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Etiqueta: violencia

¿Somos ya un Narco Estado? La administración Chaves-Robles en la mira

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo
José Solano-Saborío
Analista Político

Por décadas hemos sido testigos de casos de personajes políticos, judiciales y empresariales ligados al narcotráfico internacional y local. Pero nunca habíamos llegado a la dimensión de la actual crisis, pues durante los últimos tres años, en la administración Chaves Robles, se ha asistido a un curioso desmantelamiento de las capacidades de control marítimo y fronterizo en Costa Rica que ha dejado en evidencia una peligrosa desconexión entre las promesas de protección y la realidad de los hechos. A mediados de 2023, el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien se especula tiene relación cercana con el extraditable Celso Gamboa, ordenó cerrar de manera verbal las estaciones de Guardacostas en Sixaola y Bahía Drake, contra el criterio de sus propios mandos y sin respaldo escrito, despojando a esas puertas de ingreso de la droga de la presencia de la policía marítima más especializada del país.

Simultáneamente, se emprendió el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de su sede histórica junto al mar en Quepos a las instalaciones de Pococí, a casi 300 kilómetros de la costa, obligando a instructores y cadetes a recorrer más de cinco horas de carretera para capacitarse en ejercicios básicos de navegación y rescate acuático que deberían impartirse al nivel de la brisa marina, no en piscinas lejanas del agua salada.

En paralelo a estas decisiones, durante 2023 y 2024 se instalaron escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín como parte de la llamada Operación Soberanía, sin embargo, los decomisos de cocaína siguen en caída libre: en sólo tres años las incautaciones pasaron de 47 a 21 toneladas, una disminución del 55 % que demuestra que la tecnología por sí sola no basta cuando las estructuras policiales se debilitan o se desplazan de los puntos críticos de fiscalización. Quizá por eso, mientras las autoridades locales confirman esa severa contracción, las agencias europeas reportan cifras récord de cocaína originaria de Costa Rica. Sólo en los últimos ocho años, contenedores de fruta llegaron al Viejo Continente con casi 15 toneladas de droga oculta, una señal inequívoca de que las rutas de narcotráfico no han hecho más que multiplicarse y diversificarse pese a las promesas de mayor vigilancia portuaria.

Estos recortes operativos no nacen en el vacío presupuestario. Varios diputados han advertido de una rebaja en el financiamiento de la policía y del Organismo de Investigación Judicial y proponen fórmulas de financiamiento sostenible, como el proyecto de ley que crearía un fideicomiso alimentado con el 2 % de las primas de seguros, para dotar de recursos estables al OIJ y al Ministerio Público ante la evidente insuficiencia de partidas en rubros esenciales para la lucha contra la criminalidad organizada.

En la misma línea de desarme estratégico, la Policía de Control de Drogas —la unidad especializada en la investigación de red de narcotráfico—fue retirada de aeropuertos y fronteras internacionales, cediendo esas misiones a otros cuerpos sin la misma experiencia ni adiestramiento, lo que ha motivado un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, por entenderse que se compromete la seguridad ciudadana en zonas críticas de tránsito de estupefacientes.

Mientras tanto, en el remoto Refugio Gandoca-Manzanillo —punto de encuentro entre la selva y el mar Caribe— la Fiscalía Ambiental investiga la aparición de una presunta pista clandestina de aterrizaje que habría sido construida en los últimos dos años para facilitar el envío de cargamentos de droga, un esquema que, de confirmarse, demostraría cuán lejos llegan los tentáculos del narcotráfico frente a una desprotección efectiva de los ecosistemas y la soberanía nacional.

Frente a todo ello, ni la instalación de “gadgets” de alta tecnología ni algunos incrementos puntuales en plazas policiales parecen haber servido para contener el récord de asesinatos por sicariato que ya supera los 2 600 en tres años y sigue creciendo: Costa Rica cerró 2023 con 907 homicidios y 2024 con 880, y lleva más de 260 asesinatos por encargo en lo que va de 2025, un volumen de violencia sin precedentes en nuestra historia moderna que amenaza la paz que tanto hemos valorado como nación.

Todo indica que los vacíos de poder y de presencia estatal en los puertos, aeropuertos y costas no han hecho más que alentar al crimen organizado. La falta de un mando coherente, el debilitamiento de las unidades especializadas y la aparente desconexión entre presupuesto y necesidades operativas han creado la tormenta perfecta para que el narcotráfico encuentre un patio de recreo en territorios que deberían ser custodios de nuestro bienestar.

Camina como Pato, tiene alas de pato, hace cuack…… ¿Será un pato?

A 15 años de la masacre de Changuinola. La violencia continúa

Escrito en . Publicado en Derechos.

