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Etiqueta: violencia

Reconocer a quienes defienden la vida en el Día Mundial del Ambiente

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora, docente de la Escuela de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR

El pasado 22 de abril, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, se realizó un emotivo acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza. En este Día Mundial del Ambiente (5 de junio), su lucha debe ser visibilizada y celebrada.

Los defensores ambientales —personas, colectivos y pueblos originarios— protegen los territorios, el agua, los bosques y la vida. Pero esta labor conlleva riesgos: criminalización, amenazas y asesinatos. Según Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para activistas ambientales.

En Costa Rica, entre 1975 y 2020, 13 defensores fueron asesinados, muchos casos siguen impunes. La situación es especialmente grave en territorios indígenas, donde el abandono estatal ha perpetuado la violencia.

Ante esta realidad, distintas organizaciones —UBL, FECON, CoecoCeiba, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la UCR— rindieron homenaje a quienes luchan con valentía. Estas son las personas y comunidades reconocidas:

Francisco Castro Meneses y Yenifer Sandoval Jiménez, activistas ligados a la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), han participado activamente en diversas luchas socioambientales. Su labor ha sido clave en la defensa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y en la oposición al Plan Regulador Costero del Caribe Sur.

También se reconoció a Concejos, comunidades y líderes o lideresas indígenas que han sostenido procesos de autonomía, recuperación territorial y defensa de sus derechos:

En un contexto cada vez más desafiante para quienes alzan la voz en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, reconocer públicamente la labor de las personas y comunidades defensoras del ambiente es un acto de justicia y de esperanza. Sus historias nos recuerdan que la lucha por la tierra el mar, el agua, el bosque y la vida no es un asunto individual ni aislado, sino una causa común que atraviesa generaciones, territorios y culturas.

El homenaje realizado en el Día de la Tierra no solo visibiliza las amenazas que enfrentan estos defensores, sino que también celebra su valentía, su compromiso y su profunda conexión con los territorios que habitan y protegen. En un país que se enorgullece de su imagen ambientalista, es urgente pasar del discurso a la acción: garantizar condiciones dignas y seguras para que estas luchas continúen floreciendo. Solo así podremos aspirar a un futuro verdaderamente justo, sostenible y en armonía con la naturaleza.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Obispos salvadoreños exigen justicia social y unidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

En su nueva Carta Pastoral, la Conferencia Episcopal de El Salvador levanta la voz contra la pobreza, la violencia y el desajuste en políticas públicas. Un llamado urgente a transformar las estructuras sociales en beneficio de las mayorías más vulnerables.

Vatican News*

En un El Salvador marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, los obispos han lanzado un “clamor de esperanza” a la nación. Con su nueva Carta Pastoral titulada “Una voz que con esperanza clama en el desierto”, la Conferencia Episcopal no solo exige la atención urgente de las autoridades sobre los temas más críticos, sino que, con un tono profético, plantea una transformación radical con base en la justicia social, la unidad y el respeto a la dignidad humana.

El documento fue presentado el 29 de mayo, durante la fiesta litúrgica de San Pablo VI. En él, los obispos reiteran la necesidad de que los líderes políticos busquen siempre el bien común, priorizando este sobre los intereses particulares. “El Papa León XIV señaló que hoy vivimos en un contexto de discordia, heridos por el odio, la venganza y los prejuicios, alimentados por un modelo económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”, apuntan, haciendo un llamado a adoptar un “paradigma de unidad, comunión y fraternidad”, con el fin de sanar las divisiones que atraviesan al pueblo salvadoreño.

Escuchar al pueblo: un imperativo ético

Los obispos subrayan que su objetivo no es contradecir a las autoridades, sino dar voz a los “más pobres y vulnerables”. “Lo que nos mueve es el bien del pueblo. Queremos hacer oír el clamor de los que ven vulnerados sus derechos”, afirman. Este mensaje va especialmente dirigido a aquellos que, pese a ser el motor de la economía nacional, han sido despojados de sus medios de vida. “Es urgente ofrecer alternativas viables para que puedan sostener a sus familias”, recalcan, incitando a la acción política para que no se deje de lado a los sectores más desfavorecidos.

Educación y salud: pilares del futuro

En cuanto a la educación, la carta es clara: “Es una de las mejores puertas para alcanzar el desarrollo”. Los obispos alertan sobre el riesgo de que, sin una adecuada inversión en este sector, las nuevas generaciones queden rezagadas en la “cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica”. Por eso, instan a las autoridades a priorizar la educación como un motor clave para el futuro del país.

