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Etiqueta: Venezuela

Guyana / Venezuela: Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declara competente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 18 de diciembre del 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su fallo en el que se declara competente para conocer de la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en el 2018: véase texto en francés y en inglés de su decisión.

Como previsible, Venezuela emitió un comunicado oficial de su diplomacia en la misma fecha, en el que rechaza categóricamente la conclusión a la que llegó la CIJ (véase texto completo del comunicado oficial).

Dos cuestiones zanjadas, pero una sola de manera unánime

Nótese que luego de un largo análisis realizado por la CIJ, son dos únicos puntos resolutorios sobre la competencia de la CIJ que contempla esta sentencia en su párrafo final.

De las dos cuestiones a resolver, la única conclusión que fue adoptada por unanimidad por parte de los quince jueces titulares (véase lista oficial) así como por la jueza ad hoc designada por Guyana, Hilary Charlesworth (Australia), es la siguiente: la CIJ es únicamente competente para conocer de hechos anteriores a 1966 (párrafo 138) y no a hechos posteriores como lo sostenía aventuradamente Guyana.

Como bien se sabe, esta antigua controversia territorial entre Guyana y Venezuela no había dado lugar a mayores tensiones entre ambos Estados antes del 2015, año en el que la empresa Exxon Mobile anunció el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos frente a las costas de Guyana (véanse esta nota de la BBC del 10/06/2015 así como esta nota y mapa del Spectrumgeo del 2016). El entusiasmo de Exxon Mobile fue tal que se anunció que sufragaría los gastos de defensa de Guyana ante la CIJ contra Venezuela, calculados en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa del Guyana Times): es posiblemente la primera vez en la historia que un Estado reconoce oficialmente recibir montos de una empresa privada para sufragar sus gastos en La Haya.

Cabe indicar que la totalidad de los gastos que supone una demanda en La Haya para un Estado constituye un ámbito en el que imperan la discreción y el recelo, y en el que la prensa se ha mostrado muy poco curiosa, incluyendo la costarricense (Nota 1).

Un intenso debate inter pares

Más allá del entusiasmo inicial de Exxon Mobile y de Guyana (que debería decaer significativamente a raíz de esta decisión de la CIJ), cabe precisar que esta sentencia no fue exenta de debate entre los mismos jueces sobre el otro punto resolutorio: el de saber si hay (o no) manera de sostener la existencia de un consentimiento previo de Venezuela (sin el cual, la CIJ debió de declararse incompetente).

Como bien se sabe, en marzo del 2018, Guyana presentó una demanda unilateral con base en una carta del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018 dirigida a ambos Estados. Esta carta se fundamenta en un acuerdo de 1966 entre Venezuela y Reino Unido que designa al máximo representante de Naciones Unidas como la entidad encargada de ayudar a ambos Estados a resolver la disputa entre Guyana y Venezuela.

El juez Ronny Abraham (Francia) externó su profunda inconformidad en un voto disidente (véase texto), así como el juez Mohammed Bennouna (Marruecos), en otro voto disidente (véase texto): ambos jueces indicaron que no se pueden hacer derivar del acuerdo de 1966 entre Venezuela y Reino Unido las consecuencias jurídicas a las que llegó la mayoría de la CIJ. El juez marroquí concluyó su opinión disidente señalando que:

«A mon avis, ce n’est que par une interprétation rigoureuse du consentement des Parties à sa compétence que la Cour renforcera sa propre crédibilité ainsi que la confiance dont elle bénéficie de la part des Etats parties au Statut«.

En un texto que lleva el nombre de «declaración» (y no de «opinión disidente«, por alguna razón que sería de interés conocer), el juez Giorgio Gaja (Italia) también consideró que no existen bases jurídicas para establecer el consentimiento de ambos Estados (véase texto de su declaración) y concluyó su denominada «declaración» señalando que:

«In conclusion, the Parties are, in my opinion, under an obligation to resort to judicial settlement and therefore to confer jurisdiction on the Court. Pending consent to that effect, the Court does not yet have jurisdiction on the dispute».

En otra opinión disidente llamada como tal, el juez Kirill Gevorgian (Rusia) llegó una conclusión muy similar a los anteriores jueces citados, al indicar (véase texto completo) que:

«Rather than basing itself upon an unequivocal, indisputable indication of Venezuela’s consent, as its jurisprudence requires, the Court goes looking for reasons to exercise jurisdiction, relying in particular on the presumed intentions of the Parties and upon a series of statements that are, at best, of ambiguous meaning. The Court ignores language in the text of the Geneva Agreement that squarely contradicts its position and is unable to point to any express statement evidencing either consent to this Court’s jurisdiction or an acknowledgment that the Secretary-General’s choice of the means of settlement is legally binding. In my view, this approach is wrong and undermines the fundamental principle of consent by the parties to the jurisdiction of the Court«.

Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo.

La no comparecencia ante la CIJ y sus riesgos

Como se recordará, Venezuela optó desde un inicio (junio del 2018) por no comparecer en el procedimiento, al oponerse frontalmente al accionar unilateral de Guyana y cuestionar la competencia de la CIJ para conocer de esta demanda El texto integral de la demanda de Guyana (cuya lectura completa se recomienda) fue respondido por Venezuela 24 horas después con este comunicado oficial (véase texto del comunicado del 30/3/2018), cuya lectura también se recomienda.

Históricamente, Venezuela se ha mantenido siempre muy distante de la justicia internacional, persistiendo por ejemplo en no ratificar el Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado de firmas y ratificaciones) y en no reconocer la competencia de la CIJ mediante la declaración prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto). Esta actitud, que se ha mantenido a través del tiempo, se explica en gran parte por la sensación de haber sido objeto de una maniobra acordada entre los árbitros ingleses, norteamericanos y ruso para favorecer al Reino Unido en un laudo arbitral de 1899 sobre precisamente la frontera entre Venezuela y Reino Unido (Nota 2). Lo llamativo de recalcar en el marco de estas breves reflexiones, es que Guyana tampoco es parte al Pacto de Bogotá de 1948 y que tampoco ha reconocido nunca la competencia de la CIJ mediante la precitada declaración prevista para ese efecto (véase listado oficial de declaraciones hechas).

En una anterior nota sobre la posición venezolana titulada «El reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella: algunos apuntes» (véase nota), habíamos indicado el riesgo que corría Venezuela al privarse ella misma de poder arrebatir los argumentos de Guyana.

Ello sin considerar además el hecho que la no comparecencia por parte de un Estado en La Haya puede ser percibido por algunos jueces de la CIJ como un acto de rebeldía, que puede disimular la poca solidez de los argumentos del Estado ausente. ¿Podría ello explicar el hecho que de quince magistrados, solo cuatro consideraran equivocado el sostener que Venezuela sí ha dado su consentimiento para que la CIJ pueda conocer de una demanda como la planteada por Guyana? Es una interrogante que nos podemos hacer, al ser todos reconocidos juristas, que conocen muy bien los alcances así como las limitaciones de la justicia internacional para funcionar en ausencia de un consentimiento previo del Estado demandado.