Masacre en Changuinola 2010 | Foto: Gerardo Iglesias (archivo Rel UITA)

Gerardo Iglesias

El 8 de julio de 2010 el aparato represor del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli −condenado por corrupción y asilado hoy en Colombia− reprimió con saña al pueblo trabajador de la zona bananera de la provincia de Bocas del Toro.

En aquel entonces, José Raúl Mulino −hoy Presidente de la República− era ministro de Interior, por lo tanto, responsable directo de la feroz cacería de ciudadanos indefensos en el feudo de Chiquita Brands.

José Raúl Mulino sufre del trastorno de acumulación de odio contra los trabajadores bananeros y los indígenas. Aquella salvajada −por la cual debería estar preso− dejó un saldo de dos muertos, 78 lisiados de por vida y 700 heridos de bala y perdigones.
La entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, se dignó ir a la zona bananera donde el Sindicato (SITRAIBANA) había convocado a una huelga en todas las fincas.

En la propia sede del Sindicato, la copetuda ministra mostró también su fobia antiindígena: “Ustedes son unos indios borrachos, ignorantes, analfabetos”, les dijo. “Dejen de hacerle el juego a los dirigentes sindicales, que lo único que quieren es seguir viviendo de las cuotas”, añadió.

Aquella señora copetuda fue condenada en mayo del actual a 32 meses de prisión al no justificar gastos de viáticos por 49 mil dólares en reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. La muy instruida señorona resultó una vulgar ladrona.

Hace algunas semanas el presidente Mulino ordenó una nueva cacería en Bocas del Toro. El despliegue de las fuerzas de seguridad llevó por nombre “Operación Omega”. El número de muertos crece a diario, junto a las denuncias de torturas y flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Ni siquiera la impunidad es eterna. El que las hace las paga. ¡Prohibido olvidar!

Masacre en Changuinola 2010 | Foto: Gerardo Iglesias (archivo Rel UITA)

Del mundo bipolar, al unipolar y de ahí al de la multipolaridad (La guerra en Ucrania y Rusia)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

A modo de prólogo, la violencia en la historia humana

Karl Marx expresó en su obra la siguiente frase: “La violencia es la partera de la historia”. Uno revisa los grandes cambios de época al menos en Europa Occidental y, en efecto en su compleja evolución, del comunismo primitivo a la esclavitud, de esta al feudalismo, del modo de producción servil al capitalismo y de la producción capitalista al socialismo que realmente existió, la violencia como expresión de la lucha de clases ha sido el acicate, la gran palanca movilizadora de los cambios sociales. Sin embargo, en la filosofía de Marx, este pensador no quiso profetizar al respecto. El mismo filósofo materialista señaló en su escrito la “Crítica del Programa de Gotha” que, la violencia dejaría de ser la “gran partera de la historia”, en cuanto se disolvieran las clases sociales, valga decir, cuando allá muy lejos en el desarrollo de las sociedades humanas, se consiga disolver la propiedad privada; asimismo, el Estado como lo conocemos hoy, vaticinaban los pensadores socialistas dejará de ser necesario, y, a la vez se alcanzará un estado de desarrollo tan grande que hará posible que los seres humanos continúen produciendo cada cual, de acuerdo con su capacidad; pero, la enorme producción que mediante el desarrollo tecnológico se alcanzará, se distribuirá como un principio de solidaridad social de tal forma que, la retribución de ese producto social podrá darse según la necesidad de cada individuo o familia, ya no de acuerdo con el aporte de cada uno como con acierto propuso Marx para la primera fase de desarrollo socialista.

La filosofía materialista histórica y dialéctica, ligó entonces siempre, la violencia como palanca principal para provocar los cambios sociales, a la lucha de clases, lo mismo que la existencia del Estado y la propiedad privada sobre los medios de producción. De ahí que, para el marxismo, la violencia no fue una petición de partida, sino más bien una observación, un diagnóstico acerca de cómo se ha desenvuelto y seguirá desenvolviéndose la dinámica social mientras existan privilegios qué defender para las clases dominantes. Quiere decir que, en principio la violencia ha sido y es en esencia parte consustancial de los detentadores del poder, de los que ostentan el control del Estado. Para las clases y sectores subyacentes, para los oprimidos la violencia ha sido más bien un mecanismo para defenderse de la resistencia de los opresores a dejarse arrebatar sus privilegios. Aunque muchas experiencias socialistas en el poder se convirtieron en burocracias parasitarias del conjunto de la sociedad, burocracias represivas y crueles que, le ocasionaron un enorme desprestigio a la causa socialista.

