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Etiqueta: universidades públicas

La discusión que Costa Rica no ha querido tener: ¿Con o sin Estado Social?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Maximiliano López López1

Está claro que un Estado debe ser eficiente económicamente y eso conlleva una política fiscal robusta, tanto en recaudación como en control del gasto. Pero si esa eficiencia se convierte en el único timón que guía las políticas públicas, las discusiones se concentran en cuánto darles a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades, el Poder Judicial, los CEN CINAI, entre otras. La discusión no aborda, sin embargo, la razón de ser de esas instituciones, por ejemplo, ¿cuál es el problema público que atienden? ¿si ya ese problema está resuelto? ¿qué herramientas necesitan para hacer su trabajo de manera más eficaz? ¿qué ocurriría si desaparece esa institución? ¿qué derechos se verían afectados? Si preguntas como estas no forman parte del debate público, estamos entonces ante una política centrada en discusiones presupuestarias.

Contrario a esa situación, la política social que Costa Rica impulsó entre 1940 y al menos la década de 1980, apostó por el universalismo. El Estado Social en el que crecieron quienes hoy superan los 50 o 60 años, y que le ha permitido a los más jóvenes disponer de servicios públicos como electricidad, agua potable y acceso a la salud y la educación, no fue una decisión al azar. Desde la década de 1940, las primeras instituciones autónomas creadas por las fuerzas políticas del momento apuntaron a construir la nación que aún hoy, con todo y sus problemas, tenemos los costarricenses. Y aunque esa decisión no logró eliminar las desigualdades, la evidencia muestra que sí las contuvo y permitió, vía movilidad social, disminuirlas sustancialmente.

Ese Estado Social representa el acuerdo de fuerzas políticas que decidieron mediante un “pacto social” que el Estado asumiera el deber y obligación de financiar las instituciones creadas para reducir desigualdades. Ese acuerdo permitió, por ejemplo, que el acceso a la salud y a la educación se garantizaran como un derecho para todos. Quienes integraban esas fuerzas sabían que Costa Rica ocupaba asegurarles a los trabajadores condiciones laborales justas, también reconocían la importancia de llevar agua potable y electricidad a los diversos rincones del país y asegurar el acceso al crédito oportuno, entre otras cosas. Ofrecer esas condiciones era un paso necesario para reducir las desigualdades que se venían consolidando en producto de la herencia colonial y del diferenciado desarrollo económico entre el valle Central y las zonas periféricas. Y sobre esos cimientos el Estado asumió otros compromisos, como, por ejemplo, contribuir al logro de una vivienda digna, crear rutas de acceso para diversos puntos del territorio y asegurar el desarrollo de las comunicaciones. Y como puede apreciarse, fueron tareas que no las habría resuelto el mercado ni la beneficiencia, ni las resolvería hoy la denominada responsabilidad social empresarial.

El desarrollo de esas acciones del Estado Social consolidó la característica más notoria de nuestra sociedad: la calidad democrática. Esos avances vinieron a reducir las desigualdades y ampliaron la ciudadanía y el sufragio ayudando a la estabilidad política. La inclusión de territorios periféricos a los beneficios sociales también ayudó a mejorar la integración territorial y con ello también se atendió anticipadamente diversos conflictos. Y no se está idealizando y menos insinuando que no hubo problemas. Persistieron importantes desigualdades territoriales, algunos pueblos no recibieron la misma atención, la pobreza como problema social no fue resuelto, la concentración de tierra y de bienes continuó, los pueblos indígenas quedaron excluidos en gran medida y la economía de exportación demostró sus debilidades ante escenarios de crisis, por mencionar algunos.

Lo rescatable, y hasta cierto punto irónico, es que ese Estado Social fue posible pese a un proceso de recaudación fiscal imperfecto y regresivo y a una economía exportadora altamente dependiente del mercado, aunque, eso sí, con una población aún reducida. Ese modelo entró en dificultades en la década de 1980 producto, entre otras cosas, de la crisis internacional que condujo a reformas estructurales y a la reducción del Estado. La crisis fiscal, la inflación, el endeudamiento y la baja productividad alimentaron una tensión que condujo a la adopción de nuevas medidas en un contexto de cambios demográficos significativos, pero también de orientaciones externas que exigían a Costa Rica mejorar su competitividad. Así, en paralelo con los denominados PAE´s Costa Rica empezó, progresivamente, a abandonar esa preocupación por el bienestar general de la población como una tarea del Estado y se empezó a transitar hacia un país de venta de servicios y de enclave para industrias de capital internacional, alegando criterios (válidos) como la generación de empleo.

Como puede colegirse entonces, se pasó de aquel modelo solidario (imperfecto), basado en derechos de todos los ciudadanos (universal), preocupado por la igualdad, la equidad y el bien común, a uno preocupado por la eficiencia, la competitividad, la focalización del gasto o inversión y la sostenibilidad fiscal. Y no es que el cambio hacia esos criterios estuviese mal, por el contrario, ellos pudieron haber cubierto las necesidades del modelo social, pero no lo hicieron ¿decisión política? El punto es que, tras la búsqueda legítima (y necesaria) de la eficiencia económica, en los últimos años hemos presenciado un abandono paulatino de las grandes políticas de Estado (no de gobiernos), como infraestructura, salud, seguridad ciudadana y educación. Ese abandono progresivo del Estado Social que arrancó entre 1980 y 1990 de la mano del PLN y del PUSC se incrementó en los dos gobiernos del PAC, en el Gobierno de Progreso Social Democrático y actualmente del Partido Pueblo Soberano. Particularmente en el último quinquenio se han intensificado los cuestionamientos respecto a preguntas como ¿Qué programas sociales deben financiarse por parte del Estado?, ¿Qué papel deben tener las universidades públicas?, ¿Cómo debe funcionar la política social? Etc.

