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Etiqueta: vivienda

El primer debate de los precandidatos del PLN

Alberto Salom Echeverría

El formato del primer debate

El 31 de marzo se produjo el primero de los debates del PLN. Vendrán otros, pero no tuve el tiempo de comentarlos como para haber hecho un balance de todos para el día de hoy viernes 4 de abril. Les ruego, por lo tanto, tener eso en cuenta; puede que en los otros eventos algo cambie. Mi análisis es solo acerca del primero, el de Repretel y Radio Monumental.

Lo primero que señalo es sobre el formato planteado por Randall Rivera Vargas y Febe Cruz Brenes. Me gustó a medias. El debate comenzó con una indagatoria que, los precandidatos debían responder de una manera muy sintética, y luego con monosílabos: un sí o un no. Solo en un segundo momento justificaban su respuesta. Nunca me ha satisfecho esa brevedad, menos cuando como en este caso, las personas que están en la palestra no son conocidas para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Se requiere de un formato más distendido, como el que vino después junto a una confrontación uno contra uno. Esto permitió analizar mejor las diferencias entre ellos.

Los temas más debatidos

Fueron cuatro los precandidatos que se inscribieron para disputar la candidatura a la presidencia por el PLN (por orden alfabético): Carolina Delgado (única mujer), Gilbert Jiménez, Álvaro Ramos y Marvin Taylor.

Entre los temas más recurrentes en el debate fueron seguridad ciudadana y economía, vivienda y salud pública, en particular la Caja Costarricense del Seguro Social y la gran deuda del Estado con la Caja. Por lo general, los cuatro precandidatos se ilusionan con hacer cuantiosas inversiones, sin decir de dónde se va a tomar la plata. Viejo estilo que no deja tranquila a la ciudadanía que está ahíta de promesas y, ansiosa de soluciones a sus múltiples problemas. Todos fueron coincidentes en la necesidad de aumentar los cuerpos policiales y destinar recursos contra el crimen y el narcotráfico, sin señalar de dónde van a salir los recursos. Cada uno sacó del sombrero propuestas particulares, Carolina Delgado habló de más inversión en seguridad, Gilbert Jiménez propuso la ley de Extinción de Dominio, Álvaro Ramos, terció sugiriendo un abordaje de la seguridad por dos flancos, invertir en lo social para subsanar la pobreza y el desempleo por una parte y, por otro lado, fortalecer la fuerza pública estableciendo una coordinación entre todos los cuerpos policiales, incluyendo la policía privada que -dijo- son más de 40.000 efectivos. Marvin Taylor rebatió la idea de involucrar a la policía privada, ya que está creada para vigilar a quiénes pagan su servicio. Esto, por un lado. Taylor enfatizó en la necesidad de emplear la video vigilancia y los sistemas de inteligencia. Pregunto de nuevo ¿y el dinero? Ahí se verá luego, supongo.

En general, eso sí los cuatro precandidatos se pronunciaron por disminuir el costo de la vida, de nuevo sin decir cómo, para disminuir el desempleo y bajar la pobreza. Delgado propuso que Costa Rica fortaleciera condiciones para destacarse como un país atractivo para la inversión y el turismo. Jiménez habló de una banca para el progreso, destinada a apuntalar las pequeñas y medianas empresas. Ramos abordó de una manera general el tema de la educación, sin detallar su plan al respecto. Taylor aseguró que impulsará un plan masivo de inversión en vivienda e infraestructura, buscando así además de solventar el gran déficit de vivienda, dar más oportunidades de empleo. Todo dicho por los cuatro de una manera muy general. Hay que decir que, en el tema de sanear los recursos de la Caja, el precandidato Álvaro Ramos, hizo gala de su conocimiento del tema, señalando que la institución no está quebrada y que el Estado debe pagar la gran deuda que tiene con La Caja Costarricense del Seguro Social, de nuevo sin detallar cómo. No obstante, en otras oportunidades se le ha escuchado disertar al respecto con mucho conocimiento de la materia.