Por todo lo anterior, las transiciones pacíficas de un sistema productivo a otro, constituyen una excepcionalidad en la historia; son un fenómeno muy raro, como se demuestra en el caso de la revolución pacífica que quiso propiciar Salvador Allende en Chile, la cual terminó bañada en sangre, producto del golpe de Estado propinado por el dictador Pinochet, al mando de las fuerzas armadas, apoyadas -como se sabe bien hoy- por la derecha chilena, por la Democracia Cristiana de Frei y por la CIA de los Estados Unidos; así como por el mismo Richard Nixon, a la sazón presidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado, Henry Kissinger, entre 1973 y 1977, quien fuera además su asesor en temas de seguridad nacional.

El mundo Bipolar

La contradicción que se da en el modo de producción capitalista, entre fuerzas productivas cada vez más sociales (patente en la enorme división social y técnica de los trabajadores de las más grandes industrias) versus relaciones de producción cada vez más privadas (concentración de los capitales cada vez en menos manos), para los socialistas marxistas presionaría cíclicamente e induciría en forma constante, un formidable estallido social al interior de cada sociedad, que favorecería la revolución social. No obstante, los países capitalistas más desarrollados como Los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón por encima de todo se han servido de las superganancias obtenidas, para costear la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia, mediante la exacción y exportación de un gigantesco flujo de capitales, que salen de las fronteras nacionales para ser invertidos en la extracción de materias primas en los países asiáticos, africanos o latinoamericano. La forma como este proceso se ha dado a lo largo del siglo XX y XXI, ha sido generalmente una oda a la violencia sin precedentes, dejando una estela de muerte y de sufrimiento en las clases explotadas. A este proceso, generalmente violento se le ha llamado neocolonialismo.

Esta extraordinaria expansión del capitalismo por todo el mundo derivó en un enfrentamiento militar entre las principales potencias de la época, ocasionando dos guerras mundiales, ambas en la primera mitad del siglo XX; las cuales tuvieron un costo altísimo, especialmente en vidas humanas.

Después de la segunda guerra mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques, cada uno amalgamado por una ideología, capitalista liberal y luego neoliberal, por una parte, socialista y comunista por la otra. El enfrentamiento que se suscitó entre ambos bloques se disfrazó de “guerra fría”; mientras se desarrollaba una carrera armamentista sin precedentes, apoyada en alta tecnología. Este fue un mundo Bipolar en el que las principales potencias mundiales no pararon mientes en “armarse hasta los dientes”, sustrayendo enormes recursos económicos al desarrollo de los países más rezagados de la tierra que, pudieron haberse invertido para enfrentar el atraso, el hambre y la miseria que fue quedando en todas partes.

Los recursos empleados en armamento bélico ralentizaron el desarrollo económico en ambos bloques; especialmente en el bloque socialista y comunista, merced al desviacionismo burocrático de una élite arrogante que amasó fortunas a costillas del resto de la sociedad. El ideal socialista fue carcomido desde adentro, creándose una capa burocrática que se alimentó de la desigualdad instalada en las sociedades, ciertamente no derivada de extracción de plusvalía como en el capitalismo, pero sí de gran parte de los recursos producidos con ingentes esfuerzos por las masas trabajadoras. A este drenaje, sumamos la creación de estados burocratizados y represivos, de ejércitos incosteables, y una supina incapacidad para invertir recursos frescos para el desarrollo. Por añadidura, la mentalidad de bloque indujo a las élites, especialmente de la Unión Soviética (URSS), a desviar esfuerzos que debieron orientarse hacia el desarrollo, y, en su lugar los canalizaron invadiendo países allende sus fronteras, como en los casos de Hungría, en noviembre de 1956; Checoeslovaquia, en 1968; conflicto armado en la frontera con China, en 1969; y tal vez el principal de todos, la invasión de Afganistán, en1979, que le costó a la URSS la pérdida de su prestigio, como defensor de los países subdesarrollados y dependientes entre gran parte de la población progresista del mundo.

Los Estados Unidos y el bloque occidental por su parte, pretendieron imponer su hegemonía mundial, invadiendo durante la guerra fría, países prácticamente en todo el orbe. Los principales fueron: ayudaron a derrocar el gobierno democrático de Guatemala en 1954, contribuyeron abiertamente en la invasión contrarrevolucionaria de Cuba en 1961, coadyuvaron en la invasión de República Dominicana en 1965, tuvieron una decisiva participación en la invasión de la pequeña isla de Granada, en 1983, directamente intervinieron en la guerra de Viet Nam, de donde salieron humillantemente derrotados, 1955-1975, también estuvieron involucrados en los conflictos en Corea, Laos y Camboya. Aparte de esto los Estados Unidos apoyaron a los militares de Brasil, desde 1954, cuando los militares brasileños forzaron la renuncia de Getúlio Vargas, arremetieron contra el gobierno de Janio Quadros, 1961, y desestabilizaron hasta derrocar al gobierno democrático de Joao Goulart, apoyando por medio de la “Operación Hermano Sam”, mediante la que se le brindó apoyo logístico al general represivo Humberto Castello Branco en 1964. Así pusieron fin al gobierno de la Cuarta República, y dejaron instalada una dictadura militar de 24 años en Brasil. Antes nos referimos a la decisiva intervención de la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, en Chile, 1973, para derrocar al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Al mismo tiempo, financiaron y apoyaron a las dictaduras militares represivas que se instalaron en los países del cono sur, como Argentina y Uruguay.

