Hay una contradicción que debería interpelarnos: vivimos una época de extraordinarias capacidades científicas y tecnológicas, mientras una vida digna sigue siendo una promesa incumplida para millones de personas. Las guerras destruyen comunidades; la incertidumbre atraviesa los hogares; trabajar no siempre permite vivir con seguridad. La pregunta por el futuro se ha convertido, para demasiada gente, en una pregunta por cómo sobrevivir al presente.
Las protestas que recorren distintos países tienen historias y demandas propias. Sería un error atribuirles una misma conciencia o un destino común. Sin embargo, muchas expresan un límite: el rechazo a seguir pagando con precariedad, endeudamiento y agotamiento decisiones sobre las cuales las mayorías tienen escasa influencia. Ese malestar cuestiona la promesa neoliberal de que la expansión del mercado terminaría asegurando el bienestar colectivo.
En Costa Rica, necesitamos discutir qué proyecto de sociedad se construye cuando la educación y la protección social se presentan como gastos que deben contenerse, mientras el castigo adquiere protagonismo como respuesta política. La seguridad es una necesidad real. Precisamente por eso, debe incluir prevención, investigación eficaz, justicia independiente y condiciones materiales para vivir. Su evaluación no puede reducirse al número de celdas ni a la dureza de los discursos.
También debemos exigir que las transformaciones de los servicios públicos se discutan abiertamente, con evidencia sobre sus consecuencias. Recuperar recursos para una institución no debería convertirse en moneda de cambio para aprobar reformas de otra sin suficiente deliberación. La ciudadanía merece conocer qué se negocia, quiénes se benefician y qué compromisos se adquieren en su nombre.
La controversia sobre el Acuerdo Transpacífico plantea una pregunta igualmente seria. La presidenta manifestó que no había revisado su borrador, mientras la ministra de Comercio Exterior sostuvo que las condiciones negociadas ya no podían renegociarse. Aunque la adhesión todavía requiere decisiones pendientes, esa tensión obliga a preguntar qué capacidad efectiva tienen los sectores convocados al diálogo para influir en el resultado. Escuchar sus preocupaciones exige explicar cuáles pueden atenderse, mediante qué instrumentos y con qué recursos. Contabilizar reuniones no demuestra, por sí solo, que sus planteamientos hayan incidido en lo negociado.
Exigimos información suficiente para evaluar los compromisos, sus beneficios y sus costos por sector, así como respuestas verificables para quienes podrían resultar perjudicados. Las oportunidades comerciales deben discutirse junto con sus efectos sobre el empleo, la producción nacional y la seguridad alimentaria. Concluir una negociación no elimina la obligación de justificarla ante la ciudadanía. La participación democrática pierde sustancia cuando se invita a hablar, pero se presenta lo fundamental como fuera de discusión.
Esa exigencia alcanza a la oposición. Denunciar al gobierno no constituye, por sí solo, una alternativa. Hacen falta propuestas, coherencia y capacidad de sostener acuerdos. Si cada sector defiende su espacio de manera aislada, podemos agotar nuestras fuerzas mientras se debilitan las condiciones que todos necesitamos.
Por eso hacen falta diálogos más exigentes y una comunicación más compartida. Espacios donde podamos contrastar diagnósticos, reconocer diferencias y acordar acciones sin exigir unanimidad. Espacios que escuchen también a quienes no participan en nuestros círculos y cuyas preocupaciones no siempre encuentran lugar en nuestros análisis.
Movilizarnos forma parte de esa tarea. Una protesta puede incomodar, interrumpir la rutina y ejercer presión sin agredir a las personas. Su fuerza crece cuando tiene continuidad, objetivos reconocibles y vínculos entre sectores. Salir a la calle permite afirmar una presencia; organizarnos permite sostenerla.
No hay garantía de victoria. El deterioro puede profundizarse y el hartazgo puede ser aprovechado por proyectos autoritarios. Una esperanza responsable debe reconocer esos riesgos y construir razones para actuar: compromisos concretos, responsabilidades distribuidas y formas de participación que no consuman hasta el agotamiento a quienes las sostienen.
Este es un llamado a encontrarnos. A pasar de las voces dispersas a una conversación capaz de producir acuerdos y acción colectiva. Podemos comenzar por aquello que estamos dispuestos a defender juntos y por una primera tarea que podamos cumplir.
Esta discusión tiene también una dimensión jurídica. El poder público está sujeto a obligaciones que ninguna mayoría electoral puede dispensar. Los artículos 9 y 11 de nuestra Constitución establecen un gobierno participativo y responsable, sometido a la legalidad y a la rendición de cuentas. Los derechos de petición y acceso a la información, reconocidos en los artículos 27 y 30, permiten exigir respuestas y conocer los fundamentos de las decisiones públicas. Cuando esas garantías se vulneran, existen mecanismos para reclamar su protección.
El financiamiento universitario tampoco queda a la libre disposición de los acuerdos partidarios: debe respetar la autonomía y las garantías de los artículos 84 y 85. De igual manera, concluir la negociación de un tratado comercial no reemplaza su aprobación legislativa ni el control previo de constitucionalidad exigido por el ordenamiento. Una decisión anunciada como políticamente concluida puede tener todavía controles jurídicos pendientes.
