La Coordinadora de la Lucha Sur Sur-CLSS compartió la participación de Eli Ortiz del Clan Tubölwak e integrante del Consejo Iríria SätKök del territorio indígena Yäbamï Dí Kátá conocido como Cabagra, en la conferencia de prensa: “Valoración de las medidas cautelares de la CIDH #321-12 y el papel del actual gobierno Chaves-Robles”, dada en la Asamblea Legislativa el 6 de diciembre de 2022, sobre la memoria histórica de las organizaciones propias y el marco legal respecto a la posesión de tierras.
En el vídeo, Eli Ortíz comenta que como organizaciones propias y pueblos originarios hay personas adulto mayores de entre 70, 80 y 90 años que conocen quién y qué está antes y después de la ley creada. Señala que existen personas que con mentiras arrebataron y usurparon sus tierras.
En el vídeo se señala una cita del Semanario Universidad del 20 de octubre de 2022, en la que la Sala Constitucional ratificó las sentencias de la Sala Primera, en el que establece que las personas que adquirieron tierras dentro de los territorios de pueblos originarios, posterior a que entrara en vigencia la Ley Indígena de 1977, tuvieron un actuar de mala fe y que dicha adquisición se anula.
Este 7 y 8 de marzo de 2023, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Proyecto Pueblos Originarios-Universidades Públicas (POUP) ha programado una serie de actividades con la importante participación de mujeres indígenas defensoras de la zona sur del país, específicamente de los territorios de China Kichá, Salitre y Térraba, donde se busca no solo evidenciar la realidad de estas mujeres dentro de sus territorios sino también el poder materializar el reconocimiento de sus Derechos como pueblos originarios. Destaca la reunión este próximo 08 de marzo, a las 10:00 a.m. con la Magistrada Damaris María Vargas Vásquez, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrada Iris Rocío Rojas, ambas de la Sala Primera y participan las mujeres indígenas recuperadoras de Pueblos originarios: Roxana Figueroa Calderón, Estefany Figueroa Cabrera, Danny Nájera Díaz, Patricia Calderón Figueroa, Yamileth Rojas Delgado y Zeidy Rodríguez Guerra, Gnöbe del territorio Comte Burica y lideresa del Frente Nacional de Pueblos Indígenas Las mujeres indígenas, que son recuperadoras de sus territorios, expondrán sobre los conflictos, usurpaciones y violencia. También sobre cambios positivos que se están viviendo en los territorios recuperados El punto principal de este encuentro es dialogar sobre la aplicación de las sentencias de la Sala I, la sentencia de la Sala IV que reafirman el derecho de los Pueblos Originarios sobre sus territorios. Además, de las recientes sentencias que reconocen a la población de China Kichá como legítima dueña de su territorio. Todo esto encaminado a buscar vías de cooperación y trabajo mutuo para contribuir a solucionar los conflictos por el no reconocimiento de los derechos de los Pueblos Originarios. Estefanía Figueroa Cabrera, territorio indígena Térraba aseguro: “Quiero hacer una cordial invitación el día 8 de marzo a escucharnos y acompañarnos en esta jornada, ya que es muy importante para nosotras como mujeres indígenas hacernos escuchar y alzar la voz para que no vuelvan a pasar más injusticias y malos tratos a nosotras como mujeres indígenas. Mientras Danny Nájera, territorio indígena Térraba, recuperación Crun Yaigo comentó: “Muy contenta por el espacio que se nos está brindando para que nosotras como mujeres indígenas y recuperadoras de tierra, nuestras voces, nuestras luchas y nuestros sentires sean escuchados en los diferentes medios y lugares, que nos dan la oportunidad de escucharnos como mujeres indígenas que somos”. Es importante retomar de primera mano, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las situaciones que han vivenciado las mujeres indígenas y recuperadoras en los últimos años en la zona sur del país. Otras actividades de la Jornada Foro “Mujeres indígenas y campesinas de Costa Rica ante las violencias actuales” (Centro de las Artes, ITCR, 7 de marzo 2023, 09:30 a.m.): Transmisión en vivo: https://www.tec.ac.cr/eventos/mujeres-indigenas-campesinas-costa-rica-violencias-actuales Foro Universidad de Costa Rica: Mujeres indígenas en las recuperaciones de su tierra y su cultura (Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, 08 de marzo, 3:00 p.m.). Exponen: Roxana Figueroa Calderón, Estefany Figueroa Cabrera, Danny Nájera Díaz, Patricia Calderón Figueroa, Yamileth Rojas Delgado y Zeidy Rodríguez Guerra, mujeres indígenas y recuperadoras de Pueblos originarios. Radio UCR, programa Interferencia (08 de marzo, 6:00 p.m.): Participan: Roxana Figueroa Calderón, Estefany Figueroa Cabrera, Danny Nájera Díaz, Patricia Calderón Figueroa, Yamileth Rojas Delgado y Zeidy Rodríguez Guerra, mujeres defensoras de los territorios de Pueblos Originarios.