Entretanto, las demandas ciudadanas se desarrollan en un escenario dual. De un lado conviven las luchas (de algunos) para que se fortalezcan las políticas públicas que aseguren la continuidad del Estado Social que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, y de otro se redoblan esfuerzos (también de algunos) por que se atienda los derechos que derivan de los nuevos desafíos del siglo XXI. Hoy se enfrentan problemas derivados de un empleo precario, del envejecimiento de la población, la salud mental, el acceso digital, los efectos del cambio climático y de las dinámicas impulsadas por el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como la corrupción. Esta dualidad plantea, como trasfondo, un reto adicional: ¿Cómo impulsar el Estado Social en una sociedad compleja como la actual?, ¿cómo hacerlo en una sociedad que valora cada vez menos los esfuerzos del pasado por ofrecerle a los ciudadanos el acceso universal a bienes públicos o que incluso cuestionan a quienes encabezan estos desafíos? y ¿cómo lograrlo si la política asume la focalización de la inversión social en lugar del universalismo?

Por ello, hablar de ese reto tiene sentido si nos atrevemos a responder la siguiente pregunta: ¿Queremos, o no, un Estado Social que ayude a ofrecer bienes públicos a todos los costarricenses? Si la respuesta es no, entonces el camino seguramente será el dar luz verde al modelo de Estado mínimo de corte neoliberal y aceptar lo que venga, donde lo único más o menos claro son las privatizaciones. Pero si la respuesta fuese un sí, entonces es importante tener claro que la discusión actual no atañe solo a un tema de finanzas públicas o de corrupción, sino que se trata de la redefinición del pacto social que ha dado sustento a nuestra democracia y al modo de vida por el que el mundo nos reconoce. Implica tener claro que el Estado Social, más que un proveedor de bienes públicos ha sido un constructor de confianza, criterio que incluso se usa internacionalmente para promover la inversión extranjera directa. La corrupción que ha infectado parte de esta institucionalidad hay que combatirla sin duda, pero con imaginación y no destruyendo las bases del sistema social.

Refundar este pacto social implica tener claro que las instituciones, que indudablemente requieren mejoras, son más que simples espacios de gasto. Simbólicamente la CCSS, por ejemplo, no es solo atención médica, representa el mayor símbolo de solidaridad con el que cuenta el país. El acceso a educación pública no es solo un tema de superación, es la materialización de las oportunidades para todos sin distingo de etnia, región o condición socioeconómica. Las universidades no solo gradúan mano de obra, son espacios de movilidad social y de construcción de pensamiento crítico. El ICE, con todo y sus problemas, no solo ha llevado electricidad y telecomunicaciones a todos los rincones del país, sino que representa la capacidad del Estado para impulsar desarrollo. El AyA no solo lleva agua potable a los hogares del país, sino que es un punto medular en la salud preventiva. Por lo tanto, no se trata de cuánto debe gastar el Estado, sino qué derechos y formas de solidaridad está dispuesto a preservar, mejorar o abandonar la sociedad costarricense para seguir encarando el siglo XXI.

En síntesis, la discusión pendiente de la que hablamos no se enfoca en cuánto debe gastar el Estado para atender u ofrecer bienes públicos a la sociedad. Lo que está de fondo es la necesidad de decidir, conscientemente y sin ataduras políticas, qué clase de sociedad queremos ser. Cuando una familia usa sobrecitos plásticos o de papel para dividir sus ingresos y atender responsablemente sus compromisos, no está haciendo otra cosa más que determinar prioridades sobre lo que considera urgente, necesario o prescindible. Del mismo modo, detrás de cada presupuesto institucional hay un objetivo ligado al desarrollo pleno de la ciudadanía y a un criterio de solidaridad. La cuestión es entonces si apostamos por fortalecer las bases democráticas del Estado Social o si prescindimos de él. Ojalá la reflexión sobre esto nos haga conscientes de lo que asumimos como sociedad. Por delante queda un largo camino y una difícil tarea y por ello es bueno recordar que un presupuesto conlleva implícita una declaración moral sobre aquello que la sociedad considera importante de proteger.

1 Profesor e investigador, Escuela de Historia de la Universidad Nacional.

Defender la democracia y el Poder Judicial. El pueblo participa, habla y decide

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo[1]

Ha sido admirable la masiva la manifestación en defensa de la democracia y el poder judicial, derechos e institucionalidad que han sido conquistados socialmente y hoy defendidos, ante la aberrante posición del poder ejecutivo del actual gobierno, que en otro afán de subordinarlo y condicionar la actuación pública del poder judicial, lo acusa de efectuar un “golpe de Estado”, por el hecho de plantear que el poder legislativo cumpla con sus obligaciones constitucionales que afectan derechos ciudadanos y las labores del poder judicial del Estado.

