Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la UCR
Proveniente del inglés ageism, el concepto del edadismo fue acuñado en 1969 por el doctor Robert Butler, médico gerontólogo estadounidense y primer director del Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos.
La identificación de una palabra para el edadismo en todos los idiomas sería una manera de comenzar a generar conciencia y cambio en todos los países. Aunque el edadismo abarca cualquier estereotipo, prejuicio o discriminación que se base en la edad, hay otros términos que se han usado para hacer referencia a los estereotipos, los prejuicios o la discriminación por razones de edad.
De grata memoria, el doctor Butler visitó Costa Rica en una ocasión para pasar Navidad y Año Nuevo junto con su respetable familia. Tuve el privilegio de recibirlo y acompañarlo sin imaginar que la visita se convertiría en una de trabajo, dada la buena impresión que se llevó a raíz de los avances sociales y, particularmente, de la seguridad social que observó en nuestro país y que, según me repitió, no existían en Estados Unidos, su patria. Después de su visita, en cada congreso de Geriatría Internacional en que coincidíamos, expresaba los valores de la seguridad social en Costa Rica; es decir, se convirtió en un aliado nuestro.
La literatura trata el edadismo como concepto polifacético, que implica tres dimensiones: cognitiva (estereotipos), afectiva (prejuicio) y conductual (discriminación). La dimensión cognitiva engloba los estereotipos negativos sobre el envejecimiento.
Los estereotipos se activan cuando no se consideran las características específicas de los adultos mayores. Estos pueden generar etiquetas que llevan a separar a las personas en diferentes categorías y a activar creencias que desprecian a los sujetos y provocan consecuencias negativas en diferentes áreas de la vida.
En el contexto de los servicios de salud, se conocen los efectos de los estereotipos, prejuicios y discriminaciones que experimentan las personas mayores y restringen el acceso a la atención en salud, al diagnóstico y al tratamiento. Estos se asocian significativamente con peores condiciones de salud, disminución de la longevidad, baja en la calidad de vida y el bienestar, así como con malas relaciones sociales, enfermedades físicas, mentales y deterioro cognitivo.
Efectos del edadismo en la salud
El edadismo tiene una grave repercusión en todos los aspectos de la salud que la OMS define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.
Por consiguiente, el edadismo es un determinante social de la salud que, hasta ahora, se ha tenido poco en cuenta. Sus efectos en la salud son de un grado similar, si no superior, a los que tiene el racismo, una forma de prejuicio y discriminación cuyas consecuencias en la salud han sido ampliamente estudiadas.
El edadismo puede tener un impacto de gran alcance en la calidad de vida general de las personas mayores y puede afectar también aspectos específicos de su bienestar social. Por ejemplo, el edadismo puede conducir al aislamiento social y a la soledad y puede limitar la sexualidad de las personas mayores.También, puede asociarse a ellas un mayor temor a la delincuencia y a un aumento del riesgo de sufrir violencia o maltrato.
Las estrategias contra el edadismo incluyen intervenciones por medio de la educación para la salud, campañas de concientización, actualización del conocimiento científico y ampliación de los canales de comunicación entre personas mayores y profesionales de salud.
Con todas estas realidades que recoge el edadismo, se hace obligatorio hacer un esfuerzo en la formación de los jóvenes que estudian Medicina, para capacitarlos con conocimiento profundo en un tema de tanta relevancia.
En el caso de los estudiantes de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), se incluye en su formación el curso de Geriatría y Gerontología, que se imparte en el último año de la carrera, en el cual se les enfatiza la importancia de esta temática, que se ha ido convirtiendo en un flagelo. Se les inculcan el respeto y la consideración; los estudiantes hacen análisis con casos clínicos de la vida real y se profundiza en la realidad que pueden sufrir (o sufren) estos pacientes, así como en la importancia de usar apropiadamente todas las estrategias para evitar (y tratar) estas consecuencias tan negativas e inhumanas en los pacientes adultos mayores.
Además, la Facultad de Medicina de la UCR, desarrolla la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad, en la que se capacita a la sociedad sobre esta temática.
Fernando Morales Martínez Decano de la Facultad de Medicina de la UCR
Por: Dra María de los Ángeles Acuña León, especialista en historia
En la historia de Costa Rica se investiga y reconoce la diversidad cultural que ha sido y se sigue construyendo en el transcurso de los siglos pasados, pero también en los años recientes y presentes. En el centro de esta riqueza cultural se encuentra el mestizaje, ese proceso complejo y continuo que ha dado forma a la genética e identidad costarricense. Gracias al mestizaje se mezclaron los modos de vida, las creencias, las tradiciones, las costumbres, los genes de nuestros ancestros indígenas, de los africanos y de los españoles que llegaron a esta tierra. En este contexto y durante el período colonial surgieron en primer lugar los mulatos, los mestizos, los zambos, pero también sus descendientes producto de la mezcla de las mezclas. Legados que en la coexistencia diaria se fueron fusionando, transformando e instaurando continuidades a lo largo de la historia de nuestro país, en esa innegable honda y complicada relación entre mestizaje y diversidad cultural y su fundamental interconexión histórica y social.
El ecúmene ocupado por los españoles en la provincia de Costa Rica durante el período colonial corresponde al Valle Central y los valles de Esparza, Bagaces y Matina; fue en estos lugares donde los españoles se asentaron y formaron sus ciudades y poblados. La población indígena se ubicó en unos pocos pueblos ubicados en el Valle Central, sin embargo, un número importante permaneció en tierras de frontera: Talamanca y Guatuso.
Mientras que, durante el siglo XVII, se presentó un patrón de asentamiento disperso ya para el siglo XVIII se presentaron cambios importantes en la manera de establecer poblados, junto a las viejas ciudades españolas Cartago (1564), Esparza (1577) y los pueblos de indios (1575), surgieron pequeños centros de población, conocidos como villas nuevas, a saber Heredia (1734, Villa Vieja) San José (1737, Villa Nueva), Alajuela (1796, Villa Hermosa) Ujarrás (1700) y Escazú (1796). Estas se formaron por el aumento en la densidad de la población y fueron habitadas por los nuevos sectores que emergieron en la sociedad colonial: los hijos del mestizaje, una progenie consecuencia de la convivencia de diferentes pueblos y culturas.
De ahí que, en el caso costarricense el siglo XVIII se considera como el siglo de los mestizajes; sus protagonistas fueron hombres y mujeres que se relacionaron en los campos y en las ciudades, entre sí y con los otros grupos de la sociedad, vinculados por lazos de sangre, redes sociales y vínculos culturales. El mestizaje se constituyó en un rasgo característico no sólo de la sociedad colonial costarricense de ayer, sino también de la sociedad contemporánea de hoy, donde la diversidad cultural, el dialogo intercultural y la inclusión son fundamentales.
Por tanto, fue en el siglo XVIII cuando surgió una nueva dinámica, el proceso de mestizaje tuvo un impacto transcendental en la configuración de la sociedad costarricense del momento, la cual emergió con un carácter multiétnico y pluricultural. Se incrementó la población de orígenes mixtos, a través de los mecanismos primarios del mestizaje, la endogamia, la exogamia, la legitimidad y la ilegitimidad, lo que influyó en los patrones de poblamiento, de composición étnica, cultural y de sociabilidad. Pero también significó la fusión de prácticas, de lenguajes, de costumbres, de creencias, siendo también ese mestizaje producto y productor de la diversidad cultural.
La población de Costa Rica durante el período colonial se mantuvo en ascenso, los españoles siempre en incremento y los indígenas bastante reducidos presentaron fluctuaciones en el desarrollo de los siglos coloniales. Los grupos de mezclados experimentaron un crecimiento continuo, entre los individuos producto del mestizaje inicial, son los mulatos los que presentan mayor presencia en los siglos XVI y XVII lo que les permitirá, constituirse en la base de los individuos clasificados como mezclados, ya sean clasificados indistintamente como mestizos o mulatos en el siglo XVIII.
En Costa Rica colonial las ciudades, las villasnuevas y otros pueblos, fueron los centros del crecimiento y fortalecimiento de las poblaciones de sangre mezclada y el escenario para el surgimiento de la diversidad cultural. Allí los diferentes grupos étnicos se interrelacionaron día a día y fueron construyendo una nueva situación, una sociedad multiétnica y una identidad cultural heterogénea que amplio y dio continuidad a la diversidad en ese contexto y período histórico.
En las viejas ciudades españolas, el mestizaje transformó el perfil y número de sus habitantes, las otras ciudades españolas de Cartago y Esparza, se vieron convertidas la primera en una ciudad de mayoría mezclada, imperando los mezclados, la segunda en una población mayoritariamente mulata.