Mapa de lo que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba», extraído de nota de prensa de la BBC titulada «El Esequibo, el territorio que disputan Venezuela y Guyana desde hace más de 50 años», edición del 30/03/2018

En el hemisferio americano, el último caso en el que se pudo observar la no comparecencia a un procedimiento contencioso ante la CIJ en La Haya remonta a la decisión tomada por Estados Unidos en 1985, luego de declararse competente la CIJ en su decisión del 24 de noviembre de 1984 (véase texto completo) para examinar la demanda interpuesta por Nicaragua en abril de 1984. En el mes de setiembre de 1985, la CIJ dio por concluidas las audiencias orales a las que solamente participaron los asesores de Nicaragua (véase comunicado de prensa de la CIJ), procediendo a elaborar lo que se convertiría en un histórico fallo cuya lectura tuvo lugar el 27 de junio de 1986. La situación de Venezuela es no obstante distinta, en la medida en que Estados Unidos sí participó en la fase preliminar sobre competencia de la CIJ, y optó por no comparecer cuando la CIJ se declaró competente.

Para completar el panorama en lo correspondiente a Estados del hemisferio americano, cabe mencionar una actitud un tanto original de Colombia en abril de 2016, al optar por no asistir a una reunión en La Haya convenida con el Presidente de la CIJ, en el marco de las dos demandas pendientes de resolución contra Colombia presentadas por Nicaragua en el 2013 (Nota 3).

La figura de las excepciones preliminares en breve

Ahora bien, si un Estado demandado por otro no está de acuerdo en que una controversia sea llevada ante la justicia internacional, puede hacerlo ver ante la misma CIJ: en efecto, el procedimiento contencioso de la CIJ prevé una primera etapa procesal (denominada «excepciones preliminares«) en la que precisamente, el Estado demandado puede cuestionar ante los jueces de la CIJ la base de competencia usada por el contrincante. Con una primera fase escrita de dos rondas de alegatos, seguida luego de una fase oral de usualmente también dos rondas de alegatos. Culminada la etapa oral, la CIJ delibera y decide si es o no competente: esta primera etapa procesal toma varios años cuando ambos Estados comparecen (tres a cuatro), pero mucho menos si uno se abstiene de hacerlo. En el presente caso, las audiencias orales se realizaron el 30 de junio del 2020 (véase verbatim de estas audiencias) con la única participación de los asesores legales de Guyana.

En América Latina, en años recientes, podemos citar dos casos en los que, luego de resolver la cuestión sobre su competencia, la CIJ decidió sobre el fondo en contra – primer caso – y a favor – segundo caso – del Estado que presentó excepciones preliminares: se trata del fallo a favor de Nicaragua contra Colombia de noviembre del 2012 (véase detalle del caso) y del fallo a favor de Chile ante la demanda de Bolivia de octubre del 2018 (véase detalle del caso). Tanto Colombia como Chile, ambos Estados demandados por Nicaragua y Bolivia respectivamente, cuestionaron en un primer momento la competencia de la CIJ, sin mayor éxito en ninguno de los dos casos.

Colombia reiteró el fracaso de sus gestiones ante la CIJ al escuchar la lectura de dos fallos dados a conocer el mismo día, en la que el juez internacional se declara competente para conocer de dos nuevas demandas interpuestas en su contra por la misma Nicaragua en el 2013 (véase texto integral del fallo del 17 de marzo del 2016 ) y otra también en el 2013 (véase texto integral del fallo del 17 de marzo del 2016).

A modo de conclusión

Al anunciar oficialmente que no comparecería Venezuela, la CIJ decidió que su primera decisión sobre este caso versaría únicamente sobre aspectos de competencia (Nota 4), la cual fue dada a conocer este 18 de diciembre del 2020: los jueces de la CIJ reconocen que sí son competentes, pero únicamente para conocer de hechos anteriores a 1966.

Es probable que esta decisión sea objeto de fuertes críticas en la doctrina del derecho internacional público, al relativizar de manera bastante osada lo que constituye un principio angular del sistema de justicia internacional: ello, a partir de una interpretación muy propia hecha del alcance de un tratado de 1966 y de una carta emanada del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018.

En las próximos semanas, la CIJ procederá a convocar nuevamente a ambos Estados, para precisar esta vez el cronograma a seguir en la segunda etapa sobre el fondo que durará varios años antes de la lectura del fallo (cuatro a cinco cuando ambos Estados comparecen, mucho menos si uno no lo hace).

Venezuela podría por supuesto mantener su posición de no comparecer ante la CIJ: en este caso, la CIJ tomaría una decisión sobre el fondo – sobre hechos anteriores a 1966 – sin que Venezuela tenga la posibilidad de responder a los alegatos de Guyana. Desde el punto de vista táctico, es en la fase oral del procedimiento contencioso en la que la ausencia del no compareciente surte mayores efectos, ya que en la fase previa (escrita), el Estado que no comparece tiene manera de hacer llegar a los jueces de la CIJ su posición sobre algunos de los argumentos escritos presentados en su contra.

Posterior al cierre de las audiencias orales, la CIJ inicia su período de deliberaciones internas («délibéré«) que duran varios meses hasta la lectura final del fallo a ambos contendores. Peruanos y chilenos debieron esperar más de 13 largos meses en el caso del fallo dado a conocer en el mes de enero del 2014 en materia de delimitación marítima (véase texto completo). La fase del «délibéré» es la fase en la cual pueden surtir mayores efectos las presencias de los jueces ad hoc designados por ambos Estados (y solo el de uno de los dos, en caso de no comparecencia).

–Notas–

Nota 1: Sobre algunos (pocos) datos arrojados por Estados de América Latina que han litigado en La Haya, y que viene a confirmar el dato de 15 millones de US$ dado a conocer por Guyana, remitimos a nuestros estimables lectores a la sección “El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura” de este artículo nuestro publicado en CIAR Global: BOEGLIN N., «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ«, portal de CIARGlobal, edición del 25/07/2017, y disponible aquí.

Nota 2: Este litigio territorial entre Guyana y Venezuela sobre la región de Esequibo es la más antigua controversia que se mantiene irresuelta en el hemisferio americano. Un laudo arbitral de octubre de 1899 (véase texto completo), escasamente fundamentado, y considerado como muy favorable al Reino Unido, fue objeto de investigaciones que llevaron a Venezuela a considerarlo como nulo en los años 60. En este valioso artículo del Dr. Allan Brewer-Carías publicado en 2009 por el prestigioso Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, se lee que:

“The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal’s president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich’s discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later” (punto 17).