La autonomía de los poderes del Estado de ningún modo implica que cada poder sea absolutamente autónomo, libre de efectuar lo que se le antoje e incluso que incumpla sus obligaciones públicas y constitucionales. La autonomía del poder ejecutivo, legislativo y judicial, son poderes relativos, ningún poder es absoluto ni independiente de los otros poderes del Estado ni de la situación y condición nacional. Los poderes del Estado tienen responsabilidades con la sociedad a la que debe servir y velar por su bienestar y progreso.

La pretensión de debilitar o afectar el desenvolvimiento de algún poder estatal, no solo incumple sus facultades y obligaciones constitucionales, también son atentados contra el pueblo, porque es un poder creado y dependiente de la sociedad para cumplir funciones públicas, no privadas ni ser autónomo del escrutinio y valoración pública ni subordinada a otros poderes, en democracia ningún poder público puede eximirse de sus obligaciones con los otros poderes del Estado ni de la sociedad. Ningún poder formal, ética ni jurídicamente puede autonomizarse de sus responsabilidades públicas, de los derechos ciudadanos ni de la institucionalidad pública.

En ese sentido, los magistrados del poder judicial cumplen con su obligación con lo mandatado por la Constitución de la República. ¿Los poderes autónomos del Estado pueden ser observados, criticados o incluso demandados?, por supuesto, el poder Judicial, la Contraloría, como desde la facultad del soberano, del pueblo, de la ciudadanía, que democráticamente puede cuestionar y censurar a poderes que transgreden los derechos ciudadanos y la institucionalidad pública. La gran manifestación es una protesta contra todo intento de subordinar el poder judicial y de privatizar las instituciones del quehacer público. Las manifestaciones en defensa del poder Judicial y de la Carta Magna son expresiones democráticas contra los intentos dictatoriales del actual gobierno.

El poder ejecutivo cree tener la facultad absoluta del Estado, porque imagina que el proceso electoral lo ha garantizado, o porque tiene mayoría parlamentaria y cree poder controlar el rumbo, desempeño y decisiones de la Asamblea Legislativa, convirtiéndola en un medio que atenta contra la democracia y la autonomía legislativa, controlando y corrompiendo a legisladores para que actúen por consignas del partido político del gobierno, falsificando ilegítimamente la representatividad social de los diputados. Ese poder estatal no es democrático, es dictatorial. La ambición absolutista del ejecutivo expresa la ignorancia de un poder torpe y ciego, que desconoce nuestra realidad al transgredir derechos y la institucionalidad conquistada históricamente.

La omnipotencia gubernamental del ejecutivo, no es un relato difamatorio, es real y concreto ante el irrespeto a la Constitución de la República al desfinanciar a las Universidades públicas, de incumplir con sus responsabilidades financieras con la Caja Costarricense del Seguro Social, de impedir la devolución del ROP a los pensionados, de imponer nuevos impuestos que afecta dramáticamente a los sectores populares, etc., son atentados contra el fundamento constitutivo del Estado moderno costarricense. Las políticas públicas no son atributos del Estado, son construcciones sociales demandadas y conquistadas por el pueblo que los gobiernos tienen la obligación de satisfacer, el que las incumpla, las distorsione o las manipule, son expresiones dictatoriales contra lo público y la sociedad costarricense.

La pretensión gubernamental de capturar, controlar y subordinar al poder judicial para monopolizar, concentrar y centralizar el poder estatal es un absurdo camino que pretende conducirnos hacia la construcción de un ente estatal atrasado, a una regresión social temporal y espacial, lo que la sabiduría popular califica como un rio revuelto para la ganancia de dictadores, traidores, delincuentes e ignorantes.

El gobierno se encamina hacia la construcción de un ente atrasado, oligárquico y servil a intereses ajenos del pueblo y la nación, por ello la actuación del poder judicial de morigerar los desaciertos funcionales del poder legislativo, es una decisión acertada que actúa como una resistencia contra las ambiciones de poder absoluto, que tiene visos imperiales como ya ocurre en otras naciones latinoamericanas.

[1] Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Más allá de los indicadores: el verdadero valor de la educación superior pública

Escrito en . Publicado en Educación.

Erika Henchoz Castro, periodista

En momentos en que el debate sobre la educación superior pública suele reducirse a cifras presupuestarias, indicadores de gestión o resultados de corto plazo, conviene recordar una realidad fundamental: el mayor valor de las universidades públicas no puede medirse únicamente en números. Su verdadera contribución reside en el conocimiento que generan, las oportunidades que crean y el desarrollo que impulsan para todo el país.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación superior pública no es únicamente generar más conocimiento, formar mejores profesionales o ampliar su impacto social. El verdadero desafío consiste en lograr que ese aporte sea comprendido y valorado en toda su dimensión.

Con frecuencia, el diálogo con algunos sectores del Gobierno se concentra en acciones particulares, indicadores aislados o resultados inmediatos. Esa perspectiva, aunque necesaria para la rendición de cuentas, resulta insuficiente para apreciar la verdadera magnitud de la labor que realizan nuestras instituciones de educación superior.

Cada día, las universidades públicas forman profesionales que sostienen los servicios esenciales del país; generan investigación para responder a los problemas nacionales; impulsan la innovación; acompañan a las comunidades; fortalecen la cultura; protegen el patrimonio; promueven la sostenibilidad ambiental y contribuyen a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Estos aportes no son hechos aislados, sino la expresión de una misión permanente al servicio de la sociedad. Así fueron concebidas y así han contribuido al desarrollo nacional durante décadas.