Cartago, por su carácter de capital y núcleo urbano más importante de la Costa Rica colonial registro el mayor número de pobladores, albergó por tanto a toda la gama de individuos de diversos orígenes, etnias y culturas, ya para el siglo XVIII, los mestizos fueron los habitantes más numerosos en la ciudad de Cartago, seguidos por los mulatos libres, los españoles, luego los afrodescendientes en condición esclava, los indígenas en sus calidades de tributarios y naborías, los negros libres y los zambos. Por tanto, la ciudad-capital en el proceso de construcción de los mestizajes y recomposición de la sociedad colonial emergió, en el período colonial, como una población de orígenes mixtos, tanto biológica como culturalmente. Hoy en día reconocida como la cuna de la historia, la genealogía, la identidad y la diversidad cultural de los costarricenses.
Esparza, ciudad colonial que surgió del traslado de la predecesora ciudad de Aranjuez y en función del puerto de la Caldera, se mantuvo como sede administrativa de la zona comprendida entre los Ríos Tárcoles y Tempisque. En la zona adyacente a la ciudad hacia 1715 se construyeron dos ermitas, una dedicada a San José y la otra a Nuestra Señora de la Concepción, fueron origen de los asentamientos de Bagaces y Cañas, aquí surgió la hacienda ganadera como la unidad económica que dinamizó la región, donde vivieron algunos españoles, pocos indígenas, una mayoría de mulatos y otros afrodescendientes, dándole una especificidad étnica, cultural y de paisaje que aún perdura.
Pero las villasnuevas, Heredia, San José, Alajuela, Ujarrás y Escazú sin excepción, fueron por excelencia el universo de los mezclados. Presentaron sus variaciones, pero en su mayoría sus poblaciones fueron mestizas, con números importantes de españoles y una cantidad considerable de mulatos que engrosaron las filas de los mezclados. Estas villas fueron producto del proceso de migración de la población mixta artesana-campesina hacia la sección occidental del Valle Central o del repoblamiento ante el descenso de la población indígena. Además, fueron el escenario donde las distintas etnias, las variadas raíces culturales, las formas de vida convivieron y se reinterpretaron constantemente.
Pero también fueron reflejo de la relación entre el mestizaje y la diversidad cultural, en el fortalecimiento de una pluralidad cultural muy definida que se percibe y vive en especificidades, como la música, la gastronomía, el arte, los léxicos, las tradiciones, las festividades de las diferentes regiones que componen a la Costa Rica actual.
En Costa Rica el mundo colonial se materializó pleno de contrastes y distinciones entre los diversos individuos y grupos que lo constituyeron, un mestizaje y una diversidad cultural que con el paso de los siglos se amplió y fortaleció con la posterior llegada de inmigrantes de diversas partes del mundo como China, Italia, Alemania, Jamaica y otras islas del Caribe, Panamá, India, Líbano, Chile, Perú, Argentina, Brasil entre muchos otros.
Podemos concluir que ese mestizaje de los siglos coloniales y siguientes ha sido la base de la diversidad étnica y cultural costarricense. Donde el reconocimiento de esa herencia multi y pluri es clave para entender y mantener una sociedad más inclusiva donde se respete y reconozca esa amalgama de fusiones biológicas, sociales y culturales que nos constituyen y representan.
María de los Ángeles Acuña León Experta en historia e investigadora jubilada del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA)
Por: M.Sc. Jhon Fonseca, experto en política comercial y economía internacional
Este mes, Estados Unidos activó una nueva política comercial que podría marcar un antes y un después en las relaciones económicas globales: el esquema de tarifas recíprocas, que entra en ejecución entre el 5 y el 9 de abril. La medida establece aranceles para aquellos países que, desde la perspectiva estadounidense, imponen condiciones de acceso a mercados desiguales o restrictivas a productos y servicios originarios de EE.UU. Costa Rica figura oficialmente en la lista con una tarifa del 10 %, lo que ha encendido alertas entre sectores exportadores, zonas francas y autoridades de comercio exterior.
Un giro en la estrategia comercial de EE.UU.
Este nuevo enfoque comercial rompe con la lógica del sistema multilateral de comercio basado en la no discriminación. Bajo el principio de “reciprocidad justa”, EE.UU. impone tarifas equivalentes a las que enfrenta en terceros mercados, incluyendo consideraciones de medidas no arancelarias como certificaciones, trámites y requisitos regulatorios que desde su perspectiva son injustificados. El riesgo es claro: una espiral de retaliaciones comerciales y una mayor fragmentación del comercio global.
Costa Rica: advertencia estratégica o amenaza estructural
En principio en las negociaciones de tratados de libre comercio (TLC), el balance para las partes se logra mediante un complejo proceso de reciprocidad negociada, en el que cada país busca maximizar sus beneficios sin comprometer sectores estratégicos. Este equilibrio no se define únicamente en términos arancelarios, sino también mediante la inclusión de disciplinas como acceso a servicios, compras públicas, propiedad intelectual, inversión y cooperación técnica. Así, un país puede conceder mayor acceso a su mercado en bienes, pero obtener a cambio reglas más favorables para sus exportadores de servicios o mejores condiciones para la inversión extranjera. El resultado es un paquete integral en el que las concesiones y los beneficios están cuidadosamente calibrados, tomando en cuenta asimetrías de desarrollo, sensibilidades productivas y objetivos estratégicos de largo plazo.
La inclusión de Costa Rica con una tarifa recíproca del 10 % envía un mensaje potente: ni siquiera los socios con tratados de libre comercio están exentos de ser evaluados bajo esta nueva lógica de poder comercial. En esta nueva realidad, aunque el DR-CAFTA sigue vigente, el anuncio implica una reinterpretación unilateral del equilibrio alcanzado en esa negociación. Nuestro país se enfrenta ahora a una amenaza real de erosión de su acceso preferencial, que ha sido clave para atraer inversión extranjera, generar empleo y posicionarse como hub regional.
Este contexto presenta una disyuntiva estratégica: o se interpreta la medida como una coyuntura transitoria, o se reconoce que Costa Rica debe replantearse su posicionamiento estructural dentro del nuevo orden comercial emergente.
Reconfiguración profunda de cadenas, flujos y rutas globales
Las nuevas tarifas no sólo impactan en el corto plazo. Están generando una reconfiguración en cuatro dimensiones clave de la economía internacional a partir de los impactos en la competitividad relativa de los países:
Cadenas globales de valor (GVC): Empresas multinacionales podrían reconsiderar la ubicación de centros de producción, ensamblaje o servicios, optando por países con menor exposición al riesgo político-comercial. Si Costa Rica no logra reducir su vulnerabilidad percibida, podría quedar fuera de futuras expansiones o relocalizaciones estratégicas.
Flujos de comercio: La tarifa del 10 % afecta directamente la competitividad de productos costarricenses frente a pares regionales. En sectores donde el margen de ganancia es bajo, este arancel puede ser decisivo para la permanencia o salida de un mercado.
«Si el país logra movilizar sus fortalezas, anticipar cambios estructurales y construir una narrativa internacional potente, podrá no solo mitigar el impacto inmediato, sino también reposicionarse estratégicamente en un mundo donde la resiliencia, la transparencia y la agilidad serán las nuevas monedas de cambio.»
Inversión extranjera directa (IED): El atractivo de Costa Rica como destino para inversiones orientadas a exportación depende de la estabilidad y previsibilidad del acceso a EE.UU. Esta medida introduce incertidumbre, lo cual puede retrasar decisiones de inversión o redirigirlas hacia otros países con condiciones más “estables”.
Redes logísticas y rutas comerciales: La configuración de rutas logísticas puede alterarse para evitar países afectados por tarifas. Esto pone en riesgo la posición de Costa Rica como plataforma exportadora eficiente y conectada, especialmente si puertos, aeropuertos o zonas francas pierden relevancia dentro de las rutas comerciales principales.
Un elemento adicional que merece atención es el impacto interno de estas tarifas en el caso de Estados Unidos. Si bien hay un efecto inflacionario inmediato derivado del aumento en los aranceles, este podría verse parcialmente compensado por las propuestas de reducción de impuestos internos impulsadas por el presidente Trump. La carga fiscal total para el consumidor estadounidense resulta de la suma entre los impuestos a la importación y los tributos internos. De modo que un aumento en los primeros, acompañado de una reducción en los segundos, puede mitigar el deterioro del poder adquisitivo. Esto genera una especie de equilibrio fiscal interno que, si bien no elimina por completo el impacto inflacionario, evita que se traduzca en una caída abrupta del consumo.
Costa Rica, en cambio, enfrenta una situación profundamente distinta. Dado que los impuestos a las importaciones desde Estados Unidos son prácticamente cero bajo el DR-CAFTA, y que el margen para reducir impuestos internos es limitado, el país carece de herramientas para una compensación recíproca similar. Aún más, cualquier intento de elevar tarifas sería respondido con una duplicación de aranceles por parte de EE.UU., agravando la situación. En este escenario, el efecto inflacionario se traslada directamente a la población y a la estructura productiva, generando un impacto que afecta la competitividad de las exportaciones costarricenses.
