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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

Ucrania, Rusia y Estados Unidos en el espejo de Alaska

Vladimir de la Cruz

El escenario internacional sigue siendo oscuro. Entre la región de Palestina, y el genocidio diario que se realiza en Gaza, por el gobierno de los carniceros de Israel y sus aliados internacionales, y la guerra en Ucrania, provocada por la OTAN, Europa se cubre con un gran paraguas, a modo de una gran espada de Damocles, bajo un peligro de guerra inminente, casi inevitable, totalmente omnipresente, sobre las naciones de la Unión Europea, que están entre esos extremos como la parte interna de ese sándwich político y geopolítico, pasto principalmente de los intereses económicos y geopolíticos militares que allí actúan.

Recordemos que Europa es toda la región desde Portugal y España, al extremo de la Península Ibérica hasta la Rusia que limita con los Montes Urales, que fue el más importante escenario de la II Guerra Mundial.

Una guerra actual, de características europeas, dentro de ese contexto geográfico, es sin lugar a dudas, una guerra que calificaría por sus impactos y consecuencias en una verdadera III Guerra Mundial, que podría tener la característica de una Guerra Mundial Atómica de Baja Intensidad, donde probablemente se utilizarían bombas atómicas similares, en su capacidad destructiva, a las que fueron lanzadas criminalmente, por los Estados Unidos, contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, cuando no era necesario ese uso de armas atómicas, en ese momento final de la participación del Imperio del Japón en aquella guerra, lo que sirvió para disuadir al mundo de la nueva época que iniciaba, la época de las guerras atómicas o nucleares.

Hoy, una guerra así desarrollada tendría un alcance global, trascendente a Europa, al norte de África y el extremo oriental del Asia. Sería una guerra que inevitablemente alcanzaría al continente americano, donde nunca, en las dos guerras mundiales así conocidas del siglo XX, ha caído una sola bomba, ni ejércitos han desarrollado combates de ninguna especie.

La sola amenaza de participación de la OTAN en el conflicto de Ucrania ha provocado que Rusia declare que esa participación, si se llega a concretar, sería una guerra de la OTAN contra Rusia, por lo que Rusia tendría el derecho de actuar en respuesta contra los países europeos que así se comprometan. Así lo ha declarado y hecho saber reiteradamente el presidente ruso, Vladimir Putin.

Putin no ha dicho (pero es obvio que también así actuará) será una guerra contra Canadá y Estados Unidos que son países integrantes del Pacto de la OTAN.

En la II Guerra Mundial Hitler ordenó que sus submarinos actuaran hundiendo barcos en puertos latinoamericanos y del Caribe, como lo hicieron, para obstaculizar el apoyo en armas, comestibles y el traslado abastecimientos en general, que desde América se hacía para las tropas que combatían a las fuerzas fascistas y nazistas.

En una situación actual, todos los puertos y aeropuertos de la costa Atlántica de los Estados Unidos, y de Canadá si fuera necesario, serían atacados con misiles transcontinentales y, si a eso se llegara, se haría con bombas atómicas de baja intensidad, para evitar cualquier suministro de material militar a las tropas que estuvieran combatiendo contra Rusia. Nada sería seguro. Hasta el Canal de Panamá se volvería un objetivo estratégico para evitar el traslado marítimo de armas y pertrechos de guerra desde la costa pacífica de los Estados Unidos usando el Canal de Panamá para ir a Europa.

El control geopolítico, territorial y militar que el presidente Trump ha señalado, que quiere desarrollar (como ya lo está haciendo) en Panamá, es parte de esta estrategia, en esa posibilidad de un conflicto armado de esta envergadura. De manera que, si allí fuera necesario, también tendrían su dosis de bombas atómicas de baja intensidad.

Hiroshima y Nagasaki son el testimonio de que la Humanidad se puede destruir a sí misma, en dosis pequeñas o en grandes dosis según sea la necesidad de la confrontación.

Las bombas «Little Boy» y «Fat Man», utilizadas en esas ciudades hoy son juguetes de niños, comparadas con las que se han desarrollado mundialmente, que están producidas y almacenadas en más de 10.000 artefactos de ese tipo, y de distintas magnitudes de explosión, por los países productores de armas y armas atómicas.

En aquella guerra, Estados Unidos anunció que esas armas nucleares habían sido usadas en combate. En una guerra actual se volverían a usar, con la misma justificación de armas de combate, con la gravedad de que esas armas circulan en varios países, que hoy están involucrados territorialmente en los escenarios donde están los focos de guerra calientes.

Las bombas de Hiroshima y Nagasaki tuvieron un impacto devastador en las zonas donde fueron lanzadas, con un impacto de muerte de poco más de 400.000 personas entre ambas. Antes del lanzamiento de las dos bombas atómicas Estados Unidas había bombardeado 67 ciudades japonesas. Las atómicas de Hiroshima y Nagasaki se lanzaron afectando áreas de 5 a 10 kilómetros de ancho.

La justificación del uso de armas atómicas para poner fin a una guerra sigue siendo válida para los guerreristas. La lucha internacional contra el desarme nuclear no ha sido suficientemente válida en estos últimos 80 años.

La detonación de bombas atómicas tiene también la consecuencia de envenenamientos por radiación, desarrollo de leucemias y otros cánceres.

Hay guerras recientes, de las últimas décadas, donde se han hecho caer más bombas que las lanzadas en la II Guerra Mundial.

Si las bombas atómicas de 1945 se lanzaron con el objetivo de hacer rendir al Imperio japonés, el lanzamiento de bombas atómicas hoy sería para acabar con un gobierno, con un sistema político, con una nación, un país o un gran territorio.

Después de Hiroshima y Nagasaki se han lanzado, a modo de prueba, más de 2000 bombas atómicas o nucleares como pruebas de las armas atómicas en desarrollo y producción.

Se estima que China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos tienen almacenadas más de 12.500 armas nucleares.

El presidente Trump se ha empeñado en acabar con la guerra en Ucrania, pero no así con el genocidio israelí en Gaza, donde han apoyado las acciones criminales del ejército y del gobierno israelí, y ha apoyado las incursiones militares de Israel a Irán y a Siria, aparte de los otros apoyos que sostiene en otros conflictos militares en África y los que quiere desarrollar en el Caribe.

Elemento importante para desarrollar armas nucleares es el uranio, que se encuentra principalmente en Australia, con las mayores reservas, Kazajistán, Canadá, Rusia, Siberia, la Antártida y Groenlandia, donde Trump ha puesto el ojo de la apropiación territorial.

En América Latina no hay uranio ni países con armas nucleares, pero no estaríamos al margen de una guerra de esta naturaleza. Nos alcanzaría en todas sus consecuencias.

El uranio como elemento natural es más abundante que el oro, la plata o el mercurio, parecido al estaño y poco menos que el cobalto o el plomo.

20 países concentran las principales minas de uranio y, de ellas, 10 minas producen casi el 60% del uranio mundial. Las minas se encuentran en Canadá, Australia, Namibia, Rusia, Níger y Kazajistán. La reserva de uranio mundial se estima para los próximos 100 años, de acuerdo con la Agencia de Energía Nuclear y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Mundialmente hay cerca de 500 reactores nucleares en funcionamiento.

La reunión, de pocos minutos, del pasado viernes 15 de agosto en Alaska, entre Trump y Putin, que solo alcanzó para saludarse, darse la mano y ni siquiera almorzar, evidenció que a Trump y a Putin les preocupa la guerra de Ucrania, y las consecuencias más amplias que puede tener.

Trump con gran sentido de la realidad política de la situación de Ucrania reconoció que Ucrania no está ganando la guerra, que Ucrania la está perdiendo, que el avance de las tropas rusas es de varios kilómetros por día, que el ejército ucraniano muestra importantes señales de cansancio y abatimiento, no solo físico sino también moral y de capacidad y compromiso de combate, que el control territorial ruso es cada día mayor, casi el 20% del territorio de Ucrania.

Reconoció Trump también, que por encuestas hechas por Estados Unidos, realizadas a la población de Ucrania, casi el 90% desea que la guerra se acabe, y que están de acuerdo con el dominio ruso de los territorios que tienen bajo su control, que además son de una población rusa superior al 90% de sus habitantes.

Trump atendió las peticiones rusas de que Ucrania no entre como miembro a la OTAN, que no se establezcan bases militares de la OTAN en territorio ucraniano, que se acaben las manifestaciones nazi fascistas en la administración política ucraniana, que los territorios en poder ruso así se quedan y que no habría intercambio territorial con Ucrania de regiones rusas.

Putin fue claro en señalar que el apoyo militar de la OTAN a Ucrania comprometía a esa organización en el conflicto, y que de llegar a participar con efectivos militares entendería que es una declaración de guerra que tendría sus consecuencias sobre los países que con la OTAN participaran, originando una escalada militar más amplia, ya en el escenario de casi una III Guerra Mundial.

Trump no pudo imponer su deseo de un “alto el fuego”, considerando que lo correspondiente es un acuerdo de paz, que es lo que más fácilmente se puede lograr, aceptando las condiciones establecidas por Putin.

Trump dijo claramente: “La mejor forma de terminar la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que en muchas ocasiones no se puede sostener”. Por ello la salida rápida de Trump de la reunión y la convocatoria urgente que hiciera para la reunión, en Washington, el pasado 19 de agosto con Zelenski y algunos líderes europeos en la Casa Blanca.

El enfrentamiento militar Trump reconoció que puede durar hasta principios del próximo año, con las dificultades que el invierno europeo puede ocasionar a las tropas ucranianas, especialmente.

De nada le valió a Trump tratar de impresionar a Putin con las maniobras aéreas que hiciera sobre su cabeza, sin quitarle la alfombra roja con que lo recibió.

Trump reconoció sus dudas sobre continuar dando el apoyo a Ucrania, sin Europa, puesto que Ucrania en este momento pasa su peor situación de fragilidad y debilidad. Los avances rusos en Donetsk y Pokrovsk son contundentes.

Trump y sus militares, como la sabe la OTAN, los rusos han duplicado sus ataques aéreos y han logrado alcanzar bajo control más de 3500 kilómetros cuadrados de territorio. Ucrania se ha retirado del territorio ruso de Kursk, porque no lo ha podido sostener.

Las garantías estadounidenses para Zelenski y Ucrania se agotan. Por eso Trump declaró después de la reunión de Alaska que “Ahora le toca al presidente Zelenski lograrlo”. Esa guerra le ha costado a Estados Unidos desde Biden hasta Trump, casi los 500.000 millones de dólares y a la Unión Europea le va costando casi los 150.000 millones.

La guerra en el interior de Ucrania ha atado al gobierno para las correctas tomas de decisiones. A Estados Unidos, a su presidente Trump, pareciera ya no importarle Ucrania para darle garantías de seguridad ni al gobierno de Zelenski. Le interesa a Trump también participar de la explotación de las tierras raras que hay en Ucrania, unas en territorios que están en poder de los rusos ahora, y otras en las cuales quiere participar directamente.

La reunión de Alaska se repetirá en Moscú, sobre el reconocimiento real de la posición de fuerza y de la realidad que tiene Rusia en esa región.

Ucrania y los guerreristas europeos tendrán de ceder para lograr una paz efectiva.

Ningún otro país europeo está siendo amenazado por Rusia, pero Rusia se defenderá de cualquier país europeo o miembro de la OTAN que participe perversamente en ese conflicto, que considere con ello que le ha declarado la guerra. Y, con ello, se puede abrir la válvula de la III Guerra Mundial de Baja Intensidad. ¡Ojalá que esto no ocurra!

Publicado en MEER y compartido con SURCOS por el autor.

¿Qué fruto nos dará el árbol electoral cuya cosecha se recogerá en febrero?

Vladimir de la Cruz

Los cielos electorales se amplían cada vez más con candidatos a la presidencia de la República. Por ahora, hay 13 aspirantes con sus partidos políticos en marcha a la Casa Presidencial.

