Ir al contenido principal

Etiqueta: violencia social

¿Dónde nos encontramos?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

A lo largo de estos años en los cuales he compartido mis reflexiones y análisis, un tema ha sido recurrente no solo por su importancia sino porque ha aumentado en intensidad.

Me refiero a la pérdida del espacio público en Costa Rica como constructor de sentido, de pertenecía y de socialización. Esas ideas también. Las he expuesto a los medios de comunicación que me consultan cada cierto tiempo por la violencia en carretera, la ausencia de diálogo y cortesía, la ira tras el volante.

En el país es claro que algo ha cambiado. Una rápida revisión a las notas de los medios de comunicación nos habla de ajusticiamientos, balaceras, zafarranchos y otras acciones en los que media el conflicto, la defensa de territorios y negocios ilícitos y la disputa por ese espacio público donde antes se construía comunidad y horizontalidad.

Hoy hay miedo a salir, a encontrarnos. Es cierto que la proliferación de actividades relacionadas con la naturaleza como el senderismo, por ejemplo, resultan una alternativa posible más no al alcance de todos y todas. Algo tendremos que hacer para volver a encontrarnos.

Pero si esto pasa a nivel general, siento mucha perplejidad al notar que en actividades que debieran mostrar vigorosidad en ese espacio público amplio y necesario, la tendencia más bien es, al contrario.

Hablo por ejemplo de mi universidad, a la que quiero tanto. Mi impresión es que ese espacio público ha sido pulverizado por las formas. Ciertamente las tecnologías de la comunicación, las transformaciones en las dinámicas laborales y los efectos desactivadores de la pandemia han producido cierto “achatamiento” de ese espacio necesario. Es que ya ni en las propias redes institucionales nuestras podemos hablarnos, porque no hay lugar para el debate en ellas.

Es prudente no confundir, desde luego, la amplia y variada oferta de conferencias, mesas redondas, talleres, clases magistrales con eso que yo llamo el espacio público universitario aniquilado. ¿donde nos encontramos? ¿Cómo socializamos? ¿Dónde y cómo discutimos el futuro de nuestra universidad, de nuestras facultades? ¿De nuestras escuelas?

Sé que se hacen esfuerzos, pero no alcanzan. En definitiva, mucha de la despolitización que se siente tiene que ver con esas lógicas de silenciamiento y poco apalabramiento.

Algo urgente como un “Resetearnos” podría ser la respuesta. Resignificar la lógica de las comunicaciones, para que la virtualidad sea una excepción y no la constante, volver a encontrarle al concepto de “opinión”, eso que significa justamente: la emisión de un mensaje, el intercambio de ideas, el fondo por la forma.

Volviendo al nivel social, esas formas de encontrarnos de nuevo son urgentes y necesarias. Reconstruir ese pacto social que una vez fuimos.

Radiografía de la incertidumbre

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una lectura rápida, pero no menos implicada, a algunas noticias aparecidas en medios nacionales los últimos días, permiten constatar el punto de no retorno en una sociedad como la costarricense.

Mientras la realidad campea en lo que podríamos denominar una radiografía de la incertidumbre, quedamos notificados de que la parálisis organizativa y la respuesta persisten sin evidencia de su recomposición.

La ofensiva sociocultural desplegada hace unos años desde sectores conservadores ha dado su resultado más rotundo: la atomización, el secuestro del concepto de pueblo por versiones populistas y perversas hábiles en la comunicación dirigida y sus variantes, así como la naturalización de dimensiones que hasta hace poco eran impensadas en este país, son solo algunos de esos efectos inmediatos y devastadores.

Empecemos por la peor debacle de todas, la pesadilla lapidaria: este país entró en un apagón educativo que está amenazando a amplios sectores de la población.

Si aquella, la de los ochenta, fue la década perdida, estos años sin lugar a dudas serán recordados como el cierre con candado a varias generaciones que fueron confinadas al peor de sus ostracismos.

El cuento se cuenta solo, porque no se parece siquiera a un chiste que es como se diría correctamente la frase: pésima comprensión de lectura en estudiantes de varios niveles y debilidades en la enseñanza de las matemáticas, por causa de malos manejos en las herramientas didácticas por parte de las personas docentes.

El último informe del Estado de la Educación fue todo un obituario. De eso estamos seguros.

En la misma semana que este informe se daba a conocer, los medios de comunicación nos hablaban de la transversalización del enfoque de la violencia en todos sus alcances: en la Costa Rica del chifrijo, cada diez horas ocurre un asesinato, cada nueve días un femicidio, que hasta la semana anterior contabilizaba 27 homicidios de mujeres a manos de sus parejas.

Para aquellos y aquellas acostumbrados a explayarse en ese tan cacareado excepcionalismo costarricense en la región centroamericana, les tengo una noticia: las extorsiones, el cobro de peajes y el desplazamiento violento de familias enteras de sus viviendas por parte del crimen organizado, está ocurriendo en esta tan linda su Costa Rica, la suiza centroamericana. Nada que no ocurra en un barrio empobrecido de San Salvador o Tegucigalpa.

Como si este punto de inflexión no fuera suficiente, las soluciones extremas y populistas parecieran ganar espacio en el inconsciente colectivo atolondrado y mareado por tanto discurso provocador: una mega cárcel resumiría la política social del estado costarricense para acabar con la delincuencia.

Hace muchos años facilitaba en El Salvador un evento de juventudes centroamericanas sobre participación política. El caso de la delegación tica era contundente: su desprecio por las demás delegaciones y su poca vinculación con el resto, les hizo granjearse rápidamente una percepción negativa de parte del resto.

Hoy esa actitud arrogante y proponente debe ser abandonada y transitar hacia una humilde escucha de quiénes han experimentado esos viajes de los cuales no han regresado.