Proyecto Conflictos por Territorios y Decolonialidad en Pueblos Originarios de Costa Rica (Pueblos Originarios y Universidades ED-3622)
Hoy se cumplen tres años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán. Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven fue un valiente y vehemente dirigente que luchó contra el despojo de tierras y la discriminación, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando contra la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís. Él decía “El río no se da a cambio de una carretera o una construcción”.
El activista fue sujetado y acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran, de Térraba, a la edad de 46 años, en medio de un linchamiento de usurpadores no indígenas con clara responsabilidad del Estado que fue testigo del hecho y no intervino.
El pasado 1 de febrero en un tribunal de Pérez Zeledón, fue condenado Juan Eduardo Varela Rojas a 22 años y 15 días de prisión por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, por portar ilegalmente un arma y por amenazas agravadas contra Melisa Garbanzo. La representación de la familia de Jerhy había solicitado 39 años de prisión.
Varela Rojas asesinó al indígena Bröran “con alevosía” cuando estaba ya “doblegado, lo tenían sujetado, no representaba ningún peligro”, dijo el juez 1 de febrero de 2023, cuando se leyó la sentencia. El único argumento de supuesta “legítima defensa” expuesto por los abogados y testigos de Varela, fue descartado en el juicio. En un hecho sin precedentes, el 18 de agosto de 2022, en una reunión auspiciada por el Gobierno de Costa Rica, Varela proclamó “yo fui el que lo maté”. La concurrencia lo aplaudió en varias ocasiones y las autoridades del Gobierno presente permanecieron impasibles.
Jerhy fue asesinado cuando se iba a cumplir un año del asesinato de Sergio Rojas Ortiz dado el 18 de marzo de 2019. La falta de justicia con Sergio Rojas está convirtiendo su asesinato en un caso consolidado de impunidad que pone en duda la voluntad del sistema de administración de justicia de Costa Rica.
Por décadas, la inacción, omisión y la impunidad ha marcado la relación del Estado con los Territorios indígenas. Esta inacción hace que sean las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ordene al Gobierno en 2015 y nuevamente en 2016, que tome medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas que sufren las comunidades indígenas por parte de los ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.
A pesar de que se castigó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, el Estado costarricense sigue sin asegurar el cumplimiento pleno de la legislación nacional y los convenios internacionales. Es por eso que la justicia con los Pueblos originarios sigue pendiente.
Dos asesinatos, 26 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 149 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas – registrados durante 2020 y 2021 documentado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur -, evidencian que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares sino también que, es responsable de no detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas.
Esa justicia requiere, entre otras prioridades, garantizar que todas las instancias judiciales, como lo ha hecho la Sala Primera y lo ha ratificado la Sala Constitucional, cumplan las leyes y particularmente la Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, que confirman los territorios de los pueblos originarios como su legítima propiedad colectiva.
El documental “Sàrātsê sêkónēl jékàska Volviendo a la tierra que nos vió nacer” (2023), se estrenará este lunes 20 de febrero a las 8:00 p.m. en Canal QUINCE-UCR y con fecha de repetición el domingo 26 de febrero a las 6:30 pm. “Volviendo a la tierra que nos vio nacer” es un documental sobre las memorias del territorio indígena de China Kichá, ubicado en Pérez Zeledón.
