Elena Manzanarez Juárez Técnica universitaria en Gestión Local Desarrollo Comunitario y Políticas Públicas con enfoque en zona Pacífico Central
Comparto esta información con la intención de que como líderes de las comunidades estemos informados sobre el Expediente 23.414, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y que podría votarse entre hoy y mañana en Plenario. Aún faltarían otras etapas antes de convertirse en ley.
Una de las principales preocupaciones que diversos sectores técnicos, institucionales y sociales han señalado es que el proyecto desarrolla ampliamente los cambios del sistema eléctrico y del mercado energético, pero aborda muy poco la realidad de comunidades con problemas de vivienda, escritura y regularización territorial.
En el texto actual no se observan mecanismos claros para atender situaciones de comunidades que tienen dificultades para acceder formalmente al servicio eléctrico debido a problemas de tenencia de tierras o falta de regularización.
El proyecto también plantea una nueva estructura de coordinación donde MINAE, ARESEP y la nueva entidad ECOSEN tendrían funciones importantes en la operación y regulación del sistema eléctrico. Durante el proceso legislativo, algunas observaciones técnicas han señalado preocupaciones sobre:
* capacidad operativa;
* complejidad administrativa;
* reglamentación futura;
* y claridad de competencias institucionales.
* Muchas de las reformas estarán bajo interpretación de terceros.
Además, algunos criterios técnicos y profesionales han advertido que el proyecto tiene un enfoque altamente técnico y orientado al mercado eléctrico, con menor desarrollo de aspectos sociales y territoriales. Esto pone en situación vulnerable a Pueblos Originarios, zonas costeras y barrios con problemas de tenencias de tierras.
En comunidades específicamente como Esparzol ubicado en el cantón de Esparza Puntarenas y estoy segura de que la situación se replica en otras zonas del país, muchas familias todavía enfrentan dificultades para obtener medidores o servicios formales debido a problemas de regularización de terrenos. Por eso preocupa que futuras reformas no contemplen soluciones sociales concretas para comunidades vulnerables.
Esto no significa que mañana se vaya a quitar la electricidad, pero sí que es importante que estos temas se discutan ahora, antes de que la ley quede aprobada.
La solución no depende únicamente del sistema eléctrico. También requiere:
* regularización de terrenos;
* proyectos de vivienda;
* apoyo institucional del BANHVI, MIVAH e INVU;
* y políticas públicas que garanticen acceso digno y seguro a servicios básicos.
Lo que no queda contemplado claramente en la ley y sus reglamentos posteriores puede terminar generando vacíos para las comunidades más vulnerables o que las instituciones no asuman su roll del Estado.
Y estás situaciones las hemos enfrentado los promotores, gestores y líderes de proyectos en la búsqueda del derecho a vivienda digna y estamos en posición de primera mano de dar fe de que así es como funciona lo que queda establecido por ley en Costa Rica.
Imagen de cabecera: Campamento del ICE en Buenos Aires de Puntarenas.
Este miércoles 18 de marzo, familias indígenas Ngäbe fueron desalojadas por la Fuerza Pública de los cuadrantes de Finca Tayrona en Sixaola de Talamanca. Las órdenes de desalojo fueron promovidas por la Chiriki Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, en contra de Armando Baker, Roberto Carlito, Federico Machuca y sus familias. Al final de esta nota compartimos el testimonio de Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola.
Según Galletano Villagra, líder indígena de la zona, se trata de una persecución por parte de la compañía bananera, la cual atenta contra la libertad de culto de los pueblos indígenas, ya que dentro del desalojo se destruyó un pequeño ranchito que los compañeros indígenas utilizaban para sus prácticas espirituales.
Si bien los cuadrantes forman parte de las fincas bananeras, muchas de estas familias han vivido en estas casas por más de 25 a 30 años, producto de la relación laboral que han tenido con las compañías. Además, tal y como lo ha afirmado Villagra, las familias debían ser reubicadas a otras casas, sin embargo, los inmuebles definidos para la reubicación se encuentran en condiciones inhabitables.
La situación es mucho más compleja que un típico conflicto laboral y de vivienda, debido a que es población originaria, la cual se ampara bajo normativas nacionales, como la Ley 9710 de protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza, e internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que protegen sus derechos. Galletano Villagra señala que, aunque las empresas deben brindar viviendas dignas para sus trabajadores, la Chirikí Land Company asegura que no tiene ninguna obligación frente a eso.