Mirar por encima del hombro y con arrogancia al conjunto de la región, no es opción. Nos hemos estandarizado. Reconocerlo es el primer paso para la reparación de eso que alguna vez fuimos.

¿Conoce profesionales o estudiantes de psicología? Por favor compártale este pronunciamiento para firmar…

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN AD-HOC SOBRE VIOLENCIA SOCIAL DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA SOBRE EL GENOCIDIO EN GAZA Y SOBRE LA PROPUESTA DE UN TLC CON ISRAEL

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR), por medio de su Código de Ética y Deontológico, es explícito en manifestar los principios orientadores de la labor de nuestra profesión.

Así, en los CONSIDERANDOS se estipula que “Por ser la psicología una ciencia social y una ciencia de la salud, debe responder integralmente a los intereses y necesidades del ser humano y de la sociedad, como un todo interrelacionado, con el fin de propiciar el bienestar personal y colectivo para el logro del bien común en un ambiente sano y sostenible”.

En el ARTÍCULO 5 se manifiesta que “Toda persona colegiada deberá regirse por los principios de respeto a las personas y colectivos, que tienen como base el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos; unido a lo anterior, propiciará la conciencia, la paz, la justicia y un ambiente sano, que promueva el bienestar individual y social”.

Además, su ARTÍCULO 6 reza que la disciplina debe, inciso c) “Contribuir con la construcción de una cultura de paz y de una sociedad consciente y democrática…” y en el inciso h) “Identificar y procurar la transformación de las relaciones de poder donde exista la opresión y la violencia, procurando una sociedad justa, solidaria, equitativa y con igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de los seres humanos”.

Es decir, para el Colegio como un todo y para cada una/o de sus integrantes, es un deber ético y humano el manifestarse respecto de aquellas situaciones que van en contra de tales principios orientadores y actuar conforme.

Dado lo anterior, como organización profesional comprometida con el bienestar general, no podemos mirar hacia otro lado, como si nada estuviera ocurriendo, ante la tragedia que estamos viviendo en la Franja de Gaza. Todos los días nos enteramos de lo que ahí acontece, lo cual genera angustia, desazón, desesperanza y enojo, y para lo que ya las categorías científicas y humanas se quedan cortas para describir. Literalmente, se sale de todos los parámetros legales, humanos y éticos y se torna muy difícil explicarla o entenderla.

Lo cierto es que estamos presenciando –literalmente- la puesta en escena de algunas condiciones, contradictoriamente, de las más odiosas de la humanidad, como lo son la crueldad y la insensibilidad ante el dolor ajeno, a vista y paciencia del mundo, de las organizaciones y de los países. Se trata, ni más ni menos que de la ocupación, el genocidio y el exterminio de todo un pueblo.

En Gaza se está destruyendo no solo la infraestructura, que es lo más visible, sino también el tejido básico de una sociedad y de un pueblo, como lo son su dignidad, su historia y el elemental derecho a existir. En estas condiciones, cuando todos los esfuerzos se centran en sobrevivir de las bombas o del hambre, es imposible aspirar a una vida sana y enriquecedora. Y, por ende, el bienestar y la salud psíquica de cada persona y de todo el pueblo gazatí simplemente no son viables.

Ante esta tragedia humana, el CPPCR no debe ni puede guardar silencio.

Por todo lo anterior, esta comisión:

MANFIESTA LA MÁS ENÉRGICA CONDENA AL GENOCIDIO, LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS BÁSICOS Y LA BARBARIE QUE ESTÁ OCURRIENDO EN GAZA.

LLAMA A UN ALTO AL FUEGO, COMO PRIMERA MEDIDA URGENTE Y EMPLAZA A LOS ÓRGANOS CORRESPONDIENTES DE LA HUMANIDAD, A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALIDA RESPETUOSA Y DURADERA, QUE PROCURE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS PROVOCADOS. TODO ELLO, CON LA PARTICIPACIÓN PLENA DEL PUEBLO GAZATÍ.

ASÍMISMO, INSTA AL GOBIERNO DE COSTA RICA A NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE FIRMA DE UN TLC CON EL GOBIERO DE ISRAEL. DADAS LAS CONDICIONES, CONSIDERAMOS QUE ESE SERÍA UN PASO IMPROCEDENTE, IRRESPETUOSO E INSULTANTE PARA LA DIGNIDAD DEL PUEBLO PALESTINO Y UN INADMISIBLE AVAL A LA ACTUAL POLÍTICA ISRAELÍ; ADEMÁS DE DEJAR A NUESTRO PAÍS MUY MAL PARADO, DADA SU HISTORIA Y TRAYECTORIA DE BÚSQUEDA DE LA PAZ Y EL RESPETO DE LOS DDHH.

FINALMENTE, INVITA A OTROS COLEGIOS PROFESIONALES PARA QUE TAMBIÉN SE PRONUNCIEN AL RESPECTO.

Si es estudiante o profesional de psicología puede seguir el enlace para dar su apoyo al pronunciamiento.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkAQiiV_IHWTXMHM7CPL8xtnA_dLcXS3TlvRQAvdUZrYKVJQ/viewform?usp=dialog

Imagen sobre cultura de paz con fines ilustrativos: UNESCO.

Comisión ad-hoc renuncia tras negativa de Colegio de Psicología adenunciar genocidio en Gaza y rechazar TLC con Israel

La Comisión Ad-Hoc para el abordaje de la violencia social en Costa Rica presentó el 28 de agosto su renuncia irrevocable a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología.

Durante más de un año, la Comisión elaboró pronunciamientos, realizó una encuesta entre el gremio, organizó un encuentro presencial y trabajó en una caja de herramientas para el reconocimiento y enfrentamiento de situaciones de violencia. Según expresan en su carta, su labor se orientó a visibilizar y proponer acciones frente a distintas expresiones de violencia que afectan a la población.

