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Etiqueta: Violencia de Género

Foro analizará el impacto institucional del caso denunciado por Marulín Azofeifa

El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará el foro “El impacto de la traición institucional: la (in)justicia ante la denuncia de Marulín Azofeifa”, un espacio de reflexión sobre las implicaciones institucionales, sociales y de género derivadas del proceso de denuncia impulsado por la exdiputada Marulín Azofeifa.

La actividad se desarrollará el lunes 8 de junio en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y reunirá a especialistas en estudios de género, psicología, sociología y comunicación para analizar los desafíos que enfrentan las personas denunciantes de violencia de género y el papel de las instituciones en la búsqueda de justicia.

Entre las panelistas se encuentra Marisa Batalla Chacón, comunicadora especializada en violencias de género y asesora del equipo legal de la exdiputada Marulín Azofeifa.

También participará Montserrat Sagot Rodríguez, socióloga y exdirectora del CIEM, reconocida por su trayectoria académica e investigativa en temas de género, violencia contra las mujeres y derechos humanos.

El panel contará además con la intervención de Paola Brenes Hernández, psicóloga e investigadora del CIEM, quien aportará elementos de análisis sobre las dimensiones psicosociales e institucionales vinculadas a este tipo de procesos.

La moderación estará a cargo de Paula Rivera Calderón, estudiante de Psicología y Sociología y asistente del CIEM.

La actividad se inscribe en el contexto del debate público generado por la denuncia presentada por Marulín Azofeifa contra el exdiputado Fabricio Alvarado y las discusiones sobre el tratamiento institucional de las denuncias relacionadas con violencia y hostigamiento de carácter sexual, así como sobre los obstáculos que enfrentan las personas denunciantes para acceder a mecanismos efectivos de justicia y reparación.

El foro busca contribuir a la reflexión crítica sobre las respuestas institucionales ante este tipo de denuncias y sobre las consecuencias que dichas respuestas pueden tener para las personas afectadas y para la confianza ciudadana en los sistemas de protección y justicia.

Fecha: Lunes 8 de junio de 2026
Lugar: Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales
Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)

Colectivas feministas cuestionan impunidad legislativa en caso contra Fabricio Alvarado por hostigamiento sexual

Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.

Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República

Pronunciamiento

Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.

Señoras y señores
Diputadas y diputados Asamblea Legislativa
Período 2026-2030

Estimadas señoras y señores:

Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.

En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.

El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.

El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.

En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.

Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.

Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.

Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados. En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.

¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.

A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.

Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.

Petición a las diputaciones:

  1. Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.

  2. Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.

  3. Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.

  4. Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Atentamente,

Yolanda Bertozzi
Cédula 103990589
cr.feministasenresistencia@gmail.com

Suscriben:

  1. Adilia Solis

  2. Adriana Solís Fajardo

  3. Albena Muñoz Taya

  4. Albertina Alfaro

  5. Alexander Rodriguez Guevara

  6. Alonso Mora Barquero

  7. Amanda Alfaro Córdoba

  8. Ana Felicia Torres Redondo

  9. Ana Heitman Ardón

  10. Ana Hernandez Bolaños

  11. Ana Isabel Portuguez Bolaños

  12. Ana Leonor Ramírez Montes

  13. Ana Patricia Ruiz Cambronero

  14. Ana Patricia Valverde Chavarría

  15. Andrea Cordero Vargas

  16. Antonella Franchesqui Varela

  17. Ariana Solís González

  18. Carmen Carro Barrantes

  19. Carmen Elena Muñoz Durán

  20. Carmen Rojas G

  21. Casilda Sancho Barrantes

  22. Cristina E Diaz

  23. Diana Masís Porras

  24. Edgar Mora Guerrero

  25. Erika Sevilla Zepeda

  26. Eugenia Salazar

  27. Fresia Camacho

  28. Gabriela Cerdas González

  29. Gabriela Madrigal Delgado

  30. Génesis Rojas Cruz

  31. Gioconda Castro

  32. Gloria Valerín Rodríguez

  33. Gloriana Carmona Seravalli

  34. Guisella Flores Montes

  35. Héctor Vega Torres

  36. Hillary Obando Herrera

  37. Ileana Chavarría Marín

  38. Inés Revuelta Sánchez

  39. Inmaculada Tomas Aran

  40. Irina Coronado López

  41. Isabel Rivera Navas

  42. Jeannette Cordero Gamboa

  43. José Solano Solano

  44. José Solano-Saborío

  45. Jota Vargas Alvarado

  46. Keyra Martínez Meneses

  47. Laura Gómez Vasquez

  48. Laura Rodríguez Rodríguez

  49. Laura Ureña Naranjo

  50. Lauren Josefa Agüero Umaña

  51. Lidiette Cruz Sibaja

  52. Lidiette Sequeira

  53. Lorena Camacho

  54. Lorena Villalobos Varela

  55. Lucia Sansonetti

  56. Luis Alberto Incer Arias

  57. Luis Ángel Céspedes Rodríguez

  58. Lynn Jacob Segev

  59. Macarena Barahona Riera

  60. Magda Vanessa Sánchez Lépiz

  61. Marcela Zamora Cruz

  62. Marco Antonio Hidalgo Molina

  63. Marco Vinicio Fournier Facio

  64. Margarita Salas Guzmán

  65. María Bolaños Aguilar

  66. María del Carmen Cruz

  67. María José Gavilan Echeverria

  68. Mariana Ramírez Sandí

  69. Marta Arroyo Bonilla

  70. Marta Jiron Manzanares

  71. Marta Solano Arias

  72. Maureen Esquivel Camacho

  73. Melissa Cruz Cordero

  74. Meylin Vargas Varela

  75. Milagro Leitón Vega

  76. Miranda Lynette Budny Sequeira

  77. Nadya Blanco Guzmán

  78. Natalia Solís Rojas

  79. Nia Salas

  80. Noemy Serrano Corrales

  81. Nuby Ordóñez Ugalde

  82. Oscar Valverde Cerros

  83. Pamela Bojorge Ortega

  84. Paola Valverde Cisneros

  85. Paula Siles Iong

  86. Randall Murillo Barrios

  87. Raquel Berrocal Sibaja

  88. Rodrigo Jiménez Sandoval

  89. Roger Chaves

  90. Rosa Esmeralda Herrera

  91. Sadhi Bogantes Zúñiga

  92. Samantha Vega Sánchez

  93. Sharo Rosales Arce

  94. Sigrid Lahmann Zeledón

  95. Silvia Marcela Calvo Corea

  96. Silvia Regina de Lima Silva

  97. Stella Chinchilla Mora

  98. Silvia Muñoz Mata

  99. Tatiana Chaverri Rodríguez

  100. Teresita Ramellini Centella

  101. Tiryth María Vindas Campos

  102. Vianey Madrigal Soto

  103. Vicenç Ornaque Lucea

  104. Virginia Vargas Acosta

  105. Vivian Solís Espinoza

  106. Viviana Machado Barquero

  107. Viviana Rovira Maruri

  108. Xavier Sánchez Aguilar

  109. Xenia Bolaños Chavarría

  110. Yamileth Torres Delgado

  111. Yara Hernández Rojas

Organizaciones:

  1. Feministas en Resistencia

  2. Detrás del Arcoíris

  3. Colectiva Me Pasó en la UCR

  4. Escuelita Hormiga de Estudios Libres

  5. Fundación PANIAMOR

  6. Menú Asesorías

  7. Somos Fuego CR

  8. Colectiva Guanadefensoras

  9. Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

  10. ASOPAM Una oportunidad para ti mujer

  11. Unidos por la CCSS

  12. DEI

  13. Colectiva Profesionales para la Ciudadanía

  14. Movimiento Valientes de Costa Rica

  15. Frente Nacional de Lucha

  16. Familia Penitenciaria Unida

  17. Asociación Transvida

  18. Centro de Amigos para la Paz

  19. Colectiva LesboFeminista Irreversibles

  20. Fundación Justicia y Genero

  21. CENDEROS

  22. JoseSo (Podcaster)

  23. Feministas Picos Rojos CR

  24. Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica

  25. Alianza de Mujeres Costarricenses

  26. Mujeres por Costa Rica

  27. Grupo CEDAW Costa Rica

  28. Observatorio medios de comunicación y género, GEMA

  29. Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

  30. Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica

  31. Colectiva Coexistir

  32. Voces de Fe contra la Violencia de Género

  33. Mujeres de Fe organizadas contra el Femicidio

  34. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  35. Movimiento Reflexión en Acción-Costa Rica

  36. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  37. Secretaría de las Mujeres Frente Amplio

  38. Plataforma Mujeres lideresas fuertes y unidad en acción

  39. Unidas Talamanca

  40. Asociación para el mejoramiento y la calidad de vida de trabajadoras sexuales de Costa Rica (La Sala)

  41. MUSADE

  42. Las Guetas

  43. Red por los derechos de las mujeres

  44. Acción Feminista

  45. Asociación Feminista La Corriente

  46. Coalición Feminista

  47. Colectiva Talamanca Unida y Diversa

  48. Jóvenes lideresas, plataforma de lideresas de la municipalidad de San Carlos

  49. Movimiento Atardeceres

  50. Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y violencia

  51. Organización Colectiva Feminista

  52. Térraba Brörán

Retroceso en la representación de las mujeres en las noticias en Costa Rica

En los últimos 5 años cae estrepitosamente la representación mediática de las mujeres en las noticias en Costa Rica.

La representación de las mujeres en las noticias en Costa Rica ha sufrido una caída significativa. Tras haber alcanzado un 32% en 2020, la presencia femenina en las noticias descendió a un 23% en 2025, confirmando una tendencia regresiva en su visibilización dentro de los medios de comunicación.

Así lo revela el más reciente informe del Monitoreo Global de Medios (GMMP) 2025, que evidencia además importantes diferencias según el tipo de medio. La brecha es más profunda en la prensa escrita, donde las mujeres representan apenas el 19% de las personas mencionadas o consultadas. En radio alcanzan un 24.5%, en televisión un 31.7% y en plataformas digitales un 38.2%. Aunque internet muestra mayores niveles de inclusión, persisten sesgos en la forma en que se construyen las narrativas.

El análisis del día de monitoreo refleja que la agenda informativa nacional continúa concentrándose en tres grandes ejes: política y gestión pública, temas sociales y legales con énfasis en seguridad, y deportes. En estos ámbitos, la desigualdad de género está especialmente marcada.

