considerarse infalible. La verdadera fortaleza institucional aparece cuando alguien puede decir:

«Esta decisión puede estar equivocada».

Y cuando la institución puede responder: «Vamos a revisarla». Eso es institucionalidad. Una universidad saludable no teme la discrepancia. La utiliza para mejorar.

El problema comienza cuando la crítica se interpreta automáticamente como deslealtad, enemistad o ataque. La discrepancia profesional no debería ser castigada. Debería ser escuchada.

La universidad pública pertenece a la sociedad

Las universidades públicas son patrimonio de Costa Rica. Sus recursos, infraestructura, legitimidad y misión tienen una dimensión pública. Por eso, defender la universidad pública no significa defender automáticamente a quienes la administran.

A veces, defenderla significa precisamente exigirle más.

  • Más transparencia.

  • Más mérito.

  • Más eficiencia.

  • Más rendición de cuentas.

  • Más responsabilidad.

  • Más respeto por la legalidad.

  • Más apertura al debate.

La universidad pública no debería ser patrimonio de grupos, personas o administraciones. Debe estar al servicio de la sociedad.

La solución no es cambiar nombres: es mejorar las reglas

Si una institución presenta problemas de gobierno, la solución no debería consistir únicamente en sustituir personas. Porque mañana pueden llegar otras y reproducir exactamente las mismas dinámicas. La verdadera solución está en fortalecer las instituciones.

Necesitamos:

  • procesos transparentes para acceder a cargos de responsabilidad;

  • criterios objetivos de selección;

  • evaluación del desempeño;

  • rendición de cuentas;

  • transparencia en los nombramientos;

  • independencia de criterio;

  • respeto a la libertad académica;

  • mecanismos eficaces de revisión;

  • órganos de control efectivos;

  • protección para quienes planteen cuestionamientos de buena fe;

  • y una verdadera cultura institucional del mérito.

La excelencia no puede depender de quién ocupa un despacho. Debe estar incorporada al sistema.

La pregunta que deberíamos hacernos

La pregunta fundamental para nuestras universidades públicas no debería ser únicamente:

¿Quién manda? Deberíamos preguntar: ¿Cómo llegó a ese cargo? ¿Con qué criterios fue seleccionado? ¿Cómo se evalúa su desempeño?

Y, sobre todo: ¿Qué sucede cuando alguien demuestra que una decisión puede estar equivocada?

Si la institución escucha, analiza, investiga y corrige, existe salud institucional. Si la respuesta sistemática fuera silenciar, marginar o desestimular la discrepancia, tendríamos un problema que merecería ser examinado. No necesariamente porque exista corrupción. No necesariamente porque exista mala fe.

Sino porque una institución que pierde la capacidad de reconocer sus errores y corregirlos comienza a debilitarse.

Kakistocracia: una advertencia, no una sentencia

Debemos ser cuidadosos con esta palabra. No corresponde utilizar «kakistocracia» como una etiqueta para descalificar personas o instituciones sin evidencia. Su verdadero valor está en utilizarla como una herramienta de análisis y una alerta democrática.

Nos obliga a preguntarnos si nuestros sistemas están seleccionando y promoviendo a quienes poseen las mejores capacidades, preparación, independencia de criterio y compromiso con el interés público.

Porque una democracia no solamente necesita buenos gobernantes. Necesita buenas instituciones. Y una universidad pública no solamente necesita excelentes profesores. Necesita excelentes sistemas para seleccionar, administrar, evaluar, corregir y rendir cuentas.

El verdadero examen

La verdadera prueba de una universidad no está en que nunca se equivoque. Eso sería imposible. La verdadera prueba está en qué hace cuando se equivoca.

¿Escucha? ¿Investiga? ¿Corrige? ¿Acepta la crítica? ¿Protege al que plantea una preocupación legítima? ¿Reconoce que ninguna autoridad es infalible?

Una universidad que responde afirmativamente a estas preguntas demuestra fortaleza. Porque el verdadero peligro no es que alguna vez se tome una mala decisión.

El verdadero peligro comienza cuando una institución pierde la capacidad de reconocerla, cuestionarla y corregirla.

