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Etiqueta: Voz Experta UCR

UCR. Los Planes Reguladores fortalecen el desarrollo rural

Escrito el . Publicado en Derechos.

Felix ZumbadoMorales, investigador de ProDUS-UCR

Los beneficios de los Planes Reguladores para el desarrollo rural son conocidos en muchas naciones, ya que parte de la Política Pública de diferentes países. Un rasgo crítico del ordenamiento territorial es su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los territorios.

 En las zonas rurales, la mejora en la calidad de vida se logra por medio de la preservación de los suelos de altas fertilidades, el fortalecimiento del sector agropecuario como fuente de empleo, así como la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos que proveen las zonas rurales a la sociedad.

Dentro de estos servicios ecosistémicos de las zonas rurales están: la generación de agua potable, la moderación de eventos extremos, el resguardo de biodiversidad, el freno a la perdida de seguridad alimentaria, la regulación de la erosión, los recursos para el desarrollo de ecoturismo-turismo rural- turismo de aventura, entre muchos otros.

Sin la protección que se desarrolla por medio del ordenamiento territorial, el sector agropecuario corre el riesgo de una progresiva degradación y las comunidades rurales pueden ser desplazadas por las dinámicas especulativas de los mercados inmobiliarios urbanos. En Costa Rica, los Planes Reguladores son la herramienta principal con la que cuentan los municipios para gestionar sus territorios.

Los Planes Reguladores no son una herramienta nueva, siendo que se incorporan en la regulación costarricense desde el año 1968, en la Ley de Planificación urbana. Esto es un antecedente importante de la institucionalidad y práctica del desarrollo urbano que enmarcan los Planes Reguladores y en sí del ordenamiento territorial en Costa Rica.

Nunca ha sido verdad que el uso de la propiedad haya sido ilimitado en Costa Rica. Algunos ejemplos de las restricciones históricas reflejan importantes valores costarricenses sobre el uso y disfrute de la naturaleza, como el artículo 33 de la Ley Forestal que establece retiros de nacientes permanentes, de las riberas de los ríos y lagos o embalses naturales. Otro ejemplo se tiene desde el año 1982, cuando se estableció un anillo de contención para el crecimiento de la Gran Área Metropolitana, buscando preservar en ese entonces los suelos de alta fertilidad y las zonas de gran valor ambiental, para proteger la recarga de los acuíferos que suministran el agua de gran parte de la región.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Ambiente del año 1995 establece en su artículo Políticas de Ordenamiento Territorial, que es “función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente».

Algunos beneficios de los Planes Reguladores para el desarrollo rural incluyen:

  • Aumenta la competitividad de los territorios. Los cantones con Planes Reguladores presentan las reglas claras sobre dónde pueden llevarse a cabo cuáles actividades productivas, con el fin de evitar conflictos entre los actores urbanos. Esto reduce el riesgo para el capital que se invertirá por parte del sector privado, por lo que existe una mayor oportunidad de atracción de inversión.
  • Se evitan los conflictos entre las actividades agropecuarias y el sector urbano, por ejemplo, por temas de generación de ruido, tránsito de vehículos pesados, generación de olores, conflictos por fumigaciones de plantaciones, entre otros. Los problemas de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, por ejemplo, pueden ser sustancialmente mitigados.
  • Se elimina la incertidumbre de no conocer qué sucederá con el territorio y sus inversiones, por ejemplo, sin Plan Regulador suelen presentarse conflictos al ubicarse usos no compatibles cerca de lecherías, plantas empacadoras, mataderos. Un ejemplo es la ubicación de caseríos en zonas cercanas a los usos mencionados.
  • Se logran preservar los servicios ecosistémicos necesarios para el funcionamiento del sector rural, por ejemplo, la protección de las zonas de recarga acuífera o la polinización en cultivos.
  • Se mejora la calidad de vida de toda la población, al evitar conflictos relacionados con tránsito de camiones pesados cerca de zonas urbanas o relacionados con la disponibilidad y calidad del agua.
  • Se promueve el desarrollo de actividades como el ecoturismo o agroturismo, fomentando las microempresas y la generación de empleo rural.
  • Se protege la vida de las personas al incorporar la gestión de riesgo ante amenazas naturales.
  • Permite a las personas pobladoras, representantes de instituciones públicas y a las autoridades municipales la planificación estratégica, promoviendo la toma de decisiones basados en esa visión del cantón generada conjuntamente.
  • Se protege la conectividad ecológica e integridad de los Corredores Biológicos establecidos por ley en Costa Rica.
  • Se logran incorporar las Áreas Silvestres Protegidas y sus zonas de amortiguamiento en la dinámica territorial y toma de decisiones con visión estratégica, asegurando su gestión sostenible que garantiza que Costa Rica siga siendo líder en temas de Ecoturismo a nivel mundial.
  • Se protegen los asentamientos humanos ubicados en las cuencas bajas de las amenazas naturales que podrían ser ocasionadas por la apertura de caminos, fraccionamiento e impermeabilización de zonas de alto valor ambiental, ubicadas en sectores de alta pendiente.

Es necesario mencionar que desde la Constitución Política se asegura el resguardo de la calidad de vida de las personas y la gestión sostenible de los territorios, aspecto que requiere la planificación territorial para alcanzarse. El artículo 50 de la constitución establece “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”, mientras que el artículo 89 dispone que “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”.

¿Será posible que el estado y los municipios aseguren proteger las bellezas naturales de Costa Rica, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica sin desarrollar Planes Reguladores? Resulta muy difícil.  Por esto es por lo que es muy importante que el sector estatal, municipal y académico, contribuyan con campañas de información en el tema de Planes Reguladores.

La carencia de información actualizada y pronta puede generar en la población la oposición a los procesos de ordenamiento territorial, obstaculizando que las personas se puedan enterar de los beneficios que conlleva la planificación de los territorios. Peor aún, es crucial en cualquier proceso de diseño de ordenamiento territorial contar con participación informada de las comunidades. Esta es imposible en un estado de confusión causado por maliciosa desinformación y malentendidos que solo benefician a especuladores o grupos con agendas ocultas y que traen graves consecuencias negativas a largo plazo para la competitividad de los territorios.

Recordemos que los objetivos centrales que se buscan desde la elaboración de planes reguladores son promover el bienestar y mejora en la calidad de vida de todas las personas quienes habiten un territorio.

Es fundamental continuar con la elaboración y aprobación de Planes Reguladores, sin permitir que la desinformación en el tema impida que las personas puedan trabajar conjuntamente para fortalecer herramientas legales que ayuden a mejorar su calidad de vida en el cantón.

Félix Zumbado Morales
Investigador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible ProDUS

UCR, Voz experta: Sobre la propuesta de reforma (fallida) del Ministerio de Cultura y Juventud y la gobernanza del sector

Escrito el . Publicado en Cultura, Derechos.

Esteban Monge Flores, docente del Posgrado en Artes. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Tenía en pausa el cierre de este artículo, en espera de que se aclararan los nublados del día en relación con la tramitación, del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Ministerio de Cultura y Juventud, No. 24. 144, el cual ha sido dictaminado negativamente en Comisión y, por ende, archivado.

Han sido semanas -sino meses. en las que diversas voces del sector se han manifestado en contra de la propuesta sin que se haya generado un debate con quienes, desde el Poder Ejecutivo, la presentaron para conocimiento de Asamblea Legislativa.  Eso, a mi parecer, era un mal signo y, de alguna forma, una de las razones por las que la iniciativa, aun pudiendo tener algunas virtudes, perdió viabilidad política.

Con este proyecto se pretendía reformar la Ley No. 4.788, con la cual se creó dicho ministerio, en 1971.  El objetivo, según se indica en la exposición de motivos, era modernizarlo y fortalecer la jerarquía de la persona ministra, para que pueda liderar al sector cultura, lo cual “facilitaría la gestión administrativa y sustantiva de la institución”, clarificando las competencias de la persona jerarca y de quienes dirijan los órganos desconcentrados. 