El tema de la salud también ocupa un lugar destacado. Los obispos destacan la necesidad de invertir en la construcción de más hospitales y clínicas de calidad. Aunque reconocen que esto implica un alto costo, enfatizan que es una medida esencial para garantizar el bienestar físico y emocional de una población “tan abnegada y sufrida”.

La violencia: un desafío sin solución definitiva

En cuanto a la violencia, la Conferencia Episcopal reconoce los avances realizados hasta el momento, pero destaca que la paz no se logra solo con medidas represivas. “Es crucial ampliar los espacios de esparcimiento e invertir recursos en la atención de niños y jóvenes”, especialmente en las zonas históricamente más afectadas por la violencia. “La pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, la violencia, el odio de clases y, por ende, a la criminalización”, señalan, llamando a un cambio de enfoque en las políticas de seguridad.

Los obispos también abordan el tema de los migrantes, recordando que “no son delincuentes ni criminales, sino personas que buscan una vida mejor”. Por ello, exigen a las autoridades que no promuevan las cárceles de El Salvador para las víctimas de las políticas antiinmigrantes de potencias extranjeras, y reclaman una política migratoria más inclusiva, que favorezca “fronteras abiertas e inserción de los migrantes en la economía como mano de obra”.

El medio ambiente: una llamada urgente a la acción

Otro de los puntos claves de la Carta es la crisis ambiental. Los obispos instan a “apostar por la reforestación, la limpieza y recuperación de los ríos, lagos y ojos de agua”, además de exigir la derogación de la ley de minería aprobada a fines de 2024. “Es imperativo escuchar las voces de los ambientalistas y evitar su persecución”, afirman, advirtiendo sobre el daño irreversible que la explotación irresponsable de los recursos naturales podría causar al país.

SURCOS publica esta nota del boletín Vatican News compartida con nuestro medio por Alberto Rojas.

Puede descargar la Carta Pastoral completa en formato PDF desde este enlace.

Costa Rica entre los países con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Académicos de la UNA abogan por una reforma a Ley de Justicia Penal Juvenil vigente, no desde el punto de vista represivo, sino desde la atención integral.

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. Por cada 100 mil habitantes, Costa Rica mantiene en sus prisiones hasta 343 personas, lo que representa una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe. Esta estadística se da en momentos en que el Gobierno manifiesta su interés en construir una cárcel para 5.000 privados de libertad, aunque a la fecha no se conocen detalles sobre su ubicación, diseño o fuente de financiamiento.

Datos del World Prision Brief del 2024 indican que Costa Rica se ubica de quinto a nivel de la región (y tercero en América Central), solo superado por El Salvador con una tasa de 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

La tasa costarricense está por encima de países como Uruguay que es de 321, Argentina con 268, Colombia con 201 o México con 165. Incluso, se ubica en la posición 22 a nivel global, al considerar a un total de 224 jurisdicciones.

Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura tiene una visión crítica sobre la política punitiva que pretende seguir el Gobierno, a la luz, además, de estas cifras.

“Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas. Ellos seguirán operando porque el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones, entonces es una promesa falsa lo que se le quiere hacer creer a la gente sobre esta propuesta de solución”, advirtió el académico.

Estaos argumentos los planteó al cierre de una charla con estudiantes del posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Harding Simmons, de Texas, Estados Unidos, quienes visitaron la UNA, gracias a una alianza con la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, de la Escuela de Sociología.

Durante dos días, los estudiantes del posgrado conocieron a profundidad el funcionamiento del sistema judicial costarricense, el modelo de administración de justicia, el sistema penitenciario, la visión de derechos humanos e incluso realizaron una visita a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.

Realidad nacional

Al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 18.090 personas, ubicados en 32 centros. Estas cifras han venido en ascenso en los últimos años: mientras en 2000 se registraron 7.575 personas privadas de libertad, al cierra de 2023 el número subió hasta 19.728.

Para Feoli, existen dificultades contextuales para sostener una discusión profunda sobre las causas del problema de violencia y sus eventuales soluciones. “Este debate es dificilísimo tenerlo porque lo que se plantean son soluciones maniqueas, pero eso no es suficiente. Las discusiones se polarizan, como todo ahora, entonces se dice que se busca defender delincuentes y no, se trata de defender un sistema que sí dé resultados y el proyecto de una megacárcel aquí termina siendo una ocurrencia”.