La renuncia se produce tras la negativa de la Junta Directiva de respaldar un pronunciamiento en el que la Comisión denunciaba el genocidio en Gaza y rechazaba la iniciativa del actual gobierno de suscribir un tratado de libre comercio con Israel. La Comisión señala que no es posible mantener neutralidad ante hechos de violencia y cuestiona la posición de la Junta de no pronunciarse.

En la carta, las personas firmantes afirman que continuarán su trabajo de manera independiente, en contacto con el gremio y la sociedad, con el propósito de contribuir a frenar las condiciones que favorecen una cultura de violencia.

La misiva fue suscrita por:

  • Marco Vinicio Fournier Facio

  • Mónica Vul Galperin

  • Oscar A. Valverde Cerros

  • Laura Sánchez Calvo

  • José Manuel Salas Calvo

  • Ana Leonor Ramírez Montes

  • Mabel Ramírez Pérez

  • Ignacio Dobles Oropeza

  • Juan Carlos Morales Quirós

Puede consultar el documento original completo en este enlace: Carta de renuncia

Imagen con fines ilustrativos: UNESCO.

El caso Celso Gamboa y su relación con la situación socio-política de Costa Rica

Por: Allen Cordero Ulate1

1 Sociólogo, integrante del Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Ex director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.

El 23 de junio del presente año Celso Gamboa Sánchez, fue detenido a solicitud de la DEA de Estados Unidos; Administración de Control de Drogas. Esta detención se ha convertido en el acontecimiento político más relevante del momento. De todo se ha dado con este caso: el pueblo ríe; el gobierno se sacude; los partidos políticos ya nada tienen que ver con Celso; la DEA sale como el gran ganador. En fin: es pertinente que hagamos un análisis de este escándalo para ver qué conclusiones podemos extraer.

El pueblo ríe

La producción de memes con el caso Celso Gamba es impresionante: algunos muestran fotos de Celso con variados personajes de la política nacional; otros instan a Celso a “soltar la sopa”, o sea, a delatar a otros responsables; otros se burlan de las 10 enfermedades reportadas por este personaje para pedir traslado a una cárcel de mucho menor seguridad; etc. Queda la duda de hasta qué punto Celso Gamboa, a pesar de lo apestado que lo muestra alguna prensa, es un referente para ciertos sectores de la sociedad desaminados por la política actual, pero que ven en esta figura un modelo a seguir, dado su aire triunfador, su éxito en la política tanto legal como la ilegal. En algunos países o regiones los capos de la droga son prácticamente héroes.

Causas y efectos del caso Celso Gamboa

Este sonado caso se puede relacionar con variados aspectos de la realidad nacional e internacional. Sin duda tiene que ver con la situación política nacional pues se inscribe en una disputa de élites socio-políticas. Algunas de estas causas relacionadas con las luchas entre grupos dominantes son muy oscuras. También, tiene que ver con la realidad social del país donde la criminalidad asociada con trasiego y consumo de drogas se encuentra en el punto más alto de la historia nacional. Igualmente, puede relacionarse con aspectos de la economía nacional, donde algunos sectores poderosos se orientan a la economía relacionada con drogas como vía de acumulación de capital. Se puede pensar que hay vasos comunicantes entre la economía legal y la economía ilegal. Este caso también tiene que ver, aunque parezca increíble, con las relaciones internacionales en primer lugar con Estados Unidos. Veamos algunos aspectos de estas situaciones.

Impactos políticos

Los impactos políticos que está teniendo el asunto de Celso Gamboa es muy profundo. No obstante, es difícil saber cuál será el desenlace. Con el tema de las drogas se da paso a una suerte de política oscura o empañada. No se sabe claramente dónde está la verdad y dónde está la mentira. Así como hay una economía “legal” con conexiones oscuras con la economía “ilegal”. Asimismo, se puede pensar, funciona la política: con personajes legales, tales son los casos de las autoridades políticas que se relacionan con otros personajes opacos que trabajan en el oscuro mundo de los negocios de las drogas. Al final los escenarios políticos lucen turbios, sean legales o ilegales.

Algunos de los puntos de tensión política más significativos de la coyuntura actual son los siguientes:

  • Conflicto gobierno versus partidos políticos de oposición.

  • Conflicto gobierno versus otros poderes estales (judicial, legislativo, y Tribunal Supremo de Elecciones).

  • Conflicto gobierno versus prensa tradicional y alternativa.

Parece un conflicto desigual pues enfrenta a un presidente que se muestra junto a una mujer fuerte diputada; enfrentados contra el poder de múltiples actores visibles o invisibles que se escudan tras las instituciones, los partidos políticos tradicionales y también en la prensa. Pareciera un conflicto donde el presidente y su principal aliada tiene todas las de perder puesto que “todo el mundo” está contra él y ella. Pero no es tan así, por el no tan simple hecho de que este equipo, goza de una amplia popularidad, que si bien se ha desgastado producto de su accionar político, está lejos de haberse destruido. Antes bien, representa un inminente riesgo de continuidad.

¿Qué tiene que ver el caso de Celso Gamboa con toda esta situación? En que el gobierno y en particular, la figura del presidente está siendo una de las más señaladas con vínculos con el apestado de Celso Gamboa. En las redes, por ejemplo, están circulando videos de cuando el personaje devenido en desgracia se dirige a la casa del presidente en el exclusivo condominio Monterán. También están siendo acusados funcionarios muy cercanos al presidente: un ministro y un asesor. El presidente niega su relación con Celso Gamboa, pero le están lloviendo múltiples acusaciones.