En cuanto a la idea modernización contenida en el proyecto, la misma se vincula con “una mayor capacidad de acción y decisión buscando orientar la gestión institucional hacia la calidad de los servicios, los resultados para el desarrollo y el valor público”, así como con dotar al Ministerio (en adelante, MCJ)  “de un fin público claro y acorde con los tiempos que corren, definiendo sus funciones para diseñar, dictar y ejecutar las políticas públicas (…) bajo un enfoque de derechos humanos que garantice el acceso inclusivo a los bienes, servicios y actividades culturales, así como su implementación, seguimiento y evaluación”

Para lograr esa modernización, el proyecto planteaba, básicamente:

  • La definición de las funciones del MCJ, así como de su estructura organizacional
  • La habilitación para que el MCJ y sus órganos desconcentrados puedan tomar ciertas decisiones y realizar ciertas acciones para cumplir con sus fines
  • La ampliación de fuentes de financiamiento
  • La eliminación de las juntas directivas/órganos colegiados de varios órganos desconcentrados, para que la jerarquía recaiga en la figura de la dirección general con el apoyo de equipos técnicos especializados.
  • La reducción al grado mínimo de desconcentración de los órganos del MCJ.
  • La eliminación de la desconcentración administrativa y de la personería jurídica instrumental de las instituciones museísticas para que pasen a ser programas.
  • La reforma a leyes de varias instituciones para ajustarlas a los puntos anteriores, incluyendo el Centro Nacional de la Música, el Museo Nacional, el Sistema Nacional de Educación Musical, el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Sistema Nacional de Archivos

Sobre cada uno de estos puntos, se podría hacer un extenso análisis; sin embargo, quisiera centrarme su relación con la gobernanza del sector cultura.

Si bien el aparato institucional del Estado no es el único que diseña e implementa políticas culturales, su rol es clave para garantizar -o impedir- el efectivo reconocimiento del “derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes (…)” establecido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aspiración que, en los tiempos que corren, no está de más reivindicar. Este derecho se vincula, por un lado, con el principio de democracia cultural y, por otro, con el de democratización de la cultura, los cuales, sin participación ciudadana, no se concretan.

Decía que, no sólo desde el aparato institucional del Estado se diseñan e implementan políticas dirigidas a garantizar o a dificultar el goce de este derecho. Desde la sociedad civil, también, se ejecutan acciones, con mayor o menor grado de articulación y de planificación, que pueden coadyuvar en ese sentido. Pienso en el sector privado, conformado por empresas que invierten en proyectos y actividades culturales, con o sin fines de lucro, en virtud de políticas de responsabilidad social, así como por organizaciones de base, relacionadas con territorios como con comunidades de sentido.

Ahora, si nos enfocamos en el aparato institucional del Estado costarricense, es casi seguro que estaremos de acuerdo con que el epicentro del accionar público en materia de cultura, en nuestro país, se encuentra en el Ministerio de Cultura y Juventud y no en otras instituciones. Sería conveniente que el tejido institucional cultural tuviese en las municipalidades a otro actor robusto en cuanto a capacidad de gestión y recursos destinados a cultura. Esa es tarea pendiente.

Es importante indicar que, en el año 2003, el artículo 9 de nuestra Constitución Política fue reformado. Al mismo se le agregaron las palabras “popular”, “participativo” y “el pueblo”, para pasar a tener la siguiente redacción:

“Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.” (la negrita no es del original).

Este cambio constituyó un paso importante hacia un modelo de democracia (más participativa), en lugar del de democracia representativa. Producto de esta reforma, se introdujeron en el ordenamiento jurídico figura como la de Iniciativa Popular, el Referéndum y el Gobierno Abierto.

Es importante señalar que la participación ciudadana, que es a la que se aspira en un modelo de democracia participativa, implica diferentes momentos o niveles, siendo el primero el de acceso a la información; el segundo, el de consulta; y, el tercero, el de toma de decisiones.

El Proyecto de Ley no establece un modelo de gobernanza con mecanismos de participación ciudadana efectiva. Se habla de modernización, pero el texto no se ajusta a lo establecido en el artículo 9 de la Constitución. Al centrarse en el fortalecimiento de la rectoría en manos de la persona ministra, sin plantear espacios y mecanismos de participación del sector en los procesos de gestión de la institucionalidad cultural refuerza la idea de un estilo de mando vertical y autoritario.

Por ejemplo, el artículo 4 del Proyecto de Ley establece la estructura organizacional del Ministerio. ¿Por qué no incluir en este la creación de un consejo nacional de cultura y de consejos regionales de cultura como instancias consultivas, con participación de representantes del sector, como parte del modelo de gobernanza? 

Soy partidario de la idea de que el Ministerio de Cultura y Juventud requiere de una transformación. La institucionalidad cultural del país es dispersa y compleja. El marco normativo que la crea y la regula, también. Sin embargo, el proceso que genere esa transformación no puede hacerse sin involucrar al sector. Al menos, en este caso, este involucramiento no se dio. La presentación del proyecto de ley tomó por sorpresa al sector. En un escenario así, por más buenas intenciones detrás de la iniciativa y por más justificación técnica, la viabilidad política se iba a ver mermada. 

Si se presentara una nueva iniciativa de este tipo, atendiendo, incluso, criterios de la Procuraduría General de la República en relación con temas que tienen una dimensión técnica (pero que también tienen una dimensión política) como el de la desconcentración máxima de algunos órganos del ministerio o el de los órganos colegiados, sería importante informar con claridad al sector sobre las motivaciones y los impactos positivos y negativos que estos cambios podrían tener y hacerlo partícipe en el proceso de diseño del texto base.  La pregunta es si, actualmente, hay ambiente para generar un proceso de este tipo.

Esteban Monge Flores
Docente del Posgrado en Artes, Máster en Gestión Cultural y Licenciado en Derecho, UCR

UCR, Voz experta: La mirada impávida ante la violencia y la desigualdad

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo, Socióloga, investigadora en el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.

Por la M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo

«La visión casuística apunta a favorecer acciones dirigidas al castigo, eximiendo de responsabilidad al contexto excluyente que las desencadenó, lo que fácilmente nos lleva a ‘bukelizar’ la dignidad humana y a desconocer por completo las condiciones estructurales que acompañan la desigualdad social».

Tiroteos, pandillas, venta de drogas al menudeo, violencia escolar e intrafamiliar, feminicidios, crímenes de odio, genocidios, ecocidios; todo parece un recuento de daños interminable, un listado que de tanto ser nombrado adquiere vida propia, se naturaliza y es parte del paisaje cotidiano, desdibujando los hilos que lamentablemente los entrelazan y, tal vez lo más grave, nos anestesian ante el dolor de lo humano, de lo vivo, de lo injusto.

Esto provoca una reflexión con características energúmenas, sin ningún cariz de lecturas complacientes, pues urge llamar a lo humano que todavía habita en nosotros y que solo podrá salir con un grito de rabia por las guerras geoestratégicas donde las nudas vidas que mencionaba Agamben (2005) son solo parte de un gran juego de ajedrez, dejando a su paso grandes silencios y vacíos en aquello que un día llamamos conciencia social y lucha política. Cómo hacer esa reminiscencia de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser si no despertamos pronto de esta inermidad.

En días recientes un grupo de madres, abuelas y maestras de la escuela del Cairo de Siquirres protegieron contra las balas al estudiantado, dejando al descubierto un país teñido de grandes desigualdades que hacen de los barrios lugares despojados de humanidad, de vidas no lloradas, donde las balas son sonidos de ambiente que vuelan entre la desolación de un Estado social al que estamos dejando desprovisto de propósito, casi sin rostro.

La acción valiente de esas mujeres recuerda la frase de Rosa Luxemburgo: “No debemos olvidar, empero, que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles” (De Pablo, 2019, p. 87).

Oportunidades educativas: el debate urgente sobre la exclusión

La exclusión escolar es un riesgo que implica dejar a las generaciones jóvenes fuera de las aulas, sin la posibilidad de desarrollar las competencias y habilidades para su futura inserción en las esferas productivas por lo que engrosarán en el corto y mediano plazo los datos de desempleo, pobreza extrema y marginación, lo que traerá consigo la consecuente pauperización de sus condiciones de vida, lo que dibuja un escenario poco alentador para el desarrollo democrático y equitativo del país al ensanchar la brecha social (Jiménez Asenjo y Chavarría Arias, 2022, CONARE y PEN, 2023).

La situación es tan urgente de atender que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que en Costa Rica: “Al finalizar la educación básica, los estudiantes de familias pobres se desempeñan dos años por debajo de sus pares de hogares más ricos y pocos harán la transición a la educación universitaria o a un buen trabajo” (OCDE, 2017, p. 10).

Esta relación entre pobreza y bajo nivel educativo se evidencia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023) al señalar que el 71,1 % (151.000) de los hogares pobres tiene un bajo desarrollo del capital humano, el 22,1% no ha obtenido el bachillerato, el 7,4% tiene rezago educativo, el 6% no asiste a la educación formal y aproximadamente 2.000.000 de personas no culminaron sus estudios de secundaria.

