La Red de Mujeres Rurales informa ante la visita de las autoridades de Gobierno a Territorio Indígena Salitre el día 21 de setiembre
*Imagen con fines ilustrativos.
Una vez más el Gobierno de Costa Rica dice que va a resolver la situación del Territorio indígena de Salitre y una vez más no ofrece nada concreto.
El día de ayer 21 de setiembre se presentó al territorio la Ministra de Justicia Cecilia Sánchez Romero, jefa de la delegación para atender la grave situación del Territorio, acompañada de la Viceministra de Seguridad Pública María Fulmen Salazar y Diana Murillo, asistente del Director Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural. Un buen número de mujeres y hombres indígenas bribris acudieron al centro de Salitre para dialogar con las funcionarias, esperanzadas en la búsqueda de soluciones a las graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos al territorio de la población bribri de Salitre.
Como ya lo ha denunciado la Red de Mujeres Rurales antes, el Gobierno en la anterior visita no llevó una propuesta de protocolo para la implementación de las medidas cautelares emitidas por el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino llevó solo una propuesta de control policial, que no resuelve el problema causado por la usurpación del territorio por parte de finqueros no indígenas.
Ahora tampoco aporta ninguna propuesta seria, sino que peor aún, la delegación planteó que no venían a resolver nada todavía, sino que iban solo sobre el tema de seguridad. La viceministra de Seguridad se atrevió a faltar el respeto a las mujeres indígenas diciendo que un ojo morado no era un asunto tan grave para ir a poner denuncia, minimizando la golpiza que recibieron las mujeres indígenas de Cebror por parte de finqueros, matones y policías.
Por su parte la funcionaria del INDER planteó que lo más pronto que se podía hacer un estudio para saber a quiénes indemnizar tardaría un año.
La presencia y las manifestaciones de las funcionarias fue irrespetuosa con la población indígena, cubren las violaciones a los derechos humanos y pretenden quitar el derecho de expresión y de denuncia que con justo derecho ejercen hombres y mujeres sobre la situación que están viviendo.
La Ministra de Justicia pidió una disculpa por las declaraciones que parcialmente reprodujera un diario nacional. Ante esto las mujeres indígenas han manifestado que le aceptan la disculpa cuando todos los que leyeron esa declaración se enteren de la verdad, cuando la Ministra solicite al diario que publique la verdad.
Las mujeres indígenas en la Red denuncian la parcialidad y el racismo de la viceministra de Seguridad, ya que las y los indígenas en Salitre han sufrido impactos de bala, mutilaciones con machetes, marcas con hierros de marcar ganado, agresiones con palos y piedras, y la quema de sus casas y pertenencias, pero para ella no es grave, no tienen porqué andar denunciado estas cosas. Ante esto las mujeres indígenas responden “ahora que los finqueros nos quieren quitar la vida, eso no es grave para las autoridades, la vida de indígenas no es grave para la delegación de Gobierno”.
Ante esto las mujeres que ha sufrido agresiones dicen que por eso no confiamos en la policía de Buenos Aires, ni en la policía de otros lados.
La delegación se retiró rápidamente diciendo que la población indígena es muy difícil, que el Gobierno está poniendo todo de su parte para resolver.
Las mujeres indígenas denuncian el irrespeto a la población bribri de Salitre, ya que algunas personas habían caminado entre 4 y 6 horas para llegar a la reunión, y se preguntan ¿Qué parte es la que no entiende el Gobierno, por qué no entiende que el territorio de Salitre le pertenece al pueblo indígena bribri de Salitre y la única solución es sacar a los usurpadores y no dejar en impunidad todas las agresiones?
Enviado a SURCOS Digital por Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más cinco mil campesinos procesados, de ellos 700 son mujeres campesinas en su mayoría por el delito de usurpación de tierra y daños a la propiedad privada, denunciaron las organizaciones campesinas hondureñas.
Las organizaciones campesinas, federaciones, confederaciones de mujeres y jóvenes miembros de la articulación campesina de honduras, (ARCAH-LVC), y representantes de la Plataforma Agraria Regional del Valle de Sula desarrollaron una conferencia de prensa en el marco del día del Campesino Nacional, para denunciar la ola de desalojos violentos que han realizado el ejército y la policía en los últimos meses en el municipio Choloma Cortes y el departamento de la Paz.
Según el informe 11 trabajadores del campo guardan prisión y enfrentan condenas entre los 6 y 18 años de cárcel.
