Los costarricenses vivimos en la actualidad un gobierno enemigo de nuestra cultura política, atenta contra el interés nacional, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que destruye nuestros derechos constitucionales, la institucionalidad y la política pública gestada social e históricamente. Además, absurdamente desprecia y niega a sus electores y pone en riesgo la seguridad nacional, para conceder ilegítimamente nuestra soberanía al vasallaje y la colonialidad del poder de una potencia extranjera, lo que, en ese caso, podría estimarse que está configurado constitucionalmente como traición a la patria.
El resultado electoral del actual gobierno burló la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata del presidente anterior. Así, la posesión de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, así como la injerencia en la seguridad nacional, ha convertido al expresidente en un presidente de facto. El mismo que se burla, no solo de las personas, lo hace contra las regulaciones jurídicas y constitucionales de la sociedad, a la que odia, y destruye como un mandato individual ajeno a los costarricenses, quizás rutinario cuando fue funcionario, al servicio del poder imperial norteamericano, en el nefasto Banco Mundial.
Es por ello, que los insultos, blasfemias, chantajes que los gobernantes de turno imputan calificando de “chancletudos”, izquierdistas o comunistas a los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y a todos aquellos que protestan, muestran “de cuerpo entero su pésima calaña”, su personalidad, educación e ignorancia. El desigual enfrentamiento desde el poder, sin seriedad ni originalidad, que descalifica con estereotipos y prejuicios, revela su mediocridad y su obscena ignorancia, pero atacar a los universitarios, quienes con el intelecto han generado reconocimientos nacionales e internacionales en la ciencia, en la salud, la tecnología, así como en la literatura, la escultura, las artes y en su quehacer democrático, sin duda, es una obsesión patológica el pretender inútilmente desprestigiar no solo a las universidades públicas, también lo hace contra el pensamiento, los aportes y logros alcanzados por la sociedad costarricense.
El gobierno está liquidando las conquistas democráticas alcanzadas a través de la historia y lo hace con falsos argumentos fiscalistas y manipulados presupuestos, a la vez que, con endeudamiento externo profundiza los desequilibrios macroeconómicos y compromete el futuro social y nacional. El empobrecimiento se hace absoluto, y así, afecta también a los sectores medios que sufren con los usureros préstamos para paliar transitoriamente el deterioro de su calidad de vida.
La grave problemática social, económica y política creada no es de carácter ideológico, no es de principios, es de saqueo inmoral, colonialista y delincuencial de los recursos naturales estratégicos, contra la soberanía y la democracia, como se aprecia en los recurrentes alineamientos políticos, donde se miente con las granjas de bots para crear falsas corrientes de opinión y persuasión en favor de posiciones e intereses que son contrarios de los ciudadanos e incluso contra la identidad nacional. En esta tendencia, no será extraño que anuncien el establecimiento de bases militares para el control político y el dominio militar, que, por sumisión, ya se espía y persigue a ciudadanos (como se denunció a propósito de la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre), quizás como preludio de una represión fascista.
Este gobierno que odia y empobrece a la población nacional con prácticas intencionales que precarizan los servicios públicos básicos a las poblaciones vulnerables e impide la conservación de la calidad de vida de los sectores medios y mayoritarios del país, es incapaz de comprender el honor y dignidad de haber sido designados como gobernantes en un espacio social, pionero de la conformación estatal centroamericana ante la invasión pirata de la colonialidad extranjera, que inauguró las reformas democráticas en nuestra América, sin tener un ejército que distorsionara la política nacional, así como desconoce el honor de haber tenido una educación que nutrió la profesionalización de jóvenes centroamericanos, lo cual mostraba su solidaridad democrática que contrasta con la precariedad política, cognoscitiva y enfermiza prepotencia de un gobierno indigno de nuestra nación.
En la actualidad aumenta la percepción negativa de la ciudadanía ante las crecientes necesidades y demandas sociales insatisfechas, no obstante, se pretende eludir y encubrir su incapacidad agrediendo y afectando la acción institucional, culpando y acusando a sus trabajadores de corruptos y vagos, como un pretexto para obedecer la consigna imperial de destrucción del Estado Social de Derecho, con el apoyo de quienes esperan beneficios de un gobierno, que precisamente está cercenando los derechos en la salud y educación pública, como en los derechos laborales, ambientales …
En el presente es peculiar la similitud discursiva del pragmatismo político de algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, con los cuales se coincide -no casualmente- con las afirmaciones y acciones interesadas de las autoridades del imperio, en la espuria organización, cuya denominación se falsifica como Escudo de las Américas, una coalición político-militar, que semeja una simbiosis parasitaria que beneficia y protege al imperio, cuyas consecuencias son imprevisibles en la disputa por la hegemonía mundial.