¿Irá a venirse el gobierno abajo con el caso Celso Gamboa? Pudiera venirse abajo jurídicamente pero no políticamente. Al menos en este momento. O sea, no se puede descartar que al presidente se le levante su inmunidad y se le vea sometido a una batería de juicios, o bien, que salga huyendo del país poco antes de terminar su mandato o inmediatamente después de terminarlo. Es posible y hay muchos rumores el respecto. A ciencia cierta es difícil emitir un pronóstico político respecto a Rodrigo Chaves. Pero lo que hasta el momento aparece con un importante grado de solidez es que sigue conservando una importante popularidad en sectores populares, principalmente de los barrios más pobres de la ciudad y de las provincias dejadas de lado por el “desarrollo nacional”: Limón, Puntarenas y Guanacaste.

En esto último que hemos dicho, “dejados de lado por el ‘desarrollo nacional´” está una de las claves del éxito populista de derecha de Chaves. Es decir, Chaves sabe utilizar muy bien el desencanto de las clases populares más pobres con la política tradicional. Es un desencanto muy profundo que tiene que ver con el propio subdesarrollo capitalista que ha venido hundiendo en la miseria y la ausencia de oportunidades para estos sectores, todo esto profundizado por las políticas neoliberales. Obviamente, los partidos tradicionales, incluyendo a los partidos “progresistas”, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), son corresponsables de la aplicación de estas políticas. También las instituciones adscritas al poder legislativo, y electoral son corresponsables de estas situaciones adversas. Chaves, hábilmente ha venido canalizando este descontento e incluso intentando dar golpes institucionales, cosa insólita, contra el poder judicial y otros poderes. La debilidad política de Chaves es que no ha logrado que el apoyo que aparece en las encuestas se traduzca en apoyo callejero.

Las políticas de Chaves son derechistas porque al mismo tiempo que se lanza contra grupos privilegiados, aplica las mismas políticas neoliberales, como es priorizar el pago de la deuda interna y externa, de manera simultánea que ahoga instituciones y políticas como la CCSS, el gasto social, en temas como educación y vivienda. Además, se apoya en prejuicios muy arraigados en sectores populares, como la homofobia, la defensa a secas de la vida, que en palabras llanas significa la oposición al aborto, la xenofobia, etc. Aparte de elementos subjetivos como es hablar en tono pachuco, violento, o en tono de guaro vaquero de cantina.

El alza en la criminalidad

El caso Celso Gamba también se conecta muy bien con el asunto del crecimiento de la criminalidad ya que tiene que ver con trasiego de drogas. Gran parte de las violencias está relacionado con asuntos de drogas.

El indicador más usado para medir la situación de criminalidad de un país es el de homicidios dolosos. Los últimos años muestran una fuerte tendencia al alza. Siendo el 2023 el año más violento de la historia con 905 homicidios. En el 2024, la cantidad de homicidios bajó muy levemente pues hubo 880 homicidios; 25 menos que el año anterior (Semanario Universidad, 6.01.2025). Pero, julio del 2024 fue el más violento de la historia nacional con 80 víctimas; un 17,5 más que en el 2023. (Semanario Universidad, 05.08.2024). Ver: https://semanariouniversidad.com/pais/con-880-homicidios-2024-cerro-como-el-segundo-ano-mas-violento-de-la-historia/ y https://semanariouniversidad.com/pais/este-mes-de-julio-fue-el-mas-sangriento-en-la-historia-de-costa-rica/)

De acuerdo con algunos organismos especializados y también de lo que llega por fuente de la prensa y de los relatos, incluso vivenciales en nuestros barrios; buena parte de los homicidios se relacionan con temas de drogas. Así en un estudio, del Observatorio de la Violencia adscrito al Poder Judicial de Costa Rica, mostró que un 70% de los homicidios ocurridos en el 2024 tenían que ver con móviles de ajuste de cuentas o venganzas. El resto de los homicidios tenía que ver con discusiones o riñas (14%). El restante 16% se distribuía entre causas como la comisión de otro delito, la llamada “violencia doméstica” y otros. (Ver: https://observatorio.mj.go.cr/recursos/tablas-y-graficos)

En general, la vida social costarricense se ha hecho más violenta, principalmente relacionada con drogas como causa inmediata. Pero también por la realización de otros delitos o porque se utiliza la violencia para resolver diversidad de conflictos. Esta situación viene a afectar profundamente la calidad de vida de las personas que ven como un pasado con escasa violencia social se les escapa de las manos sin poder hacer prácticamente nada.

Otro indicador significativo de la violencia es la de género. En los dos primeros meses de 2025 se registraron 10 femicidios, o sea, la tercera parte de los ocurridos durante el 2024, año en que hubo 30 femicidios. (En: https://semanariouniversidad.com/pais/solo-dos-meses-del-2025-pais-alcanzo-una-tercera-parte-de-los-femicidios-del-ano-anterior/).

En un contexto como el de Costa Rica donde se supondría que los femicidios no existieran o tendieran a la baja, pues se supone que es un país avanzado en términos de relaciones de género, así como en términos de legislación; la situación es claramente adversa. Muchos de estos crímenes se revisten de formas de violencias extremas, donde las víctimas son sujetas de muertes muy dolorosas, alevosas, como descuartizamientos, entre otros.

Otro sector que no se debe olvidar cuando se hace un recuento de los efectos sociales de la criminalidad, definitivamente es la juventud. Una importante cantidad de víctimas viene de este sector. El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga así lo ha venido enfatizando. Este funcionario dio las siguientes cifras: “(es)…doloroso la cantidad de menores de edad que están falleciendo”, pues se están muriendo”. Se refiere a las víctimas del 2024. O sea, un 39,7% se trató de jóvenes entre los 12 y los 29 años. (Semanario Universidad, 06.01.2025).