En el 2019, un grupo de mayores cabécares de Talamanca volvieron al territorio indígena de China Kichá, para visitar, después de muchos años, el lugar donde nacieron y crecieron. En este evento histórico, realizado gracias al Comité Cultural Cabécar de China Kichá, se encontraron con su antiguo hogar, con las historias de las tensiones territoriales que les forzaron a irse en su mayoría, pero hubo también quienes resistieron y posicionaron sus derechos. “Volviendo a la tierra que nos vio nacer” trata sobre la memoria del despojo y la lucha actual por la recuperación de tierras de la comunidad indígena de China Kichá.
Hay que recordar que las recuperaciones de tierra han sido procesos de lucha por parte de las personas indígenas en la defensa de sus derechos, su cultura y sus territorios. Éstas comenzaron en 2018 ante el incumplimiento sistemático de la Ley Indígena y los planes para hacerla cumplir.
Según dicen las personas habitantes de este territorio indígena: “éramos extranjeros en nuestro propio territorio”. Agregan que “hace como cinco años no teníamos ni dónde poner una mata de maíz o de yuca, teníamos que alquilar nuestra propia tierra para poder hacerlo. En pocos años hicimos lo que el Estado no ha hecho en 40” refiriéndose al incumplimiento de la ley indígena de 1977. Un estudio hecho por la organización Forest People Programme (2014), de las 1.100 hectáreas que conforman el territorio, el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población cabécar.
El documental cuenta parte de la lucha de este pueblo milenario y se divide en tres capítulos que abordan “La China Kichá de antes”, donde se habla de la historia del territorio y a qué actividades se dedicaban antes, es decir, cómo era la vida en esos tiempos; “La China Kichá del presente” aborda la problemática de tierras y cómo fue que el Estado derogó el territorio, también se hace alusión al asesinato de líderes indígenas, como Sergio Rojas. Finalmente, en “La China Kichá del futuro” las personas recuperadoras reflexionan sobre el significado de recuperar tierras y la necesidad de seguir luchando por sus derechos.
La producción audiovisual fue realizada por el colectivo Revista Uchinché, bajo la dirección y producción de Hawi Castañeda, antropóloga social y diseñadora gráfica. El proceso de grabación inició en 2019 con la grabación del encuentro de mayores, gracias a la coordinación del Comité Cultural Cabécar de China Kichá y al apoyo del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Asimismo, se contó con el apoyo estratégico del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Proyecto de Acción Social “Geografía y Diálogo de Saberes”.
Miércoles 1 de febrero de 2023. El Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas dió a conocer la parte resolutiva de la sentencia en contra de Juan Eduardo Varela a quien impusieron 22 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma permitida ambos en concurso ideal en contra de Jerhy Rivera Rivera, 15 días por amenazas agravadas en contra de Melisa Garbanzo y 6 meses de prisión preventiva.
En una explicación breve de la sentencia el Juzgado tuvo por acreditado que Varela Rojas actuó con alevosía, que Jerhy estaba sujetado, golpeado y disminuido por dos sujetos cuando el hoy condenado le disparó por la espalda; por lo que el ente juzgador no tiene como probado el argumento de la legítima defensa.
Además, el ente juzgador tiene por acreditado que la turba en la que se encontraba Varela tenía la intención de quemar la casa de la testigo Melisa Garbanzo y que esta fue amenazada con arma de fuego por Varela.
Teniendo en cuenta estos elementos probados, no comparte la Coordinadora de Lucha Sur Sur que se le hayan impuesto las penas mínimas de 20 años por el homicidio calificado, 2 años por portación ilegal de armas y 15 días por las amenazas, no hay congruencia entre lo que dijo tener el Juzgado por acreditado y las penas mínimas impuestas.
Ante el arraigo endeble de Varela Rojas, el Juzgado impuso 6 meses de prisión preventiva al considerar un peligro de fuga inminente.