Sin embargo, cuando el análisis se limita a algunos casos específicos o a una visión predominantemente financiera, se invisibiliza una enorme cantidad de acciones que generan bienestar, desarrollo y oportunidades para toda la población. El valor de la educación superior pública no puede medirse exclusivamente por el costo de su financiamiento, sino por el extraordinario retorno social que produce para el país.

Conviene recordar que gran parte de ese conocimiento, esos servicios y esas soluciones llegan a la sociedad gracias al compromiso institucional de las universidades públicas. Son contribuciones que se brindan con vocación de servicio, muchas veces sin una retribución equivalente a su verdadero valor económico y social.

Por ello, el llamado en los próximos meses es a construir un diálogo sustentado en una visión de Estado, capaz de reconocer que invertir en educación superior pública no constituye un gasto, sino una de las decisiones más inteligentes para asegurar el desarrollo sostenible, la competitividad, la equidad y el bienestar de las futuras generaciones.

Las universidades públicas no piden reconocimiento por complacencia. Lo que solicitan es que su labor sea evaluada en toda su dimensión, por la amplitud de su impacto y por su capacidad para transformar vidas, fortalecer las instituciones y generar oportunidades para todas las regiones del país. Porque cuando una nación comprende el verdadero valor de sus universidades, no solo fortalece su sistema educativo; fortalece también su democracia, su desarrollo y su futuro.

La hora de la República

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández

Manifiesto de adhesión al Bloque Patriótico Costarricense

“Hay momentos en la historia de los pueblos en que permanecer indiferente equivale a renunciar al deber ciudadano. Este es uno de esos momentos.”

No escribo estas palabras movido por el resentimiento, ni por ambiciones personales, ni por intereses partidarios. Las escribo porque amo profundamente a Costa Rica y porque estoy convencido de que nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos desde la fundación de la Segunda República.

Mi adhesión al Bloque Patriótico Costarricense nace de una convicción ética antes que política. No responde a una identidad ideológica exclusiva, sino al deber de defender la República cuando sus principios fundamentales muestran señales de deterioro. Hay circunstancias excepcionales en las que las diferencias partidarias deben ceder espacio a una causa superior: la preservación de la democracia, del Estado Social de Derecho y de la convivencia civilizada.

Costa Rica no es una casualidad histórica. Es el resultado del esfuerzo de generaciones que comprendieron que la libertad debía estar acompañada por la justicia; que el desarrollo económico debía caminar junto a la solidaridad; y que el poder político debía estar limitado por la Constitución, las leyes y el respeto a la dignidad humana.

Nuestra identidad nacional se forjó en la Campaña Nacional de 1856, cuando el pueblo defendió la soberanía; se fortaleció con las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, que reconocieron la dignidad de las personas trabajadoras; se consolidó con la Constitución Política de 1949, que fortaleció el Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos; y alcanzó un reconocimiento mundial cuando Costa Rica abolió el ejército para invertir en educación, salud y desarrollo humano.

Ese legado no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece al pueblo costarricense.

Por eso duele observar cómo se debilita el respeto por valores que durante décadas dieron prestigio a nuestra nación.

Me preocupa la normalización de la mentira como herramienta de confrontación política; el descrédito permanente de quienes piensan distinto; la sustitución del debate por el insulto; la descalificación de periodistas, universidades, organizaciones sociales, sindicatos, sectores productivos y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.

Me preocupa el debilitamiento del respeto entre los Poderes de la República y cualquier conducta que pueda erosionar la independencia judicial, la autonomía de las instituciones y el equilibrio constitucional que protege nuestras libertades.

Me preocupa la violencia verbal y política contra las mujeres, incompatible con una sociedad que proclama la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

Me preocupa el deterioro del lenguaje público, porque las palabras crean cultura, y una democracia no puede sostenerse cuando el odio desplaza al diálogo y la descalificación sustituye al argumento.

También me preocupa cualquier proceso que conduzca al debilitamiento de instituciones que constituyen patrimonio de toda la ciudadanía: la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Popular, las universidades públicas, el sistema educativo, las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones y todas aquellas entidades creadas para garantizar derechos, igualdad de oportunidades y cohesión social.

Estas instituciones pueden y deben mejorar. Deben ser transparentes, eficientes y responsables. Pero reformarlas no significa desprestigiarlas ni poner en riesgo la misión histórica para la que fueron creadas.

Como ciudadano comprometido con la ética pública, considero indispensable que toda denuncia sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político, posibles vínculos del crimen organizado con estructuras de poder, actos de corrupción, tráfico de influencias o utilización del Estado para favorecer intereses particulares sea investigada por las autoridades competentes con independencia, transparencia y pleno respeto al debido proceso. La democracia exige que nadie esté por encima de la ley y que la justicia actúe sin privilegios ni presiones.

Costa Rica también debe proteger el prestigio internacional que construyó durante décadas. Nuestro país ha sido reconocido por su vocación de paz, por el respeto a los derechos humanos, por su tradición diplomática y por su compromiso con el derecho internacional. Ese capital moral no puede ser sacrificado por la confrontación interna ni por decisiones que debiliten la confianza en nuestras instituciones.

Frente a estos desafíos nace el Bloque Patriótico Costarricense.

No nace para imponer una ideología.

No nace para sustituir a los partidos políticos.

No nace para alimentar el odio ni la división.

Nace porque miles de costarricenses comprendemos que existen momentos históricos en los que la defensa de la democracia debe convertirse en un punto de encuentro para personas de distintas ideas, creencias y trayectorias.