Por su parte, el presente año, 2025, no pinta nada bien. De acuerdo con la OIJ, la cantidad de personas asesinadas hasta mayo del presente año ya superó la del 2024 la del 2023, para esta misma fecha, Esto significa que a mayo del 2025 se registraban 370 homicidios, siete más que el año anterior, en el cual ocurrieron 880 homicidios en total, el segundo peor registro en la historia, solo superado por el 2023.” (LN, 02.06.2025) En: https://www.nacion.com/sucesos/homicidios-en-costa-rica-en-el-2025-ya-superan-los/KWRZYFGGK5HIDFF5ZD3KKCT3CM/story/)

Economía del narco

De acuerdo con el “Informe Mundial sobre las Drogas 2025” elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por las siglas en inglés); Costa Rica aparece entre las principales rutas marítimas para el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Norteamérica.

Este informe se publicó el pasado 26 de junio. En el mismo se analiza el narcotráfico y el consumo de drogas en diferentes modalidades. Así, “…Costa Rica forma parte de una de las principales rutas del trasiego de cocaína proveniente de Ecuador, por aguas del pacífico. En tanto, en aguas caribeñas, la influencia es ejercida por los envíos desde Colombia.” Igual se indica que la mayor parte de los países centroamericanos forman parte de estas rutas.

Todo esto en un contexto de economía internacional de la cocaína que muestra un crecimiento de la producción que sería envidiable para cualquier actividad económica. De acuerdo con el informe citado, la producción de cocaína a nivel mundial experimentó un crecimiento récord llegando en 2023 a 3738 toneladas, lo que significó un incremento de casi el 34% respecto al 2022. (CRHoy, 01.07.2025; En:https://crhoy.com/costa-rica-entre-las-principales-rutas-para-el-trafico-maritimo-de-cocaina-expone-informe-de-onu/). La razón de este crecimiento es por supuesto, el aumento exponencial del consumo en Estados y Europa. Además, es un mercado en expansión hacia países asiáticos y africanos. Se estima que actualmente hay unos 25 millones de consumidores en el mundo. En el caso costarricense también hay un mercado interno. Buena parte de la criminalidad nacional tiene que ver con mercado interno.

Las tasas de ganancia en este negocio parecen ser exorbitantes pues un kilo de cocaína en Costa Rica cuesta entre 4000 y 4500 dólares. En tanto que en Europa cuesta entre 30000 y 35000 dólares. O sea, unas 7,5 veces más. (El Observador, 18.06.2025).

Se han vuelto pan de cada día las noticias relacionadas con incautaciones de drogas. El gobierno dice que las incautaciones son históricas, mientras que las fuerzas críticas al gobierno denuncian que los decomisos han disminuido significativamente. Los cierto es que los cargamentos son impresionantes. Así, por ejemplo, una noticia reciente del 9 de junio 2025 informa de una incautación de 3500 paquetes de droga, esto es 3,5 toneladas. (La Nación, 09.06.2025). En: https://www.nacion.com/sucesos/cae-enorme-cargamento-de-cocaina-en-contenedores/OWET54SKLVCV7KNC4ARCQRSNME/story/). Por lo tanto, con un valor de entre 105 y 122,5 millones de dólares. En colones sería la gigantesca cifra de unos 5 mil millones, en caso de ser calculado al valor menor de 30 mil dólares el kilo.

No se tiene datos del valor de la droga realmente colocada en los mercados internacionales. Pero, los datos de las incautaciones pueden servir de indicativos para estimar los valores monetarios de lo que se está moviendo.

Volviendo al caso de Celso Gamboa, a quien la DEA lo tiene como el líder en Centroamérica del Clan del Golfo para Centroamérica, él estaría recibiendo entre 500 mil y 2 millones de dólares mensuales por sus servicios. (CRHoy, 03.07.2025) O sea, estamos al frente de un pez muy gordo. De acuerdo con la nota anterior Celso fue reclutado desde el 2019 por un grupo dedicado a este negocio. Aparentemente la DEA venía dándole seguimiento desde el 2020. Hasta que se culmina con la solicitud de extradición.

La DEA y el imperialismo

La Ley de Extradición, que permite la deportación de costarricenses por presuntos casos de narcotráfico y terrorismo, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de noviembre del 2024. Contó con el voto afirmativo de 44 personas diputadas. No hubo ningún voto en contra. Las restantes 13 de diputaciones no votaron por oposición si no por ausencia. Incluso, el Frente Amplio, al que se le tiene por la oposición de izquierda, votó a favor de dicha ley por medio de las cuatro diputaciones que en ese momento estaban presentes en el plenario. De manera que así de fácil fue reformada la Constitución Política que expresamente en su artículo 32 prohibía la extradición de nacionales.

Solamente algunas voces aisladas denunciaron la Ley de Extradición diciendo que mediante esta reforma de la Constitución Política se le permitía a Estados Unidos ejercer plenas potestades sobre personas costarricenses para calificarlas de narcos o terroristas. Téngase en cuenta que Estados Unidos utiliza, especialmente el calificativo de “terroristas”, con amplia discrecionalidad. Por ejemplo, para Estados Unidos prácticamente por solamente simpatizar con la causa palestina se es terrorista.

Con la detención de Celso Gamboa ha quedado claro que eso era lo que buscaba Estados Unidos desde hace buen tiempo. Justamente el 4 de febrero del presente año, Marco Rubio en su visita a Costa Rica colocó como uno de sus principales puntos de agenda la “ayuda” de la DEA y el FBI para el combate del narcotráfico, hablando expresamente de involucrar estos organismos para trabajar conjuntamente a los equipos nacionales de seguridad. (El País, 04.02.2025). Cosa que, en lo que respecta al caso Celso Gamboa, ya venían haciendo desde el 2020.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha actuado en complacencia de Trump en esta y otras políticas. Este gobierno se manifiesta conforme su carácter completamente obediente a lo que le dicte Estados Unidos.