A pesar de que el conflicto se encuentra en proceso de conciliación, la compañía bananera ha emitido el desalojo. El representante indígena afirma que la empresa está desmantelando casas de los cuadrantes y suplantándolas por siembra de banano, con el fin de ir eliminando todas las casas donde actualmente viven las familias indígenas Ngäbe.
El pueblo Ngäbe de Sixaola no cuenta con territorio propio. A pesar de que el Estado costarricense está en la obligación de otorgar tierras a los pueblos indígenas que viven dentro de su territorio, esto no ha ocurrido. Mientras la situación se mantenga de esta forma, el conflicto por vivienda con las compañías bananeras seguirá. Lamentablemente, hasta que no se respeten sus derechos como pueblo originario y no se defina la compra del terreno necesario para que este pueblo originario pueda establecerse, este círculo vicioso en que vive el pueblo Ngäbe de Sixaola, no se acabará.
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Fuerza Pública y bananera desalojan familias indígenas ngäbe en Sixaola
Por Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola
Este miércoles 18 de marzo, la Fuerza Pública ha efectuado un desalojo solicitado por la Compañía Bananera Chiquita en las comunidades de Finca Costa Rica, Finca 96 y Finca 97 en Sixaola de Talamanca, contra varias familias indígenas Ngäbe, los cuales han quedado en la calle.
Para nosotros los indígenas del pueblo Ngäbe de Sixaola es inhumano que hayan pasado estos desalojos el día de hoy porque demuestra que al Estado costarricense no le importan los derechos humanos ni mucho menos cuando se trata de pueblos originarios.
Esta situación no ocurriría si nosotros el pueblo Ngäbe de Sixaola tuviéramos un territorio indígena propio, pero lamentablemente vivimos en casas alquiladas y en casas y cuadrantes de las bananeras, y nos tratan como si no fuéramos personas, tirándonos a la calle.
Necesitamos que las personas conozcan lo que vive el pueblo Ngäbe de Sixaola con las compañías bananeras.
SURCOS comparte la siguiente reseña de un boletín que fue enviado a nuestra redacción.
El asentamiento de Monte Alto celebró el pasado 25 de enero de 2026 un acto político de celebración y agradecimiento tras concretarse un logro histórico: después de casi diez años de lucha, las familias lograron un acuerdo que les permitirá comprar sus lotes a un precio accesible y avanzar hacia la titulación formal de la tierra.
El boletín Monte Alto: Celebración y agradecimiento recoge la memoria de un proceso colectivo que nació de la necesidad urgente de vivienda y se sostuvo gracias a la organización, la solidaridad y la perseverancia de cientos de familias trabajadoras.
Una lucha que nació de la necesidad
Monte Alto surgió cuando decenas de familias, sin acceso a vivienda y ante la existencia de terrenos sin uso social, decidieron organizarse e ingresar a la tierra. El proceso fue impulsado por personas con experiencia en luchas agrarias, entre ellas Carlos Coronado, Grace Serrano y Hernán Martínez.
Los primeros años estuvieron marcados por desalojos, destrucción de ranchos, persecución y ausencia de servicios básicos como agua y electricidad. Más de 40 viviendas fueron demolidas en uno de los episodios más duros. Sin embargo, la comunidad resistió.
Las mujeres jugaron un papel fundamental en la defensa del asentamiento, sosteniendo la organización cotidiana, el cuido de las familias y la continuidad de la lucha.
De la tierra para sembrar al derecho a la vivienda
Con el tiempo, el asentamiento creció hasta superar las 400 familias. La realidad social fue redefiniendo el sentido de la lucha: muchas personas trabajaban en la ciudad y no en agricultura, por lo que el eje pasó de la producción agrícola al derecho a la vivienda.
Monte Alto dejó de ser visto únicamente como una toma de tierra y empezó a consolidarse como barrio popular organizado. El acompañamiento de organizaciones sociales, el Bloque de Vivienda, el PRT y otros espacios fue clave para sostener el proceso en momentos críticos.
Un logro histórico
Tras casi una década de movilizaciones y procesos legales, se alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria del terreno. Aunque no se trató de una donación, el convenio permitió:
Evitar el desalojo.
Garantizar seguridad sobre la tierra.
Abrir el camino hacia la titulación formal.
Actualmente continúan los procesos de medición y trámites para que cada familia inscriba legalmente su lote.
Aprendizajes para otras luchas
El boletín destaca siete aprendizajes centrales de la experiencia:
La organización colectiva es la base del logro.
Las luchas son procesos largos.
Las mujeres sostienen la resistencia.
La lucha debe adaptarse a la realidad.
Las alianzas fortalecen.
Defender la tierra es defender la dignidad.
La memoria fortalece futuras luchas.
Monte Alto demuestra que los derechos no son concesiones sino conquistas colectivas.
Carlos Coronado: memoria viva de la lucha
El boletín consigna que “durante el acto se rindió homenaje a Carlos Coronado, dirigente histórico de la lucha por la tierra y la vivienda en Costa Rica. Con más de cuatro décadas de participación en procesos organizativos, ha sido impulsor de tomas de tierra tanto en zonas rurales como urbanas”.
Su aporte ha consistido no solo en la acción directa, sino en promover organización, formación política y conciencia colectiva. Para Coronado, la tierra debe cumplir una función social y no ser mercancía, destaca el documento.
Una lucha que continúa
Aunque la compra de los terrenos representa una victoria histórica, la lucha no termina. Persisten desafíos como acceso a servicios básicos, cambio de uso de suelo, infraestructura y construcción de viviendas dignas.
Como expresó una persona participante durante el acto: “Aquí no hubo regalo: hubo lucha, organización y resistencia.”
Esta nota forma parte de una producción audiovisual realizada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en colaboración con comunidades organizadas en los Estados Unidos. El trabajo documenta una experiencia inspiradora de lucha popular por el derecho a la vivienda en una de las ciudades más desiguales del mundo: Los Ángeles, California.
En medio de una profunda crisis habitacional global, donde millones enfrentan desalojos, rentas impagables y condiciones indignas, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles se ha convertido en un referente de resistencia urbana, organización comunitaria y poder popular. Esta producción recoge los testimonios de personas migrantes, trabajadoras e inquilinas que, cansadas de los abusos de propietarios y el abandono de las autoridades, decidieron organizarse para defender sus hogares, sus derechos y sus comunidades.
Desde barrios como Boyle Heights, Koreatown y el Valle de Sacramento, las voces protagonistas relatan cómo la falta de regulación al mercado inmobiliario ha dejado a miles en riesgo constante de desalojo. “Vivimos en una ciudad donde más del 60 % de las personas alquilan, pero las decisiones se toman para beneficiar a los dueños”, denuncia Cristina Sánchez Juárez, cofundadora del sindicato. “Formamos este movimiento porque no había una voz que nos representara. No se trata solo de sobrevivir al desalojo, se trata de construir comunidad”.
El video retrata cómo el sindicalismo inquilino, basado en principios de educación popular, autonomía organizativa y solidaridad barrial, ha permitido a estas comunidades no solo resistir desalojos, sino organizar huelgas de renta, recuperar espacios comunes y transformar el miedo en poder colectivo. “Nos están expulsando de nuestras casas, de nuestras ciudades, de nuestra historia”, expresa Daniela Líez, vecina de Boyle Heights. “Pero al unirnos, aprendimos que no estamos solas. El sindicato no es solo para enfrentar emergencias, es un espacio de formación, de acompañamiento y de transformación social”.
Además de visibilizar los impactos de la crisis inmobiliaria en los sectores populares y migrantes, el documental establece un puente con las experiencias organizativas en Centroamérica, particularmente en Costa Rica. Durante su visita, miembros del sindicato participaron en espacios de intercambio con comunidades locales, reconociendo en la pedagogía popular un pilar fundamental para sostener procesos de largo plazo. “Venimos a aprender de las luchas que se han tejido en este territorio. Necesitamos construir redes que trasciendan fronteras”, comparten.
A diferencia de las ONG tradicionales que operan dentro de marcos institucionales, el sindicato apuesta por una organización independiente y radicalmente democrática, donde las decisiones surgen de las asambleas y donde la participación de las juventudes es clave para proyectar el movimiento hacia el futuro. “Queremos cambiar la mentalidad de ser inquilinos sin derechos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho humano”, afirman. “Y este movimiento está creciendo, porque las personas ya no están dispuestas a aceptar la injusticia como normal”.
Este trabajo forma parte del compromiso del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, un espacio académico y comunitario que busca visibilizar las luchas sociales, territoriales y urbanas por la defensa de los derechos colectivos y la justicia socioambiental.
«En el marco del 50 aniversario del Movimiento para la Liberación de la Mujer y el Centro Feminista de Información y Acción se realizará el conversatorio Las mujeres en la lucha por vivienda digna en Costa Rica. La actividad tendrá lugar el jueves 19 de junio a las 5 pm en la Sala 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica y forma parte del Ciclo de actividades Memorias para la RESISTENCIA.
En el conversatorio participarán mujeres lideresas de la lucha por vivienda, el Dr. Rosendo Pujo Mesalles, ingeniero civil y planificador urbano y la Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, profesora catedrática de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
El conversatorio es organizado por el Movimiento para la Liberación de la Mujer y el Centro Feminista de Información y Acción y se invita a todas las personas interesadas a sumarse y participar en el evento.
SURCOS comparte el siguiente informe recibido en nuestra redacción:
Este lunes 07 de abril, las familias del Proyecto de Vivienda las Rosas, el cual se ubica en Río Jiménez, siguen protestando desde las 10 am para exigir los permisos de construcción para 82 familias del cantón de Guácimo”.
Un grupo de personas de Piedras Blancas de Osa se movilizó hasta las oficinas del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) ubicadas en Río Claro de Golfito, para demandar una solución a la tenencia de la tierra, un lote para contar con una vivienda digna.
La Comisión Sureña informó a SURCOS que “tienen 17 años de posesión del lote no. 24 de la finca conocida como Haciendas del Sur, donde viven dieciséis familias de escasos recursos económicos en una de las zonas más empobrecidas del país, y a pesar de esa situación, no menos de cuatro gobiernos han pasado y ninguno ha resuelto la difícil situación de todas las familias que ahí viven”.
Por eso decidieron hacerse presentes con rótulos demandando a las autoridades del INDER resolver su difícil situación.
El Concejo de Distrito Carmen informa que, debido a la situación climática actual que atraviesa el país, el Primer Encuentro por el Derecho a la Ciudad ha sido reprogramado. Esta importante actividad, que busca fomentar el diálogo y la reflexión sobre temas clave para el desarrollo urbano sostenible, se realizará el próximo 8 de diciembre a las 10:00 a.m. en el Parque Polideportivo Aranjuez.
El Encuentro por el Derecho a la Ciudad es un espacio abierto a la comunidad, donde se discutirán temas fundamentales como la importancia de los parques y espacios verdes en las ciudades, la necesidad de un transporte público eficiente y accesible, así como la urgencia de contar con aceras caminables y calles seguras para todas las personas, sin discriminación. Asimismo, se abordarán temas relacionados con la regulación del desarrollo urbano, la vivienda digna para todos y todas; la democracia y participación ciudadana, como pilares esenciales para construir ciudades más inclusivas y equitativas.
La participación activa de la comunidad es fundamental para construir un modelo de ciudad donde prevalezcan los derechos y las oportunidades para todas las personas.
Hasta hace muy pocos años jamás pensé que en este, “mi país”, escaseara el agua o se tuviese precaución a la hora de tomarla directamente del tubo, porque podría estar contaminada. O que no se pudiera salir por la noche con la seguridad de la que siempre gozamos en nuestra loca juventud cuando, chicas y chicos, deambulábamos a pie, hasta la madrugada, sin preocupación ni zozobra; o en nuestra niñez, cuando jugábamos en potreros, terrenos baldíos, parques, calles, callejones, alamedas, hasta altas horas de la noche. Mucho menos que hubiese apagones ni asaltos o crímenes en la vía pública y a plena luz del día.
Y hubiese jurado que la seguridad social –seguro universal y gratuito– crecería y gozaríamos de ella para siempre, cada vez con mayor eficiencia y más oportuna; que, por ejemplo, las ciudades capitales de cada región contaran con un hospital como el México o el Calderón Guardia, asunto para nada inalcanzable si no se hubiese desfinanciado a la Caja (CCSS). Lo mismo con la educación pública, gratuita y costeada por el estado, con estándares de calidad semejantes a cuando cursaba mis estudios secundarios en el otrora prestigioso Liceo San Carlos, el cual, para entonces, por la calidad de sus docentes, no tenía nada que envidiar a cualquier colegio privado de San José. O que las telecomunicaciones y la electricidad podrían exportarse a toda Centroamérica y más allá, contando con una institución como del ICE, por mucho tiempo la mejor empresa en su línea en América Latina y con las tarifas más baratas. (Recuerdo, en mis épocas de hippie, cuando un profesor francés que me hizo raid hasta Sámara, Nicoya –se daba el lujo de vacacionar en Costa Rica y alquilar un auto con su salario– me asegurara que estábamos mejor que en París puesto que, con unas cuantas monedas y sin la mediación de una operadora, podía llamar desde una cabina en la playa directamente a su casa en Lyon). Tampoco podía imaginar un banco privado, o decenas de universidades privadas atacando a las públicas en pos del presupuesto estatal que se les asigna(ba), aunque el estado no cumpla a cabalidad con el mandato constitucional. A pesar de ello, continúan siendo las más prestigiosas, solventes y eficientes; las únicas que aún pueden llamarse “universidades”.
En fin, presumía, con amigos y conocidos latinoamericanos, usamericanos y europeos, porque generalmente ocupábamos los primeros lugares del continente en cuanto a salud –atención médica, erradicación de enfermedades, campañas de vacunación, prevención–, educación –eliminación del analfabetismo, nutrición escolar, infraestructura escolar, cobertura nacional–, vivienda popular, agua potable, telecomunicaciones y electricidad –cobertura nacional–, distribución del ingreso, producción agrícola –con el orgullo de los estancos del CNP–, eliminación de la pobreza, etc. Casi siempre al lado de los también buenos índices de Cuba. (Hoy, vergonzantemente, somos el país más desigual del mundo).
Trato de decir que el Estado Social de Derecho erigido a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, luego de una cruenta guerra civil (1948) y de un pacto social inédito (oligarquía, clase media y trabajadores, representados por socialcristianos, socialdemócratas, iglesia católica y comunistas), parecía alzar vuelo y funcionar al margen de la guerra fría, de las dictaduras y de las guerras civiles que asolaban a Centroamérica y al resto del subcontinente. Un estado que, a pesar de errores y corruptelas, se presentaba como el proyecto político más logrado y solvente de la región prometiendo mayor estabilidad social en un marco geopolítico sumamente violento y de agudas contradicciones sociales. ¡Pero llegó la contrareforma!
Luego de la lúcida defensa de dicho estado y de la soberanía nacional por parte de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), misma que le fuera cobrada sin indulgencia por parte del FMI y el BM, hincándonos con la devaluación de la moneda, lo que provocó ira en el pueblo costarricense (pero no contra el FMI o el BM, desafortunadamente, sino contra el gobierno defensor de la soberanía, ¡habrase visto!), sobrevino el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) que implementa los primeros planes de ajuste estructural (PAEs), iniciando así la contrareforma neoliberal y la ruptura de un estado que, hasta entonces, operaba –mal que bien– con un rostro humano y sin tanta sangría social, ofreciendo oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos.
Más tarde los neoliberales, con Óscar Arias a la cabeza, asaltan el Partido Liberación. Nacional (PLN), trastocando lo que aún le quedaba de socialdemócrata. Con un “bazoocazo constitucional” –paradoja: así lo bautizó Luis Alberto Monge Álvarez– y sin oposición, logran reelegir al susodicho. Igual sucede con el partido Social Cristiano (PUSC) con la llegada del junior –Calderón Fournier–, quien, junto al otro junior –Figueres Olsen– firmarán un pacto para repartirse el pastel tratando de cerrar y privatizar instituciones. El segundo logra quebrar y eliminar el Banco Anglo Costarricense, entre otros desmanes concertados. Dicho de otra manera, el bipartidismo se alía y conforma un sólo partido –que, cual máscara de Jano, intercambiará el mangoneo del gobierno: el PLUSC. Cuando el jueguito se les agota, entonces deciden crear el Partido Acción Ciudadana (PAC) dilapidando muy pronto su caudal electoral, ya que los dos gobiernos que logran posicionar –atizando la hoguera del fundamentalismo y embobando a izquierdistas parlamentarios y progresistas pro derechos humanos– aceleran la contrareforma de manera agresiva, ganándose la animadversión de una masa ya confundida e intoxicada con el discurso único de esa entente y de la globalización bajo esquema neoliberal administrada por USA. Entonces, ya casi desesperados, inventan una nueva candidatura y envían por un desconocido ávido de poder y de riquezas. Solo que, al parecer, les salió un poco careto aliándose con nuevos ricos y fuerzas espurias. Lo demás lo estamos padeciendo.
Es este un recuento, grosso modo –quizás de manera harto gruesa– para comprender el galopante proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho y el avance de la contrareforma neoliberal dirigido por la plutocracia nacional –con sus contradicciones interclase (grupos de poder que reclaman su tajada), claro está– agenciada por franquicias políticas cada vez más de derecha rayanas en un alarmante y criollo proto fascismo. Es lo que hay. Lo que se lamenta es que el período de desmontaje y deterioro del estado y de la república en general, haya sido tan vertiginoso y virulento; tanto que todavía nos preguntamos cuándo fue, exactamente, que empezó a joderse este paisito. Lo peor: con el apoyo de miles de fanáticos que aplauden dicho desmontaje desconociendo la gravedad del asunto, toda vez que serán ellos los más castigados cuando esta ínsula se privatice en absoluto y pase a ocupar la vanguardia en términos de concentración de capital en pocas manos, bancarrota social y violencia criminal. Lo que se avizora es más que patético. A no ser que demos un golpe de timón y enderecemos la barca en busca de los principios que hicieran de este país un ejemplo mundial en la segunda mitad del siglo XX; algo así como el trapito de dominguear de las democracias capitalistas, una rareza en una Centroamérica convulsa y desangrada. ¿Tendremos los arrestos espirituales, políticos y socioculturales para ello todavía? ¿Será posible la conformación de un verdadero frente político y social que enfrente la, hasta ahora, imparable contrareforma?
Socias de La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, reunidas en asamblea el 9 de marzo de 2024 en la ciudad de San Ramón, reafirmamos de forma unánime, nuestro compromiso por la protección de los derechos fundamentales y la defensa de los intereses de nuestra comunidad, con las siguientes causas:
Nos comprometemos a defender la C.C.S.S como pilar indispensable del sistema de seguridad social. Nos oponemos a cualquier intento de privatizar los servicios de salud, así como al proyecto de copago de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Ratificamos la importancia de mantener la gestión pública y democrática de los servicios de salud, garantizando el acceso universal y equitativo, por lo que seremos vigilantes de cualquier intento de debilitamiento de los mismos.
Respaldamos el derecho al agua como un recurso vital y esencial para la dignidad humana. Nos comprometemos a proteger y preservar este recurso y la lucha por el acceso equitativo y sostenible para todas las personas.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias del asentamiento Los Jardines de San Juan de San Ramón, en su lucha por el reconocimiento y la protección de su derecho legítimo a la tierra y la vivienda digna, demandando soluciones justas y sostenibles.
Nos mantendremos vigilantes en la defensa de los derechos de las mujeres, amenazados por la persistencia de la discriminación, la violencia de género y otras formas de injusticia, así como el deterioro de las políticas públicas con perspectiva de género y la reducción del gasto social, que afecta especialmente a las mujeres de sectores populares.
Reafirmamos nuestra defensa del estado social de derecho como principio fundamental de la democracia y la convivencia pacífica.
Demandamos una auditoria ciudadana para transparentar el manejo de fondos públicos y de pensiones y nos sumamos a los esfuerzos de la alfabetización sobre deuda pública, para garantizar comprensión de la ciudadanía sobre los alcances de esta auditoría.
Ratificamos nuestro compromiso con la alianza de los sectores y movimientos sociales de nuestro cantón, la región y a nivel nacional, como un espacio de unidad y acción colectiva en la defensa de los intereses populares y la justicia social en Costa Rica, manteniendo la resistencia organizada contra el neoliberalismo y el patriarcado.
Enid Cruz Ramírez Firma responsable
San Ramón, 9 de marzo, 2024
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