Dejaremos para después el comentario de otras intervenciones e invasiones del gobierno más intervencionista de la historia mundial (leer al respecto al sociólogo, estadounidense C. Wright Mills), como es el de los Estados Unidos; que ha forjado su imperio a base de sucesivas invasiones a otras naciones en todo el mundo, mancillando la democracia.

Esta narración acerca de cómo se ha conformado el mundo moderno, la continuaré la semana entrante.

Dignidad poética y violencia cibernética: testimonio desde la palabra

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por Paola Valverde Alier

Escribo este texto con un propósito claro y necesario: denunciar un episodio de violencia simbólica y cibernética que trasciende lo personal y pone en evidencia una práctica ilegítima para el pensamiento crítico, la ética literaria y la integridad de los espacios culturales en Costa Rica.

El 30 de mayo de 2025 fui agredida, a través de las redes sociales de Facebook, por el poeta Ignacio Aru (José Ignacio Arias Ruiz). En una intervención pública, a propósito de un comentario propio al poeta Randall Roque —sin haberme dirigido a él ni provocar su reacción— Aru me respondió con un ataque verbal cargado de desprecio. Entre más de 25 personas que conformamos el “Movimiento Transparencia”, eligió señalarme directamente con expresiones denigrantes: “Paola Valverde, a usted el ácido le espumea hasta en las sienes”. Posteriormente: “usted ni con tres libros medianamente iguales se gana un premio. Debe ser frustrante, lo entiendo”.

¿Qué prácticas permitimos cuando toleramos este tipo de violencia simbólica y cibernética en nombre del accionar literario? ¿Qué implicaciones legales y éticas existen para una comunidad de escritores y lectores cuando la palabra se utiliza para lesionar y deslegitimar en lugar de construir y argumentar con presentación de hechos y pruebas? Estas preguntas no solo interpelan mi caso personal, sino el contexto más amplio del campo literario costarricense, en donde los premios, los afectos, las redes de poder y los silencios se entrelazan en formas que muchas veces excluyen, violentan y corrompen mediante padrinazgos.

No hablo desde el anonimato, ni desde el rencor. Denuncio desde una trayectoria de más de veinte años, construida con libros, talleres en cárceles y escuelas, acciones y compromiso con la poesía como oficio y forma de vida. Nunca he utilizado perfiles falsos, ni he manipulado los márgenes de legalidad de las bases de concursos literarios. Cada vez que he alzado la voz, lo he hecho de frente, con documentos en mano, con publicaciones reales, con registros verificables. La equidad le exige, a quien denuncia, hacerlo con la misma integridad.

En estos años he participado en concursos literarios porque representan una oportunidad, no una consigna. Por eso, he sido finalista, he obtenido menciones honoríficas y un premio. Todo ello bajo medidas éticas y profesionales. Mis libros existen. Están publicados. Tienen trayectoria editorial, crítica y lectora.

Lo que se espera de cualquier certamen literario financiado con fondos públicos es claridad en sus bases, transparencia en su aplicación y respeto a quienes compiten con honestidad. No es suficiente cumplir con la letra: también hay que sostener el espíritu ético de lo que hacemos. Y en eso, muchos de los que callan han fracasado. Si quienes escribimos desde la ética callamos, el campo será cada vez más hostil para quienes no aceptamos ni el amiguismo ni la humillación como norma.

Ignacio Aru no solo me insultó a través de un espacio cibernético público: desplegó un mecanismo de deslegitimación que apunta a una tendencia más amplia, la de castigar a quienes no callan, a quienes no se alinean con las redes de privilegio, a quienes creen que la poesía no se debe a los favores sino al lenguaje.

Escribo esto no para competir, sino para ejercer mi derecho a responder con dignidad y profundidad a un acto injusto. Porque si uno de los premios estatales más significativos que tenemos los escritores —el Aquileo J. Echeverría— se entrega en un entorno donde la trampa es tolerada y la denuncia es castigada, estamos frente a un problema estructural.

Siempre he trabajado por la poesía y lo seguiré haciendo. La palabra tiene historia. Y la historia tiene peso. Mi conclusión no es amarga, sino lógica: si permitimos que la agresión suplante al argumento, la literatura pierde su poder transformador y se vuelve arma para quienes se sienten impunes. Y eso, como comunidad, no lo podemos permitir.

