Hemos defendido la alternativa de que, un eficiente y calificado, AyA, además de operador, sea el ente rector en el contexto de la gobernabilidad del agua potable como bien demanial. Y lo hemos hecho, principalmente como respuesta a la pretensión de que esa rectoría colegiada y lógica, sea ejercida personalmente por el ministro de Ambiente, tal y como se propone en el proyecto de nueva Ley de Aguas que, negándose a ser enterrado, sigue tramitándose neciamente en la Asamblea Legislativa, ahora producto de un acuerdo tácito entre chavistas y algunos liberacionistas.
Pero es menester que esa defensa de la rectoría a favor de un ente como el AyA, nos garantice, desde el punto de vista técnico y científico, que la misma ha de ser ejercida para, por ejemplo, la emisión de políticas y reglamentos respetuosos de las competencias de otros entes administradores del agua como bien de derecho público.
Rectoría que ha de ser bien comprendida por las mismas autoridades del AyA, para evitar que el mismo pretenda usarla para actuar cual matón de pueblo, contra el gobierno local y habitantes de Naranjo, como está sucediendo en estos días.
En el necesario proyecto de desarrollo del Condominio La Esperanza constituido por 120 viviendas de interés social, que de antemano se sabía tendría una gran demanda de agua potable, una empresa ¡arrancó su construcción y la finalizó! sin cumplir los muy responsables requisitos que la municipalidad de Naranjo había técnicamente solicitado. Empresa que tampoco previó, como se plantea en otros proyectos cuando se estima que el recurso agua podría ser insuficiente, en haber optado por fuentes de agua alternativas, a la que abastece hoy ¡Y en el futuro!, a los vecinos del cantón que merecen una mayor consideración y que no tienen por qué pagar las consecuencias de los errores y malas intenciones de otros.
Pues resulta que el AyA, que no administra el acueducto de Naranjo, violentó el muy claro marco de legalidad que rige a ese Instituto. Al hacerlo por instrucciones de la Presidencia de la República, cayó en un campo político donde eventualmente chocó con una barrera, que la misma empresa contratada por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) había estado forjando. Ello bajo la mirada cómplice de ocultos responsables que encargados garantizar el buen uso de los recursos a lo interno de la importante institución, tampoco reaccionaron con la vehemencia necesaria cuando en el presupuesto para el presente año, el exministro Nogui Acosta (ahora candidato a diputado en busca de inmunidad a partir del año entrante) disminuyó el presupuesto del BANHVI en más de 40.000 millones de colones, con las consecuencias nefastas que no es difícil imaginar, en momentos en que el país reciente la merma significativa en la construcción de viviendas de interés social.
Y es que, pareciere que la empresa constructora, mientras incumplía abiertamente la normativa del gobierno local, que ha demostrado a través de su alcalde estar seriamente preocupado por garantizar a los habitantes el abastecimiento de agua para el mañana, estuviere confiando en la ejecución de una acción «amistosa», de parte de algún cercano funcionario municipal. Para ello, habrán contado con la oportuna colaboración del aparato propagandístico de Casa Presidencial, que, en un momento fríamente calculado plantearía falsamente a la ciudadanía, que unos regidores y un alcalde insensibles, no les importaba dejar sin agua a 120 familias, por razones egoístas que solo ellos conocen.
En todo caso, tanto las autoridades del AyA, como el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora (bueno para nada) y, mucho menos, el presidente de la República Rodrigo Chaves, pueden echar a la basura la estructura legal que todos los costarricenses hemos de respetar.
Apoyados en su inmunidad, presidente y ministro han gritado ¡A LA CARGA!, cual si fuesen partes de una dictadura militar tipo Ortega o Bukele, y bajo la acción amenazante de un escuadrón de policías antimotines, asaltaron las instalaciones del acueducto municipal, para que, por la fuerza, trabajadores del AyA, sin proceso legal alguno, procedieran a hacer las conexiones forzadas para abastecer de agua, los edificios recién terminados, bajo la mirada de efectivos del Ministerio de Seguridad Pública, con órdenes de actuar en caso de que autoridades del gobierno local se atrevieran a obstaculizar las órdenes del inquilino de Zapote y Monterán.
Por eso, amigos, llamamos la atención. ¡Esa preocupante señal de matonismo jamás debe tolerarse!, por lo cual esperamos que el Poder Judicial, que en este momento también tramita precisamente, un proceso contencioso administrativo alrededor del mismo caso, ordene la corrección inmediata, y terminante, del peligroso, provocador y antidemocrático hecho, que, como antecedente de tinte político-electoral, ha de preocupar a otras comunidades que enfrentan amenazas, por el uso del agua con intereses privados, que erosionan sus derechos al abastecimiento del agua en calidad y cantidad adecuadas. O que igualmente, están amenazadas por autoridades ambientales dispuestas a construir incineradores o vertederos de basura en sus alrededores, que pudieren usar la fuerza bruta para ejecutar sus deseos. Así de frágil puede ser el sistema democrático, si no le prestamos atención y lo fortalecemos día con día.
El coordinador nacional del Bloque de Vivienda Orlando Barrantes Cartín informó a SURCOS que “decenas de dirigentes de varios lugares del país se reunieron con autoridades del BANHVI, para exponerle las principales características de sus proyectos de vivienda social”.
“También le hizo entrega de un pionero estudio de familias que necesitan vivienda, el primero de su tipo en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)”.
Orlando Barrantes indicó además que el BANHVI definió los mecanismos para darle seguimiento técnico y financiero a cada proyecto.
Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia
Las alianzas Público-Privadas deben incrementarse ante la carencia de recursos estatales
De acuerdo con los expertos de la UCR, el sector de la construcción es clave en la reactivación de la economía porque genera empleos, incrementa la productividad y mejora la calidad de vida de las personas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Con el fin de contribuir con la reactivación económica del país ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, un grupo de estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica elaboró un documento con más de20propuestas para el sector de la construcción y de la ingeniería civil.
De acuerdo con los expertos, este sectorrepresenta casiel7% del empleo en el país, tomando en cuenta solo puestos directos de trabajo. Esto lo convierte en una actividad clave para desarrollar estrategias de recuperación económica con efectos positivos a corto plazo, tomando en consideración su capacidad de emplear personas de todos los estratos sociales.
Sin embargo, la misma crisis económica aunada a la compleja situación fiscal que atraviesa el país y a los recortes que aplicó la Asamblea Legislativa al Presupuesto de la República para el 2021, obligan a pensar en Alianzas Público-Privadas (APP) para que el sector de la construcción siga desarrollándose y generando puestos de trabajo.
En este sentido, Germán Valverde, docente de la Escuela de Ingeniería Civil, considera imprescindible este tipo de convenios. “Queda muy claro que para darle el impulso necesario al desarrollo de la infraestructura en general va a ser necesario el uso de capitales privados y el apoyo de las APP para los próximos años. Es muy importante no parar la continuidad del desarrollo de proyectos”, enfatizó.
En esta misma línea, Rosendo Pujol Mesalles, catedrático de esta misma Escuela, advierte sobre la urgencia de bajar la incertidumbre económica y territorial por medio de un diálogo en el que se discutan cuáles son los proyectos que están maduros para ser ejecutados y quitarles las trabas que los están bloqueando.
Las propuestas están organizadas en 7 grandes ejes que van desde la construcción en general hasta el desarrollo de infraestructura relacionada con la telemática. También se incluye un apartado más extenso sobre la construcción de obras de infraestructura vial y la edificación de viviendas bajo un novedoso sistema.
Eje de la construcción en general
En vista de que las obras de infraestructura de gran envergadura suelen mejorar la competitividad del país, el grupo de estudio sugiere mantenerlas activas y agilizar su desarrollo, de la mano de la promoción de proyectos de corto plazo que requieran gran cantidad de mano de obra, que sean ejecutados por muchas empresas constructoras y que, a su vez, satisfagan necesidades inmediatas de la sociedad, como vivienda, acceso a agua potable, tratamiento de aguas residuales e infraestructura hospitalaria, entre otros.
Subraya el documento que estas medidas deben acompañarse de una revisión de los procesos de contratación y de la tramitología actual, en aras de fomentar la transparencia y abrir las oportunidades a la mayor cantidad de oferentes en todo el territorio nacional.
En este apartado las propuestas son las siguientes:
Continuar el financiamiento del programa de vivienda para las personas de menores recursos.
Mantener el financiamiento y acelerar la ejecución de proyectos hospitalarios, de alcantarillados pluviales y sanitarios y el mantenimiento de vías nacionales y cantonales.
Adaptar infraestructura existente para hacerla más apropiada a la situación de la pandemia.
Dotar de nueva infraestructura a escuelas y colegios que hayan sido declarados inhabitables por situaciones sanitarias o estructurales.
Tomar en cuenta el cambio climático en todas las obras para mitigar los daños que puedan ocasionar condiciones climáticas más adversas.
No paralizar el diseño y planificación de obras y proyectos, pero sí adaptarlos a las nuevas necesidades.
Mejorar el ordenamiento territorial que promueva una mayor productividad y un mejoramiento en la calidad de vida.
De acuerdo con el criterio de los analistas de la UCR, la inversión en obra pública debe incrementarse. La foto corresponde a la reconstrucción del edificio de Correos de Costa Rica en Limón. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Esta consiste en la identificación de lotes pequeños y casas que hayan cumplido su vida útil dentro de los cascos urbanos de las ciudades, donde pequeñas y medianas empresas diseñen y desarrollen proyectos residenciales de condominio vertical de pequeña escala.
1) Presentar una alternativa que permita aprovechar mejor la infraestructura y repoblar la ciudad.
2) Dar mayor accesibilidad a las familias de escasos recursos a terrenos con buena ubicación.
3) Generar opciones de empleo para trabajadores de la industria de la construcción, así como para profesionales y empresas de ingeniería y arquitectura.
4) Contribuir con los esfuerzos del plan de reactivación económica del país.
Eje de la construcción de obras de infraestructura vial
Los analistas de la UCR consideran que este eje es estratégico para ampliar mercados, incrementar la inversión privada y reducir los costos de producción, entre otros beneficios. Sin embargo, llaman la atención sobre la importancia de enfocar estas acciones en los sectores más rezagados.
“Los mayores rendimientos e impactos se consiguen cuando las inversiones se realizan en lugares donde la infraestructura es más escasa y deficiente. Por lo tanto, si se desean conseguir los mayores impactos en el crecimiento económico, es necesario volver los ojos a las zonas del país con mayores rezagos de desarrollo y que presentan mayores carencias de infraestructura”, puntualiza el documento.
En términos generales, las sugerencias en esta materia se centran en retomar y fortalecer el Plan Nacional de Transporte (PNT) y que cada gobierno dé continuidad a los proyectos iniciados en administraciones anteriores e inicie los procesos de nuevas obras de infraestructura que heredará al siguiente gobierno.
Las propuestas de esta sección se resumen en los siguientes puntos:
Aumentar la inversión en obras de infraestructura vial en el orden del 3.66% de Producto Interno Bruto, en promedio, cada año, e incrementar la inversión privada en este ámbito.
Retomar el PNT como la hoja de ruta de inversión pública en infraestructura de transporte.
Acelerar las etapas de preinversión, diseño y gestión de derechos de vías de nuevos proyectos contemplados en el PNT y su inscripción ante el CFIA, para no paralizar el desarrollo de obras de infraestructura de transporte.
Priorizar aquellos proyectos del PNT que corresponden a la mejora de corredores estratégicos desde el punto de vista logístico y a la mejora de vías que forman parte de la red vial complementaria, particularmente aquellas localizadas en zonas rurales de alto potencial productivo, turístico y de atracción de nuevas inversiones, en lugar de concentrar inversiones dentro de la Gran Área Metropolitana.
Convertir las rutas de lastre que pertenecen a la red complementaria establecida en el PNT en vías pavimentadas o mejorar su condición por medio de sellos asfálticos no estructurales. “Nuestra recomendación es mejorar la calidad de las redes de lastre. Cada año se invierten cerca de 8 mil millones de colones y la durabilidad que tienen las intervenciones de esta red es de aproximadamente 4 meses. Es una inversión muy poco efectiva. De hecho, el Plan Nacional de Transporte requiere, además de la Red Estratégica de Alta Velocidad, también una Red complementaria, y parte de esa red complementaria está conformada por estas vías no pavimentadas”, detalló Valverde.
Incrementar la participación del sector privado a través de diversas figuras de APP para la inversión y como responsables del mejoramiento, operación y mantenimiento de infraestructura de transporte.
No utilizar más recursos del Fondo Vial del Conavi para financiar obras del proyecto San José-San Ramón, sino que el Fideicomiso del Banco de Costa Rica gestione la obtención de recursos frescos para el desarrollo de ese proyecto.
Fomentar la creación de microempresas de conservación vial.
Mejorar la Red Estratégica de Alta Velocidad y la Red Complementaria compuesta, en su mayoría, por caminos de lastre son parte de las propuestas en materia de infraestructura vial. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Otras medidas
El análisis desarrollado por el equipo de docentes de la Escuela de Ingeniería Civil no se limitó a la llamada “obra gris” sino que contempló otros aspectos de vital importancia para la convivencia y el desarrollo el país. Uno de ellos es el fortalecimiento de la infraestructura telemática en todo el territorio nacional, especialmente en escuelas, colegios y áreas públicas.
“La crisis del COVID-19 es una crisis que se gesta sobre otra ya existente: la de la desigualdad de conectividad para el acceso a servicios o a fuentes de información y conocimiento. Bajo la nueva realidad, con las clases virtuales, la conectividad de estudiantes y docentes que habitan a todo lo largo y ancho del país, se vuelve una necesidad tan imperiosa como en su momento fue la construcción de escuelas”, reza el documento.
Por otra parte, también se considera que muchos centros educativos urgen una reconversión para ajustarse a la denominada “nueva normalidad”. Esto incluye aspectos como mejoramiento en servicios sanitarios y estaciones de lavado de manos, habilitación de espacios para atender personas con afecciones respiratorias, colocación de mamparas de acrílico en sitios de atención al público y señalización en general.
El documento también propone fortalecer, acelerar y difundir un programa de inversión que incluya la construcción de acueductos nuevos y la reparación de los ya existentes, en vista de que la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la enorme importancia de contar con un suministro permanente de agua potable para garantizar la higiene básica personal y la limpieza frecuente del hogar.
Finalmente, se propone simplificar los trámites para obtener los permisos de construcción como un eje transversal que contribuya con la materialización y aceleración de todas las propuestas, así como rendir cuentas a la ciudadanía en relación con todas las acciones desarrolladas.
Puede consultar el documento de las propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/uhIH
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