Amenazas concretas y oportunidades latentes para Costa Rica
La imposición de tarifas recíprocas a Costa Rica no solo representa un desafío inmediato, sino que plantea amenazas profundas a mediano y largo plazo. Una de las más apremiantes es la posible pérdida de participación de mercado frente a competidores con estructuras fiscales o comerciales más flexibles. La competitividad relativa del país podría deteriorarse especialmente en sectores clave como la agricultura, los dispositivos médicos, la electrónica, la agroindustria especializada y la manufactura avanzada, todos pilares fundamentales del modelo exportador costarricense. Además, existe el riesgo de que esta medida sea el preludio de una revisión más amplia del régimen de zonas francas por parte de socios comerciales estratégicos, lo que podría comprometer aún más nuestra posición en las cadenas globales de valor.
Sin embargo, en medio de esta coyuntura compleja también emergen oportunidades que el país no puede darse el lujo de desaprovechar. Es momento de reforzar la narrativa de Costa Rica como un socio confiable, ambientalmente responsable, trazable y alineado con valores democráticos, atributos cada vez más valorados en el comercio global. Asimismo, acelerar la integración de servicios digitales y conocimiento intensivo en la oferta exportadora permitiría al país subir en la escalera del valor agregado. Si se mueve con inteligencia estratégica, Costa Rica podría incluso convertirse en un nodo clave para las cadenas de suministro regionales, posicionándose como un puente confiable entre Estados Unidos y América Latina.
Para lograrlo, el país requiere una estrategia de respuesta integral que combine acciones inmediatas con visión de largo plazo. Desde el gobierno, es urgente activar los mecanismos institucionales del DR-CAFTA, reforzar la diplomacia comercial con Washington y liderar un frente común regional que procure un marco más equitativo de reciprocidad. El sector privado, por su parte, debe identificar los productos más sensibles, fortalecer los atributos diferenciadores de la oferta nacional —como la sostenibilidad y la innovación—, y diversificar proactivamente los destinos de exportación. Finalmente, la academia y los centros de pensamiento deben jugar un rol clave generando evidencia sobre el impacto de las nuevas tarifas, elaborando escenarios prospectivos, y formando talento humano con capacidades para navegar en este nuevo orden comercial en construcción.
Conclusión
La tarifa del 10 % impuesta a Costa Rica no es sólo una cifra: es un llamado a la acción. Representa un síntoma de un nuevo orden comercial en construcción, donde las reglas tradicionales están siendo desafiadas y el poder de negociación se redefine. Costa Rica, como economía abierta e integrada, no puede permitirse el lujo de reaccionar tarde.
Si el país logra movilizar sus fortalezas, anticipar cambios estructurales y construir una narrativa internacional potente, podrá no solo mitigar el impacto inmediato, sino también reposicionarse estratégicamente en un mundo donde la resiliencia, la transparencia y la agilidad serán las nuevas monedas de cambio.
Jhon Fonseca Ordóñez Docente en política comercial y economía internacional, UCR
M.Sc. Javier Madrigal Córdoba Coordinador de Acción Social Sede Regional del Pacífico
Por: M.Sc. Javier Madrigal Córdoba Coordinador de Acción Social Sede Regional del Pacífico
La Universidad de Costa Rica (UCR), mediante su Sede Regional del Pacífico, desarrolla diversos proyectos de Acción Social en la Región Pacífico Central con la finalidad de fortalecer la participación comunitaria y junto a diversos sectores de la sociedad mejorar la calidad de vida de las personas.
También, con estos proyectos buscamos fortalecer procesos de gestión local en diferentes comunidades, acompañando a grupos organizados, a otros actores sociales como instituciones públicas, sector privado y organizaciones no gubernamentales. A la fecha, la UCR tiene en ejecución más de 100 proyectos de Acción Social que trabajan directamente en esta región, de los cuales 22 se coordinan desde nuestra sede universitaria. Nuestra meta es aportar a esas capacidades locales, al emprendimiento y mejorar el acceso a derechos básicos como la educación. Muchos de estos han logrado alianzas, las cuales son imprescindibles ante las condiciones de vulnerabilidad que actualmente viven los pobladores de esta región. Este abordaje interinstitucional tiene el claro objetivo de impulsar el desarrollo cultural, social y económico.
En la actualidad, la Región Pacífico Central presenta una serie de retos vinculados a la desigualdad y exclusión social. Solo para mencionar unos datos atinentes, según el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal del 2024, los cantones costeros presentan un IDH por debajo del promedio nacional. Por otro lado, la región muestra un incremento de la informalidad laboral y una disminución significativa en la participación de jóvenes entre 15 y 24 años en la fuerza laboral, lo que se vincula a la falta de oportunidades y la migración hacia otros territorios del país. Ante estos desafíos, nuestros proyectos de Acción social se orientan hacia el mejoramiento educativo, el desarrollo sostenible, la participación comunitaria y el acompañamiento, capacitación y asesoría para las mejoras de las condiciones socioambientales.
Limitación de recursos
Como universidad pública, los proyectos Acción Social de la UCR en la región Pacífico Central enfrentan variedad de retos estructurales y operativos, derivados de las condiciones socioeconómicas y territoriales. Sin duda, en las Sedes Regionales se reflejan situaciones de la realidad nacional que se viven en otras instituciones, organizaciones sociales y comunidades, una de ellas es que carecemos de un financiamiento estable que asegure la continuidad y el impacto en las comunidades vulnerabilizadas, ya que algunas iniciativas dependen de presupuestos limitados o fondos temporales lo que dificulta su permanencia a largo plazo.
El acceso de las personas de comunidades alejadas a una infraestructura vial o tecnología adecuada es otro factor que limita la participación dentro de programas educativos, artísticos o de capacitación laboral. La misma movilidad entre barrios no es la adecuada o en muchas ocasiones no se tienen las capacidades económicas para el traslado de un lugar a otro. Es imprescindible la articulación con actores locales, comunitarios, privados e institucionales, ya que la falta de coordinación puede generar duplicidad y aislamiento de distintos esfuerzos y recursos. Ejemplo de esto es la estrategia Tejiendo Redes, iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social que ha venido enfocada en la articulación de diversos proyectos para generar acciones conjuntas a partir del diálogo con distintos actores.
Un patrimonio diverso
La Región Pacífico Central es un territorio diverso, desde las comunidades rurales, las islas y localidades costeras tiene a su haber una acervo lleno de historia y cultura viva, paisajes naturales y una intensa actividad socioproductiva.
En la búsqueda de un desarrollo social sostenible es fundamental promover el diálogo y adaptar las estrategias a las particularidades de cada comunidad. Aunque los desafíos son numerosos, la esperanza se mantiene viva en cientos de proyectos e iniciativas locales que requieren el acompañamiento de la Universidad.
En ese sentido, desde la Sede Regional del Pacífico estamos comprometidos en la promoción de espacios culturales que contribuyan a la transformación de la vida en comunidad. Desde el baile, el teatro, la música, el disfrute del cine y la creación literaria se logra fomentar el sentido de comunidad y apropiación de los espacios públicos, lo que ha demostrado de múltiples formas ser un agente para la transformación social de las comunidades.
Esta revitalización que se logra mediante las actividades lúdicas y artísticas que transforman los espacios urbanos deteriorados en sitios que atraen de nuevo a sus pobladores, no solo se trata de que se tornen más seguros, sino que permita a la población en general del disfrute de sus derechos culturales.
Además, los proyectos de Acción Social vinculados a la creación artística promueven la memoria histórica, el desarrollo humano sostenible, la interacción entre vecinos y personas de diferentes edades. En suma, desde esta sede universitaria continuaremos apostando por las comunidades y sus pobladores como un recurso ante las apremiantes necesidades de la región Pacífico Central costarricense.
Javier Madrigal Córdoba Coordinador de Acción Social Sede Regional del Pacífico, UCR
Los beneficios de los Planes Reguladores para el desarrollo rural son conocidos en muchas naciones, ya que parte de la Política Pública de diferentes países. Un rasgo crítico del ordenamiento territorial es su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los territorios.
En las zonas rurales, la mejora en la calidad de vida se logra por medio de la preservación de los suelos de altas fertilidades, el fortalecimiento del sector agropecuario como fuente de empleo, así como la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos que proveen las zonas rurales a la sociedad.
Dentro de estos servicios ecosistémicos de las zonas rurales están: la generación de agua potable, la moderación de eventos extremos, el resguardo de biodiversidad, el freno a la perdida de seguridad alimentaria, la regulación de la erosión, los recursos para el desarrollo de ecoturismo-turismo rural- turismo de aventura, entre muchos otros.