En 1966 el Reino Unido y Venezuela suscribieron un tratado en aras de encontrar una solución negociada (véase texto del tratado en inglés y español).

Nota 3: Nos permitimos escribir en una nota al respecto que: “estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oído de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas”. Nótese que la misma nota fue también publicada en el sitio jurídico especializado colombiano de Debate Global (disponible aquí) en la que nos permitimos también indicar que: “Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida)“.

Nota 4 : Véase sobre esta primera ordenanza de la CIJ tomada en el mes de julio del 2018 nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Guyana-Venezuela: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anuncia que fija plazos«, publicada en CiarGlobal, edición del 5/07/2018, y disponible aquí .

 

(*) Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Corte Penal Internacional: de cara a la elección de jueces titulares

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin

En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.

En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).

En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:

«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.

The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.

It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.

Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).

Las elecciones del 2020 en breve

En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).

Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.

En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).

Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.

Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).

Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).

América Latina, mujeres y justicia internacional

Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).

En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).

En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:

– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).

A modo de conclusión

Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).

Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.

En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.

Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.

–Notas–

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

 

Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Nueva batalla electoral y constitucional, parlamentarias en Venezuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Foto tomada de Juventud Rebelde

El próximo 6 de diciembre 2020, se celebrarán las elecciones legislativas, para el periodo 2020 al 2025 en Venezuela, elección popular número 26. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, introdujo la figura del Poder Electoral, y le dio rango Constitucional, considerando al Consejo Nacional Electoral CNE, como su ente rector.

Veamos algunos elementos, (humildes meditaciones) que tendrán repercusión en el resultado final de esta contienda electoral, que desde hace varios años, tiene algunos elementos, que son reincidentes, y otros que son nuevos o con otros énfasis.

  1. El chavismo, más que un concepto teórico, es una teoría de acción colectiva, popular, llevada a la práctica. Sin el chavismo político y sociológico, en palabras de Reinaldo Iturriza, no sería posible entender no ya la revolución bolivariana, si no la resistencia heroica a los ataques políticos, económicos y mediáticos contra un proceso, ataques que comenzaron desde la victoria de Chávez, se recrudecieron con su muerte en 2013 y se intensificaron aún más, bajo la presidencia de Nicolás Maduro Moros.

Pero resulta, que el chavismo, como sabemos, va un tanto dividido, a la contienda electoral producto de las querellas internas y externas, no tanto políticas, sino económicas.

  1. Estamos seguros, que estas elecciones se celebrarán, como siempre, en un ambiente de calma, tranquilidad y con la garantía de un sistema electoral, avalado en algún momento por la Unión Europea, y el expresidente Jimmy Carter, quien lo considera el más seguro del mundo, confiable ante cualquier auditoría.

Lo diferente a unas elecciones presidenciales, es que en éstas, el abanico de candidatos es muy alto, y no hay posibilidad para arrasar, debido a las múltiples ofertas, agregándole además, por un lado, la división en la oposición, y por otro, otras voces dentro del partido PSUV.

  1. Sin duda alguna, aunque la incidencia de las condiciones económicas, independiente de su origen, no han debilitado el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, sí afectará el resultado de las elecciones parlamentarias.

Aunque, cuando sufragamos por los candidatos de Nicolás Maduro, no estamos votando por la indolencia ni por la ineficacia. Ni por mafias ni por quienes han tenido la política por negocio. Tampoco por las desviaciones de quienes hipócritamente, se llaman chavistas para legitimar la trampa. Nominamos contra eso, para sobrepasar ese charco inmundo. Optamos por una Asamblea en sintonía con un presidente, que sostiene la dignidad de la patria y no ha traicionado el legado de Bolívar y Chávez.

  1. Por supuesto, la guerra económica y su hermano acompañante el bloqueo norteamericano, entendido como: hiperinflación y especulación cambiaria inducida, caída de los precios del petróleo, la corrupción (reconocida por el presidente Maduro), presente en todo gobierno donde se mueven cantidades millonarias en contratos públicos (desde México a la Argentina), entre otras calamidades económicas, sociales, políticas y otras, tendrán una influencia grande en la decisión final del electorado en Venezuela. Esto al margen, que ya conocemos que el pueblo venezolano, conoce el origen de estos males.
  2. Reconocemos que el gobierno venezolano tiene muchos defectos, como todos los gobiernos del mundo, pero el pueblo venezolano hablará a través de los comicios electorales, en las calles y dará un voto de confianza a Nicolás Maduro y los candidatos de la Revolución Bolivariana, para resolver una crisis económica inducida.
  3. Es claro que el chavismo, tiene más apoyo que el proyecto opositor, que tiene como objetivo la vuelta y la permanencia en el neoliberalismo, quien no respeta la soberanía política, económica, territorial y popular de un pueblo informado y politizado, que aun con la necesaria crítica y autocrítica, no quiere volver al pasado.
  4. Así mismo, el país continúa sometido a una feroz ofensiva mediática internacional de demonización, acompañada por la advertencia e insistencia de EEUU, que se deben suspender las elecciones. Sin embargo, el pueblo venezolano, concurrirá a las urnas, sin miedo y consciente, del entramado inmisericorde contra Venezuela, pero seguro de la victoria.
  5. No elegiremos a quienes representan a la Asamblea Nacional actual, que solo se ocupó de sabotear, de avalar agresiones al país, de conspirar y agudizar inmisericordemente las penurias del pueblo. Por esa oposición no se votará.
  6. No ejercemos el sufragio por quienes tras cada decisión del presidente Maduro, siempre le han buscado las cinco patas al gato, y luego, a pesar de que han sido acertadas, no han sido capaces de retractarse. No escogemos la ingratitud. Porque la duda ofende. Porque, más allá de la crítica, resulta sospechoso. Porque vacilar es perdernos, porque en estos momentos, en que está en juego la propia existencia de la República no se puede andar con guabineos.

Estos son solo algunos elementos, que marcarán la decisión del pueblo venezolano, pero como intuimos al inicio, el Gran Polo Patriótico, no pudo llegar a acuerdos con otros sectores, que apoyan el gobierno del presidente Maduro, lo que implica que tendremos una votación a favor dividida. Como en otras oportunidades, no sabemos el daño que esto nos puede causar. Los tentáculos del poder, sin entender mucho de política, impusieron sus criterios, imperó la apronta y muchos candidatos son producto de la amistad, la dedocracia y la familia.

Lo que favorece es que la oposición, concurre con varios sectores, y otro sector se opone al proceso, lo que implica una gran desventaja para este corrompido grupúsculo, conocido por sus trácalas y mañas.

Sí estamos seguros, que el pueblo no perderá la perspectiva. Por el lado de la oposición no hay nada que buscar.