Los grandes vacíos que dejaron los precandidatos

Es curioso, los cuatro precandidatos del PLN no son caras que hayan formado parte de las cúpulas de forma continuada. Pero ninguno de los cuatro logró exponer con claridad cuando se tocó el tema, por qué razón el partido político que fuera dominante durante la segunda mitad del pasado siglo XX y el inicio del siglo XXI, lleva ya tres elecciones seguidas viendo la derrota electoral, aunque conserve una mayoría relativa de diputados en la Asamblea Legislativa. Algo dijeron, pero ninguno acertó.

Aunque las causas son variadas, postulo que Liberación Nacional perdió ascendiente en las capas medias de la población que, fueron su sostén principal, pues mediante su política económica reformista ayudó a crearlas y con ello desarrollar el país. Mas luego, ha perdido influencia en ellas, y en sectores de trabajadores públicos y privados que también le apoyaron por décadas, tras apartarse bruscamente del reformismo progresista, y convertirse en el partido político que, de manera más rotunda implementó las políticas de ajuste estructural y achicamiento del estado interventor y benefactor; políticas estas que abrieron con mucho, las puertas del neoliberalismo en Costa Rica, del que todavía no logramos desembarazarnos.

Esta explicación a mi manera de ver es clave para dar cuenta de la caída del partido más grande e influyente del país. Existen otras causas como la corrupción que, de una manera concomitante permeó a una gran parte de las cúpulas de Liberación Nacional; así como también se debilitaron las políticas públicas mediante las cuales se había logrado combatir la pobreza. En sus últimas administraciones se ensanchó la desigualdad social y se concentró más la riqueza. Es decir, el PLN se convirtió, de la noche a la mañana en otro partido político que rompió la continuidad con aquel conglomerado que nació en 1951 y mantuvo una política de corte reformista-nacionalista y progresista, casi sin excepción durante las primeras tres décadas de le segunda mitad del siglo XX, si bien con algunas grietas que abrieron el paso al cuasi derrumbe de ese partido político.

Me quedo corto si no expreso que, por añadidura pero igualmente relevante, Liberación Nacional fue el partido que abrió las puertas para la participación política de la mujer, de los afrodescendientes, nacionalizó el crédito bancario en una época en que era crucial hacerlo, pasó la electricidad a manos del Estado, llevándola hasta los más recónditos lugares de nuestro pequeño gran país e impulsó, en un inicio, una importante redistribución de la riqueza, especialmente hacia las capas medias de la población mediante el crédito bancario y una política de salarios crecientes, como dije, en buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Todo esto entre muchas otras reformas.

Con todo respeto lo expreso, en ninguna de las intervenciones de los cuatro precandidatos, ni por asomo se advierte algún recuento que permita entrever que se hacen eco de la historia más progresista del PLN, insisto, en ninguno. Lo que hubo fue un vacío total, ya que no permite que el pueblo recobre la esperanza en obtener una visión que frene la entrega de nuestros recursos, que levante las banderas de la ecología para un futuro sostenible y sustentable, donde alcancemos la carbono neutralidad. Tampoco hubo nadie que se arropara con lo mejor de la esperanza de la mujer costarricense en un gobierno que se enfrente con valor y sin vacilaciones a la violencia contra ellas llevada a cabo por los “machos” de mentalidad patriarcal. No hubo ni media palabra sobre ello, de parte de nadie, insisto de nadie.

No se esbozó tampoco un propósito por favorecer a la población costarricense más pobre con alguna discapacidad, que carece de recursos para pagar por su propia cuenta los tratamientos o aditamentos que se requieren para tener una vida digna, en este caso ni siquiera de parte de Álvaro Ramos, de quien sabemos que, con valor ha surgido en nuestra sociedad convirtiéndose en alguien respetable, por su dignidad e inteligencia demostrada. De igual manera, ni media palabra se le escuchó decir a alguno de los cuatro, que diera esperanza a las minorías discriminadas, los afrodescendientes, los pueblos nativos, los homosexuales y otras minorías que sufren. ¿Entonces, qué se puede esperar?

Algunas orientaciones que muchas personas esperamos de precandidatos valientes.

