Ilustración tomada del documental Botas con Machete.
Es evidente cómo, habiendo un tema tan importante a tratar con las comunidades y grupos de personas campesinas como el gran conflicto por la tenencia de la tierra sea ignorado por la Casa Presidencial.
Olvidan que esos conflictos han estremecido a la Zona Sur y al país en general a lo largo de la historia, y que los más recientes se vienen generando desde hace 2 administraciones atrás hasta el día de hoy.
Esos conflictos aún inconclusos se dan en el Cantón Osa, concretamente en Palmar Sur en las Fincas 2-4 (Cootraosa RL y Changuena) qué impacta a más de 180 familias, y las Fincas 7, 8, 9, 10 con una cantidad similar.
Adicionalmente, otro grupo de ocupantes de terrenos para viviendas en el sector conocido como «Llanuras del Térraba, igualmente en el distrito de Piedras Blancas de Osa otro grupo ubicado en el sector de Finca Puntarenas, además, en el Cantón de Corredores 400 familias ocupantes de terrenos que demandan desde hace no menos de 5 años soluciones de regularización al gobierno para poder trabajar y vivir dignamente. No hay soluciones concretas.
No se puede dejar de mencionar el conflicto en la tierra-territorio de nuestros pueblos originarios en el cantón de Buenos Aires y de China Kichá en la región Brunca, donde se desarrolla una heroica lucha de parte de nuestros hermanos indígenas, con quienes nos identifican principios y valores de lucha por la recuperación no sólo de la tierra y la cultura, sino ideales comunes por construcción de una vida digna y de un mundo mejor.
Igual ocurre con las comunidades de la Península de Osa que reclaman títulos de propiedad y otras demandas.
Lamentamos el despropósito deliberado de exclusión e invisibilización de querer ocultar desde la Casa Presidencial la realidad de nuestros pueblos en la Región Brunca, que, dicho sea de paso, es la más empobrecida de nuestro país según los indicadores de rezago social de las fuentes oficiales de instituciones como el INEC y otras. Su agenda es el mal llamado aeropuerto en las fincas de Palmar Sur, a la par de dos sitios de valor natural y arqueológico, pero a este presidente eso no le interesa.
Pareciera que para Casa Presidencial el conflicto por la tierra es de tal envergadura y ante la incapacidad de resolverlo de parte de los distintos gobiernos y el actual, lo mejor es ni mencionarlo o reunirse con unos pocos y marginar a otros, como podemos observar en la agenda que desarrollará el séquito presidencial a partir de este viernes 17 de febrero y hasta el 21 de este mes.
Desde la Comisión Sureña le proponemos al señor presidente de la República, Rodrigo Chaves, crear de inmediato una gran mesa de trabajo con representantes de todos los trabajadores de la tierra nombrados por sus organizaciones, que permita encontrar y resolver el gran conflicto por la recuperación y tenencia de la tierra-territorio y trabajemos un plan de desarrollo integral de nuestra Zona Sur que nos libere de la miseria que hoy nos oprime, paradójicamente, en medio de la gran riqueza natural y humana que alberga nuestra región.
Las condiciones económicas que le daban estabilidad a la democracia liberal en épocas pasadas ya no existen. Por el contrario, vivimos en los tiempos accidentales y de descenso de la modernidad, los problemas estructurales relacionados a la mala distribución de la tierra, su deterioro sistémico y el aumento de las desigualdades de todo tipo, son el reflejo más contundente de esa realidad. No es de extrañarse entonces, los amplios grados de polarización política existente en el mundo actual, especialmente en América Latina y el Caribe, así como todo el sur global.
La democracia iliberal o democracia sin derechos como llaman muchos, y el liberalismo no democrático (derechos sin democracia), se ha empezado a convertir en el fenómeno por antonomasia en respuesta a esa falta de resonancia de la política con la ciudadanía. Por su parte, los defensores de la democracia liberal, tal cual la conocemos hoy, ya sean de izquierda o derecha, parecen gozar de poca credibilidad, en particular si esas voces pertenecen a partidos políticos tradicionales o asociados de alguna manera a aquellas prácticas políticas hacia las cuales las personas manifiestan fuerte rechazo.
Sin dejar el tema de la exclusión-polarización económica de lado, parte del problema es que occidente ha convertido la democracia de corte liberal en ideología y propaganda, con rasgos totalitarios que ataca todo lo diferente a ella, sin tomar en cuenta la verdadera pluralidad que caracteriza al mundo. Por el contrario, trata de comprimirlo, para que entre en un molde preconcebido al cual todos deberían adecuarse. Lo preocupante de esto es que al convertirse en una forma de religión política laica, se vuelve un instrumento manipulable a muchos intereses adversos al bienestar común, desnaturalizando así su razón de ser, contrario a todo lo que en realidad debería ser una democracia robusta y pluralista en el siglo XXI.