Los detenidos son: son Omar Mejía Gálea, Benancio Palomo Chavarría, Edgardo Hernández detenidos el 10 de Enero 2014 y miembro del Grupo Buena Vista, la brea Comayagua, Héctor David Gáleas López, Nery Antonio Gonzales, Ángel Arnaldo Martínez Márquez, Manuel Nicolás Domínguez, José David Aguilar Gáleas, Jacinto Bardales detenidos el 11 de Octubre 2013, son miembros del Grupo 18 de Abril la Pollera, Quilaperque, La Paz, Osmar Lara miembro del Grupo Campesino Unidos para un Futuro Mejor, Márcala, La Paz y José Isabel Morales (chabelo) detenido 4 de Agosto 2008 Movimiento CREM, Trujillo, Colon.
Desalojos violentos
El movimiento campesino a nivel nacional ha sido objeto en los últimos meses de represión, desalojos violentos y detenciones ilegales por miembros de la policía y el ejército, jueces y fiscales que se prestan para ejecutar desalojos violentos en contra de las familias campesinas que se encuentran en la tierra y favorecer a los terratenientes.
“Condenamos el desalojo que sufrieron esta madrugada los compañeros del grupo campesino Juan Almendares Bonilla, del sector de Planes, Santa María, La Paz, donde se destruyó sus casas y los cultivos de maíz, frijoles y café. Teniendo como resultado compañeros heridos y 15 detenidos entre ellos 9 varones 3 mujeres y 3 niños”, indicaron en un comunicado público.
“Este mismo día a las 3:00 de la mañana unos 200 miembros del ejército de la policía llegaron a la comunidad de Santa María en el departamento de Paz, y desalojaron violetamente a 30 familias miembros de la Empresa Asociativa Campesina Juan Almendares que estaban posicionados en la tierra desde hace más de cuatro años”, añadieron.
En el desalojo destruyeron cultivos, casa en las que habitaban las familias y 15 personas detenidas quienes fueron trasladas a la jefatura de policía de la Paz.
Entre los detenidos se encontraban: a Máximo Carrios, Luis Beltrán Aguilar, José Antonio Vásquez, Edi Benjamín Vásquez, Oscar Martínez, Esteban López, Héctor Emilio López Chicas, Arnold Cruz López Rodríguez. Y de inmediato salieron cinco compañeros con medidas sustitutivas; María Emérita López, Martha Dalila Vásquez, Elvin López (14 años), Jairo Joel López Chicas (15 años) y Jennifer Areli Gáleas.
Finalmente las organizaciones campesinas a nivel nacional demandaron al gobierno de Juan Orlando Hernández el cese a los desalojos violentos, persecución y asesinato en contra de líderes y lideresas campesinas, la aprobación de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, la libertad inmediata para los 16 compañeros campesinos presos en los centros penales de Tamara, Márcala y La Ceiba, Crédito agrícola para las/os pequeños y medianos productores entre otros.
Crisis alimentaria en Honduras
Honduras atraviesa una fuerte crisis agraria y alimentaria debido a que el campo dejo de ser un sector importante para los Gobiernos, pues el sistema Neoliberal definió un plan de desarrollo encaminado a fortalecer la industria de agro exportación, el sistema financiero, la minería, el turismo, la maquila entre otras la agricultura queda en el absoluto abandono.
La falta de voluntad política de los diferentes gobiernos ha provocado graves consecuencias que afectan la soberanía alimentaria de forma severa, al grado que se está importando frijoles etíopes, verduras, arroz y maíz los cuales años atrás eran cultivados por las y los pequeños productores del país, lamentaron diferentes líderes campesinos.
Otro factor que agrava la crisis en el país es el Cambio Climático en el año 2014 los impactos fueron sufridos en la zona sur y otras regiones del país por más de 180 mil familias, que aún se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, porque fueron insuficientes las iniciativas del gobierno para fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar ante la sequía, que incluyó bolsas solidarias, importación de frijoles Etíopes y capacitaciones para retención, almacenamiento y limpieza de agua para consumo humano.
En la actualidad el agro hondureño enfrenta una verdadera tragedia humana, la situación en el campo se ha venido agravando cada día por la ausencia de un verdadero marco jurídico el pasado 9 de abril fue presentada al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, pero este continua durmiendo en el sueño de los justos.