La lectura íntegra de la sentencia será el 8 de febrero, donde se darán los detalles de lo resuelto por el Juzgado.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur considera que esta sentencia significa un paso importante contra la impunidad que ha imperado ante las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que viven los Pueblos Originarios, sin embargo, hay muchos casos pendientes, muchos agresores libres y muchas amenazas contra estos Pueblos que continúan en una vergonzosa impunidad.
Este fallo judicial reafirma y demuestra de qué parte se ejerce la violencia, el odio y el racismo.
Sin embargo, no estamos de acuerdo con las penas mínimas impuestas por el Juzgado y esperamos la explicación del porqué de las mismas y que las instancias respectivas del Poder Judicial establezcan las responsabilidades penales correspondientes a quienes ofrecieron falsos testimonios por parte de la defensa del hoy condenado.
Así mismo exigimos justicia para Sergio Rojas, su familia, el Pueblo Bribri de Salitre y todos los Pueblos Originarios del país.
Nos solidarizamos y enviamos un gran abrazo a la familia Rivera y al Pueblo Brörán.
– Organizaciones de Pueblos Originarios de la Zona Sur y organizaciones solidarias de distintas partes del país acompañan a la madre, familia de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba en las afueras de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.
– El Tribunal de Pérez Zeledón admite como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jehry Rivera e investigador judicial admite en su testimonio que Jerhy Rivera Rivera fue asesinado por el conflicto existente por las tierras-territorios en la Zona Sur y que Jerhy fue arrastrado por el suelo al menos 5 metros del lugar donde fue asesinado.
Lunes 23 de enero del 2023. El día de hoy inició el juicio por el asesinato de líder Brörán del Territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera. Jerhy fue asesinado por su rol en los procesos de recuperación de tierras-territorios del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero del 2020, en el segundo día en el que una turba de entre 150-200 personas asedieron a las personas del Pueblo Brörán que se encontraba recuperando tierras territorios desde el 23 de febrero de ese mismo año.
En las afueras del recinto judicial se encuentran distintas organizaciones acompañando a la madre, familiares de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba: una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (Autogobierno Bribri de Salitre), la Red de Mujeres Rurales, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsöchok, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), además de personas de los Pueblos Originarios de otros Territorios de la Zona Sur y otras organizaciones de distintas partes del país.
Entre los hechos más importantes y que han sucedido en el desarrollo del juicio hasta ahora se encuentran: 1) *el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón admitió como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jerhy Rivera* y; 2) según el testimonio de *William Mora Alfaro, investigador judicial de Buenos Aires, *reconoció que Jerhy fue asesinado por su participación en el conflicto de tierras-territorios en la Zona Sur y además admitió que Jerhy fue arrastrado 5 metros después de ser asesinado.*
Mora Alfaro fue el investigador encargado del levantamiento de informes policiales, así como de las primeras investigaciones del homicidio por razones políticas. *Su testimonio confirma que Jerhy fue asesinado por razones políticas y que además sufrió ensañamiento por parte de la turba que se encontraba hostigando y violentando a las personas recuperadoras del Pueblo Brörán desde el 23 de febrero del 2020.*
Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones hermanas y solidarias a continuar atentos y atentas al desarrollo del juicidio sobre el asesinato de Jerhy Rivera Rivera. A estar vigilantes de que la impunidad sobre este caso se detenga.
El próximo lunes 23 de enero iniciará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera ocurrido en febrero de 2020 en Térraba, en la zona sur de Costa Rica.
Jehry Rivera Rivera, indígena brörán de Térraba, lideraba un proceso de recuperación de su territorio, ubicado en el cantón de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas.
En Térraba, al igual que en otros territorios indígenas de la región, las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios por ley y por herencia ancestral han sido usurpadas por terratenientes. En consecuencia, ante la permisividad e inoperancia de las instituciones estatales, las comunidades han decidido ejercer su derecho y tomar posesión de algunos de los terrenos usurpados.
Desde el domingo 23 de febrero de 2020, familias brörán habían emprendido varios procesos de recuperación de terrenos que estaban bajo ocupación ilegal por parte de personas no indígenas. La noche del 24, una turba de usurpadores, terratenientes y sus peones atacó a las familias recuperadoras. Al enfrentárseles, Jehry recibió cinco disparos por la espalda.