Esta reflexión crítica no significa estar en contra de la democracia, es una forma de evidenciar o advertir sobre los riesgos de esta forma particular de la misma, para comprender los fenómenos políticos y buscar así formas alternativas para mejorarla y hacerla volver a su centro esencial. La creciente concentración de riqueza en nuestras sociedades dentro de los sistemas democráticos liberales defendidos a capa espada por el establishment, provoca el rechazo ciudadano, y al igual a lo sucedido con la izquierda o la derecha clásicas, este pierde la fe y su compromiso con ella. A primera vista y sin profundizar mucho en el análisis, constatan que no ha dado respuesta a sus necesidades más elementales, y paradójicamente, las perpetua. Ante los ojos de grandes sectores excluidos, sus condiciones de vida se han deteriorado en democracia.
Ahí reside uno de los mayores peligros reales para la democracia en nuestros días. El disgusto popular hacia ella es como si se estuviese rechazando una ideología por sus contradicciones y falta de resultados concretos, así las figuras que surgen como anti sistema, no llevan como prioridad una transformación ideológica del país en derecha o izquierda necesariamente, sino más bien, se dirigen directo a la institucionalidad democrática y sus principales pilares, para cambiar las reglas del juego, con sobradas razones, llegando a contar con el apoyo de amplios sectores, en especial aquellos menos beneficiados por el desarrollo.
No en vano existen muchos autores contemporáneos escribiendo sobre la relación existente entre el auge del populismo y la creciente fragmentación social. Estos académicos plantean que el creciente apoyo a partidos de corte extremista está asociado a sentimientos de marginación y desintegración social. La pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad no solo genera marginación y problemas de violencia e integración, sino que promueve el auge de partidos populistas. Las personas tienden a sentirse socialmente marginadas en las sociedades del descenso, el consumo y la inmediatez actuales; el miedo a no ascender socialmente, no obtener un mejor salario o empleo, perder el estilo de vida adoptado o el temor de no poder llegar a fin de mes, provoca un descontento tal que es natural la búsqueda política de responsables ante dichas situaciones. Cada vez hay que correr más no para estar mejor, sino para no descender.
Esos sentimientos de marginación social pueden tener múltiples raíces, entre ellas el alto costo de la vida, la pérdida de una posición social y económica valorada, el crecimiento de las brechas digitales, culturales, educativas o laborales. En otras palabras, entre mayor sea la exclusión del modelo económico imperante en nuestras democracias liberales, mayor será la desafección hacia esta y más fuerte será la polarización social, así como las manifestaciones de carácter populista que se den en cada país afectado por esta realidad. El populismo no es una causa, sino un efecto, por esa razón, su combate más bien lo fortalece, el frío no está en las cobijas.
Hay quienes echan la culpa a los migrantes ilegales, a los sectores económicamente más acomodados de la sociedad junto con la evasión fiscal, y otros a la corrupción o al gobierno de turno. El objetivo es buscar un culpable para cobrarle la factura en las próximas elecciones, el problema es que no se busca tocar el modelo económico generador del problema de fondo. Es aquí donde los candidatos outsiders asoman la cabeza, con un discurso incendiario contra las élites, los partidos políticos, las minorías u otras estructuras de intermediación sociales clásicas, según sea su inclinación particular.
Así todo se empieza a volver más complejo y el (des)orden en su totalidad se torna en riesgo latente para todos por igual. No se sabe lo que pueda surgir de esas crisis, para muchos es lo correcto, para otros puede representar el fin del estado de derecho o la puesta en riesgo de grandes inversiones económicas. El punto acá es que el actual estado de las cosas no es viable para ningún actor social y económico de la sociedad.
Volver a la democracia real y su defensa pasa necesariamente por la construcción de un proyecto nación integrador, respetuoso de la pluralidad pero buscando superar la fragmentación económica y social. Pasa por replantear los mecanismos de distribución de oportunidades en todos los sectores para que el fruto de la productividad sea reflejado en el bienestar de todas personas, es volver a crear una voluntad social colectiva, cuyo sujeto histórico sea la comunidad en su amplitud de expresiones, visiones y demandas, donde el sentimiento de pertenencia sea otra vez parte del orgullo y no de la indiferencia.