Les propongo con respeto, tanto a los precandidatos del PLN como a todos los que presenten su nombre a la presidencia de la República, los siguientes 13 principios:

1-Hay que democratizar la democracia. Cero tolerancia a quienes delinquen desde los poderes públicos, comenzando por el presidente de la República. Hay que endurecer las leyes para una justicia pronta y cumplida contra los delincuentes que lleguen a ocupar cargos públicos. Respeto irrestricto al principio de la división de poderes. Sugiero que avancemos a un sistema semi parlamentario, donde los cargos a diputados se distribuyan por circunscripciones territoriales y sean votados individualmente, para que la representación sea verdadera y las personas elegidas puedan ser destituidas, cuando violen la Constitución o se les demuestren delitos. Podrán ser sustituidos por un suplente que hubiera sido electo junto al propietario.

2- Los candidatos presidenciales o a las vicepresidencias deben asumir un compromiso con el planeta y comprometerse a luchar contra el cambio climático y la carbono neutralidad.

3-Compromiso con una reforma educativa, que permitan volver a elevar el nivel de la educación pública en escuelas y colegios. Prohibir mediante leyes el uso de los teléfonos celulares en el tiempo lectivo, como lo viene proponiendo el psiquiatra Dr. Luis Diego Herrera Amighetti. Respeto irrestricto a la educación superior pública conforme a la Constitución de la República.

4- Compromiso con la seguridad social para toda la población, lo que implica comenzar a cancelar la deuda billonaria del Estado con la Caja. Poco a poco pero ininterrumpidamente. El Poder Ejecutivo deberá presentar un plan al respecto en el plan nacional de desarrollo.

5- Compromiso del Estado con todas las comunidades del país para resguardarlas de la inseguridad que se padece a manos de la delincuencia y el narcotráfico. Se debe prestar particular atención a aquellas comunidades en donde los indicadores muestren más violencia y haya sobre todo población juvenil desocupada o subempleada.

6- Compromiso con Costa Rica para bajar los índices de pobreza, pobreza extrema y, cerrar las brechas de desigualdad social. Igualmente, las metas del cuatrienio deberán contemplarse en el plan nacional de desarrollo.

7- Compromiso con un desarrollo donde haya distribución de la riqueza, siguiendo los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Compromiso para destinar un porcentaje fijo de los recursos que se obtengan de los evasores de impuestos, al plan de desarrollo para combatir la pobreza y la desigualdad.

8- Compromiso con la infraestructura. Se debe asegurar una inversión sostenida para cumplir con un plan de desarrollo de la infraestructura, de parte del poder ejecutivo, que se apruebe en la Asamblea Legislativa, prestando atención prioritaria a las zonas rurales menos favorecidas. Asumir un Compromiso con el desarrollo del plan ya existente para el tren eléctrico.

9- Compromiso con la Cultura, se debe asegurar una inversión de no menos del 2% del PIB para un desarrollo cultural que llegue a las zonas más rezagadas del país. En el primer plan del presupuesto nacional el poder ejecutivo deberá señalar la fuente de dónde se tomarán los recursos para ello. Se deberá presentar un proyecto de ley que lo garantice.

10- El poder ejecutivo deberá elaborar en el primer plan de desarrollo un verdadero proyecto para una tecnología al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la tecnología y de la Inteligencia Artificial (IA).

11- Compromiso con las mujeres. Por una igualdad real de las mujeres en la sociedad, asegurado mediante el plan nacional de desarrollo, el cual deberá contemplar indicadores rigurosos al respecto. Compromiso por erradicar la violencia contra las mujeres, cero tolerancias contra los que infrinjan el principio de no violencia a las mujeres. Educación temprana en el sistema escolarizado, público y privado en una conducta de no violencia contra las mujeres y los niños.

12- Compromiso prevalente para apoyar al agricultor costarricense y reactivar la agroindustria nacional. Debe contemplarse en el plan nacional de desarrollo.