En política, los hombres que figuran en las noticias duplican la presencia de las mujeres (70% frente a 30%). Además, el 50% de las mujeres mencionadas en noticias de gobierno aparecen sin que se consigne su ocupación, en contraste con solo un 9% de los hombres es esta situación. Esta diferencia no es menor: mientras a los hombres se les reconoce con cargos, profesiones o especialidades que legitiman su voz, las mujeres son presentadas sin credenciales, debilitando su autoridad como actoras en la esfera pública.

La brecha se amplía en otros temas. En economía, los hombres triplican la presencia femenina (76% frente a 24%), y en deportes la desigualdad es extrema: los hombres aparecen 32 veces más que las mujeres (97% frente a 3%).

En televisión, los noticieros de horario estelar mantienen un fuerte énfasis en sucesos policiales. En este tipo de coberturas, las mujeres aparecen mayoritariamente como víctimas o en relación con otras personas, rara vez como portavoces o analistas. Por su parte, la prensa escrita continúa mostrando titulares centrados en figuras masculinas, baja presencia de mujeres expertas y una tendencia al sensacionalismo, especialmente en medios populares.

Esta jerarquización temática no es neutral. Al priorizar política, economía y deportes, los medios relegan otros temas clave como cultura, ambiente, gestión del agua, comunidad y violencia de género, posicionándolos como secundarios. Esto limita la pluralidad informativa y deja fuera del debate público a múltiples actores y problemáticas, invisibilizando desigualdades estructurales, particularmente las de género.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia del enfoque de derechos humanos en la cobertura mediática. Según el informe, este enfoque está ausente en 9 de cada 10 noticias. En el caso de la violencia de género, las coberturas tienden a presentar los hechos de manera aislada, sin conexión entre sí, evitando el análisis estructural y reforzando la imagen de las mujeres como víctimas o personas dependientes.

Esta forma de narrar limita la comprensión del problema y desaprovecha oportunidades clave para informar desde una perspectiva que contribuya a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la transformación social.

Ante este panorama, el informe plantea la urgencia de fortalecer políticas editoriales con enfoque de género, impulsar procesos de alfabetización mediática, promover alianzas interinstitucionales para el seguimiento de estas brechas y garantizar un respaldo estatal que asegure la seguridad, libertad y reconocimiento de las mujeres en el espacio público.

En tiempos marcados por la violencia, la incertidumbre y el dolor social, ejercer el periodismo con conciencia y compromiso es también un acto de resistencia y de esperanza. Comunicar puede ser una forma de cuidado, de reparación y de transformación colectiva”. Afirmó Sharo Rosales Investigadora del Observatorio de medios de comunicación y género (GEMA)

El informe completo del GMMP Costa Rica 2025 está disponible para consulta pública en:
https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2026/04/GMMP2025-InformeNacional-Costa-Rica.pdf

Nota: El Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación más amplia a nivel mundial sobre género y medios de comunicación, realizada cada cinco años en más de 100 países.

Costa Rica participa desde 2010, dando seguimiento a la evolución (hoy en retroceso) de la representación de las mujeres en las noticias.

Las caras ocultas de la Asamblea Legislativa

Instituto Sindical de Formación Política

El juicio por acoso sexual contra el diputado Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, no es un hecho aislado. Es una ventana que deja ver lo que muchas veces permanece oculto: las contradicciones, los silencios cómplices y las prácticas más degradantes dentro del poder político.

Lo que debería ser una respuesta firme, ejemplar y transparente ante una denuncia de esta naturaleza, se ha convertido en un escenario de evasivas, cálculos políticos y debilitamiento institucional. La Asamblea Legislativa de Costa Rica, llamada a garantizar el respeto a la ley, aparece hoy cuestionada en su capacidad para actuar con justicia.

El cálculo político partidario no tiene ética

Uno de los aspectos más preocupantes que deja al descubierto este caso es cómo el cálculo político partidario se impone sobre cualquier principio ético. No estamos ante hechos aislados, sino ante una práctica reiterada: proteger la imagen del partido, aunque eso implique encubrir conductas inaceptables.

Resulta particularmente grave cuando esto ocurre en partidos que alcanzaron representación política bajo un discurso religioso, apelando a valores morales, a la familia y a la “defensa de la ética”. Hoy, esos mismos sectores guardan silencio o relativizan denuncias de acoso sexual, evidenciando una profunda contradicción entre lo que predican y lo que practican.

Más indignante aún es observar a diputadas que, habiendo llegado a posiciones de poder, olvidan su condición de mujeres y la lucha histórica contra la violencia de género. En lugar de actuar con firmeza, optan por proteger estructuras de poder o compañeros de bancada, contribuyendo a la impunidad.

No se trata solo de omisiones individuales. Existen reglamentos de conducta en la Asamblea Legislativa que, en teoría, deberían garantizar sanciones claras ante este tipo de hechos. Sin embargo, cuando entran en juego intereses políticos, estos instrumentos simplemente no se aplican o se diluyen en trámites sin consecuencias reales.

La contradicción alcanza niveles aún más preocupantes cuando figuras políticas que públicamente han defendido la lucha contra el acoso sexual, hoy vuelven la mirada hacia otro lado. Este doble discurso no solo debilita la credibilidad institucional, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la justicia depende de la conveniencia política.