Sin la protección que se desarrolla por medio del ordenamiento territorial, el sector agropecuario corre el riesgo de una progresiva degradación y las comunidades rurales pueden ser desplazadas por las dinámicas especulativas de los mercados inmobiliarios urbanos. En Costa Rica, los Planes Reguladores son la herramienta principal con la que cuentan los municipios para gestionar sus territorios.
Los Planes Reguladores no son una herramienta nueva, siendo que se incorporan en la regulación costarricense desde el año 1968, en la Ley de Planificación urbana. Esto es un antecedente importante de la institucionalidad y práctica del desarrollo urbano que enmarcan los Planes Reguladores y en sí del ordenamiento territorial en Costa Rica.
Nunca ha sido verdad que el uso de la propiedad haya sido ilimitado en Costa Rica. Algunos ejemplos de las restricciones históricas reflejan importantes valores costarricenses sobre el uso y disfrute de la naturaleza, como el artículo 33 de la Ley Forestal que establece retiros de nacientes permanentes, de las riberas de los ríos y lagos o embalses naturales. Otro ejemplo se tiene desde el año 1982, cuando se estableció un anillo de contención para el crecimiento de la Gran Área Metropolitana, buscando preservar en ese entonces los suelos de alta fertilidad y las zonas de gran valor ambiental, para proteger la recarga de los acuíferos que suministran el agua de gran parte de la región.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Ambiente del año 1995 establece en su artículo Políticas de Ordenamiento Territorial, que es “función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente».
Algunos beneficios de los Planes Reguladores para el desarrollo rural incluyen:
Aumenta la competitividad de los territorios. Los cantones con Planes Reguladores presentan las reglas claras sobre dónde pueden llevarse a cabo cuáles actividades productivas, con el fin de evitar conflictos entre los actores urbanos. Esto reduce el riesgo para el capital que se invertirá por parte del sector privado, por lo que existe una mayor oportunidad de atracción de inversión.
Se evitan los conflictos entre las actividades agropecuarias y el sector urbano, por ejemplo, por temas de generación de ruido, tránsito de vehículos pesados, generación de olores, conflictos por fumigaciones de plantaciones, entre otros. Los problemas de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, por ejemplo, pueden ser sustancialmente mitigados.
Se elimina la incertidumbre de no conocer qué sucederá con el territorio y sus inversiones, por ejemplo, sin Plan Regulador suelen presentarse conflictos al ubicarse usos no compatibles cerca de lecherías, plantas empacadoras, mataderos. Un ejemplo es la ubicación de caseríos en zonas cercanas a los usos mencionados.
Se logran preservar los servicios ecosistémicos necesarios para el funcionamiento del sector rural, por ejemplo, la protección de las zonas de recarga acuífera o la polinización en cultivos.
Se mejora la calidad de vida de toda la población, al evitar conflictos relacionados con tránsito de camiones pesados cerca de zonas urbanas o relacionados con la disponibilidad y calidad del agua.
Se promueve el desarrollo de actividades como el ecoturismo o agroturismo, fomentando las microempresas y la generación de empleo rural.
Se protege la vida de las personas al incorporar la gestión de riesgo ante amenazas naturales.
Permite a las personas pobladoras, representantes de instituciones públicas y a las autoridades municipales la planificación estratégica, promoviendo la toma de decisiones basados en esa visión del cantón generada conjuntamente.
Se protege la conectividad ecológica e integridad de los Corredores Biológicos establecidos por ley en Costa Rica.
Se logran incorporar las Áreas Silvestres Protegidas y sus zonas de amortiguamiento en la dinámica territorial y toma de decisiones con visión estratégica, asegurando su gestión sostenible que garantiza que Costa Rica siga siendo líder en temas de Ecoturismo a nivel mundial.
Se protegen los asentamientos humanos ubicados en las cuencas bajas de las amenazas naturales que podrían ser ocasionadas por la apertura de caminos, fraccionamiento e impermeabilización de zonas de alto valor ambiental, ubicadas en sectores de alta pendiente.
Es necesario mencionar que desde la Constitución Política se asegura el resguardo de la calidad de vida de las personas y la gestión sostenible de los territorios, aspecto que requiere la planificación territorial para alcanzarse. El artículo 50 de la constitución establece “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”, mientras que el artículo 89 dispone que “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”.
¿Será posible que el estado y los municipios aseguren proteger las bellezas naturales de Costa Rica, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica sin desarrollar Planes Reguladores? Resulta muy difícil. Por esto es por lo que es muy importante que el sector estatal, municipal y académico, contribuyan con campañas de información en el tema de Planes Reguladores.
La carencia de información actualizada y pronta puede generar en la población la oposición a los procesos de ordenamiento territorial, obstaculizando que las personas se puedan enterar de los beneficios que conlleva la planificación de los territorios. Peor aún, es crucial en cualquier proceso de diseño de ordenamiento territorial contar con participación informada de las comunidades. Esta es imposible en un estado de confusión causado por maliciosa desinformación y malentendidos que solo benefician a especuladores o grupos con agendas ocultas y que traen graves consecuencias negativas a largo plazo para la competitividad de los territorios.
Recordemos que los objetivos centrales que se buscan desde la elaboración de planes reguladores son promover el bienestar y mejora en la calidad de vida de todas las personas quienes habiten un territorio.
Es fundamental continuar con la elaboración y aprobación de Planes Reguladores, sin permitir que la desinformación en el tema impida que las personas puedan trabajar conjuntamente para fortalecer herramientas legales que ayuden a mejorar su calidad de vida en el cantón.
Félix Zumbado Morales Investigador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible ProDUS
Esteban Monge Flores, docente del Posgrado en Artes.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Tenía en pausa el cierre de este artículo, en espera de que se aclararan los nublados del día en relación con la tramitación, del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Modernización del Ministerio de Cultura y Juventud, No. 24. 144, el cual ha sido dictaminado negativamente en Comisión y, por ende, archivado.
Han sido semanas -sino meses. en las que diversas voces del sector se han manifestado en contra de la propuesta sin que se haya generado un debate con quienes, desde el Poder Ejecutivo, la presentaron para conocimiento de Asamblea Legislativa. Eso, a mi parecer, era un mal signo y, de alguna forma, una de las razones por las que la iniciativa, aun pudiendo tener algunas virtudes, perdió viabilidad política.
Con este proyecto se pretendía reformar la Ley No. 4.788, con la cual se creó dicho ministerio, en 1971. El objetivo, según se indica en la exposición de motivos, era modernizarlo y fortalecer la jerarquía de la persona ministra, para que pueda liderar al sector cultura, lo cual “facilitaría la gestión administrativa y sustantiva de la institución”, clarificando las competencias de la persona jerarca y de quienes dirijan los órganos desconcentrados.
En cuanto a la idea modernización contenida en el proyecto, la misma se vincula con “una mayor capacidad de acción y decisión buscando orientar la gestión institucional hacia la calidad de los servicios, los resultados para el desarrollo y el valor público”, así como con dotar al Ministerio (en adelante, MCJ) “de un fin público claro y acorde con los tiempos que corren, definiendo sus funciones para diseñar, dictar y ejecutar las políticas públicas (…) bajo un enfoque de derechos humanos que garantice el acceso inclusivo a los bienes, servicios y actividades culturales, así como su implementación, seguimiento y evaluación”
Para lograr esa modernización, el proyecto planteaba, básicamente:
La definición de las funciones del MCJ, así como de su estructura organizacional
La habilitación para que el MCJ y sus órganos desconcentrados puedan tomar ciertas decisiones y realizar ciertas acciones para cumplir con sus fines
La ampliación de fuentes de financiamiento
La eliminación de las juntas directivas/órganos colegiados de varios órganos desconcentrados, para que la jerarquía recaiga en la figura de la dirección general con el apoyo de equipos técnicos especializados.
La reducción al grado mínimo de desconcentración de los órganos del MCJ.
La eliminación de la desconcentración administrativa y de la personería jurídica instrumental de las instituciones museísticas para que pasen a ser programas.
La reforma a leyes de varias instituciones para ajustarlas a los puntos anteriores, incluyendo el Centro Nacional de la Música, el Museo Nacional, el Sistema Nacional de Educación Musical, el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Sistema Nacional de Archivos
Sobre cada uno de estos puntos, se podría hacer un extenso análisis; sin embargo, quisiera centrarme su relación con la gobernanza del sector cultura.
Si bien el aparato institucional del Estado no es el único que diseña e implementa políticas culturales, su rol es clave para garantizar -o impedir- el efectivo reconocimiento del “derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes (…)” establecido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aspiración que, en los tiempos que corren, no está de más reivindicar. Este derecho se vincula, por un lado, con el principio de democracia cultural y, por otro, con el de democratización de la cultura, los cuales, sin participación ciudadana, no se concretan.