Hoy el verdadero debate nacional no es entre izquierda o derecha; entre liberales o socialdemócratas; entre creyentes o no creyentes.

El verdadero desafío consiste en decidir si queremos una República sustentada en instituciones fuertes, en la separación de poderes, en la libertad de expresión, en la transparencia y en el respeto a la Constitución Política, o si aceptaremos que el poder se concentre progresivamente, que el adversario sea tratado como enemigo y que el deterioro institucional se convierta en una nueva normalidad.

Por ello doy este paso con serenidad, pero también con firmeza.

Pongo mi experiencia, mi trabajo y mi compromiso al servicio del Bloque Patriótico Costarricense, porque creo que la defensa de la democracia no corresponde únicamente a quienes ocupan cargos públicos. Es una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía.

Convoco a las personas trabajadoras, al movimiento sindical, al sector cooperativo, a los agricultores, a los empresarios comprometidos con el país, a las mujeres, a las juventudes, a las personas adultas mayores, a las universidades, a las iglesias, a los pueblos indígenas, a los profesionales, a los artistas, a las organizaciones comunales y sociales, y a cada costarricense de buena voluntad a reencontrarnos en aquello que siempre nos ha unido: el amor por la Patria y el compromiso con la República.

No estamos llamados a pensar igual.

Estamos llamados a defender las reglas que permiten convivir en nuestras diferencias.

La democracia no exige uniformidad; exige respeto.

La libertad no significa imponer una sola voz; significa garantizar que todas puedan expresarse.

El patriotismo no consiste en seguir ciegamente a un gobernante; consiste en ser fiel a los principios que sostienen la Nación.

No nos reúne el odio.

Nos reúne la esperanza.

No nos mueve la ambición de poder.

Nos mueve el deber de proteger el país que heredamos y la responsabilidad de entregar a nuestros hijos y nietos una Costa Rica donde las instituciones sean más fuertes que los caudillos, donde la verdad tenga más fuerza que la propaganda y donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación.

La historia demuestra que las democracias rara vez desaparecen de un solo golpe. Se debilitan lentamente cuando los ciudadanos dejan de defenderlas, cuando la indiferencia reemplaza el compromiso y cuando el miedo desplaza la participación.

No quiero ser parte de ese silencio.

Por eso hoy doy un paso al frente.

Me adhiero al Bloque Patriótico Costarricense porque creo en la República, en la Constitución Política, en el Estado Social de Derecho y en la dignidad del pueblo costarricense.

Lo hago con humildad, pero también con la firme convicción de que el futuro de Costa Rica dependerá de la capacidad de su pueblo para reencontrarse en los valores que hicieron de nuestra Nación un ejemplo de democracia, paz, solidaridad y justicia social.

Que nadie renuncie a la esperanza.

Que nadie abandone la defensa de nuestras instituciones.

Que nadie permanezca indiferente cuando la República nos llama.

Porque la Patria no pertenece a un gobierno.

La Patria pertenece a su pueblo.

Porque la democracia no se hereda; se construye y se defiende cada día.

Hoy es la hora de la República.

Hoy es la hora de Costa Rica.

Las peligrosas líneas que ya se cruzaron

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana anterior observamos con preocupación algunos hechos que conducen a pensar en la instalación de una deriva autoritaria sin retorno en Costa Rica.

Pienso en el manual aprendido y puesto en práctica.

Me quedó bastante claro luego de la lectura del buen trabajo periodístico y testimonial de la comunicadora Patricia Navarro, otrora ministra de Comunicación de la Administración Chaves, quien con gran argumentación y respaldo de fuentes logró explicar, entre otras cosas, cómo la construcción narrativa va socavando la realidad hasta convertir en verdades, mentiras absolutas. Su trabajo puede ser leído en el libro “Las máscaras del presidente” (Uruk, 2025).

Estamos ya en el cruce de líneas peligrosas, realizado irresponsablemente por la misma presidenta de la República.

Tachar de comunistas a quienes le adversan no cae en suelo estéril. Ese ha sido durante años el coco que asusta la epidermis conservadora que subyace la identidad costarricense.

Recordemos cómo fue prácticamente “bajado” del primer lugar de las encuestas José Maria Villalta al ser identificado como comunista por sus inmediatos seguidores, entonces de espectro aparentemente progesista, durante la contienda electoral de 2014.

La diferencia con el contexto actual radica en que esa denominación es asumida por una masa que ha sido bien trabajada a nivel de comunicación política. En el manual de construcción del enemigo es una de las principales tareas a realizar de forma cotidiana. Por eso recomiendo la lectura del texto de Navarro donde se explica este ABC de forma clara y contundente. Es peligroso, si, que incluso se busque crear un clima desestabilizador alrededor de las universidades públicas con ese argumento. Ya sabemos de todas maneras que vienen a ponerles candado. Y esa tarea no bajarán la guardia argumentando que en sus aulas se ideologiza y orienta el pensamiento hacia un enfoque político. Nada más lejos de la realidad.

Pero no solo a nivel discursivo se cruzan líneas peligrosas. El joven estudiante recién graduado de la carrera de sociología de la UNA Elian Xavier Jiménez fue golpeado y arrestado durante las manifestaciones contra la aprobación de la ley de armonizacion eléctrica. Para él la presidenta también tuvo palabras descalificadoras y amenazantes.