Según un reciente comunicado del Departamento de Estado norteamericano, los países integrantes de ese escudo han suscrito y aplaudido que el gobierno boliviano, detenga al fiscal por detener e investigar al amigo del imperio, que el gobierno quisiera emular en su conflicto con el poder judicial. La intromisión nacional en asuntos de competencia boliviana atenta a su soberanía, intervenida y supervisada por otros países, lo cual, sin pronunciamiento oficial costarricense, de la presidenta y del ministro del ramo, ha comprometido nuestras relaciones internacionales y actor de una violación al derecho internacional.
Nuestra democracia fue una creación colectiva, modelada históricamente por la cultura e identidad nacional amparada estatalmente. Sin embargo, es irrespetada por quienes deben velar por su resguardo y defensa. La democracia no es propiedad privada, no es individual, no pertenece a los poseedores de riqueza y poder, como tampoco al Estado, ni a quienes asesinan y hacen guerras en su nombre. La democracia es del pueblo que tiene la capacidad y responsabilidad de respetarla, defenderla y restaurarla en la heterogeneidad de las relaciones sociales costarricenses.
11. Catedrático. Docente e investigador Pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
La seguridad es quizás el aspecto más destacado de las demandas de la ciudadanía contra el Estado, que tiene la obligación y el monopolio de hacer cumplir las leyes, la Constitución y el orden constituido social e históricamente. Luego, es una responsabilidad pública sensible para el funcionamiento de la sociedad, cuyo incumplimiento es factor determinante de la crisis, del caos, pero para los sectores socialmente vulnerables, contra quienes no pueden protegerse ni defenderse. Así, la Constitución de la República es irrespetada, las leyes violentadas, o se crean nuevas, para amparar los intereses de corporaciones económicas y financieras dominantes. De este modo, las mafias, los carteles, la trata de personas, o los asesinos a sueldo, se convierten en los nuevos intocables en complicidad con las autoridades. Las consecuencias sociales de ese aparente nuevo orden es el incremento de la vulnerabilidad contra los pobres, cuyo único amparo es el miedo, el silencio, el aislamiento e invisibilizarse para no ser víctimas de nuevas o viejas alianzas.
No obstante, la seguridad no se circunscribe exclusivamente contra la delincuencia y la corrupción política, también la salud pública, la educación, el trabajo, el bienestar social, la vida, forman parte de esas seguridades que deben ser garantizadas por la institucionalidad estatal, las cuales son parcial y deficientemente atendidas, para beneficio de los negocios privados, que lucran con la complicidad estatal que tiene la obligación de supervisar, vigilar y velar por la calidad de su atención de acuerdo con los requerimientos sociales establecidos. En la actualidad se evidencia el incumplimiento de las obligaciones públicas, particularmente contra los sectores vulnerables y empobrecidos que carecen de medios alternativos para satisfacer sus urgentes necesidades.
La inseguridad creada desde los poderes institucional, jurídico, delincuencial y mediático son creaciones intencionadas para masificar los temores, miedos y angustias ocasionadas por la imprevisibilidad de los acontecimientos cotidianos que desconocen, agreden, engañan y violentan la privacidad y seguridad de las poblaciones.
En Costa Rica se incrementan los empobrecidos del campo y la ciudad, los excluidos, los despojados del trabajo y sus recursos, los emprendedores, las personas de la calle, así como los pequeños agricultores y los campesinos sin tierra, en un espacio donde se difunden profusamente los actos delincuenciales, corrupción, desastres naturales, tragedias familiares y las políticas que atentan contra los ingresos y calidad de vida de los subalternos, son acciones que confluyen para crear miedos e inseguridad a poderes que se imaginan omnipotentes, que persiguen y controlan a quienes protestan pacíficamente. Sin embargo y paradójicamente, son los tiranos quienes tienen miedo, por ello la permanente sobreprotección policial por inventados enemigos, en el desprecio y menoscabo del pensamiento y la acción de los subalternos, en la adquisición y uso de técnicas de control y espionaje contra quienes preguntan y protestan, mientras se promueven las técnicas para el control, las estafas y las usureras prácticas financieras que profundizan la inseguridad ciudadana y la pobreza.