El pueblo sabe que urgimos de una Asamblea Nacional, acorde con el proyecto de país que asumimos como horizonte. Una Asamblea Nacional, que no sabotee ni se detenga en intrascendencias, y que se ocupe de construir y fortalecer la institucionalidad de los nuevos tiempos, al cual ofrendamos con alegría nuestros esfuerzos y afectos más íntimos.

Vamos a ganar esta nueva contienda electoral y vamos a seguir dando la discusión, para que las equivocaciones no nos desvíen del camino que nos incluye como pueblo, lo cual solo se puede lograr si tenemos Patria, por tanto, la conciencia del momento histórico que no se pierda. No podemos entregar el país a los traidores.

Más allá de esta nueva batalla, está la guerra cotidiana y esa sí tenemos la responsabilidad ancestral de no perderla. Con los vende patria no hay nada que discutir. Nosotros somos quienes tenemos que debatir el proceso. Con el partido PSUV y con el gobierno que somos y más allá del partido que no somos y del gobierno que no somos, la Revolución es del pueblo y a nosotros como pueblo nos corresponde hacerla.

Sí estamos seguros, que la sabiduría y lo preclaro del pueblo venezolano, no abandonará el proceso revolucionario iniciado por el comandante Chávez y continuado con el Presidente Nicolás Maduro. Saben que hay mucho que perder y mucho más que ganar, luego de las elecciones, y más allá del futuro de la Nación en manos de la Revolución Bolivariana.

 

Foto tomada de Prensa Latina.

El caribe no es de EUA

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Marlin Óscar Ávila Henríquez

Para quienes logran salir del encierro informativo en que nos mantienen los medios en poder de la oligarquía nacional, y otros internacionales como CNN y Fox News, los motivos del conflicto político actual entre Washington, Caracas y Teherán, a pocas horas de convertirse en un conflicto bélico de incalculables dimensiones, son más que evidentes. Lejos de ser por una democracia cacareada por la ultraderecha internacional, tiene mucho más de motivos económicos y, ahora, electorales en Washington.

Si se inicia esa guerra entre el Pentágono, Irán y Venezuela, será con graves consecuencias para América Latina. Los gobiernos de Colombia y Brasil ya tomaron partido y seguramente están listos a activar bélicamente. Sin embargo, potencias mundiales como China y Rusia, también parecieran estar listas.

Simplemente, el mercado, que está respirando a medias, por resultados con la pandemia Covid19 va a tener una «embolia respiratoria» de la cual no saldrá con «anticoagulantes».

 Los tres países del llamado Triángulo Norte de Centro América, va a querer asaltar a Nicaragua. A Nicaragua le falta poco para ser asfixiada comercialmente por sus vecinos, Costa Rica y Honduras, teniendo atrás de estos gobiernos las embajadas de EUA.

Al iniciar las primeras acciones bélicas por el Pentágono en las fronteras marítimas venezolanas, aún sin expandirse los ataques más allá de esa zona, los barcos mercantes detendrán sus viajes a la zona del mar Caribe. El desabastecimiento será regional, en toda Mesoamérica. El Canal de Panamá será obligado a cerrar y dejar pasar únicamente a la flota marina de EUA, más sus aliados.

Washington enviaría otras flotas de marinos militares a las costas del Atlántico y del Pacífico centroamericano.

Colombia estaría convertida en un territorio completamente militarizado, donde por algún tiempo, el poder total estaría en los Marines gringos y las tropas colombianas sometidas a sus dictados.

Bolivia, Perú y Ecuador no tendrán ninguna voz, excepto obedecer a Washington. Los Carabineros de Chile, nuevamente, dispuestos a reprimir a su juventud, aunque se quede en la retaguardia de ese casi probable conflicto bélico. Argentina, de igual manera que México, actuarían para «apagar» el incendio provocado por Trump.

Seguramente los gobiernos narco mercantes y la DEA ya tienen definida su reacción para «después» consolidar su negocio. Para lo cual invierten en paramilitares, mercenarios y terroristas (Ver caso fallido de hace pocos días en Costa Norte venezolana). Esperan que, los precios de sus estupefacientes aumenten. Así que tienen en perspectiva una celebración continental.

Igualmente están los halcones del gobierno de Trump, quien con un «posible triunfo bélico» espera extender su inquilinato en la Casa Blanca.

Sin embargo, como en toda aventura de esta índole, esto podría tener resultados adversos. Aunque estemos encerrados por el Covid-19, la juventud latinoamericana podría reaccionar contra la invasión yanqui. Si China y Rusia reaccionan militarmente, la fiesta de los Narcos y la ultraderecha gobernante en nuestro continente podría tener su fin por donde menos lo esperaban.

Está posibilidad no solamente acabaría con el imperio estadounidense, pero con toda la ultraderecha dentro de países como Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Centroamérica.

Posiblemente se establezcan gobiernos de transición mientras sucedan elecciones limpias y democráticas.

Es seguro que una u otra alternativa será dolorosa para nuestros pueblos. Los que sobrevivan, después de la mortal pandemia, podrían morir en la guerra bélica, de inanición o de la angustia que se vivirá. No sería una guerra de uno o dos meses. Podríamos vivir en guerra hasta un año, quien sabe.

La decisión de entrar en esta aventura está en manos (porque su cerebro parece achicársele rápidamente) del señor Trump.

Para los pueblos sin poder, no sería, como nunca lo es, nada bueno que reviente una guerra en nuestros mares del caribe. Sin embargo, con los gobernantes que tenemos actualmente, es muy probable que aquí se dé el inicio de la última guerra mundial.

Costa Rica ha estado jugando a la «democracia perfecta”, siendo integrante activa del club conservador de Lima. Últimamente, no ha estado muy beligerante en ese club, pero si ha estado aliada a Washington en los organismos multilaterales, particularmente en la OEA, donde su secretario, Luis Almagro, se ha ganado una muy negativa imagen internacional.

Por lo anterior, quisiéramos que nuestra cancillería se mantenga lo más alejada posible de tales conflictos y no nos arrastre a tomar partido por Washington nuevamente.

Esperemos que el vaquero de Donald Trump mantenga «enfundado su revolver» en los días venideros, puesto que sus contrincantes saben usar igual o mejor sus armas.

Exijamos a Washington que busque otros territorios para ejecutar sus duelos escandalosos, puesto que el caribe es nuestro y no de Washington.

Condena a la participación de Costa Rica en el TIAR contra Venezuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado político Nº 62

Condenamos que Costa Rica se sume a las acciones de guerra contra Venezuela como parte del grupo de dementes que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York la trigésima reunión de ministros de relaciones exteriores, actuando como órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

El pronunciamiento de este grupo de dementes, entre los cuales se encuentra el ministro de relaciones exteriores de Costa Rica, Manuel Ventura, no significa otra cosa que sumarse a las acciones de desestabilización y guerra contra Venezuela. Es decir, la irresponsable administración Alvarado Quesada respalda las acciones encaminadas a la agresión militar contra la República Bolivariana.