Decía que, no sólo desde el aparato institucional del Estado se diseñan e implementan políticas dirigidas a garantizar o a dificultar el goce de este derecho. Desde la sociedad civil, también, se ejecutan acciones, con mayor o menor grado de articulación y de planificación, que pueden coadyuvar en ese sentido. Pienso en el sector privado, conformado por empresas que invierten en proyectos y actividades culturales, con o sin fines de lucro, en virtud de políticas de responsabilidad social, así como por organizaciones de base, relacionadas con territorios como con comunidades de sentido.
Ahora, si nos enfocamos en el aparato institucional del Estado costarricense, es casi seguro que estaremos de acuerdo con que el epicentro del accionar público en materia de cultura, en nuestro país, se encuentra en el Ministerio de Cultura y Juventud y no en otras instituciones. Sería conveniente que el tejido institucional cultural tuviese en las municipalidades a otro actor robusto en cuanto a capacidad de gestión y recursos destinados a cultura. Esa es tarea pendiente.
Es importante indicar que, en el año 2003, el artículo 9 de nuestra Constitución Política fue reformado. Al mismo se le agregaron las palabras “popular”, “participativo” y “el pueblo”, para pasar a tener la siguiente redacción:
“Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.” (la negrita no es del original).
Este cambio constituyó un paso importante hacia un modelo de democracia (más participativa), en lugar del de democracia representativa. Producto de esta reforma, se introdujeron en el ordenamiento jurídico figura como la de Iniciativa Popular, el Referéndum y el Gobierno Abierto.
Es importante señalar que la participación ciudadana, que es a la que se aspira en un modelo de democracia participativa, implica diferentes momentos o niveles, siendo el primero el de acceso a la información; el segundo, el de consulta; y, el tercero, el de toma de decisiones.
El Proyecto de Ley no establece un modelo de gobernanza con mecanismos de participación ciudadana efectiva. Se habla de modernización, pero el texto no se ajusta a lo establecido en el artículo 9 de la Constitución. Al centrarse en el fortalecimiento de la rectoría en manos de la persona ministra, sin plantear espacios y mecanismos de participación del sector en los procesos de gestión de la institucionalidad cultural refuerza la idea de un estilo de mando vertical y autoritario.
Por ejemplo, el artículo 4 del Proyecto de Ley establece la estructura organizacional del Ministerio. ¿Por qué no incluir en este la creación de un consejo nacional de cultura y de consejos regionales de cultura como instancias consultivas, con participación de representantes del sector, como parte del modelo de gobernanza?
Soy partidario de la idea de que el Ministerio de Cultura y Juventud requiere de una transformación. La institucionalidad cultural del país es dispersa y compleja. El marco normativo que la crea y la regula, también. Sin embargo, el proceso que genere esa transformación no puede hacerse sin involucrar al sector. Al menos, en este caso, este involucramiento no se dio. La presentación del proyecto de ley tomó por sorpresa al sector. En un escenario así, por más buenas intenciones detrás de la iniciativa y por más justificación técnica, la viabilidad política se iba a ver mermada.
Si se presentara una nueva iniciativa de este tipo, atendiendo, incluso, criterios de la Procuraduría General de la República en relación con temas que tienen una dimensión técnica (pero que también tienen una dimensión política) como el de la desconcentración máxima de algunos órganos del ministerio o el de los órganos colegiados, sería importante informar con claridad al sector sobre las motivaciones y los impactos positivos y negativos que estos cambios podrían tener y hacerlo partícipe en el proceso de diseño del texto base. La pregunta es si, actualmente, hay ambiente para generar un proceso de este tipo.
Esteban Monge Flores Docente del Posgrado en Artes, Máster en Gestión Cultural y Licenciado en Derecho, UCR
M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo, Socióloga, investigadora en el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.
Por la M. Sc. Wendy Jiménez Asenjo
«La visión casuística apunta a favorecer acciones dirigidas al castigo, eximiendo de responsabilidad al contexto excluyente que las desencadenó, lo que fácilmente nos lleva a ‘bukelizar’ la dignidad humana y a desconocer por completo las condiciones estructurales que acompañan la desigualdad social».
Tiroteos, pandillas, venta de drogas al menudeo, violencia escolar e intrafamiliar, feminicidios, crímenes de odio, genocidios, ecocidios; todo parece un recuento de daños interminable, un listado que de tanto ser nombrado adquiere vida propia, se naturaliza y es parte del paisaje cotidiano, desdibujando los hilos que lamentablemente los entrelazan y, tal vez lo más grave, nos anestesian ante el dolor de lo humano, de lo vivo, de lo injusto.
Esto provoca una reflexión con características energúmenas, sin ningún cariz de lecturas complacientes, pues urge llamar a lo humano que todavía habita en nosotros y que solo podrá salir con un grito de rabia por las guerras geoestratégicas donde las nudas vidas que mencionaba Agamben (2005) son solo parte de un gran juego de ajedrez, dejando a su paso grandes silencios y vacíos en aquello que un día llamamos conciencia social y lucha política. Cómo hacer esa reminiscencia de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser si no despertamos pronto de esta inermidad.
En días recientes un grupo de madres, abuelas y maestras de la escuela del Cairo de Siquirres protegieron contra las balas al estudiantado, dejando al descubierto un país teñido de grandes desigualdades que hacen de los barrios lugares despojados de humanidad, de vidas no lloradas, donde las balas son sonidos de ambiente que vuelan entre la desolación de un Estado social al que estamos dejando desprovisto de propósito, casi sin rostro.
La acción valiente de esas mujeres recuerda la frase de Rosa Luxemburgo: “No debemos olvidar, empero, que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles” (De Pablo, 2019, p. 87).
Oportunidades educativas: el debate urgente sobre la exclusión
La exclusión escolar es un riesgo que implica dejar a las generaciones jóvenes fuera de las aulas, sin la posibilidad de desarrollar las competencias y habilidades para su futura inserción en las esferas productivas por lo que engrosarán en el corto y mediano plazo los datos de desempleo, pobreza extrema y marginación, lo que traerá consigo la consecuente pauperización de sus condiciones de vida, lo que dibuja un escenario poco alentador para el desarrollo democrático y equitativo del país al ensanchar la brecha social (Jiménez Asenjo y Chavarría Arias, 2022, CONARE y PEN, 2023).
La situación es tan urgente de atender que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que en Costa Rica: “Al finalizar la educación básica, los estudiantes de familias pobres se desempeñan dos años por debajo de sus pares de hogares más ricos y pocos harán la transición a la educación universitaria o a un buen trabajo” (OCDE, 2017, p. 10).
Esta relación entre pobreza y bajo nivel educativo se evidencia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023) al señalar que el 71,1 % (151.000) de los hogares pobres tiene un bajo desarrollo del capital humano, el 22,1% no ha obtenido el bachillerato, el 7,4% tiene rezago educativo, el 6% no asiste a la educación formal y aproximadamente 2.000.000 de personas no culminaron sus estudios de secundaria.
Esos números reflejan el desgaste de un tejido social que hasta hace poco hablaba de deserción escolar y, en consecuencia, ponía en el sujeto toda la responsabilidad de su educación; ello justificó la falta de estrategias sostenidas dirigidas a combatir un fenómeno multicausal como es la exclusión educativa (Jiménez Asenjo y Gaete Astica, 2013).
Aunado a lo anterior, las perspectivas analíticas que privilegian al sujeto como individuo, en cuanto que se hace magnánima su individualidad y el supuesto ejercicio volitivo de su toma de decisiones, conducirá a plantear las preguntas equivocadas para responder al fenómeno alta complejidad como la violencia, pues la visión casuística apunta a favorecer acciones dirigidas al castigo, eximiendo de responsabilidad al contexto excluyente que las desencadenó, lo que fácilmente nos lleva a “bukelizar” la dignidad humana y a desconocer por completo las condiciones estructurales que acompañan la desigualdad social.
La respuesta estatal: una oda al cortoplacismo
El benemérito Manuel Mora Valverde señalaba la necesidad de “unirnos alrededor de un programa realista y audaz (…) para defender y fortalecer todo lo que es noble y todo lo que tiene vitalidad, y para reconstruir nuestra Patria sobre bases nuevas de justicia, democracia y dignidad” (Mora Valverde, 2013, p. 485).
Años después estas palabras cobran relevancia, pues nos encontramos en una encrucijada que es reflejo de decisiones que se alejaron de todo compromiso que apuntale a un desarrollo con equidad y este trastoque es producto de cálculos políticos desafortunados en los que se desvanece el rostro de aquellas personas menores de edad a quienes de manera ligera y sin ningún tipo de remordimiento se les vulnera su derecho a la educación pues el recorte presupuestario en educación se realiza pese a que: “más del 40% de las personas estudiantes de 4 a 18 años que asisten a centros públicos se encuentran en situación de pobreza” (CONARE y PEN, 2023, p. 62).
