El año que estamos empezando nos trae enormes retos que debemos enfrentar, junto a grandes oportunidades que se pueden concretar. Cualquier esfuerzo que realicemos para construir acuerdos sociales y políticos que permitan defender, y, sobre todo, mejorar nuestro Contrato Social y nuestra Democracia, debe ser apoyado. Muchas iniciativas se impulsan con esas intenciones. Mi esperanza es que todos estos esfuerzos, poco a poco, vayan convergiendo en un movimiento nacional.
Lo que a continuación presento son las palabras que pronuncié el 5 de marzo de 2024, en la convocatoria del Foro Nacional de Alto Nivel, organizado por el CONARE, la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Siento que lo dicho en aquel momento es totalmente válido el día de hoy.
Para efectos de presentación en el Periódico SURCOS he editado mi propuesta original. Pero en lo fundamental se mantiene lo dicho.
Democracia en peligro
Si la democracia no llena las expectativas de los habitantes, estamos en problemas. Una democracia que no es capaz de garantizar el desarrollo pleno de sus habitantes es una democracia que está seriamente amenazada. Aparece el malestar social. Difícilmente la población esté dispuesta a defender un régimen que no le cumpla sus ilusiones, no le llene sus necesidades y más bien le provoque angustias todos los días.
En esas condiciones la tentación por probar otras formas de organización social es enorme, utilizando para ello cualquier tipo de salida, incluso, caminos que hoy nos resultan peligrosamente insospechados. Quienes así piensan, lo hacen con la más buena voluntad, sin valorar los peligros que están incubando. Costa Rica no está vacunada contra esto.
Este señalamiento que hago sobre la amenaza a nuestra vida en democracia se explica en lo fundamental porque nuestro Contrato Social se está agotando. Se observa de muchas maneras: pobreza, mala utilización de los recursos, necesidades de vivienda insatisfechas, debilidades en la educación, dificultad para tener acceso a los servicios de salud, la inseguridad ciudadana, corrupción, reglas pocos claras para la actividad productiva, desacople entre la economía de la exportación y el mercado interno, la transformación de la pirámide poblacional, la tensión que se vive entre los Poderes del Estado, irrespeto a la institucionalidad, el incremento de la drogadicción, la frustración con que viven grandes sectores de la población, el trasiego de drogas, por citar algunas manifestaciones. Todos los que estamos acá, conocemos de estos y muchos problemas más.
Estos aspectos señalados no son más que manifestaciones de algo más profundo. Me atrevo a decir que nuestro modelo de producción y las formas de distribución se están quedando cortas. Porque no se puede pensar en un Contrato Social que no involucre esos dos elementos de la tijera: producción y distribución. Porque ningún Acuerdo Nacional se sustenta únicamente en buenas intenciones y generosas voluntades, sino que necesita una base productiva robusta y exitosa, que genere la suficiente riqueza para financiar la iniciativa que se acuerde. La solución que se encuentre a esta encrucijada marcará el desarrollo nacional para los próximos decenios. Así de apremiante veo la situación.
Dificultades en el exterior
A las dificultades nacionales hay que sumarle las transformaciones tecnológicas que aceleradamente se están viviendo en el mundo, que pueden pasar facturas a nuestra actividad productiva si no las atendemos con inteligencia. La amenaza del cambio climático es una realidad. Hay que sumarle también los conflictos políticos que se viven como la guerra de Rusia con Ucrania, el conflicto Israelí – Palestino, las tensiones económicas entre los Estados Unidos y China y los impactos que tienen todas estas coyunturas políticas en los circuitos comerciales y financieros del mundo, que sin duda nos afectan.
No puedo dejar pasar esta ocasión sin compartir con ustedes una afirmación hecha por Nouriel Roubini en su libro Megamenazas, donde explica que ante el incremento acelerado del endeudamiento global tanto público como privado, y a la luz de las políticas económicas que están siguiendo las economías desarrolladas, se está gestando lo que él llama “la madre de todas las crisis de deuda”, donde lo que vivimos en el 2008 y 2009 será poco frente a lo que se nos puede venir encima. “Según datos del Instituto de Finanzas Internacionales, a finales de 2021, la deuda mundial -soberana y privada- sobrepasaba el 350% del PIB mundial: lleva décadas incrementándose a gran velocidad (del 220% del PIB en 1999) …”[1]
De manera que a lo interno tenemos dificultades estructurales que se nos han venido acumulando, y al mismo tiempo en el plano internacional la situación es muy compleja y con grandes amenazas.
La urgencia del diálogo
Es por lo que esta convocatoria al Diálogo Nacional no puede ser desatendida. Las contradicciones que se están acumulando se van a resolver de alguna forma: ya sea que se atiendan y se enfrenten por partes; ya sea que cerremos los ojos frente a la situación, no formulemos propuestas ante estos retos, y dejemos que las tensiones y las fuerzas que se expresan a través de esas tensiones sentencien la situación de alguna forma.
Mal haríamos si no reconocemos esta realidad; pretender esconderla nos llevaría a calentar permanentes conflictos sociales. Las sociedades tienen los mecanismos para ajustar sus procesos. La ventaja de construir el Diálogo Nacional es que nos permite, de manera ordenada, civilizada, racional, participativa y democrática, reconocer los puntos más álgidos que se deben atender, reconocer las diferencias que los distintos grupos representados tienen, y hacer un esfuerzo por construir acuerdos razonables y posibles para solucionar esta situación. No podemos seguir tirando la pelota para adelante. Se acabó el tiempo. Las propuestas deben ser imaginativas, pero al mismo tiempo realistas.
Entendiendo que hay en este momento problemas apremiantes que están afectando la economía nacional y a las personas; estas necesidades no deben desatenderse. Estoy convencido de que estos temas aparecerán permanentemente en las mesas de trabajo. Pero también debo señalar, como sugerencia respetuosa, que los esfuerzos no deben agotarse en la atención de estos problemas inmediatos, sino que también deben incluir el análisis de las grandes transformaciones que hacia adelante debemos impulsar como país, que nos permita enfrentar las crisis y aprovechar las oportunidades que tenemos al frente. Hay que encender las luces largas para imaginar la sociedad del futuro.