La inseguridad y el miedo de los sectores vulnerables no son solo consecuencias de la desigualdad e inequidad social y nacional, también han sido convertidas en medios estratégicos globales, creados y concertados políticamente para robar el futuro a las poblaciones costarricenses y latinoamericanas.
El gobierno democrático, o la representación coyuntural del Estado, no es un ente a quien se le ha otorgado el derecho de decidir por la ciudadanía. No, los procesos electorales son requerimientos formales para el cumplimiento de específicas funciones públicas, una facultad relativa y dependiente del soberano, de las demandas y necesidades ciudadanas, sin lesionar ni comprometer nuestra identidad nacional ni su futuro, menos aún, participar en proyectos imperiales.
Es obvio que la elección no crea tiranos, ni democracia, pues los tiranos se descubren envileciendo y liquidando el orden social democrático y político nacional. La actuación que denigra nuestra historia y empobrece poblaciones son hechuras de poderes que trascienden el espacio nacional, impulsadas, asesoradas y financiadas por el imperio y los serviles gobiernos que participan de la corrupción y los fraudes electorales, como se ha demostrado en los procesos recientes contra la democracia y soberanía latinoamericana.
La historia contemporánea nos muestra cotidianamente que los alineamientos globales han servido y sirven a intereses imperiales, nunca para el bienestar de los pueblos, del progreso de su gente, ni el respeto de su historia y cultura. El poder gubernamental de ningún modo posee la facultad ni el derecho de parasitar los recursos ni transgredir los derechos ciudadanos, de lo nacional ni es autónomo, para hacer lo que se le antoja durante el temporal periodo de gobierno.
La seguridad en la inseguridad nacional e internacional es la transición en la reconfiguración de la influencia y dominación del espacio mundial, alinearse con el fascismo, como lo hace el gobierno costarricense, ofende nuestro pasado y nos obliga aceptar, lo que nunca hemos decidido, la imposición y aceptación del saqueo de las riquezas latinoamericanas, para mantención de un decadente y caduco poder imperial.
1 Catedrático. Docente e investigador jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
Comunicado del Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago
Cartago, 30 de setiembre – El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago manifiesta su profunda indignación y condena ante las acciones orquestadas por el Gobierno durante las recientes celebraciones patrias, que habrían incluido la vigilancia de opositores al Poder Ejecutivo y una burla hacia los habitantes de nuestra histórica ciudad.
Según información difundida por los medios de comunicación y corroborada por testigos presenciales, en cuenta muchos de nosotros, la Fuerza Pública, incluyendo la Unidad Especial de Intervención, la escolta presidencial y la Policía Municipal de Cartago, habría recibido instrucciones específicas el pasado 14 de setiembre para vigilar la iniciativa ciudadana «Faroleadas por la Democracia», una manifestación pacífica. Este hecho constituye una grave violación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política.
La evidencia sugiere, y así lo constatamos quienes fuimos testigos de la Faroleada por la Democracia en Cartago, que la Fuerza Pública recibió órdenes similares a las de regímenes dictatoriales, dirigidas contra ciudadanos que nos manifestamos pacíficamente en todo momento.
Además, denunciamos que se facilitó la instalación de un cerco de vallas alrededor de la Plaza Mayor, espacio público, y se permitió el estacionamiento de autobuses en áreas restringidas para seguidores del partido Pueblo Soberano (PPSO), acciones que obstaculizaron el acceso y la libre expresión de los manifestantes. Estas acciones son una grave violación del derecho a la libertad de expresión, la prohibición de censura previa, el principio de igualdad, la prohibición de discriminación por opinión política, así como la libertad de reunión pacífica y la libertad de circulación.
La jornada del día de fiesta patria, lejos de ser un espacio de celebración cívica, dejó una imagen que «indigna», pues la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad, llamados a proteger derechos y garantizar un trato igualitario, quedaron cuestionados por actuaciones selectivas y decisiones que lesionaron derechos.