Por lo que estas decisiones economicistas nos llevan a la antesala de más poblaciones vulnerables que padecerán los embates de la criminalidad en sus propias comunidades y, por ende, un desasosiego acompañado de la desesperanza que nubla las trayectorias de vida de quienes solo se topan con puertas cerradas.
Y como se dice popularmente, “la utopía es hacer posible lo que otros han hecho imposible”, por lo que la invitación es a trabajar en la construcción de escuelas en las que crezca la esperanza, se abrace la diversidad, el diálogo intergeneracional sea cotidiano, el currículo respete los conocimientos ancestrales y la infraestructura proteja los sueños de las personas estudiantes y sus familias, promoviendo mediante una educación pública la movilidad social ascendente.
Referencias bibliográficas:
Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Adriana Hidalgo Editorial. Consejo Nacional de Rectores [CONARE] & Programa Estado de la Nación [PEN]. (2023). Noveno Estado de la Educación 2023. Autores. https://hdl.handle.net/20.500.12337/8544.
Jiménez Asenjo, W. y Chavarría Arias, D. (2022). Consecuencias de la pandemia en el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE emitidas en el año 2017 a Primera Infancia, Educación General Básica y Educación Diversificada. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/ocde-deie-2022.pdf.
Jiménez Asenjo, W. y Gaete Astica, M. (2013). Estudio de la exclusión educativa y abandono en la enseñanza secundaria en algunas instituciones públicas de Costa Rica. Revista Electrónica EDUCARE, 17(1). https://www.redalyc.org/pdf/1941/194125789007.pdf.
Socióloga, investigadora e integrante de la Red temática sobre violencias, subjetividades y colectivos en contextos de vulnerabilización. Necropolítica y duelos, del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la UCR.
Dr. Manuel Rojas Salas, abogado y docente de la Facultad de Derecho, UCR.
Por Manuel Rojas Salas, Facultad de Derecho, UCR
No queremos un Poder Judicial “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo
En días pasados causó un enorme revuelo mediático, la muy lamentable renuncia a su puesto, por parte del único odontólogo forense con el que contaba el Poder Judicial de nuestro país. En una carta en donde el valiente profesional dijo las cosas por su nombre y sin el más mínimo reparo, señaló lo que podría señalarse como una política regresiva en materia salarial e igualmente una cultura que solo podría considerarse agresiva en relación con las personas empleadas. Mis respetos para el doctor Fernández, aunque me duele por la institución, que debe ser baluarte de equilibrio en un Estado de Derecho y que es en un gran medida la garantía del sistema de pesos y contrapesos de una democracia.
Sin embargo, como dicen mi familia y amigos cercanos, que me acuerdo de cosas que a la gente generalmente se le olvidan, recordé que aun sin tener el don de la profecía, mencioné en el año 2017 e igualmente en 2019 y en 2020, que con los golpes asestados a la institucionalidad del país y particularmente del Poder Judicial (sí, así mismo, la institucionalidad y lo que ese Poder del Estado representa, aunque resulte incómodo para ciertos políticos y políticas), iba a iniciarse una desbandada nunca antes vista, ya que el Poder Judicial iba a dejar de resultar atractivo como opción laboral.
No me equivoqué -lamentablemente para mi país-, pero recuerdo que la reforma que entró en vigencia en el año 2018 en relación con el Régimen de Pensiones del Poder Judicial-autosuficiente y creado con anterioridad al de la CCSS- y que tuvo como resultado la ley 9544, fue calificada por la principal gestora, una diputada oficialista, de “emblemática”. Ahora me pregunto jugando de abogado del Diablo: ¿lo del calificativo era por constituirse la primera estocada para debilitar nuestro Estado de Derecho? Señalo esto porque dicha diputada y ex representante popular, junto con su grupo de acólitos, y en clara complicidad con medios de comunicación abiertamente serviles a poderosos intereses neoliberales, se dedicaron a satanizar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y a calificar a servidores y servidoras judiciales como una especie de “privilegiados”, llegándose incluso a acuñar el calificativo “de lujo”, en cuanto a merecidas jubilaciones que muchas personas hemos llegado a obtener, no como regalía, sino como producto de una labor digna y honesta.
En esa ocasión, recuerdo con claridad que la representante legislativa de un modo claramente reprochable, ninguneó a la representación del Frente Gremial del Poder Judicial y aunque ciertamente eran necesarios cambios, la propuesta de los trabajadores y trabajadoras-muy adecuada y que contenía cambios óptimos sin perjuicio para la clase trabajadora-, se pasó abiertamente por alto, y en un abrir y cerrar de ojos se aprobó la más “conveniente” para los intereses económicos de una Política neoliberal y dio inicio la precarización del Poder Judicial, en una acción que lamentablemente muchos y muchas aplaudieron.
No me explico cómo no se tuvo (o no se quiso tener) un mínimo de visión para pensar que eso iba a traer consecuencias serias en el personal del Poder Judicial del país, uno de los que pese a todo, sigue siendo de los más confiables de Latinoamérica.
Ahí no terminó el asunto, pues siguió en el 2019 la implementación de la Regla Fiscal, Ley 9635, que nuevamente disminuyó los salarios, en tanto a fines de ese año, una malhadada “ocurrencia” de otra diputada, instituyó un desatino al promover una denominada “contribución solidaria”, que iba a afectar a jubilaciones “de lujo” (epíteto creado por ciertos medios de comunicación),Ley 9796, que fue aprobada a golpe de tambor y sin que nadie se opusiera, lo que trajo serios perjuicios económicos a personas que habían cumplido su tiempo en la institución y ante ello, debieron muchos y muchas, realizar arreglos de pago con sus deudas o ponerse a trabajar en bufetes u oficinas, ante la merma considerable de ingresos que se disfrazó de “solidaridad. Dicha ley la Administración Alvarado, que fue la más nefasta y agresora con el sector público, la aprobó a toda prisa.
Y para remate, la Ley Marco de Empleo Público que “unifica” a todo el sector público prácticamente en un mismo saco, como decían nuestros abuelos y “congela” (así en frío) los salarios por quien sabe cuánto tiempo. No hay duda de que el desánimo, la desazón y el escaso o nulo entusiasmo que se percibe en las oficinas judiciales, es absolutamente entendible, como la frase que siempre le dicen a un jubilado: “Dichoso usted que se pudo ir”. Lo anterior porque el salario no tendrá incrementos, no habrá incentivos y tampoco la esperanza de una jubilación digna.
Es por ello que el panorama en estos momentos es bastante serio, como consecuencia de una primera estocada “emblemática”, pero era lo esperable, al punto que los salarios del personal, que eran precisamente uno de los puntos atractivos, han dejado de serlo y de ahí el número, altamente alarmante de personas que pese al tiempo de servicio y a la experiencia, han decidido renunciar y que se van no como dijo malévolamente alguien a propósito de la renuncia de un Fiscal, con “pensión juvenil”, sino en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias, en vista de que también, la cúpula judicial ha dejado que estas cosas sucedan y como señala el adagio popular, el gato se hizo tigre.
Se requieren acciones urgentes si se pretende permear de alguna forma los efectos de legislaciones regresivas y que afectaron derechos sensibles, de modo abiertamente contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos. El daño ya está hecho, desde la aprobación de la “emblemática” (y esperaría que quienes aprobaron ese texto y los demás asuman su responsabilidad histórica y política), pero si no queremos un Poder Judicial “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo, sino una institución que se caracterice por su imparcialidad, independencia y por brindar soluciones justas a los diferendos planteados, aunque no gusten a ciertos sectores, es imperativo actuar con prontitud. Por eso celebro la iniciativa de la Magistrada Patricia Vargas en cuanto a hacer un recuento de las renuncias y del tiempo servido por quienes renunciaron, para tener un panorama completo del caos actual, ya que el debilitamiento del Poder Judicial solo trae consecuencias negativas para todos y todas quienes vivimos en nuestra querida Costa Rica. Urge que los cambios se realicen, tal y como se realizaron las afectaciones.
Manuel Rojas Salas Docente en la Facultad de Derecho, UCR
Carlos Gutiérrez Vargas, estudiante de la Facultad de Derecho, UCR.
A propósito de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Las ciudadanías disminuidas pasan de ser un concepto a una realidad cuando no se garantiza la independencia de las personas sordas con medidas proaccesibilidad en procesos electorales
Se aproximan las elecciones municipales en Costa Rica y, lamentablemente, no existe ni una persona con discapacidad auditiva participando en cualquiera de las opciones electorales que brindan los partidos políticos costarricenses. Soy una persona sorda. Por este motivo, mi primera lengua es la lengua de señas costarricense y el español es mi segunda lengua. Escribo este artículo pensando en la perspectiva de las personas sordas, considerando que es importante en relación con los derechos políticos de las personas con discapacidad, específicamente de las personas sordas que están siendo invisibilizadas por el Estado, así como su perspectiva histórica al no ser consideradas como personas politizadas.