Esos números reflejan el desgaste de un tejido social que hasta hace poco hablaba de deserción escolar y, en consecuencia, ponía en el sujeto toda la responsabilidad de su educación; ello justificó la falta de estrategias sostenidas dirigidas a combatir un fenómeno multicausal como es la exclusión educativa (Jiménez Asenjo y Gaete Astica, 2013).

Aunado a lo anterior, las perspectivas analíticas que privilegian al sujeto como individuo, en cuanto que se hace magnánima su individualidad y el supuesto ejercicio volitivo de su toma de decisiones, conducirá a plantear las preguntas equivocadas para responder al fenómeno alta complejidad como la violencia, pues la visión casuística apunta a favorecer acciones dirigidas al castigo, eximiendo de responsabilidad al contexto excluyente que las desencadenó, lo que fácilmente nos lleva a “bukelizar” la dignidad humana y a desconocer por completo las condiciones estructurales que acompañan la desigualdad social.

La respuesta estatal: una oda al cortoplacismo

El benemérito Manuel Mora Valverde señalaba la necesidad de “unirnos alrededor de un programa realista y audaz (…) para defender y fortalecer todo lo que es noble y todo lo que tiene vitalidad, y para reconstruir nuestra Patria sobre bases nuevas de justicia, democracia y dignidad” (Mora Valverde, 2013, p. 485).

Años después estas palabras cobran relevancia, pues nos encontramos en una encrucijada que es reflejo de decisiones que se alejaron de todo compromiso que apuntale a un desarrollo con equidad y este trastoque es producto de cálculos políticos desafortunados en los que se desvanece el rostro de aquellas personas menores de edad a quienes de manera ligera y sin ningún tipo de remordimiento se les vulnera su derecho a la educación pues el recorte presupuestario en educación se realiza pese a que: “más del 40% de las personas estudiantes de 4 a 18 años que asisten a centros públicos se encuentran en situación de pobreza” (CONARE y PEN, 2023, p. 62).

Por lo que estas decisiones economicistas nos llevan a la antesala de más poblaciones vulnerables que padecerán los embates de la criminalidad en sus propias comunidades y, por ende, un desasosiego acompañado de la desesperanza que nubla las trayectorias de vida de quienes solo se topan con puertas cerradas.

Y como se dice popularmente, “la utopía es hacer posible lo que otros han hecho imposible”, por lo que la invitación es a trabajar en la construcción de escuelas en las que crezca la esperanza, se abrace la diversidad, el diálogo intergeneracional sea cotidiano, el currículo respete los conocimientos ancestrales y la infraestructura proteja los sueños de las personas estudiantes y sus familias, promoviendo mediante una educación pública la movilidad social ascendente.

Referencias bibliográficas:

Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Adriana Hidalgo Editorial. Consejo Nacional de Rectores [CONARE] & Programa Estado de la Nación [PEN]. (2023). Noveno Estado de la Educación 2023. Autores. https://hdl.handle.net/20.500.12337/8544.

De Pablo, O. (2019). Su hogar es el mundo entero. Escritos y discursos de Rosa Luxemburg y Clara Zetkin sobre La lucha femenina y otras cuestiones sociales. Brigada Cultural. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/7990/1/su-hogar-es-el-mundo-entero.pdf.

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2023). Encuesta nacional de hogares. Autor. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-10/reenaho2023.pdf.

Jiménez Asenjo, W. y Chavarría Arias, D. (2022). Consecuencias de la pandemia en el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE emitidas en el año 2017 a Primera Infancia, Educación General Básica y Educación Diversificada. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/ocde-deie-2022.pdf.

Jiménez Asenjo, W. y Gaete Astica, M. (2013). Estudio de la exclusión educativa y abandono en la enseñanza secundaria en algunas instituciones públicas de Costa Rica. Revista Electrónica EDUCARE, 17(1). https://www.redalyc.org/pdf/1941/194125789007.pdf.

Mora Valverde, M. (2013). Discursos,1934-1979. Manuel Mora V. Imprenta Nacional. Editorial digital. https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20costarricense/Discursos_1934-1979_edincr.pdf.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2017). Educación en Costa Rica Aspectos Destacados 2017. https://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2017/08/aspectos-destacados-2017.pdf.

M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo

Socióloga, investigadora e integrante de la Red temática sobre violencias, subjetividades y colectivos en contextos de vulnerabilización. Necropolítica y duelos, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.

UCR. Voz experta: La desbandada en el Poder Judicial es una lamentable situación

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Dr. Manuel Rojas Salas, abogado y docente de la Facultad de Derecho, UCR.

Por Manuel Rojas Salas, Facultad de Derecho, UCR

No queremos un Poder Judicial  “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo

En días pasados causó un enorme revuelo mediático, la muy lamentable renuncia a su puesto, por parte del único odontólogo forense con el que contaba el Poder Judicial de nuestro país. En una carta en donde el valiente profesional dijo las cosas por su nombre y sin el más mínimo reparo, señaló lo que podría señalarse como una política regresiva en materia salarial e igualmente una cultura que solo podría considerarse agresiva en relación con las personas empleadas. Mis respetos para el doctor Fernández, aunque me duele por la institución, que debe ser baluarte de equilibrio en un Estado de Derecho y que es en un gran medida la garantía del sistema de pesos y contrapesos de una democracia.

Sin embargo, como dicen mi familia y amigos cercanos, que me acuerdo de cosas que a la gente generalmente se le olvidan, recordé que aun sin tener el don de la profecía, mencioné en el año 2017 e igualmente en 2019 y en 2020, que con los golpes asestados a la institucionalidad del país y particularmente del Poder Judicial (sí, así mismo, la institucionalidad y lo que ese Poder del Estado representa, aunque resulte incómodo para ciertos políticos y políticas), iba a iniciarse una desbandada nunca antes vista, ya que el Poder Judicial iba a dejar de resultar atractivo como opción laboral.

No me equivoqué -lamentablemente para mi país-, pero recuerdo que la reforma que entró en vigencia en el año 2018 en relación con el Régimen de Pensiones del Poder Judicial-autosuficiente y creado con anterioridad al de la CCSS- y que tuvo como resultado la ley 9544, fue calificada por la principal gestora, una diputada oficialista, de “emblemática”.  Ahora me pregunto jugando de abogado del Diablo: ¿lo del calificativo era por constituirse la primera estocada para debilitar nuestro Estado de Derecho?  Señalo esto porque dicha diputada y ex representante popular, junto con su grupo de acólitos, y en clara complicidad con medios de comunicación abiertamente serviles a poderosos intereses neoliberales, se dedicaron a satanizar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y a calificar a servidores y servidoras judiciales como una especie de “privilegiados”, llegándose incluso a acuñar el calificativo “de lujo”, en cuanto a merecidas jubilaciones que muchas personas hemos llegado a obtener, no como regalía, sino como producto de una labor digna y honesta.

En esa ocasión, recuerdo con claridad que la representante legislativa de un modo claramente reprochable, ninguneó a la representación del Frente Gremial del Poder Judicial y aunque ciertamente eran necesarios cambios, la propuesta de los trabajadores y trabajadoras-muy adecuada y que contenía cambios óptimos sin perjuicio para la clase trabajadora-, se pasó abiertamente por alto, y en un abrir y cerrar de ojos se aprobó la más “conveniente” para los intereses económicos de una Política neoliberal y dio inicio la precarización del Poder Judicial, en una acción que lamentablemente muchos y muchas aplaudieron.

No me explico cómo no se tuvo (o no se quiso tener) un mínimo de visión para pensar que eso iba a traer consecuencias serias en el personal del Poder Judicial del país, uno de los que pese a todo, sigue siendo de los más confiables de Latinoamérica. 

Ahí no terminó el asunto, pues siguió en el 2019 la implementación de la Regla Fiscal, Ley 9635, que nuevamente disminuyó los salarios, en tanto a fines de ese año, una malhadada “ocurrencia” de otra diputada, instituyó un desatino al promover una denominada “contribución solidaria”, que iba a afectar a jubilaciones “de lujo” (epíteto creado por ciertos medios de comunicación),Ley 9796, que fue aprobada a golpe de tambor y sin que nadie se opusiera, lo que trajo serios perjuicios económicos a personas que habían cumplido su tiempo en la institución y ante ello, debieron muchos y muchas, realizar arreglos de pago con sus deudas o ponerse a trabajar en bufetes u oficinas, ante la merma considerable de ingresos que se disfrazó de “solidaridad. Dicha ley la Administración Alvarado, que fue la más nefasta y agresora con el sector público, la aprobó a toda prisa.