En contraste con la globalización clásica donde los conceptos de nación o frontera fueron menospreciados, ahora deben ser retomados como garantes de la verdadera pluralidad, de respeto a la diferencia y la autonomía de cada pueblo que habita el planeta. Esto no significa cerrarse al mundo, ni mucho menos caer en nacionalismos destructivos de periodos superados, pero sí entender y respetar la forma de organización política de cada país (demos-kratos), respetar esas visiones, y en el marco de la diferencia buscar construir de forma colectiva un andamiaje sólido para fortalecer la paz y permitir que cada pueblo pueda volver a tomar en sus manos realmente el rumbo de sus destinos. Construir un nuevo pacto de la sociedad de acuerdo a las realidades de la época.
La democracia en su centro esencial, donde todas las personas se sientan parte de ella y no fuera, donde existan mínimos que garanticen una vida digna de no descenso, con instituciones eficientes que responden a las demandas ciudadanas y le acompañan en la realización de los proyectos de vida de cada quien. Es tener de nuevo la libertad de elegir el estilo de vida que se desea en una sociedad con reglas pero también derechos para todos, sin discriminación alguna y sobretodo, con mayor justicia social, digital y ambiental. Mientras no podamos resolver los problemas estructurales que nos han traído hasta este punto, y que no son culpa de la democracia como tal, ésta seguirá pagando los platos rotos y estando en cuidados intensivos por tiempo indefinido.
Por la Defensa de la Constitución Política, la Democracia Inclusiva y la Vida Digna
Foro Confluencia Solidaria*
Diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con gran preocupación por el deterioro creciente de las condiciones de vida de la mayoría de la población, nos hemos unido para presentar una propuesta alternativa de jornada laboral para Costa Rica. Este planteamiento atiende al clamor de muchas voces que han objetado el actual proyecto en discusión en la Asamblea Legislativa, que busca legitimar una jornada laboral de 12 horas diurnas durante cuatro días semanales (Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar Derechos de las Personas Trabajadoras. Expediente Legislativo 21.182). Sobre la base del cuestionamiento de dicho proyecto y de los fundamentos que lo sustentan, se presenta una propuesta relacionada con diversos aspectos de la jornada laboral, a tono con tendencias internacionales en este tema y centrado en la dignificación de las condiciones del trabajo.
Este planteamiento recoge aportes críticos y propositivos de diversos foros y debates. Asimismo, atiende tres desafíos fundamentales para garantizar la vigencia de un Estado costarricense donde se respeten y promuevan los derechos humanos, eco-ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales: 1. la defensa de la Constitución Política, 2. el fortalecimiento de un régimen de democracia inclusiva y solidaria y 3. la profundización de los logros del Estado Social de Derecho que han contribuido a crear condiciones y oportunidades para una vida digna.
El proyecto de ley denominado 4×3 es parte de un conjunto más amplio de leyes aprobadas en legislaciones anteriores, y algunas que están en trámite, que lesionan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del país. Asistimos, así, a una reiterada violación de derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución Política. Resulta preocupante que la Sala IV, cuya misión es resguardar el fiel cumplimiento de la Constitución Política, se haya convertido en diversas ocasiones en cómplice de intereses espurios de grupos de poder económico y político que han utilizado la crisis fiscal y sanitaria como excusa para aprobar proyectos de ley a todas luces inconstitucionales. Al respecto, se ha advertido sobre el carácter inconstitucional del proyecto en cuestión1, particularmente sobre la violación del precepto de la Constitución que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana” (Constitución Política de la República de Costa Rica, Artículo 58); dicho artículo recoge una de las principales conquistas históricas de la clase trabajadora. Y, aunque este artículo considera la posibilidad de la no aplicación de estas disposiciones “en casos de excepción muy calificados, que determine la ley”, en este proyecto, como constatan y argumentan juristas constitucionalistas y laboristas, lo que es una excepción se convierte en norma. La defensa de la Constitución Política constituye hoy una prioridad, si pretendemos afianzar el régimen de derecho que nos ha caracterizado como nación.
Un segundo desafío por encarar es, precisamente, el fortalecimiento de un régimen democrático inclusivo y participativo. Ha sido igualmente reiterada la poca voluntad de los gobiernos del país para abrirse a un verdadero diálogo ciudadano desde el cual se logren concertar las mejores leyes y acciones para el bienestar de la ciudadanía2. Asimismo, es notorio el sesgo proempresarial y antipopular de algunos intentos de “diálogo”. En esta dirección, la presente propuesta se inscribe en un conjunto mayor de iniciativas, que emanan desde diversos sectores, para construir colectivamente, de manera inclusiva y solidaria, un pacto ciudadano para una convivencia auténticamente democrática, centrada en la equidad, es decir, con justicia y paz social.