El mensaje es claro: ante la oposición y el cuestionamiento, se usará la fuerza como instrumento de intimidación.

Aún no se cumple un mes de instalado el nuevo gobierno en Costa Rica. Pero la víspera no anuncia cosas buenas, ni saca el día, como suele decir el dicho popular.

Se deberá conformar un verdadero frente opositor civil para resistir los embates de cuatro años que seguramente pesarán en la historia costarricense.

El peligro de la ignorancia

Escrito en . Publicado en Educación.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Es bien sabido que la ignorancia es atrevida, pero si la misma es lo que ocupa el espacio del cerebro en una persona es peligroso, y si el individuo de marras, además, tiene poder el peligro puede ser catastrófico. Pues esta semana he tenido motivos suficientes para que, como simple ciudadano mortal, sienta pavor por este mi querido país.

Escuché a don Nogui Acosta, con su decena de procesos pendientes en la Fiscalía a cuestas y bien resguardado en la red de cuido oficial a través de su inmunidad como diputado, decir que la Asamblea Legislativa no debían discutir y hablar y votar, al referirse a opiniones de los diputados de oposición que, a pesar de su dicho, han votado responsablemente a favor de proyectos importantes como el tren eléctrico, por ejemplo. El problema de estas mentalidades fascistas de nuevo cuño que nos gobiernan es que, además de ignorantes, desean ejercer la dictadura del silencio y olvidar que una curul en el parlamento, no es un yugo atado al pescuezo de un buey para que simplemente siga el camino que le indica su amo con el chuzo de la obediencia. No, en una democracia y todavía lo somos o pretendemos seguir siéndolo, en la Asamblea Legislativa como poder parlamentario, se discute, se habla, se intercambia ideas y se pretende que haya consenso y no imposición, por eso Don Nogui, se llama parlamento. Pero, además, y aunque no le guste a sus jefes del ejecutivo, que parece eso son para la fracción oficial, es una obligación constitucional, política y ciudadana para los partidos de oposición, establecer la sana vigilancia a través del control político, que no es un «ratico» den el Plenario, sino una actitud y acción permanente. Pero, en fin, son las cositas que nos pasan, cuando se envía a la Asamblea Legislativa a los que creen que hacer evidente su ignorancia supina, es su deber.

Por otro lado, también don Nogui dio una declaraciones al periódico Universidad, que, si uno las lee con sentido del humor y las interpreta como un libro de chistes, pues si, dan ganas de reír; pero como no es así, sino que lo dicho para Don Nogui fue en serio, entonces dan ganas de llorar al pensar en manos de quien ha caído este país. Además de poner en evidencia que sobre educación pública y en especial la universitaria no tiene la menos idea, don Nogui tiende el poder suficiente para hacerlas trizas junto con el bicéfalo y todopoderoso ministro Chaves. Cree que las universidades son simplemente fábricas artesanales de títulos y de trabajadores para las empresas privadas y que la investigación y la extensión no deben existir. Ignora por lo tanto los inmensos aportes que dan todos los días los centros de educación superior a la sociedad, más allá de su labor fundamental de preparación profesional a sus estudiantes.

En esa entrevista, don Nogui dijo muchas incongruencias y como leal seguidor del populismo fascista que nos caracteriza, fue incoherente y se valió de la posverdad en más de una oportunidad. Dos ejemplos, señaló que las universidades debían tener «mayor productividad que significa mayor pertinencia, mayor incorporación entre las necesidades…los graduados no tienen las habilidades para encontrar trabajo…» FALSOOOOO don Nogui, ya sabemos que usted y el ministro bicéfalo creen que los datos de las universidades al discutir el FEES son «listas de supermercado», por ciento muy propio de su mentalidad de pulpero o bartender en Tamarindo, porque si los estudiaran se darían cuenta la altísima empleabilidad que tienen los graduados de nuestras universidades, ubicadas dicho sea de paso, entre las mejores de Latinoamérica y el mundo. Y para terminar dijo esta frase lacerante: la periodista María José Núñez le indicó que las universidades generan conocimientos y aportes a la sociedad, y respondió el diputado Acosta: «Las universidades, por favor, dígame cuánto le damos a las universidades… cuántos estudiantes bilingües saca la universidad… ¡por lo menos deberíamos decir que todos los estudiantes que salen de la UCR debían ser bilingües!!!»

Con semejante criterio valorativo de la labor universitaria, qué importan entonces las investigaciones médicas, agrícolas, técnicas y, aunque a don Nogui le den escalofríos, humanistas. Así se comprende la persecución despiadada a la inteligencia, al final lo único que les importa es la lengua…que hablen y, al graduarse no entregarán un título, sino grilletes.

El 8 de mayo del 2026, el giro a la derecha

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

El 8 de mayo del 2026 será recordado como la fecha del ascenso de un gobierno de derecha desde la II República, un gobierno neoliberal y conservador en todos los ámbitos social, político, económico e ideológico.

Las condiciones están dadas en este momento con la elección del directorio legislativo y del gabinete. Pero ¿adónde se engendró esta deriva neoliberal-conservadora? Pues ni más ni menos en el gobierno de Carlos Alvarado, que no sólo fue neoliberal en el desarrollo de la política económica, sino que trajo a Rodrigo Chaves para el cargo de ministro de Hacienda e impulsó algunas leyes claves como la reforma fiscal, la ley de empleo público y otras en las que se sustentó la política económica de los últimos 4 años.