La expectativa generada por la actual administración sobre el proyecto carcelario choca con la realidad si consideramos que deberán realizarse estudios de suelo, planos y permisos. “De aquí a 10 meses o un año no va a estar y ellos—el gobierno—lo saben, pero como su objetivo es continuar en el poder ofrecen este tipo de soluciones que no sirven, pero que son atractivas para la gente”, afirmó.

Por otra parte, Marco Feoli apuntó que el desarrollo de una infraestructura carcelaria de estas dimensiones debería considerar el cálculo de cuántos policías penitenciarios se van a requerir, pero, además, contemplar a expertos en materia penal, medicina y personal administrativo.

Entonces, ¿por dónde se debe comenzar una discusión sensata? El académico considera que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social y que afronten las problemáticas de desigualdad que vive el país, la situación de la educación pública, la generación de oportunidades para personas jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.

Que menores de entre 13 y 16 años ya estén insertos en estructuras criminales reflejan “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad. Son imágenes espeluznantes ver a un muchacho de esas edades accionar un arma y que luego vayan a dar a la cárcel y que serán fácilmente sustituidos por las propias estructuras a las que pertenecen”, afirmó.

Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera que la realidad de la delincuencia que involucra a personas jóvenes es otra comparada con décadas atrás y por ello es necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567 y que data de 1996.

“Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, indicó Pérez.

Ambos académicos concuerdan en que la sociedad también debe enfrentar los estigmas que suele acompañarlos el resto de sus vidas y que les dificulta una reinserción efectiva, frente a un fenómeno mundial que etiqueta a las personas por su condición, como ocurre con la población migrante en Estados Unidos.

Tanto Feoli como Pérez lamentan que el país esté perdiendo tiempo valioso en temas que no solucionan el problema, como el proyecto carcelario, y no atienda con prontitud la necesidad de una ruta de la educación, programa que en el actual Gobierno no se ha llegado ni siquiera a conocer.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Carta Abierta del Centro de Amigos para la Paz – Llamado a rechazar la violencia en todas sus formas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

San José, Costa Rica
19 de mayo de 2025

Desde el Centro de Amigos para la Paz (CAP), nos dirigimos al pueblo costarricense con profunda preocupación por el clima de división y violencia que se ha intensificado en nuestro país. Como organización comprometida con la promoción de la paz, la justicia social, la no violencia y los derechos humanos, sentimos la responsabilidad de alzar nuestra voz en momentos en que los valores fundamentales de nuestra sociedad se ven amenazados.

El CAP fue fundado el 25 de octubre de 1983 por un grupo de personas inspiradas en los principios de la Sociedad Religiosa de los Amigos y del bien común, conocidos como cuáqueros. Aunque nuestra organización no está liderada exclusivamente por cuáqueros, compartimos y promovemos sus valores esenciales: la paz, la verdad, la igualdad y la simplicidad. Nuestro objetivo ha sido, desde el inicio, facilitar la comprensión humana y buscar la resolución pacífica de las diferencias personales, comunales, sociales y políticas, tanto a nivel nacional como internacional.

En este contexto, nos preocupa profundamente el llamado a la confrontación y la retórica belicosa que hemos escuchado por parte del actual presidente de la República. Sus declaraciones y acciones parecen desconocer la idiosincrasia pacifista que ha caracterizado a Costa Rica a lo largo de su historia. La ausencia prolongada del presidente del país durante 36 años podría explicar, en parte, su desconexión con los valores y sentimientos del pueblo costarricense.

Es especialmente alarmante cómo se ha instrumentalizado el descontento de las poblaciones más humildes y vulnerables, históricamente marginadas por el Estado, haciéndoles creer que la violencia es la solución a los problemas de corrupción y desigualdad que enfrentamos. Esta manipulación no solo es injusta, sino que también pone en riesgo la cohesión social y la paz que tanto valoramos.

Los conflictos fratricidas, aquellos que enfrentan a hermanos contra hermanos, han demostrado ser devastadores en múltiples contextos históricos. Costa Rica no debe seguir ese camino. Debemos recordar que la verdadera fortaleza de nuestra nación radica en la unidad, el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones pacíficas a nuestros desafíos. En este sentido, rescatamos también el valor del consenso, un principio fundamental de la tradición cuáquera y de la democracia costarricense, que promueve la escucha activa, el respeto mutuo y la construcción colectiva de decisiones justas.

Hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones y autoridades a rechazar la violencia en todas sus formas y a trabajar juntos por una Costa Rica más justa, equitativa y en paz. Es momento de retomar el camino del entendimiento mutuo, la empatía y la solidaridad.

Con esperanza y compromiso,

Centro de Amigos para la Paz (CAP)
San José, Costa Rica

Narcotráfico, sedición a la Patria y discurso de odio y violencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

A la opinión nacional e internacional

Partido Vanguardia Popular – Costa Rica
Fundado – 16 de junio de 1931

Las declaraciones recientes de Rodrigo Chaves Robles, de José Fabio Pizarro y Minor Vargas, son temerarias, irresponsables y forman parte de la narrativa del odio y violencia a que nos tiene acostumbrado el inquilino transitorio de la casa de Zapote.

El llamado a la “guerra civil” por parte del actual mandatario, rebasó todos los límites de la naturaleza del ser costarricense.

Por su parte, las declaraciones del exjefe de policía José Fabio Pizarro, acusado y condenado por narcotráfico y el apoyo, explícito, del excomandante Minor Vargas, se ajustan a tres aspectos que nos debe llamar la atención:

  • Son caja de resonancia del discurso de odio y violencia de la magistratura actual.

  • Servir al crimen organizado, le da un plus a Pizarro, para reclutar “policías especializados” y “reservistas”. Ambos van a requerir pagos costosos. ¿quién los va a financiar?

  • Irrespetan una vez más la institucionalidad, al declarar públicamente que “es necesario apoyar a Chaves después de los operativos judiciales”. Una clara intromisión en el ejercicio de la justicia.

Si se hace un llamado a la vía armada, se da por sentado que se están violentando una serie de principios legales y constitucionales. Se viola la Ley de Armas y Explosivos n.7530, el artículo 88 del Código Penal, el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 301 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que llamen a alzarse en armas. Suficiente material legal para que, desde ya, el OIJ proceda a investigar a Pizarro y Vargas.

Solo dos párrafos o frases para tomar en consideración:

1.- “Podemos hacer una buena presentación ante este señor, uniformados, fatigona, bien bonitos”.

2.- “No somos un grupo militar o paramilitar, ni incitadores ni alborotadores”.

Hoy estamos de cara a una acentuación del discurso del odio, frente a un llamado a la sedición a la Patria, al irrespeto de la institucionalidad, a romper con la tradición democrática de nuestro pueblo y a quebrantar la paz social.

La convocatoria, obviamente, es explícita, va dirigida a exoficiales y reservistas, no a la ciudadanía, no al pueblo. No, es a un amplio sector con formación militar; lo que da por sentado –como diría la señora de PURRAL– que ambos militares (policías especializados) no parten de cero. En algún lado están las armas y los mercenarios. Y detrás de la propuesta, el fantasma del narcotráfico, capaz de apoyar cualquier aventura antidemocrática.

Recordemos, tal y como lo señala la DIS, al indicar que José F. Pizarro es un “hombre que tiene amplia preparación policial operativa” y que, además, para Vargas, el grado de excomandante no se da virtualmente.

Respecto al presidente, su desconocimiento histórico de los hechos políticos sobre la Guerra Civil de 1948, son el fiel reflejo de 35 años de estar desvinculado y ausente del sabor de la idiosincrasia de los ticos y las ticas.

Cuando el pueblo, en su conjunto, ha hecho el esfuerzo de restañar las heridas del Guerra Civil, la lengua suelta de la realidad concreta y su discurso precipitado al odio, incitan desde la primera magistratura a la Guerra fratricida, a la confrontación entre hermanas y hermanos. Que duro enseñar a nuestras generaciones venideras, esta amarga lección de “educación ciudadana”.

Usted, señora, señor, profesores, campesinos, obreros, intelectuales, en fin usted costarricense como yo, tenemos un serio compromiso histórico, defender el estado social y el estado social de derecho. Pero de la misma forma, por nuestro ideario democrático, debemos de luchar contra cualquier engendro de grupos paramilitares, al estilo de la mano blanca, el Movimiento Costa Rica Libre o de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o de estos nuevos uniformados de fatigona.

La paz, la autodeterminación, la soberanía y la democracia forman parte del legado histórico nacional y de nuestra memoria de clase.