Estoy donde está mi corazón. Y mi corazón está con la poesía que no negocia su dignidad.

Costa Rica, junio de 2025

SURCOS comparte la biografía de la escritora:

Paola Valverde Alier (Costa Rica 1984).

Poeta y gestora cultural. Dictó el taller literario del centro penal C.A.I. La Reforma (2002-2006). Fue productora general del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica (2015-2016). En 2019, dentro del marco de la Feria del Libro de Costa Rica, fue directora de los encuentros Canto a la Semilla y Fuego Cruzado, organizados por la UNESCO y la Cooperación Española. Actualmente es productora general de las lecturas de poesía que se llevan a cabo en el Teatro Nacional de Costa Rica a través del movimiento Palabra y Punto. Ha publicado: La quinta esquina del cuadrilátero (Ed. Cartonera Tuanis, Costa Rica 2010, Ed. Arlekin, Costa Rica 2013, Ed. Lápices de Luna, España 2016 y Ed. Cartonera Tica, Costa Rica 2019 y Ed. Nueva York Poetry Press, EEUU 2025); Bartender (Ed. Perro Azul, Costa Rica 2015); Las Direcciones Estelares (Ed. Amargord, España 2017); Cuando florecen los cactus (Ed. Amargord, España 2019); El Entrenador de Palomas (Costa Rica, 2019); Yesca para el fuego (Ed. Perro Azul, Costa Rica 2024).

Reconocer a quienes defienden la vida en el Día Mundial del Ambiente

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora, docente de la Escuela de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR

El pasado 22 de abril, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, se realizó un emotivo acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza. En este Día Mundial del Ambiente (5 de junio), su lucha debe ser visibilizada y celebrada.

Los defensores ambientales —personas, colectivos y pueblos originarios— protegen los territorios, el agua, los bosques y la vida. Pero esta labor conlleva riesgos: criminalización, amenazas y asesinatos. Según Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para activistas ambientales.

En Costa Rica, entre 1975 y 2020, 13 defensores fueron asesinados, muchos casos siguen impunes. La situación es especialmente grave en territorios indígenas, donde el abandono estatal ha perpetuado la violencia.

Ante esta realidad, distintas organizaciones —UBL, FECON, CoecoCeiba, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la UCR— rindieron homenaje a quienes luchan con valentía. Estas son las personas y comunidades reconocidas:

Francisco Castro Meneses y Yenifer Sandoval Jiménez, activistas ligados a la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), han participado activamente en diversas luchas socioambientales. Su labor ha sido clave en la defensa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y en la oposición al Plan Regulador Costero del Caribe Sur.

También se reconoció a Concejos, comunidades y líderes o lideresas indígenas que han sostenido procesos de autonomía, recuperación territorial y defensa de sus derechos:

En un contexto cada vez más desafiante para quienes alzan la voz en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, reconocer públicamente la labor de las personas y comunidades defensoras del ambiente es un acto de justicia y de esperanza. Sus historias nos recuerdan que la lucha por la tierra el mar, el agua, el bosque y la vida no es un asunto individual ni aislado, sino una causa común que atraviesa generaciones, territorios y culturas.

El homenaje realizado en el Día de la Tierra no solo visibiliza las amenazas que enfrentan estos defensores, sino que también celebra su valentía, su compromiso y su profunda conexión con los territorios que habitan y protegen. En un país que se enorgullece de su imagen ambientalista, es urgente pasar del discurso a la acción: garantizar condiciones dignas y seguras para que estas luchas continúen floreciendo. Solo así podremos aspirar a un futuro verdaderamente justo, sostenible y en armonía con la naturaleza.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Obispos salvadoreños exigen justicia social y unidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

En su nueva Carta Pastoral, la Conferencia Episcopal de El Salvador levanta la voz contra la pobreza, la violencia y el desajuste en políticas públicas. Un llamado urgente a transformar las estructuras sociales en beneficio de las mayorías más vulnerables.

Vatican News*

En un El Salvador marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, los obispos han lanzado un “clamor de esperanza” a la nación. Con su nueva Carta Pastoral titulada “Una voz que con esperanza clama en el desierto”, la Conferencia Episcopal no solo exige la atención urgente de las autoridades sobre los temas más críticos, sino que, con un tono profético, plantea una transformación radical con base en la justicia social, la unidad y el respeto a la dignidad humana.

El documento fue presentado el 29 de mayo, durante la fiesta litúrgica de San Pablo VI. En él, los obispos reiteran la necesidad de que los líderes políticos busquen siempre el bien común, priorizando este sobre los intereses particulares. “El Papa León XIV señaló que hoy vivimos en un contexto de discordia, heridos por el odio, la venganza y los prejuicios, alimentados por un modelo económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”, apuntan, haciendo un llamado a adoptar un “paradigma de unidad, comunión y fraternidad”, con el fin de sanar las divisiones que atraviesan al pueblo salvadoreño.