Los considerandos del pronunciamiento de ese grupo de psicópatas se basan solo en especulaciones y mentiras descaradas y por supuesto como es práctica común no presentan ninguna prueba. Pero es en los por tanto donde ese grupo de representantes de la extrema derecha continental pone en evidencia su demencial visión de las cosas que arrastra a la región a un conflicto militar.

Es allí donde se utilizan los términos como “perseguir, capturar, extraditar y sancionar” a personas vinculadas al gobierno de Venezuela. Solo les faltó la palabra “matar”. Es el lenguaje de corte neofascista de la derecha latinoamericano que no significa otra cosa que la intensificación de las políticas de agresión. Podríamos denominarlo un PLAN CÓNDOR 2.0”.

Pero es en el punto cinco del pronunciamiento de ese grupo de dementes donde se esconde el veneno de esa resolución. Se dice en ese aparte: “instruir a los Representantes Permanentes ante la Organización de Estados Americanos de los Estados partes del TIAR que den seguimiento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela y su impacto en la región con objeto de evaluar la formulación de eventuales recomendaciones, en el marco del Artículo 8 del TIAR, para lo cual podrán conformar una o más comisiones ad hoc. Dichas recomendaciones serán elevadas al Órgano de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en su próxima sesión.”

Pero qué nos dice el Artículo 8 del TIAR: “Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada.”

Eso fue lo que signó el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, un demente irresponsable que no tiene la menor idea de las consecuencias de lo que firmó. Es decir, al colocarse en el pronunciamiento el Artículo 8 del TIAR y el hecho de que Costa Rica avaló esa resolución, Costa Rica se suma a una muy cercana aplicación de ese artículo, especialmente el empleo de la fuerza armada contra Venezuela.

Es de tal gravedad lo acordado, que incluso el gobierno de Uruguay ha decidido denunciar y retirarse del TIAR, por cuanto “…esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional. Los que creemos en el sistema multilateral no podemos permitir que sucedan estas cosas”. Por el contrario, la administración de Carlos Alvarado nos arrastra a este escenario de confrontación militar en alianza con el gobierno de EEUU (Trump y sus halcones), con el gobierno paramilitar colombiano, con el narcomilitar gobierno hondureño y con los neofascistas de Bolsonaro y Piñera. Vaya alianzas de este gobierno del PAC.

Por tanto exigimos:

La renuncia inmediata del ministro de relaciones exteriores Manuel Ventura por la irresponsabilidad de sus actos que compromete a todo el pueblo de Costa Rica.

La denuncia y retiro de Costa Rica del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) vestigio vergonzante de la guerra fría y de las dictaduras militares latinoamericanas del cual Costa Rica no tiene por qué se parte.

La inmediata rectificación del gobierno de Costa Rica en materia de política exterior, de abandonar su estrategia de agresión a países y pueblos hermanos y que efectivamente contribuya desde mecanismos que promuevan el diálogo y la negociación, a fortalecer los principios de no intervención en los asuntos internos y el respeto a la soberanía de cada país con fin de ser un factor que propugne en la solución de los conflictos y el fortalecimiento de la integración regional y no como sucede ahora, el gobierno, es decir Costa Rica, convertido en una correa de transmisión de los intereses imperialistas en la región

Comisión Nacional de Enlace

San José, Costa Rica

25 septiembre 2019

 

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Grupo Internacional de Contacto: Declaración de San José sobre Venezuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Este 7 de mayo, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) se reunió en la capital costarricense: se trata de una iniciativa diplomática liderada por la Unión Europea (UE) y 8 de sus integrantes, lanzada en enero del 2019: véase los términos de referencia acordados a finales de enero del 2019 por el Consejo de la UE. Es de precisar que esta iniciativa asocia a cuatro Estados de América Latina (Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay) en aras de encontrar una salida negociada a la crisis que se vive en Venezuela.

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Guaidó no existe

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Bermúdez Kuminev

Organización Política Carmen Lyra

Democracias

“Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados”.

En la actual situación de masiva desinformación cualquier persona podría pensar que el párrafo anterior se refiere al proceso electoral venezolano del 20 de mayo de 2018, sin embargo es parte del informe preliminar de las elecciones del 20 de noviembre de 2018 en Honduras, un país hermano de la región que pertenece al Triángulo Norte, donde el índice de desnutrición es 17% de la población del país, 3% más que en Venezuela: Honduras de donde anualmente junto a más de cientos de miles de personas de Guatemala, El Salvador y México migran hacia Estados Unidos por la crisis ambiental, social y económica que viven en su país desde hace más de 3 décadas, ¿no hay ahí una crisis humanitaria y presidentes ilegítimos?

En Costa Rica los consorcios mediáticos de datos, mal llamados “medios de comunicación” utilizan estrategias de comunicación asertivas para favorecer sus intereses corporativos, logrando una impronta sobre un país que, pese a ser uno de lo que más procesos electorales ha vivido en el continente, insisten en considerarlo hoy como una “dictadura”. Venezuela en 20 años ha vivido más de 20 procesos electorales -incluyendo consultas populares como el referéndum constitucional de 2007 y el referéndum revocatorio de 2004-, y mientras en democracias como la costarricense, aun cuando han pasado más de 70 años desde la guerra civil, apenas se anotan 18 elecciones -incluyendo un referéndum para la aprobación del TLC-.

Pero pasemos de lo cuantitativo a lo cualitativo ¿qué hace que las votaciones parlamentarias de diciembre de 2016 sean reconocidas, “legítimas” y las de 2018 no? En 2016 ganó mayoría la oposición y naturalmente aceptaron el resultado, cosa que también hizo el oficialismo el cual reconoció su derrota; sin embargo, en 2018 la oposición perdió las elecciones presidenciales y desconoció el resultado, al igual que lo había hecho con anterioridad en todos los procesos electorales cuando perdió. De este comportamiento descaradamente oportunista, podemos señalar que de los más de 20 procesos electorales que se han vivido en Venezuela en estos 20 años la oposición reconoce únicamente aquellos donde gana.

Entonces es urgente poder definir con claridad que en estos momentos no compete -como lo señalan las cartas fundacionales de los organismos internacionales- a otras naciones aceptar o desconocer las instituciones y gobiernos de los países de la comunidad internacional; dicha acción corresponde a la determinación de sus pueblos ¿o acaso nos enteramos que en Honduras recientemente hubo elecciones presidenciales profundamente cuestionadas y las desconocimos como con Venezuela? o ¿que en Arabia Saudita no hay elecciones porque el poder se concentra por una cuestión familiar? ¿O hemos estado muy pendientes de los procesos electorales del este europeo?