13- Compromiso con una política exterior apegada al principio de resolución pacífica de los conflictos internacionales y la erradicación progresiva del armamento nuclear. En adición, debe haber un compromiso con una política exterior que cierre filas con todos los países dispuestos a luchar contra el cambio climático.

Dejo estas propuestas prioritarias a sabiendas que debe haber más. Pero reitero que muy poco o nada de lo aquí señalado fue abordado en el primer debate de los precandidatos del PLN. Espero correcciones y lo mismo a los que presenten sus nombres en otras tiendas políticas.

España: Miles de personas se manifestaron en Madrid reclamando por el derecho a la vivienda

Las entidades convocantes exigen que el gobierno autonómico “no deje la vivienda en manos de la especulación inmobiliaria”

Bajo el lema Vivienda digna y sostenible ¡Ya!, miles de personas se manifestaron este domingo en el centro de Madrid, en una marcha convocada por el movimiento Hábitat 24, una plataforma que más de 40 colectivos de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, sindicales y organizaciones sociales.

La concurrencia a la movilización, 15.000 según el gobierno y 50.000 de acuerdo a los or…

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/ De ladiaria

Foro Nacional de Vivienda llama a manifestaciones por vivienda 18 y 19 de setiembre

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Comunicado

El Foro Nacional de Vivienda es una instancia de coordinación de Asociaciones y Grupos Sociales de Vivienda a nivel país.

Velamos por el cumplimiento de los objetivos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y lamentablemente, las dos últimas administraciones del Poder Ejecutivo le han declarado una guerra abierta al Sistema con el único objetivo de destruirlo totalmente y eliminar el Bono Familiar de Vivienda para las familias en mayor vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, rebajando elevados montos del Presupuesto que la Ley 7052 le confiere.

Hoy día tenemos una institucionalidad en el Sector que lamentablemente no camina, contamos con una atención amable, empática y hasta se podría decir que muy diplomática pero que los acuerdos que se logran tomar no tienen el mínimo cumplimiento, aun cuando en las reuniones aseguran un seguimiento que no se da, como diría el pueblo “NOS ESTÁN VIENDO LA CARA”

Tenemos varios proyectos con 15, 18 y hasta 20 años de esperar una solución, muchos precarios con 35 y más años de esperar, donde han nacido hasta tres generaciones y al día de hoy no tenemos ninguna política de atención a estas familias y en este momento hay más de 25.000 familias con acciones de desalojo de las cuales ya se han desalojado varios miles, evidentemente esto sucede por la desidia y negligencia de las instituciones encargadas cuyos funcionarios operan bajo la ley del mínimo esfuerzo.

¡¡YA SE AGOTÓ NUESTRA PACIENCIA!! Así como el presidente de la República y las diferentes policías del país están haciendo un llamado a sus seguidores en el caso del señor Chaves y las policías a sus miembros, el Foro Nacional de Vivienda hace un llamado abierto a todas las Organizaciones Sociales para que NOS TIREMOS A LAS CALLES A DEFENDER NUESTROS DERECHOS, le pediremos al presidente que haga cierta sus palabras de campaña y “se coma la bronca” de una institucionalidad falta de energía, falta de probidad, falta de voluntad, falta de visión social y política, no más recortes en el Sector Social, no somos los burros de carga para que continúen los privilegios económicos de cierta gente que se han visto ampliamente favorecidas con decisiones de este poder ejecutivo.

EL 18 Y 19 DE SETIEMBRE estaremos en las calles cerrando muchos puntos del territorio nacional, a partir de hoy somos la resistencia a la guerra que ha declarado Rodrigo Chaves a las familias pobres que necesitan vivienda, becas para estudiantes en vulnerabilidad, apoyo a las madres jefas de hogar, a los adultos mayores que requieren de la CCSS para mantener su salud. No al desmantelamiento de las instituciones de bien social, no son de ellos son del pueblo.

A LA CALLE, SEPAMOS SER LIBRES, A LUCHAR, NO MENDIGAREMOS POR EL DERECHO DE NUESTROS HIJOS A TENER UN TECHO SEGURO.

4 de setiembre 2024.

Foro Nacional de Vivienda

Manuel Salinas Salinas

Le invitamos a ver nuestra respuesta al señor presidente:

Invitación a reunión a las dirigencias de vivienda del país

El Bloque de Vivienda invita a una reunión a los dirigentes de vivienda del país. 

Fecha: Sábado 13 de julio del 2024 a las 9:00 am.

Lugar: 350 m sur del Parque Central de San José, en Casa del Pueblo. 

Para el año 2024: El Gobierno ha destinado menos recursos al BANHVI para bonos de vivienda, a pesar de que las condiciones fiscales del país han mejorado 

Informes a los números: 6060-0278 / 8670-7475 / 8608-0322 / 8713-5061.

La vivienda en Costa Rica a dos años de la administración Chaves Robles

En el auditorio del Edificio Cooperativo en San Pedro de Montes de Oca, se realizó un encuentro de dirigentes del Bloque Nacional de Vivienda, el Foro Nacional de Vivienda y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, con el fin de analizar la situación de la vivienda social, a dos años de la Administración Chaves Robles.

En la actividad participaron de diversas partes de la Gran Área Metropolitana, Upala, Esparza, Liberia, Garabito, entre otros lugares. Se contó con la participación del Programa Estado de la Nación, la Asociación Centroamericana de Vivienda y un representante de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, quienes dieron una visión de lo acontecido en vivienda social en la presente administración. Representantes de las organizaciones dieron su visión de la situación del movimiento pro vivienda y señalaron las rutas de trabajo necesario. Esto creó un marco para un debate entre los participantes. El acuerdo más importante fue la necesidad de nuevas reuniones regionalizadas para sumar más dirigencias.

Este informe se elabora a petición de los líderes de las tres organizaciones. No pretende ser exhaustivo ni en términos de las actividades ni de los presentes. Fue elaborado por José Gabriel Román Madrigal, con fotos de su autoría y de los grupos de las cuales se da cuenta de su fuente.

Para observar en informe, ingresar al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/111KQChyCLGJ8lZfW_uBWBiojLCPqgukl/view?usp=drive_link

Distintas fuerzas sociales y organizaciones llaman a marchar el 24 de abril

El Frente Nacional de Lucha (FNL) llama a movilización nacional para el 24 de abril a las 9:00 horas, en el marco de la conmemoración del 54 aniversario del triunfo popular contra el contrato con ALCOA.

El llamado es por la defensa del Estado Social de Derecho y de las instituciones democráticas; por la NO venta del Banco de Costa Rica (BCR) y NO más desmantelamiento institucional; por la necesidad de garantizar de manera absoluta el derecho constitucional al acceso al agua potable; por la defensa de la salud pública y el pago de la deuda BILLONARIA que el Estado sostiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y por el rechazo a los recortes de la educación, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la vivienda, a la cultura y a los demás programas de bien social.

La movilización además busca exigir soberanía alimentaria y tierra para quien la trabaja; también el respeto a la defensa de los derechos y las conquistas de las mujeres trabajadoras.

El Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, por medio de un video,  hace un llamado a la acción, enfatizando el valor que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social,  y la capacidad de los egresados de la UCR que laboran dentro de la Caja. Con este mensaje, recalca la importancia de tener salarios competitivos dentro de la institución, que el gobierno cancele su deuda con la Caja, que se continúe con la construcción del hospital de Cartago y la reapertura del programa de servicio  social obligatorio. 

Grupos como: Mujeres por Costa Rica piden ¡Por la seguridad social, pública y universal! Centrales sindicales (Central General de Trabajadores, Confederación Unitaria de Trabajadores y Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos) piden marchar por la institucionalidad pública y constitucional, Agua para las comunidades y los servicios de la CCSS. La Unión Sindical de la CCSS marchan en busca de la defensa de la CCSS y la institucionalidad pública, además piden la salida de la jerarca Marta Esquivel.

Aspirantes a la alcaldía de San Carlos responden – vivienda

Por Marco Tulio Araya Barboza
Periodista

PREGUNTA 4

En relación con los asentamientos informales llamados “tugurios” ¿Cómo resolvería esta problemática de vivienda?

Luis Fernando Solís
Partido Unidos Podemos:

Es un tema complejo el cual debe abordarse de manera conjunta con las instituciones del Estado, pero con una participación de la Municipalidad en el desarrollo de programas de vivienda social.

Jessica Miranda Méndez
Partido Unidad Social Cristiana:

Gestionar un proyecto de vivienda digna en conjunto con las instituciones del estado y privadas.

Juan Diego González
Partido Liberación Nacional:

En el año 2020 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Vivienda Municipal, que faculta a las municipalidades para que participen en el desarrollo de programas de vivienda. Es muy importante que le saquemos provecho a esta ley para dar soluciones de vivienda a las personas que lo están necesitando.

Marvin Castillo
Partido Nueva República:

La principal propuesta es la implementación del programa de bonos de vivienda municipal, también es importante desalojar los Tugurios que muchas veces se convierten en Bunker para evitar que estos sectores se vuelvan peligrosos. Aparte de esto nos parece importante capacitar y orientar a estas personas para logren mejorar sus ingresos y que esto los ayude a salir de esta condición de vivienda.

Vanessa Ugalde
Partido Progreser:

Trabajaría de la mano con el Ministerio de Trabajo para aplicar políticas públicas y programas existentes en el cantón que le permita a los sancarleños prepararse y trabajar.

Uniría esfuerzos con las universidades, cámaras, Cooperativas, Ministerio de Planificación, fuerzas comunales, y todas las instituciones involucradas IMAS, INVU, etc. para generar una ruta clara de esfuerzo constante y dirigido para que integralmente se busque una solución. las personas necesitan trabajar para generar riqueza obtener independencia económica y salir adelante, como gobierno local debemos darles las oportunidades y las herramientas adecuadas.

El proyecto Sebas traería posibles soluciones para esas madres jefas de hogar que no pueden trabajar por el cuido de sus hijos, está comprobado por la OCDE que las redes de cuido tienen un retorno neto positivo al país además que las mujeres trabajando reducen la pobreza.

Los programas existen solo que no están las instituciones ni las organizaciones trabajando unidas para intervenir la problemática integralmente de esa manera costará muchísimo bajar los índices de pobreza y las proliferaciones adicionales producto de lo mismo, nuestra propuesta es gobernar el cantón con liderazgo para que esa sinergia ocurra.

Juan Carlos Quirós
Partido Agenda Democrática Nacional (ADN):

Es un problema nacional la falta de vivienda.

Impulsaría el desarrollo de proyectos con artículo 59.

Apoyaría la flexibilización de trámites municipales a las instituciones relacionadas al sector vivienda para fomentar bonos de vivienda.

Aplicar la ley cuando corresponda para evitar los tugurios.

Nelson Ugalde
Partido Liberal Progresista:

Se debe realizar un mapeo de las necesidades de vivienda en el cantón; y plantear proyectos a mediano plazo, pero en conjunto con plan de empleabilidad o de impacto social (dar la caña de pescar no solo el pescado).

SURCOS ofrece, como aporte el proceso democrático y a una elección consciente, una serie de entrevistas con las candidaturas a la elección municipal de febrero del 2024.

El Bloque de Vivienda se fortalece para enfrentar los desafíos del 2024

Por Ihann Paniagua

El Coordinador Nacional del Bloque de Vivienda, Orlando Barrantes, anunció el compromiso renovado de la organización para el año entrante. En un mensaje esperanzador, Barrantes destacó los esfuerzos realizados en el 2023 para recuperar el presupuesto del BANHVI, expresando confianza en los avances logrados hasta ahora.

«Este 2023 fue muy duro tratando de recuperar presupuesto para el BANHVI. Creo que lo logramos, por lo menos en parte», compartió el coordinador, subrayando la importancia de esta conquista como punto de partida para el próximo año.

El enfoque principal del Bloque de Vivienda para el 2024 será la preparación de proyectos destinados a las familias que necesitan vivienda. Barrantes reconoció la complejidad de esta tarea, pero enfatizó la determinación de la organización para superar los desafíos.