La política de seguridad encuentra límites igualmente precisos. El debido proceso, la prohibición de tratos crueles o degradantes y la independencia judicial obligan también cuando el miedo impulsa demandas de mayor castigo. A su vez, organizarse, expresarse y reunirse pacíficamente son derechos constitucionales, no concesiones del gobierno. Su ejercicio y su protección forman parte de la vida democrática.
No toda decisión que rechazamos es ilegal. La crítica adquiere fuerza jurídica cuando identifica la actuación cuestionada, la obligación incumplida y las pruebas que permiten exigir su revisión. Ese rigor debe acompañar la movilización: documentar, solicitar información, fiscalizar y acudir a los mecanismos de protección correspondientes. Defender el futuro común exige también hacer efectivas las garantías que el ordenamiento reconoce.
Seguimos de pie, aunque estemos cansados. Que ese cansancio encuentre solidaridad, organización y relevo. El futuro común merece algo más que nuestra resignación.
¿Qué relación puede existir entre estudiantes franceses que reclaman condiciones dignas para estudiar, personas que se movilizan en España por el derecho a la vivienda, jóvenes que rechazan la militarización de su futuro y productores costarricenses que defienden sus posibilidades de subsistencia? ¿Qué conecta esas luchas con la solidaridad hacia Palestina, la defensa de la universidad pública y la exigencia de que los gobiernos respeten las decisiones judiciales?
No estamos necesariamente ante un movimiento internacional coordinado. Tampoco sus protagonistas comparten una misma interpretación del mundo. Sin embargo, la diversidad de las demandas permite reconocer una preocupación común: la creciente dificultad para sostener una vida digna y participar efectivamente en las decisiones que la condicionan.
Esta es una lectura de coyuntura. Su propósito es identificar relaciones entre acontecimientos que suelen presentarse como noticias separadas. La hipótesis que propongo es que atravesamos una crisis de la democracia liberal en la que confluyen el deterioro de las condiciones materiales de existencia, el fortalecimiento de proyectos autoritarios y una reorganización conflictiva del poder mundial.
La vida como problema político
La educación, la vivienda, la salud y la alimentación constituyen las condiciones materiales de la ciudadanía. Su deterioro tiene consecuencias democráticas: una persona absorbida por la incertidumbre de dónde vivirá, cómo se alimentará o si podrá continuar estudiando dispone de menos recursos para intervenir en la vida pública.
Las movilizaciones estudiantiles francesas expresan esa relación. Los reclamos por personal docente, infraestructura y condiciones educativas cuestionan la distancia entre las promesas de igualdad y las oportunidades concretas para construir un futuro. La incorporación de estudiantes de secundaria resulta especialmente significativa: quienes apenas comienzan a ejercer su ciudadanía están señalando las insuficiencias de la sociedad a la que se les pide integrarse.
En España, las protestas por la vivienda y la indignación ante el fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su hogar, colocan otra dimensión del conflicto: la distancia entre el reconocimiento del derecho a una vivienda y las condiciones efectivas para permanecer en ella. Su historia se convirtió en un símbolo de una inseguridad compartida por muchas otras personas.
La pregunta que atraviesa estos acontecimientos es profundamente política: ¿qué significa pertenecer a una democracia cuando los medios necesarios para vivir quedan fuera del alcance de una parte de su población?
Cuando la respuesta es la represión
La protesta constituye una forma de participación democrática. Permite hacer visibles necesidades que los procedimientos ordinarios no han atendido y disputar decisiones que afectan a sectores excluidos de su elaboración.
Por eso, la respuesta represiva merece ocupar el centro del análisis. En Francia, las noticias sobre gases, detenciones y denuncias de violencia contra estudiantes muestran que el conflicto comprende también la manera en que el poder enfrenta a quienes cuestionan sus prioridades.
No toda intervención policial tiene el mismo carácter. Pero cuando las demandas pasan a segundo plano y sus protagonistas son tratados principalmente como amenazas al orden, se produce una inversión: quienes denuncian una situación intolerable terminan convertidos en el problema que debe controlarse.
La democracia pierde sustancia cuando reconoce formalmente el derecho a expresarse, pero encarece su ejercicio mediante intimidación, estigmatización o violencia. El conflicto social puede revelar fallas institucionales; la represión puede profundizarlas al cerrar las posibilidades de una respuesta negociada.
La extrema derecha y la administración del malestar
Esta coyuntura adquiere otra dimensión cuando se examina el avance de las derechas radicales. Su fuerza política se alimenta de frustraciones reales: inseguridad, precariedad, desconfianza y sensación de abandono. Su eficacia consiste, en parte, en ofrecer una interpretación de esas experiencias y señalar responsables.
Migrantes, sindicatos, feminismos, universidades y organismos de derechos humanos pueden aparecer entonces como enemigos de una comunidad supuestamente amenazada. La promesa de restauración del orden permite desplazar la discusión sobre las estructuras que producen desigualdad hacia la persecución de actores presentados como culpables.