Y para remate, la Ley Marco de Empleo Público que “unifica” a todo el sector público prácticamente en un mismo saco, como decían nuestros abuelos y “congela” (así en frío) los salarios por quien sabe cuánto tiempo.  No hay duda de que el desánimo, la desazón y el escaso o nulo entusiasmo que se percibe en las oficinas judiciales, es absolutamente entendible, como la frase que siempre le dicen a un jubilado:  “Dichoso usted que se pudo ir”. Lo anterior porque el salario no tendrá incrementos, no habrá incentivos y tampoco la esperanza de una jubilación digna.

Es por ello que el panorama en estos momentos es bastante serio, como consecuencia de una primera estocada “emblemática”, pero era lo esperable, al punto que los salarios del personal, que eran precisamente uno de los puntos atractivos, han dejado de serlo y de ahí el número, altamente alarmante de personas que  pese al tiempo de servicio y a la experiencia, han decidido renunciar y que se van no como dijo malévolamente alguien a propósito de la renuncia de un Fiscal, con “pensión juvenil”, sino en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias, en vista de que también, la cúpula judicial ha dejado que estas cosas sucedan y como señala el adagio popular, el gato se hizo tigre.

Se requieren acciones urgentes si se pretende permear de alguna forma los efectos de legislaciones regresivas y que afectaron derechos sensibles, de modo abiertamente contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos.  El daño ya está hecho, desde la aprobación de la “emblemática” (y esperaría que quienes aprobaron ese texto y los demás asuman su responsabilidad histórica y política), pero si no queremos un Poder Judicial  “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo,  sino una institución que se caracterice por su imparcialidad, independencia y por brindar soluciones justas a los diferendos planteados, aunque  no gusten a ciertos sectores, es imperativo actuar con prontitud.  Por eso celebro la iniciativa de la Magistrada Patricia Vargas en cuanto a hacer un recuento de las renuncias y del tiempo servido por quienes renunciaron, para tener un panorama completo del caos actual, ya que el debilitamiento del Poder Judicial solo trae consecuencias negativas para todos y todas quienes vivimos en nuestra querida Costa Rica.  Urge que los cambios se realicen, tal y como se realizaron las afectaciones.

 

Manuel Rojas Salas
Docente en la Facultad de Derecho, UCR

Voz experta, UCR: El derecho a la participación política de las personas con discapacidad auditiva desde el reconocimiento legal de la lengua de señas en el contexto latinoamericano

Escrito el . Publicado en Derechos.

Carlos Gutiérrez Vargas, estudiante de la Facultad de Derecho, UCR.

A propósito de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Las ciudadanías disminuidas pasan de ser un concepto a una realidad cuando no se garantiza la independencia de las personas sordas con medidas proaccesibilidad en procesos electorales

Se aproximan las elecciones municipales en Costa Rica y, lamentablemente, no existe ni una persona con discapacidad auditiva participando en cualquiera de las opciones electorales que brindan los partidos políticos costarricenses. Soy una persona sorda. Por este motivo, mi primera lengua es la lengua de señas costarricense y el español es mi segunda lengua. Escribo este artículo pensando en la perspectiva de las personas sordas, considerando que es importante en relación con los derechos políticos de las personas con discapacidad, específicamente de las personas sordas que están siendo invisibilizadas por el Estado, así como su perspectiva histórica al no ser consideradas como personas politizadas.

Leyendo con admiración un reportaje noticioso acerca de Shirley Pinto, una mujer sorda que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la participación política como legisladora en el Parlamento de la nación de Israel, me llevó a la reflexión sobre uno de los objetivos primordiales que establece la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad con respecto a la participación política de las personas con discapacidad, la cual forma parte de los derechos políticos que reconocen y garantizan a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas. Desde la visión de los derechos humanos, los derechos políticos contribuyen a la promoción y consolidación de la democracia en la construcción de un Estado democrático de derecho. A continuación, analizaré el derecho a la participación política de las personas sordas.

De acuerdo con los estudios estadísticos presentados por el Banco Mundial, existen 85 millones de personas en situación de discapacidad que viven en América Latina y el Caribe. Las Naciones Unidas declaró el 23 de setiembre como el Día Internacional de la Lengua de Señas. Para conmemorar esta fecha, la Organización citó en su página web las cifras de la Federación Mundial de Sordos, la cual estima que, hasta el presente momento, hay 70 millones de personas sordas en el mundo, y el 80 % de esta población vive en países en vías de desarrollo, utilizando en forma global más de 300 lenguas de señas. De ahí la importancia de destacar la lengua de señas como elemento clave de las personas sordas en su lucha por el derecho a la participación política.

Generalmente, las personas con discapacidad se encuentran con barreras en el ejercicio de su derecho al sufragio. Por ejemplo, existen impedimentos para acceder en forma física a los centros electorales, lo que implica una discriminación, ya que no pueden acceder en condiciones de igualdad que los demás ciudadanos.

Con respecto a las personas sordas, el enfoque previsto en este artículo son las barreras de accesibilidad comunicacional que enfrentamos, las cuales no solo se presentan en Costa Rica, sino en todo el ámbito latinoamericano. De estas barreras, mencionamos el acceso a la información y la comunicación en los procesos electorales.

Sobre el derecho a elegir, surge una barrera que se da en la mayoría de los procesos electorales donde se emiten mensajes y contenidos informativos que sirven de guía a la formación de criterios del ciudadano para decidir y razonar su voto. Precisamente, para este fin se utilizan medios de comunicación como la televisión y las redes sociales para emitir videos informativos, debates entre candidatos a la presidencia, entre otros. Sin embargo, no suelen contar con el recuadro del intérprete de la lengua de señas y el subtitulado, por lo tanto, sin estos recursos de apoyo a la accesibilidad, las personas sordas se quedan desinformadas sobre los procesos electorales y las propuestas de las distintas formaciones políticas, lesionando su derecho al voto.

En cuanto al derecho a ser elegido como candidato, se presenta una limitación muy seria, porque las personas sordas no tienen garantías de recibir apoyos, como un intérprete de la lengua de señas, en caso de que decidan participar de alguna forma en el proceso electoral. Este tipo de recursos son imprescindibles para disputar en igualdad de condiciones por los puestos de síndico, alcalde, diputado, etcétera.

Estas barreras implican un menoscabo a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación conforme al modelo de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Las ciudadanías disminuidas pasan de ser un concepto a una realidad cuando no se garantiza la independencia de las personas sordas con medidas proaccesibilidad en procesos electorales, lo cual afecta su derecho a la vida independiente.

Otra limitación patente contra la población sorda, en particular, y contra las personas con discapacidad, en general, es no poder manifestar su voz en asuntos claves de su interés. Simplemente son invisibilizadas en el debate público. Por ejemplo, no somos tomados en cuenta en las propuestas específicas que presentan los candidatos inscritos en procesos electorales. Asimismo, los canales para escucharnos son muy limitados. En síntesis, la pluralidad del debate y la democracia se ven afectadas al existir grupos invisibilizados, como el colectivo de las personas con discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento de derechos humanos establecido en el siglo XXI y fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Es sumamente necesaria la existencia de este tratado específico por la insuficiencia de otros instrumentos para proteger los derechos de las personas con discapacidad y sirve para poder visibilizar al colectivo de las personas con discapacidad, entre ellos los sordos. Por ende, hay una identidad política y un grupo que se moviliza en torno al tema y, además, permite tener mecanismos específicos para casos de violaciones de derechos, por ejemplo, quejas ante el Comité.

Para comprender la idea principal del artículo, necesitamos conceptualizar el término discapacidad. La discapacidad es el resultado de la interacción entre ciertas características de las personas, las cuales son comprendidas como deficiencias, pero que no lo son, según mi criterio, sino que son condiciones inherentes a la diversidad humana y a las barreras del entorno.

La Convención reconoce el derecho a la participación política de las personas con discapacidad en su artículo 29. Una lectura analítica del artículo permite comprender cómo aborda la Convención las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, ya que se identifica en el texto las obligaciones específicas que tienen los Estados partes para erradicarlas. Desde la perspectiva de la igualdad, la no discriminación y la autonomía se da el reconocimiento del derecho al sufragio en forma activa y pasiva, así como el derecho de participación, ya sea en titularidad como en ejercicio.

Entre las obligaciones de los Estados, la Convención establece que deben asegurar los derechos políticos de las personas sordas de las siguientes formas:

  1. Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
  2. La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto, en elecciones y referéndums públicos, sin ningún tipo de intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías de apoyo cuando proceda.
  3. La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores. Para este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar.