«Estoy seguro de que lo vamos a lograr», afirmó con convicción, resaltando la importancia de unir esfuerzos y voluntades para alcanzar este objetivo común.

El Coordinador Nacional anunció el inicio inmediato de acciones concretas a partir del 2 de enero, marcando el comienzo de una nueva fase en la labor del Bloque de Vivienda. Destacó la fortaleza y experiencia acumulada, instando a hacer de la lealtad una herramienta fundamental en la construcción de hogares.

«Cada paso que demos será firme. Estamos fuertes, tenemos más experiencia, hagamos de la lealtad nuestra férrea herramienta para construir muchas casas», expresó Barrantes, alentando a mantener viva la lucha por la vivienda.

El Bloque de Vivienda se posiciona así con renovada energía y determinación para enfrentar los retos venideros, demostrando su compromiso con las familias que anhelan un hogar propio.

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

¢30.000 millones pretende el gobierno quitarle al BANHVI

Comunicado del Bloque de Vivienda

  • El Bloque de Vivienda apoya y felicita a las familias que luchan en defensa de sus viviendas dignas.
  • Las familias pobres defenderán su derecho a la vivienda

En solo un año (2022-2023) más de 3.000 familias pobres han perdido su derecho a una vida mejor bajo un techo digno, al ser cercenado el presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).

Eso se debe a los recortes que el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, les han aplicado a los recursos del BANHVI. Las familias pobres tienen derecho a protestar, a reclamar.

Los dineros con que el BANHVI financia sus programas de bonos no son del gobierno, sino que cada empresario aporta, a través de un impuesto específico, el 5% del valor total de las planillas de sus empleados que reporta cada mes a la CCSS.

Esta institución recoge ese dinero y lo deposita en una cuenta especial que tiene FODESAF en el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo a la Ley 7052, durante los últimos 37 años ese Ministerio ha girado en doceavos lo que le corresponde al BANHVI, esto es el 18.07 % del total que le ingresa anualmente a FODESAF (Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares).

De forma arbitraria y absolutamente insensible a las necesidades de miles de familias pobres y de forma totalmente ilegal, el pasado gobierno de Carlos Alvarado inició los recortes al BANHVI acudiendo a la regla fiscal. En su gobierno Alvarado les quitó a las familias pobres más de 6.000 viviendas.

Lo mismo está haciendo ahora el gobierno presente de Rodrigo Chaves, solo que esta vez, para el Presupuesto Ordinario 2024, pretende recortarle al BANHVI nada menos que ¢30.000 mil millones.

En esta ocasión el presidente no puede justificar sus recortes con la regla fiscal, pues desde al año pasado la Procuraduría General de la República mediante oficio PGR-150-julio 2022, ha aclarado con contundencia que la regla fiscal no puede ser aplicada a los recursos del bono de la vivienda.

Ante esta situación, el Bloque de la Vivienda le ha consultado al Ministerio de Hacienda cuáles son las razones con las que justifican semejante ataque a las ya deterioradas condiciones de las familias más obreras. No hubo respuesta del Ministerio de Hacienda.

Si el gobierno le cobra un 5% de impuesto a los empresarios para financiar los programas de vivienda social del BANHVI, ese dinero debe de ingresar al BANHVI, como destino específico que es y como lo establece una ley, la Ley 7052 Ley del Sistema Financiero para la Vivienda. Es ilegal que el gobierno le cambie el destino a esos recursos.

Bajo la anterior premisa, las familias pobres que están siendo afectadas en su condición de vida tienen todo el derecho a ejercer las presiones y denuncias que consideran convenientes.

El Bloque de Vivienda reitera públicamente su apoyo a las familias que hoy se movilizan, tal y como lo ha hecho el Bloque en otras ocasiones.

Asimismo, hacemos un llamado vehemente a los diputados y diputadas para que no aprueben el Presupuesto Ordinario 2024 tal y como lo ha presentado el gobierno y eviten así este nuevo recorte de los 30.000 millones al BANHVI.