El que disparó es un hombre de apellido Varela, quien en su momento se entregó a las autoridades pero posteriormente fue puesto en libertad. En agosto de 2022, Varela confesó haber cometido el homicidio y fue ovacionado por el público durante una actividad pública con presencia de funcionarios oficiales en Buenos Aires de Puntarenas.
El juicio comenzará el lunes 23 a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles 25. Familiares y amistades de Jehry invitamos a acompañar este proceso durante los tres días del juicio en los Tribunales de Pérez Zeledón.
SURCOS comparte el homenaje a Mariana Delgado Morales, recuperadora de tierra indígena Bri Bri. Extractos del documental «Recuperando la Tierra», UNFPA Costa Rica, 2021. Que su memoria y lucha perduren.
Dado el racismo visceral con que la sociedad costarricense asume, consciente o inconscientemente, la lucha de los pueblos originarios por recuperar sus territorios, con la cual ejercen los derechos establecidos en la jurisdicción nacional e internacional, es muy posible que la muerte de doña Mariana Delgado Morales pase desapercibida, silenciada e invisibilizada. Sirva este escrito para honrar su memoria y destacar su capacidad de resistencia frente a los múltiples atropellos de los que fue víctima.
Su lucha y su resistencia estuvieron siempre acompañadas, desdichadamente, por el dolor que le infringieron a ella y su comunidad quienes, al margen de la ley y de todo sentimiento noble, ocupan ilegalmente los territorios y actúan con toda clase de actos violentos como lo detalla el siguiente testimonio suyo de noviembre del año 2020. Doña Mariana Delgado Morales era indígena Bribri del Clan Tubolwak del Territorio de Salitre. A continuación, sus palabras:
“La lucha de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas y, en especial en mi caso, se ha venido dando desde que nacimos, porque nuestras abuelas y nuestras madres eran luchadoras incansables, porque tuvieron que enfrentarse, en ese tiempo, a la misma situación de discriminación, de racismo, de violencia, de humillaciones contra ellas, al igual que nosotras ahorita estamos sintiendo aún en este siglo que deberíamos de entender que haya mejorado la situación de las mujeres en el mundo, pero no es así, menos para nosotras las mujeres indígenas.
Hoy, el 25 de noviembre se conmemora [el día internacional de la violencia contra las mujeres], pues yo siento que nosotras cada vez más, en vez de avanzar, cada vez más como que retrocedemos con lo que está haciendo el Estado en contra de nosotros porque, desde que iniciamos más fuertemente las luchas de recuperaciones, de reivindicación de nuestros derechos, el Gobierno no ha querido escucharnos y nos toca ver cómo sufre nuestro pueblo, cómo desangra nuestro pueblo, cómo nuestros hijos son agredidos y cómo nos matan a nuestros hermanos por levantar la voz para exigir justicia para nuestro pueblo.
Es una situación cada vez más lamentable para nosotras las mujeres indígenas que, en estos procesos de lucha, es […], es doloroso para nosotras´, porque vemos como sufren nuestros hijos. En mi caso, ver a mi hijo sufrir con dos balas en su pierna y verlo todo joven, pero que aún está impedido, no puede ganarse su sustento diario solo, porque la salud no le permite, porque el dolor en su pierna es terrible y aún ver a sus hijos y sus hijas con muchas necesidades es algo muy, muy lamentable y doloroso para uno como madre y abuela.
Situaciones como esas de amenazas y de violencia hemos estado viviendo en mi territorio, en Salitre y ver que el Estado se hace de la vista gorda de todos los sufrimientos de nosotros lo indígenas, pues no tiene otra palabra: el Gobierno no se preocupa ni se ha preocupado nunca por nosotros.