¡Sí a Costa Rica, no al paramilitarismo y el narcotráfico!

Narcotráfico y pobreza

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

«Mientras haya pobreza en el mundo habrá narcotráfico. Mientras siga siendo ilegal y los Estados abandonen a las clases sociales marginadas, este negocio seguirá existiendo. La única vía para hacerlo desaparecer es mediante la educación”.

Esta frase la pronunció el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, al presentar el documental: “Los pecados de mi padre” en el Festival de Cine de Guadalajara en México. El hijo de Pablo Escobar lleva consigo vivencias de poder, opulencia y lujo, pero también de persecución, violencia y dolor.

La frase que describe el narcotráfico la podemos resumir en tres palabras, que son tres caminos para combatirla: solidaridad, educación y legalización.

Solidaridad: Afirma que la pobreza es una de las razones por las que se da el narcotráfico, es decir que combatiendo la pobreza se combate el tráfico de drogas y toda la violencia que encierra. Esta conclusión sacude a los políticos, acostumbrados a plantear solo medidas policiacas y represivas para combatir el tráfico de drogas. En la medida que los gobiernos se solidaricen con las clases sociales más pobres, en esa misma medida están combatiendo este flagelo.

Ilegalidad: El tema de legalizar las drogas es polémico, unos están convencidos que es el camino correcto, a otros los asusta el hecho de pensar, que se puedan conseguir drogas en cualquier parte y libremente. Lo que es cierto es, que la prohibición que tienen las drogas eleva el precio muchísimas veces, por las dificultades que tienen los productores de colocarlas en el mercado. Si se prohibiera el alcohol y el tabaco, que son drogas, pero legales, los precios se elevarían muchísimas veces debido a la dificultad de conseguirlas.

Educación: cada vez más personas se convencen que la educación es el otro camino para combatir el narcotráfico. Si los niños, niñas, adolescentes y jóvenes conocen a fondo, los tipos de drogas y los impactos físicos, sicológicos y sociales que causan, estarían menos tentados a probarlas. Es decir, si las nuevas generaciones son educadas en el conocimiento de la drogadicción, habría menos “clientes” o consumidores por lo que vender droga, no sería el negocio brillante que es hoy y que tienta a muchos.

Si pensamos en un país que se preocupa por la gente menos necesitada destinando recursos para ofrecerles más oportunidades y sacarlos de la pobreza; si ese país destina una buena cantidad de recursos a educar a la población en el conocimiento de la drogadicción a tal grado que ni regalada la quieren, podríamos ser que ese país que poco a poco se libere de las adicciones y por tanto del tráfico de drogas.

Los tres caminos, solidaridad, educación y legalización deberían ser estudiados a fondo por los que ostentan el poder, podrían ser las tres llaves para terminar con el narcotráfico y las funestas consecuencias.

Sin derechos no hay democracia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

Este 1º de mayo, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de mujeres, campesinas, culturales, derechos humanos y territoriales salimos a las calles con una voz unida: sin derechos no hay democracia. En un país marcado por la violencia, la desigualdad, el debilitamiento del Estado social y la precarización del trabajo, esta fecha no es una celebración simbólica: es un acto de defensa colectiva.

Recordamos el origen del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, forjado por las luchas obreras del siglo XIX, como la de los mártires de Chicago, por la jornada laboral de ocho horas. Esa consigna sigue vigente: hoy exigimos condiciones laborales dignas, empleo justo, libertad sindical y respeto al Código de Trabajo.

La situación nacional se encuentra en momentos críticos que requieren de unidad nacional y concertación democrática. Según datos del último informe del Estado de la Nación (2024) el Informe de percepción costarricense UNA (2025), y el último informe del CIEP (2025). Costa Rica cerró el año 2024 con 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y un 70% de la población costarricense considera que la seguridad está mala o muy mala.

Actualmente, el ingreso real promedio de los hogares cayó casi un 20% respecto al 2014 y un millón de hogares está en pobreza o riesgo de caer en ella, mientras el sector agroalimentario nacional se encuentra en un momento de crisis continua y las poblaciones históricamente excluidas se encuentran cada vez más expuestas a la violencia, el crimen organizado y la desigualdad social, en ausencia de oportunidades.