Las variantes nacionales importan. Algunas fuerzas promueven recortes y privatizaciones; otras ofrecen protección social selectiva, reservada a quienes consideran miembros legítimos de la nación. En ambos casos debemos preguntar qué ocurre con la universalidad de los derechos y con la posición de quienes quedan excluidos.
Tampoco el deterioro comenzó con el ascenso reciente de estas fuerzas. Gobiernos de distintas orientaciones contribuyeron al desgaste de las protecciones sociales y de la representación política. Reconocer esa responsabilidad permite comprender el terreno sobre el que crece la extrema derecha, sin borrar las diferencias entre proyectos ni atribuir a todos los gobiernos una intención idéntica.
La particularidad autoritaria aparece cuando el malestar se utiliza para concentrar poder y debilitar las herramientas con las que la ciudadanía podría exigir una distribución distinta de recursos, riesgos y oportunidades.
Vaciar la democracia desde sus instituciones
La degradación democrática puede desarrollarse mediante procedimientos formalmente institucionales. Una mayoría electoral puede presentarse como autorización para deslegitimar tribunales, restringir autonomías o excluir interlocutores incómodos.
Bajo ese razonamiento, la victoria en las urnas deja de ser un mandato limitado y se convierte en una pretensión de dominio sobre el Estado. Los controles aparecen como obstáculos; la oposición, como sabotaje; la protesta, como amenaza.
Aquí radica una contradicción decisiva: se invoca la democracia para debilitar las condiciones que permiten ejercerla. Pueden mantenerse elecciones y organismos públicos mientras disminuye la capacidad efectiva de la población para controlar a quienes gobiernan.
Sin embargo, las instituciones conservan diferencias y conflictos internos. Un tribunal que limita al Ejecutivo, una universidad que produce conocimiento crítico o una organización que defiende derechos muestran que el Estado y la sociedad siguen siendo terrenos en disputa. Defender esas capacidades forma parte de la resistencia al vaciamiento democrático.
Costa Rica: representación, sustento y pensamiento crítico
Los acontecimientos costarricenses permiten observar varias expresiones de esta tensión.
La controversia por la incorporación de Rocío Alfaro como representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS afecta la participación de un sector social en una institución fundamental. La información publicada recoge una orden de la Sala Constitucional y la denuncia posterior de incumplimiento del plazo por parte del Gobierno. El problema político es evidente: una garantía pierde eficacia cuando su cumplimiento puede postergarse hasta neutralizar la representación que debía proteger.
Las movilizaciones agropecuarias frente a Casa Presidencial, por su parte, colocan en discusión los efectos de la eventual adhesión al Acuerdo Transpacífico. Además de las diferencias sobre sus consecuencias económicas, aparece el reclamo por la participación de quienes enfrentarían esos efectos. La deliberación democrática exige que las personas afectadas puedan incidir en las decisiones y conocer cómo se distribuirán sus beneficios y costos.
El señalamiento de supuesto adoctrinamiento de izquierda en las universidades públicas introduce otra dimensión. Según información periodística, una diputada oficialista pidió investigar el aparente financiamiento estatal de proyectos de esa orientación. Se trata de una acusación política que requiere pruebas, no de una descripción acreditada del trabajo universitario.
Fiscalizar recursos públicos es una obligación legítima. Convertir la orientación ideológica atribuida a una institución en motivo de sospecha abre, en cambio, la posibilidad de usar esa fiscalización como instrumento de disciplinamiento.
Una universidad debe permitir estudiar y discutir el marxismo, el liberalismo, el conservadurismo y cualquier otra tradición mediante argumentos y evidencia. Conocer una corriente no equivale a adherirse a ella. El adoctrinamiento comienza donde se impide preguntar, contrastar y disentir.
La autonomía tampoco exime de rendir cuentas. Protege la posibilidad de investigar y enseñar sin someter el conocimiento a la conveniencia del gobierno de turno. Cuando el pensamiento crítico se presenta como peligro, la discusión presupuestaria puede transformarse en una disputa sobre quién tiene derecho a interpretar la realidad.
En ese mismo ámbito de circulación de ideas se ubica la cancelación de las funciones del documental Naza en Cinema San Pedro. La retirada está documentada; atribuirla concluyentemente a presiones diplomáticas requiere evidencia adicional. El episodio permite, en todo caso, preguntar por las condiciones que favorecen o restringen el acceso del público a obras políticamente incómodas.
Un orden mundial en disputa
Estas tensiones ocurren en un escenario de competencia entre centros de poder. La erosión relativa de la hegemonía estadounidense y el avance de la multipolaridad modifican alianzas, dependencias y márgenes de actuación.
Multipolaridad y multilateralismo son procesos diferentes. La existencia de varias potencias no garantiza cooperación, respeto por el derecho internacional ni democratización. Puede ampliar las opciones de algunos países y, simultáneamente, intensificar disputas por recursos, mercados y territorios.
En ese contexto, la seguridad y la competencia internacional pueden convertirse en argumentos para exigir sacrificios internos. La cuestión democrática consiste en determinar quién define esas prioridades y quién soporta sus consecuencias.