Una institucionalidad que se debilita

La falta de acción contundente no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Cuando quienes hacen las leyes no las respetan o las aplican selectivamente, el mensaje es claro: hay privilegios para algunos y silencio para otros.

La impunidad, en estos casos, no es casual. Es el resultado de redes de protección política que priorizan la conveniencia sobre la justicia. Y esto golpea directamente la credibilidad del sistema democrático.

Una señal peligrosa para la sociedad

Cuando se minimiza o se encubre el acoso sexual desde espacios de poder, se legitima indirectamente la violencia. Se envía una señal peligrosa: que denunciar no sirve, que la verdad puede ser ignorada y que el poder puede más que la dignidad.

Para las trabajadoras y trabajadores, este tipo de conductas no es ajeno. Es el reflejo de una cultura que muchas veces también se reproduce en los centros de trabajo, donde el abuso se silencia por miedo o por falta de respaldo.

La responsabilidad de la clase trabajadora

Frente a este escenario, el silencio no es opción. La clase trabajadora organizada tiene un papel fundamental: denunciar, exigir transparencia y defender principios éticos reales en la función pública.

No se trata solo de un caso, ni de una persona. Se trata de qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde la justicia sea selectiva, o una donde la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo político.

Conclusión: sin ética no hay democracia

Lo que hoy se revela en la Asamblea Legislativa no es solo un escándalo político. Es una señal de alerta sobre el deterioro de la ética en la función pública.

Si los valores se negocian y la justicia se acomoda a intereses partidarios, la democracia pierde su sentido.

Por eso, desde el movimiento sindical y desde el INSTITUTO SINDICAL DE FORMACIÓN POLÍTICA, reafirmamos una convicción clara:
sin ética, no hay democracia. Y sin democracia real, los derechos de la clase trabajadora están en riesgo.

Nueva sentencia contra expsicólogo reaviva llamado a justicia para sobrevivientes

Diversos sectores celebraron la nueva sentencia dictada este 15 de abril contra Carlos Garita, expsicólogo del Hospital Roberto Chacón Paut, en un caso presentado como símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad dentro de instituciones públicas. El pronunciamiento destaca que la resolución judicial representa un paso importante para las sobrevivientes, luego de un proceso calificado como largo, doloroso y revictimizante.

Según el texto difundido, las denunciantes debieron enfrentar nuevamente el proceso tras la anulación de una sentencia previa en 2024 por errores técnicos. Esa decisión obligó a repetir declaraciones y prolongó durante años el desgaste emocional provocado por el caso, además de exponer fallas estructurales del sistema judicial en la atención a personas sobrevivientes.

El mensaje reconoce especialmente la valentía de Melissa y Karen, señaladas como ejemplo de dignidad y perseverancia por sostener sus testimonios a pesar de los obstáculos enfrentados. También subraya que su búsqueda de justicia trascendió el ámbito personal, al contribuir a la protección de otras personas usuarias del sistema de salud.

La consigna final del comunicado, “¡Hasta que la dignidad sea costumbre!”, resume el reclamo por una justicia más sensible, eficaz y libre de revictimización para quienes denuncian violencia.

Después de más de dos siglos prevalecen la opresión, explotación y discriminación contra las mujeres

Movimiento de Trabajadores y Campesinos – MTC

8 de marzo 2026: Día Internacional de las Mujeres

Esta fecha surge de las entrañas del movimiento obrero internacional en el Segundo Encuentro Internacional Socialista de Mujeres, en Copenhague, Dinamarca (1910), en aras de impulsar reivindicaciones por derechos laborales, en especial, y por el derecho al sufragio universal. De igual manera, otro hecho que detonó la validez de esta fecha histórica fue el incendio en la Fábrica Triangle Shirtwais, donde murieron más de 130 obreras, incluyendo niñas menores de edad (Nueva York,1911). A su vez, es fundamental la lucha que desencadenan las mujeres obreras textiles en Rusia, en el marco de la revolución bolchevique (1917) donde impulsan una marcha histórica exigiendo pan y paz, y respeto a condiciones laborales dignas. En ese periodo se logra la proclama del derecho al voto, conquistando espacios políticos que habían sido negados a las mujeres y otros derechos laborales.

En el campo jurídico, a nivel nacional e internacional, los movimientos feministas han posicionado normativas y legislaciones en la línea de proteger derechos alcanzados e impulsar nuevas herramientas jurídicas a favor de relaciones de igualdad de género. No obstante, estos significativos avances no resuelven la desigualdad social, en tanto prevalece un sistema capitalista, patriarcal y colonialista, donde se agudizan los feminicidios y femicidios, las desapariciones, la trata, la esclavitud sexual, los mal llamados “matrimonios de niñas”, legitimándose desde el Estado la homofobia, la xenofobia, la infame pedofilia y abusos contra menores de edad, en especial, contra las niñas.

El neoliberalismo, seguido por el auge de diferentes expresiones de derecha, conservadoras e imperialistas y fascistas, hoy encabezadas por Trump y sus cómplices como Milei, Bukele, Netanyahu y muchos más, han instalado y perpetuado multiplicidad de violencias estructurales contra las niñas, jóvenes y mujeres, en general, además de sus políticas expansionistas, guerreristas y depredadoras contra la madre Tierra.