Escuchar al pueblo: un imperativo ético

Los obispos subrayan que su objetivo no es contradecir a las autoridades, sino dar voz a los “más pobres y vulnerables”. “Lo que nos mueve es el bien del pueblo. Queremos hacer oír el clamor de los que ven vulnerados sus derechos”, afirman. Este mensaje va especialmente dirigido a aquellos que, pese a ser el motor de la economía nacional, han sido despojados de sus medios de vida. “Es urgente ofrecer alternativas viables para que puedan sostener a sus familias”, recalcan, incitando a la acción política para que no se deje de lado a los sectores más desfavorecidos.

Educación y salud: pilares del futuro

En cuanto a la educación, la carta es clara: “Es una de las mejores puertas para alcanzar el desarrollo”. Los obispos alertan sobre el riesgo de que, sin una adecuada inversión en este sector, las nuevas generaciones queden rezagadas en la “cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica”. Por eso, instan a las autoridades a priorizar la educación como un motor clave para el futuro del país.

El tema de la salud también ocupa un lugar destacado. Los obispos destacan la necesidad de invertir en la construcción de más hospitales y clínicas de calidad. Aunque reconocen que esto implica un alto costo, enfatizan que es una medida esencial para garantizar el bienestar físico y emocional de una población “tan abnegada y sufrida”.

La violencia: un desafío sin solución definitiva

En cuanto a la violencia, la Conferencia Episcopal reconoce los avances realizados hasta el momento, pero destaca que la paz no se logra solo con medidas represivas. “Es crucial ampliar los espacios de esparcimiento e invertir recursos en la atención de niños y jóvenes”, especialmente en las zonas históricamente más afectadas por la violencia. “La pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, la violencia, el odio de clases y, por ende, a la criminalización”, señalan, llamando a un cambio de enfoque en las políticas de seguridad.

Los obispos también abordan el tema de los migrantes, recordando que “no son delincuentes ni criminales, sino personas que buscan una vida mejor”. Por ello, exigen a las autoridades que no promuevan las cárceles de El Salvador para las víctimas de las políticas antiinmigrantes de potencias extranjeras, y reclaman una política migratoria más inclusiva, que favorezca “fronteras abiertas e inserción de los migrantes en la economía como mano de obra”.

El medio ambiente: una llamada urgente a la acción

Otro de los puntos claves de la Carta es la crisis ambiental. Los obispos instan a “apostar por la reforestación, la limpieza y recuperación de los ríos, lagos y ojos de agua”, además de exigir la derogación de la ley de minería aprobada a fines de 2024. “Es imperativo escuchar las voces de los ambientalistas y evitar su persecución”, afirman, advirtiendo sobre el daño irreversible que la explotación irresponsable de los recursos naturales podría causar al país.

SURCOS publica esta nota del boletín Vatican News compartida con nuestro medio por Alberto Rojas.

Puede descargar la Carta Pastoral completa en formato PDF desde este enlace.

Costa Rica entre los países con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Académicos de la UNA abogan por una reforma a Ley de Justicia Penal Juvenil vigente, no desde el punto de vista represivo, sino desde la atención integral.

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. Por cada 100 mil habitantes, Costa Rica mantiene en sus prisiones hasta 343 personas, lo que representa una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe. Esta estadística se da en momentos en que el Gobierno manifiesta su interés en construir una cárcel para 5.000 privados de libertad, aunque a la fecha no se conocen detalles sobre su ubicación, diseño o fuente de financiamiento.

Datos del World Prision Brief del 2024 indican que Costa Rica se ubica de quinto a nivel de la región (y tercero en América Central), solo superado por El Salvador con una tasa de 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

La tasa costarricense está por encima de países como Uruguay que es de 321, Argentina con 268, Colombia con 201 o México con 165. Incluso, se ubica en la posición 22 a nivel global, al considerar a un total de 224 jurisdicciones.

Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura tiene una visión crítica sobre la política punitiva que pretende seguir el Gobierno, a la luz, además, de estas cifras.

“Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas. Ellos seguirán operando porque el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones, entonces es una promesa falsa lo que se le quiere hacer creer a la gente sobre esta propuesta de solución”, advirtió el académico.

Estaos argumentos los planteó al cierre de una charla con estudiantes del posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Harding Simmons, de Texas, Estados Unidos, quienes visitaron la UNA, gracias a una alianza con la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, de la Escuela de Sociología.

Durante dos días, los estudiantes del posgrado conocieron a profundidad el funcionamiento del sistema judicial costarricense, el modelo de administración de justicia, el sistema penitenciario, la visión de derechos humanos e incluso realizaron una visita a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.