Leyendo con admiración un reportaje noticioso acerca de Shirley Pinto, una mujer sorda que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la participación política como legisladora en el Parlamento de la nación de Israel, me llevó a la reflexión sobre uno de los objetivos primordiales que establece la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad con respecto a la participación política de las personas con discapacidad, la cual forma parte de los derechos políticos que reconocen y garantizan a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas. Desde la visión de los derechos humanos, los derechos políticos contribuyen a la promoción y consolidación de la democracia en la construcción de un Estado democrático de derecho. A continuación, analizaré el derecho a la participación política de las personas sordas.
De acuerdo con los estudios estadísticos presentados por el Banco Mundial, existen 85 millones de personas en situación de discapacidad que viven en América Latina y el Caribe. Las Naciones Unidas declaró el 23 de setiembre como el Día Internacional de la Lengua de Señas. Para conmemorar esta fecha, la Organización citó en su página web las cifras de la Federación Mundial de Sordos, la cual estima que, hasta el presente momento, hay 70 millones de personas sordas en el mundo, y el 80 % de esta población vive en países en vías de desarrollo, utilizando en forma global más de 300 lenguas de señas. De ahí la importancia de destacar la lengua de señas como elemento clave de las personas sordas en su lucha por el derecho a la participación política.
Generalmente, las personas con discapacidad se encuentran con barreras en el ejercicio de su derecho al sufragio. Por ejemplo, existen impedimentos para acceder en forma física a los centros electorales, lo que implica una discriminación, ya que no pueden acceder en condiciones de igualdad que los demás ciudadanos.
Con respecto a las personas sordas, el enfoque previsto en este artículo son las barreras de accesibilidad comunicacional que enfrentamos, las cuales no solo se presentan en Costa Rica, sino en todo el ámbito latinoamericano. De estas barreras, mencionamos el acceso a la información y la comunicación en los procesos electorales.
Sobre el derecho a elegir, surge una barrera que se da en la mayoría de los procesos electorales donde se emiten mensajes y contenidos informativos que sirven de guía a la formación de criterios del ciudadano para decidir y razonar su voto. Precisamente, para este fin se utilizan medios de comunicación como la televisión y las redes sociales para emitir videos informativos, debates entre candidatos a la presidencia, entre otros. Sin embargo, no suelen contar con el recuadro del intérprete de la lengua de señas y el subtitulado, por lo tanto, sin estos recursos de apoyo a la accesibilidad, las personas sordas se quedan desinformadas sobre los procesos electorales y las propuestas de las distintas formaciones políticas, lesionando su derecho al voto.
En cuanto al derecho a ser elegido como candidato, se presenta una limitación muy seria, porque las personas sordas no tienen garantías de recibir apoyos, como un intérprete de la lengua de señas, en caso de que decidan participar de alguna forma en el proceso electoral. Este tipo de recursos son imprescindibles para disputar en igualdad de condiciones por los puestos de síndico, alcalde, diputado, etcétera.
Estas barreras implican un menoscabo a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación conforme al modelo de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Las ciudadanías disminuidas pasan de ser un concepto a una realidad cuando no se garantiza la independencia de las personas sordas con medidas proaccesibilidad en procesos electorales, lo cual afecta su derecho a la vida independiente.
Otra limitación patente contra la población sorda, en particular, y contra las personas con discapacidad, en general, es no poder manifestar su voz en asuntos claves de su interés. Simplemente son invisibilizadas en el debate público. Por ejemplo, no somos tomados en cuenta en las propuestas específicas que presentan los candidatos inscritos en procesos electorales. Asimismo, los canales para escucharnos son muy limitados. En síntesis, la pluralidad del debate y la democracia se ven afectadas al existir grupos invisibilizados, como el colectivo de las personas con discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento de derechos humanos establecido en el siglo XXI y fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Es sumamente necesaria la existencia de este tratado específico por la insuficiencia de otros instrumentos para proteger los derechos de las personas con discapacidad y sirve para poder visibilizar al colectivo de las personas con discapacidad, entre ellos los sordos. Por ende, hay una identidad política y un grupo que se moviliza en torno al tema y, además, permite tener mecanismos específicos para casos de violaciones de derechos, por ejemplo, quejas ante el Comité.
Para comprender la idea principal del artículo, necesitamos conceptualizar el término discapacidad. La discapacidad es el resultado de la interacción entre ciertas características de las personas, las cuales son comprendidas como deficiencias, pero que no lo son, según mi criterio, sino que son condiciones inherentes a la diversidad humana y a las barreras del entorno.
La Convención reconoce el derecho a la participación política de las personas con discapacidad en su artículo 29. Una lectura analítica del artículo permite comprender cómo aborda la Convención las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, ya que se identifica en el texto las obligaciones específicas que tienen los Estados partes para erradicarlas. Desde la perspectiva de la igualdad, la no discriminación y la autonomía se da el reconocimiento del derecho al sufragio en forma activa y pasiva, así como el derecho de participación, ya sea en titularidad como en ejercicio.
Entre las obligaciones de los Estados, la Convención establece que deben asegurar los derechos políticos de las personas sordas de las siguientes formas:
Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto, en elecciones y referéndums públicos, sin ningún tipo de intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías de apoyo cuando proceda.
La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores. Para este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar.
Además, el reconocimiento a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad establecido en el artículo 12 tiene una estrecha relación con el derecho de la participación política, en tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que se conocerá en adelante como Comité CDPD) comprende que no se puede negar el derecho al voto de las personas con discapacidad, independientemente de que pueda necesitar mecanismos de apoyo a su capacidad jurídica.
En la Observación General N.º 1, el Comité CDPD establece aquellos aspectos que afectan al derecho de participación política desde el punto de vista de la accesibilidad, que es una cuestión que se debe asegurar, proteger y respetar. Además, las medidas de austeridad o la poca atención de los Estados partes en el aseguramiento de recursos presupuestarios para garantizar la accesibilidad en los procesos electorales no pueden constituir un argumento para demorar la implementación gradual de la accesibilidad, ya que es de aplicación inmediata.
Constituye un deber del Estado promover la garantía de los derechos políticos de las personas sordas en aras de que puedan gozar de ellos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. En el caso de Costa Rica, este rol lo puede asumir el Tribunal Supremo de Elecciones, como organismo nacional encargado de la organización de los procesos electorales. En caso de no haber acciones concretas que posibiliten el cumplimiento de estos derechos, entraría en la escena el rol de los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de las personas sordas en el ámbito de la participación política, exhortando al Estado a asumir su responsabilidad en la garantía de estos derechos, además de promover el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano, procurando asegurar que las personas sordas puedan tener acceso a la participación en la vida política y pública en forma conjunta con la sociedad, ya sea directamente o mediante la elección de representantes libremente elegidos, inclusive, el derecho y la posibilidad de las personas sordas a votar y ser elegidas.
El artículo 9 de la Convención aborda la obligación que tienen los Estados partes de adoptar medidas para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno de la información y la comunicación, además de otros aspectos. En relación con el contexto de las personas sordas, se pretende garantizar que los procedimientos, las instalaciones y los materiales empleados en procesos electorales sean adecuados para ser accesibles a ellas, como la capacitación de guías electorales en el uso de la lengua de señas y el uso de intérpretes de la lengua de señas y el subtitulado en mensajes y contenidos informativos. Esto, en plena concordancia con el reconocimiento de la lengua de señas, un componente fundamental de la comunidad sorda comprendida como minoría lingüística-cultural.
Es importante tener en cuenta que la lengua de señas varía en cada país de Latinoamérica. Es decir, cada uno tiene su propia lengua de señas, comprendida como sistema lingüístico que tiene componentes visuales, gestuales y manuales.
Es fundamental destacar cómo se ha abordado gradualmente el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano. En un comunicado de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países miembros a reconocer oficialmente la lengua de señas en sus legislaciones, además de promover medidas positivas que garanticen la accesibilidad mediante el uso de la lengua de señas en diferentes ámbitos de la sociedad.
En los Estados existen comunidades sordas de distintos tamaños y, precisamente, la lengua de señas es el principal vehículo lingüístico que emplean para comunicarse. Los trece Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que han reconocido la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad de personas sordas en su normativa son Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Pero solo dos países han reconocido la lengua de señas en sus constituciones políticas: Ecuador y Venezuela.
A modo de conclusión, podemos afirmar que, a partir del análisis de la realidad fáctica, legal y jurisprudencial, el derecho de participación política para la población sorda está limitada por la falta de adaptación normativa y la aplicación insuficiente de la normativa en América Latina, teniendo por efecto la vulneración de este derecho y su ejercicio.
Muestra de ello es la falta de accesibilidad en la promulgación de materiales de carácter electoral, como la inclusión de intérpretes de la lengua de señas en debates con candidatos presidenciales, así como la carencia de cupos asignados para la participación de personas con discapacidad en los sistemas electorales, tanto a nivel municipal como para los puestos de elección nacional.