Mientras el Gobierno importa frijoles etíopes, el ejército y la policía destruyen grandes extensiones de milpa, frijoles, plátano, asimismo la quema y destrucción de las casas donde habitan las familias campesinas dejándolas a la intemperie, condenaron.
La Red de Mujeres Rurales, se solidariza con el pueblo Bribrí que lucha por sus tierras, y exige que el gobierno respete las mujeres indígenas del Territorio Indígena de Salitre y al pueblo en general, que ha sido violentado por hacer valer su derecho a la tierra.
Imagen con fines ilustrativos.
En solidaridad con nuestras compañeras indígenas de Salitre y con ocasión del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, una delegación de la Red de Mujeres Rurales de otras comunidades y territorios hemos visitado el territorio indígena de Salitre, hemos escuchado a las compañeras, compartido la hostilidad y las agresiones que viven, la usurpación de sus tierras y hemos visto y conocido los daños causados por los usurpadores.
Los días 26 y 27 de noviembre nosotras mujeres bribris de Salitre y junto con otras mujeres de la Red de Mujeres Rurales, indígenas de otros territorios indígenas y campesinas de comunidades vecinas, nos hemos informado y queremos informar a todas las personas respetuosas de los derechos humanos.
Por eso denunciamos los siguientes hechos:
-Que el 5 y 6 de julio, alrededor de 200 personas no indígenas, usurpadores de territorios indígenas llegaron a Salitre y en estado de ebriedad bloquearon la entrada principal del territorio y a las 8 pm quemaron la vivienda de María Otilia Figueroa Calderón del clan Tuariwak, luego quemaron el rancho de las hermanas Heylin y Roxana Figueroa, ubicado en la finca Pinto (usurpada por la transnacional piñera PINDECO), a las 4 am quemaron el rancho de Yoelis Villanueva y a las 8 am del 6 de julio quemaron el rancho de Ademar otro compañero indígena.
-Que el 7 de julio se procedió a hacer las denuncias por los actos de violencia y la agresión sufrida y la respuesta de la fiscalía y el OIJ fue que por no tener culpables directos no recogerían la denuncia aunque nos asesoramos que podíamos denunciar por sospechas directamente a alguien, no nos tomaron la declaración.
-Que en esa semana se hicieron acuerdos con la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zuñiga, entre los que se consideró que la parte no indígena detendrían sus agresiones y usurpaciones, y que los indígenas no haríamos recuperaciones mientras se iniciara el proceso de desalojar a los finqueros que ocupan tierras en el territorio y acordamos que se respetaran los acuerdos por las tres partes: gobierno, finqueros e indígenas. Entre los acuerdos a los que el gobierno se comprometió fue de sacar a Tais Vidal Navarro, así como otros usurpadores del territorio, también a hacer un censo sobre la tierra y sus ocupantes, para definir sus derechos sobre la tierra si había ocupantes desde antes de la Ley de 1977. Otro acuerdo fue que habría un reten policial a la entrada de Cebror, para asegurar que los agresores no entraran con armas o productos quemantes para salvaguardar la integridad de los indígenas.
-Que estos acuerdos no fueron cumplidos por el Gobierno, ni por los no indígenas.
-Que el miércoles 19 de noviembre, los sikuas finqueros armados invadieron la finca recuperada por Camelia Morales Ortiz, quemándole el rancho y sus pertenencias, disparando y además de aterrorizarla a ella y a sus niños.
-Que el sábado 22 de noviembre estos individuos violentaron nuevamente a Camelia quemándole el rancho de su hermana, donde se resguardaba con su familia.
-Que el domingo 23 de noviembre, los no indígenas ingresaron a la finca recuperada por Santos Morales armados y lo despojaron de la finca quemándole su rancho y pertenencias.
-Que el reporte que da la policía ante los hechos es que no hay dichas agresiones y quemas, y cuando las indígenas tratan de denunciar estos actos de violencia no les toman la declaración, haciendo que esto quede impune junto con las agresiones anteriores.
-Que responsabilizamos al Estado por estos hechos de violencia por no actuar y no hacer que se cumplan los acuerdos, la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT, además de no velar por los Derechos Humanos del pueblo indígena de Salitre.
-Que Carlos Gómez, Oldemar Rojas Ortiz, Wilbert Díaz López han amenazado con armas de fuego y han atacado con perros a Camelia Morales Ortiz. También el 29 de junio Carlos Gómez amenazada con cortarle la cabeza por estar defendiendo su derecho a la tierra.