La tensión entre el reconocimiento a Navi Pillay por su defensa del derecho internacional y las presiones estadounidenses sobre la Corte Penal Internacional ilustra la disputa por la eficacia de los límites jurídicos frente al poder. La universalidad de los derechos pierde credibilidad cuando su exigencia depende de quién sea el responsable de vulnerarlos.
También desde esta perspectiva, las movilizaciones electorales brasileñas pueden interpretarse como algo más que adhesión a una candidatura. Para sectores que apoyan a Lula, está en juego el rechazo al proyecto representado por Flávio Bolsonaro. Reconocer esa diferencia no exige ignorar las contradicciones del gobierno ni renunciar a cuestionarlo.
La promesa de salvación y las políticas contra la vida
Cabe aquí una digresión teológica. El apocalipsis puede pensarse, en su sentido de revelación, como una imagen de aquello que una crisis deja al descubierto.
Desde esa perspectiva, conviene interrogar los discursos que prometen salvar la civilización, la nación o la familia mientras aceptan que determinadas poblaciones carguen con abandono, exclusión o violencia. La pregunta se dirige a sus consecuencias y a las prioridades que las justifican.
Llamar “anti vida” a una política exige precisar su contenido: decisiones que deterioran las condiciones para vivir, trasladan daños evitables a los sectores más vulnerables o subordinan derechos fundamentales a la protección de privilegios.
La contradicción resulta especialmente visible cuando esos proyectos se presentan como defensores de valores cristianos. Su pretensión moral debe confrontarse con el trato que proponen para las personas pobres, extranjeras, disidentes o afectadas por la guerra. Esta crítica se dirige a la instrumentalización del lenguaje religioso y reconoce que también existen comunidades creyentes comprometidas con la solidaridad y la justicia.
La metáfora del anticristo podría expresar esa inversión: una promesa de salvación cuyo cumplimiento exige sacrificar a otros. Su valor crítico reside en revelar esa contradicción, sin convertir la discusión política en una clasificación de enemigos proféticos.
Resistir también es producir democracia
Las movilizaciones descritas no garantizan una transformación emancipadora. Pueden dispersarse, ser reprimidas o quedar atrapadas en respuestas que reproduzcan la exclusión. La indignación no tiene un destino político asegurado.
Sin embargo, permiten reconocer una disputa que atraviesa esta coyuntura: amplios sectores se resisten a aceptar que su educación, vivienda, sustento o existencia constituyan el costo inevitable de decisiones en las que apenas participan.
La crisis democrática se profundiza cuando la incapacidad para garantizar una vida digna se convierte en oportunidad para concentrar poder y restringir la capacidad de exigirla. Frente a ello, defender la democracia supone proteger libertades y controles institucionales, ampliar la participación y transformar las condiciones materiales que vuelven desiguales a quienes formalmente son ciudadanos iguales.
El desafío consiste en reconocer vínculos entre luchas distintas sin borrar sus particularidades. La defensa de una escuela, de una vivienda, de la producción agrícola o de la libertad de pensamiento puede encontrarse en una exigencia compartida: que la organización de la sociedad responda a las necesidades de quienes la sostienen.
Una democracia debe poder ser interpelada y transformada por esas personas. Cuando les exige silencio y sacrificios mientras protege privilegios, son precisamente quienes protestan los que vuelven a plantear su pregunta fundamental: ¿para quién y para qué se ejerce el poder?
• Resolución de la Sala Segunda refuerza la tesis de la Defensoría sobre la intangibilidad de un monto mínimo para garantizar una vida digna.
• Proyecto de Ley N.º 24.940 busca blindar la autonomía económica y los derechos de las personas adultas mayores.
La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa para la pronta aprobación del Proyecto de Ley N.º 24.940, iniciativa que surgió para garantizar que ninguna persona vea comprometida su subsistencia básica, por deducciones desproporcionadas de su pensión.
La Defensoría considera urgente esta legislación debido a que personas adultas mayores cuyas pensiones se ven afectadas por cobros directos de créditos, reduciendo los montos hasta niveles que les impiden cumplir con pagos de servicios básicos, compra de comida o alquiler.
La iniciativa se ve respaldada a nivel jurídico con una reciente resolución N.º 2026-000550 de la Sala Segunda, la cual marca un hito en la protección de los derechos humanos al definir la existencia de un “núcleo vital de la pensión”. Según el Tribunal, este límite de intangibilidad es esencial para asegurar que el Estado y las entidades financieras respeten el derecho de toda persona pensionada o jubilada a una vida digna, incluso cuando existan compromisos crediticios previos.
Destaca de la resolución, la nota de la Magistrada Varela Araya quien señaló la relevancia del tema sobre el que versa este pronunciamiento, mismo que dio origen al proyecto de ley N.° 24940 que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa.
Dicho proyecto impulsado por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la diputada Katherine Moreira, surge como respuesta a la vulnerabilidad extrema de miles de personas adultas mayores cuyas pensiones son reducidas a montos ínfimos y no cuentan con una protección de un monto mínimo que la Sala II ha denominado núcleo vital y la Defensoría llamó, pensión mínima intocable.