Además, el reconocimiento a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad establecido en el artículo 12 tiene una estrecha relación con el derecho de la participación política, en tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que se conocerá en adelante como Comité CDPD) comprende que no se puede negar el derecho al voto de las personas con discapacidad, independientemente de que pueda necesitar mecanismos de apoyo a su capacidad jurídica.

En la Observación General N.º 1, el Comité CDPD establece aquellos aspectos que afectan al derecho de participación política desde el punto de vista de la accesibilidad, que es una cuestión que se debe asegurar, proteger y respetar. Además, las medidas de austeridad o la poca atención de los Estados partes en el aseguramiento de recursos presupuestarios para garantizar la accesibilidad en los procesos electorales no pueden constituir un argumento para demorar la implementación gradual de la accesibilidad, ya que es de aplicación inmediata.

Constituye un deber del Estado promover la garantía de los derechos políticos de las personas sordas en aras de que puedan gozar de ellos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. En el caso de Costa Rica, este rol lo puede asumir el Tribunal Supremo de Elecciones, como organismo nacional encargado de la organización de los procesos electorales. En caso de no haber acciones concretas que posibiliten el cumplimiento de estos derechos, entraría en la escena el rol de los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de las personas sordas en el ámbito de la participación política, exhortando al Estado a asumir su responsabilidad en la garantía de estos derechos, además de promover el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano, procurando asegurar que las personas sordas puedan tener acceso a la participación en la vida política y pública en forma conjunta con la sociedad, ya sea directamente o mediante la elección de representantes libremente elegidos, inclusive, el derecho y la posibilidad de las personas sordas a votar y ser elegidas.

El artículo 9 de la Convención aborda la obligación que tienen los Estados partes de adoptar medidas para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno de la información y la comunicación, además de otros aspectos. En relación con el contexto de las personas sordas, se pretende garantizar que los procedimientos, las instalaciones y los materiales empleados en procesos electorales sean adecuados para ser accesibles a ellas, como la capacitación de guías electorales en el uso de la lengua de señas y el uso de intérpretes de la lengua de señas y el subtitulado en mensajes y contenidos informativos. Esto, en plena concordancia con el reconocimiento de la lengua de señas, un componente fundamental de la comunidad sorda comprendida como minoría lingüística-cultural.

Es importante tener en cuenta que la lengua de señas varía en cada país de Latinoamérica. Es decir, cada uno tiene su propia lengua de señas, comprendida como sistema lingüístico que tiene componentes visuales, gestuales y manuales.

Es fundamental destacar cómo se ha abordado gradualmente el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano. En un comunicado de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países miembros a reconocer oficialmente la lengua de señas en sus legislaciones, además de promover medidas positivas que garanticen la accesibilidad mediante el uso de la lengua de señas en diferentes ámbitos de la sociedad.

En los Estados existen comunidades sordas de distintos tamaños y, precisamente, la lengua de señas es el principal vehículo lingüístico que emplean para comunicarse. Los trece Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que han reconocido la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad de personas sordas en su normativa son Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Pero solo dos países han reconocido la lengua de señas en sus constituciones políticas: Ecuador y Venezuela. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que, a partir del análisis de la realidad fáctica, legal y jurisprudencial, el derecho de participación política para la población sorda está limitada por la falta de adaptación normativa y la aplicación insuficiente de la normativa en América Latina, teniendo por efecto la vulneración de este derecho y su ejercicio.

Muestra de ello es la falta de accesibilidad en la promulgación de materiales de carácter electoral, como la inclusión de intérpretes de la lengua de señas en debates con candidatos presidenciales, así como la carencia de cupos asignados para la participación de personas con discapacidad en los sistemas electorales, tanto a nivel municipal como para los puestos de elección nacional.

En esta línea, se debe respetar en todos los extremos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce desde la perspectiva de la igualdad, la autonomía de las personas sordas y su no discriminación, por medio del reconocimiento de la lengua de señas como parte del derecho de participación política, con el fin de asegurar el derecho de participación en el proceso electoral.

Carlos Gutiérrez Vargas
Estudiante de la Facultad de Derecho, UCR

UCR, Voz experta: Resistencia a antimicrobianos: un problema global de salud pública de carácter urgente

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Fernando García Santamaría. Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología, UCR.

Por Fernando García Santamaría

La reciente pandemia Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, con más de 770 millones de casos estimados y más de 6.9 millones de muertes en tres años de crisis sanitaria, es un recordatorio que a pesar de los enormes avances médicos de los siglos XX y XXI, las enfermedades infecciosas siguen constituyendo una amenaza para la salud pública local, regional y global. Un reporte publicado el año pasado en la revista The Lancet llamó la atención de otra pandemia, que constituye una amenaza tal vez no tan nueva para la salud pública global, causando solo para el año 2019, el año pre-pandémico, casi 5 millones de muertes: la resistencia a antimicrobianos.

El desarrollo de los medicamentos antimicrobianos, incluyendo antibióticos (antibacterianos), antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, es uno de los principales avances médicos del siglo XX, que junto con el desarrollo de las vacunas y diversas medidas de higiene, como la potabilización del agua, los avances en el control de las enfermedades infecciosas en seres humanos han contribuido significativamente en su calidad de vida, disminuyendo la mortalidad infantil y aumentando la expectativa de vida en las sociedades modernas.

Debido a su enorme éxito inicial en las décadas de 1940 y 1950, el uso de los antimicrobianos ha sido intensivo desde entonces en el control de las infecciones en seres humanos, lo cual ha generado un problema de enormes dimensiones: el surgimiento de microorganismos resistentes al efecto de los medicamentos antimicrobianos.

El problema fue identificado desde el principio, pero se hizo evidente a particularmente de la década de 1970 y no se ha detenido desde entonces. La principal manifestación del problema se observa en las infecciones intrahospitalarias, en aquellos pacientes con varios días o semanas de hospitalización que son sometidos a diversos procedimientos médicos. Se debe recordar que el cuerpo humano se encuentra normalmente recubierto, en la piel y en las mucosas, por miles de millones de bacterias, siendo la mayor parte de ellas inocuas o beneficiosas; se estima que esta microbiota aporta aproximadamente 2 kg de nuestro peso corporal. Cuando se presenta una infección, la droga antimicrobiana se distribuye por todo el cuerpo, afectando no solamente al microorganismo causante de la infección, sino a toda la microbiota humana.

La resistencia emerge cuando los microorganismos cambian genéticamente con el tiempo, se adaptan a la presencia de antimicrobianos, aun en altas concentraciones, y eventualmente ya no responden a los medicamentos, haciendo que las infecciones sean más difíciles o imposibles de tratar y aumentando el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, provocando un incremento en el número de infecciones y otras enfermedades asociadas (morbilidad) y la mortalidad. El costo de la resistencia a los antimicrobianos para las economías de los países y sus sistemas de salud puede llegar a ser significativo, por estancias hospitalarias más extensas y la necesidad de recurrir a medicamentos más caros y de cuidados intensivos de mayor complejidad.

Sin embargo, el problema ha dejado de ser exclusivo de los servicios de salud y se han trasladado a las comunidades. Es cada vez más frecuente la ocurrencia de infecciones adquiridas en la comunidad por microorganismos resistentes y muchas veces ingresan con estas infecciones a nuestros hospitales. Algunas de las bacterias que causan infecciones en los seres humanos en Costa Rica son resistentes a la mayoría de los antibióticos, incluyendo los antibióticos más potentes disponibles: los carbapenems.

Una vez que se presenta la resistencia a este tipo de antibióticos, las alternativas terapéuticas disponibles en nuestros servicios de salud prácticamente desaparecen para nuestros pacientes que sufren neumonía, septicemia, infecciones urinarias, infecciones en recién nacidos y pacientes de unidades de cuidados intensivos. Los procedimientos médicos, como las cirugías, incluidas las cesáreas o los reemplazos de cadera, la quimioterapia contra el cáncer y los trasplantes de órganos, a manera de ejemplos, serán mucho más riesgosos.

No obstante, lo hasta acá descrito representa solamente la mitad del problema. La misma situación se ha ido presentando paulatinamente en las infecciones causadas por microorganismos resistentes en mascotas y animales de compañía y de producción pecuaria intensiva, particularmente aves de corral y porcinos. Los antimicrobianos son además utilizados de forma precautoria, mezclados con los alimentos o con el agua que consumen los animales, para evitar infecciones clínicas o subclínicas y tengan una mayor ganancia de peso.

En la producción agrícola los antimicrobianos se utilizan, en forma de pesticidas, para el control de infecciones que afectan diversos tipos de cultivo, incluyendo hortalizas y plantas ornamentales. No es inusual encontrar miles de bacterias resistentes a los antibióticos en las hortalizas que consumimos a diario. Las implicaciones económicas y el impacto ambiental son significativos también en estos sectores.

De esta manera, los microorganismos resistentes a los medicamentos se encuentran en las personas, los animales, los alimentos, las plantas y el medio ambiente (en el agua, el suelo y el aire) y pueden transmitirse de persona a persona o entre personas y animales, incluso a través de alimentos de origen animal o vegetal. Las principales causas de la resistencia incluyen el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos, la falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene tanto para humanos, animales y plantas, la mala o inadecuada prevención y control de infecciones en servicios de salud y en granjas animales, el acceso deficiente a medicamentos y vacunas de calidad, ausencia de medios para realizar un diagnóstico oportuno y certero.

También es importante abordar la falta de conciencia y de información apropiada, tanto en el ámbito académico y el profesional, como en el público en general como consumidores finales de antibióticos. Aún existen además muchos vacíos de conocimiento, no solamente en el ámbito clínico o pecuario, sino también sobre las implicaciones bioéticas, políticas, sociales, económicas y ambientales del problema de la resistencia a antimicrobianos.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Plan de Acción Global sobre la Resistencia a Antimicrobianos durante la Asamblea Mundial de la Salud de 2015 y los países miembros se comprometieron con el desarrollo y la implementación de planes de acción nacionales multisectoriales, que posteriormente fue respaldado por los órganos rectores de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) bajo el principio de Una Salud (One Health), para que en las acciones a realizar se involucren seres humanos, animales, sectores de salud vegetal y ambiental.

En ese contexto, un grupo de expertos nacionales desarrolló el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos Costa Rica 2018-2025 (decreto Decreto 41.385-S, publicado el 4 de enero de 2019 en La Gaceta). Algunos elementos de ese plan se han podido desarrollar o mejorar los ya existentes, destacando el Programa de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y los Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA) implementados en algunos servicios de salud, públicos y privados del país.

Pero este esfuerzo, en mi opinión, ha sido insuficiente y hasta cierto punto relegado por otras prioridades en salud. Es urgente que las autoridades correspondientes y la sociedad costarricense en general le den a este problema de salud pública la importancia que merece. El Plan de Acción Nacional no debe convertirse en letra muerta ni es un documento final, el gobierno debe dotar de recursos humanos y económicos de manera sostenible para fortalecerlo. El país requiere con premura de este Plan de Acción Nacional, para que represente una oportunidad para promover el trabajo intersectorial entre todos los actores involucrados, incluyendo el sector político, las universidades públicas y privadas, los colegios profesionales y las asociaciones de especialistas y, por supuesto, la industria farmacéutica, entre otros, para crear grupos de trabajo y poder así abordar todas las aristas de este complejo problema.

Es importante mejorar la educación, la concientización y la comunicación pública sobre la resistencia a los antimicrobianos, mejorar el diagnóstico clínico y los sistemas de vigilancia del surgimiento y dispersión de microorganismos resistentes, implementar medidas de prevención y control de infecciones, incluyendo los programas de vacunación, definir protocolos de tratamiento y guías clínicas, y generar estrategias de producción agropecuaria que tiendan a disminuir el consumo de antimicrobianos y la contención de microorganismos resistentes. Resulta también fundamental promover la investigación en el desarrollo de novedosas medidas preventivas y nuevos medicamentos y otras alternativas terapéuticas con la participación activa de la industria farmacéutica y el sector académico nacional.

Es urgente el compromiso entre todos los actores para procurar una forma más prudente y racional de utilizar los antimicrobianos. Somos nosotros, los seres humanos, quienes provocamos el problema, somos nosotros también quienes debemos hacer el esfuerzo por contenerlo y preservar la utilidad futura de los medicamentos antimicrobianos. Es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y no debemos evadirla.

Fernando García Santamaría, PhD – Profesor Catedrático
Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica

UCR. Centenario de la Liga Feminista Costarricense: la lucha permanente

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

Dra. Macarena Barahona Riera, docente e investigadora de la Escuela de Estudios Generales, UCR.

“Reconstruir la memoria es tarea y compromiso ético de las ciencias sociales, valorarla críticamente para aportar luz a un presente lleno de violencia política, económica y física para las mujeres y los ciudadanos empobrecidos y más vulnerables”

La participación de las mujeres en la construcción de la sociedad camina en las diversas estrategias de una gran revolución que ha ido transformando la sociedad moderna. De la gran guerra contra el patriarcado, guerra que se despliega en las estrategias de sobrevivencia de las mujeres más humildes de la estructura económica y social, las sobrevivientes a la violencia política, a la exclusión social y al racismo.

Batallas de la solidaridad, de los épicos acontecimientos de la guerra contra los invasores de las fuerzas norteamericanas en la denominada Campaña Nacional, donde las mujeres como Francisca Carrasco, Bernarda Durán, Bernabela Chavarría, Mercedes Mayorga, María del Jesús Luna, Rita Gutiérrez, de las pocas que rescatan los documentos  (ciudadanas no legales) pero que se unieron a las batallas del Fuerte de San Carlos, la batalla de Rivas, la captura de vapores, captura del Castillo, siendo parte de una guerra nacional con varios frentes que se organizaron en apoyos económicos , en ayudas a los soldados y en la solidaridad ante la epidemia del cólera.

Las mujeres participan activamente en las manifestaciones de apoyo a las elecciones en noviembre de 1889, ellas están en las jornadas cívicas, en San José́, Heredia, Cartago, y es por esto que el presidente electo José́ Joaquín Rodríguez en su discurso del 8 de mayo ante los diputados pide el voto a las mujeres, reconociendo el tiempo nuevo de la modernidad y la democracia. El 17 de Julio de 1919 Angela Acuña escribió́ en el periódico Fémina: “La mujer prepara poco a poco su revolución y parece adquirir fuerzas suficientes para hacerse dar una declaratoria de derechos. Las tinieblas en las que han vivido siempre se disipan y la lucha se empeña con energía”

Las mujeres en Costa Rica supieron leer los tiempos del siglo XX, actuaron decididas contra la dictadura de los Tinoco, supieron ser valientes, críticas, dieron decencia a la oligarquía patriarcal de los políticos, acomodados en la dictadura, y al igual que el valor de Rogelio Fernández Güell y sus compañeros, tomaron la calle, símbolo inequívoco de la democracia y la resistencia. Las mujeres tendrán que enfrentar el poder patriarcal, una y muchas veces en los siguientes años, desde 1923 que piden por primera vez los derechos políticos, con la Liga Feminista.

Las mujeres costarricenses no debemos olvidar nuestra historia, los costos y violencia ejercida.

El “tema de la mujer”, fue siendo el tema de las feministas, de las socialistas, de las comunistas, de las profesionales, de las artistas, de las trabajadoras, de las maestras, las teósofas, de las estudiantes, de las amas de casa; a la vez que desarrolló a sus legítimos enemigos, la iglesia católica, a sectores del Partido Republicano, del Partido Social demócrata, a periodistas, a caricaturistas; lo más rancio y estirado de la sociedad costarricenses.

Las mujeres no se doblegaron nunca, resistieron con sus participaciones en la prensa, a través de sus artículos, en sus gestiones en las campanas pro-derechos, recogieron firmas de miles de mujeres, en Guanacaste, Puntarenas, Alajuela, Heredia, Cartago, San José́. El movimiento social que se inició́ hace un siglo, desbordó el sistema patriarcal, se luchó́ por los derechos humanos de las mujeres, en el convencimiento de que los derechos humanos son de todos, de que la democracia política es democracia social, y económica.

La década de los 30 y 40 es una lucha de clases intensa, ideológica. La cuestión de la mujer incluye más variables y enfoques en las discusiones nacionales e internacionales, la delimitación del problema va a depender del enfoque ideológico. Podemos observar en la narrativa histórica, que la igualdad de la mujer en todos los planos une a las mujeres y a los hombres simpatizantes, es un asunto de derechos humanos, y la transformación de la sociedad tiene sus caminos según la perspectiva ideológica.