Ya definidos están ocho candidatos masculinos, José Aguilar del partido

Avanza, Fabricio Alvarado de Nueva República, Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, Eli Feinzaig del Liberal Progresista, Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Ariel Robles del Frente Amplio y Fernando Zamora de Nueva Generación, y cinco candidatas mujeres, Natalia Díaz de Unidos Podemos, Claudia Dobles de Agenda Ciudadana, Laura Fernández de Pueblo Soberano, Luz Mary Alpízar de Progreso Social Democrático y Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional que se le ha mencionado con una candidata más.

De todos ellos, Fabricio Alvarado ya ha sido candidato en dos ocasiones anteriores, Natalia Díaz y Eli Feinzaig en una. De ellos, han sido o son diputados, Eli Feinzaig, Natalia Díaz y Ariel Robles, y ministras Natalia Díaz y Laura Fernández, lo que les da cierta atención de los focos de la tarima y pasarela electoral de los periódicos y periodistas. Los demás, por ahora, son primerizos candidatos presidenciales, aunque son personajes activos en la Política nacional.

En la tradición electoral a los nuevos candidatos casi no los toman en cuenta para la información periodística, para entrevistas y para considerarlos en las encuestas, que muchas veces se diseñan intencionadamente para lograr ciertos resultados, de conformidad a las preguntas que se hacen a los consultados en esas encuestas.

No se anuncian, aunque estén activos sus procesos de inscripción electoral, otros candidatos y sus partidos. Probablemente no llegarán a la lista de 25 candidatos de la campaña electoral del 2022. Coaliciones políticas solo una, la de los Partidos Acción Ciudadana y Agenda Nacional, y una mujer más de candidata que en el 2022.

Me da la sensación de que las mujeres van a tener más protagonismo que los hombres, aunque no necesariamente sea el batallón delantero de la carrera presidencial. De los candidatos masculinos a mi parecer la atención debería centrarse entre Claudio Alpízar y Ariel Robles, y entre las candidatas femeninas la atención se orienta hacia Laura Fernández, Natalia Díaz y Claudia Dobles. Los demás no dejan de ser importantes, pero no les están dando la importancia que merecen en los medios de comunicación.

Las encuestas que ya se vienen haciendo toman en cuenta o destacan obviamente a los candidatos de interés principal de las casas encuestadoras, lo que provoca resultados conocidos, reales sí, porque responden como se quiere a la forma como se pregunta.

Las casas encuestadoras no exhiben el cuestionario porque evidenciarían justamente la intencionalidad de lo que se busca orientar en las respuestas y, en cierta forma, la intencionalidad de ir provocando corrientes favoritas a favor de unos u otros candidatos, por exclusión de los otros.

Esto tiene su impacto en la campaña electoral, y en la voluntad de los electores, por cuanto, a la hora final de buscar financiamiento para la campaña electoral, los bancos se orientan por esas encuestas, que de plano castigan a los partidos y candidatos menos destacados o mencionados en ellas. Por su parte, el sistema electoral no le garantiza nada, literalmente nada, a los nuevos partidos y sus candidatos para financiar su campaña lo cual, de la práctica y tradición electoral nacional, esto es lo más antidemocrático del proceso electoral mismo.

Las maquinarias electorales de los partidos tradicionales, históricos, de muchas campañas electorales, que también han dirigido el país, que hoy están muy devaluadas, como los son los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristina y Acción Ciudadana, están muy débiles y fragmentadas a su interior, lo cual presagia tiempos difíciles en la tempestad electoral que se avecina. Acción Ciudadana va oculto en la Coalición Agenda Ciudadana, pero no ha evitado una erosión interna enorme, desde su dirección política nacional. La Unidad Social Cristiana está igual y Liberación Nacional en el plano público con una lucha intestina de su Quijote contra muchos Molinos de Viento, como la representación de las fuerzas del mal que internamente debe vencer por la mala imagen que se les atribuyen, aunque sean a la vez la historia viva de ese partido político, que es lo que podría destacar publicitariamente, debido a que de los 18 gobiernos que ha habido en el país desde 1953, nueve los ha ejercido Liberación Nacional, seis lo que se reúne en la Unidad Social Cristiana, dos en Acción Ciudadana y uno en el actual gobierno, que ha gobernado sin partido político gobernante. Puestas así las cosas, lo bueno y lo malo del desarrollo institucional nacional, se les debe a esos partidos políticos en la parte proporcional que les toca.

Ninguno de estos partidos plantea en sus orientaciones electorales nada de lo que han aportado positivamente al desarrollo nacional. Se ha perdido la conciencia histórica nacional del desenvolvimiento histórico político que tenemos, que distingue a Costa Rica en su sistema y régimen democrático. Pesan más, en el ideario nacional las cosas malas de los gobiernos, no así de la democracia nacional, porque aunado a ello también esos partidos, especialmente desde 1982 se han dedicado fina o abiertamente a desmantelar, en lo que pueden, el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho.

De estos tres partidos Liberación Nacional tiene una base social dura, fuerte, lealtades políticas consolidados todavía en la masa electoral nacional que se ha expresado con darle apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa, pero cada vez más decreciente. La Unidad Social Cristiana totalmente ha abandonado sus principios sociales y cristianos, y sus banderas de Reforma Social. Acción Ciudadana borró en su segundo gobierno lo poco bueno que se logró en su primer gobierno, al punto que ni siquiera provocó en la última elección apoyo para su papeleta de diputados, dura tarea la que tiene en este momento la candidata presidencial de este partido, primera dama del gobierno anterior, que no da pautas de cómo corregir los entuertos de ese gobierno, en lo que debería enfocarse.

Por ahora, todos los partidos y sus candidatos, exceptuando a Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional y a Ariel Robles, del Frente Amplio, luchan y tratan de destacarse como los más fuertes conservadores políticos nacionales, seguidores o continuadores del actual presidente Chaves en sus políticas y acciones de gobierno, orientadas cada vez más a desbaratar lo poco que queda del Estado Social de Derecho.

El país necesita hoy mucha vitamina política, que no se está ofreciendo por los partidos políticos y sus candidatos presidenciales.

Los candidatos a diputados por ahora no cuentan, aunque ya se están definiendo los primeros puestos, que son los posibles a ser electos.

Están en estas próximas semanas próximos a madurar los frutos del árbol electoral costarricense hacia el 2026. ¿Cuántos de esos frutos se pasarán de maduros? ¿Cuántos se podrirán, se descompondrán, corromperán, estropearán o gangrenarán en el proceso electoral? Y, ¿cuántos de estos partidos y sus candidatos darán u ofrecerán su fruto político, al menos su néctar y aroma, con un buen sabor? Por ahora son insaboros, inodoros y casi incoloros…

Compartido con SURCOS por el autor.

Preocupaciones ciudadanas frente a las elecciones

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia distintos tipos de inquietudes sobre el acontecer político que estamos viviendo. Son generalmente preguntas sencillas, pero importantes para quienes desean respuestas, que pueden aceptarlas o no, frente al momento que vivimos y frente a la información que recibimos.

A veces me da la sensación de que el ambiente político ya está alborotado y que hay buena información básica con la que a gente se va orientando, pero quedo siempre insatisfecho.

Algunas de esas preguntas, con las respuestas que he dado, y reflexiones que hago de esas preguntas, son las siguientes.

1.- ¿Ya está definido el panorama electoral?

No está definido el panorama electoral, aunque cada día que pasa se va aclarando, tanto con los partidos debidamente inscritos como con los candidatos presidenciales y algunos nombres de candidatos a diputados que ya se van nombrando y les suenan las matracas. Hasta ahora llevamos casi una decena posible de candidatos presidenciales ya definidos, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Laura Fernández, Claudio Alpízar, Fabricio Alvarado, Eli Feinzaig, Fernando Zamora, Ariel Robles.

Los menciono, generalmente, sin indicar su partido político. Pocas personas asocian a algunos de ellos a un partido de manera correcta.

Si menciono los partidos, sin indicar cual es su candidato, menos saben cómo son las correspondencias de partidos y candidatos.

Me he topado gente que postula personas como si fueran candidatos para esta campaña que viene, dentro de un partido, por el reconocimiento que tienen de las discusiones que se publican de dirigentes o activistas políticos de esos partidos peleando entre sí.

2.- ¿Cuándo inicia la actividad política electoral?

A esta pregunta siempre respondo que la actividad política electoral no se acaba con la finalización de un proceso electoral, y con la integración del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Les digo que la actividad política es permanente, no se acaba, todos los días se realiza, desde distintos ámbitos. Respondo que al terminar la campaña electoral y nombrar las autoridades de gobiernos, al instante mismo, los principales partidos políticos que participaron en las elecciones quedan embarazados para la siguiente. Los dirigentes, los activistas políticos y personas destacadas que van a ocupar puestos en la administración pública, por el partido que gana la presidencia y los partidos que eligen representantes populares, se concentras en sus actividades de gobierno. Una parte de ellos con imposibilidad de actuar y manifestar sus opiniones partidarias o de actuar favoreciendo sus partidos políticos porque constitucional y legalmente tienen prohibido hacerlo. Los que no van a gobierno ni fueron electos, inmediatamente se empiezan a articular para el siguiente proceso electoral y hacen cálculos electorales de las posibles oportunidades que les pueden tocar.

Una regla que tiene la política es que en la política no hay espacios vacíos. Todos los espacios se llenan.

3.- ¿Se debe participar en política?

Mi respuesta es categórica. Si, se debe participar en política. Es un deber ciudadano, es un derecho ciudadano. En la participación está la posibilidad de influir en las acciones políticas que se toman. Quienes me hace esta pregunta, generalmente me dicen que están desilusionados, porque no se sienten satisfechos con los resultados electorales y lo que esperaban de ellos.

Siempre respondo que todos los días se toman decisiones políticas que nos afectan positiva o negativamente, que son las decisiones de las acciones políticas que se toman o deciden desde la Presidencia de la República, desde la actuación de los Ministerios y desde la Asamblea Legislativa. Les recuerdo que a nivel cantonal también sucede lo mismo. De esa forma la política, las acciones políticas se meten con uno, se meten con nosotros, nos gusten o no esas decisiones. Por eso, si la política se mete con uno, uno debe meterse en la política. Esta es otra regla de la vida política. Y la forma de meterse organizadamente es actuando desde un partido político.

4.- ¿Las elecciones dan poder político?

Esta es una pregunta más difícil de responder. Dan poder de gobierno, de administrar, de dirigir las instituciones públicas con algunas y fuertes restricciones en muchos casos, por las instancias creadas a su interior que también frenan, a modo de pesos y contrapesos, las decisiones que se quieren impulsar.

El poder político no está totalmente concentrado en los órganos de gobierno, como son el Poder Ejecutivo, con sus Ministerios, o en la entramada institucionalidad pública, porque alrededor de estas estructuras, operan una serie de presiones políticas que pueden determinar el rumbo de esas instituciones o influir directamente para la toma de decisiones. Son las presiones y participaciones que se realizan desde el ámbito de las organizaciones empresariales, de las instancias del poder económico nacional, de las organizaciones sociales en general, cuando tienen algún grado de presión sobre los actores políticos del gobierno. El Poder Político es también el Poder Económico Nacional. Cómo se articule esta relación así se puede definir el Poder Político real, ¿de qué lado se encuentra, a quién satisface y representa? Hoy en esta estructura del Poder Político también actúan las fuerzas internacionales. Lo vemos en el actual gobierno sometido a las decisiones de la Casa Blanca, la Casa Presidencial de los Estados Unidos.

La parte económica del Poder Político permite definir a qué sectores económicos y sociales se favorece más, por ejemplo, a importadores o exportadores, a los productores nacionales o a los extranjeros, al capital nacional o extranjero, a las zonas francas, a los sectores nacionales de la industria, la agricultura, el comercio y las actividades de servicios, a la salud y educación pública o privada, al mantenimiento o debilitamiento de las políticas sociales y de asistencia social de los sectores más pobres, si se fortalecen más las políticas privatizadoras o no de toda la actividad pública e institucional, entre otras cosas.