-Que las mujeres de Salitre y sus familias han sufrido agresiones físicas y también agresiones verbales y amenazas, además de que los sikuas las están atemorizando disparando en las noches y si andamos por la calle nos echan el vehículo, por eso no nos sentimos tranquilas en el territorio, y nos preguntamos ¿Por qué tenemos que vivir con miedo en nuestro propio territorio?
-Que el OIJ no quiere reconocer los documentos que tenemos de nuestra posesión de la tierra, otorgados por la Asociación de Desarrollo del Territorio, y nos intimidan sobre nuestro derecho a estar en nuestro territorio.
-Que La fiscalía de asuntos indígenas de Buenos Aires no ha sido consecuente (ha actuado mal), no toman las denuncias presentadas en varias ocasiones, argumentan que los sikuas (no indígenas que han usurpado) tienen el derecho. Esto pasa porque quienes trabajan en la fiscalía también son sikuas y además son familiares de los usurpadores agresores.
-Que Camelia fue a denunciar la violencia de la que fue víctima y más bien se le acusó de haberse robado un ganado y no le tomaron la denuncia.
-Que nosotras como mujeres indígenas consideramos que son violaciones a nuestros derechos humanos. Los blancos no tienen derecho al territorio como lo dice la Ley Indígena de 1977.
-Que la violencia a las familias y los traumas que quedan en los niños, niñas y adolescentes, porque después de los ataques quedan temerosos, cuando queman ranchos no les importa que hayan niños y niñas. ¿cómo se logra la protección a las familias si en la fiscalía no atienden las denuncias?
-Que en las instituciones como OIJ y Fiscalía tratan a las y los indígenas de mentirosos (as), los policías dicen que no les creen lo que denuncian, cuando ese no es su trabajo, entonces los indígenas quedamos sin derechos.
-Que los gobiernos anteriores y el actual no hacen nada y son responsables de lo que sucede por su indiferencia, hablan de hacer un diálogo, pero al tiempo de ellos y ya como pueblos indígenas estamos cansados de que hablen tanto y no hagan nada. De que no respeten ni sigan la Ley solo está en el papel.
-Que PINDECO en el territorio de Salitre y en otros territorios indígenas contaminan la tierra, los ríos, el aire y decimos que el dinero no es lo único necesario, si no que es necesario conocer y tener donde sembrar. Los indígenas de por vida hemos amado la semilla criolla y no queremos que se pierda, ni que se siga perdiendo, los proyectos de los gobiernos tienen las mismas metas de contratos con las transnacionales agrícolas que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria.
-Que el gobierno es cómplice de la situación de violencia que el pueblo bribri de Salitre está viviendo porque no ha hecho que se cumpla la ley indígena no. 6172 de 1977 , porque por ley los documentos que la ADI nos ha dado sobre la posesión de las tierras de nuestro territorio y de nuestros ancestros son legítimos pero la fuerza pública los pone en duda y si le dan valor a los documentos de los sikuas sobre la compra de los terrenos de nuestro territorio que son ilegales porque la Ley indígena dice que los terrenos de los territorios indígenas no se pueden vender, ni cambiar, ni arrendar, ni hipotecar.
-Que el gobierno está negando las formas de organización de los pueblos indígenas y exigimos que nos las respeten. Por eso es que los sikuas hicieron que Sergio Rojas esté en la cárcel y con eso creen que pueden hacer lo que quieran, además él le ha dado frente al gobierno y al proceso de recuperación de tierras y por eso “no cae bien ni al gobierno ni a los finqueros” . Por lo tanto se declaramos que el caso de Sergio Rojas es persecución política porque quieren obstaculizar nuestro proceso de reivindicación de nuestros derechos, las recuperaciones de tierra.
-Que el gobierno no ha hecho los estudios a los no indígenas para expropiarlos, ya que no son poseedores de antes de 1977.
-Que aunque los territorios demostraron buena fe con la mesa de diálogo, el gobierno no ha llevado a cabo acciones concretas.
-Que hay otras acciones de invasión a nuestros territorios como el proyecto Diquís y el programa REED +. Solo quieren quitar nuestros recursos y nuestros territorios.
Exigimos:
-Que nos escuchen y que se respeten los derechos de los indígenas dentro y fuera de los territorios.