También denunciamos directamente al ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, acostumbrado a buscar legitimidad a través de discursos vacíos, violentos, irrespetuosos en actos oficiales y conferencias de prensa.
Reprochamos haber ofendido en su aparición pública en la Plaza Mayor donde se burló de los cartagineses, arropado por la seguridad de gobierno, rompiendo con la solemnidad, la convivencia de la niñez, jóvenes en crecimiento y el carácter cívico que corresponde.
Ante esta situación, el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago exige la apertura de una investigación, imposición de sanciones administrativas a los involucrados y la renuncia de los responsables en el Ministerio de Seguridad.
Asimismo, reiteramos la declaración de “persona non grata” en el cantón de Cartago, al señor Rodrigo Chaves Robles, ministro de Hacienda y de la Presidencia, por haber faltado el respeto a la ciudad de Cartago y a sus habitantes y nuevamente a los regidores del cantón central de Cartago les llamamos a reivindicar el honor de la provincia, si no quedarán como traidores.
Costa Rica atraviesa un momento que merece ser observado con particular atención. No porque existan elementos suficientes para afirmar que el país haya dejado de ser una democracia, ni porque resulte razonable anunciar la inminencia de una dictadura, sino por algo quizá menos espectacular y precisamente por ello más difícil de advertir: ideas, lenguajes y posibilidades políticas que durante décadas parecieron incompatibles con nuestra propia representación de la democracia comienzan a ingresar en el territorio de lo discutible.
El fenómeno merece análisis sin alarmismos, pero también sin ingenuidad.
En las últimas semanas han aparecido discusiones relacionadas con seguridad nacional, narcotráfico, criminalidad organizada, secreto de Estado, tecnologías de vigilancia, fortalecimiento policial y nuevas formas de comprender el papel de los cuerpos de seguridad. Paralelamente, el debate político se ha endurecido y expresiones como «zurdos», «comunistas», «enemigos» y otras categorías semejantes comienzan a utilizarse para caracterizar indistintamente a sectores opositores, críticos o cuestionadores del Gobierno.
No todos estos acontecimientos poseen el mismo estatuto ni pueden ser considerados evidencia de un único proceso. Algunos corresponden a decisiones gubernamentales comprobables; otros, a declaraciones políticas; algunos son interpretaciones de sectores opositores y otros incluso rumores, sátiras o textos cuya procedencia debe ser verificada.
Confundirlos sería un grave error metodológico.
Pero ignorar la representación colectiva que comienzan a producir también lo sería.
El problema no es Cuba ni la antigua Unión Soviética
Ante algunas de estas discusiones se ha recurrido nuevamente a una comparación conocida: advertir que determinadas prácticas de vigilancia, secreto o control estatal recuerdan experiencias como las de Cuba o la antigua Unión Soviética.
La comparación puede tener algún valor histórico, pero resulta insuficiente cuando convierte determinadas experiencias socialistas en paradigma exclusivo del autoritarismo.
La Unión Soviética dejó de existir hace más de tres décadas. Cuba constituye una experiencia histórica específica, desarrollada además bajo condiciones geopolíticas extraordinarias, entre ellas el prolongado embargo estadounidense. Nada de ello impide analizar críticamente las restricciones políticas existentes en Cuba ni las prácticas represivas que caracterizaron determinados períodos soviéticos. Contextualizar no significa justificar.
El problema aparece cuando estos casos se utilizan para establecer implícitamente una equivalencia: socialismo = autoritarismo; democracia liberal-capitalista = libertad.
La experiencia histórica y contemporánea resulta mucho más compleja.
Estados capitalistas, democracias liberales, monarquías, regímenes híbridos y gobiernos autoritarios de diferentes orientaciones ideológicas han desarrollado mecanismos de vigilancia, persecución, espionaje, represión y control de la disidencia.
El Estado policial no posee una ideología económica exclusiva.
Por eso la pregunta relevante para Costa Rica no debería ser si podemos convertirnos en Cuba o reproducir la extinta Unión Soviética.
La pregunta debería ser otra: ¿bajo qué condiciones cualquier Estado consigue ampliar sus capacidades de vigilancia, secreto y coerción debilitando simultáneamente los controles democráticos sobre su ejercicio?
Seguridad y excepcionalidad
El narcotráfico y la criminalidad organizada constituyen problemas reales. Negarlo sería irresponsable. Precisamente por ser reales poseen una extraordinaria capacidad para legitimar políticamente medidas excepcionales.