5.- ¿Es válido abstenerse de votar en las elecciones?

Votar en Costa Rica, siempre respondo, es un derecho y un deber ciudadano, pero no es obligatorio, como en otros países, que se establecen sanciones para los que se abstienen de votar.

Lo importante, respondo, es que los abstencionistas no definen nada del proceso electoral. Las elecciones se definen con los que participan directamente expresando su voluntad electoral votando por un partidos o por candidatos de la simpatía de votante.

También digo que hay dos tipos de abstencionistas. Los que del todo no se presentan a votar y los que presentándose a las urnas se abstienen de dar su voto a un partido o a un candidato y los que votando en urna anulan su voto, porque no le simpatiza ningún partido, ni ningún candidato.

El punto determinante es que los votos nulos y en blanco no cuentan para el resultado electoral. Tan solo se toman en cuenta como una cifra electoral sin peso en el resultado, porque el resultado se produce por los votos emitidos considerados válidos.

Si los votos emitidos en blanco, abstencionistas reales, o nulos, que rechazan todos los postulados, partidos y candidatos, se tomaran en cuenta para el porcentual final de las elecciones, estos votos podrían tener una fuerza política, porque obligaría a los partidos a convocar con más fuerza a los electores para poder asegurar el 40% para definir una elección en la primera convocatoria, y hasta para definir mejor la segunda vuelta electoral, con los dos partidos que logren llegar a ella.

Incluso podría provocar un llamamiento político para votar contra todos, para deslegitimar a profundidad a quienes puedan quedar elector y obligarlos por esa vía a acuerdos políticos nacionales importantes.

Finalmente, les digo a esos abstencionistas, que en el fondo ellos votan, con su abstencionismo por el que gana, cualquiera que sea. Su abstencionismo los lleva a aceptar cualquier ganador sobre la base de que cualquiera de ellos le puede deparar algo ese abstencionista. Por eso, entre otros factores nuestros procesos electorales al final son muy tranquilos, y son procesos electorales aceptados en sus resultados por todos los que participaron votando y por los que del todo no participaron, absteniéndose de ir a votar o de ir a emitir su sufragio en blanco o anulándolo.

6.-. ¿Es válido quebrar el voto, votar por el candidato presidencial de un partido y votar por los diputados de otro partido?

Es absolutamente válido. Se da naturalmente en el proceso electoral. En los últimos tres procesos electorales hemos visto esta situación. El Partido Acción Ciudadana, que ganó las elecciones del 2014, y 2018, y el Partido Progreso Social Democrático, que ganó con el presidente Rodrigo Chaves las elecciones del 2022, no pasaron de elegir 13 diputados de los 57 que tiene la Asamblea legislativa, lo que los hizo gobiernos débiles, sin músculo político parlamentario para su gestión de gobierno.

Siempre les respondo a quienes así me interrogan, que lo correcto es dar el voto completo a un partido, con su candidato presidencial y sus candidatos a diputados, justamente para dar la posibilidad de un mejor gobierno.

Pero, la quiebra del voto que se hace es en cierta forma para fortalecer el poder de control político que tienen los diputados sobre el Poder Ejecutivo y sobre toda la administración pública. Esto probablemente se siga dando. Por eso es la desesperación del presidente Chaves de llamar a sus jaguares a lograr 38, 40 a más diputados, para poder tener el músculo legislativo que daría un poder político más efectivo, para hacer o deshacer institucionalmente lo que se proponga un presidente.

7.- Me preguntan, ¿qué es más importante para mí, la elección presidencial o la de diputados?

Las dos son igualmente importantes. Sin embargo, desde el accionar político más importante es la de presidente porque es donde se toman las decisiones y acciones políticas diariamente desde todas las instituciones del Estado y de la Administración Pública, que nos afectan positiva o negativamente, según las percibamos. Una decisión sobre alza de salarios y pensiones, congelamiento o no de salarios y pensiones, sobre crédito público, sobre becas y subsidios estudiantiles, sobre crédito para los productores nacionales etc., se toma desde el Poder Ejecutivo. La toma del poder, en este sentido, es lo más importante para el quehacer político inmediato y debe ser el tema central de un partido que participe con candidato presidencial. Si la toma del Gobierno no es el tema central de la lucha político electoral el partido que así participe es más una tertulia patriótica, un foro de discusión, o un grupo de amigos que se reúne para reflexionar de cualquier cosa menos de Política. Un partido político en un régimen y un sistema democrático que participa en elecciones lo hace para gobernar, para tomar el Gobierno, que es la forma de cómo se toma el poder.

Si solo se piensa en la representación parlamentaria o legislativa como finalidad electoral, no se está ante un partido político con vocación de poder. Se está ante un grupo de ciudadanos que desde el parlamento piensan que haciendo leyes se puede hacer un cambio institucional profundo, una revolución institucional. Será un grupo de ciudadanos o diputados que verán sus curules legislativas como meras tribunas para discursos políticos que se llevan a los oyentes de los debates parlamentarios. Ninguna revolución se ha hecho solo a base de discursos.

La presencia legislativa, para cambios institucionales y reformas profundas, solo es efectiva si al discurso parlamentario se le acompaña con la agitación de su contenido, con la movilización social en su apoyo y con la organización partidaria de los movilizados.

Comentaré en otros artículos otras inquietudes que me formulan.

Compartido con SURCOS por el autor.

Miembros de Poder Ejecutivo que renunciaron y algunas notas históricas

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto se quiso hacer con la presentación de la carta de renuncia del vicepresidente Stephen Brunner, el pasado 30 de julio.

La carta donde informa que ha puesto su renuncia está dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, indicándolo que así lo ha comunicado y puesto “en conocimiento” al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, “renuncia efectiva a partir de 01 de agosto del 2025”.

Con la carta dirigida al presidente legislativo le informa de su renuncia a la Asamblea legislativa, a “efectos de otorgarle su eficacia jurídica” a su decisión.

Copia de esa carta fue entregada al Tribunal Supremo de Elecciones el 31 de julio, fecha límite para dar a conocer su renuncia, y tener la libertad, si así lo quisiera hacer, de participar en el próximo proceso electoral como candidato a una diputación.

En cierta forma, el presidente Chaves le escogió y lo nominó en su fórmula presidencial, por ello le comunica a él su decisión de renunciar a la Vicepresidencia. De esa forma, el vicepresidente, siguió la ruta de que quien nombra es quien tiene la facultad de hacer recibir la renuncia, o de que sea el jerarca a quien, en este caso por cortesía institucional, se le hace ver su disposición de renunciar.

Como el nombramiento surge del proceso de votación, de la voluntad popular, el presidente Chaves no puede destituirlo, como puede hacer con los ministros que él nombra a los cuales puede destituir, o solicitarles su renuncia, como a veces se acostumbra.

Siendo el Tribunal Supremo de Elecciones quien hace la Declaratoria oficial de su condición de vicepresidente, es válida la copia de la carta de su renuncia que envía al Tribunal Supremo de Elecciones, que también había enviado un día antes a la Asamblea Legislativa, por su obligación constitucional de comunicar su renuncia y abandono del cargo a partir del pasado viernes primero de agosto.

Por no funcionar la Asamblea Legislativa ese día, el conocimiento de esa nota se hizo el pasado lunes 4 de agosto, en cuya sesión parlamentaria por la unanimidad de los diputados presentes se conoció y aceptó, como correspondía hacerlo, la renuncia al vicepresidente.

La discusión que se había sostenido, desde que se abrió la posibilidad de que el presidente, y no el vicepresidente, renunciaría antes del 31 de julio fue a favor y en contra de la posibilidad real de que pudiera hacerse tal renuncia. Cuando se determinó que el vicepresidente y no el presidente había renunciado fue como abrir una olla de grillos. El caos y el desorden giró sobre si era o no valida su renuncia, si la jurisprudencia constitucional lo permitía o no, y si no estaba señalado en la Constitución Política o en la legislación electoral no podía hacerlo, como sí se establecía en la Constitución Política de 1871 que estuvo vigente hasta 1948. Sin embargo, para mí, si se le permite en la Constitución a presidente su retiro el 31 de julio anterior a un proceso electoral, con igual razón se le ha de permitir al vicepresidente, aunque de esa forma no esté expresamente señalado constitucionalmente. Tan solo hay que recordar que el vicepresidente únicamente tiene la función de sustituir al presidente en sus salidas temporales o de forma definitiva si así pudiere suceder de conformidad a cómo lo establece la Constitución Política.

La discusión de la renuncia del vicepresidente se asoció a la renuncia de otros vicepresidentes que lo hicieron, donde el trámite legislativo del conocimiento de sus renuncias fue expedito.

Se quiso asociar la fecha del 31, que no sesionó la Asamblea Legislativa, a la situación de que no habiendo sesionado se había perdido la posibilidad de hacer valer su renuncia a partir del primero de agosto. En este sentido, tan solo faltó recordar que el presidente de la Republica tiene la obligación de entregar su Informe sobre el Estado de la Nación el primero de mayo de cada año, y que dicho informe por tradición se hace con gran ceremonia nacional. La presidenta Laura Chinchilla Miranda se presentó, a dicho acto, un primero de mayo, día que en la elección del Directorio Legislativo de esa Legislatura que iniciaba, los diputados se lerdearon tanto que entrada la noche la presidenta optó por entregar, dejar presentado en la Secretaría de la Asamblea Legislativa, su Informe y retirarse. Con eso, ella cumplía. La ceremonia protocolaria no se realizó para que ella lo leyera. Bien pudo suceder que Laura no hubiera ido a leerlo como se reprogramó para día posterior, y le hubiera tocado al secretario de la Asamblea haberlo leído. El plazo de presentación del Informe se había cumplido con la entrega del documento el primero de mayo. La lectura se hizo posterior.

En el caso de la renuncia del vicepresidente Brunner sucedió algo parecido. Presentó su renuncia en tiempo. El conocimiento y la aceptación de ella se hizo posteriormente. La institucionalidad sigue funcionando y el régimen democrático también.

En ese alboroto fui consultado, como historiador, varias veces sobre renuncias de miembros de los supremos poderes, presidentes, vicepresidentes y diputados.

En el período anterior a 1948 estos trámites eran más expeditos y menos complicados.

Los vicejefes de Estado funcionaron hasta 1848. Con la constitución de la República de Costa Rica, desde 1848 hasta 1948, los vicejefes fueron llamado Designados a la Presidencia. A todos estos los nombraba el Poder Legislativo, los congresistas o diputados. En la elección de 1913-1914 no habiendo un resultado favorable para elegir un presidente entre los tres candidatos que se disputaron la presidencia, y no habiendo acuerdo entre ellos para hacerlo, el Congreso, en uso de sus facultades nombró los Designados a la Presidencia, y una vez nombrados, llamó a uno de ellos a ejercer la Presidencia. Así llegó Alfredo González Flores a la Presidencia de la República.

Si no hubiera habido Guerra Civil en 1948, y no hubiera habido acuerdo en el Congreso para decidir entre Otilio Ulate Blanco y Rafael Ángel Calderón Guardia, probablemente ese hubiera sido el camino de solución al conflicto de la nulidad de la elección presidencial, acuerdo en nombrar los Designados a la Presidencia, y haber llamado a uno de ellos a ejercer la Presidencia. Para esa posibilidad se tomaron en cuenta algunos nombres. No sucedió porque el alzamiento armado de José Figueres impuso otro camino, sin alterar la conclusión del período presidencial de Teodoro Picado, que terminó, las últimas tres semanas de su gobierno en manos de su Designado Santos León herrera, quien le entregó el poder a José Figueres, y no a Otilio Ulate, por cuanto Figueres se impuso sobre Otilio Ulate, por el pacto del 1 de mayo de 1948, con el cual se comprometía a entregarle la presidencia 18 meses después, puesto que él iba a gobernar por ese breve período, en el cual fundo la llamada Segunda República, etapa republicana que todavía estamos viviendo al amparo de la Constitución Política de 1949, que sigue vigente aunque maltrecha por la cantidad de reformas que se le han hecho.