Igualmente, a nivel de la política social se iniciaron los ajustes en la inversión social, el presupuesto para la educación, en la vivienda, el congelamiento de los salarios del sector público y de las pensiones, y el crecimiento progresivo de la deuda pública.

En los últimos 4 años la política económica y social sólo ha profundizado algunas de las tendencias observadas en el período anterior, que en el momento actual amenazan con consolidarse como políticas neoliberales y conservadoras que van a procurar severas restricciones fiscales y financieras para algunos sectores, como los que reciben recursos, transferencias o remuneraciones del Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los empleados públicos, los pensionados, la vivienda social, las becas estudiantiles, las ayudas sociales del IMAS y las comunales.

Por su parte, existe toda una estrategia de captación de recursos de deuda interna y externa gracias a la intervención en el BCIE, la relación fuerte con el BID y el BM y, al nivel interno, la captación de los excedentes de las instituciones, como los bancos, el INS y los fondos locales, que garantizará que, junto a los recortes institucionales, el gobierno tendrá recursos crecientes para la inversión de obra pública, nuevos proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, para lo que encontraron el portillo adecuado en la ley y la Comisión de Emergencias, y en el proyecto PROERI, mediante los que realizan obras sin los controles de la Contraloría.

Todo lo anterior se integra a la estrategia de atracción de inversión extranjera, que atrae ingentes recursos ligados al modelo económico de servicios y alta tecnología, que seguirá profundizándose con la ampliación y creación de nuevos parques industriales, en tanto la industria nacional del sector productivo, la agricultura nacional y, en parte, el turismo, que han dejado de ser prioritarios, son abandonados a su suerte.

Mientras que el comercio y la importación se siguen favoreciendo con la apreciación del colón, así como el pago de la deuda que demanda grandes recursos.

La partida del ajedrez político conservador de derecha se completa con el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se fraguará el control del nombramiento de los magistrados y posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, que también facilitará controlar los nombramientos del fiscal general, de la Contraloría y de la Defensoría de los Habitantes, los puestos incómodos.

A cuya partida ganadora se sumará el control de muchas de las alcaldías del país, labor que se efectuó con éxito a lo largo de los últimos 4 años.

La pera en el pastel conservador vendrá del control de las instituciones de seguridad y de la DIS, entidades que no sólo profundizarán la seguridad del Estado, sino también la persecución de los opositores y la represión de las luchas sociales.

Los rasgos mencionados se articulan perfectamente a la visión que Hinkelammert nos anunciara en la década de los 80 como el fenómeno de la “nueva derecha”, con el abandono de todo intento de coexistencia del mercado y del Estado, y la instauración del totalitarismo de mercado, en la que la libertad, la sociedad y la vida humana sólo pueden tener sentido y existir dentro de los límites que establece la sociedad perfecta del mercado (Molina, C., 2025).

En un análisis del economista Joseph Stiglitz (2016), éste afirma que los gobiernos de derecha siguen una misma fórmula en todo el mundo hacia la liberalización económica, reducción del Estado y restricción de derechos.

De tal manera que las políticas anunciadas por la nueva presidenta y su primer ministro, en términos de reforma del Estado, eliminación de instituciones, venta de activos estatales y restricción del gasto social, responderán a una orientación neoliberal y conservadora que no admitirá dudas. Es lo que se viene a partir de esta fecha.

Paro activo en la UNA busca fortalecer discusión sobre el FEES

Escrito en . Publicado en Educación.

La Universidad Nacional convocó a un paro activo que permitirá abrir espacios de reflexión y análisis sobre el FEES 2027, sin suspender las clases ni las labores académicas y administrativas de la institución.

La Universidad Nacional (UNA) convocó a un paro activo del 6 al 15 de mayo con el fin de abrir espacios de reflexión, información y análisis sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y el contexto actual de la educación superior pública en el país. La medida implica un cambio temporal de actividades institucionales para facilitar la participación de estudiantes y personal universitario en distintas actividades organizadas por la Rectoría y la Rectoría Adjunta.

La convocatoria surge en medio de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario y luego de que el Poder Ejecutivo presentara ante la Comisión de Enlace una propuesta de crecimiento del 0% para el FEES 2027. Según la Rectoría, este escenario requiere que la comunidad universitaria cuente con espacios para comprender el proceso, analizar sus implicaciones y participar de manera informada.

Durante esos días se desarrollarán actividades sobre temas como los orígenes y retos del FEES, el análisis de la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y la autonomía universitaria ante el contexto político nacional.

La Rectoría solicitó a decanaturas, direcciones y jefaturas facilitar la participación en las actividades mediante ajustes en procesos académicos y administrativos cuando sea necesario. Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, destacó que este llamado busca fortalecer la participación y el análisis colectivo dentro de la institución.

“Este paro activo no significa detener la Universidad, sino abrir espacios para que la comunidad universitaria pueda informarse, reflexionar y comprender lo que está en discusión alrededor del financiamiento de la educación superior pública. El FEES tiene un impacto directo en las oportunidades de acceso, permanencia, investigación, acción sustantiva y desarrollo regional que las universidades públicas brindan al país”, indicó Herrera.