Y el tercer desafío corresponde a la urgente tarea de profundizar los valiosos logros del Estado Social de Derecho que constituyen la principal garantía para el disfrute de una vida digna. Este proyecto conocido como 4×3 también es parte de varias leyes y acciones gubernamentales que han venido propiciando su desmantelamiento. Se ha pretendido, por un lado, debilitar dicho Estado Social de Derecho como frente de resistencia a un neoliberalismo privatizante, frívolo y empobrecedor y, por otro, convertirlo en un Estado oligárquico “moderno”, al servicio de los intereses privados de las élites económicas y financieras nacionales y extranjeras. Efectivamente, el proyecto 4×3 apela a la necesidad de la “flexibilización laboral” para atender a estos intereses particulares: “La progresiva internacionalización de la economía, su desarrollo acelerado y el alto grado de especialización del mercado de trabajo, nos demanda actuar para facilitar la competitividad y productividad de las empresas que buscan el máximo aprovechamiento de recursos […]”. Además, se consigna explícitamente: “Este proyecto es de gran relevancia para la agenda de competitividad y reactivación económica que requiere Costa Rica desde hace varios años y permite al país desarrollar una significativa mejora en el clima de inversión de nuestro país”.3
Al respecto, el colectivo Alianza por una Vida Digna, recogiendo aportes del conversatorio “Jornada Laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia, a quiénes perjudica?4, considera que no se trata de una ocurrencia aislada, sino de un componente medular de planteamiento impulsado por las cámaras empresariales y sus aliados políticos para fortalecer su proyecto de reactivación económica, aumentando la productividad y la riqueza privada a costa de reducir los ingresos de las personas trabajadoras y el empleo digno, así como trasladar a la seguridad social del Estado las consecuencias de mediano y largo plazo sobre la salud, el cuido, la educación y la seguridad de las personas trabajadoras, pero aportando cada vez menos. La ampliación de las jornadas laborales tiene otros beneficios para las empresas, como por ejemplo el pago de tarifas diferenciadas más baratas en horas no pico en electricidad y otros servicios, la reducción de la planilla, el no reconocimiento de las horas extra y la reducción del aporte a la seguridad social. Se trata de una propuesta de reactivación económica nada solidaria ante del escenario dejado por la pandemia, que deja fuera del mercado laboral a una parte importante de las personas jóvenes y las mujeres, quienes tienen enormes dificultades para incorporarse a dicho mercado, incluso en trabajos no calificados o mal remunerados.
La aprobación del proyecto de ampliación de jornadas traerá consecuencias diferenciadas en los territorios en los cuales las condiciones de desigualdad son aún mayores, como por ejemplo en las zonas costeras y rurales, donde la inversión en turismo y agricultura disminuirían aún más las posibilidades de empleo y reducirían los ingresos de las comunidades y sus familias. Se trata de condiciones altamente peligrosas ante las iniciativas paralelas de reducción del gasto público y el debilitamiento de instituciones estatales, las cuales han sido fundamentales para promover la movilidad social y la continuidad democrática.
Con la ampliación de jornadas se advierten cambios en el estilo de vida y del trabajo, a contrapelo de las garantías sociales tuteladas en la Constitución Política. Son previsibles cambios culturales profundos en la alimentación, la educación, la recreación y la convivencia comunitaria y familiar, incluyendo el cuido de personas dependientes. Esto se relaciona también con un Estado permanentemente amenazado por ciertos sectores empresariales y una clase política empeñada en incrementar la riqueza privada a costa de reducir la pública.
De cara a este sesgo economicista que favorece a poderosos intereses del capital nacional y extranjero, es urgente restituir y remozar el Estado Social de Derecho, para garantizar la defensa del derecho al trabajo “decente”, la libre sindicalización de las trabajadoras y los trabajadores, una política de salarios crecientes acordes con el costo de la vida y la provisión de servicios universales de calidad en salud y educación. Sólo recuperando y profundizando los avances que obtuvo el país en desarrollo humano, en el marco de esta modalidad de Estado, podremos aspirar a una vida digna, saludable y satisfactoria para la ciudadanía costarricense. En este aspecto, el proyecto de reforma impulsado por el gobierno, al extender e intensificar la jornada de trabajo con impactos nocivos para la salud física y emocional del trabajador5, particularmente de la mujer trabajadora, contraviene, entre otros, dos principios constitucionales. Uno se refiere al estipulado en el Artículo 50 de la Constitución que establece que “toda Persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y el otro se relaciona con el Artículo 56 que plantea que es responsabilidad del Estado garantizar condiciones de trabajo digno y saludable, bajo una concepción no mercantilizada: “El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”. Cabe destacar que esa libertad de elección también se ve obstaculizada en este proyecto por cuanto el empleador sigue teniendo prevalencia en la decisión final respecto de la jornada que mejor se ajusta a sus requerimientos, lo que vendría a incrementar los índices de desempleo.