Durante el período del Estado, 1824-1848 hubo algunos que cayeron o subieron en ese cargo, de jefes de Estado, por golpes de estado, como José Rafael Gallegos Alvarado, Braulio Carrillo Colina, Manuel Aguilar Chacón, francisco Morazán Quesada, José María Alfaro Zamora.

En este período por renuncia lo hizo Francisco María Oreamuno Bonilla.

Durante el período de la República, 1848-1948 hubo algunos que cayeron o subieron en ese cargo de presidentes de la República por golpes de estado, Juan Rafael Mora Porras, José María Castro Madriz, Jesús Jiménez Zamora, Bruno Carranza Ramírez, Tomás Guardia Gutiérrez, Aniceto Esquivel Saénz, Vicente Herrera Zeledón, Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados subió por golpe de Estado.

En este período abandonó el poder Bernardo Soto Alfaro, y se lo entregó por un breve período al Dr. Carlos Durán. Por su parte, Federico Tinoco Granados renunció a la presidencia como resultado de la lucha popular en contra de su dictadura el 12 de agosto de 1919.

Fueron encargados del Poder Ejecutivo, por breves períodos, las siguientes personas, en el período del Estado de Costa Rica, 1824-1848: Agustín Gutiérrez Lizaurzabal, Juan José Lara Arias, Antonio Pinto Suarez, Rafael Moya Murillo, Manuel Fernández Chacón, Joaquín Mora Fernández, Manuel Antonio Bonilla Nava, Manuel José Carazo Bonilla.

Fueron encargados del Poder Ejecutivo, por breves períodos, las siguientes personas, en el período de la República de Costa Rica, 1848-1948: Manuel José Carazo Bonilla, Miguel Mora Porras, Rafael G. Escalante Nava, Eusebio Figueroa Oreamuno, José Antonio Pinto Castro, Salvador González Ramírez, Rafael Barroeta Baca, José Joaquín Lizano Gutiérrez, Salvador Lara Zamora, Saturnino Lizano Gutiérrez, Apolinar de Jesús Soto Quesada, Carlos Durán Cartín, Demetrio Iglesias Llorente, Juan Bautista Quirós Segura, Francisco Calderón Guardia, Rafael Calderón Muñoz, Jorge Hine Saborío, René Picado Michalski, Santos León Herrera y José Figueres Ferrer, como presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República.

Durante la Segunda República, desde 1949 hasta hoy no ha habido Golpes de Estado que hayan provocado cambios en la Presidencia de la República ni renuncias de presidentes.

Encargados de gobierno han estado los vicepresidentes, de los distintos gobiernos, en las ausencias de los presidentes por viajes al exterior por cumplimiento de compromisos oficiales. Se acostumbra que en su sustitución alternen, a discreción de presidente, que los llama a ejercer la Presidencia, el primer y el segundo vicepresidente. No es obligatorio que en sus ausencias temporales siempre sea el primer vicepresidente quien sustituya al presidente.

Durante toda la historia institucional, solamente Francisco Antonio Pacheco Fernández, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, ha sustituido brevemente, en varias ocasiones, al presidente Oscar Arias Sánchez, en la cuarta Legislatura de su segunda administración, en el 2009-2010, por ausencias oficiales del Primer Mandatario, al haberse quedado sin sus dos vicepresidencias por renuncias al cargo que ellos hicieron.

Compartido con SURCOS por el autor.

Ante la renuncia del vicepresidente Brunner, lo que procede es aceptarla

Vladimir de la Cruz

El pasado miércoles 30 de julio vencía el plazo para que el presidente, o cualquiera de los vicepresidentes, renunciara a su cargo si deseaban participar activamente en la política electoral hacia las elecciones, con posibilidades de aspirar a un puesto legislativo.

La renuncia del presidente era lo que más se esperaba por la comunidad y sociedad política nacional, ya que se especulaba que podría aspirar a una diputación, en las elecciones de febrero del 2026, lo que le está permitido por la Constitución Política, dejando el cargo antes del 31 de julio. Lo que es igual para el presidente lo es para sus vicepresidentes.

Otros funcionarios del actual Poder Ejecutivo, del Consejo de Gobierno, del Gabinete ministerial del presidente Chaves ya habían renunciado antes del 1 de febrero, y otros se sumaron con su renuncia el pasado 30 de julio.

El miércoles 30 de julio ni ayer jueves 31 de julio el presidente Rodrigo Chaves renunció. El que lo hizo con todo derecho fue su primer vicepresidente, Stephan Brunner.

Formalmente la renuncia de estos funcionarios públicos debe hacerse ante la autoridad que los nombra o declara nombrados, que es la única que puede hacer efectiva la renuncia.

El presidente de la República, los vicepresidentes de la República y los diputados son nombrados directamente por el pueblo, mediante los procesos electorales. Para decirlo políticamente, son nombrados directamente por la mayoría del pueblo electoral, manifestado en las votaciones, que se inclina por uno de los candidatos que se presentan a recoger esa voluntad popular de representación, la de los mandantes electorales.

En teoría política y democrática, aun cuando son electos por una parte de todo el electorado, son la representación de todos los electores, de todos los votantes y de los que no votaron o anularon su voto. Así funcionamos como sistema político y como sistema democrático. Por eso, al presidente, los vicepresidentes y sus ministros se les inhibe, se les prohíbe, de identificarse con algún partido de los que participaron en el proceso electoral, o de pronunciarse sobre ellos, a favor o en contra, lo que les provocaría la sanción de la beligerancia política.

Los ministros los nombra el presidente y es ante él que renuncian o él los destituye.

Los vicepresidentes constitucionalmente solo tienen como principal función sustituir al presidente en sus ausencias temporales o definitivas, sin devengar salario alguno.

En las ausencias temporales el presidente pude disponer libremente a quien encarga su sustitución. Generalmente alterna con los dos vicepresidentes, dándoles la oportunidad de aparezcan en La Gaceta firmando una ley con sus nombres. En la ausencia definitiva sustituye en su orden el primer y segundo vicepresidente, o el presidente de la Asamblea Legislativa, como ocurrió en el 2009 con el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, varias veces sustituyó al presidente Oscar Arias.

Cuando algún vicepresidente tiene salario en su condición de vicepresidente es porque se le asigna una función que es remunerada. Que recuerdo, solo al inicio del Gobierno de Abel Pacheco, el presidente Miguel Ángel Rodríguez, dejó establecido en el Presupuesto Nacional del 2002, que el vicepresidente tendría un salario. En ese momento el presidente Pacheco, antes de asumir su investidura presidencial se peleó y distanció radicalmente de su vicepresidente Luis Fishman, al punto que no le permitió tener oficina en la Casa Presidencial e intentó que no recibiera el salario que se había presupuestado. Ni siquiera le permitía ingresar a la Casa Presidencial. Tuvo obligación de mantenerle el salario aunque no tuviera ninguna función en el gobierno en su primer año de gestión porque así estaba presupuestado. Al siguiente año, para el Presupuesto Nacional del 2003, Abel Pacheco eliminó la partida del salario y Luis Fishman se quedó sin ese ingreso económico, ostentando la condición de vicepresidente, que mantuvo durante todo el gobierno del 2002 al 2006.

Para sus efectos vicepresidenciales, el primer año intentó Luis Fishman atender público como vicepresidente desde una oficina particular que puso para ello. El segundo año se metió en la oficina de su esposa, entonces diputada, desde donde atendía discretamente, ya sin salario. Para el tercer y cuarto año de su vicepresidencia de papel ya no tenía oficina ni salario. Luis Fishman no renunció a su condición de vicepresidente.

En el gobierno de Oscar Arias, 2006-2010, sus dos vicepresidentes renunciaron a su cargo. Kevin Casas por haber sido increpado de haber redactado un Memorándum, en la discusión y referéndum del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se elaboraba una estrategia de miedo para atacar a los opositores al Tratado, cuya discusión e impacto provocó su renuncia. Luego, le siguió Laura Chinchilla, que renunció para asumir la candidatura a la presidencia, la que ganó en el 2010.

Ambas renuncias fueron notificadas a la Asamblea Legislativa, como corresponde comunicarlas, darlas a conocer a los diputados, sin que en esas ocasiones se interpusieran acciones para discutir si se aceptaban o no esas renuncias. Las renuncias eran de la realidad, de la voluntad personal de los vicepresidentes y había que acatarlas, y así se procedió, sin bulla ni escándalo legislativo.

El Código Electoral señala que el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa es voluntario y se puede renunciar antes o después de prestar juramento, renuncia que será admitida después de la declaratoria de la elección. En el caso de los vicepresidentes, el Código Electoral establece que la vacante se llenará por quien le siga en su orden, lo que es válido para la muerte, renuncia o incapacidad sobreviniente del presidente.

La renuncia al cargo de presidente, vicepresidente, diputado, en estos casos, tan solo implica la cancelación de la credencial de presidente, vicepresidente o diputado, la que se hace una vez que la renuncia sea conocida por la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que da las Credenciales de presidente, de los vicepresidentes de la República y de los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Dicho así, la renuncia bien podría tramitarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones con copia a la Asamblea Legislativa, para que por conocida y recibida la nota de renuncia ante la Asamblea Legislativa, se prepare el Tribunal Supremo de Elecciones para indicar quien sigue en el orden de sustitución, porque para ello tiene que emitir la Credencial respectiva, hacer el nombramiento pertinente, y hasta tomar juramento del nuevo cargo, si ello fuere procedente.

Si la renuncia del vicepresidente se quisiera someter a debate parlamentario, así debería procederse incluso cuando voluntariamente alguno de los miembros de los supremos poderes renunciare voluntariamente a su inmunidad para someterse a procedimientos judiciales, o cuando se tratare de simples renuncias al cargo, como ha sucedido con renuncias de diputados. La renuncia forzada que hizo el diputado Vargas, del Frente Amplio, de la Provincia de Guanacaste se presentó, en el Tribunal Supremo de Elecciones, un viernes al mediodía, y el lunes inmediato ya estaba acreditado el diputado sustitutivo que seguía en su orden.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que hace la declaración oficial de los candidatos electos a puestos de elección popular. En sencillo, es el que nombra por el resultado de la votación a las personas electas.

Escribí hace poco que para evitar el lío procesal, artificial y politiquero, que se ha levantado con la renuncia posible del presidente Chaves, válida para la del vicepresidente Brunner, las cartas de renuncia pudieron haberse presentado y tramitado una semana antes, haciendo ver en ellas que eran efectivas a partir del primero de agosto.

Con eso esa discusión ya se habría superado y ganado tiempo parlamentario.

El conocimiento de la renuncia jurídicamente también vale en el sentido de dar por recibida y sabida la renuncia. Lo que se vota es el recibo de la nota de renuncia. No se puede votar la aceptación o rechazo de la renuncia. Solo puede renunciar quien tiene derecho a hacerlo. No se está sometiendo al vicepresidente a una destitución. El vicepresidente se somete ante la Asamblea a comunicar su decisión de dejar el cargo. No se le puede obligar a ejercerlo.

El único cargo obligatorio reconocido en la legislación electoral nacional es el de diputado o diputada a una Asamblea Constituyente, que es irrenunciable.

Así, repito, el acto de votación que se quiere imponer para la renuncia al cargo de vicepresidente de Stephan Brunner es el de recepción de la nota de renuncia, es decir, de dar por conocida y aceptada el aviso de su renuncia.

Si la Asamblea se enfrasca en una estéril discusión procesal en nada afecta la decisión presentada el 30 de julio para cualquier otro efecto al vicepresidente Brunner, quien renunció y dejó el cargo el 31 de julio, y vale su renuncia desde la fecha en que así comunicó que era efectiva. Lo que provoca es que ya desde hoy primero de agosto perdió, por su propia voluntad, la inmunidad del cargo que ostentaba, y está en el término de plazo que le permite ser candidato a diputado si así se inscribe por algún partido.