Con la aprobación del proyecto de Ley N° 24940, se busca garantizar a nivel legislativo, la protección a nuestra población adulta de su pensión mínima intocable, lo que supone el respeto a la capacidad de esta población de disponer de forma independiente y autónoma, de sus recursos económicos regulares, en este caso obtenidos por su derecho a la pensión o jubilación. La iniciativa propone:
•Establecer la «Pensión Mínima Intocable»: Un monto inembargable equivalente al límite de protección que hoy goza el salario, asegurando que el jubilado siempre cuente con recursos para sus necesidades básicas (salud, alimentación y vivienda).
•Respetar la autonomía financiera: Permite a las personas pensionadas gestionar créditos mediante el acuerdo de voluntades, pero bajo un marco legal que evita el sobreendeudamiento que anula la dignidad humana.
•Fomento de la «Economía Plateada»: Al brindar seguridad jurídica sobre sus ingresos, se incentiva la inclusión financiera, el emprendimiento y la participación activa de esta población en la economía nacional.
La Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital invita a un espacio de reflexión y análisis crítico sobre uno de los temas más urgentes del país: la relación entre agua y agronegocios, sus impactos sociales y ambientales, y los desafíos para avanzar hacia una gestión justa y sostenible del recurso hídrico.
El foro en vivo “Agua y agronegocio en Costa Rica: problemática y desafíos” se realizará el miércoles 3 de diciembre a las 6:00 p. m., y será transmitido por Facebook Live de SURCOS Digital.
Participan:
Alberto Gutiérrez Geógrafo, docente e investigador de la Sede de Occidente y del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
Clara Ramin Integrante del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica. Candidata a doctorado por la Universidad para la Paz.
Silvia Echeverría Investigadora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional.
El conversatorio es organizado por la Alianza por una Vida Digna junto con SURCOS Digital y busca contribuir a la discusión pública sobre el uso, acceso y administración del agua, en un contexto donde el avance del agronegocio genera tensiones, conflictos socioambientales y desafíos para la protección de los territorios y las comunidades.
La ciudadanía está invitada a conectarse y participar con sus comentarios y preguntas durante la transmisión.
El Partido Frente Amplio en este momento se encuentra en camino hacia la Convención Interna, a celebrarse el 3 de agosto de 2025, en cada cantón del país. Acto político pionero con profundo sentido democrático, donde cada persona adscrita al partido significa un voto, en esta convención se le permite a cada persona que se encuentre en el padrón interno, ejercer el voto directo para elegir a quienes serán candidatas a diputación por cada provincia, durante las elecciones nacionales de febrero 2026.
Aprovecho este espacio valioso de comunicación alternativa para colocar una posición sobre mi visión como precandidata por el segundo lugar a diputada por el Partido Frente Amplio Alajuela, sobre este proceso de convención. Y escribo, sobre todo, porque me atraviesa el sentido de compañerismo como mujer política frenteamplista, donde el resto de las personas precandidatas que disputamos, hombres, el primer lugar, y mujeres el segundo lugar, son mis pares y nos une la visión País.
Este domingo 3 de agosto volvemos a ser un frente común, que recorre barrios, territorios: tanto los que habitamos, como territorios virtuales, llamando a la defensa de la democracia costarricense, porque estamos en una encrucijada donde cada uno de nuestros votos, serán para nuestro único candidato: Ariel Robles Barrantes, y para nuestras diputaciones electas popularmente. Este acto garantizará al pueblo sentipensante costarricense tener un Frente que trabaje codo a codo para la defensa de las Garantías sociales, los derechos humanos para todas las personas, la justicia ambiental, la vida digna llena de esperanza.
En momentos donde una elección democrática nos puede colocar bajo la tiranía de un partido articulado bajo la manipulación de Rodrigo Chaves, quien representa la esencia del poder violento y dictatorial en favor de las personas y empresas transnacionales más adineradas, la unión del pueblo costarricense en defensa de la democracia es requerida.
En mi caso trabajo desde los 15 años en los movimientos sociales siendo mi primer espacio la articulación con el movimiento ecologista costarricense mi primer frente era por salvar la vida, posteriormente las distintas carreras que estudié y el ejercicio de la docencia me llevaron a una trayectoria de 20 años trabajando por las mujeres y sus comunidades, porque los derechos humanos de las mujeres y niñas también son derechos. He comprendido que la violencia contra las mujeres, la desigualdad, la pobreza tienen su origen en el Estado construido desde el machismo y la colonialidad del poder de origen genocida español contra los pueblos indígenas de nuestros países. Pero también comprendí en el poder transformador de la colectividad.
En este momento decidí sumarme a esta precandidatura, bajarle el volumen a la lucha por los derechos humanos de las mujeres y sus comunidades, y subirle el volumen a la defensa de la democracia, súmese usted también.
Próximas fechas para conocer nuestras propuestas:
San Carlos, presencial, domingo 13 de julio de 2025, 10:00 am, en las instalaciones del Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo de Barrio Coocique.