El buró prófugo

Octubre, noviembre y diciembre fueron meses en los cuales apenas se mencionó, dentro de la matriz desinformativa, la situación que se vivía en Venezuela. Como un ejercicio reiterado y programático vuelve a ocupar la atención de los medios internacionales cuando hay ejercicios de desestabilización social y política. Ante este esquema no era de extrañar que lo que planeaban los grupos opositores -nacionales e internacionales- para enero 2019 sería un posible golpe fuerte.

La noticia llegó el 5 de enero cuando en su discurso inaugural de la Asamblea Nacional, un hasta entonces ignoto político, pero con características empáticas (joven, sin corbata, rasgos trigueños) llegó a la presidencia del parlamento. El súbito y sonriente Juan Gerardo Guaidó Márquez se autoproclamaría estratégicamente el presidente de Venezuela, para ser la punta de lanza del gobierno paralelo que comenzó a fraguarse con la conformación de un tribunal supremo de justicia en el exilio desde 2017, creado y auspiciado desde Washington con el apoyo de senadores republicanos como Marco Rubio y el vicepresidente Mike Pence; mismos personajes que madrugaron para reconocer y apadrinar en primera fila el título de Guaidó Márquez como “presidente encargado” de Venezuela.

Guaidó Márquez ofreció como una de sus primeras resoluciones tras su auto-proclamación, la ley de “amnistía” para las fuerzas armadas, en un fallido intento por agenciarse el respaldo militar. Esta ocurrencia no puede pasar desapercibida en una sociedad que posee antecedentes de terrorismo tan graves como el de Óscar Pérez, un ex-policía entrenado, que secuestró un helicóptero y se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia para dispararle y posteriormente enrumbarse al Poder Judicial y lanzar granadas -de origen colombiano y fabricación israelí- contra la edificación. O los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018 donde se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro Moro y al alto mando militar venezolano –al cual hoy se le pide se suma a sus filas “paralelas”- mediante la utilización de dispositivos de agresión no tripulados.

Como parte de este entramado de conspiraciones y acciones terroristas contra la institucionalidad venezolana y sus representantes, están los hechos desenmascarados por parte de los cuerpos de seguridad y corroborados en las acciones cobardes de los prófugos de la justicia Venezolana, entre los que se encuentra una amplia gama de políticos de oposición como Julio Andrés Borges Junyet, el cual una vez descubierto su involucramiento en el atentado terrorista de agosto y levantada su inmunidad parlamentaria, decidió refugiarse en Washington. Desde el 29 de enero funge ya no como diputado, sino como representante de negocios del autoproclamado “presidente” en la capital estadounidense.

Lo mismo podemos mencionar para el “embajador” ante Estados Unidos Carlos Andres Vecchio DeMarie, el cual se encuentra prófugo de la Justicia Venezolana desde 2014 después de que se emitió su orden de captura por los delitos de “incendio intencional, instigación pública, daño a propiedades y asociación para delinquir” junto a Leopoldo López Gil, por los hechos ocurridos contra la sede de la Fiscalía en Caracas. López hoy reside preso en su vivienda.

El presidente 2.0

En definitiva no podemos obviar y mucho menos ser ingenuos al no considerar las redes sociales como un campo nuevo dentro de la contienda política, y Venezuela es un caso paradigmático en este ámbito.

Poco o nada se ha mencionado en Costa Rica sobre las nuevas estrategias de guerra utilizadas en América Latina. Un ejemplo claro han sido los golpes de estado “blandos” dirigidos y ejecutados por los parlamentos latinoamericanos, para destituir estratégicamente gobernantes distantes de Washington, los casos más notorios, pero prácticamente silenciados en nuestro país son los Fernando Armindo Lugo Méndez, destituido por el Parlamento Paraguayo después de un juicio político en 2012; y el caso de Dilma Vana Roussef, destituida por la cámara de diputados de Brasil en 2016.

Y es en el marco de estos procesos de destitución y colocación de agentes aliados, donde se muestran los principales elementos tácticos empleado en las redes mediáticas: la des-información y la construcción de realidades paralelas, virtuales, las cuales terminan gestando hechos concretos.

En Venezuela antes del 5 de enero de 2019 nadie sabía a ciencia cierta quién era Guaidó Márquez, más allá de ser miembro de uno de los partidos minoritarios del parlamento venezolano. Pero esta situación tuvo un giro descomunal en el momento en que, a través de redes sociales y medios informativos internacionales, ha intentado construir un poder paralelo en su propio país, donde aún en los días en que se escriben estas líneas la institucionalidad completa no le reconoce más allá de para lo que fue electo, ser diputado.

Desmontemos un poco mejor esta situación, Guaidó Márquez el día que se le ocurrió autoproclamarse recibió un apoyo inmediato a través de las redes sociales -en este caso twitter- de quienes lo habían predestinado meses atrás, así como de otras naciones latinoamericanas y europeas que se han opuesto tradicionalmente al proceso bolivariano.

Todos y cada uno de estos apoyos, al igual que su accionar han sido desarrollados y ejecutados en las redes sociales, comunicados de prensa, estrategias para la continuidad, plan a seguir, todo ha sido posteado y re-twiteado miles de veces a nivel internacional. Sin embargo, la realidad concreta ha sido que ni la Organización de Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos lo han reconocido a él ni a ninguno de sus supuestos diplomáticos en las instancias correspondientes, demostrando que su accionar violentaría los protocolos internacionales y que actúa de forma ilegítima. Mientras exista el estado de derecho, tener más visualizaciones en twitter que Nicolás Maduro no hace a Guaidó Márquez presidente, aunque así lo quieran hacer parecer en las realidades virtuales.

Lo que es más preocupante y precipita cada vez más hacia la carta desesperada de una posible intervención militar extranjera a Venezuela, es que, contrario a lo que persisten en figurarse sus aliados más allá de las fronteras, en el territorio nacional Guaidó no cuenta con el apoyo deseado, no posee bases, no posee instituciones y no posee credibilidad.

La toma fallida

Estar alejado mediáticamente de la realidad concreta que se vive adquiere resonancias estremecedoras y consecuencias, cuando menos, inquietantes.

Errores que pueden proceder de la ingenuidad y la torpeza, cuando no de la mala fe.

Costa Rica, en este seguimiento ciego y torpe del discurso mediático y de la realidad virtual, contraviene su tradición diplomática de neutralidad y respeto al derecho internacional y decide reconocer a un gobierno autoerigido y aceptar credenciales de una embajadora espuria otorgándole derechos precipitadamente, lo cual desemboca en la toma de la sede diplomática por un grupo de civiles armados y con recursos parapoliciales, quienes violentan el derecho internacional, desalojan a una embajadora oficial, e irrespetan los “acuerdos” tomados recientemente. Ante tal desaguisado el gobierno costarricense responde: “les dimos la mano y nos tomaron el codo”. En esta sarta de desaciertos inducidos ¿sabrán el presidente Alvarado Quesada y su canciller Ventura Robles quienes son realmente sus compañeros del Club de Lima?