Es ahí donde la palabra kakistocracia deja de ser solamente un concepto político. Se convierte en una advertencia sobre la calidad del gobierno de nuestras instituciones. Y quizá la pregunta más importante que Costa Rica debería hacerse respecto de sus universidades públicas sea esta:

¿Estamos formando profesionales para transformar el país mientras construimos, dentro de nuestras propias universidades, instituciones capaces de transformarse a sí mismas? Entendiendo como autotransformarse mediante un proceso continuo de sana crítica, concertación, diálogo, espacios abiertos, evaluaciones y escucha, entre otros.

Si la respuesta es sí, el futuro es prometedor.

Si la respuesta es no, la discusión apenas comienza.

Defender el Semanario Universidad es defender el derecho a informar, disentir y fiscalizar al poder

Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad, ante los recientes ataques y cuestionamientos dirigidos contra este medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica.

No se trata solamente de defender a un periódico universitario. Se trata de defender el derecho de una sociedad democrática a contar con medios capaces de investigar, cuestionar y fiscalizar al poder, incluso cuando aquello que publican resulta incómodo para quienes gobiernan, para grupos empresariales, para instituciones y para cualquier otro sector con capacidad de influencia.

El reciente ataque contra el Semanario Universidad, presentado bajo argumentos de eficiencia presupuestaria y cuestionamientos a su línea editorial, no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una campaña de desprestigio que, desde sectores conservadores y fascistas, ha acompañado históricamente a este medio y a la propia Universidad de Costa Rica cada vez que sus espacios de pensamiento, investigación y comunicación han cuestionado intereses establecidos.

La historia del Semanario Universidad está precisamente vinculada con la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión. Su existencia responde a una tradición universitaria que entiende que la Universidad Pública no está llamada a repetir el discurso de quienes ejercen el poder, sino a producir conocimiento, abrir espacios de discusión y contribuir a que la sociedad pueda conocer y debatir aquello que otros preferirían mantener fuera de la discusión pública.

Por eso resulta particularmente grave que se pretenda deslegitimar al Semanario mediante el señalamiento de los recursos destinados a sus salarios. La discusión sobre los recursos públicos puede y debe darse. Las instituciones públicas deben rendir cuentas y mejorar permanentemente su funcionamiento. Pero una cosa es discutir legítimamente el uso de los recursos y otra muy distinta es utilizar el costo de una planilla como mecanismo para descalificar el contenido de un medio, cuestionar su existencia o sugerir que sus periodistas deberían abandonar la universidad pública porque sus posiciones críticas resultan incómodas.

El Semanario Universidad ha sido durante décadas un espacio para la expresión de múltiples voces de la sociedad costarricense. Ha dado cabida a sectores sociales, comunidades, organizaciones, personas investigadoras, trabajadores, movimientos sociales y personas defensoras de derechos que muchas veces encuentran dificultades para acceder a otros espacios de comunicación.

También ha demostrado que su función crítica no significa responder a un partido político, a un grupo empresarial ni siquiera a las propias autoridades universitarias. Su valor reside, precisamente, en conservar la capacidad de cuestionar a distintos poderes, incluida la propia Universidad de Costa Rica.

Esa independencia es un valor democrático, no un defecto.

Nuestra solidaridad tampoco se limita al Semanario Universidad. Nos preocupa el ambiente cada vez más hostil que enfrentan periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, personas creadoras de contenido, influencers, activistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y ambientales que ejercen públicamente su derecho a cuestionar las decisiones del poder.

Estamos observando un fenómeno que merece atención: quienes tienen capacidad de comunicar, investigar, denunciar o construir una narrativa diferente a la oficial están siendo objeto de descalificaciones, señalamientos y campañas de desprestigio. La crítica es presentada como enemistad. La denuncia es presentada como conspiración. La investigación periodística es presentada como ataque político. La discrepancia es convertida en sospecha.