La discusión del término “conocer”, que se argumenta para someter a aceptación o no la renuncia, es igualmente válida para dar por conocida recibida la noticia de la renuncia, no necesariamente para aceptarla o rechazarla.

La renuncia es personalísima, es de la propia voluntad de la persona dispuesta a dejar el cargo, por lo que no necesita la aprobación de otra parte. El problema de presentar una renuncia, es la renuncia misma, la que no debe tener discusión, la que por puesta debe tramitarse aceptándola, sin otro efecto o sin intención de impedirla, la que no puede provocar otro efecto más que el de la cesación del cargo.

Todo puesto en el Estado es renunciable, como lo son en el sector privado. Siendo un acto de voluntad de la persona interesada en renunciar, que es también un acto de libertad, que es un acto unilateral, de una persona, no requiere su aceptación para que provoque efectos.

El Plenario Legislativo tan solo debe dar por conocida la decisión del vicepresidente Brunner de dejar el cargo, como cuando da por conocidos los cambios de ministros de la presidencia que se hacen desde la Casa Presidencial, para los trámites legislativos.

La renuncia del vicepresidente Brunner es para disponer libremente de su tiempo personal, para hacer lo que le dé la gana, si de eso se trata.

Si Stephan Brunner por ser electo popularmente se le quiere someter a una aprobación de su renuncia, es al Tribunal Supremo de Elecciones, al que le correspondería el conocimiento de su renuncia por ser este Tribunal quien lo Declara vicepresidente, como resultado de las votaciones.

En la vida diaria, en todas partes, quien tiene la capacidad de nombrar tiene la capacidad de destituir. En todas partes, también, quien tiene la capacidad de renunciar, puede unilateralmente, por acto de libertad y de libre voluntad renunciar, y ante la renuncia lo que procede es aceptarla.

¿Qué ganan los diputados y sus partidos en obstaculizar el trámite de aceptación de la carta de renuncia del vicepresidente? ¡Nada!, ni siquiera bulla a favor de sus partidos políticos o de sus candidatos. ¿A quién amenaza la salida de Brunner del gobierno? Por ahora, a nadie. ¿Quieren los diputados y sus partidos mantener a Brunner en la vicepresidencia por un excelente trabajo de gobierno que realiza con el presidente Chaves? ¡Claro qué no!, ni siquiera se siente su trabajo, y mucho menos su figura política. ¿Quieren los diputados y sus partidos proteger al vicepresidente Brunner en su inmunidad, para que no le sometan a juicios con levantamiento de la inmunidad? ¡Por supuesto que tampoco! Más les interesaría que renuncie, que esté sujeto a la persecución judicial, porque eso les da gasolina para prender algunas llamas en la campaña electoral, ¿o no es así?

Con la actitud que tienen, en la Asamblea Legislativa los diputados y sus partidos, quienes quieren someter a aprobación parlamentaria la renuncia, que no es destitución, del vicepresidente Brunner, pareciera que le están haciendo el juego al presidente Chaves y sus jaguares… Son ellos los que están al frente de la política, del escenario político nacional., aunque se hable mal de ellos. Pareciera no ser el momento para estas nimiedades…

Los días de la gran decisión, 30 y 31 de julio

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocas horas de saber cuál va a ser el futuro electoral inmediato del país. Estos últimos días se ha cuadrado mejor el panorama político y electoral nacional, y se perfila cuál va a ser el escenario principal de esa disputa, si el presidencial o el legislativo.

El Partido Liberación Nacional tiene su candidato consolidado, Álvaro Ramos. La Unidad Social Cristiana también lo consolidó, Juan Carlos Hidalgo. El Partido Unidos Podemos que postula a Natalia Díaz Quintana, la tiene consolidada. Todos ellos aspirando solamente a la Presidencia de la República, sin doble postulación.

El Partido Acción Ciudadana ya confirmó la candidatura de la ex primera dama, Claudia Dobles Camargo, con doble postulación, en coalición con el partido Agenda Democrática Nacional, que fusionados se llamará Coalición Agenda Ciudadana. El Partido Esperanza Nacional encabezado con Claudio Alpízar, también con doble postulación. El Frente Amplio se orienta por Ariel Robles.

Sin ratificar aún Fabricio Alvarado del Partido Nueva República y Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista.

A última hora ha surgido rugiendo el Partido Pueblo Soberano, que se identifica con el gobierno de Rodrigo Chaves, que ya integró su fórmula presidencial encabezada por Laura Fernández, y sus vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto, el único partido que ha hecho pública su nómina completa presidencial.

En el resto de los partidos todavía no suenan matracas.

De esta situación, la expectativa mayor descansa en el día de hoy miércoles 30 y mañana jueves 31 de julio. La de hoy por el posible anuncio del presidente de la República, si continúa o no al frente del gobierno hasta el próximo 8 de mayo, anuncio que puede hacerlo hoy en su acostumbrada reunión de los miércoles o mañana, que es el día final de plazo, en posibilidad de renunciar al cargo de presidente, para poder aspirar a una diputación en la próxima Asamblea Legislativa.

Si el presidente decide no renunciar a la presidencia se pega un tiro en los pies, pues pierde las posibilidades reales de seguir en política activa como diputado hacia otro período presidencial, que desde la Asamblea Legislativa podría preparar para ser de nuevo, al menos, candidato presidencial en el 2030, de lo contrario tendría que esperar hasta el 2034, obligado por el descanso de ocho años que le impone la Constitución Política. En el supuesto caso que un partido de los inscritos identificado con él ganara la presidencia, le podría nombrar ministro y continuar en el ejercicio de la política institucional con cierta presencia pública, pero sin beligerancia alguna. Puede haber presidentes beligerantes como él actúa, pero no ministros beligerantes.

Si no permanece en política activa desaparece como candidato posible para el 2034. Basta con mirar los candidatos presidenciales de las campañas electorales que no quedan electos, cómo desaparecen del escenario político, sobre todo aquellos que no tienen partidos políticos permanentes. Nadie los toma en cuenta. Los focos de la atención pública descansan en el Gobierno y sus ministros, y en los diputados electos por los partidos, sin que los partidos que ellos representan ocupen la misma atención que sus legisladores, más allá de lo que los resalta el debate parlamentario.

En el país, los partidos políticos no tienen vida propia. Locales importantes de esos partidos en San José los tienen Liberación Nacional, Acción Ciudadana y el Frente Amplio. Son desde hace mucho tiempo meros cascarones burocráticos de oficinas abiertas, sin que en ellos destaquen actividades públicas de reuniones. En las cabeceras de provincias y cantones ningún partido político nacional tiene oficinas abiertas, menos tienen locales para hacer reuniones semanales o quincenales con la gente. Los partidos de izquierda hasta 1990 mantuvieron locales para desarrollar cierto activismo político. El Partido Comunista o Vanguardia Popular mantiene un pequeño local, con cierta actividad pública sin participar en elecciones desde el 2006.

En la óptica del presidente Chaves, de continuar su proyecto político de reformar de manera radical y destructiva institucionalmente el país, debe tener un partido político que trabaje en esa dirección y los dirigentes que puedan conducir ese proyecto. En esa perspectiva está la opción del Partido Pueblo Soberano, el que más identificado está con ese ADN político, viéndose actuar desde la Asamblea Legislativa, para poder recuperar en el 2030 el gobierno en caso de que no lo gane en el 2026. Había en perspectiva cuatro partidos inscritos con ese propósito gobiernista, identificados bajo la bandera del jaguar, que se coaligarían para lograr el objetivo de elegir 38 diputados mínimamente. En menos de 15 días esos partidos entraron en contradicciones y pugnas, por las candidaturas presidenciales y de diputados, que abortaron la posible coalición y debilitaron a los partidos que no recibieron oficialmente el apoyo presidencial, manifestado de manera indirecta en la postulación de los candidatos de Pueblo Soberano, de la candidata Laura Fernández.

El Partido Pueblo Soberano es el partido que el presidente Chaves está apoyando, con el que se identifica, por la calidad de sus candidatos presidenciales, dos de ellos salidos del gabinete del presidente, con claro mensaje de su candidata que continuarán con sus políticas y acciones de gobierno.

Por sí mismo el Partido Pueblo Soberano no gana las elecciones, por tan solo ser un partido político, como es igual para todos los partidos políticos.

Para tratar de ganar una elección se requiere un equipo de gente, por pequeño que sea, de trabajo permanente en el Partido, lo que ya tiene Pueblo Soberano. Se trata de un equipo de gente con carácter de dirigentes del partido, que se movilicen constantemente en el territorio nacional, que establezcan los vínculos con los distritos, cantones y provincias. Se requiere también un local central, que también ya tiene Pueblo Soberano, con buen financiamiento para su mantenimiento y el de sus funcionarios, especialmente los que están a tiempo completo. Se requiere el aparato logístico de apoyo, especialmente de vehículos que permitan el desplazamiento de sus dirigentes o activistas políticos. Se requiere el cubrimiento propagandístico de materiales impresos, de vallas publicitarias, que ya van apareciendo, y de redes de comunicación, que también tienen.

Así las cosas, hoy Pueblo Soberano lleva la iniciativa política en la campaña electoral que ya está en marcha, sin que oficialmente esté convocada. Las concentraciones en apoyo del gobierno, que con frecuencia se hacen no están prohibidas, ni las movilizaciones que se hacen con las giras presidenciales. Eso lo puede seguir haciendo el gobierno si Chaves se mantiene en la presidencia hasta el 8 de mayo. Si renuncia quien le sustituya, cualquiera de las vicepresidencias, no lo pueden hacer igual.

Los demás partidos están entrampados en sí mismos. Tiene problemas serios de escogencia de candidatos a la presidencia, a las vicepresidencias y a los primeros puestos de diputados en cada provincia, partiendo de la base de que para cada partido sus posibilidades reales son elegir entre los dos primeros puestos por provincia, y en algunos casos entre los primeros tres a cuatro, de acuerdo a la experiencia parlamentaria de los últimos procesos electorales, considerando que en las últimas elecciones ningún partido ha pasado de 19 diputados, a un promedio de 2.5 diputados por provincia, y la mayoría de los partidos a un promedio de un diputado provincia.

Ahora bien, si el escenario de hoy o de mañana está en la renuncia del presidente Chaves para aspirar a una diputación a partir del 2026, lo que se perfila es lo siguiente.

El presidente Chaves ha venido sosteniendo en su ataque a las instituciones públicas que se necesita tener por lo menos 38 diputados dispuestos a transformar el país. Su mensaje ha sido para que no se elijan diputados de los actuales partidos políticos y se elijan preferiblemente de los partidos llamados jaguar o que se identifican con el presidente Chaves y su discurso antisistema.

La candidatura de Chaves a diputado se va a convertir en el eje central de toda la campaña electoral. Con su candidatura se va a procurar atraer al máximo número de diputados posibles, más de los 10 que lograron en el 2022. La candidatura de Chaves se va a acompañar de otras candidaturas importantes y fieles a Chaves, como son los ministros que renunciaron en febrero, que algunos de ellos podrían ir encabezando los otros partidos jaguares, restándole votos a Laura Fernández, o encabezando las listas de diputados de esos partidos para recoger votos dispersos en las distintas provincias. Difícilmente un solo partido podría lograr los 38 diputados que quiere tener Chaves. En la historia parlamentaria desde las elecciones de 1953 solo en dos ocasiones Liberación Nacional llegó a tener 32 y 33 diputados, y en todas las elecciones desde 1953 los partidos que más han logrado no han pasado de 25 manteniéndose entre 18 y 22. El resto de los partidos no ha pasado de 14, manteniéndose entre los que eligen un promedio de seis diputados.

Para mí es claro, que la candidatura de Chaves puede ser un gran imán para la lista que lo acompañe, que saldrían por arrastre. En la lista que Chaves encabece irán los candidatos de mayor confianza del presidente para que eventualmente sean electos con él y llegar a la Asamblea Legislativa como un equipo muy sólido y combativo de diputados. Sin embargo, puede descuidar los otros partidos jaguares inscritos, porque todos tienen posibilidad de elegir. Tiene que darles algo de buenos candidatos, de personas conocidas, para que también ejerzan el papel de imanes políticos en las provincias donde vayan como candidatos. Las gestiones y visitas de Chaves, como presidente, a las regiones y cantones ha tenido ese propósito de aglutinar, reunir y contactar personas hacia las elecciones del 2026, y de poner a esas personas en contactos directos con los ministros y altas autoridades de gobierno que le acompañan en sus giras. El mismo ha reconocido, que como gobierno, “democráticamente” ha dicho, ha fortalecido con propaganda oficial, lo que tampoco le está prohibido hacer, a medios de comunicación regionales y de las provincias y cantones periféricos y alejados del Valle Central, regiones que pueden dar votos, cuando han sido provincias de altos grados de abstencionismo electoral.

La eventual candidatura a diputado de Chaves solo puede hacerse por medio de un partido político, la que seguramente se hará con el Partido Pueblo Soberano, por la música que le tocan a ese partido. Esa candidatura presidencial, con Chaves de candidato a diputados, va a tener un gran apoyo político y electoral, porque se tratará de concentrar en esas dos candidaturas, la de la presidenta Laura Fernández y la del diputado Rodrigo Chaves todo el esfuerzo político, financiero y propagandístico principal.

Esto hará, de las candidaturas a diputados el principal escenario de guerra electoral. La mayoría de los partidos procurará tratar de desinflar electoralmente a Chaves, lo que no es suficiente si los partidos opuestos a Chaves no llevan en sus listas de diputados excelentes candidatos, sean viejos o nuevos.

Lo que no pueden llevar los partidos son candidatos gastados, cuestionados, dudosos éticamente o resultado de pugnas internas en sus partidos por lo que van con esos partidos heridos y divididos al combate electoral.

Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, como los partidos tradicionales más fuertes y de vieja data, tienen este problema interno, además de que sus candidatos presidenciales son muy débiles internamente, y ni siquiera pueden proponer más de dos candidatos a diputados, dejando esa elección a los caciques cantonales, que actúan como verdaderos sindicatos o mafias políticas locales de control de puestos electorales. Los comités políticos nacionales han dejado de dirigir verdaderamente esos partidos políticos. Son organizaciones sin rumbo nacional claro. No es suficiente un programa electoral, se necesita también un Programa de Partido para el país, del que todos los partidos hoy carecen.

Lo que es claro, para el día de hoy o de mañana, es que para acompañar a Chaves, como candidato a diputado, en caso de que renuncie a la presidencia, o para llevar el equipo fuerte de diputados chavistas a la Asamblea Legislativa, en capacidad de dar los combates parlamentarios con el rumbo que Chaves quiere imponer institucionalmente, también van a renunciar una parte de sus ministros, que aspirarán a ser candidatos a diputados igualmente.

Los que se señalan que van a renunciar a su condición vicepresidente y de ministros, que se suman a los que ya lo hicieron antes del 1 de febrero de este año, son las siguientes personas: el primer vicepresidente, Stephan Brunner Neibig, quedando la segunda vicepresidenta, Mary Munive Angermüller, a cargo del Poder Ejecutivo, el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, la ministra de Planificación, Marta Esquivel Rodríguez.

También se mencionan en posibles renuncias, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, el presidente de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada, la presidenta del IMAS, Yorleny León.

Del Gabinete Ministerial han renunciado Laura Fernández, ministra de la Presidencia, actual candidata a la presidencia del partido Pueblo Soberano, Anna Katherine Müller Marín, ministra de Educación, Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio, que es candidato a la vicepresidencia de Laura Fernández, Joselyn Chacón Madrigal, ministra de Salud, Mauricio Batalla Otárola, ministro de Obras Públicas, que está alejado de la participación electoral, Nayuribe Guadamuz Rosales, ministra de Cultura.

Con las renuncias de estos funcionarios y de otros, de las instituciones autónomas, se pretende formar el equipo de combate de la campaña electoral por las diputaciones y por la Presidencia de la República.

También renunciaron, haciendo casa aparte, Natalia Díaz, ministra de la presidencia y Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas, Patricia Navarro Molina, ministra de Comunicación.

En el caso de que el Partido Pueblo Soberano ni ninguno de los partidos jaguar ganare la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo, Rodrigo Chaves y su grupo de diputados se convertiría en el principal grupo opositor al próximo gobierno, gane quien gane de los otros partidos, para poder montar su regreso electoral en el 2030.

Otros asuntos relacionados con estos cambios de ser reales son:

1.- El vicepresidente que quede electo, por renuncia del presidente Chaves, tendrá a partir del 8 de mayo, el derecho de pensión que tienen los presidentes de la República, por su condición de sustituirlo de manera permanente en su ausencia definitiva del cargo.

2.-En caso de quedar Rodrigo Chaves diputado, no puede ser presidente de la Asamblea Legislativa porque tendría una prohibición constitucional de sustituir, en un caso extremo, de manera permanente al presidente de la República, porque para ello debería tener el plazo constitucional actual de los ocho años de haber dejado el cargo.

3.- Al renunciar a la Presidencia pierde su inmunidad política. Puede ser juzgado ordinariamente. Difícilmente, por los trámites judiciales sería condenado antes de ocho meses. Esto le da oportunidad de qué si es electo diputado y juramentado como tal por el Tribunal Supremo de Elecciones, de nuevo adquiere la inmunidad, que le protegería de cualquier trámite judicial, para lo que habría que levantarle la inmunidad parlamentaria. ¿Una jugada en ese sentido, puede ser también?

4.- Su renuncia no significa que falte al juramento que hizo al asumir el gobierno. Sencillamente es una renuncia para proponerse seguir en política, desde la Asamblea Legislativa, sirviéndole a quienes voten por él.

5.- Lo que en perspectiva queda es la imagen de un gobierno débil, desastroso, del que todo mundo salió corriendo por la cantidad de cambios de ministros y autoridades de gobierno que tuvo, y por la ausencia de un verdadero programa de acciones de gobierno propias de Rodrigo Chaves y de la mala gestión de sus diputados.

6.- Queda un gobierno “sustituto”, muy débil, por pocos meses, hasta abril, sin posibilidad de hacer cambios significativos ni de impulsar políticas públicas necesarias.

7.- Queda una incógnita sobre la confección y la perspectiva política del Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2026.

8.- Insisto. El tema electoral central es la elección de los próximos diputados y de rebote la elección de la próxima autoridad superior del Poder Ejecutivo.

Esta es la lectura que hago hoy de la situación que enfrentamos en el panorama electoral.

Compartido con SURCOS por el autor.

AGECO comparte video sobre la importancia de la Anexión del Partido de Nicoya – expone Vladimir de la Cruz

En el marco de la celebración del 25 de julio, fecha en que se conmemora la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) lanzó un video especial que destaca la importancia de este acontecimiento histórico, narrado por el reconocido historiador y educador Vladimir de la Cruz.

En el video, de la Cruz explica cómo la anexión, realizada por voluntad propia, permitió a Costa Rica crecer territorial, cultural y económicamente. La incorporación del Partido de Nicoya, hoy parte de la provincia de Guanacaste enriqueció al país con la cultura chorotega, así como con nuevas expresiones culinarias, musicales, folclóricas y ganaderas.

Además, el historiador subraya el valor estratégico de la región, mencionando la importancia del río Tempisque para el desarrollo económico en el siglo XIX y principios del XX, así como el aporte de las tradiciones afrodescendientes y el legado cultural de la zona.

El video también resalta la riqueza natural y turística que la región ha aportado al país: el Golfo de Nicoya, sus playas, los parques nacionales y sitios emblemáticos como la Casona de Santa Rosa y los parques nacionales, por lo que cada año, se celebra en todo el país este hecho que unió fronteras.

El video está disponible en YouTube, le invitamos a visitarlo en el siguiente enlace:

Faltan nombres en el Salón de Jefes de Estado y Presidentes de la República de la Asamblea Legislativa

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Legislativa tiene un Salón especial dedicado a exhibir en cuadros al óleo a quienes han dirigido el Estado y la República, todos pintados por grandes y reconocidos artistas.

El Salón se conocía como el de Ex Jefes de Estado y de Ex Presidentes, cada uno con una plaquita que indicaba el período de tiempo en el cual cada uno de ellos había desempeñado ese cargo.

El Salón hace poco tiempo cambió su nombre para indicar que allí se exhiben a quienes han ejercido como Jefes de Estado y como Presidentes de la República, y hoy se denomina como debe ser, Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, precisando correctamente que durante el tiempo que se señala en esas plaquitas ejercieron ese cargo, y no como equivocadamente se podía leer en la plaquita que fueron ex Jefes de Estado y ex Presidentes en el tiempo que la plaquita señalaba.

Todavía al Salón le falta destacar, al menos con dos grandes placas en donde se recojan sus nombres, la lista de quienes dirigieron el país en el período que va desde la proclamación de la Independencia, el 29 de octubre de 1821 hasta el momento que asumió como primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández.

Declarada la Independencia el 29 de octubre de 1821, se mantuvo en el cargo de jefe Político subalterno el último Gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, mientras la decisión tomada en Cartago el 29 de octubre se juraba y aceptaba en los pueblos. El 12 de noviembre fue desconocida su autoridad provisional que ostentaba y en su lugar hasta el 8 de setiembre de 1823 “gobiernos” colegiados, con precisas denominaciones, unos de muy corto plazo, otros de un plazo más largo, dirigieron el país.

Los gobiernos de las Juntas, en su orden, fueron los siguientes:

La Junta de Legados de los Pueblos, que gobernó desde el 12 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 1821. Entre otras cosas actúo como Asamblea Constituyente al dejar el 1 de diciembre aprobado el “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, conocido como la Primera Constitución Política de nuestro período independiente. Fue presidida por el Presbítero Nicolás Carrillo Aguirre.

La Junta Interina, que gobernó desde el 1 de diciembre de 1821 hasta el 5 de enero de 1822, la cual fue presidida por el Presbítero Pedro José Alvarado.

La Junta Electoral, que gobernó desde el 5 al 12 de enero de 1822, la cual fue presidida por Rafael Barroeta Castilla.

La Primera Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 13 de enero hasta el 31 de diciembre de 1822. Esta Junta tuvo cuatro personas que la presidieron. Ellos fueron, durante todo el año, alternando, Rafael Barroeta Castilla, Santiago Bonilla Laya, José María Peralta y José Rafael Gallegos.

La Segunda Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo de 1823, la cual fue presidida por José Santos Lombardo.

Le siguió la llamada Diputación Provincial o Triunvirato desde el 14 de marzo hasta el 29 de marzo de 1823, que fue presidido por Rafael Francisco Osejo.

Le siguió el período de los Comandantes Generales, desde el 29 de marzo hasta el 16 de abril de 1823, que fue presidido por Joaquín de Oreamuno desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril y por Gregorio José Ramírez, desde el 5 hasta el 16 de abril de 1823.

Le siguió el llamado Congreso Constituyente desde el 16 de abril hasta el 6 de mayo de 1823, que fue presidido por José María Peralta.

Finalizó este período con la instalación de la Tercera Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 6 de mayo hasta el 8 de setiembre de 1823, la cual fue presidida por el Presbítero Manuel Alvarado.

A partir del 8 de setiembre de 1823 asumió como Jefe de Estado el educador Juan Mora Fernández, en su primer período de gobierno prolongado consecutivamente por dos períodos más hasta el 8 de marzo de 1833, siguiéndole José Rafael Gallegos, quien había presidido durante un breve tiempo la Primera Junta Superior Gubernativa.

En el conocimiento histórico general a todo este período se le resume diciéndole el período de las tres Juntas Superiores Gubernativas.

Empezamos a llamarnos Estado de Costa Rica justamente a partir de ese 8 de setiembre de 1823, cuando empezamos a participar de los gobiernos federales de toda Centroamérica, en un primer momento en las Provincias Unidas del Centro de América y en el de la República Federal del Centro de América.

Bajo la organización federal de Centro América nos mantuvimos hasta 1838, ya que este año Nicaragua, Honduras y Costa Rica se retiraron de la Federación lo que condujo a su desintegración, a pesar del intento que hizo Francisco Morazán en 1842 por restituirla.

Durante el período de la República Federal, Costa Rica participó de sus estructuras políticas institucionales. Se aceptó el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y El Poder Judicial, como estructuras superiores de gobierno para toda Centroamérica. Se impuso también la Constitución Política Federal. Estas instancias político institucionales se reprodujeron en cada uno de los países que constituían la República Federal, cada uno con su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cada uno con su propia Constitución Política específica.

De esta manera, en 1825 se organizó Costa Rica bajo la forma del Estado de Costa Rica, hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el Dr. José María Castro Madriz ratificó la declaratoria que había hecho el Congreso, en ese mismo sentido, el día anterior, el 30 d agosto de 1848. Desde entonces nos reconocemos y se nos reconoce internacionalmente como República de Costa Rica.

Así, dentro de la Federación, como Estado de Costa Rica, elegimos desde 1824 hasta 1847 a los Jefes de Estado y a partir de la República en 1848, elegimos a los Presidentes de la República, como las supremas autoridades políticas nacionales. Al Dr. José María Castro Madriz desde el 8 de mayo hasta el 31 de agosto de 1848 se le llamó Presidente de Estado.

Mientras fuimos parte de la República Federal de Centroamérica tuvimos como autoridades políticas superiores, para toda la región, en el Poder Ejecutivo, a los Presidentes de la República Federal, que fueron a su vez presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, como lo son hoy, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos de América, de México, de Venezuela o de Brasil, para los Estados que constituyen esas repúblicas o grandes países, cuyas autoridades estatales son los llamados Gobernadores.

De esta forma, nos falta en el Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, que está en la Asamblea Legislativa, la placa que también recuerde a los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, que por esa razón fueron presidentes de Costa Rica.

Los Presidentes de la República Federal entre 1825 y 1838, fueron, en su orden: Manuel José Arce (1825), Francisco Morazán (1829), José Francisco Barrundia (un breve período de 1829), Francisco Morazán (1830-1834), José Cecilio de Valle (un breve período de 1834) y Francisco Morazán (1834-1838).

El período de la República Federal fue muy importante para toda la región. Fue la República la que era reconocida internacionalmente, y así asistió al Congreso Anfictiónico de Panamá, de 1826, representada por Antonio Larrazábal y Pedro Molina, persona muy importante para la Historia de Costa Rica en esos primeros años de Independencia hasta la Guerra contra los Filibusteros estadounidenses.

El que se reconozca a estos personajes como autoridades superiores de Costa Rica de aquellos años, contribuiría a mejorar el conocimiento de la Historia Patria, y el conocimiento de las raíces de nuestras relaciones intrarregionales, toda vez que en Guatemala, Honduras y El Salvador, particularmente, se cultiva el conocimiento de este período histórico y se exalta, de diversas formas el sentimiento unionista, centroamericanista, que se sigue enseñando y fomentando en las escuelas, colegios y en la vida cotidiana.

Recientemente asistí, para el 1 de julio, a Honduras invitado por su Ministerio de Educación, a celebrar la fecha que ahora exaltan de Independencia de Honduras, relacionándola con el 1 de julio de 1823, cuando el Congreso Centroamericano estableció que ese Día se había declarado la Independencia Absoluta de Centroamérica de España y de cualquier otro país, fecha que Honduras está celebrando nacionalmente como su fecha de Independencia.

La figura de Francisco Morazán es totalmente reivindicada, estudiada, analizada y exaltada. Ese primero de julio hicieron pública una investigación sobre el breve viaje de Morazán a Perú, antes de llegar a Costa Rica, en 1842.

La Asamblea Legislativa debe completar la lista de gobernantes costarricenses en el Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República.

Compartido con SURCOS por el autor.

¡Más claro no canta un gallo! El proyecto de la jornada esclavista de 12 horas viola la Constitución Política y la legislación electoral de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

El Proyecto de Ley para el establecimiento de las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, que llaman “jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados”, pretende reformar los artículos 142, 144, 205, al inciso b) del artículo 274 y adicionar un inciso, el 6), al Artículo 670 del Código de Trabajo. Además, adicionar el Código de Trabajo con los artículos 143 bis y 145 bis, todos ellos, subrepticiamente modifican y alteran la Constitución Política en lo referente a la jornada máxima de trabajo diario de 8 horas, con pago adicional de un 50% por hora, de cualquier hora trabajada sobre el máximo de 8, hasta 12 diarias.

En uno de los artículos, el Artículo 145 bis, que contiene este Proyecto de Ley, en su inciso i), se establece que la empresa “que se acoja a este tipo de jornada excepcional deberá iniciar el trámite de aprobación de dicha jornada ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, en cuyo trámite se ….deberá realizar una votación, garantizando un voto secreto, entre las personas trabajadoras a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada excepcional ampliada, con el fin de hacer constar que existe voluntad para su implementación. Dicha votación será exclusivamente para efectos de la solicitud ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, por lo que la eventual implementación de la jornada, en caso de aprobarse, se realizará directamente con cada persona trabajadora, de acuerdo con la naturaleza individual que caracteriza las relaciones laborales y lo establecido en el presente artículo con respecto a la voluntariedad de esta jornada.

La solicitud podrá ser aprobada si al menos una mayoría simple de los votos emitidos resulta favorable. En caso de no alcanzarse la mayoría simple requerida, la empresa podrá realizar nuevamente la votación dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la realización de la anterior.

Dicha votación deberá ser supervisada por un representante de la empresa y un representante del grupo de personas trabajadoras. En caso de ser procedente, la empresa podrá apoyarse en la comisión, oficina o departamento de salud ocupacional para la elección del representante de los trabajadores, o bien, dicho representante será electo por el grupo de trabajadores a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada.

Estos representantes serán elegidos exclusivamente para efectos de este proceso, por lo que finalizado el mismo perderán dicha representación.

La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo podrá designar un inspector de trabajo para que se apersone a la votación. En caso de que esta Dirección no envíe un inspector en el primer mes contado a partir de la recepción de la solicitud, la empresa podrá realizarla con la presencia de un notario público, quien mediante acta notarial que se remitirá a la Dirección Nacional de Inspección, certificará lo siguiente: 1) Que la empresa realizó una votación secreta entre las personas trabajadoras a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada excepcional ampliada, con el fin de verificar si existe consentimiento para su implementación; 2) que la votación fue supervisada por un representante de la empresa, un representante del grupo de personas trabajadoras involucradas y el notario público quien levanta el acta notarial, y 3) el resultado de la votación.”

Dicho en sencillo, el Proyecto de Ley, si se llegare a aprobar, obliga a que en las empresas en que se vaya a aplicar esta jornada de 12 horas diarias, debe hacerse una votación, directa, personal, garantizando un voto secreto, “con el fin de hacer constar que existe voluntad para su implementación. Es una votación para “justificar la eventual implementación de la jornada”.

Si se va a hacer una votación se debe entender que a todos los trabajadores se les debe informar amplia y democráticamente qué es lo que exactamente van a votar o aprobar, qué comprende realmente la jornada de 12 horas, qué ventajas o desventajas tiene, qué riesgos puede ocasionar a la salud de los trabajadores, qué efectos sociales puede tener esa jornada sobre su vida familiar. ¿Quién va a informar de estas situaciones a los trabajadores? ¿Los propios patrones o empleadores?

Si se va a tomar parecer a los trabajadores por la vía de una votación, hay que entender que eso es un proceso de elección para decidir si se trabaja 12 horas o no se trabaja.

Eso obliga a que los trabajadores tengan la información adecuada y directa de quienes se oponen a esa ley y a esa jornada.

Se debe garantizar en las fábricas, empresas o instituciones que a los opositores de esta ley se les permita informar y hablar directamente con los trabajadores sobre los alcances negativos de esta ley y esta jornada.

Esto significa que las organizaciones sindicales, sindicatos, federaciones y confederaciones, puedan presentarse a justificar o no la eventual implementación de la jornada donde se va a tomar perecer por a vía de la votación.

No se podría alegar que si en una fábrica, empresa o institución, no hay sindicato, los existentes que soliciten ir a hablar con los trabajadores se les pueda impedir hacerlo, porque sería una situación de indefensión jurídica y democrática de los trabajadores para estar bien informados.

El derecho de presentarse a las fábricas, empresas o instituciones se le debe garantizar a los partidos políticos debidamente inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones para que también puedan presentarse a las fábricas, empresas o instituciones a exponer sus puntos de vista sobre esta jornada de 12 horas o esta ley. Sobre todo, porque estamos en campaña electoral y los ciudadanos deben estar bien informados de todo lo que los pueda afectar legal y socialmente.

Por ser un proceso de consultas electorales ciudadanas a los trabajadores, para decidir si aceptan o no la jornada de 12 horas de trabajo diario, tiene que intervenir obligada y constitucionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones. De no hacerlo cualquier consulta que se realice sería una farsa legal y electoral de consulta a los trabajadores.

En este sentido, en el procedimiento de aprobación que ha tenido este proyecto de ley, no se le hizo la consulta obligada al Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que el trámite legislativo ya está viciado de inconstitucionalidad para su aprobación.

Como todo proceso electoral debe garantizarse a las partes involucradas, a favor y en contra, su plena participación, debe darse un plazo de información y la “junta electoral” o la “mesa electoral”, que se establezca para vigilar y recoger los resultados de la votación secreta de los trabajadores debe estar sujeta a los procedimientos que existen en la legislación electoral nacional, adaptados a estas consultas en las fábricas, empresas o instituciones donde se vayan a realizar esas consultas.

Es de rechazo ad-portas que “dicha votación deberá ser supervisada por un representante de la empresa y un representante del grupo de personas trabajadoras”, representante de los trabajadores que según el proyecto de ley “en caso de ser procedente, la empresa podrá apoyarse en la comisión, oficina o departamento de salud ocupacional para la elección del representante de los trabajadores”.

¿Qué pasará si los trabajadores votan negativamente la consulta que se haga en las fábricas, empresas o instituciones, diciendo que están en contra? Lo más absurdo.

El proyecto de ley permite que seis meses después, el patrono o empleador pueda hacer otra consulta por la vía de otra votación. Así dice el Proyecto de Ley: “En caso de no alcanzarse la mayoría simple requerida, la empresa podrá realizar nuevamente la votación dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la realización de la anterior.” ¿Cómo es eso?

Literalmente es una burla a la voluntad expresada en las urnas, en la mesa de votación de los trabajadores. Es una burla al proceso de elección o electoral mismo. No se podrían estar haciendo consultas cada seis meses hasta alcanzar los votos deseados por los empleadores o patronos. ¿Acaso eso se permite para procesos electorales nacionales, de estar haciendo consultas electorales, cada seis meses, por parte de la mayoritaria oposición política nacional que salió derrotada en las elecciones, sobre la marcha del gobierno? Esto viola toda la esencia del sistema democrático electoral de consulta popular existente en el país.

Y lo más charlatanezco del proyecto, en este sentido, es que señala que cuando la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo no pueda enviar un inspector a la votación, lo que es muy difícil porque el Ministerio de Trabajo tiene 100 inspectores para “vigilar” o “inspeccionar” a un millón ochocientos mil trabajadores en todas las empresas en el país, “la empresa podrá realizarla con la presencia de un notario público”, pagado por el empleador o patrono, para que “mediante acta notarial” que ese notario hará, se remitirá a la Dirección Nacional de Inspección, para que tome nota. Quién paga la música manda el baile, dice el refrán popular.

¿En qué país estamos? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¡Cómo se pisotea la Constitución Política y la legislación nacional!

Me parece que el proyecto de ley de las 12 horas también está viciado de inconstitucionalidad y de rapidez en la vía legislativa por lo siguiente:

Para su discusión original se aprobó una vía rápida para que el Plenario Legislativo lo conociera, es decir para que la totalidad de diputados procedieran a discutirlo y votarlo expeditamente.