Propuesta de Nueva Jornada Laboral
La presente propuesta plantea efectuar reformas para reducir la jornada laboral diurna de un máximo de 40 horas durante cuatro días a la semana. La viabilidad y conveniencia de dicha jornada se fundamenta en criterios de constitucionalidad, de razonabilidad técnica en función de las mejores prácticas laborales y de una ética del trabajo “decente” para garantizar calidad de vida digna personal, familiar y social.
Atendiendo a los preceptos constitucionales ya referidos (Artículos 50, 51, 55, 56, 58 y 71), se busca garantizar el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, ambientes saludables y amigables, justicia salarial, respeto y reconocimiento a la dignidad de la Persona trabajadora, así como evitar la sobreexplotación del ser humano y de la naturaleza, inducida por una concepción economicista-productivista y mercantilizada del trabajo humano y de la relación con la naturaleza. De esta manera, también se contribuye a propiciar prácticas laborales socioambientales más saludables y gratificantes. En este sentido, una reducción de la jornada, a diferencia de su ampliación e intensificación, crea mejores condiciones para el trabajo creativo y productivo y amplía las posibilidades de generar más empleo6, al tiempo que abre espacios para el desarrollo de potencialidades en otros ámbitos de la vida. La crisis de desempleo que vive el país no debe ser motivo para devaluar las condiciones laborales y justificar la sobreexplotación del trabajo humano. Por otra parte, un adecuado uso de los avances científico-tecnológicos crearía las condiciones necesarias para alcanzar altos niveles de eficiencia productiva sin sacrificar el derecho a la vida digna de las personas, con impactos menos lesivos para la naturaleza7.
Además, una jornada reducida atiende también a criterios de razonabilidad técnica. Hoy día este tipo de jornadas son avaladas por las mejores prácticas laborales en diversos países, donde ha contribuido no sólo a incrementar la productividad sino a favorecer ambientes más gratificantes desde el punto de vista humano-social, emocional-afectivo y espiritual. Se trata de jornadas que contribuyen a mejorar la salud pública, a fortalecer los vínculos afectivos y a bajar los índices crecientes de agresión y violencia social. Lamentablemente, Costa Rica ocupa el segundo lugar entre los países miembros de la OCDE en cuanto a jornadas de trabajo más prolongadas, es decir, donde se trabaja más anualmente, y el tercero con un balance desfavorable entre vida y trabajo; a pesar de ello se registra una baja productividad8. Un estudio comparativo de la productividad en el sector público y privado, para el período 2010-2016 muestra que, a pesar de que las jornadas laborales en promedio en horas son mayores en el sector privado que en el público, la productividad en el sector privado creció en una proporción mucho menor (promedio anual de 3.2%), en el período 2010-1016, al del sector público, el cual creció en 6.1% anual. Se destaca que los factores que inciden en el crecimiento de la productividad obedecen a incentivos materiales, psicológicos y sociales, lo que evidencia la necesidad de que el sector empresarial, especialmente la gran empresa, haga mayores esfuerzos por crear condiciones de trabajo favorables y de mayor dignidad, respetuosas de los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, los datos muestran que no es cierta la reiterada aseveración de la ineficiencia y baja productividad las trabajadoras y los trabajadores del sector público9.
Esta propuesta es coherente con una ética que propicia una economía al servicio de la vida digna para una mejor convivencia personal, familiar social y planetaria. Apuesta por crear condiciones laborales que favorezcan el desarrollo pleno de las potencialidades de los seres humanos, así como de todos los ecosistemas. Propicia esfuerzos por crear nuevos estilos de vida, donde se dignifique y humanice el trabajo y se procure un mejor cuido de nuestra casa común. Contribuye, así, a forjar un nuevo pacto social y ecológico por la solidaridad, la inclusión y la equidad.
*Este documento/propuesta es el producto de la reflexión colectiva de un grupo de personas de distintos sectores, quienes se reunieron atendiendo la invitación del Foro Confluencia Solidaria.