La legislación social de 1943 reconoce a las mujeres trabajadoras sus derechos de igualdad. Faltaba el asalto final al poder político, el patriarcal espacio del poder político no se rundía fácil. En palabras de Angela Acuña . “La paciencia ha sido la gran aliada del trabajo femenino, a lo largo de los años, en sus esplendidas batallas emancipadoras. No la paciencia inerte, reducida a aceptarlo todo sin protesta, sin defensa, sino aquella que actúa junto al valor, para alcanzar la meta, para transformar en realidad los ideales que forjó la mente y alentó́ el corazón”

La primera demanda en pro de los derechos políticos, en 1923, luego 1925, 1929, 1931,1932, 1934,1939,1943 y 1947. A partir de la fundación del Partido Comunista, en 1931, se unen mujeres que van a ser decisivas en las luchas sociales y protagónicas del espacio por las demandas sociales y la igualdad de las mujeres en todos los aspectos de la vida:  María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) Luisa González, Emilia Prieto, entre otras.  El trabajo de organización con mujeres de las zonas bananeras, de barrios urbanos de trabajadores, de amas de casa, va a fortalecer el movimiento como un todo, hacia la aceptación de la necesidad de los derechos políticos de las mujeres como una realidad social sin distingo de clases.

En 1947 es la última vez que se presenta la solicitud, acogida por el presidente Teodoro Picado y es votada en el Congreso el 4 de junio de 1947, quince diputados votan a favor. El camino de la guerra civil había iniciado, el tema de la mujer no logró convencer a la oposición que votó en contra para quitarle el reconocimiento al presidente Picado que sí apoyaba la demanda. La guerra civil fue cruenta, y más cruenta la postguerra, la represión no tuvo limites contra los perdedores, ni contra las mujeres, Un dramático final a una larga lucha por los derechos políticos, de ser electas y poder elegir, uno de los últimos países de América Latina.

Lo paradójico, cruel e irónico, es que mientras los diputados de la constituyente votaban finalmente por los derechos políticos de las mujeres, muchas lideres de la izquierda sufrieron cárcel, expulsiones y pérdidas de trabajo; fueron mancilladas públicamente y expulsadas del país, y negado su regreso a morir en su patria a María Isabel Carvajal, Pilar Bolaños, Corina Rodríguez, María Alfaro, Stella Peralta, Emilia Prieto, Luisa González, Adela Ferreto, mujeres luchadoras por los derechos, desde otros espacios. Y Ángela Acuña Braun, la líder fundadora ejemplo de resistencias, perseverante, cuidadora de la memoria de las mujeres, se encontraba fuera del país. En la constituyente de 1949, tampoco tenían los mismos derechos ni los afrodescendientes del Caribe que no eran aceptados ciudadanos, ni los pobladores de los pueblos ancestrales. Faltaba muchos años para ser aceptados. Sistema democrático racista, discriminatorio y excluyente.

En 1937 escribió Emilia Prieto, “…la inconformidad y la protesta serán fecundadas en reivindicaciones. Y a quien más le corresponde en revelarse es a la mujer, víctima eterna de todos los sistemas opresivos, medievales y oscurantistas, para perpetuar los cuales y hacerlos peores, en esta babilonia confusión, solo podrán hacernos ver claro, nuestro sano sentido común y el alto anhelo de justicia y dignidad humana que ha de llevar consigo toda mujer consciente.”

A un siglo de la fundación de la primera organización feminista en Costa Rica, la lucha continúa. ¡¡¡¡¡Viva el Centenario de la Liga Feminista de Costa Rica!!!!!!!

 

Dra. Macarena Barahona Riera
Profesora Escuela de Estudios Generales, UCR

UCR, Voz experta: Una marcha histórica

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Por Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta

Invito a seguir trabajando por el desarrollo del país, como lo hemos hecho hace más de 80 años de vida institucional

Este 16 de agosto, miles de universitarios y universitarias hemos ejercido el derecho democrático a la legítima protesta para manifestarle al gobierno, de manera firme y respetuosa, que la Constitución Política se respeta. Por ello, debo iniciar este mensaje con un reconocimiento a las comunidades universitarias de las cinco universidades públicas, así como a otros sectores de la sociedad civil organizada y ciudadanía en general que nos apoyaron, por la respuesta masiva a la necesidad de defender la Constitución Política y la Educación Pública.

Sin embargo, creo que debemos analizar esta marcha histórica desde distintas perspectivas para valorarla en su justa dimensión.

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  1. La movilización social y el derecho democrático a la protesta

Una primera perspectiva tiene que ver con la importancia de la movilización social y el derecho a la protesta cívica. Teníamos varios años ya de no ver al movimiento estudiantil, a los sectores académico y administrativo y a otros sectores que nos apoyaron, marchar en tal cantidad y con el espíritu cívico que siempre nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia. Recuperamos así una de nuestras más importantes tradiciones: marchamos para defender el cumplimiento de la Constitución Política y de la Educación Pública en su integralidad.

  1. Defendemos de manera integral a la Educación Pública

Un segundo significado de la marcha tiene que ver con la defensa del sistema educativo público como un todo. Rechazamos de plano la tesis de la ministra de Educación que intentaba dividirnos y ponernos a competir por recursos financieros entre las distintas etapas. La ruta estratégica para un desarrollo con inclusión, innovación y sostenibilidad no pasa por el debilitamiento de la Educación, sino por la ruta contraria: aumentar el presupuesto orientándolo a la meta constitucional del 8% del PIB para el sistema educativo público, entendido ese ocho por ciento como un piso presupuestario y nunca como un techo. Los recursos para el logro de este mandato constitucional, no deberían implicar recortes al presupuesto público. Se requiere reducir la evasión y la elusión fiscal y también, regular el negocio de la deuda y lograr una reforma fiscal progresiva, que debe incluir el impuesto a la renta global.

Porque la política hacendaria de un país no debe reducirse meros objetivos financieros y contables, la salud fiscal de la economía nacional es importante, pero debe estar supeditada a políticas económicas que ayuden a mejorar la distribución del ingreso en términos progresivos, reducir la pobreza, una mejor educación y la empleabilidad de jóvenes y mujeres, así como el estímulo a la creación de pequeñas y medianas empresas, y eso no lo va a hacer el mercado por sí solo, necesitamos políticas públicas enfocadas en estos temas, una mejor distribución del ingreso genera mercados y economías más fuertes, porque la población tiene más capacidad de consumo.

  1. Estamos a favor de la transparencia y de la política con base factual

Un aspecto sumamente importante de nuestra movilización es que dejó en evidencia que las comunidades universitarias, tienen capacidad de buscar información y de discernimiento más allá de las campañas mediáticas orquestadas para desprestigiar a las universidades públicas. En particular, me refiero a la manipulación de información y uso de información falsa sobre la situación salarial y de las pensiones de hace varios años. Como hemos ido comunicando a la comunidad universitaria y nacional, las universidades públicas en general y las Universidad de Costa Rica en particular, hemos tomado una serie de medidas en los últimos cuatro años, que han modificado de forma significativa los componentes de nuestro régimen salarial que permitieron algunos salarios excesivamente altos. Con los cambios realizados, este tipo de salarios no serán posibles. Además, pronto estaremos impulsando una reforma que busca una mayor equidad y sostenibilidad financiera de la institución.

  1. Lo que esperamos de la etapa final de la negociación

Nos alegramos del resultado de nuestra movilización. Sin duda, eso hizo que el gobierno cambiara de posición y entendiera la justicia de nuestra argumentación. Pero la negociación no está concluida. Mañana miércoles 17 de agosto negociaremos la parte más importante para el cumplimiento de la Constitución Política tanto para la Educación Pública como para las universidades, que es el reconocimiento de la inflación. Esperamos que podamos llegar a un buen acuerdo. Por supuesto, el FEES nunca ha sido un cheque en blanco para las universidades públicas que, de hecho, tenemos óptimos niveles de transparencia en el sector público. Con el gobierno tenemos coincidencias importantes sobre esfuerzos extraordinarios que tenemos que hacer, sobre todo en la contribución de las universidades públicas a la reactivación económica con transformación productiva y a la atención urgente del rezago educativo, todo esto con particular énfasis en las regiones de fuera de la GAM.

Las universidades públicas no buscamos la confrontación ni la queremos. Buscamos llegar a un acuerdo que, en un marco de respeto a la Constitución Política, permita fortalecer la educación pública y, por tanto, beneficie a Costa Rica.

Les reitero mi reconocimiento y les invito a seguir trabajando por el desarrollo del país, como lo hemos hecho hace más de 80 años de vida institucional.

 

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica

UCR, Voz experta: La necesidad de un enfoque diferenciado para personas adultas mayores privadas de libertad

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

Posición de la Facultad de Derecho formará parte de la Opinión Consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Dra. Marcela Moreno Buján, docente e investigadora de la Facultad de Derecho

A raíz del seguimiento dado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril del 2002, desde el año 2011 se designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

En este día, se invita a los Estados Miembros, a las distintas organizaciones que conforman el sistema de protección de derechos humanos de la ONU, a otras de carácter internacional, regional y nacional, a las instituciones académicas y la sociedad civil a visibilizar la situación general y las realidades de vida que atraviesan las personas adultas mayores (PAM). Aunado a ello, es un momento en donde han de unirse todos los esfuerzos posibles para dar a conocer y llamar a la operacionalización de la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

En la situación pandémica actual resulta de vital importancia que la comunidad internacional, incluidas las instituciones académicas, prioricen sus actividades y recursos en aras de desarrollar iniciativas y proyectos que tengan como objetivo mitigar y erradicar los distintos obstáculos que impiden a las PAM el goce y disfrute pleno de sus derechos humanos, especialmente, el derecho a la salud.