Todo Estado democrático necesita investigar organizaciones criminales, proteger operaciones policiales, preservar determinada información sensible y disponer de instrumentos eficaces para garantizar la seguridad ciudadana.
La cuestión democrática no consiste en negar esas necesidades. Consiste en establecer sus límites.
El secreto de Estado, por ejemplo, no resulta en sí mismo incompatible con la democracia. Existen informaciones cuya divulgación podría comprometer investigaciones, seguridad nacional o relaciones internacionales. El problema comienza cuando la excepción amenaza con convertirse en regla y ámbitos cada vez más amplios de la actividad gubernamental pueden sustraerse del escrutinio ciudadano bajo una invocación genérica de la seguridad.
En el ordenamiento costarricense el secreto de Estado constituye precisamente una excepción al principio de publicidad y transparencia y, por esa razón, debe interpretarse restrictivamente.
La pregunta elemental continúa siendo entonces: ¿quién vigila al vigilante?
Cuando un Estado afirma que necesita mayores facultades para protegernos, una sociedad democrática no debería responder automáticamente con desconfianza, pero tampoco con obediencia. Debe preguntar cuáles facultades, durante cuánto tiempo, bajo qué controles, con qué mecanismos de rendición de cuentas y cuáles recursos existen frente a eventuales abusos.
Tecnología y poder
La discusión sobre tecnologías altamente intrusivas de vigilancia agrega una dimensión nueva al problema. Herramientas capaces de acceder clandestinamente a comunicaciones privadas poseen una enorme utilidad potencial frente al terrorismo o la criminalidad organizada. Pero exactamente la misma capacidad tecnológica que permite investigar a un narcotraficante puede utilizarse para vigilar a un periodista, un dirigente social, una persona opositora o un activista.
La tecnología carece de ideología. El poder que decide cómo utilizarla, no.
Por eso el debate sobre sistemas de vigilancia no debería reducirse a preguntar si sirven para combatir el crimen. Debe incorporar preguntas sobre autorización judicial, proporcionalidad, control institucional, trazabilidad, protección de datos, auditoría y responsabilidad política. La democracia no puede depender exclusivamente de las buenas intenciones de quien temporalmente controla una herramienta.
Las instituciones democráticas se construyen precisamente suponiendo que todo poder puede ser utilizado incorrectamente y que, por ello, necesita límites.
La construcción del enemigo interno
Existe, sin embargo, una dimensión todavía más delicada: el lenguaje mediante el cual se construyen adversarios políticos.
En democracia existen adversarios. Un adversario puede estar profundamente equivocado desde nuestra perspectiva. Podemos combatir sus ideas, movilizarnos contra sus propuestas y procurar electoralmente su derrota, pero continúa siendo ciudadano. El enemigo ocupa otra categoría.
Cuando expresiones como «zurdo», «comunista», «traidor», «enemigo» o equivalentes dejan de describir una posición ideológica concreta y comienzan a funcionar como etiquetas indiscriminadas contra quien crítica, cuestiona, protesta o se opone al Gobierno, ocurre un desplazamiento importante. Ya no se discute solamente qué dice una persona. Comienza a discutirse qué clase de persona es quien lo dice. Y una vez construido el enemigo, resulta más sencillo justificar tratamientos que difícilmente aceptaríamos frente a un adversario democrático.
El mecanismo no pertenece exclusivamente a la derecha ni a la izquierda. La historia ofrece ejemplos suficientes de gobiernos de distintas orientaciones que construyeron enemigos internos para cohesionar políticamente a sus seguidores y legitimar formas extraordinarias de control. Por eso resulta peligroso analizarlo exclusivamente mediante categorías ideológicas.
La pregunta fundamental es democrática: ¿qué ocurre cuando cuestionar al Gobierno comienza a confundirse discursivamente con actuar contra el país?
De lo impensable a lo imaginable
Aquí se encuentra quizá el aspecto más profundo del problema: Las grandes transformaciones políticas no comienzan necesariamente cuando una ley modifica una institución. Muchas veces empiezan antes, cuando cambia aquello que una sociedad considera posible, puede existir una secuencia como esta:
No se trata de una secuencia inevitable: Una sociedad puede detenerla, invertirla o rechazar completamente determinada posibilidad. Pero para hacerlo primero debe reconocer que se está produciendo una disputa sobre los límites de lo aceptable.