Esto constituye un riesgo para la democracia. Una sociedad democrática no puede reducirse a votar cada cuatro años. También necesita instituciones independientes, prensa crítica, organizaciones sociales, universidades públicas, personas activistas y ciudadanía capaz de expresar desacuerdos sin temor a ser perseguidas o estigmatizadas.

Nos preocupa, además, el debilitamiento progresivo de distintos espacios institucionales y sociales que históricamente han funcionado como contrapesos del poder.

La presión sobre las instituciones públicas, el debilitamiento presupuestario de servicios esenciales, los cuestionamientos constantes a derechos adquiridos, las amenazas sobre la seguridad social, los ataques contra quienes fiscalizan al poder y la utilización creciente de la confrontación política como mecanismo para disciplinar la disidencia configuran un escenario que no podemos normalizar.

No afirmamos que todas estas situaciones sean idénticas ni que respondan necesariamente a una única causa. Pero sí consideramos necesario observar el patrón que se produce cuando distintos poderes y voces sociales comienzan a ser desacreditados por el simple hecho de cuestionar al gobierno o a grupos con poder.

Cada episodio puede parecer aislado. El problema aparece cuando se acumulan. Y cuando la crítica comienza a ser presentada sistemáticamente como una amenaza, la sociedad debe preguntarse qué está ocurriendo con su democracia.

La sociedad y la democracia necesita voces incómodas. El Semanario Universidad representa también una de las funciones esenciales de la Universidad de Costa Rica: poner el conocimiento al servicio de la sociedad.

La Universidad Pública no puede ser solamente un lugar donde se forman profesionales. Es también un espacio de pensamiento crítico, investigación, acción social, debate y comunicación pública.

Una universidad que solamente habla cuando sus autoridades están de acuerdo con lo que se dice deja de cumplir una parte fundamental de su función social.

El Semanario Universidad ha incomodado por igual a todos los gobiernos y autoridades universitarias, porque fiscalizar su accionar no es algo a lo que una empresa, una junta directiva o una autoridad quiera estar sometida. Mucho menos cuando ese escrutinio social y mediático proviene de un medio de servicio público, con independencia editorial y una mirada crítica sobre el ejercicio del poder.

Por eso defendemos el derecho del Semanario Universidad a equivocarse, a ser cuestionado, a mejorar y a recibir críticas.

Defender al Semanario no significa considerar infalible todo lo que publica. Significa defender su derecho a publicar, investigar y ejercer el periodismo sin que su existencia sea amenazada por el contenido de sus informaciones.

La crítica al periodismo se responde con más periodismo. La crítica a una investigación se responde con argumentos y evidencia. El desacuerdo editorial se responde con debate. No con campañas de intimidación o desprestigio.

Las organizaciones y personas abajo firmantes consideramos que guardar silencio frente a estos acontecimientos solamente contribuye a normalizar un clima en el que cada vez resulta más difícil disentir.

Por eso expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad y con todas las personas comunicadoras, periodistas, creadoras de contenido, activistas y defensoras de derechos humanos y ambientales que han enfrentado situaciones similares.

Reconocemos el trabajo realizado durante décadas por el Semanario y, particularmente, el esfuerzo cotidiano de sus periodistas y trabajadores por investigar, preguntar, contrastar fuentes y mantener abierta una ventana para las voces que no siempre encuentran espacio en otros medios.

Sabemos que todo medio de comunicación puede mejorar. También sabemos que ningún medio está por encima de la crítica. Pero precisamente por eso defendemos su existencia: porque una democracia necesita espacios donde distintas posiciones puedan expresarse, confrontarse y ser fiscalizadas públicamente.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, universidades, sindicatos, comunidades, periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general a no permanecer indiferentes ante cualquier intento de reducir los espacios para la crítica y la disidencia.

Defender la prensa crítica es defender el derecho de la sociedad a saber.

Defender a quienes disienten es defender la democracia.

Y hoy, frente a cualquier intento de silenciar, disciplinar o intimidar las voces críticas, consideramos necesario decirlo con claridad: No nos vamos a quedar callados.