Notas:
1Según un grupo de abogados laboristas y constitucionalistas, en el nuevo proyecto sustitutivo presentado por el gobierno persiste la inconstitucionalidad al convertir en ordinaria una jornada que debe ser extraordinaria, la cual tiene impactos negativos en la salud y el salario de quienes la asuman. Molina, Lucía (2022) Ajustes a proyecto de jornada de 12 horas no salvan su inconstitucionalidad. Semanario Universidad, 29 de junio de 2022, p.11. Cfr. Pronunciamiento del Foro Mujeres Políticas por Costa Rica sobre la jornada laboral 4×3. https://anep.cr/pronunciamiento-del-foro-mujeres-politicas-por-costa-rica-sobre-la-jornada-laboral-4×3/. ANEP 06/07/2022
2 Cabe destacar, al respecto, el llamado que hace la OCDE: “Costa Rica necesita promover un dialogo social más fuerte para favorecer mejores condiciones de trabajo, pero también para diseñar e implementar políticas del mercado laboral de forma oportuna. Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica 2017 RESUMEN EXECUTIVO, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES. P.16.
3 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar Derechos de las Personas Trabajadoras. Expediente No. 21.182.p.2 y 4.
6 Al respecto, Oscar Madrigal señala que la reducción de la jornada laboral sí puede significar “un aumento sustancial del empleo […] porque requerirá más mano de obra o sea más trabajadores, lo cual aumentará la rentabilidad de las empresas y con ello sus utilidades. Así lo comprueban las sociedades europeas más avanzadas. La excusa que utilizan los patronos para aumentar el empleo es reducir las condiciones laborales de los trabajadores. Pero lo cierto es que el mejoramiento de las condiciones de los asalariados, como demuestra la OCDE, genera un aumento sustancial del empleo y la competitividad”. Madrigal, Oscar (2022), Cambio de la Jornada de trabajo.https://surcosdigital.com/cambio-de-la-jornada-de-trabajo.
7 Para Esteban Calvo, el argumento de la ministra de Trabajo de que “volver a jornadas extensivas implica modernización choca con la historia del derecho laboral”. Al respecto, destaca que “durante las luchas por la reducción de la jornada, el desarrollo tecnológico le permitía tener mayor capacidad productiva a los empresarios […] El mejoramiento tecnológico desde ese momento hasta ahora ha sido impresionante y, sin embargo, el provecho de esa mejoría la están capitalizando los empresarios, porque los trabajadores siguen trabajando igual que hace 100 años”. Molina, Lucía (2022) Costa Rica demostró mayor productividad con menos horas de trabajo, pero reforma no contempla reducir la jornada. https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-demostro-mayor-productividad-con-menos-horas-de-trabajo-pero-reforma-no-contempla-reducir-la-jornada/
8 Ibid., p. 11. Al respecto, el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica destacan que con esta ley “se legislaría en contra del principio de Progresividad: Ya las jornadas de Corea, CR y México son las más extensas de los países pertenecientes a la OCDE (https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/horas-trabajadas.htm), y la experiencia internacional reduce las jornadas a 36 o 32 horas en cuatro días, especialmente en contexto post COVID-19 con el fin de brindar mayor salud mental, aumentar productividad en tiempo efectivo y/o incentivar otras actividades como turismo interno”. https://anep.cr/pronunciamiento-del-foro-mujeres-politicas-por-costa-rica-sobre-la-jornada-laboral-4×3/. ANEP 06/07/2022
Hoy es un dìa super importante para toda la poblaciòn del mundo y por supuesto de nuestro paìs, porque todos nos sumamos a la exigencia de la erradicaciòn del trabajo infantil.
Como entendemos, la misión de los niños es jugar, estudiar, aprender, pero nunca trabajar.
En el Foro Confluencia Solidaria, la Organización Carmen Lyra le invita a dar su criterio sobre el siguiente concepto de Dignidad.
“Hola! Iniciamos este foro con la siguiente intervención:
La dignidad es el valor de cada persona, un valor que no es monetario, ni material, ya que no puede ser intercambiable o transferido, sino que es intrínseco e inexpropiable, la dignidad es el derecho que posee cada ser humano de ser respetado tanto individual como socialmente. No se puede renunciar a la dignidad, como no se puede vivir sin agua. La dignidad es un elemento base para la humanidad. Hoy enfrentamos un modelo económico que impone ideas y formas donde la dignidad humana parece no tener lugar, enfrentamos tiempos en los que se despoja nuestra dignidad a través del avance permanente en la destrucción de la naturaleza y de las instituciones que han desarrollado a la sociedad costarricense. Defendemos una vida digna donde nadie esté por encima de nadie, indistintamente de su tipo de religión, de su condición económica, sus ideales políticos o su orientación sexual. Una vida donde se respeten los plenos derechos a la libertad y la autonomía de poder decidir, donde se respete la cosmovisión de las personas y los pueblos. Consideramos que es fundamental resguardar los recursos naturales que aún están protegidos y se deben de buscar las formas para poder mejorar todos los espacios que se han degradado; rescatar nuestro entorno es rescatarnos a nosotros mismos, ya que solo tenemos un planeta. Y no es justo que mientras algunas pocas personas acceden a un ambiente limpio en medio de fortalezas amuralladas, una gran mayoría vive sumida en contaminación permanente de los ríos, valles, montañas y playas. Sostenemos que no existe una vida digna sino existe la justicia en los diferentes espacios de nuestro territorio, no puede existir una vida digna mientras unos pocos ganan millones, no pagan impuestos y viven tranquilos; mientras por otro lado una gran mayoría de personas apenas subsiste con unos cuantos colones. Vivir con dignidad es tener acceso a una vivienda, a una alimentación saludable, a una educación de calidad, a tiempo de ocio y a un servicio de salud, sin importar la condición social, económica o geográfica que se tenga. Hoy mientras hay más de medio millón de personas en el país sin el acceso a un salario mínimo, recalcamos la necesidad de que dicha condición no justifica que las personas no tengan acceso a una vida digna.