En esta situación, quisiera compartir también que el Gobierno, después del asesinato de nuestro hermano Sergio, entró con toda su comisión del vice ministerio de la Presidencia, como la Corte Suprema de Justicia, ministerio de Seguridad, ministerio de Justicia y Paz y otros; después del asesinato de Sergio nos reunimos, como consejo, con esta comisión en varias reuniones como para acordar acciones a seguir como monitoreo en el territorio y también nuevas recuperaciones que hubieron (sic) en ese tiempo. Esos monitoreos se cumplieron en parte. Se acordó que el Gobierno realizara el desalojo de los finqueros no indígenas que usurpan las tierras y esos desalojos tampoco se realizaron.
Se le solicitó al Gobierno avances en la investigación del asesinato de Sergio Rojas y el Gobierno nunca dio informes del avance en este caso. También solicitamos al Gobierno que busque mecanismos para devolver las tierras directamente a los indígenas y no a través de la ADI y hasta el momento no han contestado. Por esa razón, la relación con el Gobierno ha sido muy poca y nosotros no hemos estado anuentes a realizar más reuniones, ya que el Poder Ejecutivo no nos ha dicho cuáles son los pasos a seguir para la devolución de las tierras. A nosotros lo que nos interesa es que el Gobierno agilice los procesos de recuperación y el Gobierno no ha mostrado ningún interés en seguir los pasos para la devolución de las tierras y que no sea a través de la ADI. El Estado ha incurrido en retrasos injustificados para devolver las tierras a los indígenas, en vista de que ha transcurrido mucho tiempo desde la creación de la ley y el inicio de los procesos de recuperación.
Tampoco han encontrado una forma ágil y oportuna para hacer efectiva la devolución de la tierra a los indígenas. [Recibimos] la visita del Gobierno, no oficial, para intercambiar algunas ideas. Se entabló conversaciones, pero nada afirmativo, hasta este momento no han hecho alguna acción positiva por la llegada de la pandemia del covid 19 al país, más bien el Gobierno lo tomó para poner excusas, para no continuar con lo que les correspondía realizar en Salitre en temas de saneamiento territorial y seguridad. También el Poder Judicial tomó la pandemia como excusa para no aligerar los procesos judiciales.
Además de eso, aumentó la violencia en el 2020 después del asesinato del líder bribri Sergio Rojas. La falta de voluntad del Gobierno de sancionar a los culpables de ese asesinato motivó que el usurpador Heliodoro Figueroa Uva le dispara a Mainor Ortiz Delgado en su pierna derecha el día 9 de febrero del año 2020 cuando Mainor se encontraba trabajando en su finca con su familia. El día 21 de agosto ese mismo agresor entró en casa de la indígena bribri Claudina Figueroa Rojas y Ana Patricia Calderón Figueroa, ambas del Clan Uniwack, sacó un arma que portaba en su cintura y un cuchillo que llevaba en su mano, amenazó a las compañeras y les dijo que las iba a agredir; luego de gritarles y ofenderlas, dijo que si no salían de esa tierra les iba a disparar, a lo que las mujeres resistieron a salir. Ese agresor, en otra ocasión, ya había amenazado herir a la señora Claudina con un cuchillo, cuando ingresó en la propiedad de ella. Ese día un vecino la defendió de que la hirieran con un cuchillo.
El 21 de marzo, en horas de la mañana, el usurpador Rodrigo Figueroa Uva amenazó golpear a Enrique Ortiz Figueroa del Clan Uniwack. Le dijo que era mejor que se calle y no hable, porque él no sabe lo que le puede pasar, pues Enrique es testigo de Mainor Ortiz en una demanda de agresión con arma.
Mariana Delgado Morales.
Quiero manifestar que el 24 de septiembre de 2020 nos enteramos la noticia de que el Poder Judicial tomó la decisión de desestimar el caso del asesinato de nuestro hermano y líder Sergio Rojas Ortiz. Noticia que recibimos con mucho dolor e indignación en el territorio de Salitre. Decisión que tomó el Poder Judicial basándose, supuestamente, en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales. En esta situación, vemos que no tenemos apoyo de la justicia costarricense, ya que se nos está demostrando con el asesinato de Sergio Roja que no se vislumbra un esfuerzo por parte del Poder Judicial para encontrar a los culpables del asesinato y que sean castigados como debe ser.