Costa Rica construyó durante décadas una poderosa identidad civilista. La abolición del ejército no constituye solamente una disposición constitucional o una decisión histórica de 1948. Forma parte del relato mediante el cual el país se representa a sí mismo.
Precisamente por ello resulta sociológicamente significativo cuando comienzan a circular, aunque sea mediante rumores, sátiras o advertencias, narrativas sobre remilitarización, recuperación de rangos militares, fortalecimiento extraordinario de los cuerpos policiales o necesidad de responder militarmente frente a enemigos internos. Un rumor no demuestra que exista un proyecto gubernamental. Una sátira no constituye un proyecto de ley. Una representación exagerada no prueba que aquello que describe vaya a ocurrir. Pero su circulación puede revelar otra cosa: algo que anteriormente parecía imposible ha comenzado a poder ser imaginado. Y esto también constituye un hecho social.
La realidad política de las representaciones
Una democracia no está compuesta únicamente por leyes, instituciones y decisiones gubernamentales. También existe mediante símbolos, relatos, temores, expectativas y representaciones colectivas. Los acontecimientos producen narrativas, pero las narrativas también modifican la manera en que posteriormente interpretamos los acontecimientos. Una misma representación puede provocar reacciones distintas. Para unas personas: «Esto podría ocurrir» significa miedo y resistencia. Para otras: «Esto podría ocurrir» significa posibilidad. Y para algunas puede terminar significando: «Esto debería ocurrir».
Precisamente por eso debemos analizar cuidadosamente los discursos políticos.
Cuando se habla reiteradamente de enemigos, conspiraciones, amenazas, infiltrados, criminales, traidores o sectores peligrosos, no solamente se está describiendo una realidad. También puede estarse construyendo un determinado horizonte desde el cual esa realidad será posteriormente interpretada.
La movilización también modifica lo imaginable, pero sería un error observar solamente al poder. La ciudadanía también produce realidad política.
Las manifestaciones, organizaciones sociales, universidades, medios independientes, movimientos ciudadanos, sindicatos y demás formas de acción colectiva participan en la construcción del horizonte democrático.
Cuando una movilización multitudinaria consigue ser interpretada socialmente como capaz de influir sobre decisiones gubernamentales, independientemente de que resulte difícil establecer una causalidad directa, se produce un efecto político importante: la ciudadanía descubre o reafirma que movilizarse puede tener consecuencias.
Por eso la resistencia también transforma lo imaginable: Frente a discursos que fortalecen la autoridad puede aparecer una sociedad que reivindica los límites de esa autoridad. Frente a la descalificación de los contrapesos institucionales puede fortalecerse su defensa. Frente a la construcción de enemigos pueden reconstruirse adversarios democráticos. En resumen, no existe una única dirección histórica.
Ni dictadura inminente ni excepcionalismo costarricense
Conviene entonces evitar dos errores. El primero sería afirmar que Costa Rica se encuentra inevitablemente camino hacia una dictadura. No existen elementos suficientes para semejante conclusión y una afirmación de esa naturaleza terminaría debilitando el análisis. El segundo sería igualmente peligroso: «Eso nunca podría ocurrir en Costa Rica».
Ninguna democracia posee inmunidad histórica.
Las instituciones democráticas no sobreviven porque una sociedad haya sido democrática durante décadas. Sobreviven porque continúan existiendo ciudadanía, cultura política, instituciones y mecanismos capaces de defenderlas.
Una democracia puede conservar elecciones, parlamento, tribunales y libertades formales mientras comienzan a modificarse gradualmente los límites de aquello que sus ciudadanos consideran políticamente admisible. La erosión democrática, cuando ocurre, no necesita comenzar con tanques frente al Parlamento. Puede comenzar mediante pequeñas normalizaciones.
Una disputa por lo imaginable
Quizá parte de la coyuntura costarricense contemporánea pueda comprenderse precisamente como una disputa por lo imaginable: ¿Qué Estado queremos imaginar?