¿Está de acuerdo con esta definición de Dignidad?
¿Qué otros elementos podrían sumarse a este texto para contar con una Vida Digna?”
El Programa de Gestión Local y Confluencia Solidaria invitan a: «Diálogos sobre Acción Comunitaria y Construcción de Vida Digna», a realizarse el día 11 de noviembre 2021 a las 5:30 p.m. con la participación de Juan Amighetti Ledezma y Leonardo Jenkins Rivas, y la experiencia de Salvaguarda del Río Sarapiquí.
José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica
El bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas encuentra a Costa Rica en una posición tambaleante. Los primeros dos siglos de vida independiente fueron testigos de procesos complejos en los cuales el país, gracias a pactos sociales visionarios en diversos momentos de nuestra historia, pudo generar políticas públicas y una institucionalidad que ha dado réditos valiosos, en medio de múltiples problemas, conflictos y desafíos. Estos pactos sociales, no obstante, se han debilitado notablemente en las últimas décadas. El tejido social se ha deshilachado y el país ha pasado a engrosar la lista de naciones con mayor desigualdad. Los proyectos políticos y económicos hegemónicos no auguran un futuro promisorio y el país requiere buscar nuevas luces y avenidas que conduzcan a una convivencia donde priven la equidad, el bien común, la dignidad de las personas y la relación armoniosa con el ambiente. ¿Cómo lograrlo?
Debemos generar un escenario colectivo de prácticas democráticas renovadas, en el cual la participación de amplios sectores de la población marque la pauta en procura de alternativas en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Vale decir, requerimos edificar una auténtica democracia participativa, donde la energía creadora de muchas personas y colectivos abra las puertas a nuevos horizontes. Estos procesos deben ir aparejados del fortalecimiento de las instituciones públicas como garantes de derechos esenciales, con amplia participación popular y en un marco de equidad. Necesitamos políticas tributarias progresivas, que reduzcan la inaceptable desigualdad en que vivimos. El fortalecimiento de la educación y la salud públicas deberán ser ejes centrales de nuestro futuro, al igual que políticas que aseguren la protección del ambiente. Debemos abocarnos a fortalecer un desarrollo científico-tecnológico endógeno, incluyendo las ciencias naturales y las sociales, que ponga el conocimiento al servicio del bien común, mediante una estrategia de resiliencia ante los embates externos, la cual garantice soberanía alimentaria, energética y tecnológica.
Costa Rica requiere fortalecer una cultura centrada en el respeto a la dignidad de las personas y su diversidad en todos los planos, incluyendo los grupos históricamente excluidos. Debemos dejar atrás las lacras del patriarcado, el racismo y el clasismo, para generar un entorno nacional marcado por la generosidad y la solidaridad, lejos del individualismo y del mercantilismo prevalecientes. Una sociedad donde nadie esté de más y donde todas las personas tengamos garantizada una vida digna. Ojalá que en el transitar hacia el tercer centenario de nuestra independencia tengamos la sabiduría y el coraje para construir ese mundo más pleno.
El sábado 3 de julio Orlando Barrantes, del Bloque de Vivienda, llamó a seguir la lucha. Ese día el Bloque se reunió para evaluar la movilización que se realizó a Casa Presidencial el martes 29 de junio y el inicio de las negociaciones con el Poder Ejecutivo.
El principal objetivo del Bloque de Vivienda es garantizar a las familias de todo el país que tendrán su casa por medio del bono individual o de proyectos.
Orlando Barrantes indicó que vienen cosas importantes en la lucha.