Si bien el imperialismo estadounidense se manifiesta muy cauteloso en sus relaciones internacionales, principalmente cuando se habla de China, en el caso de Centroamérica no ha tenido empacho en golpear la mesa obteniendo lo que quiera. Ha sido la tónica de casi todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, que ejecuta una política internacional oportunista pues si bien no rompe con Washington, al mismo tiempo profundiza sus relaciones con China y Rusia. Por su parte, en Panamá ha habido una huelga de personas profesoras y maestras que ha durado más de dos meses, y numerosas protestas a los largo y ancho del país, siendo uno de sus puntos el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá. Por tanto, en Panamá, las políticas de Trump están contribuyendo fuertemente a la crisis nacional. Panamá muestra el camino de la resistencia y la lucha social.

La Ley de Extradición es una muestra de cómo el imperialismo impone su voluntad política en un país semi colonial como lo es Costa Rica. Donde existe un gobierno completamente servil a lo que dicte el amo del norte.

¿Debería tener el movimiento obrero y popular un conjunto de políticas sobre temas como los de Celso Gamboa?

Claro que sí. Debería tener políticas para enfrentar este tipo de acontecimientos. No solamente para este caso si no para otros asuntos que se conectan con el tema del tráfico de drogas y la criminalidad. Hoy en día el caso Celso Gamba es el que articula la coyuntura política. No sabemos a esta altura si Celso será extraditado o no. Ni cuál será el desenlace de este caso. Pero de lo que si se puede estar seguro es que, en el marco de la economía y la política nacional e internacional, casos similares o conectados, tendrán lugar. Por tanto, es necesario formular políticas para enfrentar la situación.

Un nivel de política puede plantearse en el terreno de la comprensión o explicación del fenómeno. Debemos procurar dar herramientas analíticas críticas al pueblo. Deberíamos poder explicar cómo el narco se inscribe como un eje de acumulación de capital que es aprovechado por grupos dominantes muy poderosos. No podemos creer a los cárteles de las drogas y sus jefes. Los “Celso Gamboa” no deben ser un modelo a seguir. Entendemos que explicar también significa escuchar las voces de nuestros pueblos. Para explicar mejor debemos escuchar.

También en el campo más inmediato de la subsistencia de las personas jóvenes, que constituyen la carne de cañón de los cárteles y las pandillas, deberíamos explicar pacientemente que hacerse integrante de las pandillas que sirven al narco o la criminalidad no resuelve sus problemas de fondo. Más bien puede ser el camino expreso a muertes prematuras. El camino es luchar por empleo de calidad, educación y salud. En última instancia hay que luchar por cambiar la sociedad como un todo, a favor de las clases desposeídas. En mi caso pienso que el socialismo es la solución. Pero debemos dialogar con la juventud trabajadora y desempleada, así como otros sectores, para ver qué proponen y cómo se puede conseguir lo que proponen.

Igualmente, a nivel de las comunidades y los territorios el pueblo debería organizarse en Comités de Seguridad Popular, que trabajen en el campo preventivo de la delincuencia. Algunas tareas de estos comités necesariamente son de seguridad, pero otras tareas conectadas irían en el campo de la mejora de la calidad a nivel a nivel comunitario: centros para deporte y cultura, empleo, acceso a la educación entre otras reivindicaciones sentidas.

Pronunciamiento: Sobre la violencia social y su impacto en la salud mental – Colegio de Profesionales en Psicología

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología y defensor del bienestar psicológico de la población, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples formas de violencia que se presentan en contextos tales como familiares, comunitarios, académicos y laborales a lo largo y ancho del país, afectando gravemente la salud mental, la cohesión social y el desarrollo integral de las personas.

Reconoce que la violencia social se comprende como aquel acto con impacto social que atenta contra la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, llevado a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Estos actos adoptan expresiones complejas que van desde la delincuencia y el narcotráfico, hasta amenazas entre vecinos y formas más sutiles como la exclusión social, la estigmatización, la discriminación estructural y la falta de acceso a recursos y oportunidades.

Estas situaciones generan un clima constante de inseguridad, miedo e incertidumbre, especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, población migrante y personas con discapacidad.

Como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología, hace un llamado urgente a visibilizar y atender las causas estructurales de la violencia social, entre las cuales destacan la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el debilitamiento del tejido social y la ausencia o insuficiente ejecución de políticas públicas integrales.

Reafirma que la salud mental es un derecho humano fundamental que no se garantiza adecuadamente en contextos donde prevalecen el abandono, la impunidad y la desprotección institucional.

Por ello, insta a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y a la sociedad civil a:

  1. Promover espacios seguros, inclusivos y participativos en todos los contextos, en los que se escuche activamente a sus habitantes.

  2. Educar para la convivencia pacífica, la empatía y la resolución no violenta de conflictos desde edades tempranas.

  3. Fortalecer los programas de prevención de la violencia, con enfoque psicosocial, interseccional y basado en derechos humanos.

  4. Impulsar redes comunitarias de apoyo y resiliencia con acompañamiento profesional desde la psicología comunitaria.

  5. Generar accesos reales a servicios de salud mental y atención integral a víctimas de violencia, asegurando recursos humanos y materiales adecuados.

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se compromete a continuar contribuyendo activamente en el abordaje ético, científico y humano de la violencia, destacando que la construcción de una sociedad justa, solidaria y saludable es una responsabilidad colectiva que requiere una acción decidida y sostenida.

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.