El arte ha sido una herramienta poderosa para representar la lucha, los sueños y la resistencia de los migrantes, quienes, a menudo, son tratados como mercancía desechable o criminales. Esculturas como «Angels Unawares» (Ángeles inadvertidos), instalada en el Vaticano por Timothy P. Schmalz (2019), desafían esta visión. Timothy Schmalz lleva 25 años esculpiendo grandes obras de bronce que se han instalado en todo el mundo. El tema de la mayoría de ellos se refiere a cuestiones actuales de justicia social, como los sin techo, los migrantes y la trata de seres humanos.
La obra muestra una barca repleta de migrantes de diversas épocas y culturas, con alas de ángel emergiendo en el centro, recordando el pasaje bíblico: «No olvidéis la hospitalidad, pues por ella algunos hospedaron ángeles sin saberlo» (hebreos 13:2). La barca parece flotar en un mar de incertidumbre, cargada de esperanza y temor, simbolizando el viaje forzado de quienes buscan una vida digna lejos de su patria. Este monumento es un llamado urgente a la solidaridad y la acogida.
“Sean acogedores”, obra de Timothy P. Schmalz en la Iglesia Santa María del Lago en Chicago.
El Papa Francisco ha sido un defensor incansable de los derechos de los migrantes, y en su mensaje para la 109ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado), expresó: «Los migrantes escapan de una pobreza terrible, de la imposibilidad de asegurar la supervivencia de sus familias, de situaciones de violencia y explotación. No debemos olvidar que el progreso de nuestras naciones se ha construido en gran parte sobre el sudor y el sacrificio de millones de migrantes.»(Papa Francisco, 2023)
Mientras tanto, en Costa Rica, a pesar de la enorme contribución de los migrantes, especialmente la comunidad nicaragüense, no existe un monumento que visibilice su esfuerzo. La única escultura que reconoce el aporte de la migración china, iniciada hace 168 años, es el Monumento a la Convivencia, creado por Juan Carlos Abarca (2023), en el Barrio Chino de San José. Sus figuras de bronce parecen conversar con el viento, contando la historia de quienes dejaron su país para construir un nuevo hogar. Sin embargo, miles de nicaragüenses trabajan en el campo y la construcción sin ningún reconocimiento artístico que honre su labor. Esta ausencia pone en evidencia la falta de reconocimiento y la xenofobia que aún persiste. (Universidad, 2023).
En contraste, la migración española ha sido homenajeada en esculturas como la Puerta del Atlántico, en Vigo, España, de Silverio Rivas (1991). Paradójicamente, mientras generaciones de españoles buscaron oportunidades en América, hoy muchos sectores políticos y sociales en España rechazan la migración latinoamericana con argumentos racistas. En los últimos años, el discurso antinmigrante ha cobrado fuerza en algunos grupos, promoviendo la idea de que los migrantes latinoamericanos representan una carga para el país (ACI Prensa, 2019). Sin embargo, la realidad es que han contribuido significativamente a la economía y la cultura española, desempeñando roles clave en sectores como la construcción, la hostelería y el cuidado de personas mayores (Vatican News, 2021).
Otros ejemplos como “Los Viajeros”: Escultura del migrante, obras del escultor francés Bruno Catalano, se encuentran en Marsella, Francia, y evocan poderosas emociones relacionadas con la migración y la búsqueda de identidad. Esta serie presenta figuras de individuos fragmentados, como rotos o incompletos, cada uno con sus distintas ropas y siguiendo su propio camino.
Frente a este panorama de contradicciones y exclusiones, la obra «Ángeles inadvertidos», promovida por el Papa Francisco, cobra aún más relevancia. Al representar a migrantes de distintas épocas y culturas en una barca, donde también viajan José el obrero, María y el niño Jesús, inmigrantes por necesidad, esta escultura recuerda la importancia de la hospitalidad y la solidaridad, desafiando las narrativas de exclusión y discriminación que persisten en nuestras sociedades (Papa Francisco, 2023).
El arte puede cambiar narrativas y romper barreras. Obras como «Angels Unawares» y el Monumento a la Convivencia y “Los viajeros”, dignifican la experiencia migratoria, pero Costa Rica aún tiene una deuda pendiente con los migrantes nicaragüenses.
Es hora de que la historia de quienes han construido con esfuerzo los campos y ciudades sea visibilizada en el espacio público.
Movimiento de Trabajadores y Campesinos junto a la defensa del derecho a transporte público: lucha inclaudicable de las comunidades organizadas de Río Jiménez, Duacarí y otras
El Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) manifiesta su preocupación ante la violación del Derecho Humano de las familias de Río Jiménez, Duacarí y otras, quienes desde el mes de diciembre 2024 se les niega el servicio de transporte público, al decidir la empresa TRACASA (Transportes del Atlántico Caribeño S.A) suspenderlo.
Manifestamos que esta problemática está impactando de manera grave en la vida y movilización de las familias, producto de un Estado costarricense que en forma sistemática atropella derechos humanos, exponiendo sus vidas y salud integral.
Reconocemos lo importante de la lucha de las comunidades, que se han organizado incansablemente, y una vez más, hacen frente de manera organizada ante la ya agudizada problemática social y sociocultural en un cantón con los más altos índices de pobreza a nivel de la provincia de Limón y a nivel nacional.