En la semana de las Jornadas de Estudios Ecologistas en el marco del Mes por la Tierra y Contra el Capital, están dedicadas a la Jornada por la memoria y defensa del territorio en memoria de la defensora del territorio, lideresa indígena Lenca del COPINH, feminista y ecologista Berta Cáceres, que al oponerse a un proyecto hidroeléctrico y luchar por la autonomía para su pueblo – territorio fue asesinada por la empresa privada DESA y las fuerzas armadas del estado de Honduras. En esta semana apuntaremos nuestros esfuerzos para conversar con personas de comunidades en lucha por la defensa de su territorio y autonomía, además con activistas ecologistas que nos refrescaran la memoria sobre el movimiento ecologista y la represión que ha recibido por proteger de la tierra, los bienes comunes y la vida digna. Recordando que en la democracia más antigua de Latinoamérica también encarcelan, reprimen, desaparecen y asesinan a les luchadores sociales.
¡Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas!
Ni perdón ni olvido por nuestros compañeros y compañeras: Berta Cáceres, Jairo Mora, Jehry Rivera, Sergio Rojas, Óscar Fallas, Jaime Bustamante, María del Mar Cordero, David Maradiaga, Óscar Quirós, Viviana Gallardo, Antonio Zúñiga, Luis, Kimberly Blackwell, Diego Armando Saborío, Carlos Fletes y por quienes nos faltan por luchar.
[…] el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. Papa Francisco, Fratelli Tutti.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
El Dr. Tomás del Camino, biólogo matemático, ha documentado con datos estadísticos que la ola pandémica que hoy estamos padeciendo sí tuvo que ver, entre otros factores, con la apertura de las clases presenciales en escuelas y colegios, al intensificarse la movilidad de las personas. Y en una reciente entrevista ha señalado que “a finales de marzo el gobierno debió alertar y tomar medidas” ¿Por qué no lo hizo? Ensayemos algunas respuestas.
En primer lugar, para un gobierno de unidad neoliberal (PAC-PLN-PUSC-PRN-PNR) los grandes intereses económicos prevalecen sobre una economía y sociedad solidarias al servicio de una vida digna y saludable. Bien se hubiese dispuesto de reservas del sistema bancario estatal y aplicar un impuesto temporal a los grandes capitales, empresas y salarios, para subsidiar el pago de servicios de luz y electricidad de pequeñas y medianas empresas, y asistir a desempleados y subempleados con estos servicios y alimentación básica.
En segundo lugar, la Asamblea Legislativa, atendiendo instrucciones del Ejecutivo, como ha sido su costumbre en este período gubernamental, con mínimas excepciones, no tuvo la sensatez de llamar a cuentas al gobierno para acelerar procesos de vacunación, como lo hizo Chile contratando con varias casas farmacéuticas desde inicios de la pandemia. Los diputados se han entregado en cuerpo y alma, arriesgándose al contagio, como ha sucedido con varios de ellos, a la aprobación de la nueva Ley de Empleo Público; otro proyecto neoliberal impulsado por mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) ¡Qué fácilmente entregamos nuestra soberanía por unos dólares más! ¡Vaya manera de celebrar el Bicentenario!
En tercer lugar, atendiendo a solo una visión e interpretación particular de datos, las autoridades del gobierno mantuvieron el argumento de que la proliferación de contagios no estaba asociada con la apertura de las clases, por los pocos casos que se presentaban en escuelas y colegios. Subestimaron el impacto de la movilidad y las interacciones que generó la medida. Lo mismo sucedió con la flexibilización de las medidas restrictivas de movilidad en Semana Santa. Un factor que también contribuyó en Chile para que tuviese que sufrir una ola más, con elevada cantidad de contagios y saturación hospitalaria, a pesar de ser el país con el más alto porcentaje de vacunación en América Latina.
Y, en cuarto lugar, relacionado con el aspecto anterior, faltó una iniciativa gubernamental para, desde el inicio de la pandemia, constituir un equipo interdisciplinario del más alto nivel científico que contribuyera a evaluar sus impactos, concertar medidas adecuadas para prevenir los contagios y la saturación hospitalaria, etc.
Si algo nos ha enseñado esta pandemia es a valorar el aporte de la ciencia, desde un enfoque interdisciplinario, tanto para tomar el pulso del comportamiento de la pandemia, como para prevenir los impactos biosociales, producir medicamentos y equipos para atender a los pacientes y vacunas para inmunizar a las poblaciones. La ciencia es una buena compañera de la política, aunque resulte incómoda para algunos políticos.
La ceguera neoliberal nos está conduciendo al despeñadero económico y social, al subestimar también los aportes de la ciencia y la cultura, cuando estas no se ajustan a sus mandatos.