La torpe y traicionera acción del “gobierno” paralelo venezolano por imponerse, el juego mediático de silencios, omisiones y tergiversaciones sobre lo sucedido en la frontera colombo-venezolana este 23 de febrero, las acciones diplomáticas de algunos países ajenas al derecho internacional e irrespetuosas de acuerdos, los sonados discursos amenazantes con la invasión armada son la forma en que toma cuerpo las realidades virtuales que consumimos diariamente.

Mientras tanto generan en el diario vivir una anulación de lo que está sucediendo en nuestro país ¿quién está tomando las decisiones? ¿Existirá justicia contra estos delitos contra el derecho internacional? ¿Hasta dónde está dispuesto a perdonar el presidente Alvarado Quesada?

En medio de este sainete de presidentes, embajadoras parece no haber seguridad jurídica para ninguna persona o país en Costa Rica, el presidente es incapaz de respetar la soberanía de otros países, ni como la suya propia.

 

Enviado por el autor.

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Pepe Mujica propone ruta para Venezuela: pluralismo y elecciones libres

Escrito en . Publicado en Derechos.

El expresidente uruguayo José Mujica llama a la ONU y a Europa a comprometerse en la solución política para Venezuela. Propone «elecciones libres con participación de todos» y reconocimiento de que hay «muchas oposiciones» por lo que el pluralismo es la vía para más democracia.

Puede escuchar la propuesta en el video de siete minutos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1GerOMVDp7LT_D9SkGQUAqsPtcMd2fFm1/view

 

Compartido con SURCOS por José Alfredo Pineda Dubón.

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Para Duque y Guaidó: una derrota sin batalla

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Una Derrota Sin Batalla. Novela del escritor ocañero Enrique Pardo Farelo, con el seudónimo de Luis Tablanca, por la persecución política desde siempre en Colombia, fue publicada en el año de 1935 y reeditada en 1983 por la Imprenta Departamental de Cúcuta. El autor fue Secretario de Hacienda Departamental, proponiéndose tomar, drásticas medidas, ante el despilfarro de la cosa pública y la corrupción galopante, que convirtió los cargos públicos en un nido de ratas. Transcurrió durante la llamada hegemonía de un partido único: el conservador, similar a la hegemonía imperante en el día de hoy, de un partido fascista de hegemonía, el Centro Democrático (CD), dominante dentro del Bloque de Poder contrainsurgente, al que se han plegado liberales, socialdemócratas, reformistas. En un escenario de sistema electoral censista predominantemente corrupto y elitista, de igual fisonomía al imperante hoy en día en Colombia.

Entre las medidas propuestas por el autor estuvieron la supresión de algunos cargos, como la de Administrador de la Fábrica de Licores, la de la gerencia de la Empresa de Teléfonos, adscribiéndole sus funciones al entonces Superintendente de Rentas.

Anhelante en la búsqueda de una Educación gratuita (hoy reivindicada como popular) hubo de suprimir las becas departamentales, convertidas en botín clientelista y nido de ociosos; eliminar los auxilios de las bandas municipales para que las asumieran los municipios, acorde con la participación ciudadana.

La novela consiste en ameno relato “de la más exacta radiografía de la picaresca política colombiana y aun americana de todos los tiempos” y en la que expresa sus experiencias de funcionario público. El nombre del personaje es JUAN. Lo tomo en referencia a Juan Guaidó, con la salvedad que al JUAN protagonista de la novela lo movía el sentimiento altruista y regenerador a diferencia del ladino, astuto y disimulado, personaje de la contrarrevolución bolivariana. JUAN en su calidad de empleado oficial nunca podría salir del atolladero en que se encuentra y su nombre quedaría manchado para siempre. Se tejieron y circularon las peores calumnias contra él. La trama de la novela transcurre en el desarrollo de abolengos, jerarquía, privilegios de castas y de favoritismos. Séquitos de aduladores, comitivas de auto elogios y lisonjas. Tocaditas en el hombro y falsas sonrisas. Imperio del clientelismo. Todo un andamio de simulacros. JUAN es desplazado por el desenfreno popular. El Juan de hoy, el Guaidó, sucumbe cual figura retórica que demostró todo lo contrario de lo que pretendía demostrar ser. Producto del tejemaneje de la dictadura mediática, en franca ironía por la aplicación de la práctica política de los millennials; de esa mentalidad del consumismo y el mercado. JUAN asimila que sus gestiones fracasan estrepitosamente. Queda solo en la Capital. Pero viene el carnaval (¿festejo de qué?). JUAN invita a Rosita, que llegó “del país vecino” (Venezuela), se cubre la cara con un antifaz. Ella lo abandona y le roba la billetera. Al otro día JUAN renuncia al cargo y regresa a su pueblo. No supo o no logró encarar la situación. Piensa que ha fracasado lastimosamente que huye sin haberle hecho frente al enemigo. Lo encaró acometiendo retos peligrosos y comprometedores, pero sin afectar correctamente al enemigo. Deduce que ha sido víctima “de una derrota sin batalla” Se consuela: “mi derrota es un triunfo porque la batalla era imposible”… JUAN hizo “como las caballerías cuando tascan el freno y sintió espuma amarga en la boca, pero se la tragó y amablemente repuso…”. Juan consulta al duendecillo: ¿con quién es posible dialogar? Cuando le dice que es imposible luchar solo sin masa popular combativa y organizada y sin milicia popular en las calles.

Opositores y lobbies pelean en Washington por hacer parte del Gabinete de Guaidó. Deambulan por pasillos, edificios del Departamento de Estado, instalaciones y oficinas políticas, con sus curriculum vitae debajo del brazo. Cual carta de presentación: el ser lacayos, sumisos al imperio y a las leyes de mercado…Destituidos por corrupción… De compañías anónimas de teléfonos de Venezuela… Promotores de la libre competencia y de la invasión financiera extranjera… De la Universidad Católica Andrés Bello (jesuitas en guerra con el Papa Francisco)… Analistas del Bank of América para la colocación de Bonos de Venezuela, en competencia con el imperio financiero y siniestro de la Casa o la familia Rothschild, gurús especializados en la compra de Bonos de Venezuela: hacia una Venezuela sin Chavismo… Ministros de Carlos Andrés Pérez, al igual que el embaucador Embajador posesionado en Bogotá, de un presidente o gobierno inexistente… Ex candidatos presidenciales… Ex Alcaldes de Caracas… Antiguos dirigentes estudiantiles, que junto con Guaidó, en noviembre de 2010 participaron en un seminario secreto de cinco días en un hotel de la Ciudad de México, organizado por Otpor, la organización de Serbia dedicada a «cambio de régimen», financiado por Washington, donde se planeó para desestabilizar el gobierno de Venezuela, que también incluyó el asesinato de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro…Impulsores de las guarimbas (terror callejero) de 2014, desplazados por la Milicias Populares… Desertores de la Asamblea Nacional (AN) en desacato-por orden judicial- por obtusa visión política y violadores del Reglamento Interno de esa Corporación, como gestores para que Juan Guaidó ocupara en el mes de enero la presidencia de la AN y se proclamara auto presidente en violación al orden legal y constitucional imperante… Los ahora desertores de la Guardia Bolivariana… codeándose con gigantes corporativos, como Exxon, Mobil y Máster Card…Se sumaron a los donantes de Atlas, que se “prestigió” con figuras destacadas entre los libertarios ultraderechistas, favoreciendo cientos de ONGs conservadoras y pro-imperio.

LA MITOMANIA PUESTA EN ESCENA

Con el reconocimiento de más de 50 países- de 169 en el mundo- de un gobierno inexistente y de un auto proclamado presidente, queda en entredicho el Constitucionalismo moderno y asestado fuerte golpe, en particular, al Constitucionalismo Latinoamericano que propende en sus recientes Constituciones Políticas (Venezuela. Ecuador, Bolivia) por el Buen Vivir en armonía con la Naturaleza. Pero ese desafuero jurídico no repercute con el mismo espectro que la respuesta política genera. La sensación de desagrado y disgusto radica en que tres presidentes: el de Colombia (Duque), Paraguay (Abdo) y Chile (Piñera), junto con el rango de secretario de la OEA, (Almagro) se den a la tarea, en contravía, al ejercicio de sus funciones soberanas. Entronizan cual mentira patológica, lo irrito de sus actuaciones conspirativas contra un estado Soberano y un gobierno único constitucional existente, garante de total institucionalidad. Han pisoteado los principios fundamentales de sus sendas constituciones políticas. Ajustaron un concepto propio de Libertad. Acuñan y pronuncian un concepto extraño de Dictador. Descartan el ejercicio armónico en la conducción estatal de las ramas de poder con esencia independiente. Desconocen el efecto de las decisiones judiciales y hacen caso omiso a las condenas vigentes por desacato a la AN de Venezuela que la mantienen sin validez, ni fuerza obligatoria y de nulidad de toda nulidad sus actuaciones, por obtuso comportamiento y visión de incapacidad política de los Diputados mayoritarios. Personalizaron o individualizaron toda la problemática que implica los pasos históricos que enmarcan los últimos veinte años de vida republicana venezolana y el proceso de aplicación de soluciones alternativas a un orden neoliberal y privacionista impuesto a ultranza. Aplican la “vigencia” de una Constitución Bolivariana desconociendo sus principios fundamentales de autodeterminación nacional en ejercicio del poder originario que emana de la Asamblea Nacional Constituyente. Erigen a un presidente “provisional” o “interino” a sabiendas que no existe tal situación en el orden constitucional vigente en Venezuela, al no existir falta absoluta del presidente Nicolás Maduro Moros. (Artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). De darse la falta total del presidente surge es un encargado que en modo alguno tiene funciones de mandatario en el ejercicio del poder. Por ello y mucho más es dable concluir que han colocado en entarimado el montaje de una mentira patológica, que como tal se define como una invención. Lo demostrable de los acontecimientos lo corroboran. Surgen en contradicción a los acontecimientos probables; siendo la existencia de ese tal gobierno interino fácilmente refutable. Por tratarse de una mentira colectiva lo consciente subsume lo inconsciente del individuo patológico que la crea. Una prueba más de como la extrema derecha se aferra al poder con la mentira y la falsía.

DEL DELITO DE AGRESIÓN

La conducta asumida por el presidente de Colombia al permitir el territorio propio del Estado colombiano para poder agredir con la incursión de una llamada caravana humanitaria que pretendió pasar a la fuerza las fronteras del Estado de la República Bolivariana de Venezuela enmarca dentro de la tipificación del Delito de Agresión o acto contra la paz, contemplado en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Lo preparado y sucedido en la frontera de Colombia con Venezuela el día 23 de febrero de 2019, es un crimen estipulado como tal en el Derecho Internacional Humanitario. Aclaraciones ampliamente difundidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CRIC) resaltaron la inconsistencia de esa campaña, al no mediar el consentimiento del Estado receptor. La definición y comportamiento consecuente de no aceptación del Estado de Curazao para la entrada inconsulta de las ayudas en alimentos y medicamentos; tal como estaba concebida, contribuye a la tipificación del delito enunciado. La clara posición del gobierno de México sobre el presupuesto de autodeterminación de los pueblos para rechazar el procedimiento aplicado, contribuyen al entendido de una situación que ha de asumir la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Tanto el presidente de Colombia como sus aúlicos de Chile y Paraguay y el Secretario General de la OEA, planificaron, propusieron y realizaron los actos de agresión aludidos; desde cualquier punto de vista, como formas incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas. Se multiplicaron las acusaciones de un casus belli, por la insistencia de introducir los cargamentos a Venezuela.

Internamente, el presidente Duque incurre en violación directa de la Constitución Política de 1991; según la cual le corresponde como presidente conservar el orden público (Articulo 189-4 ibidem) y no alterarlo, como en realidad sucedió el día 23 de febrero de 2019 en la zona fronteriza colombiana con Venezuela y Brasil. La consecuente realización de esa conducta conllevó a que luego de tal alteración optara por cesar en la agresión cometida, ordenando recoger los camiones cargados, en el supuesto de hecho que contenían lo enunciado. Se supone o sospecha, aunque no está demostrado, que eran alimentos y medicamentos. Lo presunto radica en que llegaron en aviones militares de carga norteamericanos que como tales valijas son cargas mortíferas. La presencia de aeronaves de carga militar asimila al concepto de tropas en tránsito por el territorio colombiano, como indicio de una violación más al no contar el presidente Duque con la orden así sea, del cuestionado Congreso colombiano. La inducción del Presidente Duque para que el comandante del Ejército colombiano suscribiera declaración en torno a la operación llamada humanitaria conjuntamente con el Comando Sur de las tropas de USA, es una clara muestra de deliberación del alto mando militar en asuntos de política internacional. No le correspondía delegarla al presidente de la República como comandante en jefe de las fuerzas armadas colombianas.

Lo expuesto es solo una muestra de las múltiples implicaciones que la agresión cometida y la fracasada incursión a territorio venezolano genera la autocracia, cuando los actos personales de un gobernante se realizan sin ningún tipo de limitación, modificando el estatus constitucional a su antojo.

Tanto para Juan Guaidó como usurpador de autoridad y funciones públicas, como para el presidente Duque; toda la aventura de esta derrota sin batalla se les volvió un bumerang.

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