Denunciamos que la población en mayores condiciones de vulnerabilidad ya no puede salir adelante cubriendo transporte privado; sobre todo, al contar con una fuente de ingresos mínima que no les permite una vida digna.
Nos unimos al llamado que hacen a la comunidad local y de la zona atlántica, donde invitan a hacernos presentes este miércoles 5 de febrero, a las 3 pm en la Municipalidad de Guácimo, sumándonos solidariamente a esta justa lucha.
Exigimos respuestas concretas, efectivas y permanentes por parte de la Municipalidad, CTP, MOPT y otras instituciones responsables. Así mismo, hacemos un llamado a legisladoras y legisladores, al gobierno y Estado para que den una solución pronta y efectiva; donde en el contexto de inicio del presente curso lectivo, la niñez y juventud gocen del derecho de llegar a sus centros educativos siendo respetado su derecho humano al servicio de transporte público.
Maritza Meoño Hernández de la Asociación de Desarrollo Integral de Río Jiménez explica la situación en el siguiente video:
¡RESPETO AL DERECHO DE NUESTRO PUEBLO DE CONTAR CON SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y OTROS!
El año que estamos empezando nos trae enormes retos que debemos enfrentar, junto a grandes oportunidades que se pueden concretar. Cualquier esfuerzo que realicemos para construir acuerdos sociales y políticos que permitan defender, y, sobre todo, mejorar nuestro Contrato Social y nuestra Democracia, debe ser apoyado. Muchas iniciativas se impulsan con esas intenciones. Mi esperanza es que todos estos esfuerzos, poco a poco, vayan convergiendo en un movimiento nacional.
Lo que a continuación presento son las palabras que pronuncié el 5 de marzo de 2024, en la convocatoria del Foro Nacional de Alto Nivel, organizado por el CONARE, la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Siento que lo dicho en aquel momento es totalmente válido el día de hoy.
Para efectos de presentación en el Periódico SURCOS he editado mi propuesta original. Pero en lo fundamental se mantiene lo dicho.
Democracia en peligro
Si la democracia no llena las expectativas de los habitantes, estamos en problemas. Una democracia que no es capaz de garantizar el desarrollo pleno de sus habitantes es una democracia que está seriamente amenazada. Aparece el malestar social. Difícilmente la población esté dispuesta a defender un régimen que no le cumpla sus ilusiones, no le llene sus necesidades y más bien le provoque angustias todos los días.
En esas condiciones la tentación por probar otras formas de organización social es enorme, utilizando para ello cualquier tipo de salida, incluso, caminos que hoy nos resultan peligrosamente insospechados. Quienes así piensan, lo hacen con la más buena voluntad, sin valorar los peligros que están incubando. Costa Rica no está vacunada contra esto.
Este señalamiento que hago sobre la amenaza a nuestra vida en democracia se explica en lo fundamental porque nuestro Contrato Social se está agotando. Se observa de muchas maneras: pobreza, mala utilización de los recursos, necesidades de vivienda insatisfechas, debilidades en la educación, dificultad para tener acceso a los servicios de salud, la inseguridad ciudadana, corrupción, reglas pocos claras para la actividad productiva, desacople entre la economía de la exportación y el mercado interno, la transformación de la pirámide poblacional, la tensión que se vive entre los Poderes del Estado, irrespeto a la institucionalidad, el incremento de la drogadicción, la frustración con que viven grandes sectores de la población, el trasiego de drogas, por citar algunas manifestaciones. Todos los que estamos acá, conocemos de estos y muchos problemas más.
Estos aspectos señalados no son más que manifestaciones de algo más profundo. Me atrevo a decir que nuestro modelo de producción y las formas de distribución se están quedando cortas. Porque no se puede pensar en un Contrato Social que no involucre esos dos elementos de la tijera: producción y distribución. Porque ningún Acuerdo Nacional se sustenta únicamente en buenas intenciones y generosas voluntades, sino que necesita una base productiva robusta y exitosa, que genere la suficiente riqueza para financiar la iniciativa que se acuerde. La solución que se encuentre a esta encrucijada marcará el desarrollo nacional para los próximos decenios. Así de apremiante veo la situación.
Dificultades en el exterior
A las dificultades nacionales hay que sumarle las transformaciones tecnológicas que aceleradamente se están viviendo en el mundo, que pueden pasar facturas a nuestra actividad productiva si no las atendemos con inteligencia. La amenaza del cambio climático es una realidad. Hay que sumarle también los conflictos políticos que se viven como la guerra de Rusia con Ucrania, el conflicto Israelí – Palestino, las tensiones económicas entre los Estados Unidos y China y los impactos que tienen todas estas coyunturas políticas en los circuitos comerciales y financieros del mundo, que sin duda nos afectan.
No puedo dejar pasar esta ocasión sin compartir con ustedes una afirmación hecha por Nouriel Roubini en su libro Megamenazas, donde explica que ante el incremento acelerado del endeudamiento global tanto público como privado, y a la luz de las políticas económicas que están siguiendo las economías desarrolladas, se está gestando lo que él llama “la madre de todas las crisis de deuda”, donde lo que vivimos en el 2008 y 2009 será poco frente a lo que se nos puede venir encima. “Según datos del Instituto de Finanzas Internacionales, a finales de 2021, la deuda mundial -soberana y privada- sobrepasaba el 350% del PIB mundial: lleva décadas incrementándose a gran velocidad (del 220% del PIB en 1999) …”[1]
De manera que a lo interno tenemos dificultades estructurales que se nos han venido acumulando, y al mismo tiempo en el plano internacional la situación es muy compleja y con grandes amenazas.
La urgencia del diálogo
Es por lo que esta convocatoria al Diálogo Nacional no puede ser desatendida. Las contradicciones que se están acumulando se van a resolver de alguna forma: ya sea que se atiendan y se enfrenten por partes; ya sea que cerremos los ojos frente a la situación, no formulemos propuestas ante estos retos, y dejemos que las tensiones y las fuerzas que se expresan a través de esas tensiones sentencien la situación de alguna forma.
Mal haríamos si no reconocemos esta realidad; pretender esconderla nos llevaría a calentar permanentes conflictos sociales. Las sociedades tienen los mecanismos para ajustar sus procesos. La ventaja de construir el Diálogo Nacional es que nos permite, de manera ordenada, civilizada, racional, participativa y democrática, reconocer los puntos más álgidos que se deben atender, reconocer las diferencias que los distintos grupos representados tienen, y hacer un esfuerzo por construir acuerdos razonables y posibles para solucionar esta situación. No podemos seguir tirando la pelota para adelante. Se acabó el tiempo. Las propuestas deben ser imaginativas, pero al mismo tiempo realistas.
Entendiendo que hay en este momento problemas apremiantes que están afectando la economía nacional y a las personas; estas necesidades no deben desatenderse. Estoy convencido de que estos temas aparecerán permanentemente en las mesas de trabajo. Pero también debo señalar, como sugerencia respetuosa, que los esfuerzos no deben agotarse en la atención de estos problemas inmediatos, sino que también deben incluir el análisis de las grandes transformaciones que hacia adelante debemos impulsar como país, que nos permita enfrentar las crisis y aprovechar las oportunidades que tenemos al frente. Hay que encender las luces largas para imaginar la sociedad del futuro.
Sumar y sumar
Un reconocimiento especial a las organizaciones que hoy se encuentran aquí reunidas lanzando esta iniciativa. No van a faltar las voces que traten de bajarle el perfil al esfuerzo que hoy arranca. Hay que seguir adelante con los propósitos que nos han convocado. Y hay que hacer un llamado, por el contrario, para que aquellas organizaciones y personas que hoy ven con alguna duda este esfuerzo, más bien se sumen cuanto antes. Porque hoy estamos empezando con los grupos y personas aquí presentes; mi esperanza es que en unos meses se hayan sumado muchos más actores. Este país es nuestro y merece cualquier esfuerzo para enderezarlo.
La iniciativa que vamos a desarrollar es de tal naturaleza que va a requerir el concurso de muchas voluntades. Esto será posible en el tanto reconozcamos que, en la diversidad de pensamientos, que sin duda aquí están representados, siempre podremos encontrar acuerdos razonables por el bien del país, por la defensa de nuestra democracia, por la defensa de nuestra institucionalidad y por la defensa de nuestro derecho a una vida digna.
No se vaya a creer que aquí todos estamos de acuerdo en todos los temas; muy por el contrario, en esta sala, así como en la sociedad, hay intereses contrapuestos, algunos más cercanos que otros. Eso no tiene que asustarnos; es precisamente lo que fundamenta la voluntad de encontrarnos. Lo que es valioso de esta iniciativa es que, en medio de esas discrepancias y contradicciones, organizaciones y ciudadanos aceptemos que el ejercicio de encontrarnos para buscar acuerdos es la vía para buscar las salidas frente a las amenazas de nuestro acuerdo nacional.
Hoy nos convoca un compromiso con este país. Será un ejercicio de verdadera tolerancia. Sugerir a la sociedad rutas de mejora siempre será una tarea noble.
Por último…
El domingo 15 de diciembre del año pasado, en la Plaza de la Democracia se llevó a cabo un festival durante todo el día. A mediados de la tarde, cuando representantes de los grupos organizadores hicieron uso de la palabra, de una u otra forma, todos insistieron en que ese festival era un acto para llamar la atención sobre la urgencia de organizarnos para defender la democracia costarricense.
Me conmovió recordar que, siendo joven, había desfilado por las calles de San José, cerca de esta plaza, por otras razones, como nuestra oposición al contrato con la ALCOA, o expresando rechazo a la intervención norteamericana en Vietnam, o cosas por el estilo. Nunca imaginé que ahora, con más años, tendría que regresar a un encuentro público para defender nuestra democracia. ¡Quién lo hubiera pensado!
Es urgente hacer a un lado las diferencias. Construir acuerdos. Y así consolidar un movimiento nacional en defensa de nuestra democracia.
[1] Roubini, Nouriel; Megamenazas; Ediciones Deusto, Barcelona; 1ª edición, enero 2023; pág. 21