Es inaudito la masacre de más de 150 niñas, víctimas de la guerra, al ser vilmente bombardeada, por el ataque militar de Estados Unidos, la escuela infantil iraní en la provincia de Hormozgán, Irán, y todas las víctimas de Palestina por el asedio genocida, fascista y patriarcal sionista y sus aliados.

Nos suscribimos a las diferentes expresiones del feminismo socialista, en tanto, la única vía para trasgredir las relaciones de desigualdad social y de género es la abolición de toda opresión derivada de la explotación del capital. Por lo que necesitamos continuar problematizando en torno al impacto de la opresión en el trabajo gratuito de reproducción en el hogar y el sistema explotador capitalista, que condiciona a la familia a convertirse en un instrumento legitimador de la opresión patriarcal y subordinación económica de las mujeres. Bajo estos principios es vital el fortalecimiento organizativo contestatario, consciente y popular, expresión legítima de los intereses y necesidades de los diferentes sectores sociales; en especial del sector rural, indígena y popular, en general.

Nos sumamos a la convocatoria hecha por diversas colectivas feministas, organizaciones sociales y mujeres de distintos territorios para participar en la MARCHA 8M este domingo 8 de marzo a las 10 am, San José.

Consideramos que una tarea crucial es acabar con el sistema capitalista atroz, base para alcanzar la justicia social y la verdadera igualdad de derechos libre de la discriminación de género y de toda naturaleza, libre del fragelo de las violencias de género.

Las violencias de género son violencias estructurales; por lo tanto, exigimos al gobierno:

  • Alto al autoritarismo.
  • No al desmantelamiento del INAMU, CCSS, MEP, ICE, BCR, AyA, INS, PANI y más.
  • Respeto a los derechos laborales sin discriminación de género, como conquistas de la lucha social y popular.
  • No más violencia feminicida, no más impunidad.
  • Respeto a los derechos civiles, sociales y políticos, conquistas alcanzadas fruto de luchas históricas de las mujeres.
  • Respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y una vida libre de violencias para las mujeres.
  • Respeto a los derechos sexuales y reproductivos, y de decidir sobre nuestros cuerpos y vidas.
  • No más persecución ni estigmatización sociocultural contra voces críticas feministas y LGBTIQ+.

¡No a la guerra!
¡No nos han regalado nada!
¡Cada conquista que hemos alcanzado las mujeres ha sido
fruto de luchas feministas y junto a nuestros pueblos!
¡Ni un paso atrás en las legítimas luchas de las mujeres por una sociedad
libre de desigualdad social del capitalismo voraz desde el campo a la ciudad!
¡Desde el río hasta el mar Palestina vencerá!
Movimiento de Trabajadores y Campesinos

Guanacasteca asume Presidencia Suplente del Consejo Universitario de la UNA

Por Dra. Ana Yury Navarrete
Académica
Universidad Nacional

La Doctora Sylvia Arredondo Guevara, destacada académica oriunda de Guanacaste, comunicadora, investigadora y defensora de la educación pública, asumió oficialmente este 11 de diciembre la Presidencia Suplente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), uno de los máximos órganos de gobernanza institucional encargados de orientar las decisiones estratégicas de la universidad.

Su nombramiento constituye un hito para Guanacaste y para el país, al visibilizar el liderazgo femenino en la academia, el empoderamiento de las mujeres en la investigación y la extensión universitaria, y el compromiso institucional con las cero tolerancias hacia la violencia de género: “ El nuevo Estatuto Orgánico de la UNA en proceso de construcción, debe también reforzar un enfoque de derechos, inclusión y equidad, asegurando que todas las personas tengan acceso real y justo a la educación superior, y que la UNA sea un espacio seguro, respetuoso y libre de toda forma de violencia o discriminación”.

La trayectoria de la Dra. Arredondo se ha caracterizado por impulsar espacios seguros, inclusivos y equitativos para las mujeres dentro y fuera de la universidad. Para Arredondo, desde la Presidencia del Consejo Universitario se estará ejerciendo con mayor rigor un papel vigilante y responsable sobre la gestión institucional, una vigilancia que busca fortalecer los procesos académicos, administrativos y estudiantiles, que impacte la acción sustantiva, siempre orientados al mejoramiento continuo y a la excelencia.: “Vigilamos para construir, no para dividir; para orientar, no para obstaculizar”.

Durante la sesión de designación, la acompañaron representantes de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), quienes destacaron su capacidad de diálogo, su visión humanista y su firme defensa de los derechos estudiantiles: “ La UNA debe ampliar y diversificar las formas en que estudiantes, académicos y personal administrativo influyen en las decisiones institucionales, mediante consultas informadas, procesos digitales y espacios permanentes de diálogo, indicó Doña Sylvia: “Nuestro Estatuto debe impulsar la excelencia académica, mediante la actualización de políticas de docencia, investigación, extensión, producción y acreditación interna. La UNA del siglo XXI requiere programas flexibles, interdisciplinarios y socialmente pertinentes”

Su presencia refuerza el compromiso absoluto con la defensa de la autonomía universitaria: “La autonomía no es un privilegio sectorial: es un pilar constitucional que garantiza la libertad académica, la producción de conocimiento independiente y la capacidad de la universidad para servir al país con rigor y pensamiento crítico. Defenderla requiere coherencia, firmeza y transparencia. La autonomía es un pilar que desde la UNA seguiremos defendiendo”, señaló Arredondo, quien destacó la importancia de una gobernanza participativa, moderna, eficiente y transparente, donde el estudiantado se reconoce como aliado fundamental en la transformación universitaria: “Es momento de revisar estructuras, clarificar competencias y eliminar duplicidades para asegurar una toma de decisiones ágil, participativa y con rendición de cuentas efectiva”.

Para la presidenta suplente del Consejo Universitario otro aspecto indispensable y pertinente de darle prioridad en la UNA es la transformación digital institucional, definir y poner en funcionamiento un marco normativo para la educación multimodal, la protección de datos, la infraestructura tecnológica y el uso ético de herramientas como la Inteligencia Artificial

La Dra. Arredondo asume este cargo con una agenda orientada a la excelencia académica, el fortalecimiento de la investigación regional, la extensión crítica con impacto social y la construcción de una Universidad Nacional libre de discriminación, prejuicios, inclusiva y comprometida con el bienestar integral de las comunidades: “Pero junto con estos compromisos internos, es imprescindible reconocer que es nuestra responsabilidad la defensa de los valores democráticos que sostienen la existencia misma de la universidad pública. Es nuestra obligación garantizar nuestro compromiso para que Costa Rica sea ejemplo de estabilidad, paz y educación pública de calidad”.

En tiempos recientes, el país presencia tensiones, discursos polarizantes y dinámicas políticas que, desde distintos espacios públicos, pueden erosionar la convivencia, incentivar el desprecio hacia las instituciones y abrir puertas a la violencia y al odio, en este contexto, según Arredondo, el Consejo Universitario de la UNA tiene el deber constitucional, histórico y moral de alzar la voz: “ Cuando estas señales aparecen, incluso si proceden de autoridades del propio Gobierno, el Consejo Universitario de la UNA no puede guardar silencio, porque no hablamos desde la confrontación política. Hablamos desde la responsabilidad histórica”.

Doña Sylvia en su calidad de autoridad universitaria expresó que, la universidad pública debe ser un contrapeso ético y un espacio de luz ante toda forma de intolerancia, desinformación o ataque a la institucionalidad: “Nuestro deber es denunciar riesgos, defender la pluralidad, proteger la libertad de pensamiento y promover una cultura donde el debate se sostenga con argumentos, no con agresiones; con respeto, no con violencia; con veracidad, no con manipulación. La democracia costarricense no se debilita de un día para otro: se erosiona cuando se normaliza el irrespeto, la polarización, la mentira o la violencia simbólica”.

Arredondo, reiteró que desde la Presidencia del Consejo Universitario de la UNA se reafirma toda la disposición a trabajar con apertura, con diálogo constructivo y con un profundo sentido de servicio público: “La universidad es y debe seguir siendo un referente de libertad, pensamiento crítico, convivencia democrática y compromiso social”, indicó Arredondo.

El Rector de la UNA Dr. Jorge Herrera Murillo, señaló el desempeño de la doctora Sylvia Arredondo y sus capacidades para ayudar estratégicamente al Consejo Universitario en la necesaria comunicación, tanto, a lo interno como a lo externo de la UNA: “ Agradezco a Sylvia porque siempre ha sido garante de estar posicionando temas a nivel político, tanto, en la Asamblea Legislativa como en otras instancias, así como a nivel internacional, de forma que su gestión y experiencia será muy valiosa para este órgano como para la Universidad Nacional”. Asimismo, el Rector de la UNA expresó tanto al Máster Braulio Sánchez Ureña, presidente titular y a la Dra. Sylvia Arredondo Guevara, presidente suplente, la disposición y apertura de la Rectoría de la UNA, para generar los espacios necesarios en aras de construir Universidad”.

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Podemos transformar las relaciones desiguales e injustas con el compromiso personal y social

Kattia Isabel Castro Flores

La cultura ha construido relaciones desiguales e injustas y una de sus manifestaciones se ve de forma clara en los vínculos que se establecen entre hombres y mujeres. La buena noticia es que podemos transformar esta triste realidad por medio del compromiso personal y social en el cultivo del cuidado mutuo, de relaciones respetuosas, equitativas, que reconocen el valor y la dignidad que nos corresponde a hombres y a mujeres por igual.

Solo un par de generaciones atrás las mujeres no podían estudiar, debían casarse a edades tempranas y tener múltiples embarazos y partos. Nuestras abuelas y madres tuvieron vidas marcadas por carencias económicas, pero además por falta de oportunidades para expresar lo que sentían y pensaban. Se limitaba la participación de las mujeres en actividades fuera del hogar, fueran estas de tipo recreativo o de participación comunal.

Se promovía que era virtud en las mujeres ser calladas, obedientes, tímidas y sumisas. Todo lo contrario se pensaba para los hombres, a ellos se les asignaba la libertad de movimiento y de actuación. El ejercicio del liderazgo era parte de su identidad, aunque se pareciera más al autoritarismo. Se autodesignaron los administradores de los recursos económicos familiares.

Muchos hombres hicieron un mal uso del poder que la sociedad les otorgaba y lo usaron para humillar, golpear, intimidar, toquetear y hasta violar a mujeres de sus propias familias, vecinas o conocidas. Muchas mujeres han tenido que llevar adelante embarazos que son resultado de violencia sexual, mientras que otras han sufrido abortos espontáneos y también fruto de agresiones sufridas en el hogar.

¿Conoce usted algún caso de violencia física, emocional, patrimonial o sexual en el entorno familiar o comunitario? Sabemos que lamentablemente la respuesta a esta pregunta es positiva. Tristemente usted y yo podemos ser una de las víctimas. La violencia era y sigue siendo parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad. Frente a la violencia sufrida se guarda silencio porque el dolor es inconmensurable y se piensa, de forma errónea, que es mejor ignorarlo y seguir como si nada hubiera pasado. No puede haber una familia feliz si hay violencia en cualquiera de sus formas, tener que aparentarlo es revictimizar a la persona que sufrió violencia y alcahuetear a quien la ejerció o la sigue ejerciendo. El silencio nos hace cómplices del dolor y el sufrimiento de muchas personas y esto está lejos del amor, la paz y la justicia. Los agresores sexuales deben ser frenados, denunciados y condenados.

Ha llegado el tiempo de romper el silencio y de llamar a las cosas por su nombre: los mal llamados “piropos” son violencia. Los hombres que se masturban delante de niñas, niños y mujeres de todas las edades, ejercen violencia; también los hombres que observan a las mujeres mientras se bañan o se visten. El lenguaje soez de contenido sexual es violencia. El acoso sexual callejero, es violencia. La exposición a pornografía es violencia. El sexo sin consentimiento, aún dentro de la vida de pareja es violencia. La violación es violencia. Compartir en redes sociales fotos de contenido sexual que no fueron creadas con esa finalidad también es violencia.

Las mujeres tenemos derecho y exigimos una familia y una comunidad libre de violencia. Queremos salir a caminar y saber que estamos seguras. Queremos viajar con la alegría de conocer el mundo y saber que solo pasarán cosas bonitas. Queremos salir a divertirnos y regresar a casa cansadas y satisfechas. Queremos sonreír y tener una vida tranquila y en paz.

Leer para no olvidar: memoria feminista y resistencia en el 25N

Por Heidy Valencia Espinoza

Un testimonio que interpela

El 25 de noviembre es una fecha de conmemoración y de lucha para los movimientos feministas. Esta fecha se remonta al asesinato de las hermanas Mirabal, tres mujeres dominicanas que fueron ejecutadas en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo. Desde entonces, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada que en América Latina adquiere matices propios por los altos índices de violencia patriarcal, incluidos los femicidios.

En respuesta a esa violencia, ha cobrado fuerza en la región la organización del movimiento de mujeres bajo el grito de ¡Ni una menos!. En Costa Rica, en los últimos años se han articulado colectivamente las familias que sobreviven a los femicidios, junto con organizaciones feministas, para exigir justicia y mantener viva la memoria de las mujeres asesinadas.

Este año no será la excepción. La convocatoria es a marchar el 25N a las 4 p.m. desde el Parque Central de San José. Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, hasta el 2 de noviembre del año en curso se registraban 32 femicidios en el país, cifra que confirma la persistencia de una problemática estructural.

Una reconstrucción amorosa de la memoria

Al leer El invencible verano de Liliana, de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, encontré una historia que resuena profundamente con las luchas feministas en Costa Rica. Rivera Garza —una de las voces más reconocidas de la literatura latinoamericana contemporánea— reconstruye la vida de su hermana Liliana Rivera Garza, víctima de feminicidio en 1990 en Azcapotzalco, México.

El libro combina los géneros del testimonio, la crónica, el archivo y la memoria para recuperar la voz de Liliana, no solo como víctima, sino como mujer libre, creativa y soñadora. La autora muestra que hace tres décadas ni siquiera existía el lenguaje para nombrar la violencia machista, y que la escritura puede ser una herramienta de justicia simbólica y colectiva.

El feminicidio de Liliana ocurrió antes de que la antropóloga y feminista Marcela Lagarde acuñara el término “feminicidio”, que se popularizó en la década de 1990 para referirse a los crímenes de mujeres cometidos en contextos de impunidad y desigualdad estructural. En México, el feminicidio no fue tipificado como delito hasta 2012, cuando fue incorporado en el Artículo 325 del Código Penal Federal.

Rivera Garza, al mezclar memorias personales, documentos y testimonios, logra articular una denuncia que es también una reconstrucción amorosa con la cual escribir se convierte en un acto de resistencia contra el olvido.

De México a Costa Rica: una violencia sin fronteras

El caso de Liliana, ocurrido hace más de tres décadas, sigue resonando en América Latina. Su historia dialoga con una realidad compartida donde persiste la violencia patriarcal y la impunidad. En Costa Rica, las cifras de femicidio muestran una tendencia preocupante, mientras las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes.

La situación nacional se agrava por el debilitamiento institucional del INAMU, los recortes presupuestarios y la aprobación de políticas que profundizan la precariedad laboral —como las jornadas 4×3— que afectan especialmente a las mujeres trabajadoras. Esta combinación de factores evidencia que el problema no se limita a la violencia individual, sino que forma parte de un entramado político y social que desprotege a las mujeres y favorece la impunidad.

Cada caso de femicidio revela el mismo patrón, detrás de cada cifra hay una historia interrumpida, una familia desgarrada y una comunidad que se organiza para exigir justicia. Los recientes femicidios de mujeres jóvenes conmocionan al país y reactivan la demanda por respuestas urgentes frente a un sistema judicial que, con frecuencia, revictimiza y desatiende.

Ante esta realidad, son las familias, amigas y comunidades quienes han asumido la tarea de mantener viva la memoria. Al igual que Cristina Rivera Garza transformó su duelo en una escritura de resistencia, en Costa Rica las familias de víctimas han convertido el dolor en fuerza colectiva junto a organizaciones feministas y de mujeres.

Así, las historias de Liliana en México y de tantas mujeres en Costa Rica se entrelazan como parte de una memoria feminista latinoamericana, una memoria que no olvida, que nombra y que insiste en que vivir libres de violencia no puede seguir siendo un privilegio.

La literatura como resistencia y como acto de amor

El invencible verano de Liliana es, sobre todo, un ejercicio ético de memoria. Escribir, para Rivera Garza, es una forma de reparación simbólica y de justicia. En sus páginas, la autora denuncia la carga de culpa impuesta a las familias de las víctimas —culpa que no es individual, sino social— y señala al patriarcado como estructura que reproduce la violencia y el silencio.

La dimensión estética del libro amplifica su fuerza política. La literatura se vuelve un territorio para restituir humanidad a las mujeres asesinadas, devolverles nombre, sueños y dignidad. En ese sentido, el arte y la memoria se funden en un mismo propósito: no olvidar.

Leer para no olvidar

En un contexto donde la violencia machista continúa arrebatando vidas, leer también es una forma de resistencia. Leer y recordar son actos políticos. El invencible verano de Liliana nos recuerda que las palabras pueden ser refugio, pero también trinchera.

Como escribe Rivera Garza:

“Somos ellas en el pasado, somos ellas en el futuro, y somos otras a la vez. Mujeres en busca de justicia. Mujeres exhaustas, y juntas. Hartas ya, pero con la paciencia que solo marcan los siglos. Ya para siempre enrabiadas.”

Marchar, escribir, acompañar, recordar, todo ello es parte del mismo gesto de amor y de justicia. Porque, como nos enseñó Liliana, aun en lo más profundo del invierno, hay un verano invencible.

Colectivos feministas exigen investigación y transparencia en el INAMU ante denuncias de manipulación política

Diversas organizaciones feministas han manifestado públicamente su preocupación ante denuncias sobre el presunto uso político de recursos y acciones del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Las declaraciones señalan que esta situación vulnera la credibilidad institucional y los derechos de las mujeres, en un contexto de creciente instrumentalización de los temas de violencia de género con fines político-electorales.

El documento titulado “¡Qué vergüenza la presidenta ejecutiva del INAMU!”, difundido por la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, detalla que desde 2022 el INAMU ha sufrido un proceso de debilitamiento institucional, vinculado a recortes, cierres de programas y decisiones administrativas que —según denuncian— han afectado su misión de protección a las mujeres. La red solicita la separación de sus cargos de la presidenta ejecutiva Yerlin Zúñiga y de la funcionaria Claudia Blanco, por presunto uso indebido de recursos institucionales y participación en hechos que podrían configurar delitos de coacción o soborno, vinculados a intereses político-electorales.

Por su parte, la Coalición Feminista emitió el pronunciamiento “El cuerpo como moneda política”, en el que cuestiona el uso del discurso sobre violencia sexual como herramienta de manipulación política, señalando que “no se negocia con nuestros cuerpos, no se lucra con nuestro dolor, y no se juega con la dignidad de las mujeres por conveniencia política”.

A su vez, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía, en su declaración “Una fecha de horror”, repudia la utilización del cuerpo de las mujeres como “moneda política y territorio de abuso y control en esta campaña electoral de 2025”. La organización demanda la separación del cargo de las personas denunciadas y condenadas por delitos sexuales, incluyendo figuras del gobierno, y reclama que el INAMU retome el liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica y América Latina.

El Comité de Auditorías Sociales, por su parte, respaldó las denuncias, expresando que la instrumentalización de la violencia sexual como estrategia política representa un grave retroceso en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y desvirtúa la legitimidad de las denuncias de las víctimas reales de violencia.

Llamado conjunto a la acción

Las cuatro organizaciones firmantes —la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, la Coalición Feminista, la Colectiva Profesionales para la Ciudadanía y el Comité de Auditorías Sociales— coinciden en exigir:

  1. Separación inmediata de sus cargos de las funcionarias denunciadas del INAMU, hasta que se realicen las investigaciones correspondientes.
  2. Apertura de una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades competentes.
  3. Restablecimiento del funcionamiento pleno del INAMU, garantizando su independencia y compromiso con los derechos de las mujeres.
  4. Fin a la manipulación política de la violencia de género, reafirmando el respeto a las víctimas y al principio de justicia.

“Las mujeres víctimas de femicidios, sus hijas e hijos sobrevivientes y miles de mujeres que viven situaciones reales de agresión no merecen este atropello, mucho menos de parte de la institución llamada a defenderlas y protegerlas”, es el espíritu que unifica los comunicados.

Imagen: https://concepto.de/movimiento-feminista/