La convocatoria también establece que las actividades deberán desarrollarse bajo principios de respeto institucional, pluralidad, autonomía universitaria y formación crítica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR declara paro activo hasta julio ante incertidumbre por financiamiento universitario

Escrito en . Publicado en Educación.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la implementación de un período institucional extraordinario denominado “paro activo”, que se extenderá del 11 de mayo al 4 de julio de 2026, como respuesta a la situación generada tras la imposibilidad de finalizar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 entre el Gobierno y las universidades públicas.

Según la resolución R-298-2026, la medida busca propiciar espacios de reflexión, análisis crítico y participación informada de la comunidad universitaria frente a los posibles efectos que tendría una redistribución de los recursos históricos del FEES, la cual podría afectar el funcionamiento de la UCR y el desarrollo de sus funciones sustantivas.

La Rectoría aclara que el “paro activo” no implica suspensión de labores ni constituye una huelga, sino una modalidad organizativa excepcional amparada en la autonomía universitaria. Asimismo, se enfatiza que deberán mantenerse la continuidad de la docencia, la investigación, la acción social y los servicios institucionales.

Durante este período, las unidades académicas y administrativas podrán incorporar foros, clases públicas, asambleas informativas y otras actividades relacionadas con el debate sobre la educación superior pública y el financiamiento universitario.

La resolución también subraya que la participación en las actividades será voluntaria para estudiantes y personas funcionarias, y que deberán respetarse tanto la libertad individual como el normal funcionamiento institucional.

El rector Carlos Araya Leandro fundamenta la medida en la autonomía universitaria reconocida por el artículo 84 de la Constitución Política, así como en la necesidad de defender el financiamiento de la educación superior pública como condición indispensable para el desarrollo social, científico y cultural del país.

Cuatro años de odio y de revancha

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

La Administración Chaves está a punto de concluir y, para quien ha seguido de cerca su gobierno, resulta evidente que han sido cuatro años de odio y de revancha contra algunos sectores, grupos, personas y territorios, mientras ha gobernado para unos pocos sectores, quienes lo llevaron al poder y los que han sido sus aliados.

Pero tratemos de escudriñar las razones de su odio y su revancha hacia Liberación Nacional, hacia las universidades públicas, el CONARE, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Caja del Seguro Social, el ICE, el INS, los bancos estatales y los ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas; los empleados públicos, los sindicatos, los pensionados, los agricultores, los ambientalistas, las feministas y otras minorías; los medios de comunicación La Nación, CR Hoy y Canal 7, y a nivel territorial, la provincia de Cartago y la Gran Área Metropolitana.

En algunos casos parece claro el origen de su rechazo o resentimiento, como con el partido Liberación Nacional, que gobernó muchos años y en cuyos gobiernos su padre trabajó como empleado, teniendo que servir a personajes como los Arias Sánchez, los Figueres y otros; hacia las universidades y, en especial, con la Universidad de Costa Rica, por su paso efímero por ella y su frustración de no haber podido graduarse ahí, y el haber tenido que salir a estudiar afuera, parece haberlo marcado.

Por su parte, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y algunas instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Recope, la banca estatal y el mismo Poder Judicial, que fueron creadas y han sido controladas —a su entender— por el PLN, deben ser “arrebatadas” a la antigua clase política y transformadas.

En este ámbito se ubica la posición confrontativa contra Cartago, baluarte político de Liberación Nacional y de la revolución del 48, y la única provincia en la que perdió las elecciones anteriores y las recientes.

En lo que se refiere al Gobierno central, existen algunos ministerios claves que se afirma han sido manejados por los gobiernos liberacionistas, como el MEP, el MAG, el MINAE y el MOPT, y que también deben ser “rescatados”. Mientras que a los medios de comunicación que lo criticaron en su campaña, como La Nación, Canal 7 y CR Hoy, los convirtió en sus enemigos acérrimos.

En tanto, los empleados públicos y los sindicatos defensores de las personas trabajadoras son, por razones ideológicas, quienes representan la oposición al capital, a los empresarios y a la clase patronal, con la que él se identifica y a la que defiende.

En el caso de los agricultores, la divergencia ha sido con los sectores de pequeña producción y sus organizaciones, ligadas a la producción de granos y hortalizas y concentradas en Guanacaste, la zona norte de Cartago, San Ramón y Zarcero, lugares también asociados a la influencia liberacionista en el pasado.

Otro sector fuertemente asediado ha sido el ambiental y sus organizaciones, asociadas en mucho a los sectores de izquierda y progresistas del FA y el PAC.

Con respecto a los pensionados del magisterio y del sector público, su rechazo parece haber sido promovido por sus cercanos colaboradores, como la diputada Cisneros, que convirtió, desde su pasado periodístico, las pensiones de lujo en una obsesión y en el estigma permanente.

Llama poderosamente la atención la posición con respecto a los bancos estatales, creados también por el PLN y que deben ser “rescatados” por la nueva clase política mediante el control de sus juntas directivas y sus decisiones financieras. Asimismo, el movimiento cooperativo, impulsado por el PLN, ha sido tomado por el gobierno como un sector estratégico.

Un tema particular ha sido el de la Defensoría de los Habitantes y el Estado de la Nación, enemigos encontrados en el camino según el presidente.

Porque esa ha sido la constante de este gobierno: la confrontación con sus enemigos. Han sido cuatro años de un ambiente de odio, revancha y resentimiento que ha afectado nuestra paz social, pero así será recordado este gobierno.

Imagen: https://www.milenio.com/opinion/enrique-toussaint/columna-enrique-toussaint/la-revancha-del-odio