Más de 215.000 personas adultas mayores viven sin pensión y 849 escuelas tienen órdenes sanitarias sin poder reabrir, mientras la inversión educativa cayó un 1,6%, y el aumento de femicidios se encuentra en más de un 100% entre 2022 y 2024. También, hasta enero 2025, las listas de espera en la C.C.S.S alcanzaron un total de 188.228 personas, según datos oficiales de la Gerencia Médica, consecuencia de la crisis de seguridad social que vivimos actualmente.

La seguridad social, alimentaria y educación pública, es de las más nobles expresiones del trabajo humano, inspiradas e inspirados en el pensamiento de Omar Dengo, recordamos que el problema social es, por excelencia, un problema de educación, la labor docente transforma vidas, rompe desigualdades y construye ciudadanía. Defender el trabajo es también defender la educación pública, su vocación humanista y su papel en una democracia sólida.

En esta defensa de los derechos y la democracia, organizaciones de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, universidades públicas costarricenses y otros sectores, se suman al llamado nacional de lucha, con su compromiso histórico con la equidad, el pensamiento libre, la transformación social y el fortalecimiento del Estado social de derecho, en la promoción de una ciudadanía activa, informada y solidaria.

Este año, nuestra voluntad política compartida se expresa en cinco demandas esenciales:

  1. Trabajo digno con derechos, para todas las personas trabajadoras, en todos los sectores y condiciones.
  2. Educación pública fortalecida, accesible, crítica y bien financiada.
  3. Seguridad ciudadana y paz, con oportunidades reales frente al crimen organizado.
  4. Producción nacional y soberanía económica, para reactivar el agro, proteger pymes y reducir la dependencia externa.
  5. Igualdad de género y justicia social, con pleno acceso a empleo, salud, cuido y educación sin discriminación, a su vez la prevención de la violencia basada en género.

Será una jornada de expresión cultural, con música y arte, donde todas las voces tendrán lugar: del agro, sindicatos, universidades, sociedad civil, las juventudes, de las mujeres, de quienes han sido históricamente excluidas.

¡Sin derechos no hay democracia!

¡Democracia, paz, libertad y justicia social para Costa Rica!

No más impunidad ¡Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera viven! Con firmas

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del 19 de abril: Día de la Persona Indígena Costarricense, activistas, organizaciones, colectivas y colectivos locales, nacionales e internacionales continuamos EXIGIENDO JUSTICIA ante la sistemática IMPUNIDAD frente a los asesinatos de los hermanos líderes indígenas Sergio Rojas (Salitre, 2019) y Jerhy Rivera (Térraba, 2020) por su lucha para salvaguardar el derecho a la tierra y a los territorios que les pertenecen a ambos pueblos: Salitre y Térraba, producto del racismo institucional del Estado costarricense que permite la escalada de violencia de los finqueros usurpadores en los territorios.

Reiteramos una vez más que el estado de indefensión de las madres, esposas, hijas y familias indígenas recuperadoras legítimas de territorios ancestrales, es producto de la inoperancia y negligencia del Estado y sistema judicial costarricense, cómplices de la constante ola de atropellos y violencias que sufren día a día, por parte de finqueros invasores e instancias y personas cómplices.

Exigimos al gobierno de Costa Rica garantizar el cumplimiento de la aplicación de las medidas cautelares dictadas desde el 30 de abril, 2015, solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, como deuda histórica del Estado costarricense vinculantes a los derechos de las comunidades indígenas víctimas de sistemáticas violencias a las que están sometidas en sus propios territorios.

Exhortamos a la CIDH a dar seguimiento y vigilar que el Estado costarricense cumpla de manera efectiva e integral con dichas medidas cautelares.

¡Por el derecho de las niñas, madres, esposas y comunidades indígenas

a la justicia y a la verdad,

el Estado costarricense debe cumplir con los compromisos adquiridos

para defender y respetar la integridad física, emocional, cultural y espiritual

de los territorios indígenas!

¡No más impunidad ante los asesinatos de Jerhy Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortíz!

¡Viva la justa lucha de recuperación de territorios ancestrales de los pueblos indígenas!

¡Defender los Derechos Humanos de los pueblos del Abya Yala no tiene fronteras!

Firma responsable:
Zeidy Brukwä Rodríguez Guerra
Colectivo de Apoyo a doña Digna

Adhesiones

Costa Rica

Alberto Lleras Coto

Alejandra Bonilla Leiva

Alejandra Ducca Durán

Allen Cordero Ulate

Amalia Vargas Rojas

Ana Cristina Mena Morelli

Ana Cecilia Escalante Herrera

Ana Franzen

Andrés David Román Sáenz

Andrés Rodríguez Gómez

Angélica Alvarado Barrantes

Asdrúbal Rivera Villanueva

Ati Sandí Peña

Brenda Briceño González

Bruno de Jesús Coto Barboza

Carmen Mena Mata

César Díaz Rojas

Cynthia Crespo Campos

Clarita Quiel Torres

Claudia

Damaris Badilla Vargas

David Contreras Moea

David Morera Herrera

Elides Rivera Navas

Erney Vargas Barboza

Fabiola Bernal

Félix López Zambrana

Fernando Rudín Vega

Guadalupe Urbina Juárez

Guiomar del Rocío Martín

Haydee Nasira Segura Rivera

Isabel Ducca Durán

Isidro Ramírez Navea

Jeffery

John Ortiz

Jiri Spendlingwimmer

Juan Antonio Gutiérrez Slon

Kattia Isabel Castro Flores

Laura Marcela Arias Cabrera

Ligia Barrantes Cartín

Lorena Coghi Robleto

Lorenzo Ramírez C.

Luis Alberto Salas Sarkis

Luis Ángel Céspedes

Macarena Barahona Riet

Madeline Kiser

Marcela Zamora Cruz

María Laura Stephen Chaves

María Pérez Iglesias

María Trejos Montero

Melanie Quesada Molina

Miguel Barrios Gutiérrez

Nataly Segura Molina

Noah Alejandro Alfaro Arends

Nora Montero Quirós

Olivia Sylvester

Orlando Barrantes Cartín

Óscar Aguilar

Oscar Daniel Espinoza Ramos

Raquel Bolaños

Renier Canales Medina

Ronald Solís Alemán

Rosángela Cortés Barquero

Ruizdael Murillo Baltodano

Sileny Vásquez Orozco

Socorro Trejos Navarrete

Suy Wong

Valeria Sofía Ramírez

Victor Madrigal Sánchez

Wilson Arroyo Oconitrillo

Xinia Alejandra Vargas Durán

Yamileth Monterrey López

Yanko

Zeidy Brukwä Rodríguez

Chile Pablo Ruiz

Colombia Alexandra Henao

Ecuador Sisa Pacari

España Pedro Polo Fernández

Ricard Sánchez Andrés

Estados Unidos Ivonne García Bueso

Guatemala Laura Rojas

Honduras Hedme Castro

México

Daniela González López

David Jiménez

Laura

León Mayorga

Lucía Morales Celestino

Soledad Ortiz Vázquez

Panamá

Luzmila Sánchez

Suiza

Irene

Venezuela

Maira Mora

Organizaciones

Costa Rica

Acueducto Longo Mai

Asociación Casa del Indio

Asociación de Estudiantes de Antropología (UCR)

Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas (UCR)

Asociación de Estudiantes de Sociología (UCR)

Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (UCR)

Asociación de Mujeres Alza tu Voz

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)

Asociación Solidaria Comparte

Asociación Unaproa

Asociación Voces Nuestras

Casa El Migrante

Ditsö

Downpour Studio

Centro de Amigos para la Paz

Club de Exocet

Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)

Consejo de Mayores Bröran

Federación de estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Ecologista (FECON)

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

Fundación Red de Vida

GEO-GRAFÍAS COMUNITARIAS

Huellas Verdes SJY

Juventud Vanguardia Popular (JVC-JPV)

Lauicom

Longo Mai: Casamadre

Metamorfosis

Movimiento Ríos Vivos

Mujeres Mano de Tigre Örcuo Dubön

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Organización Iriria Satkok de Yamavidi, Cabagra

Organización Regenerativa Matzú Insigne

Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)

Partido Pueblo Unido

Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores (PRT)

Red de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas

Red de Solidaridad con Palestina

Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)

SOS Ribagorza

Tinamaste

Universidad de Costa Rica (UCR)

Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Universidad Ibero

Universidad para la Paz

Voces Nuestras

Chile

Observatorio por Cierre de la Escuela de las Américas-Chile

Ecuador

Organización del pueblo Saraguro. SAKIA T

España

Ensenyants Solidaris

Guatemala

Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA

México

Colectivo Totlahtol Yoltok “Nuestra Palabra Vive”

Panamá

Frente Reformista de Educadores Panameños

Suiza

FIST y RADIO LORA www.lora.ch

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela  Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix  Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Red Académica de Solidaridad con Palestina – México (RASPAM), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.

28 de abril, 2025

Mujeres costeras y rurales de Costa Rica se reúnen para defender sus derechos y territorios

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

«Con la Fuerza del Mar y la Tierra»

Ante la creciente escalada de violencia hacia las mujeres y la urgencia de fortalecer su liderazgo en las comunidades rurales y costeras del país, se realizará el Encuentro de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, bajo el lema «Con la Fuerza del Mar y la Tierra», este 17 de mayo de 2025 en el Estadio Nacional.

Esta iniciativa, autogestionada y convocada por diversas colectivas de mujeres feministas de las costas y zonas rurales, reunirá a 70 lideresas y representantes de comunidades de todo el territorio nacional. Entre las organizaciones convocantes se encuentran Unidas Talamanca, el Foro de Mujeres Puntarenenses, la Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres (ACOPROM), el Movimiento Feminista Santa Teresa (MFST) y Sámara Empoderada. Además, el encuentro cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Geografía, el programa Diálogos y Saberes, el programa Kioscos Sociambientales, el Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El evento tiene como propósito principal construir una agenda nacional que visibilice las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales y costeras, particularmente en un contexto de violencia creciente y de desatención institucional. En Costa Rica, 68 mujeres por día fueron víctimas de delitos sexuales en 2023, un incremento del 76% respecto al año anterior. No obstante, solo un 15% de las denuncias resultaron en acusaciones formales, evidenciando graves fallos en el sistema de justicia. Esta situación se agrava en zonas costeras como Santa Teresa, Puerto Viejo o Cóbano, donde muchas comunidades carecen de fiscalías especializadas y servicios de atención inmediata a víctimas (El País, 2024).

Las zonas rurales y costeras enfrentan altos índices de violencia intrafamiliar y sexual, muchas veces sin acceso oportuno a centros de atención ni a redes de apoyo institucional. En la mayoría de estas comunidades no existen juzgados especializados ni servicios constantes del INAMU, lo que dificulta la denuncia y una atención efectiva. A esta violencia directa se suma la exclusión social en servicios como educación y salud, así como mayores niveles de desempleo, pobreza y bajo desarrollo humano.

En 2023, las autoridades registraron un promedio mensual de 9.388 incidentes de violencia contra mujeres, sumando un total de 112.000 casos en el año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Monumental, 2024).

Las mujeres costeras enfrentan también dobles exclusiones: de género y territoriales. La falta de acceso seguro a la tierra y a servicios básicos como salud y educación afecta de manera particular a mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes. Además, una gran parte de ellas trabaja en la economía informal, en actividades como el turismo, la pesca artesanal o la venta ambulante, sin acceso a seguridad social ni protección laboral (Cano, 2023).

Las políticas públicas suelen centrarse en el desarrollo turístico o la conservación ambiental, dejando de lado la inclusión y necesidades de las mujeres locales, que han sostenido sus comunidades en contextos de abandono estatal. Aunque existen programas del INAMU, IMAS o INA, muchos no llegan con pertinencia cultural ni territorial, es usual que en muchas comunidades se tenga poca o nula información sobre la existencia de estas instituciones, lo que profundiza las brechas estructurales.

Frente a este panorama, las mujeres rurales y costeras han impulsado respuestas organizativas desde sus comunidades. Colectivos como el Movimiento Feminista de Santa Teresa o Unidas Talamanca han logrado condenas históricas en casos de violencia sexual y han promovido procesos de formación, incidencia y organización territorial. Iniciativas como el programa Trayectos de ONU Mujeres también han reforzado el liderazgo y empoderamiento de mujeres y personas LGBTIQ+ en tránsito en zonas vulnerables (El País, 2024b).

Durante el encuentro, se llevarán a cabo mesas temáticas, ponencias y dinámicas participativas que fomentarán el intercambio de experiencias, la construcción de soluciones colectivas y la definición de compromisos de acción. Este será un espacio fundamental para promover alianzas, potenciar la incidencia política y reconocer el papel vital que desempeñan las mujeres rurales y costeras en el desarrollo sostenible, la conservación ambiental y la preservación cultural del país.

Con la fuerza del mar y la tierra, las mujeres costeras y rurales de Costa Rica avanzan juntas hacia la transformación de sus territorios, tejiendo redes de resistencia, solidaridad y esperanza.