¿Uno donde la seguridad fortalezca las instituciones democráticas o uno donde permita reducir sus controles? ¿Una policía civilista o una fuerza progresivamente concebida mediante categorías militares? ¿Una ciudadanía que fiscaliza al poder o una que delega en él crecientes espacios de secreto? ¿Una oposición considerada parte legítima de la democracia o convertida discursivamente en enemigo interno? ¿Un Poder Judicial entendido como contrapeso constitucional o como obstáculo frente a la voluntad política de las mayorías? ¿Una protesta social comprendida como ejercicio ciudadano o como amenaza contra el orden?
Estas preguntas no anuncian inevitablemente ninguna catástrofe. Pero tampoco deberían parecernos irrelevantes. Porque una democracia no se pierde únicamente cuando desaparecen sus instituciones. También puede debilitarse cuando cambia silenciosamente el significado que atribuimos a ellas.
Por eso quizá la pregunta correcta no sea: ¿Nos estamos convirtiendo en Cuba, Venezuela, la antigua Unión Soviética o cualquier otro fantasma político disponible?
Esa comparación puede tranquilizar a unos y aterrorizar a otros, pero explica muy poco sobre nosotros mismos. La pregunta mucho más difícil es: ¿en qué Costa Rica estamos comenzando a imaginar que podríamos convertirnos?
Responderla exige observar al Gobierno, pero también a la oposición; analizar instituciones y movimientos sociales; distinguir hechos de rumores; separar evidencia de temor; reconocer amenazas reales sin convertirlas en justificación de poderes ilimitados. Sobre todo, exige abandonar la idea de que democracia significa únicamente celebrar elecciones periódicas.
Democracia también significa límites al poder, transparencia, pluralismo, debido proceso, libertad de expresión, protección de las minorías, independencia judicial, derecho a disentir y capacidad ciudadana de resistencia. La seguridad es necesaria. El combate contra el crimen organizado también. Pero precisamente porque ambos son necesarios debemos impedir que terminen convirtiéndose en palabras capaces de justificar cualquier cosa.
Porque la pregunta decisiva de una sociedad democrática nunca debería ser solamente ¿cuánto poder necesita el Estado para protegernos? Debe existir siempre una segunda pregunta: ¿cuánto poder estamos dispuestos a entregarle antes de comenzar a necesitar protección frente al propio poder?
“Una sociedad que sacrifica su libertad por seguridad no merece ninguna de las dos.” Benjamín Franklin (atribuida)
Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
Una afirmación del jerarca de Justicia y Paz plantea preguntas que no deberían quedar sin respuesta
Hay declaraciones de un funcionario público que pueden ser entendidas como una simple expresión política. Pero hay otras que, por las palabras utilizadas y por la investidura de quien las pronuncia, obligan a pedir explicaciones.
El pasado miércoles 12 de agosto, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, al referirse al denominado Plan Cero Ocio, manifestó públicamente:
“Qué sigue en el Plan Cero Ocio, señora Presidente, para todos aquellos abolicionistas que hablaron tanta paja, que esto era flor de un día. Estos zurdos, algunos de clóset, inclusive todavía; que ya los tenemos identificados y que se reunieron un día de estos…”
Más allá del lenguaje empleado —que por sí mismo resulta preocupante cuando proviene de un jerarca ministerial— hay una expresión que merece especial atención: “ya los tenemos identificados”.
La pregunta es inevitable: ¿quiénes son “ellos” y qué significa exactamente que el Ministerio de Justicia y Paz los tenga identificados?
No se trata de una cuestión menor ni de una disputa semántica. Si la frase fue utilizada simplemente como recurso retórico para referirse a personas que públicamente han cuestionado el Plan Cero Ocio, el ministro debería poder aclararlo sin dificultad. Pero si detrás de esas palabras existe efectivamente algún mecanismo institucional de identificación, seguimiento o recopilación de información sobre ciudadanos, la cuestión adquiere una dimensión completamente distinta.
Por esa razón, he dirigido al ministro Aguilar Vargas una solicitud para que precise el alcance de sus declaraciones. Las preguntas son concretas:
¿A quiénes se refirió cuando habló de “todos aquellos abolicionistas”? ¿Qué personas u organizaciones incluyó en esa categoría? ¿A qué declaraciones o actuaciones concretas se refería cuando afirmó que habían “hablado tanta paja” y que consideraban que el Plan Cero Ocio era “flor de un día”?
También le solicité que aclarara el significado de sus expresiones “estos zurdos” y “algunos de clóset”. ¿Estaba identificando a personas determinadas por sus posiciones políticas, ideológicas o de otra índole? Pero las preguntas centrales son otras.
Cuando el ministro afirma “ya los tenemos identificados”, ¿quiénes son exactamente las personas a las que se refiere? ¿Qué institución o dependencia las identificó? ¿Con qué propósito? ¿Existe un registro, informe, base de datos o expediente en el que figuren sus nombres? Y, sobre todo: ¿cómo fueron identificadas?
¿Se utilizaron sus declaraciones públicas, sus opiniones políticas, su participación en reuniones, sus actividades sociales o sus vínculos con determinadas organizaciones para elaborar esa identificación?
El ministro agregó que esas personas “se reunieron un día de estos”. Por ello también pregunté a qué reunión concreta hacía referencia, cuándo tuvo lugar, quiénes participaron y cómo tuvo conocimiento el Ministerio de Justicia y Paz de dicha reunión.
Esta última pregunta resulta particularmente importante. En una democracia, reunirse con otras personas, expresar opiniones políticas, criticar las políticas gubernamentales o participar en organizaciones de la sociedad civil son actividades que forman parte del ejercicio ordinario de las libertades públicas.
Por eso resulta indispensable saber si las palabras del ministro describían simplemente lo que cualquier ciudadano podría conocer a partir de información pública o si revelaban la existencia de algún mecanismo institucional de vigilancia o seguimiento.
El problema no son las opiniones del ministro
El ministro de Justicia y Paz tiene, como cualquier ciudadano, derecho a expresar sus opiniones. También puede defender el Plan Cero Ocio y cuestionar públicamente a quienes lo critican.
El problema surge cuando el lenguaje utilizado por un jerarca puede interpretarse como la revelación de que personas con determinadas posiciones políticas han sido “identificadas” por el aparato institucional que dirige. La diferencia es sustancial.
Una cosa es que un ministro diga: “conozco a quienes públicamente han criticado el programa”. Otra muy distinta es afirmar: “ya los tenemos identificados”. El uso del plural —“los tenemos”— plantea además una pregunta adicional: ¿quiénes son ese “nosotros” y qué hicieron para identificarlos?
No estoy atribuyendo al ministro una conducta que no haya demostrado. Precisamente por eso solicité explicaciones. La transparencia exige que, ante una afirmación de esa naturaleza, sea el propio jerarca quien aclare qué quiso decir.
Una pregunta que trasciende al Plan Cero Ocio
El asunto tampoco debería reducirse a una controversia alrededor de un programa penitenciario. Lo que está en juego es algo más elemental: los límites que debe observar el poder público frente a las opiniones, las ideas y las actividades lícitas de los ciudadanos.
En una sociedad democrática no debería existir una categoría de ciudadanos “identificados” por sus opiniones políticas. Tampoco debería utilizarse la condición ideológica real o atribuida de una persona —“zurdos”, “de clóset” o cualquier otra etiqueta— como criterio para establecer mecanismos de seguimiento estatal.
Si el ministro no quiso decir eso, lo razonable es que lo aclare. Y si efectivamente existe algún procedimiento institucional mediante el cual determinadas personas han sido identificadas, corresponde explicar quién lo ordenó, con qué fundamento jurídico, para qué finalidad y qué información fue recopilada.
No se trata de defender una determinada posición política ni de reivindicar a quienes apoyan o cuestionan el Plan Cero Ocio. Se trata de algo mucho más básico: el derecho de los ciudadanos a saber qué hace el Estado con la información relacionada con sus opiniones, reuniones y actividades públicas.
Por eso las preguntas formuladas al ministro no son un ejercicio de confrontación política. Son preguntas que cualquier ciudadano debería poder plantear a un funcionario público cuando sus propias palabras parecen sugerir la existencia de una identificación institucional de personas por sus posiciones políticas.
Ahora corresponde al ministro Aguilar Vargas responder. Y sería deseable que lo hiciera con nombres, hechos, fundamentos jurídicos y documentos, no con nuevas descalificaciones.
Porque cuando un ministro dice que determinadas personas “ya las tenemos identificadas”, la sociedad tiene derecho a preguntar: ¿Quiénes son? ¿Quién las identificó? ¿Cómo las identificó? ¿Para qué las identificó? Y, sobre todo, ¿por qué?
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