En esta línea, se debe respetar en todos los extremos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce desde la perspectiva de la igualdad, la autonomía de las personas sordas y su no discriminación, por medio del reconocimiento de la lengua de señas como parte del derecho de participación política, con el fin de asegurar el derecho de participación en el proceso electoral.
Carlos Gutiérrez Vargas Estudiante de la Facultad de Derecho, UCR
Dr. Fernando García Santamaría. Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología, UCR.
Por Fernando García Santamaría
La reciente pandemia Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, con más de 770 millones de casos estimados y más de 6.9 millones de muertes en tres años de crisis sanitaria, es un recordatorio que a pesar de los enormes avances médicos de los siglos XX y XXI, las enfermedades infecciosas siguen constituyendo una amenaza para la salud pública local, regional y global. Un reporte publicado el año pasado en la revista The Lancet llamó la atención de otra pandemia, que constituye una amenaza tal vez no tan nueva para la salud pública global, causando solo para el año 2019, el año pre-pandémico, casi 5 millones de muertes: la resistencia a antimicrobianos.
El desarrollo de los medicamentos antimicrobianos, incluyendo antibióticos (antibacterianos), antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, es uno de los principales avances médicos del siglo XX, que junto con el desarrollo de las vacunas y diversas medidas de higiene, como la potabilización del agua, los avances en el control de las enfermedades infecciosas en seres humanos han contribuido significativamente en su calidad de vida, disminuyendo la mortalidad infantil y aumentando la expectativa de vida en las sociedades modernas.
Debido a su enorme éxito inicial en las décadas de 1940 y 1950, el uso de los antimicrobianos ha sido intensivo desde entonces en el control de las infecciones en seres humanos, lo cual ha generado un problema de enormes dimensiones: el surgimiento de microorganismos resistentes al efecto de los medicamentos antimicrobianos.
El problema fue identificado desde el principio, pero se hizo evidente a particularmente de la década de 1970 y no se ha detenido desde entonces. La principal manifestación del problema se observa en las infecciones intrahospitalarias, en aquellos pacientes con varios días o semanas de hospitalización que son sometidos a diversos procedimientos médicos. Se debe recordar que el cuerpo humano se encuentra normalmente recubierto, en la piel y en las mucosas, por miles de millones de bacterias, siendo la mayor parte de ellas inocuas o beneficiosas; se estima que esta microbiota aporta aproximadamente 2 kg de nuestro peso corporal. Cuando se presenta una infección, la droga antimicrobiana se distribuye por todo el cuerpo, afectando no solamente al microorganismo causante de la infección, sino a toda la microbiota humana.
La resistencia emerge cuando los microorganismos cambian genéticamente con el tiempo, se adaptan a la presencia de antimicrobianos, aun en altas concentraciones, y eventualmente ya no responden a los medicamentos, haciendo que las infecciones sean más difíciles o imposibles de tratar y aumentando el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, provocando un incremento en el número de infecciones y otras enfermedades asociadas (morbilidad) y la mortalidad. El costo de la resistencia a los antimicrobianos para las economías de los países y sus sistemas de salud puede llegar a ser significativo, por estancias hospitalarias más extensas y la necesidad de recurrir a medicamentos más caros y de cuidados intensivos de mayor complejidad.
Sin embargo, el problema ha dejado de ser exclusivo de los servicios de salud y se han trasladado a las comunidades. Es cada vez más frecuente la ocurrencia de infecciones adquiridas en la comunidad por microorganismos resistentes y muchas veces ingresan con estas infecciones a nuestros hospitales. Algunas de las bacterias que causan infecciones en los seres humanos en Costa Rica son resistentes a la mayoría de los antibióticos, incluyendo los antibióticos más potentes disponibles: los carbapenems.
Una vez que se presenta la resistencia a este tipo de antibióticos, las alternativas terapéuticas disponibles en nuestros servicios de salud prácticamente desaparecen para nuestros pacientes que sufren neumonía, septicemia, infecciones urinarias, infecciones en recién nacidos y pacientes de unidades de cuidados intensivos. Los procedimientos médicos, como las cirugías, incluidas las cesáreas o los reemplazos de cadera, la quimioterapia contra el cáncer y los trasplantes de órganos, a manera de ejemplos, serán mucho más riesgosos.
No obstante, lo hasta acá descrito representa solamente la mitad del problema. La misma situación se ha ido presentando paulatinamente en las infecciones causadas por microorganismos resistentes en mascotas y animales de compañía y de producción pecuaria intensiva, particularmente aves de corral y porcinos. Los antimicrobianos son además utilizados de forma precautoria, mezclados con los alimentos o con el agua que consumen los animales, para evitar infecciones clínicas o subclínicas y tengan una mayor ganancia de peso.
En la producción agrícola los antimicrobianos se utilizan, en forma de pesticidas, para el control de infecciones que afectan diversos tipos de cultivo, incluyendo hortalizas y plantas ornamentales. No es inusual encontrar miles de bacterias resistentes a los antibióticos en las hortalizas que consumimos a diario. Las implicaciones económicas y el impacto ambiental son significativos también en estos sectores.
De esta manera, los microorganismos resistentes a los medicamentos se encuentran en las personas, los animales, los alimentos, las plantas y el medio ambiente (en el agua, el suelo y el aire) y pueden transmitirse de persona a persona o entre personas y animales, incluso a través de alimentos de origen animal o vegetal. Las principales causas de la resistencia incluyen el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos, la falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene tanto para humanos, animales y plantas, la mala o inadecuada prevención y control de infecciones en servicios de salud y en granjas animales, el acceso deficiente a medicamentos y vacunas de calidad, ausencia de medios para realizar un diagnóstico oportuno y certero.
También es importante abordar la falta de conciencia y de información apropiada, tanto en el ámbito académico y el profesional, como en el público en general como consumidores finales de antibióticos. Aún existen además muchos vacíos de conocimiento, no solamente en el ámbito clínico o pecuario, sino también sobre las implicaciones bioéticas, políticas, sociales, económicas y ambientales del problema de la resistencia a antimicrobianos.
A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Plan de Acción Global sobre la Resistencia a Antimicrobianos durante la Asamblea Mundial de la Salud de 2015 y los países miembros se comprometieron con el desarrollo y la implementación de planes de acción nacionales multisectoriales, que posteriormente fue respaldado por los órganos rectores de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) bajo el principio de Una Salud (One Health), para que en las acciones a realizar se involucren seres humanos, animales, sectores de salud vegetal y ambiental.
En ese contexto, un grupo de expertos nacionales desarrolló el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos Costa Rica 2018-2025 (decreto Decreto 41.385-S, publicado el 4 de enero de 2019 en La Gaceta). Algunos elementos de ese plan se han podido desarrollar o mejorar los ya existentes, destacando el Programa de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y los Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA) implementados en algunos servicios de salud, públicos y privados del país.
Pero este esfuerzo, en mi opinión, ha sido insuficiente y hasta cierto punto relegado por otras prioridades en salud. Es urgente que las autoridades correspondientes y la sociedad costarricense en general le den a este problema de salud pública la importancia que merece. El Plan de Acción Nacional no debe convertirse en letra muerta ni es un documento final, el gobierno debe dotar de recursos humanos y económicos de manera sostenible para fortalecerlo. El país requiere con premura de este Plan de Acción Nacional, para que represente una oportunidad para promover el trabajo intersectorial entre todos los actores involucrados, incluyendo el sector político, las universidades públicas y privadas, los colegios profesionales y las asociaciones de especialistas y, por supuesto, la industria farmacéutica, entre otros, para crear grupos de trabajo y poder así abordar todas las aristas de este complejo problema.
Es importante mejorar la educación, la concientización y la comunicación pública sobre la resistencia a los antimicrobianos, mejorar el diagnóstico clínico y los sistemas de vigilancia del surgimiento y dispersión de microorganismos resistentes, implementar medidas de prevención y control de infecciones, incluyendo los programas de vacunación, definir protocolos de tratamiento y guías clínicas, y generar estrategias de producción agropecuaria que tiendan a disminuir el consumo de antimicrobianos y la contención de microorganismos resistentes. Resulta también fundamental promover la investigación en el desarrollo de novedosas medidas preventivas y nuevos medicamentos y otras alternativas terapéuticas con la participación activa de la industria farmacéutica y el sector académico nacional.
Es urgente el compromiso entre todos los actores para procurar una forma más prudente y racional de utilizar los antimicrobianos. Somos nosotros, los seres humanos, quienes provocamos el problema, somos nosotros también quienes debemos hacer el esfuerzo por contenerlo y preservar la utilidad futura de los medicamentos antimicrobianos. Es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y no debemos evadirla.
Fernando García Santamaría, PhD – Profesor Catedrático Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica
