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Etiqueta: voluntad popular

Siete de noviembre Día de la Democracia Costarricense

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Desde 1942 con gran sapiencia nuestros gobernantes han designado el 7 de noviembre como el Dia de la Democracia Costarricense. Y es precisamente para honrar al gran y noble pueblo costarricense por su hidalguía y dignidad al salir en defensa de la voluntad soberana y popular, ante el temor y las malignas intenciones del gobernante de la época, de confabular en favor de la candidatura de sus preferencias y perpetuarse en el poder en una forma indigna, ilegal y antidemocrática. Se equivocaba en ese actuar el presidente de la época, don Bernardo Soto Alfaro, quien deseaba que el verdadero ganador de las elecciones don José Joaquín Rodríguez Zeledón, no llegara al poder. Don José Joaquín, tenía la mayor cantidad de apoyo en San José y fuera de la ciudad capital. Don Bernardo Soto deseaba transferir el poder a Ascensión Esquivel, a pesar de que había perdido las elecciones en 1889. Ante el temor de que el gobernante arrebatara el poder al soberano, el pueblo actuó, se movilizó y exigió el respeto a los resultados lectorales. Es decir, el pueblo había hablado y decidido a través de las urnas. Costa Rica daba una extraordinaria lección cívica y de espíritu republicano ante las pretensiones innobles y espurias del gobernante. Dichos eventos históricos, también nos permiten traer a colación la vil muerte en San Ramón del ilustre ciudadano Rufino Mora Rodriguez, durante ese periodo de arrebato y pasiones desbordadas. Don Rufino fue asesinado en octubre de 1889 en las calles de San Ramón. Ante el riesgo inminente de violencia ante el enojo de los costarricenses, bien hizo don Bernardo Soto al reconocer su error y pronunciar la célebre frase “por mí no habrá de morir un costarricense”. Permitiendo de esa manera la transición pacífica del poder a fines de 1889 y que posteriormente don José Joaquín Rodriguez fuese designado como presidente la República como consecuencia de la expresión de la voluntad del soberano- es decir el pueblo costarricense. Hermosísima lección cívica y patriótica, escrita por los costarricenses, que debe quedar en los anales de la historia y muestra del civismo que siempre debe predominar y que el currículo escolar costarricense ha de exaltar.

Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están a menos de cien días; éstas, tras doscientos años de historia, parecieran ofrecer panorama que pudiese ser desolador o darnos una nueva venturosa oportunidad de reencontrarnos con nuestras raíces. Habrá que escoger entre una ruta que permita que sobreviva nuestro régimen democrático, como lo soñaron y lo construyeron nuestros abuelos; u otra, sinuosa, tortuosa, llena de sombras siniestras y riesgos desmedidos e insospechados. Podríamos pagar caro nuestra indiferencia y pereza; no es opción dejar que sea la mediocridad, la corrupción -que asoma rampante durante los últimos meses, la vulgaridad y el fascismo, los elementos que nos gobiernen y se perpetúen. No pueden sustituir a las buenas formas del ejercicio del poder, en forma democrática, cívica, de entendimiento y de acometer la búsqueda de soluciones a los graves problemas que nos agobian ante la incapacidad de nuestros gobernantes por intentar resolverlos. El chavismo-cisnerismo amenaza, acecha y confabula para quedarse en el poder. Echan mano literalmente al librillo discursivo que ya hemos visto ponerse en práctica en países vecinos, de desprestigiar y atacar a aquellos que valientemente se les oponen o que de alguna manera constituyan una amenaza moral. El chavismo-cisnerismo se comporta como una dictadura para señalar, perseguir y espiar a quienes piensen distinto; osan desprestigiarlos para minar su credibilidad. Recuerdo perfectamente una entrevista de 2018 donde se le preguntó a Donald Trump por qué insistía en denigrar a la prensa. El respondió “lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos; así, cuando escriban cosas negativas sobre mí, nadie les va a creer”. Así lo escribí en artículo denominado De aprendices y absolutistas, que publiqué el 26 de enero de este año. Para Cisneros, Chaves y su comparsa, cualquier estrategia de distracción es justificada con tal de evadir los graves problemas que enfrenta el país y la necesidad imperiosa de abocarnos a la búsqueda de soluciones; ante las muertes violentas, ante la crisis educativa, los deseos de seguir debilitando la CCSS, minar al IC E desde dentro. El ejercicio del poder político no puede ser reducido a esa repugnante y patológica forma de estar en una eterna y estéril campaña política, permanentemente. Durante más de 40 meses hemos sido testigos de muecas y una explosiva pirotecnia discursiva, donde desde Zapote primero se atacó a la prensa, luego a la Asamblea Legislativa, después a la CGR, posteriormente a gobernantes anteriores, a la fiscalía y magistrados, presidentes de los supremos poderes y finalmente en medio de lluvias, tormentas e inundaciones, le ha llegado el turno al TSE. Tal y como penosamente profetizábamos en ese artículo propio, de finales de enero de este año.

Llamo la atención costarricenses, que estamos en presencia de una ruta fascista que nos pone al borde de pérdida de libertades y de constreñir el espíritu civilista y democrático que hemos cultivado por décadas; para que ahora, como nos advertía Juan Rafael Mora P. en noviembre, en otro noviembre, el de 1855, “…una gavilla de advenedizos”, liderados por una sombría figura, cuya estatura moral y dotes de estadista son discutibles, pretende borrar de un plumazo todo resabio de civismo y democracia, añorando una Carta Magna hecha a su medida, como ya lo han logrado Ortega en Nicaragua y Bukele en El Salvador….preguntémonos por qué sospechosamente han debilitado la educación pública? ¿Por qué debilitar la seguridad social al no proveer de recursos y propiciar una adecuada y sana gestión de la CCSS? ¿Por qué destinar menos recursos para el combate a la pobreza, reduciendo becas para estudiantes y bonos de vivienda?

El desinterés que siente esta generación por lo político debe conducir a una sacudida nacional que nos saque del conformismo, la indiferencia y de cierta modorra tropical; que nos permita reaccionar patrióticamente antes de que el riesgo de que seamos despojados de los derechos más elementales sea consumado. Como ciudadanos no debemos pasar por alto el afán de esta administración de instrumentalizar las instituciones para la consecución de sus pérfidas intenciones y perversos fines para ser capaces de perseguir a costarricenses y ocultar sus verdaderos objetivos. Poner a Hacienda a perseguir a Baruch y hablar de un megacaso de fraude fiscal. Utilizar al Ministerio de Salud para cerrar un centro recreativo como Parque Viva porque es de La Nación. Lograr en México que, desde el servicio exterior a través de la embajada, una diputada del PUSC crítica de la administración, perdiera su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Utilizar el BCIE para destinar fondos de allí y canalizarlos presumiblemente para espurias contrataciones y movilizaciones de partidarios del chavismo. Intentar destruir la reputación y honra de personas como doña Patricia Navarro; el señor Bulgarelli, cuya familia fue amenazada y todo el país fue testigo. O al mismo jefe de la policía judicial a través del INAMU.

Debemos de ser capaces de denunciar y repudiar el alineamiento de cierto sector de la prensa, alejado de la objetividad y búsqueda de la verdad en el ejercicio del periodismo serio; carentes de objetividad y estigmatizados por su énfasis en la manipulación y la criminal desinformación. Debemos de entender que las mentiras que propelen constituyen una amenaza cancerosa a la democracia. Están alineados a una morbosa y podrida forma de hacer política y ejercer el poder.

Este grupo que nos gobierna hoy, sueñan con quedarse en el poder, y ya cosechan sus propios casos de presumible corrupción como caso Barrenador, caso Comején, caso Richter y podría estar incubando otros como “cariñitos” “TRADECO”, el chorizo con MECO en el supuesto arreglo de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, y la desfachatez con el favorecimiento hacia CISCO con millonarios contratos en el ICE.

O tendremos en Zapote a una persona sentada, lacaya y porrista de Cisneros y Chaves, absolutamente inoperante e incapaz de reaccionar ante los desafíos que la patria demanda; o a alguien capaz de reencontrar y renovar la ruta costarricense dentro de un marco democrático y que con sagacidad sabrá liderar, construir acuerdos, discutir y proponer salidas a los múltiples atolladeros que hoy nos abruman. No vaya a ser que despertemos viviendo en un país que ya no es el nuestro.

Hoy en este aniversario de nuestra Constitución Política y de la democracia costarricense, concluyo con esta reflexión donde se ve reflejado todo el pueblo costarricense. Pregúntese usted, ¿en qué estrato se ubica?

un sabio levantó su mano
Y señaló al cielo con el dedo.
Muchos miraron hacia la luna, maravillados
… otros se enfocaron tan sólo en el dedo!”

Dia de la Democracia Costarricense

Frente a la crisis política que vive el pueblo venezolano – Frente Amplio

El Frente Amplio hace un llamado a que se respete ante todo la soberanía y voluntad popular expresada en las urnas, y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En este sentido, nos sumamos al llamado realizado por los gobiernos progresistas de México, Brasil y Colombia, para que las autoridades electorales venezolanas de forma expedita y en apego a los tiempos reglamentados, publiquen las actas electorales por cada mesa de votación.

Rechazamos la violencia en todas sus expresiones y formas como vía para salir del conflicto político, y llamamos a la búsqueda de una salida institucional, democrática y pacífica, que respete la vida y la integridad de todo el pueblo venezolano.

Reafirmamos la defensa de la democracia y el rechazo a todo tipo de autoritarismo, de cualquier expresión ideológica, ya que es la vía democrática la que históricamente ha permitido los mayores avances en las condiciones de vida de los pueblos de la región.

Organizaciones internacionales de derechos humanos demandan respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala

Pronunciamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos. Demandamos respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala

Las Américas, 13 de julio de 2023- Este 12 de julio el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), con apego al orden constitucional, oficializó los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio, confirmado que los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla disputarán la segunda ronda electoral, programada para el 20 de agosto. Este anuncio se produjo 17 días después de las elecciones, dado que el TSE tuvo que realizar un recuento de los escrutinios solicitado mediante un amparo por un grupo de partidos políticos que alegaron supuestas anomalías, que finalmente fueron descartadas.

A pesar de la autoridad del TSE y de los mandatos constitucionales que lo respaldan, minutos antes de oficializar los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal Freddy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en un acto abiertamente ilegal, con el objetivo de judicializar el proceso electoral en beneficio de intereses espurios. El partido Movimiento Semilla planteó un amparo para detener esta resolución ilegal que deberá ser otorgado por la Corte de Constitucionalidad para evitar el rompimiento constitucional.

Este intento de impedir la participación electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, quienes dirigieron un allanamiento ilegal en la sede del TSE, con personas armadas y el rostro cubierto para causar temor y obtener documentación del partido Movimiento Semilla. Los funcionarios Porras y Curruchiche están sancionados por los Estados Unidos por corrupción. El Juez Orellana ha sido cuestionado por conducir casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado José Rubén Zamora.

Las organizaciones internacionales firmantes hacemos un llamado a todas las autoridades guatemaltecas a que respeten la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el orden jurídico constitucional. La institucionalidad guatemalteca debe garantizar respeto a su mandato constitucional y no permitir que otros órganos interfieran arbitrariamente en el proceso electoral.

Se debe investigar a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a la voluntad popular reflejada en los votos. Exigimos se detengan de forma inmediata las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y sus representantes legales.

Exhortamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y pronunciarse sobre lo que acontece en Guatemala y a sumar sus esfuerzos diplomáticos para evitar que se produzca este atropello a la democracia.

Finalmente, expresamos nuestra confianza en que las acciones indebidas no prosperarán y el proceso electoral podrá continuar con su curso, garantizando la libre expresión de la voluntad del pueblo guatemalteco.

Organizaciones firmantes:
American Jewish World Service (AJWS)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Impunity Watch
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Latin America Working Group (LAWG)
Plataforma Internacional contra la Impunidad

Un Quijote “latinoamericanizado” en mosaico

SURCOS comparte esta serie de “El Quijote”, obra de José Luis Callaci.

«La realización de este mosaico, surge gracias a habilidades adquiridas en mis años juveniles y que ahora las retomo con algunos comentarios que considero necesarios hacer en tiempos de cambios y de grandes incertidumbres», señala Callaci.

«Mi Quijote “latinoamericanizado” lucha en tierras en las que dominan aún los tres Grandes gigantes: el miedo, la injusticia y la ignorancia. Tanta contradicción y desazón le abruma y se siente desconcertado. Pero no se ha quitado la armadura y sigue su camino hasta alcanzar esa estrella inalcanzable».

«La sombra del Quijote con su Rocinante denota cierto orgullo, voluntad y esperanza. Ambos personajes muestran que el mensaje sigue vivo, que las luchas y esfuerzos deben permanecer intactos porque los molinos aún siguen ahí», expone el artista. Le invitamos a ver las imágenes en la galería.

 

 

Asociación Americana de Juristas Rechaza Autoritarismo del Procurador de Colombia

Declaración de la Asociación Americana de Juristas ante la destitución del Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá en la República de Colombia e inhabilitación por 15 años

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, manifiesta su profunda preocupación por la destitución del Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá y su inhabilitación de ejercer cualquier cargo público por quince años, llevado a cabo mediante un procedimiento poco transparente por el Procurador General de Nación de la República de Colombia, Dr. Alejandro Ordoñez, conocido por sus posiciones intolerantes y por su cercanía al “Uribismo”. La AAJ considera que tales medidas fueron adoptadas con dedicatoria a un político progresista, de manera desproporcionada y en violación al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de Colombia, pues, un funcionario público designado como es el Procurador, no está capacitado para revocar la voluntad popular. Petro fue elegido como Alcalde Mayor de Bogotá el 30 de octubre de 2011, por una mayoría de 721.308 votos para un periodo constitucional de cuatro años, cargo que asumió el 1 de enero de 2012. Observamos que la destitución de Preto se produce en un contexto histórico muy importante para el pueblo colombiano: las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana; el proyecto de la Bogotá Humana; y un movimiento social en el país con gran capacidad de convocatoria, movilización y protesta en las calles por campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas, afrodescendientes, trabajadores y una amplia diversidad de organizaciones. Asimismo, la AAJ opina que las oligarquías y enemigos de la paz en Colombia buscan cualquier pretexto para erosionar el proceso de paz, mantener las políticas neoliberales y los TLC, controlar el aparato gubernamental y frenar cualquier iniciativa de democracia participativa. A ese respecto, es importante referirnos al antecedente de la destitución e inhabilitación de la Senadora Piedad Córdoba, con el fin de dar un golpe contundente a una solución negociada del conflicto interno en Colombia. En el adelanto del plan de desarrollo distrital “Bogotá Humana”, que promueve devolver los hospitales, la educación y los servicios públicos esenciales a las instituciones públicas, el Alcalde de Bogotá Petro implementó un nuevo esquema para el servicio público de aseo y la recolección de los desechos sólidos o basura, que implicaba enfrentarse al monopolio de ciertas empresas privadas vinculadas al poder central, de más de 20 años, y la desprivatización de este servicio público. El Alcalde Petro estaba desarrollando un modelo alternativo de ciudad, más equitativo, tomando en consideración los problemas ambientales, e incluyó en la prestación del servicio la participación de la población dedicada al reciclaje de las basuras. Aún en la hipótesis de la existencia de errores de implementación de la medida, ello no justifica de modo alguno la decisión del Procurador General de declarar al Alcalde “disciplinariamente responsable” y la sanción de destitución e inhabilitación el 9 de diciembre del presente año. La decisión del Procurador, reiteramos, viola el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (arts. 2, 3, y 25), suscrito por Colombia en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), ratificada por Colombia en 1973, que dispone que los derechos políticos pueden ser suspendidos únicamente por vía jurisdiccional mediante providencia de un juez competente, como resultado de un proceso penal. En el caso del Alcalde Mayor de Bogotá no hay sentencia judicial previa y la sanción de procuraduría es claramente contraria a las disposiciones de las normas internacionales. Además, la decisión desconoce el Artículo primero de la Constitución de la República de Colombia, que defiende el Estado Social de Derecho, el pluralismo ideológico y el respeto a la dignidad humana. Nos preguntamos en dónde queda la prevalencia del Artículo tercero de la Constitución de la República de Colombia que taxativamente establece, “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. El Dr. Gustavo Petro Urrego tiene una larga trayectoria de servicio público, incluyendo cargos administrativos, diplomáticos y parlamentarios. En el año 2006 fue electo Senador representando al Polo Democrático Alternativo (PDA), obteniendo la segunda mayor votación del país. En el 2009 Petro Urrego renunció a su cargo de Senador para aspirar a la Presidencia de Colombia, en representación del Polo Democrático Alternativo obteniendo 1.331.267 votos. Varias figuras públicas como el Ministro de Justicia de Colombia, Dr. Alfonso Gómez Méndez, el Fiscal General Eduardo Montealegre y otras autoridades han manifestado la necesidad de revisar las normas que permiten la inhabilitación de personas que han sido electas por voto popular, las faltas de garantías para los procesados por faltas disciplinarias y violaciones al debido proceso. Por tanto, la AAJ:

1. Manifiesta su apoyo a la restitución a su cargo del Alcalde Mayor de Bogotá.

2. Exhorta al Congreso de la República de Colombia a reglamentar debidamente las funciones y facultades del Procurador General de la Nación para que se adecue a los principios de la Constitución y a los pactos y convenciones internacionales suscritos por Colombia en el marco del respeto y la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos políticos y civiles.

3. Solicita a las instancias constitucionales administrativas, disciplinarias y jurisdiccionales correspondientes a revocar la desproporcionada sanción impuesta administrativamente al Alcalde Mayor de Bogotá en abierta oposición a los preceptos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

4. Reitera su apoyo a una solución negociada del conflicto armado en Colombia.

Esperamos que el Acuerdo establezca una reforma agraria y garantías que aseguren la democratización del país y la construcción de una sociedad justa, libre de la impunidad, el narcotráfico y los paramilitares.

15 de diciembre de 2013

Vanessa Ramos Hernán Rivadeneira J.

Presidenta AAJ Continental Secretario General

(VRamos1565@aol.com) (hr21908@gmail.com)

Beinusz Szmukler

Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

(beinusz@gmail.com)

 

Circulado a SURCOS por Arturo Fournier.

Inhabilitan al Alcalde de Bogotá por traspasar la gestión de la basura a una empresa pública

Inhabilitan al Alcalde de Bogotá por traspasar la gestión de la basura a una empresa pública

Miles de bogotanos tomaron las calles de la capital colombiana y se concentraron en la plaza de Bolívar para rechazar el fallo del procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Los manifestantes portan pancartas en las que se lee “Petro se queda” y gritan consignas a favor del mandatario local y en contra de Ordoñez. Asimismo piden que se respete la voluntad popular que eligió, en las urnas, a Petro en octubre de 2011.

El senador colombiano Luis Carlos Avellaneda calificó de inconstitucional y antidemocrático el fallo de Ordoñez.

El pueblo es el constituyente y desde ese punto de vista digo que la decisión es inconstitucional, pero sobre todo antidemocrática; además, considero que el señor procurador general de la nación ha proferido un fallo violentando todos los limites de sus potestad reglamentaria, si es que la tuviera, sobre el señor alcalde”, expresó Avellaneda en declaraciones a Caracol Radio.

Luis Fernando Otálvaro, presidente de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que agrupa a jueces y fiscales, abogó por quitar “súper poderes” al procurador.

“Nos parece a nosotros que descargar el poder en una sola persona es bastante grave para el país. Viene ejerciendo un poder inmenso, maneja altas cuotas burocráticas y no le hace caso a la Corte Constitucional”, expresó.

Cargos contra Petro

Petro fue destituido por la puesta en marcha de un nuevo esquema de aseo en la capital colombiana durante su gestión. El alcalde apostó porque la basura fuera recolectada sólo por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, una entidad estatal, cuestión que catalogó el Ministerio Público de “gravísima”.

Petro creó la empresa municipal Aguas de Bogotá, que dependía de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para recoger la basura.

La Procuraduría consideró que Aguas de Bogotá no tenía la experiencia suficiente para realizar la tarea.

En segundo lugar, Petro violó, presuntamente, la norma de libre empresa, al no permitir que empresas privadas realizaran la recolección de basura. “Impuso un modelo que sólo permite que los servicios sean prestados por una entidad estatal”, señaló el procurador.

Y en tercer lugar, supuestamente se usaron volquetas (volteos) como compactadoras en las labores de aseo de la ciudad, cuestión “que pudo violar las disposiciones constitucionales y legales frente a la protección del medioambiente”.

Apelación y alcalde encargado

Petro y sus abogados tienen plazo hasta el 27 de diciembre para representar el recurso de reposición contra el fallo que ordenó su destitución.

La apelación se haría ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría. Legalmente este órgano no cuenta con un término definido para resolver la reposición y decidir si confirma su decisión o tumba el fallo sancionatorio contra Petro.

Una vez en firme la decisión de destituir al alcalde, el presidente Juan Manuel Santos deberá nombrar al nuevo alcalde mientras se convocan nuevas elecciones.

El alcalde encargado deberá ser escogido entre candidatos propuestos por el mismo partido de Petro, en este caso el Movimiento Progresista, que este año se fusionó con el Partido Verde.

Santos acepta decisión del Procurador

Tras conocer el fallo, la Presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que informa que respeta la decisión de Ordoñez.

“El Gobierno Nacional, como ha sido su costumbre y obligación, frente a cualquier decisión de los organismos de control, respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación, así como los recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el señor Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro”, reza el texto.

Añade que “el Gobierno lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar en la ciudadanía y seguirá comprometido con el bienestar y tranquilidad de los habitantes de Bogotá. Así mismo, hace un llamado a las autoridades y a todos los ciudadanos a conservar la serenidad”.

 

Enviado a SURCOS por Graciela Blanco.