Al respecto, António Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de la ONU, al presentar en el 2020 el Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad, ha señalado que “la pandemia del COVID-19 está causando temor y sufrimiento indescriptibles a las personas de edad en todo el mundo. La tasa de letalidad para las personas de edad es más alta en general y, para los mayores de 80 años, es cinco veces el promedio mundial. Más allá de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Es probable que tenga un efecto particularmente devastador para las personas de edad de los países en desarrollo”.

En este contexto, en agosto del 2020, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a la luz del numeral 73.3 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, invitó a presentar observaciones sobre la solicitud de Opinión Consultiva (OP) presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, donde se consultó de forma específica por las PAM privadas de libertad.

Las PAM privadas de libertad constituyen una población en condición de especial riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso y justiciabilidad de sus derechos humanos puesto que, en ellas confluyen, o mejor dicho, al mismo tiempo pertenecen a dos de las poblaciones que se reconocen como vulnerables respecto al acceso a la justicia (ser persona adulta mayor y privada de libertad), poblaciones consensuadas de esa forma en la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia del 4 al 6 de marzo del 2008, donde se han emitido y adoptado las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Las reglas referidas reconocen que, en el contexto judicial iberoamericano, existen obstáculos y desafíos para brindar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, encontrándose poblaciones específicas en las cuales concurren varias condiciones de vulnerabilidad o el especial agravamiento de una de ellas para ver satisfechos sus derechos humanos y necesidades básicas. En este sentido, la CIDH ha procedido a consultarle a la Corte IDH sobre si esas poblaciones en condición de especial riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso a la justicia, que se encuentran en situación de privación de libertad, ameritan el desarrollo e implementación de un enfoque diferenciado de derechos humanos.

Sobre el particular, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica se han realizado esfuerzos importantes por emitir un conjunto de observaciones que fueron presentadas de forma escrita y oral, mediante la participación en la audiencia pública convocada por la Corte IDH, celebrada el 21 de abril del 2021.

En el marco de las observaciones presentadas se hizo hincapié en la obligación que tienen los Estados que han ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores respecto a diseñar y desarrollar un enfoque diferenciado de derechos humanos sobre envejecimiento y vejez, donde también se contemplen aspectos que remiten a la condición de discriminación múltiple que sufren las personas en condición de vulnerabilidad, como lo sería para el caso concreto, ser una PAM privada de libertad.

Al respecto, en el informe presentado por parte de la Facultad de Derecho, se ha afirmado que para desarrollar un enfoque diferenciado de derechos humanos para las personas privadas de libertad en especial condición de riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso y justiciabilidad de sus derechos, ha de tomarse como acción prioritaria la operacionalización de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas también como Reglas de Tokio, en lo que obedece a la aplicación de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad en beneficio de las poblaciones objeto de análisis en el documento referido.

De forma coincidente, el Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad, divulgado por la ONU en 2020, indica que “el distanciamiento físico suele ser difícil en las cárceles y otros lugares de detención. Es posible que la atención sanitaria también sea limitada, lo que supone una amenaza para las personas de edad, dado que corren mayor riesgo de contraer la COVID-19. Deben explorarse opciones de puesta en libertad y alternativas a la detención a fin de mitigar esos riesgos, en particular para las personas con enfermedades preexistentes” (ONU, 2020, p. 9).

Una versión actualizada del informe presentada por la Facultad de Derecho se publicará en la obra colectiva y de acceso gratuito Comunidad académica y COVID 19. Volumen 1: Reflexiones sobre los quehaceres universitarios de la acción social, la investigación y la docencia en contextos de pandemia y pospandemia en Costa Rica y Brasil. Se espera que el libro esté disponible en su versión digital en la página web de la Facultad de Derecho para el mes de setiembre de este año.

 

Dra. Marcela Moreno Buján
Docente e investigadora de la Facultad de Derecho

No es la UCR la que está bajo ataque, es su posición crítica

Escrito el . Publicado en Derechos.

Carta abierta a las y los diputados de la República

Frente a los ataques de un medio de comunicación a la UCR. Mi compromiso con la reforma salarial.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

La Universidad de Costa Rica (UCR) y el sistema de educación superior pública han estado bajo ataque en los últimos meses por su posición crítica ante el proyecto de la Ley Marco de Empleo Público. Lo que está bajo ataque no es la UCR, sino la libertad que tiene para producir pensamiento crítico y diverso. Es decir, por ser una universidad en todas sus letras.

Se ha intentado posicionar como novedades, decisiones tomadas por administraciones universitarias en el pasado, son informaciones recicladas sobre las cuales la Universidad ya anunció cambios.

Lo que está detrás de esta línea editorial es sugerir que la Institución es incapaz de autorregularse y, de este modo, atacar el principio de autogobierno que está en la base de la misma Universidad para garantizar el pensamiento libre y crítico.

Esa libertad es la que ha amparado 80 años de servicio al país, de ser la institución con mayor credibilidad entre la población costarricense y de aportar en todas las ramas del conocimiento, la cultura, el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, de mejorar el bienestar de la población, en conjunto con el resto de la institucionalidad pública.

He recorrido nuestros campus dejando claro que la autonomía universitaria es una garantía de la ciudadanía para continuar formando a una población crítica y activa, para seguir aportando al desarrollo y para fortalecer la democracia. No es un privilegio del que gozamos las y los universitarios.

Hace más de un año manifestaba que, como universitarios, debíamos impulsar una reforma interna que atienda las demandas legítimas que la sociedad nos plantea en materia de regionalización, servicios estudiantiles, desigualdad salarial, investigación y acción social. Desde entonces, mi compromiso es en contra de la desigualdad salarial, es a favor de “desarrollar políticas de remuneración y procesos de contratación universitaria desde una perspectiva de equidad, calidad e inclusión, con miras a combatir la desigualdad salarial actual y la precariedad laboral”, según consta en nuestro programa de gobierno.

Puedo decir con toda seguridad que la comunidad universitaria comparte un sentir generalizado de que es necesaria una reforma al régimen salarial, sobre la base de salarios dignos, que premien el desempeño y que logren la sostenibilidad financiera institucional. En otras palabras: honrar al pueblo que nos financia.

Apenas a 77 días de iniciada nuestra gestión, hemos avanzado hacia la construcción de este nuevo modelo salarial, con una comisión técnica que tendrá cuatro meses para hacer un diagnóstico y elaborar propuestas para conseguir ese gran objetivo estratégico.

«Los rectores de las universidades públicas hemos conversado con diferentes actores políticos y sociales de la vida nacional con quienes hemos dialogado de forma respetuosa y transparente, salvo con el mandatario actual, Carlos Alvarado Quesada, quien no nos ha recibido».

Le pido a las y los diputados que juzguen a esta Administración universitaria por su pensamiento y sus acciones. Como Universidad, estamos asumiendo la responsabilidad de reorientar las decisiones de administraciones anteriores. ¡Cumpliremos con nuestra palabra!

Cuestionamos el Proyecto de Empleo Público por su debilitamiento a la división de poderes y al diseño institucional que ha contribuido al desarrollo nacional y nos han hecho un país distinto. Sabemos que esas críticas incomodan la ruta del Poder Ejecutivo y al poder mediático, pero la Universidad de Costa Rica nunca fue pensada para asumir una posición complaciente, ni con los gobernantes nacionales ni con administraciones anteriores. La crítica constructiva es nuestra naturaleza y fortaleza institucional.

Los rectores de las universidades públicas hemos conversado con diferentes actores políticos y sociales de la vida nacional con quienes hemos dialogado de forma respetuosa y transparente, salvo con el mandatario actual, Carlos Alvarado Quesada, quien no nos ha recibido.

Les pedimos a las y los señores diputados que sean visionarios, que su mirada trascienda esta visión cortoplacista y que protejan el legado constitucional que tanto se cuidó de los riesgos derivados de la concentración del poder presidencialista.

Tienen ustedes la palabra y el futuro.

Gustavo Gutiérrez Espeleta

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

 

Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica

Oficina de Divulgación e Información.