-Que no hayan mas amenazas, atropellos contra nuestros hermanos indígenas y que todas las instancias poderosas intervengan para que no sigan sucediendo estas cosas.
-Que la Fiscalía de Asuntos Indígenas tome las demandas por parte de los indígenas de Salitre.
-Que las denuncias sean recibidas y se entiendan las necesidades de las personas de los territorios indígenas.
-Que se respeten los territorios indígenas y que el gobierno no ponga más trabas para la Ley de Autonomía Indígena, que ya tiene màs de 20 años de haberse presentado. Que se denuncie quién está detrás de estos intereses.
-Que se haga justicia con todas las pruebas, cuando hay mujeres con niños y niñas en la montaña, con hambre y frío. Escapando al monte por las amenazas de los finqueros y con todo lo que ha venido ocurriendo en Salitre se demuestra un accionar pacífico por parte de los indígenas bribrí de Salitre y llegará el momento en el que ya no se va a aguantar y se defenderán de una u otra manera. Se le exige al gobierno de Luis Guillermo Solís que actúe al respecto.
-Que se cumpla la ley indígena no. 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos.
-Que el gobierno respete los acuerdos tomados sobre Salitre, se cumplan y se avance para sacar a los no indígenas del territorio.
-Que las comunidades sean consultadas sobre proyectos en sus territorios porque es un derecho. Como en el caso del proyecto Diquís, para que no siga adelante, ni dentro del territorio indígena de Térraba ni fuera del territorio, queremos el río libre.
-Que REDD + no se implemente en los territorios indígenas, porque esto también es agresión y violencia contra nuestros derechos.
-Que se respeten los procesos de organización de los habitantes originarios, como el Consejo de Mayores de Cabagra Iriria Jetchö Wakpa
-Que se libere al presidente de la ADI de Salitre Sergio Rojas.
-Que el gobierno asegure la integridad física de los indígenas recuperantes del territorio.
Firman:
Rogelia Rojas Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Everilda Flores Beita, delegada del Territorio Indígena de Abrojo Montezuma
Heylin Morales Mayorga, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Zaida Ortiz Granda, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Luisa Bejarano M., delegada del Territorio Indígena de Conte Burica
Sary Rojas Leiva, delegada del Territorio Indígena de Curre
Fanny Reyes Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Térraba
Floribeth Arguedas H., delegada de El Águila de Pérez Zeledón.
Berta Díaz M., delegada de Potrero Grande
Bellanira Navarro Jiménez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Carmen Gamboa Chinchilla, delegada de San Juan Bosco de Pérez Zeledón
Grace Lucía Navarro Pérez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Roxana Figueroa Calderón, Salitre
Camelia Morales Ortiz, Salitre
Paola Figueroa Calderón, Salitre
Yamileth Morales Figueroa, Salitre
Janoly Morales Rojas, Salitre
Alejandra Bonilla Leiva, Tinamaste
Sandra Monge Vásquez, Asociación de Estudiantes del IEM- UNA (ASEIEM)
Mariel Quesada Chacón, Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas-UNA (ASECB)
Herminia M. C., Salitre
Jairo Figueroa Calderón, Salitre
Jairo A. Sanchez P., bribri de Talamanca
Ma. Otilia Figueroa C., Salitre
Ilustración tomada del Facebook del Red de Mujeres Rurales:
-Nuevas agresiones contra el pueblo bribri de Salitre
-Este 19 de noviembre se reportaron nuevos hechos de violencia por parte de finqueros usurpadores del territorio indígena de Salitre, en la zona sur de Costa Rica.
Entre 8:00 y 9:00 de la mañana, un grupo de no indígenas atacó a la familia de Camelia Ortiz y Natalio Ortiz y a sus 8 hijos e hijas, quemaron su rancho, sus pertenencias y les obligaron a huir por la montaña. Durante la mañana de hoy 22 de noviembre el terrateniente ha metido ganado en la finca de la familia Ortiz para destruir lo que la familia tiene sembrado y a las 6:30p.m. han disparado y quemado el rancho de Ditinia Ortiz, donde se albergaban Camelia, Natalio y sus hijos e hijas.
Estos hechos se suman a las agresiones que ha sufrido en los últimos dos años el Pueblo Indígena Bribri en el Territorio Indígena de Salitre, en las que los usurpadores del territorio han quemado ranchos, macheteado, baleado y marcado con hierro caliente a recuperantes de tierra, les han perseguido por la montaña y amenazan e intimidan a la población con sus armas. Los agresores siguen en total impunidad.
