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Etiqueta: violencia patriarcal

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

  • La Declaratoria de Emergencia.
  • Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
  • Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
  • La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
  • La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.

Marcha contra la violencia patriarcal

Retomemos las calles frente a la emergencia nacional por femicidios
Sábado 13 de julio, 1:00 pm, Parque de la Merced

En las últimas semanas han aumentado los femicidios y desapariciones. La violencia machista ha asesinado a decenas de mujeres, inclusive con ensañamiento hacia muchos de los cuerpos de las víctimas. Acompañamos el dolor y el reclamo por justicia de sus familiares y personas allegadas. Al 13 de junio habían ocurrido 29 muertes violentas de mujeres, 10 calificadas como femicidios y 18 pendientes de clasificar.*

Declaramos que se está viviendo una verdadera emergencia nacional por la violencia machista, que va más allá de los insuficientes mecanismos del gobierno e instituciones como el Poder Judicial, la Policía y el actual INAMU. Señalamos su responsabilidad en la profundización de la pobreza y la precarización de la vida, en la informalidad del empleo; que afectan de manera desigual a las mujeres y están en la raíz de las diferentes formas de violencia machista. El gobierno no cumple con los convenios internacionales que Costa Rica suscribe sobre los derechos de las mujeres.

Reconocemos que distintas instancias se han pronunciado sobre la situación de emergencia ante el aumento de violencia patriarcal y los femicidios.

Denunciamos los recortes en áreas importantes para la atención de la violencia hacia las mujeres, como el del 10% en el presupuesto de la Red de Cuido, en la educación pública, en el acceso a la vivienda y al agua potable, se ha vaciado a las Oficinas de las Mujeres en las municipalidades; estos elementos precarizan la vida de miles de mujeres y genera condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia.

Exigimos impuestos a las grandes empresas para generar acciones eficaces y mayores presupuestos para atender, prevenir, y sancionar la violencia hacia las mujeres. Llamamos a reorganizar y unificar en las acciones al movimiento diverso de mujeres para retomar las calles y protestar, que volvamos a ser actoras sociales ante este gobierno machista y explotador. Volvamos a pelear en las calles donde hemos obtenido victorias, con independencia de los partidos machistas, conservadores y explotadores.

Hacemos el llamado a construir una gran movilización feminista por todos nuestros reclamos contra la violencia machista el sábado 13 de julio a la 1pm saliendo del Parque de La Merced a la Plaza de la Democracia. Llamamos a las mujeres, activistas y organizaciones feministas a sumarse a esta marcha, a seguir gestando luchas en las distintas regiones del país y a seguirnos organizando.

¡Ni una Menos, justicia para las que ya no están!

*Datos del Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia.

Marcha contra violencia patriarcal

Las agrupaciones promotoras se encuentran promoviendo que más organizaciones firmantes apoyen la iniciativa para protestar en las calles frente a la emergencia nacional por femicidios y violencia patriarcal.

La marcha se llevará a cabo el sábado 13 de julio de 2024, en San José a la 1:00 pm con salida desde el Parque de La Merced y finalización en la Plaza de la Democracia.

Se llama a construir protestas en todo el país. El formulario para sumarse a la iniciativa está en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxE6hcOVMvG9-_0lMe1OFG7Lmv8WawyEo87DHFiDpnl8TUUw/viewform?usp=sf_link

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

8M en Costa Rica

San José fue tomada por cientos de mujeres hermanadas a otros y otres afines al accionar y pensar de diversidad de feminismos, vibrando de dignidad, sororidad, coraje, consciencia y determinación denunciando violencias patriarcales, colonialistas y capitalistas del Estado costarricense y otros estados de la región. 

Además, de manera simultánea en otras provincias se impulsaron marchas y otras acciones conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. 

Centroamérica se pronuncia respecto a la crisis climática y sus afectaciones a la región

El viernes 22 de octubre finalizó el XII Encuentro Regional del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida. En el evento de cierre se dio lectura al posicionamiento regional construido a partir de los diálogos y reflexiones que tuvieron lugar en el encuentro y con el aporte de todos los países centroamericanos participantes. 

En este posicionamiento las más de 200 organizaciones centroamericanas que conforman el Foro reconocen y denuncian al sistema capitalista y patriarcal como responsable de la destrucción de la naturaleza y por ende de la crisis climática. Además de ser un modelo económico que produce y acrecienta la desigualdad social, factor causante de la mayoría de los desastres naturales en la región.

Además, se denuncia que las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, campesinas e indígenas, son de las poblaciones más afectadas y vulnerables frente a los efectos de la crisis climática por su condición desigual en el sistema sexista y patriarcal. Sin embargo, las mujeres siguen siendo excluidas de los espacios de toma de decisiones y creación de políticas alrededor del tema. 

Por lo tanto, entre las demandas de la región se encuentran: El fortalecimiento de sistemas de protección civil, que implica pasar de una gestión de la emergencia reactiva a una gestión preventiva y de protección de las víctimas de los desastres. Por otro lado, la gestión del territorio con una visión ecosistémica, en donde las políticas públicas de ordenamiento territorial se desarrollen con enfoque ecológico. “Es decir no podemos seguir echando cemento a las zonas que son de recarga de agua, con escenarios de cambio climático en donde la reducción de precipitaciones en el presente siglo se va a materializar, no podemos seguir construyendo el desarrollo del desastre, hay que ordenar el territorio con esa visión ecológica” comenta Carolina Amaya, representante de El Salvador. También se exige que los Estados deben diagnosticar y conocer a las poblaciones más vulnerables a los efectos de la crisis para generar acciones en miras a garantizarles una vida digna. 

En el tema de género se demanda una real participación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión, así como acceso a una justicia contra la violencia patriarcal que no victimice, sino que dignifique a las mujeres. Además, se exige un acceso a la tierra, al conocimiento y a los recursos de manera equitativa. 

La ratificación por parte de los Estados del Acuerdo de Escazú es una de las principales exigencias del Foro. “Durante el encuentro ha surgido un tema recurrente que tiene que ver con la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en la región. Centroamérica lastimosamente se ubica como una de las regiones más peligrosas para la defensa de los derechos humanos. De manera que a nosotros nos parece fundamental que los estados avancen en la aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú” explica Jeffery López, representante de Costa Rica.

Como Foro también se realizaron algunas propuestas como la generación constante de conocimiento científico en la región en el tema, la participación de las comunidades en los espacios de toma de decisión que promueva la creación de soluciones basadas en los territorios, la promoción de un enfoque intergeneracional que incluya a las agendas de las juventudes, la creación de políticas públicas de prevención y mitigación en los gobiernos locales y una mayor educación climática.  Por último, el Foro cerró con una llamado a la acción, señalando que solo desde la organización de movimiento sociales y comunidades podremos resistir como región a los efectos de la crisis climática.