La violencia en la dominación política

Juan Huaylupo Alcázar

En el presente son diversas las expresiones conceptuales que tratan de caracterizar la violencia en la dominación política, en el espacio nacional y global, las cuales se usan indistintamente de las formas que adoptan e independientemente de sus contextos, historia y modos como se ejecuta social o clasistamente en las sociedades. Si bien, los diferentes modos violencia, tienen aspectos en común, más allá del enfrentamiento, también debe agregarse que las diferentes formas de violencia no están restringidas a determinadas modalidades, varían según las circunstancias y los contendientes. Así, quienes interpretan la violencia por sus formas, no comparten similares conceptualizaciones ni caracterizaciones.

Reflexionar inicialmente sobre la violencia habría que afirmar que la violencia forma parte constitutiva de la existencia de los seres vivos, es una reacción ante el peligro contra su existencia, o por las condiciones que ponen en riesgo la situación y condición de vida generada por eventuales contendientes. Esto es, la violencia no tiene su origen en sí misma, es propiciada por factores externos, es una acción o reacción agresiva entre actores, donde la razón no constituye argumento para dialogar, diferir, persuadir, conceder o resolver el antagonismo entre los actores en disputa.

La violencia es el lenguaje de salvajes, donde la liquidación física o formal del adversario, es el medio para arrebatar o lograr lo deseado, independientemente de las posibles consecuencias propias y ajenas.

La violencia y sus formas están directamente relacionadas con el contexto donde transcurre y evoluciona, como también en relación con las capacidades organizacionales de las clases o grupos de interés enfrentados violentamente. De este modo, sofocar o erradicar las formas de violencia en la sociedad no son asuntos que se autodefinen, trascienden la belicosidad de los grupos antagonizados. De este modo, creer que existen grupos son intrínsicamente violentos, que deben ser erradicados o exterminados, es un absurdo argumento, que se emplean en medios racistas y genocidas, que se auto justifican, para configurar una violencia infinita entre grupos y pueblos. El exterminio de grupos étnicos, o la violencia social contra los pueblos son creaciones intencionales que ocultan propósitos irracionales e ilegítimos contra la humanidad.

En las formas del ejercicio indiscriminado de la violencia contra los subalternos y grupos que consideran inferiores o contra aquellos que se consideran transgresores del orden constituido, son actuaciones vinculadas con la naturaleza social del Estado, quien tiene el monopolio legitimo de la violencia y que posee todos los medios para regular, controlar e incluso promover, inmune e impunemente, la represión selectiva o generalizada en los contextos sociales del poder, el cual en muchos casos, ha sido una facultad usada para derrocar Estados que representaban el interés general de la sociedad, así como es aún, el medio para que poderes externos transgredan las facultades, derechos y liquiden gobiernos, como hoy son amenazados por la potencia militar, política y económica norteamericana.

El control de la disponibilidad, posesión y del uso de instrumentos de represión y muerte, en la actualidad son vitales y el último recurso para garantizar la dominación y el sometimiento de los pueblos, por ello están exclusivamente concentrados y centralizados en entes y personajes confiables y privilegiados para el mantenimiento absoluto del statuo quo.

No obstante, el Estado no es el único ni exclusivo poseedor de los instrumentos de represión y muerte, en una sociedad contradictoria en permanente antagonismo en las clases y entre clases sociales, en un contexto que no está al margen de la posesión y mercantilización de las armas ni de la actuación beligerante en el medio nacional o internacional. La violencia individualizada o colectiva, es una latente e impredecible posibilidad, con una regularidad que no tiene pausa, que se recrea y es promovida como inherente de la sociedad, para ser configurada como un enfrentamiento de todos contra todos, para que el poder quede incólume y tiranizado, convirtiendo a la violencia y sus actores en medios ideológicos y fácticos del miedo para la dominación. La violencia delincuencial internacional de los carteles de las drogas y otros, no están excluidos de esas tendencias, por el contrario, son parte del proceso porque nutren el mercado de los capitales que controlan las finanzas mundiales y contribuyen con el miedo social, al sacrificar y asesinar a miles de compradores, vendedores y competidores.

Los poderes del Estado como expresiones del poder de intereses de la clase global, en ámbitos de democracias aparentes, tienden en la actualidad a ser unificados, liquidando autonomías en su quehacer institucional para establecer corruptas y cínicas tiranías totalitarias que controlan caótica y delincuencialmente las sociedades, como ocurre en el Perú, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, así como se intenta en Ecuador, Bolivia, Costa Rica, entre otros. En este escenario los funcionarios estatales se convierten en los ejércitos civiles del totalitarismo, con el resguardo militar y policial. Un relativo cambio en el protagonismo de las fuerzas del poder estatal que cumplen funciones similares de protección de la institucionalidad clasista, con creciente explotación, corrupción e inequidad en la desigualdad societal. De este modo el Estado se convierte en un ente administrativo privilegiado del poder y de los capitales mundiales, que con leyes, decretos y mayorías parlamentarias, gobiernan e enriquecen contra la ciudadanía, pueblos y naciones.

Pronunciamiento: La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

Ante la creciente ola de violencia que, en sus diversas manifestaciones, viene sufriendo la población costarricense, retomando la inquietud de una cantidad significativa de sus integrantes acerca del particular y al tenor de la responsabilidad y el compromiso ético de nuestro Colegio, la Junta Directiva del CPPCR, da a conocer públicamente las siguientes consideraciones y propuestas.