Formulario en línea: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7sQRKzo-Awv_WDlQb6_lft5VY0wDlyRtU7YCRinnSsv7Kgg/viewform?usp=dialog

La lista de personas que firman en representación o con afiliación a organizaciones, instituciones o a título personal se puede ver en el mismo formulario o bien en el PDF que compartimos mediante el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/Defender-el-Semanario-Universidad-es-defender-el-derecho-a-informar-disentir-y-fiscalizar-al-poder.pdf

Foro en vivo sobre las universidades y los procesos de recuperación y reafirmación de las comunidades indígenas

El jueves 1 de octubre, a las 6:00 p. m., se realizará el foro en vivo «Las universidades y los procesos de recuperación y reafirmación de las comunidades indígenas», que se transmitirá por Facebook Live de SURCOS Digital.

Participarán:

  • José Antonio Mora, docente de la Sede de Occidente, de la Escuela de Geografía y del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR)

  • Kemly Dayana Ulate, licenciada en Trabajo Social

  • Abigail Lacayo, licenciada en Trabajo Social

  • María Fernanda Hernández, licenciada en Trabajo Social

  • César Moya, investigador del CICDE de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)

La actividad es organizada por la Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, el Programa Kioscos Socioambientales y SURCOS Digital.

La educación pública no puede seguir siendo la variable de ajuste del país

Comunicado

Las organizaciones impulsoras del Pacto Nacional por la Educación Pública, respaldamos la movilización nacional por la educación pública convocada por las federaciones estudiantiles de las Universidades Públicas.

La agenda por el fortalecimiento de la educación pública desde distintos sectores sociales, académicos, estudiantiles, laborales y productivos hemos venido construyendo, ante una realidad que exige respuestas profundas, porque Costa Rica atraviesa una crisis educativa estructural y la educación pública no puede continuar utilizándose como variable de ajuste fiscal cada año.

El Décimo Informe Estado de la Educación 2025 nos alertó que durante el 2022-2024 la crisis educativa solo se agravó más; la mayor caída de la inversión educativa de los últimos 40 años, lo que expresa consecuencias en las condiciones materiales de la educación como en los aprendizajes. Por ejemplo; el curso lectivo 2026 inició con 872 órdenes sanitarias activas en centros educativos y, según las evaluaciones de 2024, apenas el 23% del estudiantado de sétimo año alcanzó los aprendizajes evaluados en lectura crítica; en décimo y undécimo año el resultado fue de 24%.

En la negociación de la Comisión de Enlace 2026 para el presupuesto 2027, la propuesta del Poder Ejecutivo es de 0% de incremento al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), lo anterior es una medida adicional del debilitamiento de la inversión educativa en Costa Rica, generando una contracción acumulada de los recursos públicos destinados a las universidades públicas durante los últimos cinco años.

En este contexto, necesitamos avanzar hacia el cumplimiento del 8% del PIB establecido constitucionalmente, mediante una ruta sostenida y verificable, que permita recuperar inversión, fortalecer los programas de equidad, atender la infraestructura educativa y garantizar el financiamiento sostenible de la educación superior pública, ha sido una demanda central del Pacto desde su origen en el 2022.

Por ello, solicitamos a las fracciones legislativas que la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional no profundicen la pérdida de inversión educativa y que se adopten medidas concretas para recuperar progresivamente su financiamiento constitucional y evitar nuevos retrocesos.

Instamos a las fuerzas políticas honrar los compromisos asumidos con la educación pública constatadas en la Declaratoria del I Congreso Nacional por la Educación Pública 2025-2026, construida mediante encuentros regionales en todo el país, con la participación de más de 150 organizaciones sociales, productivas y académicas, estableciendo declarar la educación prioridad nacional, avanzar hacia el cumplimiento del 8% y construir un gran acuerdo nacional por la educación pública, a su vez solicitamos se facilite una mesa de trabajo y diálogo entre CONARE y la Comisión de Asuntos Hacendarios para lo correspondiente al presupuesto de educación superior.

Costa Rica necesita pasar de administrar la crisis a reconstruir su educación pública desde la inversión para las oportunidades, la movilidad social, la productividad, la democracia y la paz.

Educación hoy, paz mañana.
Pacto Nacional por la Educación Pública