Realidad nacional

Al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 18.090 personas, ubicados en 32 centros. Estas cifras han venido en ascenso en los últimos años: mientras en 2000 se registraron 7.575 personas privadas de libertad, al cierra de 2023 el número subió hasta 19.728.

Para Feoli, existen dificultades contextuales para sostener una discusión profunda sobre las causas del problema de violencia y sus eventuales soluciones. “Este debate es dificilísimo tenerlo porque lo que se plantean son soluciones maniqueas, pero eso no es suficiente. Las discusiones se polarizan, como todo ahora, entonces se dice que se busca defender delincuentes y no, se trata de defender un sistema que sí dé resultados y el proyecto de una megacárcel aquí termina siendo una ocurrencia”.

La expectativa generada por la actual administración sobre el proyecto carcelario choca con la realidad si consideramos que deberán realizarse estudios de suelo, planos y permisos. “De aquí a 10 meses o un año no va a estar y ellos—el gobierno—lo saben, pero como su objetivo es continuar en el poder ofrecen este tipo de soluciones que no sirven, pero que son atractivas para la gente”, afirmó.

Por otra parte, Marco Feoli apuntó que el desarrollo de una infraestructura carcelaria de estas dimensiones debería considerar el cálculo de cuántos policías penitenciarios se van a requerir, pero, además, contemplar a expertos en materia penal, medicina y personal administrativo.

Entonces, ¿por dónde se debe comenzar una discusión sensata? El académico considera que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social y que afronten las problemáticas de desigualdad que vive el país, la situación de la educación pública, la generación de oportunidades para personas jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.

Que menores de entre 13 y 16 años ya estén insertos en estructuras criminales reflejan “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad. Son imágenes espeluznantes ver a un muchacho de esas edades accionar un arma y que luego vayan a dar a la cárcel y que serán fácilmente sustituidos por las propias estructuras a las que pertenecen”, afirmó.

Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera que la realidad de la delincuencia que involucra a personas jóvenes es otra comparada con décadas atrás y por ello es necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567 y que data de 1996.

“Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, indicó Pérez.

Ambos académicos concuerdan en que la sociedad también debe enfrentar los estigmas que suele acompañarlos el resto de sus vidas y que les dificulta una reinserción efectiva, frente a un fenómeno mundial que etiqueta a las personas por su condición, como ocurre con la población migrante en Estados Unidos.

Tanto Feoli como Pérez lamentan que el país esté perdiendo tiempo valioso en temas que no solucionan el problema, como el proyecto carcelario, y no atienda con prontitud la necesidad de una ruta de la educación, programa que en el actual Gobierno no se ha llegado ni siquiera a conocer.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Carta Abierta del Centro de Amigos para la Paz – Llamado a rechazar la violencia en todas sus formas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

San José, Costa Rica
19 de mayo de 2025

Desde el Centro de Amigos para la Paz (CAP), nos dirigimos al pueblo costarricense con profunda preocupación por el clima de división y violencia que se ha intensificado en nuestro país. Como organización comprometida con la promoción de la paz, la justicia social, la no violencia y los derechos humanos, sentimos la responsabilidad de alzar nuestra voz en momentos en que los valores fundamentales de nuestra sociedad se ven amenazados.

El CAP fue fundado el 25 de octubre de 1983 por un grupo de personas inspiradas en los principios de la Sociedad Religiosa de los Amigos y del bien común, conocidos como cuáqueros. Aunque nuestra organización no está liderada exclusivamente por cuáqueros, compartimos y promovemos sus valores esenciales: la paz, la verdad, la igualdad y la simplicidad. Nuestro objetivo ha sido, desde el inicio, facilitar la comprensión humana y buscar la resolución pacífica de las diferencias personales, comunales, sociales y políticas, tanto a nivel nacional como internacional.

En este contexto, nos preocupa profundamente el llamado a la confrontación y la retórica belicosa que hemos escuchado por parte del actual presidente de la República. Sus declaraciones y acciones parecen desconocer la idiosincrasia pacifista que ha caracterizado a Costa Rica a lo largo de su historia. La ausencia prolongada del presidente del país durante 36 años podría explicar, en parte, su desconexión con los valores y sentimientos del pueblo costarricense.

Es especialmente alarmante cómo se ha instrumentalizado el descontento de las poblaciones más humildes y vulnerables, históricamente marginadas por el Estado, haciéndoles creer que la violencia es la solución a los problemas de corrupción y desigualdad que enfrentamos. Esta manipulación no solo es injusta, sino que también pone en riesgo la cohesión social y la paz que tanto valoramos.