Partiendo de que:

  1. Todos los indicadores de violencia muestran una curva de crecimiento a lo largo de los últimos años, con un nivel de generalización que abarca prácticamente cualquiera de sus formas de manifestación.
  2. La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas.
  3. La violencia social se manifiesta de diversas formas, con diferentes actores y escenarios. Sin perjuicio de ello, esa violencia debe ser asumida de manera integral, tanto en sus consecuencias como en sus múltiples orígenes.
  4. Al tener diversas y complejas manifestaciones, resulta contraproducente y peligroso reducir estos grandes fenómenos a una visión “psicologista” de la realidad. Es decir, si bien algunas situaciones pueden y deben ser explicadas y afrontadas con individuos concretos, con sus propias vicisitudes y su “mundo interno”, ello no puede ser desprovisto de su contexto socio histórico que le da sentido. La explicación y abordaje de la violencia incluye una dimensión subjetiva, pero no se agota ahí, debe incluir las condiciones objetivas que la determinan y la explican. Por lo tanto, es imprescindible acudir a una perspectiva social más amplia, que involucra a otras disciplinas y saberes.
  5. La generalización de esta violencia necesita considerar el deterioro de la calidad de vida del grueso de la población. Desde la década de los noventa, todos los indicadores apuntan a un alarmante aumento de la brecha social y un sistemático deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Pasamos de ser un país con amplios sectores medios y baja inseguridad, a ocupar actualmente uno de los peores lugares en América Latina y entre los países de la OCDE. Factores íntimamente asociados a este creciente deterioro son el sistemático recorte de los programas sociales y la concentración de políticas dirigidas a favorecer a pequeños sectores orientados por el clientelismo político, así como el favorecimiento de crecientes procesos de corrupción.
  6. Es evidente que el sistema le ha fallado a amplios sectores de la población, por lo que es evidente un creciente cansancio en la gente, que lleva al resentimiento, al enojo, a la desesperanza y a su escalamiento al no ver resueltas sus necesidades más básicas y al sentirse engañados por la clase política del país. Estos sentimientos son un perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de una cultura de violencia.
  7. Al mismo tiempo, la decepción, el desencanto y el enojo favorecen a su vez alternativas políticas de tipo autoritario, aderezadas con el creciente y alarmante papel del narcotráfico en nuestros países, en los que montan su negocio y reclutan a personas, sobre todo jóvenes. Estas circunstancias han acelerado el proceso de normalización de la violencia y ayudan a legitimarla como forma de interacción social habitual.
  8. Dentro de esta dinámica de creciente violencia, se comprueba el redireccionamiento de las emociones negativas hacia grupos determinados que reciben con más énfasis la carga afectiva y los procesos de exclusión, dirigidos principalmente contra la niñez y la adolescencia, contra personas con discapacidades, contra personas migrantes, contra las mujeres, contra personas LGBTIQ+ y contra personas adultas mayores, entre otras. A este respecto, es sobrecogedora y en niveles de agresividad. Las acciones dirigidas a individuos particulares deben ser entendidas en ese contexto sociocultural más amplio.
  9. A todo lo anterior se abona la actual dinámica de las redes sociales, en las que fácilmente se acusa, se juzga y se sanciona a cualquiera, con derivaciones tan serias como, por ejemplo, el suicidio en personas adolescentes. Del mismo modo, debe contemplarse el aparato mercadológico cada vez más sofisticado y orientado a generar y reforzar patrones compulsivos de consumo, mediante el reforzamiento sistemático de hábitos, actitudes y comportamientos contrarios a una cultura de paz.

Dado lo anterior:

  1. Esta JD se compromete a fomentar, con carácter de urgencia, una amplia participación del conjunto de colegas en unas jornadas de reflexión que permitan, en un diálogo abierto, un análisis profundo de toda esta situación y en la construcción de las mejores alternativas de enfrentamiento. También se compromete a incorporar y gestionar las recomendaciones que se deriven de este proceso de análisis.
  2. Esta JD hace una excitativa general a sus integrantes para que, en sus actividades profesionales tomen como tarea urgente la reflexión y la toma de las medidas que sean posibles en aras de fomentar relaciones humanas más empáticas y solidarias. Esto como un imperativo ético y de responsabilidad de nuestro quehacer.
  3. Hacemos una alerta máxima ante la violencia de género, dadas las características y la dinámica de ensañamiento que está tomando. Las medidas por tomar tendrán que abarcar las de corto, mediano y largo plazo, ampliando o rectificando lo hecho hasta el momento.
  4. Instamos a la prensa y a la población que accede a las diferentes plataformas a tener el mayor cuidado en el momento de publicar y exponer escenas de agresiones, mutilaciones y asesinatos. La exposición a estos materiales puede conducir a exacerbar procesos de modelaje de ciertas conductas y a aumentar la sensación de inseguridad. Así mismo, exhortamos a las personas colegiadas que sean entrevistadas en medios, para que no repliquen visiones cortoplacistas, simplificadas o hiper individualistas de este doloroso y complejo fenómeno.
  5. Exhortamos a toda la población a que procure desarrollar una cultura de paz y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. El Colegio tiene a disposición el Centro Integral de Resolución de Conflictos (CIREC) que, a cargo de profesionales con capacitación y amplia experiencia, puede colaborar para ese propósito.
  6. En nuestro criterio, debe haber una mayor inversión en los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad y los organismos de investigación. Por lo tanto, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado al gobierno para que modifique sus políticas sociales. También hacemos una clara advertencia acerca de las consecuencias al corto, mediano y largo plazo de no rectificar la línea que está imponiendo. De no modificarse la orientación actual, pronosticamos un empeoramiento de la situación en dimensiones y consecuencias insospechadas.

Comisión AD-Hoc para el abordaje de la Violencia Social en Costa Rica del CPPCR.

Fuente: https://psicologiacr.com/pronunciamiento-la-violencia-social-constituye-una-de-las-principales-condiciones-que-deterioran-la-salud-mental-y-el-bienestar-integral-de-las-personas/

Compartido con SURCOS por Marco Vinicio Fournier.