Por otro lado, el Estado no ha devuelto las tierras a los indígenas que es la causa de toda violencia y asesinatos contra los indígenas. Y la desestimación de este caso estimula a los usurpadores para que continúen con la violencia, ya que el Poder Judicial les da el respaldo y avala así a los no indígenas para que continúen con las amenazas de muerte a los defensores de derechos, a familias que recuperan tierras y aumenta la posibilidad de nuevos asesinatos de indígenas que defienden sus territorios, pues lo no indígenas observan que no le dan importancia a la investigación de un indígena asesinado, lo que provoca que los no indígenas intensifiquen todas formas de violencia en contra de los indígenas. Esto sería muy peligroso, lamentable para el pueblo bribri de Salitre.
Esta es la situación actual de mi territorio en Salitre, lo estamos pasando, lo que hemos vivido y seguimos viviendo, ya que no hay respuesta, no hay apoyo de parte del Estado a esta situación de violencia que hemos estado viviendo. Lamentable, como digo, porque vemos una situación muy crítica para nosotros. No sabemos hasta cuándo”. (Delgado, 2020, m14s12)*
¿Cuándo le daremos en Costa Rica el lugar que merecen los pueblos originarios?
Siembran con sus luchas semillas de dignidad.
Isabel Ducca D.
*Para consultar el documento completo: Audiovisuales UNED. (2020, noviembre 25). Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos /Foro [Vídeo]
Reiteramos la invitación a personas, organizaciones y colectiv@s, dentro y fuera de Costa Rica, a suscribir este comunicado público con la alerta ante las amenazas dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vignet.
ALERTA SOBRE RIESGO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE DEFENSORES DE LA TIERRA-TERRITORIO Y DE DERECHOS HUMANOS
Las amenazas han sido dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vigtnet.
El contexto ampliado, involucra al ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez. Quién además de ser denunciado pública y judicialmente ha sido apoyado en algunas acciones por la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA).
Martes 6 de diciembre del 2022. Nosotras y nosotros que pertenecemos al “Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok”, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el riesgo inminente que corren las vidas e integridad física de : 1) la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak, recuperadora de tierra-territorio en el Territorio Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) y; 2) el defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, que apoya a la CLSS y es interlocutor entre esta instancia y el Estado de Costa Rica.
La alerta y nuestra profunda preocupación se originan a partir de las numerosas denuncias que se han realizado a la situación de tensión, agresión y violencia racista que se vive en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) . Este contexto surgió tras la respuesta violenta del ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez, ante la recuperación del terreno que ocupaba y del cual obtenía beneficios de forma ilegal desde que lo adquirió -también por medios ilegales- en 2012; un poco más de dos décadas desde la vigencia de la Ley Indígena de 1977 en Costa Rica y que convierten a Pérez no sólo ocupante ilegal sino de mala fe y, por tanto, no es sujeto de indemnización.
Las agresiones han sido múltiples y profundamente violentas desde que la familia Sandí Morales decidió hacer valer su derecho al acceso y disfrute de la tierra-territorio en abril del 2021. Derecho consagrado en: 1) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 2) la Ley Indígena de 1977; 3) el marco constitucional costarricense y; 4) el fallo No 20222024725 del miércoles 19 de octubre del 2022, de la Sala Constitucional, en el que se reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas. Las agresiones por parte de Luis Ángel Pérez y sus peones han ido desde el hostigamiento y acoso constante, insultos racistas, hasta las amenazas de muerte, amenazas agravadas (con arma en mano) y escaló con disparos al cuerpo de las personas recuperadoras el pasado 04 de noviembre; día en el que la familia Sandí Morales pudo completar el proceso de recuperación y la expulsión definitiva del ocupante ilegal y sus peones.
Esta situación se agrava, todavía más, ante los hechos denunciados el pasado miércoles 30 de noviembre del 2022 por la familia Bribri -del Clan Duri Wak- Sandí Morales y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Ambas partes, recibieron información sobre la filtración y difusión de imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón sobre los hechos que tuvieron lugar durante los días 4 y 5 de noviembre -del año en curso- en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). Días en los que, como se mencionó anteriormente, la familia Sandí pudo completar el proceso de recuperación de tierra-territorio.