Según la legislación costarricense y los convenios internacionales firmados por el Estado, los territorios indígenas son exclusivos para las poblaciones originarias y la posesión de tierras por parte de personas no indígenas dentro del territorio es ilegal.
Ante la incapacidad del Estado costarricense para cumplir con esto, la población indígena en los últimos años ha emprendido un proceso de recuperación de las tierras que están en manos de usurpadores.
La Red de Mujeres Rurales se moviliza
En apoyo a las compañeras de Salitre que están recuperando su territorio y que son integrantes de la Red de Mujeres Rurales, una delegación de mujeres indígenas y campesinas de otras comunidades se movilizarán los próximos 26 y 27 de noviembre para manifestar su apoyo y solidaridad.
En el marco del Día POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, (25 de noviembre), la Red de Mujeres Rurales denuncia la violencia y se moviliza al lado de sus compañeras para señalar al Estado como cómplice de las agresiones contra la población indígena.
El gobierno de Costa Rica ha provocado la situación de violencia en Salitre al no actuar en la expulsión de los no indígenas del territorio ni proceder contra los agresores que han atentado contra la vida y la integridad de la población Bribri en varias ocasiones.
¡Alto a las agresiones al Pueblo Bribri de Salitre!
¡Autonomía para los pueblos indígenas ya!
Información enviada a SURCOS Digital por Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.
La densidad de población en el campo mozambiqueño es grande. Crédito: Unión Nacional de Campesinos de Mozambique.
El campesino Rodolfo Razão obtuvo en 2010 el Derecho de Uso y Aprovechamiento de la Tierra (Duart) para 10 hectáreas, pero no puede cultivar más que siete. El resto lo ocupó una compañía sudafricana que produce soja, maíz y frijoles en unas 10.000 hectáreas en el noreste de Mozambique.
De nada sirvió quejarse a las autoridades del distrito de Monapo, donde vive, en la provincia de Nampula. A sus 78 años, no puede esperar mucho más.
Brígida Mohamad, viuda de 50 años, sufre por uno de sus siete hijos, cuya tierra también fue invadida por una empresa. “Mi hijo no tiene donde sembrar, no estamos vendiendo nuestras ‘machambas’” (granjas), protestó al recibir IPS en Nacololo, una localidad de Monapo en la que ha vivido siempre.
Estos son algunos ejemplos que explican el miedo con el que los campesinos imaginan el Programa de Cooperación Tripartita para el Desarrollo Agrícola de la Sabana Tropical en Mozambique, conocido como ProSavana, apoyado por las agencias de cooperación de Brasil (ABC) y de Japón (JICA).
Inspirado en la tecnología de agricultura tropical desarrollada en Brasil, ProSavana pretende aumentar la producción en el Corredor de Nacala, un área de 14,5 millones de hectáreas en el centro y norte de Mozambique, con un potencial agrícola similar al del Cerrado, la sabana brasileña.
De los 4,5 millones de habitantes de esta zona, 80 por ciento viven en la zona rural, una densidad muy grande comparada con la de Brasil y otros países, que ya despoblaron el campo modernizando la agricultura.
Pero en ciertos lugares del Corredor de Nacala se puede recorrer dos kilómetros sin ver una casa, ante la dispersión y el aislamiento de las familias que practican agricultura de subsistencia en terrenos que tienen en promedio 1,5 hectáreas.
La mandioca es la base de la alimentación aquí. También se cultiva maíz, calabaza, girasol y batata para el autoconsumo, y algodón, tabaco y acajú para la venta.
La perspectiva de convertir este Corredor en granero del país, incluso para la exportación facilitada por el puerto de Nacala, deberá intensificar los conflictos por la tierra, al atraer empresas volcadas a la producción en gran escala y alta productividad, en extensas haciendas que desplazan poblaciones tradicionales.
La llegada de esos grandes inversionistas es una desgracia, lamentó Mohamad, rechazando cambios que no se deben solo a ProSavana, pero que pueden acelerarse por su influencia.
Los campesinos no perderán sus tierras, el objetivo principal del programa es apoyar a los agricultores que ya están en el Corredor y mejorar sus técnicas productivas, aseguró a IPS el coordinador mozambiqueño de ProSavana, Calisto Bias.