Al terminar el primer día de discusión en la vía rápida, el presidente retiró de la discusión de la vía rápida y del trámite legislativo, que se le venía dando, de vía rápida, el proyecto de ley de las 12 horas diarias de trabajo.

Introdujo otro proyecto para su discusión que no tenía vía rápida. Luego sacó este proyecto y volvió a introducir en la Agenda parlamentaria el proyecto de las 12 horas diarias.

Esta nueva introducción, de este proyecto, a la discusión parlamentaria, ya no tenía el privilegio de la discusión de la vía rápida que se le está aplicando porque ya había retirado ese proyecto en esa vía de discusión.

Para que nuevamente se discuta por la vía rápida, nuevamente la Asamblea Legislativa tiene que aprobar esa vía para este segunda introducción del proyecto de ley de las 12 horas. Así de simple.

Cuando el presidente lo retiró perdió la discusión en vía rápida. Lo volvió a meter, tiene que aprobarse de nuevo la vía rápida para su discusión. De lo contrario sería una trampa parlamentaria, en el procedimiento, con que se está discutiendo el proyecto de las jornadas esclavistas de las 12 horas de trabajo diario.

Compartido con SURCOS por el autor.

La Guarida de Zapote sigue sin verse, sin encontrarse. ¿Hacia dónde vamos?

Vladimir de la Cruz

La reelección continua presidencial funcionó en el pasado histórico costarricense. Se prohibió en 1949. Actualmente se permite alternativa luego de 8 años de haberla ejercido.

Es una práctica que sigue existiendo en la mayoría de los países, limitada a una elección adicional continua. En los sistemas parlamentarios se permite más. En los gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se permite la reelección sin límite.

Los períodos presidenciales o de gobierno de 4 años resultan cortos para quienes lo ejercen, porque al iniciar su gobierno el presidente encuentra un Presupuesto Nacional en el que él no participó en su definición ni en la política que lo estructura, que fue aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial, que solo puede administrar por el resto sus primeros meses de gobierno. A partir del inicio de su presidencia, en noviembre de sus primeros meses de gobierno, se aprueba el Presupuesto Nacional, para el siguiente año, a partir de enero, que es la primera propuesta del Presiente, con su visión, con sus compromisos de campaña electoral que puede trazar el camino que quiere darle a los principales ejes del desarrollo nacional.

Lo usual es que, en los primeros meses de gobierno, de mayo a julio, el presidente pueda presentar alguna modificación presupuestaria, pero no le permite modificar todas las partidas del Presupuesto Nacional.

Esta situación ha colaborado en mucho para los ciudadanos se desinflen de los gobiernos que inician, de sus partidos políticos gobernantes y obviamente de sus presidentes, porque no pueden percibir ni sentir reformas o políticas concretas asociadas al entusiasmo con el votaron por ese nuevo gobierno y ese presidente.

Esta situación era más grave hasta los gobiernos que terminaron en el 2022. Ese año, 2022, con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles, empezó a funcionar la reforma constitucional con la que se invirtió las sesiones parlamentarias, que empezaban en mayo en Sesiones Ordinarias, que son las que los diputados y sus partidos tienen la iniciativa parlamentaria, mientras en las Sesiones Extraordinarias, es el presidente el que tiene la iniciativa de ley. En el período anterior al 2022 el presidente se obligaba a acatar el presupuesto nacional y cumplirlo como se había aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial. Ahora no. En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves inició con las Sesiones Extraordinarias Legislativas, pero no tenía nada preparado para impulsar como proyectos de su iniciativa, en correspondencia con lo que había hablado en su campaña electoral, que fue un discurso vacío de contenidos relacionados con el desarrollo nacional e institucional. Sus primeros días de gobierno fueron un desastre legislativo. De hecho la Asamblea Legislativa se paralizó uno días.

Antes del 2022 los problemas y dinámica política del país, de mayo a noviembre, obligaban a postergar o ignorar las promesas electorales, porque toda la gestión gubernamental se anclaba en el presupuesto aprobado en noviembre del 2021.

Es en el Presupuesto Nacional, que elabora el presidente con su gabinete, montado sobre la estructura existente de presupuestos nacionales que se presentan para su aprobación, para su siguiente año, donde el presidente puede trazar o fijar sus intenciones novedosas frente a lo que el gobierno quiere impulsar.

En los Presupuestos de noviembre del 2022, noviembre del 2023 y noviembre del 2024 no se destacó nada relevante en este sentido. Ha sido un gobierno sin nueva visión de país. Ha sido de continuismo, pero destruyendo lo que pueda del andamiaje institucional existente.

El presupuesto del próximo año, 2026, ya se está proyectando en las instancias técnicas, para ser presentando en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa, para su trámite de aprobación, que sería el Presupuesto Nacional del 2026, con el que arrancará sus tareas y labores el gobierno que se elija en febrero o abril del 2026.

El presidente Chaves ha venido insistiendo en la necesidad de proyectar su gobierno, sus “políticas” y sus “directrices”, que solo él conoce para el próximo ejercicio presidencial. Ha insistido que para ello se necesita tener por lo menos 38 diputados, que es lo que él impulsa en sus arengas de los miércoles para poder, en el nuevo gobierno, o desde la Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados poder iniciar o realizar los cambios institucionales que cree son necesarios para el desarrollo futuro de Costa Rica.

Desde la primera experiencia que tuvimos, en mayo del 2022, cuando inició este gobierno, del Jaguar de Zapote, se produjo una desinflada. El Jaguar no ofreció nada a la Asamblea Legislativa, por lo que en esos días la Asamblea quedó entrabada en su funcionamiento. Sigue entrabada en la iniciativa presidencial. Lo hemos visto estos días cuando propone una vía rápida para la discusión del proyecto de ley de las jornadas esclavistas, y cuando inicia su discusión retira de la vía rápida ese proyecto, e introduce otro, relacionado con el préstamo de $500 millones del BIRF. Ojo, la introducción de este proyecto es la discusión ordinaria legislativa.

Este proyecto de aprobación de los $500 millones no puede tramitarse por la vía rápida que se había establecido específicamente para el proyecto de las jornadas esclavistas. Eso sería un fraude de ley en el procedimiento parlamentario, sería meter gato por liebre en la discusión parlamentaria.

El presidente al haber retirado el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de 12 horas diarias sacó ese proyecto de esa discusión y anuló la vía rápida que se habían aprobado de manera específica para la discusión de ese proyecto. Automáticamente, no significa que la vía rápida que se había aprobado funcionara para todos los proyectos que están en la discusión parlamentaria. La vía rápida, si se aprueba, se hace para el proyecto de ley particular y específico que se quiere acelerar en su aprobación mediante ese mecanismo legislativo de aprobación de proyectos de ley.

Los trastornos político-mentales del Jaguar pueden afectar su capacidad para funcionar en su vida política diaria de gobernante, mantener e impulsar relaciones políticas ilusorias, que le impiden proponer Proyectos de Ley que indiquen y proyecten el modelo ideal de país, y de nueva República, que quiere impulsar. Esto es ir al garete, a la deriva, sin control, ni dirección, prácticamente sin gobierno, dejándose ir por la acción del viento y corrientes de los otros actores políticos nacionales.

En sencillo, el pequeño gobierno, de la Ínsula de Barataria, de la Guarida de Zapote a lo tico, sigue sin verse, sin encontrarse.

El Jaguar de Zapote, por lo que leyó en inglés, en el foro mundial de Francia, parecía no saber leer o entender lo que leía. Si lee algo será libros de caballerías en los cuales puede imaginarse como el Caballero, en este caso el Jaguar, que ejerce su gobierno en su Ínsula.

El Jaguar no tiene posibilidad real de reelegirse en el 2026. En el 2034…si sigue en política activa. Para seguir en política activa solo si renuncia a la presidencia, el 31 de julio, y se presenta como candidato a diputado…, o eventualmente se espera al nuevo gobierno anhelando que algún partido jaguar gane las elecciones y lo nombre ministro, para tener alguna presencia pública.

En toda la gestión política administrativa que lleva el actual gobierno, y el Jaguar de Zapote, a pesar de sus rugidos, por más explosivos y profundos que parezcan, salidos forzadamente a través de su boca abierta, ¿hocico, por ser un jaguar?, como los hace, no se ha presentado un solo proyecto, uno solo, que refleje una visión de país, un modelo de país, una meta a la que se quiere llevar al país, que indique que avanzamos hacia una nueva república, hacia la cuarta o quinta república como a veces ilusoriamente, o con mente trastornada, dice el Jaguar que quiere construir.

En la teoría y práctica histórica vivimos la II República. El período histórico de la Segunda República inició el 8 de mayo de 1948. Todavía no hemos cerrado oficialmente ese período. No se ha establecido una tercera republica, ni una cuarta república. La Constitución Política que cubre esa Segunda República todavía está vigente, vivita y coleando.

Ha habido esfuerzos teóricos de ver que la II República está superada. Algunos políticos, incluso en campañas electorales hablaron de una III República. Hay quienes hablan de una IV República y hasta de una V República, sin hacer los balances históricos de esas etapas, que pueden definirse como II, III, IV o V República.

Generalmente, en la actualidad estas Repúblicas descansan también en nuevas constituciones políticas. En Costa Rica en diversos momentos el péndulo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueve en la dirección de convocarla, pero el temor y la incertidumbre alrededor de lo que puede salir lo frena. Para el mes de setiembre próximo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desarrollará un ciclo de jornadas de reflexión en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser un buen insumo para preparar el ambiente hacia esa convocatoria nacional.

En la Historia de Costa Rica, después de 1821 tuvimos un Estado de Costa Rica, entre 1824 y 1838, cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, prolongado ese nombre hasta 1848, cuando el Dr. José María Castro firmó el 31 de agosto de 1848 el nombre aprobado por el Congreso el día anterior, de República de Costa Rica.

Cien años después en 1947, estaba terminando el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948 y había elecciones en las cuales el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, aspiraba a un nuevo período presidencial, a partir de 1948. Las elecciones fueron muy violentas y finalmente su resultado favorable a Otilio Ulate Blanco, fue anulado por el Congreso, lo que dio origen al levantamiento armado de José Figueres Ferrer, para garantizar ese triunfo.

De paso, Figueres y su grupo consideraban que los ocho años de gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y el de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, habían sido de gran corrupción, nepotismo y de fraudes, que habían acabado con el espíritu de la República, que hasta entonces se estaba viviendo. De allí surgió el planteamiento de Figueres de fundar la II República, considerando el centenario de la fundación de la República y la necesidad de fundar una nueva República, que el 8 de mayo, cuando asumió el gobierno transitorio de 1948-1949, llamó a la fundación de la Segunda República. Esta Segunda República la acompañó de una nueva Constitución Política, para lo cual llamó a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que funcionó en el año 1949, promulgando la actual Constitución Política.

Así, vivimos desde 1948 el período histórico de la Segunda República. Este ciclo oficialmente no se ha cerrado. No se ha enterrado oficialmente la Segunda República.

Tampoco ha nacido una Tercera, ni una Cuarta República, que dé origen a una posible nueva República, como algunos la sueñan, ni se ha asociado esta nueva República a una Nueva Constitución.

Para ello se necesita una opiomanía constitucional nacional, que todos soñemos con una Nueva Constitución Política, como marco político institucional de esa Nueva República que es necesario refundar, con reelección o sin reelección continua de diputados y presidente, al menos por un período gubernativo

¿Estaremos preparados para esto? ¿O seguiremos en la improvisación de gobiernos jaguares o similares? ¿Zapote seguirá como guarida de jaguares o de otros animales políticos?

El proceso electoral en marcha sigue sin claras definiciones partidarias y de candidatos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estaremos en capacidad de enfrentar este desafío histórico a partir del 2026, hacia una Nueva Costa Rica, hacia una nueva etapa histórica?

Compartido con SURCOS por el autor.