Estas imágenes, fueron difundidas de forma masiva por medio del grupo de Whatsapp «GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet , de quien se muestra su rostro e información personal. Estas imágenes fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de whatsapp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet.
Según la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ésta es la segunda ocasión en la que un informe de investigación judicial es filtrado. La primera vez fue durante los días 21 y 22 de enero del 2021 cuando el medio de comunicación CrHoy.com filtró información del caso por el homicidio por razones políticas del líder Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwák; expediente judicial 19-0000178-0990-PE.
Estas filtraciones no sólo levantan sospechas de que en el Poder Judicial se encuentran intereses coludidos a favor de los ocupantes ilegales y terratenientes sino que también inciden en el debido proceso, en el buen desarrollo de las investigaciones y pesquisas judiciales correspondientes.
Además, como si esto fuera poco, pone en riesgo a las personas que pertenecen a los Pueblos Originarios y no que están implicadas. Quienes son las mismas personas que tras más de 12 años de resistencia, han sobrevivido a la violencia racista con la que responden los ocupantes ilegales a los procesos de recuperación de tierra-territorio. Violencia, por mucho, mortífera y que al día de hoy logró acabar con la vida de los líderes Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak y del Territorio Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera Brörán de Térraba.
Es importante recordar que la familia Sandí Morales ha recibido ataques donde les han quemado su casa y destruido cultivos; y que desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se emitieron las Alertas Tempranas los días 10, 16 y 22 de noviembre del año en curso, sobre posible contratación de servicios de sicariato y agresiones contra la familia Sandí Morales.
Así insistimos: los hechos hablan por sí mismos y el riesgo a la vida y a la integridad física de la familia Bribri Rivera Sandí Morales y de Gustavo Oreamuno Vignet es real, preocupante y urgente de atender. Ante las constantes amenazas y ataques al honor de Gustavo Oreamuno Vignet, esta persona interpuso las respectivas denuncias judiciales por amenazas contra personas afines a los intereses de los ocupantes ilegales de Territorios Indígenas, denuncias que se tramitan ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas en los expedientes #20-006343-0042-PE y #21-0000003-1214-PE.
Ante ello, las organizaciones y personas solidarias y firmantes de este comunicado EXIGIMOS:
1- Que a la brevedad se brinde un informe sobre la filtración de las fotografías de estos documentos que en teoría corresponden a un expediente propio de una investigación y compendio de información exclusivo del Organismo de Investigación Judicial. Además, que se lleven hasta las últimas consecuencias administrativas y judiciales a las personas implicadas.
2- Que la Fuerza Pública se haga presente en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) de forma inmediata y permanente y que garantice la integridad física y vida de la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak.
3- Responsabilizamos al Estado costarricense ante cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad física, psicológica, emocional y la vida tanto de la familia Sandí Morales como la de Gustavo Oreamuno Vignet. Ello ante la actitud complaciente de las autoridades competentes por no velar el cumplimiento de la ley indigena, hacer cumplir la declaración de nulidad de la Sala constitucional ante la compraventa de tierras en territorios indígenas posterior a 1977 y el cumplimiento pleno de las medidas cautelares que organismos internacionales han impuesto como medida de protección a las personas recuperadoras.
Suscribimos este comunicado público: – Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok. – Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). – Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU). – Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre. – Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). – Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha. – Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba. – Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba. – Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc. – Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur. – Cootraosa. – Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina. – Asociación Voces Nuestras. – Frente Tierra. – La Juventud Vanguardista Costarricense. – Sociedad Juglar Pacaqua. – Mujeres por Costa Rica. – Asociación de Escritoras Costarricenses. – Buen Vivir Costa Rica. – Confluencia Solidaria. – Partido Vanguardia Popular. – Movimiento de Trabajadores y Campesinos. – Bloque de Vivienda. – Confederación Unitaria de Trabajadores. – Fundación Pedagógica Nuestramérica. – Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe.