Pero las comunidades locales sufrirán una ruptura en su modo de vida, porque los inversionistas traerán nuevas relaciones, de empleados y patrones, y los monocultivos jaquearán el hábito de “producir un poco de todo para su propia alimentación”, prevé Sheila Rafi, oficial de Recursos Naturales de la organización no gubernamental Livaningo.
Generar empleos por medio de inversiones y cadenas de valor constituye una de las “misiones” de ProSavana. Otra es modernizar y diversificar la agricultura con miras a aumentar la productividad y la producción, según el sitio web creado por el Ministerio de Agricultura.
Pero la amenaza más temida es la “usurpación” de tierras. Muchos buscan protegerlas tratando de conseguir el título del Duart, pero este no asegura nada, según los testimonios recogidos.
La ley mozambiqueña establece que toda la tierra es propiedad del Estado y no puede venderse o servir de fianza. Las personas físicas o jurídicas pueden solicitar el Duart al gobierno por un plazo de hasta 50 años.
Cerca de 250 campesinos de Nacololo se juntaron el 11 de diciembre frente a la residencia del jefe de puesto local, para exigir explicaciones sobre una alegada usurpación de cerca de 600 hectáreas por la empresa sudafricana Suni.
El distrito de Malema, a 232 kilómetros de la ciudad de Nampula, también vive días turbulentos. Allí operan grandes compañías agrícolas como la japonesa Nitori, algodonera que logró la concesión de unas 20.000 hectáreas, donde viven algunas familias que serán reasentadas.
Otra es Agromoz (Agribusiness de Moçambique SA), sociedad de capitales brasileños, mozambiqueños y portugueses, que produce soja en 10.000 hectáreas.
La falta de informaciones oficiales agrava las incertidumbres. “Solo escuchamos que hay un programa llamado ProSavana por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno aún no nos informó nada”, sostuvo Razão.
“No estamos en contra del desarrollo, pero queremos políticas que beneficien a los campesinos y que nos expliquen que lo que es ProSavana”, machacó Costa Estevão, presidente del Núcleo Provincial de Campesinos de Nampula.
El acuerdo triangular, de aparente complementariedad entre el mercado importador japonés, los conocimientos brasileños y las tierras de Mozambique, iniciado en 2011, ya reveló su fertilidad para las controversias.
Organizaciones sociales de los tres países se movilizaron para rechazar o reorientar ProSavana. Brasil quiere “exportar un modelo en conflicto”, según Fátima Mello, directora de relaciones internacionales de la organización brasileña FASE y activa participante de la Conferencia Triangular de los Pueblos frente al ProSavana, que tuvo lugar en Maputo en agosto.
Millones de campesinos sin tierra, un intenso éxodo rural, cruentas disputas de tierra, deforestación y consumo de agrotóxicos sin precedentes fueron el resultado de ese modelo que prioriza el agronegocio, el monocultivo para exportación y las grandes empresas, destacan los activistas, defendiendo la agricultura familiar como factor de seguridad alimentaria.
Un componente importante de ese modelo es el Programa de Cooperación Nipo-Brasileño para el Desarrollo de los Cerrados, iniciado en 1978 en el centro de Brasil y que ahora sirve de inspiración a ProSavana.
La tecnología que se transferirá a los agricultores del Corredor de Nacala proviene de Brasil. La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria está capacitando a técnicos y gestores del Instituto de Investigación Agraria de Mozambique, en lo que constituye el primer proyecto de ProSavana, de 2011 a 2016.
Los demás componentes del programa, el plan director que evalúa las áreas y cultivos con buenas potencialidades en el Corredor y el Proyecto de Extensión y Modelos, también cuentan con participación brasileña decisiva.
Falta “un debate público profundo, amplio, transparente y democrático” con la sociedad, además de la evaluación del impacto ambiental exigida legalmente, protestaron 23 organizaciones y movimientos sociales mozambiqueños, apoyados por 42 entes internacionales, en una carta abierta a los gobernantes de Brasil, Japón y Mozambique, firmada en Maputo el 23 de mayo.
Los firmantes reclaman la suspensión inmediata de las acciones, la apertura de un diálogo oficial con todos los sectores sociales, la prioridad a la agricultura campesina y agroecológica y una política de soberanía alimentaria.
Todos los recursos destinados a ProSavana deben transferirse a la “definición y elaboración de un Plan Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar Sustentable”, concluyen.