Sumar y sumar
Un reconocimiento especial a las organizaciones que hoy se encuentran aquí reunidas lanzando esta iniciativa. No van a faltar las voces que traten de bajarle el perfil al esfuerzo que hoy arranca. Hay que seguir adelante con los propósitos que nos han convocado. Y hay que hacer un llamado, por el contrario, para que aquellas organizaciones y personas que hoy ven con alguna duda este esfuerzo, más bien se sumen cuanto antes. Porque hoy estamos empezando con los grupos y personas aquí presentes; mi esperanza es que en unos meses se hayan sumado muchos más actores. Este país es nuestro y merece cualquier esfuerzo para enderezarlo.
La iniciativa que vamos a desarrollar es de tal naturaleza que va a requerir el concurso de muchas voluntades. Esto será posible en el tanto reconozcamos que, en la diversidad de pensamientos, que sin duda aquí están representados, siempre podremos encontrar acuerdos razonables por el bien del país, por la defensa de nuestra democracia, por la defensa de nuestra institucionalidad y por la defensa de nuestro derecho a una vida digna.
No se vaya a creer que aquí todos estamos de acuerdo en todos los temas; muy por el contrario, en esta sala, así como en la sociedad, hay intereses contrapuestos, algunos más cercanos que otros. Eso no tiene que asustarnos; es precisamente lo que fundamenta la voluntad de encontrarnos. Lo que es valioso de esta iniciativa es que, en medio de esas discrepancias y contradicciones, organizaciones y ciudadanos aceptemos que el ejercicio de encontrarnos para buscar acuerdos es la vía para buscar las salidas frente a las amenazas de nuestro acuerdo nacional.
Hoy nos convoca un compromiso con este país. Será un ejercicio de verdadera tolerancia. Sugerir a la sociedad rutas de mejora siempre será una tarea noble.
Por último…
El domingo 15 de diciembre del año pasado, en la Plaza de la Democracia se llevó a cabo un festival durante todo el día. A mediados de la tarde, cuando representantes de los grupos organizadores hicieron uso de la palabra, de una u otra forma, todos insistieron en que ese festival era un acto para llamar la atención sobre la urgencia de organizarnos para defender la democracia costarricense.
Me conmovió recordar que, siendo joven, había desfilado por las calles de San José, cerca de esta plaza, por otras razones, como nuestra oposición al contrato con la ALCOA, o expresando rechazo a la intervención norteamericana en Vietnam, o cosas por el estilo. Nunca imaginé que ahora, con más años, tendría que regresar a un encuentro público para defender nuestra democracia. ¡Quién lo hubiera pensado!
Es urgente hacer a un lado las diferencias. Construir acuerdos. Y así consolidar un movimiento nacional en defensa de nuestra democracia.
[1] Roubini, Nouriel; Megamenazas; Ediciones Deusto, Barcelona; 1ª edición, enero 2023; pág. 21
Fernando Rodríguez Garro Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional
En los últimos días se han escuchado voces pidiendo una revisión profunda de nuestro sistema tributario. Totalmente de acuerdo con eso, no solo porque arrastramos una agenda pendiente en la definición de nuestra estructura tributaria, sino porque enfrentamos retos futuros que debemos abordarlos desde ya en nuestra política fiscal, para evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal más adelante como un mero parche para alcanzar la estabilidad macroeconómica, sin ver la contribución de la política tributaria a la equidad y al crecimiento.
A fin de contribuir a esa discusión quisiera aportar un elemento fundamental, que rara vez se discute en una reforma de estas: el para qué. ¿Qué papel queremos que juegue el sistema tributario, qué tipo de sistema tributario necesitamos en función de las responsabilidades que creemos debe asumir el Estado?
He insistido, desde hace tiempo, que la definición de la política fiscal pasa primeramente por tener claro el papel que vamos a otorgarle al Estado en una sociedad moderna. Ese papel incluye algunas funciones elementales:
La provisión de bienes públicos, según lo entendemos los economistas. Aquellos bienes y servicios que no tienen mercado y que, por lo tanto, deben ser prestados por un Estado que garantice su disponibilidad. La seguridad pública, por ejemplo.
Servicios estratégicos, cuya provisión nos permite garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una sociedad más equitativa. La educación y la salud pública, por ejemplo.
El otorgamiento de ayudas a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de darles la oportunidad de tener una vida digna y mejorar su condición económica futura.
La protección de los recursos comunes, a fin de garantizar su existencia en el tiempo y un uso adecuado por las distintas generaciones.
La protección de otros derechos fundamentales.
La intervención en actividades económicas, a fin de impulsar transformaciones en el modo de producción, sobre todo en épocas de transición tecnológica o de crisis económica.
Otras funciones que quieran otorgarle al Estado.
Una vez definido lo anterior, sabremos con certeza el tamaño de la tarea. El tamaño del sistema tributario, entonces, corresponderá a las funciones que queremos desempeñe el Estado. Luego de definir esto, tocará definir qué instrumentos usaremos para financiarnos, o sea, cuáles impuestos escogeremos, sobre quiénes los aplicaremos y qué tasas estableceremos. Entrar a hacer una reforma tributaria sin tener eso claro, nos puede llevar a seguir arrastrando agendas pendientes en próximos años, por insuficiencia del sistema impositivo frente a la tarea definida. Además, sería reiterar un error muy común, de poner el sistema tributario como fin último y no como un medio, lo que tiende a provocar que la tendencia en la aplicación de la política fiscal, sea a ajustar el gasto a los recursos financieros disponibles y no al contrario, lo que implicaría garantizar los ingresos tributarios necesarios para alcanzar nuestras aspiraciones como sociedad.
En el caso costarricense se vislumbran algunas tareas importantes, pensando en la corrección de reformas anteriores que no se han hecho completas, pero en retos futuros de la política fiscal. Por ejemplo, y solo para citar unos:
Seguimos con una ley de impuesto sobre la renta de 1988, mientras el planeta ha profundizado su integración global y la capacidad, cada vez mayor, de movilización de capitales por el planeta. Una modificación profunda de esta legislación, que además incorpore lo último en herramientas legales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, sigue siendo un imperativo.
Las nuevas herramientas de pago en sustitución del uso de efectivo y que compiten con las tarjetas de crédito y débito, están erosionando la recaudación del IVA, obligando a que eventualmente se incorporen nuevas formas de control para evitar la evasión por esta vía.
Nuestra carga tributaria es baja, lo que ha dejado una brecha importante en el financiamiento de las actividades que históricamente hemos pretendido que asuma el Estado. Eso dio pie a centrar el ajuste en el lado del gasto, lo que está generando una reducción significativa en la capacidad de atender las demandas de la población. Revertir eso tendrá un costo importante, eso sí, pues en la actualidad la política fiscal sigue siendo deficitaria. Pasar del nivel actual de gasto en educación, por ejemplo, a lo indicado por la Constitución Política, nos obligará a un esfuerzo fiscal de casi 3% del PIB, que hoy no tiene una fuente de financiamiento definida.
La descarbonización de la economía, una aspiración del país de cara al año 2050, reducirá el consumo de combustibles y con ello erosionará la tercera fuente de ingresos tributarios del país, la que deberá ser sustituida por otra fuente de ingresos.
La transición tecnológica y energética, que el cambio climático y la descarbonización traen aparejados, hacen necesario pensar en el uso de mecanismos de incentivo para impulsar una nueva economía y nuevas formas de movilidad, por ejemplo. Pero el país ha abusado de la exoneración como forma de incentivo, lo que tiene consecuencias fiscales indeseadas y tiende a ser una figura regresiva. Debemos plantearnos el uso de subsidios dirigidos y que estos sean valorados periódicamente, lo cual también nos debería obligar a pensar en una fuente de recursos con ese fin.
Costa Rica adolece de una enorme dispersión en las tareas de cobrar impuestos, delegadas en varias instituciones que hacen funciones de administración tributaria, sin que esa sea su actividad principal. Un ejemplo de esto: el Teatro Nacional, al que la ley le delegó la responsabilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos públicos. Esto reduce la efectividad de las medidas de cobro, distrae recursos que debería dedicarse al “core business” de las instituciones públicas y facilita la evasión. Concentrar las funciones de cobro en la Dirección General de Tributación debería ser una decisión en próximos años, a fin de corregir esto.
Esta lista no agota los temas a valorar, pero es una muestra de lo complejo de la tarea, a la que, sin embargo, debemos entrarle pronto y empezar a señalarle a la clase política los múltiples riesgos que corremos a futuro, si no nos abocamos en esta discusión lo antes posible.
Juan Arguedas Chaverri Agroecología y Educador Popular
La Producción Agroecológica como prioridad política para contrarrestar el calentamiento global, perpetuar la vida y generar una vida digna para quienes trabajan la tierra y producen los alimentos.
La agroecología parte de la interacción de los sistemas de producción de alimentos campesinos, indígenas, pescadores artesanales y agricultores en general con la Madre Tierra, a partir de ahí todos los días se generan nuevos conocimientos que se intercambian con el diálogo de saberes.
La agroecología acoge los principios ecológicos de la Madre Tierra y trata de copiar y aplicar estos principios manifestados principalmente en los bosques. Principios como el reciclaje de nutrientes, las asociaciones entre plantas y árboles nativos, la relación de la luna en la planificación de las siembras.
La agroecología es un modo de vida alternativo que se contrapone al modelo agroexportador de producción de alimentos, el cual está basado en el uso de agrotóxicos productos de síntesis química derivados del petróleo, este modelo está comprobado que está agotado y que no es nada sustentable para la presentes y futuras generaciones.
Los agrotóxicos atentan con la salud de los trabajadores y contaminan el agua para el consumo humano, incrementa el calentamiento global entre otras cosas.
La agricultura convencional es la agricultura de la muerte, su promoción está llevando a miles de familias agricultoras a la ruina y a condiciones de hambre y de pobreza.
En contraposición a lo anterior la agroecología produce alimentos sanos, seguros y abre el camino hacia una producción soberana de alimentos. En Costa Rica y Latinoamérica existen experiencias implementadas por campesinos e indígenas, las cuales se podrían multiplicar a partir del enfoque agroecológico, pero para ello debe plantearse una política pública para que ello sea posible.
Lo mencionado anteriormente y mi experiencia con organizaciones sociales en Costa Rica, me lleva a plantear una serie de lineamientos políticos que orienten el quehacer de la implementación de la agroecología, para poder generar Territorios Sanos, Seguros y Soberanos.
Propuesta para la construcción de territorios agroecológicos sanos, seguros y soberanos
Lineamientos:
Con protagonismo campesino, indígena y familiar, pescadores artesanales.
Recreada bajo los principios de la regeneración natural.
Alta diversidad en la producción de alimentos y con incorporación de muchos componentes de la finca, como animales y otros componentes a trabajar.
La dignidad y la vida de las personas de primero, en contraposición a la lógica del mercado global.
Mercados de cadena corta, en manos de los protagonistas, sin procesos de certificación, solamente una marca de identidad del sujeto social.
Bajo los principios de la economía social solidaria.
Centros y fincas agroecológicas, para los procesos de formación y multiplicación de las experiencias.
Promotores Agroecológicos, aplicando la metodología de campesino a campesino.
Procesos de formación a técnicos, los que deseen practicar u otra visión del mundo.
Componentes de las fincas interactuando, donde ni el grito del chancho se desperdicie.
Un MAG Agroecológico, integrando todos sus programas, presupuestos y con un relevo generacional.
Rescate de las huertas agroecológicas escolares.
Rescate de los colegios agropecuarios
Formación de Educadores Agroecológicos.
Municipios agroecológicos, con programas de cero basuras, a través del reciclaje casero y empresas municipales reciclando basura, produciendo abono y generando empleo.
Cantones libres de agrotóxicos y de semillas transgénicas.
Consumidores organizados, consumiendo productos de los protagonistas de la agroecología.
Manejo de una ganadería, a través de los principios de la regeneración natural y sistema de aparatos.
Manejo de cuencas y acuíferos bajo los principios de la regeneración natural.
Planes reguladores del uso del suelo, territorial, bajo el concepto de territorios agroecológicos.
Casas populares construidas bajo el enfoque de Permacultura.
Sistemas de captación de agua de lluvia para la agricultura.
Letrinas secas para el ahorro del agua y producción de abonos
Consumo sano de alimentos.
Promoción de una ley de soberanía alimentaria y Agroecología.
Atraer y brindar apoyo a los jóvenes para que se sumen a la producción de alimentos agroecológicos mediante el financiamiento y acceso a la tierra y a los recursos naturales garantizando el ingreso justo, el intercambio y multiplicación de conocimientos.
Implementación y promoción de una reforma agraria integral.
Establecimiento de bosques alimenticios, bajo los principios de la regeneración natural.
El agua como un derecho humano y priorización del uso del agua para el consumo humano.
Alimentación para el consumo familiar y ubicación de excedentes en mercados locales de encadenamientos corto.
Promoción del turismo rural comunitario, que garantice una justa distribución de los ingresos, donde todos los actores y sectores sociales tenga ingresos.
Por la unidad del pueblo trabajador del campo y la ciudad, de los pueblos indígenas, del estudiantado, mujeres, jóvenes, niños, niñas, adultos mayores.
Algunos elementos del contexto Latinoamericano
En muchos países, sus gobiernos y clase dominante concentran la riqueza y manejan la economía, son responsables del saqueo a nuestros países, de la desestabilización económica y política, la corrupción de la clase dirigente y la manipulación de los medios de comunicación hegemónicos para instalar sus mentiras, destruir nuestras culturas y desprestigiar la política, para que no intentemos ser protagonistas de nuestra historia común y transformar nuestras realidades.
Se promueven las guerras para sacar adelante sus economías, a través de la economía de guerra permanente, bloqueo a los que levantan un poco la cabeza.
Todos estos hechos colaboran para la desmovilización popular, la ruptura de lazos comunitarios y solidarios, instalando el individualismo y el fascismo, a tal punto que los trabajadores terminamos desconfiando unos de otros, marginando a nuestros hermanas y hermanos, discriminando a nuestros iguales.
Por si fuera poco, terminamos descuidando la defensa de los derechos de nuestra madre tierra, nuestros bienes comunes y hasta nuestros derechos humanos.
Se puede reafirmar que el fascismo avanza a pasos agigantados (Milei, Bukele, Chaves entre otros).
La lucha popular en Costa Rica
Desde hace varios atrás se vive un “reflujo” social (retroceso), echando la mirada atrás, podemos recordar algunas luchas relevantes como fueron ALCOA, COMBO ICE, la Huelga de los Maestros, No al TLC, contra Plan Fiscal último, más recientemente la defensa de las universidades públicas entre otras. Algunas de ellas lograron articular diversos sectores productivos y movimientos sociales.
En los últimos 15 años los diversos gobiernos han logrado ir negociando de forma individual con los defectos sectores productivo y actores sociales, como por ejemplo el sector agropecuario entre otros.
Además, los gobiernos han contribuido a desarticular las luchas reivindicativas de las comunidades “dividas y vencerá”.
Resistencia cultural popular
Lo mencionado no quita que existan experiencias en la actualidad de resistencia cultural en nuestros territorios, se aprecia en la defensa del agua, en prácticas productivas de Economía Social Solidaria: como es el turismo rural comunitario) entre otras.
La privatización de Caja Costarricense de Seguro Social sería una estocada a muerte de una de las conquistas más importantes a lo largo de la historia de Costa Rica.
Las movilizaciones sociales son un espacio práctico de aprendizaje y de formación política para la lucha popular, que contribuya a generar una conciencia crítica para la transformación social.
En el gobierno de Luis Guillermo Solís, gente de derecha se tiraron a la calle, una gran movilización en contra de los derechos de grupos minoritarios de este país. Estos movimientos contaron con el apoyo de alguna gente progresista, justificando o creyendo que ello era una posibilidad de ascenso social o de lucha popular. Elemento que hoy día hay que ponerle mucha atención para que no se repitan.
Se requiere ayuda para cubrir la alimentación y otras necesidades básicas
En horas de la noche del 23 de octubre, el SINDEU por medio de su Secretario General, Harold Chavarría Vásquez, ante la alerta del desalojo de más de 160 personas de la Alianza Campesina del Norte, buscó refugio dentro de las instalaciones de la UCR.
Este grupo de personas -entre ellos hay niños, niñas, personas adultas mayores- estaban acompañando a sus representantes que estaban negociando una declaratoria de interés público en Casa Presidencial en Zapote. Sin embargo, fueron alertados que la Fuerza Pública llegaría a desalojarlos del lugar. Ante la situación, buscaron ayuda en el SINDEU. Este grupo de personas esperan participar en la Marcha del 25 de octubre.
Mientras tanto, gracias a las gestiones realizadas por el Secretario General con las autoridades de la UCR se consiguió el préstamo de cobijas, colchonetas y accesorios para cubrir sus necesidades básicas.
Estamos en la obligación de tender una mano solidaria a este grupo de personas que luchan por defender sus derechos y recursos de su comunidad y el SINDEU alza la voz por ellos y ellas, expresó Chavarría.
La Alianza Campesina del Norte exige al Gobierno de Rodrigo Chaves: la Declaratoria de interés público para los asentamientos de la Zona Norte; tierra para sembrar sus cultivos y justicia para Marvin Cantón Blandón.
En estos momentos el grupo requiere ayuda para cubrir la alimentación y las necesidades básicas que necesitan este grupo compatriotas.
Hay varias formas de hacerlo:
Apoyando económicamente por medio de los siguientes números SINPE: 8605 9151 Jouseth Chaves o al 6454 2411 con Yessenia Barraza Orozco. Además, se están recibiendo artículos para la alimentación y el aseo personal, también ropa en buen estado en la oficina del SINDEU ubicada en la Sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca.
Ilustración tomada del documental Botas con Machete.
Es evidente cómo, habiendo un tema tan importante a tratar con las comunidades y grupos de personas campesinas como el gran conflicto por la tenencia de la tierra sea ignorado por la Casa Presidencial.
Olvidan que esos conflictos han estremecido a la Zona Sur y al país en general a lo largo de la historia, y que los más recientes se vienen generando desde hace 2 administraciones atrás hasta el día de hoy.
Esos conflictos aún inconclusos se dan en el Cantón Osa, concretamente en Palmar Sur en las Fincas 2-4 (Cootraosa RL y Changuena) qué impacta a más de 180 familias, y las Fincas 7, 8, 9, 10 con una cantidad similar.
Adicionalmente, otro grupo de ocupantes de terrenos para viviendas en el sector conocido como «Llanuras del Térraba, igualmente en el distrito de Piedras Blancas de Osa otro grupo ubicado en el sector de Finca Puntarenas, además, en el Cantón de Corredores 400 familias ocupantes de terrenos que demandan desde hace no menos de 5 años soluciones de regularización al gobierno para poder trabajar y vivir dignamente. No hay soluciones concretas.
No se puede dejar de mencionar el conflicto en la tierra-territorio de nuestros pueblos originarios en el cantón de Buenos Aires y de China Kichá en la región Brunca, donde se desarrolla una heroica lucha de parte de nuestros hermanos indígenas, con quienes nos identifican principios y valores de lucha por la recuperación no sólo de la tierra y la cultura, sino ideales comunes por construcción de una vida digna y de un mundo mejor.
Igual ocurre con las comunidades de la Península de Osa que reclaman títulos de propiedad y otras demandas.
Lamentamos el despropósito deliberado de exclusión e invisibilización de querer ocultar desde la Casa Presidencial la realidad de nuestros pueblos en la Región Brunca, que, dicho sea de paso, es la más empobrecida de nuestro país según los indicadores de rezago social de las fuentes oficiales de instituciones como el INEC y otras. Su agenda es el mal llamado aeropuerto en las fincas de Palmar Sur, a la par de dos sitios de valor natural y arqueológico, pero a este presidente eso no le interesa.
Pareciera que para Casa Presidencial el conflicto por la tierra es de tal envergadura y ante la incapacidad de resolverlo de parte de los distintos gobiernos y el actual, lo mejor es ni mencionarlo o reunirse con unos pocos y marginar a otros, como podemos observar en la agenda que desarrollará el séquito presidencial a partir de este viernes 17 de febrero y hasta el 21 de este mes.
Desde la Comisión Sureña le proponemos al señor presidente de la República, Rodrigo Chaves, crear de inmediato una gran mesa de trabajo con representantes de todos los trabajadores de la tierra nombrados por sus organizaciones, que permita encontrar y resolver el gran conflicto por la recuperación y tenencia de la tierra-territorio y trabajemos un plan de desarrollo integral de nuestra Zona Sur que nos libere de la miseria que hoy nos oprime, paradójicamente, en medio de la gran riqueza natural y humana que alberga nuestra región.
Las condiciones económicas que le daban estabilidad a la democracia liberal en épocas pasadas ya no existen. Por el contrario, vivimos en los tiempos accidentales y de descenso de la modernidad, los problemas estructurales relacionados a la mala distribución de la tierra, su deterioro sistémico y el aumento de las desigualdades de todo tipo, son el reflejo más contundente de esa realidad. No es de extrañarse entonces, los amplios grados de polarización política existente en el mundo actual, especialmente en América Latina y el Caribe, así como todo el sur global.
La democracia iliberal o democracia sin derechos como llaman muchos, y el liberalismo no democrático (derechos sin democracia), se ha empezado a convertir en el fenómeno por antonomasia en respuesta a esa falta de resonancia de la política con la ciudadanía. Por su parte, los defensores de la democracia liberal, tal cual la conocemos hoy, ya sean de izquierda o derecha, parecen gozar de poca credibilidad, en particular si esas voces pertenecen a partidos políticos tradicionales o asociados de alguna manera a aquellas prácticas políticas hacia las cuales las personas manifiestan fuerte rechazo.
Sin dejar el tema de la exclusión-polarización económica de lado, parte del problema es que occidente ha convertido la democracia de corte liberal en ideología y propaganda, con rasgos totalitarios que ataca todo lo diferente a ella, sin tomar en cuenta la verdadera pluralidad que caracteriza al mundo. Por el contrario, trata de comprimirlo, para que entre en un molde preconcebido al cual todos deberían adecuarse. Lo preocupante de esto es que al convertirse en una forma de religión política laica, se vuelve un instrumento manipulable a muchos intereses adversos al bienestar común, desnaturalizando así su razón de ser, contrario a todo lo que en realidad debería ser una democracia robusta y pluralista en el siglo XXI.
Esta reflexión crítica no significa estar en contra de la democracia, es una forma de evidenciar o advertir sobre los riesgos de esta forma particular de la misma, para comprender los fenómenos políticos y buscar así formas alternativas para mejorarla y hacerla volver a su centro esencial. La creciente concentración de riqueza en nuestras sociedades dentro de los sistemas democráticos liberales defendidos a capa espada por el establishment, provoca el rechazo ciudadano, y al igual a lo sucedido con la izquierda o la derecha clásicas, este pierde la fe y su compromiso con ella. A primera vista y sin profundizar mucho en el análisis, constatan que no ha dado respuesta a sus necesidades más elementales, y paradójicamente, las perpetua. Ante los ojos de grandes sectores excluidos, sus condiciones de vida se han deteriorado en democracia.
Ahí reside uno de los mayores peligros reales para la democracia en nuestros días. El disgusto popular hacia ella es como si se estuviese rechazando una ideología por sus contradicciones y falta de resultados concretos, así las figuras que surgen como anti sistema, no llevan como prioridad una transformación ideológica del país en derecha o izquierda necesariamente, sino más bien, se dirigen directo a la institucionalidad democrática y sus principales pilares, para cambiar las reglas del juego, con sobradas razones, llegando a contar con el apoyo de amplios sectores, en especial aquellos menos beneficiados por el desarrollo.
No en vano existen muchos autores contemporáneos escribiendo sobre la relación existente entre el auge del populismo y la creciente fragmentación social. Estos académicos plantean que el creciente apoyo a partidos de corte extremista está asociado a sentimientos de marginación y desintegración social. La pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad no solo genera marginación y problemas de violencia e integración, sino que promueve el auge de partidos populistas. Las personas tienden a sentirse socialmente marginadas en las sociedades del descenso, el consumo y la inmediatez actuales; el miedo a no ascender socialmente, no obtener un mejor salario o empleo, perder el estilo de vida adoptado o el temor de no poder llegar a fin de mes, provoca un descontento tal que es natural la búsqueda política de responsables ante dichas situaciones. Cada vez hay que correr más no para estar mejor, sino para no descender.
Esos sentimientos de marginación social pueden tener múltiples raíces, entre ellas el alto costo de la vida, la pérdida de una posición social y económica valorada, el crecimiento de las brechas digitales, culturales, educativas o laborales. En otras palabras, entre mayor sea la exclusión del modelo económico imperante en nuestras democracias liberales, mayor será la desafección hacia esta y más fuerte será la polarización social, así como las manifestaciones de carácter populista que se den en cada país afectado por esta realidad. El populismo no es una causa, sino un efecto, por esa razón, su combate más bien lo fortalece, el frío no está en las cobijas.
Hay quienes echan la culpa a los migrantes ilegales, a los sectores económicamente más acomodados de la sociedad junto con la evasión fiscal, y otros a la corrupción o al gobierno de turno. El objetivo es buscar un culpable para cobrarle la factura en las próximas elecciones, el problema es que no se busca tocar el modelo económico generador del problema de fondo. Es aquí donde los candidatos outsiders asoman la cabeza, con un discurso incendiario contra las élites, los partidos políticos, las minorías u otras estructuras de intermediación sociales clásicas, según sea su inclinación particular.
Así todo se empieza a volver más complejo y el (des)orden en su totalidad se torna en riesgo latente para todos por igual. No se sabe lo que pueda surgir de esas crisis, para muchos es lo correcto, para otros puede representar el fin del estado de derecho o la puesta en riesgo de grandes inversiones económicas. El punto acá es que el actual estado de las cosas no es viable para ningún actor social y económico de la sociedad.
Volver a la democracia real y su defensa pasa necesariamente por la construcción de un proyecto nación integrador, respetuoso de la pluralidad pero buscando superar la fragmentación económica y social. Pasa por replantear los mecanismos de distribución de oportunidades en todos los sectores para que el fruto de la productividad sea reflejado en el bienestar de todas personas, es volver a crear una voluntad social colectiva, cuyo sujeto histórico sea la comunidad en su amplitud de expresiones, visiones y demandas, donde el sentimiento de pertenencia sea otra vez parte del orgullo y no de la indiferencia.
En contraste con la globalización clásica donde los conceptos de nación o frontera fueron menospreciados, ahora deben ser retomados como garantes de la verdadera pluralidad, de respeto a la diferencia y la autonomía de cada pueblo que habita el planeta. Esto no significa cerrarse al mundo, ni mucho menos caer en nacionalismos destructivos de periodos superados, pero sí entender y respetar la forma de organización política de cada país (demos-kratos), respetar esas visiones, y en el marco de la diferencia buscar construir de forma colectiva un andamiaje sólido para fortalecer la paz y permitir que cada pueblo pueda volver a tomar en sus manos realmente el rumbo de sus destinos. Construir un nuevo pacto de la sociedad de acuerdo a las realidades de la época.
La democracia en su centro esencial, donde todas las personas se sientan parte de ella y no fuera, donde existan mínimos que garanticen una vida digna de no descenso, con instituciones eficientes que responden a las demandas ciudadanas y le acompañan en la realización de los proyectos de vida de cada quien. Es tener de nuevo la libertad de elegir el estilo de vida que se desea en una sociedad con reglas pero también derechos para todos, sin discriminación alguna y sobretodo, con mayor justicia social, digital y ambiental. Mientras no podamos resolver los problemas estructurales que nos han traído hasta este punto, y que no son culpa de la democracia como tal, ésta seguirá pagando los platos rotos y estando en cuidados intensivos por tiempo indefinido.
Por la Defensa de la Constitución Política, la Democracia Inclusiva y la Vida Digna
Foro Confluencia Solidaria*
Diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con gran preocupación por el deterioro creciente de las condiciones de vida de la mayoría de la población, nos hemos unido para presentar una propuesta alternativa de jornada laboral para Costa Rica. Este planteamiento atiende al clamor de muchas voces que han objetado el actual proyecto en discusión en la Asamblea Legislativa, que busca legitimar una jornada laboral de 12 horas diurnas durante cuatro días semanales (Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar Derechos de las Personas Trabajadoras. Expediente Legislativo 21.182). Sobre la base del cuestionamiento de dicho proyecto y de los fundamentos que lo sustentan, se presenta una propuesta relacionada con diversos aspectos de la jornada laboral, a tono con tendencias internacionales en este tema y centrado en la dignificación de las condiciones del trabajo.
Este planteamiento recoge aportes críticos y propositivos de diversos foros y debates. Asimismo, atiende tres desafíos fundamentales para garantizar la vigencia de un Estado costarricense donde se respeten y promuevan los derechos humanos, eco-ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales: 1. la defensa de la Constitución Política, 2. el fortalecimiento de un régimen de democracia inclusiva y solidaria y 3. la profundización de los logros del Estado Social de Derecho que han contribuido a crear condiciones y oportunidades para una vida digna.
El proyecto de ley denominado 4×3 es parte de un conjunto más amplio de leyes aprobadas en legislaciones anteriores, y algunas que están en trámite, que lesionan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del país. Asistimos, así, a una reiterada violación de derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución Política. Resulta preocupante que la Sala IV, cuya misión es resguardar el fiel cumplimiento de la Constitución Política, se haya convertido en diversas ocasiones en cómplice de intereses espurios de grupos de poder económico y político que han utilizado la crisis fiscal y sanitaria como excusa para aprobar proyectos de ley a todas luces inconstitucionales. Al respecto, se ha advertido sobre el carácter inconstitucional del proyecto en cuestión1, particularmente sobre la violación del precepto de la Constitución que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana” (Constitución Política de la República de Costa Rica, Artículo 58); dicho artículo recoge una de las principales conquistas históricas de la clase trabajadora. Y, aunque este artículo considera la posibilidad de la no aplicación de estas disposiciones “en casos de excepción muy calificados, que determine la ley”, en este proyecto, como constatan y argumentan juristas constitucionalistas y laboristas, lo que es una excepción se convierte en norma. La defensa de la Constitución Política constituye hoy una prioridad, si pretendemos afianzar el régimen de derecho que nos ha caracterizado como nación.
Un segundo desafío por encarar es, precisamente, el fortalecimiento de un régimen democrático inclusivo y participativo. Ha sido igualmente reiterada la poca voluntad de los gobiernos del país para abrirse a un verdadero diálogo ciudadano desde el cual se logren concertar las mejores leyes y acciones para el bienestar de la ciudadanía2. Asimismo, es notorio el sesgo proempresarial y antipopular de algunos intentos de “diálogo”. En esta dirección, la presente propuesta se inscribe en un conjunto mayor de iniciativas, que emanan desde diversos sectores, para construir colectivamente, de manera inclusiva y solidaria, un pacto ciudadano para una convivencia auténticamente democrática, centrada en la equidad, es decir, con justicia y paz social.
Y el tercer desafío corresponde a la urgente tarea de profundizar los valiosos logros del Estado Social de Derecho que constituyen la principal garantía para el disfrute de una vida digna. Este proyecto conocido como 4×3 también es parte de varias leyes y acciones gubernamentales que han venido propiciando su desmantelamiento. Se ha pretendido, por un lado, debilitar dicho Estado Social de Derecho como frente de resistencia a un neoliberalismo privatizante, frívolo y empobrecedor y, por otro, convertirlo en un Estado oligárquico “moderno”, al servicio de los intereses privados de las élites económicas y financieras nacionales y extranjeras. Efectivamente, el proyecto 4×3 apela a la necesidad de la “flexibilización laboral” para atender a estos intereses particulares: “La progresiva internacionalización de la economía, su desarrollo acelerado y el alto grado de especialización del mercado de trabajo, nos demanda actuar para facilitar la competitividad y productividad de las empresas que buscan el máximo aprovechamiento de recursos […]”. Además, se consigna explícitamente: “Este proyecto es de gran relevancia para la agenda de competitividad y reactivación económica que requiere Costa Rica desde hace varios años y permite al país desarrollar una significativa mejora en el clima de inversión de nuestro país”.3
Al respecto, el colectivo Alianza por una Vida Digna, recogiendo aportes del conversatorio “Jornada Laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia, a quiénes perjudica?4, considera que no se trata de una ocurrencia aislada, sino de un componente medular de planteamiento impulsado por las cámaras empresariales y sus aliados políticos para fortalecer su proyecto de reactivación económica, aumentando la productividad y la riqueza privada a costa de reducir los ingresos de las personas trabajadoras y el empleo digno, así como trasladar a la seguridad social del Estado las consecuencias de mediano y largo plazo sobre la salud, el cuido, la educación y la seguridad de las personas trabajadoras, pero aportando cada vez menos. La ampliación de las jornadas laborales tiene otros beneficios para las empresas, como por ejemplo el pago de tarifas diferenciadas más baratas en horas no pico en electricidad y otros servicios, la reducción de la planilla, el no reconocimiento de las horas extra y la reducción del aporte a la seguridad social. Se trata de una propuesta de reactivación económica nada solidaria ante del escenario dejado por la pandemia, que deja fuera del mercado laboral a una parte importante de las personas jóvenes y las mujeres, quienes tienen enormes dificultades para incorporarse a dicho mercado, incluso en trabajos no calificados o mal remunerados.
La aprobación del proyecto de ampliación de jornadas traerá consecuencias diferenciadas en los territorios en los cuales las condiciones de desigualdad son aún mayores, como por ejemplo en las zonas costeras y rurales, donde la inversión en turismo y agricultura disminuirían aún más las posibilidades de empleo y reducirían los ingresos de las comunidades y sus familias. Se trata de condiciones altamente peligrosas ante las iniciativas paralelas de reducción del gasto público y el debilitamiento de instituciones estatales, las cuales han sido fundamentales para promover la movilidad social y la continuidad democrática.
Con la ampliación de jornadas se advierten cambios en el estilo de vida y del trabajo, a contrapelo de las garantías sociales tuteladas en la Constitución Política. Son previsibles cambios culturales profundos en la alimentación, la educación, la recreación y la convivencia comunitaria y familiar, incluyendo el cuido de personas dependientes. Esto se relaciona también con un Estado permanentemente amenazado por ciertos sectores empresariales y una clase política empeñada en incrementar la riqueza privada a costa de reducir la pública.
De cara a este sesgo economicista que favorece a poderosos intereses del capital nacional y extranjero, es urgente restituir y remozar el Estado Social de Derecho, para garantizar la defensa del derecho al trabajo “decente”, la libre sindicalización de las trabajadoras y los trabajadores, una política de salarios crecientes acordes con el costo de la vida y la provisión de servicios universales de calidad en salud y educación. Sólo recuperando y profundizando los avances que obtuvo el país en desarrollo humano, en el marco de esta modalidad de Estado, podremos aspirar a una vida digna, saludable y satisfactoria para la ciudadanía costarricense. En este aspecto, el proyecto de reforma impulsado por el gobierno, al extender e intensificar la jornada de trabajo con impactos nocivos para la salud física y emocional del trabajador5, particularmente de la mujer trabajadora, contraviene, entre otros, dos principios constitucionales. Uno se refiere al estipulado en el Artículo 50 de la Constitución que establece que “toda Persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y el otro se relaciona con el Artículo 56 que plantea que es responsabilidad del Estado garantizar condiciones de trabajo digno y saludable, bajo una concepción no mercantilizada: “El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”. Cabe destacar que esa libertad de elección también se ve obstaculizada en este proyecto por cuanto el empleador sigue teniendo prevalencia en la decisión final respecto de la jornada que mejor se ajusta a sus requerimientos, lo que vendría a incrementar los índices de desempleo.
Propuesta de Nueva Jornada Laboral
La presente propuesta plantea efectuar reformas para reducir la jornada laboral diurna de un máximo de 40 horas durante cuatro días a la semana. La viabilidad y conveniencia de dicha jornada se fundamenta en criterios de constitucionalidad, de razonabilidad técnica en función de las mejores prácticas laborales y de una ética del trabajo “decente” para garantizar calidad de vida digna personal, familiar y social.
Atendiendo a los preceptos constitucionales ya referidos (Artículos 50, 51, 55, 56, 58 y 71), se busca garantizar el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, ambientes saludables y amigables, justicia salarial, respeto y reconocimiento a la dignidad de la Persona trabajadora, así como evitar la sobreexplotación del ser humano y de la naturaleza, inducida por una concepción economicista-productivista y mercantilizada del trabajo humano y de la relación con la naturaleza. De esta manera, también se contribuye a propiciar prácticas laborales socioambientales más saludables y gratificantes. En este sentido, una reducción de la jornada, a diferencia de su ampliación e intensificación, crea mejores condiciones para el trabajo creativo y productivo y amplía las posibilidades de generar más empleo6, al tiempo que abre espacios para el desarrollo de potencialidades en otros ámbitos de la vida. La crisis de desempleo que vive el país no debe ser motivo para devaluar las condiciones laborales y justificar la sobreexplotación del trabajo humano. Por otra parte, un adecuado uso de los avances científico-tecnológicos crearía las condiciones necesarias para alcanzar altos niveles de eficiencia productiva sin sacrificar el derecho a la vida digna de las personas, con impactos menos lesivos para la naturaleza7.
Además, una jornada reducida atiende también a criterios de razonabilidad técnica. Hoy día este tipo de jornadas son avaladas por las mejores prácticas laborales en diversos países, donde ha contribuido no sólo a incrementar la productividad sino a favorecer ambientes más gratificantes desde el punto de vista humano-social, emocional-afectivo y espiritual. Se trata de jornadas que contribuyen a mejorar la salud pública, a fortalecer los vínculos afectivos y a bajar los índices crecientes de agresión y violencia social. Lamentablemente, Costa Rica ocupa el segundo lugar entre los países miembros de la OCDE en cuanto a jornadas de trabajo más prolongadas, es decir, donde se trabaja más anualmente, y el tercero con un balance desfavorable entre vida y trabajo; a pesar de ello se registra una baja productividad8. Un estudio comparativo de la productividad en el sector público y privado, para el período 2010-2016 muestra que, a pesar de que las jornadas laborales en promedio en horas son mayores en el sector privado que en el público, la productividad en el sector privado creció en una proporción mucho menor (promedio anual de 3.2%), en el período 2010-1016, al del sector público, el cual creció en 6.1% anual. Se destaca que los factores que inciden en el crecimiento de la productividad obedecen a incentivos materiales, psicológicos y sociales, lo que evidencia la necesidad de que el sector empresarial, especialmente la gran empresa, haga mayores esfuerzos por crear condiciones de trabajo favorables y de mayor dignidad, respetuosas de los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, los datos muestran que no es cierta la reiterada aseveración de la ineficiencia y baja productividad las trabajadoras y los trabajadores del sector público9.
Esta propuesta es coherente con una ética que propicia una economía al servicio de la vida digna para una mejor convivencia personal, familiar social y planetaria. Apuesta por crear condiciones laborales que favorezcan el desarrollo pleno de las potencialidades de los seres humanos, así como de todos los ecosistemas. Propicia esfuerzos por crear nuevos estilos de vida, donde se dignifique y humanice el trabajo y se procure un mejor cuido de nuestra casa común. Contribuye, así, a forjar un nuevo pacto social y ecológico por la solidaridad, la inclusión y la equidad.
*Este documento/propuesta es el producto de la reflexión colectiva de un grupo de personas de distintos sectores, quienes se reunieron atendiendo la invitación del Foro Confluencia Solidaria.
Notas:
1Según un grupo de abogados laboristas y constitucionalistas, en el nuevo proyecto sustitutivo presentado por el gobierno persiste la inconstitucionalidad al convertir en ordinaria una jornada que debe ser extraordinaria, la cual tiene impactos negativos en la salud y el salario de quienes la asuman. Molina, Lucía (2022) Ajustes a proyecto de jornada de 12 horas no salvan su inconstitucionalidad. Semanario Universidad, 29 de junio de 2022, p.11. Cfr. Pronunciamiento del Foro Mujeres Políticas por Costa Rica sobre la jornada laboral 4×3. https://anep.cr/pronunciamiento-del-foro-mujeres-politicas-por-costa-rica-sobre-la-jornada-laboral-4×3/. ANEP 06/07/2022
2 Cabe destacar, al respecto, el llamado que hace la OCDE: “Costa Rica necesita promover un dialogo social más fuerte para favorecer mejores condiciones de trabajo, pero también para diseñar e implementar políticas del mercado laboral de forma oportuna. Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica 2017 RESUMEN EXECUTIVO, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES. P.16.
3 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar Derechos de las Personas Trabajadoras. Expediente No. 21.182.p.2 y 4.
6 Al respecto, Oscar Madrigal señala que la reducción de la jornada laboral sí puede significar “un aumento sustancial del empleo […] porque requerirá más mano de obra o sea más trabajadores, lo cual aumentará la rentabilidad de las empresas y con ello sus utilidades. Así lo comprueban las sociedades europeas más avanzadas. La excusa que utilizan los patronos para aumentar el empleo es reducir las condiciones laborales de los trabajadores. Pero lo cierto es que el mejoramiento de las condiciones de los asalariados, como demuestra la OCDE, genera un aumento sustancial del empleo y la competitividad”. Madrigal, Oscar (2022), Cambio de la Jornada de trabajo.https://surcosdigital.com/cambio-de-la-jornada-de-trabajo.
7 Para Esteban Calvo, el argumento de la ministra de Trabajo de que “volver a jornadas extensivas implica modernización choca con la historia del derecho laboral”. Al respecto, destaca que “durante las luchas por la reducción de la jornada, el desarrollo tecnológico le permitía tener mayor capacidad productiva a los empresarios […] El mejoramiento tecnológico desde ese momento hasta ahora ha sido impresionante y, sin embargo, el provecho de esa mejoría la están capitalizando los empresarios, porque los trabajadores siguen trabajando igual que hace 100 años”. Molina, Lucía (2022) Costa Rica demostró mayor productividad con menos horas de trabajo, pero reforma no contempla reducir la jornada. https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-demostro-mayor-productividad-con-menos-horas-de-trabajo-pero-reforma-no-contempla-reducir-la-jornada/
8 Ibid., p. 11. Al respecto, el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica destacan que con esta ley “se legislaría en contra del principio de Progresividad: Ya las jornadas de Corea, CR y México son las más extensas de los países pertenecientes a la OCDE (https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/horas-trabajadas.htm), y la experiencia internacional reduce las jornadas a 36 o 32 horas en cuatro días, especialmente en contexto post COVID-19 con el fin de brindar mayor salud mental, aumentar productividad en tiempo efectivo y/o incentivar otras actividades como turismo interno”. https://anep.cr/pronunciamiento-del-foro-mujeres-politicas-por-costa-rica-sobre-la-jornada-laboral-4×3/. ANEP 06/07/2022
Hoy es un dìa super importante para toda la poblaciòn del mundo y por supuesto de nuestro paìs, porque todos nos sumamos a la exigencia de la erradicaciòn del trabajo infantil.
Como entendemos, la misión de los niños es jugar, estudiar, aprender, pero nunca trabajar.
