Un grupo de personas de Piedras Blancas de Osa se movilizó hasta las oficinas del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) ubicadas en Río Claro de Golfito, para demandar una solución a la tenencia de la tierra, un lote para contar con una vivienda digna.
La Comisión Sureña informó a SURCOS que “tienen 17 años de posesión del lote no. 24 de la finca conocida como Haciendas del Sur, donde viven dieciséis familias de escasos recursos económicos en una de las zonas más empobrecidas del país, y a pesar de esa situación, no menos de cuatro gobiernos han pasado y ninguno ha resuelto la difícil situación de todas las familias que ahí viven”.
Por eso decidieron hacerse presentes con rótulos demandando a las autoridades del INDER resolver su difícil situación.
El Concejo de Distrito Carmen informa que, debido a la situación climática actual que atraviesa el país, el Primer Encuentro por el Derecho a la Ciudad ha sido reprogramado. Esta importante actividad, que busca fomentar el diálogo y la reflexión sobre temas clave para el desarrollo urbano sostenible, se realizará el próximo 8 de diciembre a las 10:00 a.m. en el Parque Polideportivo Aranjuez.
El Encuentro por el Derecho a la Ciudad es un espacio abierto a la comunidad, donde se discutirán temas fundamentales como la importancia de los parques y espacios verdes en las ciudades, la necesidad de un transporte público eficiente y accesible, así como la urgencia de contar con aceras caminables y calles seguras para todas las personas, sin discriminación. Asimismo, se abordarán temas relacionados con la regulación del desarrollo urbano, la vivienda digna para todos y todas; la democracia y participación ciudadana, como pilares esenciales para construir ciudades más inclusivas y equitativas.
La participación activa de la comunidad es fundamental para construir un modelo de ciudad donde prevalezcan los derechos y las oportunidades para todas las personas.
Hasta hace muy pocos años jamás pensé que en este, “mi país”, escaseara el agua o se tuviese precaución a la hora de tomarla directamente del tubo, porque podría estar contaminada. O que no se pudiera salir por la noche con la seguridad de la que siempre gozamos en nuestra loca juventud cuando, chicas y chicos, deambulábamos a pie, hasta la madrugada, sin preocupación ni zozobra; o en nuestra niñez, cuando jugábamos en potreros, terrenos baldíos, parques, calles, callejones, alamedas, hasta altas horas de la noche. Mucho menos que hubiese apagones ni asaltos o crímenes en la vía pública y a plena luz del día.
Y hubiese jurado que la seguridad social –seguro universal y gratuito– crecería y gozaríamos de ella para siempre, cada vez con mayor eficiencia y más oportuna; que, por ejemplo, las ciudades capitales de cada región contaran con un hospital como el México o el Calderón Guardia, asunto para nada inalcanzable si no se hubiese desfinanciado a la Caja (CCSS). Lo mismo con la educación pública, gratuita y costeada por el estado, con estándares de calidad semejantes a cuando cursaba mis estudios secundarios en el otrora prestigioso Liceo San Carlos, el cual, para entonces, por la calidad de sus docentes, no tenía nada que envidiar a cualquier colegio privado de San José. O que las telecomunicaciones y la electricidad podrían exportarse a toda Centroamérica y más allá, contando con una institución como del ICE, por mucho tiempo la mejor empresa en su línea en América Latina y con las tarifas más baratas. (Recuerdo, en mis épocas de hippie, cuando un profesor francés que me hizo raid hasta Sámara, Nicoya –se daba el lujo de vacacionar en Costa Rica y alquilar un auto con su salario– me asegurara que estábamos mejor que en París puesto que, con unas cuantas monedas y sin la mediación de una operadora, podía llamar desde una cabina en la playa directamente a su casa en Lyon). Tampoco podía imaginar un banco privado, o decenas de universidades privadas atacando a las públicas en pos del presupuesto estatal que se les asigna(ba), aunque el estado no cumpla a cabalidad con el mandato constitucional. A pesar de ello, continúan siendo las más prestigiosas, solventes y eficientes; las únicas que aún pueden llamarse “universidades”.
En fin, presumía, con amigos y conocidos latinoamericanos, usamericanos y europeos, porque generalmente ocupábamos los primeros lugares del continente en cuanto a salud –atención médica, erradicación de enfermedades, campañas de vacunación, prevención–, educación –eliminación del analfabetismo, nutrición escolar, infraestructura escolar, cobertura nacional–, vivienda popular, agua potable, telecomunicaciones y electricidad –cobertura nacional–, distribución del ingreso, producción agrícola –con el orgullo de los estancos del CNP–, eliminación de la pobreza, etc. Casi siempre al lado de los también buenos índices de Cuba. (Hoy, vergonzantemente, somos el país más desigual del mundo).
Trato de decir que el Estado Social de Derecho erigido a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, luego de una cruenta guerra civil (1948) y de un pacto social inédito (oligarquía, clase media y trabajadores, representados por socialcristianos, socialdemócratas, iglesia católica y comunistas), parecía alzar vuelo y funcionar al margen de la guerra fría, de las dictaduras y de las guerras civiles que asolaban a Centroamérica y al resto del subcontinente. Un estado que, a pesar de errores y corruptelas, se presentaba como el proyecto político más logrado y solvente de la región prometiendo mayor estabilidad social en un marco geopolítico sumamente violento y de agudas contradicciones sociales. ¡Pero llegó la contrareforma!
Luego de la lúcida defensa de dicho estado y de la soberanía nacional por parte de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), misma que le fuera cobrada sin indulgencia por parte del FMI y el BM, hincándonos con la devaluación de la moneda, lo que provocó ira en el pueblo costarricense (pero no contra el FMI o el BM, desafortunadamente, sino contra el gobierno defensor de la soberanía, ¡habrase visto!), sobrevino el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) que implementa los primeros planes de ajuste estructural (PAEs), iniciando así la contrareforma neoliberal y la ruptura de un estado que, hasta entonces, operaba –mal que bien– con un rostro humano y sin tanta sangría social, ofreciendo oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos.
Más tarde los neoliberales, con Óscar Arias a la cabeza, asaltan el Partido Liberación. Nacional (PLN), trastocando lo que aún le quedaba de socialdemócrata. Con un “bazoocazo constitucional” –paradoja: así lo bautizó Luis Alberto Monge Álvarez– y sin oposición, logran reelegir al susodicho. Igual sucede con el partido Social Cristiano (PUSC) con la llegada del junior –Calderón Fournier–, quien, junto al otro junior –Figueres Olsen– firmarán un pacto para repartirse el pastel tratando de cerrar y privatizar instituciones. El segundo logra quebrar y eliminar el Banco Anglo Costarricense, entre otros desmanes concertados. Dicho de otra manera, el bipartidismo se alía y conforma un sólo partido –que, cual máscara de Jano, intercambiará el mangoneo del gobierno: el PLUSC. Cuando el jueguito se les agota, entonces deciden crear el Partido Acción Ciudadana (PAC) dilapidando muy pronto su caudal electoral, ya que los dos gobiernos que logran posicionar –atizando la hoguera del fundamentalismo y embobando a izquierdistas parlamentarios y progresistas pro derechos humanos– aceleran la contrareforma de manera agresiva, ganándose la animadversión de una masa ya confundida e intoxicada con el discurso único de esa entente y de la globalización bajo esquema neoliberal administrada por USA. Entonces, ya casi desesperados, inventan una nueva candidatura y envían por un desconocido ávido de poder y de riquezas. Solo que, al parecer, les salió un poco careto aliándose con nuevos ricos y fuerzas espurias. Lo demás lo estamos padeciendo.
Es este un recuento, grosso modo –quizás de manera harto gruesa– para comprender el galopante proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho y el avance de la contrareforma neoliberal dirigido por la plutocracia nacional –con sus contradicciones interclase (grupos de poder que reclaman su tajada), claro está– agenciada por franquicias políticas cada vez más de derecha rayanas en un alarmante y criollo proto fascismo. Es lo que hay. Lo que se lamenta es que el período de desmontaje y deterioro del estado y de la república en general, haya sido tan vertiginoso y virulento; tanto que todavía nos preguntamos cuándo fue, exactamente, que empezó a joderse este paisito. Lo peor: con el apoyo de miles de fanáticos que aplauden dicho desmontaje desconociendo la gravedad del asunto, toda vez que serán ellos los más castigados cuando esta ínsula se privatice en absoluto y pase a ocupar la vanguardia en términos de concentración de capital en pocas manos, bancarrota social y violencia criminal. Lo que se avizora es más que patético. A no ser que demos un golpe de timón y enderecemos la barca en busca de los principios que hicieran de este país un ejemplo mundial en la segunda mitad del siglo XX; algo así como el trapito de dominguear de las democracias capitalistas, una rareza en una Centroamérica convulsa y desangrada. ¿Tendremos los arrestos espirituales, políticos y socioculturales para ello todavía? ¿Será posible la conformación de un verdadero frente político y social que enfrente la, hasta ahora, imparable contrareforma?
Socias de La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, reunidas en asamblea el 9 de marzo de 2024 en la ciudad de San Ramón, reafirmamos de forma unánime, nuestro compromiso por la protección de los derechos fundamentales y la defensa de los intereses de nuestra comunidad, con las siguientes causas:
Nos comprometemos a defender la C.C.S.S como pilar indispensable del sistema de seguridad social. Nos oponemos a cualquier intento de privatizar los servicios de salud, así como al proyecto de copago de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Ratificamos la importancia de mantener la gestión pública y democrática de los servicios de salud, garantizando el acceso universal y equitativo, por lo que seremos vigilantes de cualquier intento de debilitamiento de los mismos.
Respaldamos el derecho al agua como un recurso vital y esencial para la dignidad humana. Nos comprometemos a proteger y preservar este recurso y la lucha por el acceso equitativo y sostenible para todas las personas.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias del asentamiento Los Jardines de San Juan de San Ramón, en su lucha por el reconocimiento y la protección de su derecho legítimo a la tierra y la vivienda digna, demandando soluciones justas y sostenibles.
Nos mantendremos vigilantes en la defensa de los derechos de las mujeres, amenazados por la persistencia de la discriminación, la violencia de género y otras formas de injusticia, así como el deterioro de las políticas públicas con perspectiva de género y la reducción del gasto social, que afecta especialmente a las mujeres de sectores populares.
Reafirmamos nuestra defensa del estado social de derecho como principio fundamental de la democracia y la convivencia pacífica.
Demandamos una auditoria ciudadana para transparentar el manejo de fondos públicos y de pensiones y nos sumamos a los esfuerzos de la alfabetización sobre deuda pública, para garantizar comprensión de la ciudadanía sobre los alcances de esta auditoría.
Ratificamos nuestro compromiso con la alianza de los sectores y movimientos sociales de nuestro cantón, la región y a nivel nacional, como un espacio de unidad y acción colectiva en la defensa de los intereses populares y la justicia social en Costa Rica, manteniendo la resistencia organizada contra el neoliberalismo y el patriarcado.
Orlando Barrantes, actual miembro del Bloque de Vivienda, dio un mensaje en apoyo a las familias de los Jardines en San Ramón debido a que se encuentran actualmente en juicio por el motivo de que “algunos millonarios” desean desalojarlos de sus tierras, indica el Señor Orlando Barrantes. También comenta que el juicio da inicio el próximo 22 de enero donde se decidirá sobre los propietarios de estos terrenos, en ese sentido, el señor Orlando invita a todas las personas relacionadas con el Bloque de Vivienda a estar atentos y mostrar su apoyo con estas familias.
Junto a esto anteriormente mencionado, el dirigente indígena, Tomas, desde China Kichá se muestra en apoyo a las familias de los Jardines de San Ramón.
Don Orlando también comenta acerca de la reunión que tendrá el Bloque de Vivienda el próximo 16 de enero para desarrollar dos temas, el primero en relación al presupuesto a utilizar durante el año 2024 y el segundo tema es acerca del desarrollo de los proyectos a desarrollar.
La reunión se realizará el próximo martes 16 de enero a las 9:30 a.m. La reunión será realizada en la oficina del SISSS, 125 metros al sur del Colegio de Señoritas, edificio ASNAPE, San José.
Un grupo de 150 humildes familias serán llevadas a juicio ante una denuncia penal por “usurpación”. Este juicio inicia el lunes 22 de enero del 2024 en los tribunales de San Ramón. La denuncia la interponen unas poderosas personas de esa zona. Las familias denunciadas son gente pobre, sin casa propia, que hace años ante la necesidad de tener vivienda digna y procurarle mejores condiciones de vida a sus hijos y familiares optaron por vivir en forma quieta, pacífica, pública e ininterrumpida en los terrenos hoy en disputa.
Los millonarios que pusieron la denuncia contra las humildes familias nunca han podido demostrar ser los dueños legítimos de esos terrenos. Para aclarar lo anterior la Fiscalía del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón, materia penal) ordenó que los topógrafos forenses realizaran una inspección técnica detallada del lugar donde viven las familias. El resultante Dictamen Pericial oficial (Número Único: 18-001040-0332-PE. Número DCF: 2020-00468-ING) indica, entre otras cosas, que:
No se logró demostrar que el plano 18308-1975 se relaciona con las fincas 208417-000 y 2046-000.
No se puede demostrar en las fincas en litigio tengan relación con las fincas ocupadas por los denunciados.
Existen 5 lotes que aparecen como propiedad de la Municipalidad de San Ramón.
A la fecha las fincas 193648-2015 y 253481-000 no han sido ubicadas.
Es decir, con información falsa se pretende engañar al Tribunal Penal. Por eso decimos que ES INAUDITO PRETENDER DESALOJAR A LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO LOS JARDINES. Aquí lo que existe es un intento de apoderarse ilegítimamente de unos valiosos terrenos ubicados casi en el propio centro de San Ramón.
Quedan además muchas dudas, entre otras, ¿porque este juicio es penal y no agrario?
Desde el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) hacemos un llamado para brindar máximo apoyo a las familias del asentamiento Los Jardines que necesitan vivienda, agua potable, luz eléctrica, trabajo, etc.
Organización y movilización por derechos sociales.
El dirigente del Bloque de Vivienda, Orlando Barrantes Cartín destacó la felicidad de las más de 140 familias que lograron contar con vivienda digna en Purral de Goicoechea.
El luchador social señaló: “Este es un logro de la lucha en el sector vivienda. Nosotros nunca hacemos alarde de nuestros logros concretos. Pero en esta ocasión sí queremos mostrar que, con la lucha, la organización social, la tenacidad, la paciencia, la lealtad y la movilización se pueden mejorar las condiciones de vida de nuestras familias”.
Orlando Barrantes Cartín agregó que “el Bloque de Vivienda con humildad pero con mucho orgullo comparte la felicidad de estas familias”.
El proyecto fue aprobado por el Banco Nacional Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) durante la administración Alvarado Quesada.
Orlando Barrantes Cartín.Vistas de Guadalupe, Purral. Consta de 12 torres de apartamentos.
CONARE rechaza las manifestaciones públicas del presidente de la República contra el Tecnológico de Costa Rica y su rectora
25 de octubre del 2023. Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.
Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.
CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.
Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.
Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.
En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.
Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.
De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.
Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.
Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.
Instamos al presidente de la República al respeto de la autonomía y al diálogo abierto como para la elaboración de propuestas, soluciones y acuerdos que tanto requiere el país.
El Bloque de Vivienda apoya y felicita a las familias que luchan en defensa de sus viviendas dignas.
Las familias pobres defenderán su derecho a la vivienda
En solo un año (2022-2023) más de 3.000 familias pobres han perdido su derecho a una vida mejor bajo un techo digno, al ser cercenado el presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).
Eso se debe a los recortes que el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, les han aplicado a los recursos del BANHVI. Las familias pobres tienen derecho a protestar, a reclamar.
Los dineros con que el BANHVI financia sus programas de bonos no son del gobierno, sino que cada empresario aporta, a través de un impuesto específico, el 5% del valor total de las planillas de sus empleados que reporta cada mes a la CCSS.
Esta institución recoge ese dinero y lo deposita en una cuenta especial que tiene FODESAF en el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo a la Ley 7052, durante los últimos 37 años ese Ministerio ha girado en doceavos lo que le corresponde al BANHVI, esto es el 18.07 % del total que le ingresa anualmente a FODESAF (Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares).
De forma arbitraria y absolutamente insensible a las necesidades de miles de familias pobres y de forma totalmente ilegal, el pasado gobierno de Carlos Alvarado inició los recortes al BANHVI acudiendo a la regla fiscal. En su gobierno Alvarado les quitó a las familias pobres más de 6.000 viviendas.
Lo mismo está haciendo ahora el gobierno presente de Rodrigo Chaves, solo que esta vez, para el Presupuesto Ordinario 2024, pretende recortarle al BANHVI nada menos que ¢30.000 mil millones.
En esta ocasión el presidente no puede justificar sus recortes con la regla fiscal, pues desde al año pasado la Procuraduría General de la República mediante oficio PGR-150-julio 2022, ha aclarado con contundencia que la regla fiscal no puede ser aplicada a los recursos del bono de la vivienda.
Ante esta situación, el Bloque de la Vivienda le ha consultado al Ministerio de Hacienda cuáles son las razones con las que justifican semejante ataque a las ya deterioradas condiciones de las familias más obreras. No hubo respuesta del Ministerio de Hacienda.
Si el gobierno le cobra un 5% de impuesto a los empresarios para financiar los programas de vivienda social del BANHVI, ese dinero debe de ingresar al BANHVI, como destino específico que es y como lo establece una ley, la Ley 7052 Ley del Sistema Financiero para la Vivienda. Es ilegal que el gobierno le cambie el destino a esos recursos.
Bajo la anterior premisa, las familias pobres que están siendo afectadas en su condición de vida tienen todo el derecho a ejercer las presiones y denuncias que consideran convenientes.
El Bloque de Vivienda reitera públicamente su apoyo a las familias que hoy se movilizan, tal y como lo ha hecho el Bloque en otras ocasiones.
Asimismo, hacemos un llamado vehemente a los diputados y diputadas para que no aprueben el Presupuesto Ordinario 2024 tal y como lo ha presentado el gobierno y eviten así este nuevo recorte de los 30.000 millones al BANHVI.
Hacienda presenta nuevamente recortes al BANHVI en el presupuesto 2024, y peor aún atenta contra su autonomía:
1. Hacen ver un aumento en Vivienda del 2.322% al mandar el presupuesto del BANHVI dentro del presupuesto del MIVAH (y no de FODESAF).
2. Asigna solo 132 mil millones al FOSUVI, cuando FODESAF señaló que la proyección que corresponde por Ley del 18,07% al BANHVI es de 162 mil millones (monto con el que se elaboró el presupuesto 2024), por tanto, realiza un recorte de 30 mil millones.
3. Trata de esconder este recorte enviándolo al MIVAH, ya que allí no debe indicar cuál es el monto de ingreso real de FODESAF. En los presupuestos anteriores FODESAF señalaba en la “coletilla presupuestaria” cuánto era el monto real de ingresos, cuánto lo aprobado por Hacienda y cuánto era entonces el recorte.
4. Otra vez rebajan el monto de impuesto solidario, asignando el mismo monto del año pasado.
5. Mandan los recursos al MIVAH para lograr lo que no pudieron hacer con el proyecto de fusión, perdiendo así la autonomía del BANHVI (al ser una institución de CARÁCTER PÚBLICO NO ESTATAL CON AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA) desarrollando entonces una relación de dependencia con el Poder Ejecutivo, violentando claramente la Ley 7052. Vuelven a tratar de concentrar el poder, como no lo lograron vía ley lo hacen vía presupuestaria.