Los conflictos fratricidas, aquellos que enfrentan a hermanos contra hermanos, han demostrado ser devastadores en múltiples contextos históricos. Costa Rica no debe seguir ese camino. Debemos recordar que la verdadera fortaleza de nuestra nación radica en la unidad, el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones pacíficas a nuestros desafíos. En este sentido, rescatamos también el valor del consenso, un principio fundamental de la tradición cuáquera y de la democracia costarricense, que promueve la escucha activa, el respeto mutuo y la construcción colectiva de decisiones justas.

Hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones y autoridades a rechazar la violencia en todas sus formas y a trabajar juntos por una Costa Rica más justa, equitativa y en paz. Es momento de retomar el camino del entendimiento mutuo, la empatía y la solidaridad.

Con esperanza y compromiso,

Centro de Amigos para la Paz (CAP)
San José, Costa Rica

Narcotráfico, sedición a la Patria y discurso de odio y violencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

A la opinión nacional e internacional

Partido Vanguardia Popular – Costa Rica
Fundado – 16 de junio de 1931

Las declaraciones recientes de Rodrigo Chaves Robles, de José Fabio Pizarro y Minor Vargas, son temerarias, irresponsables y forman parte de la narrativa del odio y violencia a que nos tiene acostumbrado el inquilino transitorio de la casa de Zapote.

El llamado a la “guerra civil” por parte del actual mandatario, rebasó todos los límites de la naturaleza del ser costarricense.

Por su parte, las declaraciones del exjefe de policía José Fabio Pizarro, acusado y condenado por narcotráfico y el apoyo, explícito, del excomandante Minor Vargas, se ajustan a tres aspectos que nos debe llamar la atención:

  • Son caja de resonancia del discurso de odio y violencia de la magistratura actual.

  • Servir al crimen organizado, le da un plus a Pizarro, para reclutar “policías especializados” y “reservistas”. Ambos van a requerir pagos costosos. ¿quién los va a financiar?

  • Irrespetan una vez más la institucionalidad, al declarar públicamente que “es necesario apoyar a Chaves después de los operativos judiciales”. Una clara intromisión en el ejercicio de la justicia.

Si se hace un llamado a la vía armada, se da por sentado que se están violentando una serie de principios legales y constitucionales. Se viola la Ley de Armas y Explosivos n.7530, el artículo 88 del Código Penal, el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 301 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que llamen a alzarse en armas. Suficiente material legal para que, desde ya, el OIJ proceda a investigar a Pizarro y Vargas.

Solo dos párrafos o frases para tomar en consideración:

1.- “Podemos hacer una buena presentación ante este señor, uniformados, fatigona, bien bonitos”.

2.- “No somos un grupo militar o paramilitar, ni incitadores ni alborotadores”.

Hoy estamos de cara a una acentuación del discurso del odio, frente a un llamado a la sedición a la Patria, al irrespeto de la institucionalidad, a romper con la tradición democrática de nuestro pueblo y a quebrantar la paz social.

La convocatoria, obviamente, es explícita, va dirigida a exoficiales y reservistas, no a la ciudadanía, no al pueblo. No, es a un amplio sector con formación militar; lo que da por sentado –como diría la señora de PURRAL– que ambos militares (policías especializados) no parten de cero. En algún lado están las armas y los mercenarios. Y detrás de la propuesta, el fantasma del narcotráfico, capaz de apoyar cualquier aventura antidemocrática.

Recordemos, tal y como lo señala la DIS, al indicar que José F. Pizarro es un “hombre que tiene amplia preparación policial operativa” y que, además, para Vargas, el grado de excomandante no se da virtualmente.

Respecto al presidente, su desconocimiento histórico de los hechos políticos sobre la Guerra Civil de 1948, son el fiel reflejo de 35 años de estar desvinculado y ausente del sabor de la idiosincrasia de los ticos y las ticas.

Cuando el pueblo, en su conjunto, ha hecho el esfuerzo de restañar las heridas del Guerra Civil, la lengua suelta de la realidad concreta y su discurso precipitado al odio, incitan desde la primera magistratura a la Guerra fratricida, a la confrontación entre hermanas y hermanos. Que duro enseñar a nuestras generaciones venideras, esta amarga lección de “educación ciudadana”.

Usted, señora, señor, profesores, campesinos, obreros, intelectuales, en fin usted costarricense como yo, tenemos un serio compromiso histórico, defender el estado social y el estado social de derecho. Pero de la misma forma, por nuestro ideario democrático, debemos de luchar contra cualquier engendro de grupos paramilitares, al estilo de la mano blanca, el Movimiento Costa Rica Libre o de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o de estos nuevos uniformados de fatigona.

La paz, la autodeterminación, la soberanía y la democracia forman parte del legado histórico nacional y de nuestra memoria de clase.

¡Sí a Costa Rica, no al paramilitarismo y el narcotráfico!