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Etiqueta: vulnerabilidad

70 personas en condición vulnerable se graduaron como técnicos en la UNA

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Gracias a una alianza entre municipalidades, cámaras empresariales y la UNA, 70 personas en situación de pobreza o baja escolaridad obtuvieron su título técnico en áreas clave como salud ocupacional y gestión de calidad. Esta formación, que les brinda nuevas oportunidades laborales, es un paso importante hacia un futuro con más empleo y bienestar en la región

Gracias a la alianza entre las municipalidades y cámaras empresariales de la zona de Occidente del país junto con la Universidad Nacional (UNA), este viernes 30 de agosto, 70 personas en condición de pobreza o baja escolaridad, obtuvieron su título de formación técnica  en las áreas de salud ocupacional, confirmación metrológica, procesos productivos y gestión de calidad.

“Hoy celebramos no solo la culminación de un curso, sino el resultado de esfuerzo, perseverancia y dedicación. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos y ha demostrado que con empeño y determinación se puede alcanzar cualquier meta. En lo personal se me abren puertas para seguir creciendo dentro de la empresa donde trabajo o para seguir estudiando. Esta es una rama que no conocía y me emocionó mucho estudiarla”, dijo Alejandro Mejía, oriundo de San Ramón, quien fue el primer promedio del técnico en Procesos productivos.

Kimberly Venegas se graduó en un colegio técnico de Palmares, y tiene la esperanza de que las zonas francas, puedan traer más empleo a su cantón. “Este título genera más oportunidades para emplearse. El técnico en Salud ocupacional, que consiste básicamente en la seguridad del trabajador, me abre las puertas a un trabajo donde se valide ese título para un mejor futuro”.

Gracias a esta alianza entre la UNA y las cámaras empresariales, se otorgaron becas del 100% a estudiantes de colegios técnicos, quienes durante 10 meses fueron parte del sistema de educación permanente de la UNA. “Quiero felicitar a este grupo de muchachas y muchachos de Occidente, de los cantones de Grecia, de Poás, de Sarchí, de Naranjo, de Salsero, de Palmares y de San Ramón, que hoy culminan exitosamente este proceso. Es importante resaltar que el conocimiento constituye hoy en día la principal base del ejercicio de la ciudadanía, de la generación de empleo, de los encadenamientos productivos, de la innovación y el emprendedurismo, y por supuesto del bienestar y calidad de vida de las personas y de la sociedad como un todo. Tener acceso al conocimiento brinda oportunidades de participar en la vida económica, social y cultural, aumenta las posibilidades de integración social y sobre todo incrementa las posibilidades de mejorar la empleabilidad”, comentó Francisco Bogantes, vicepresidente de la Cámara Empresarial de Grecia.

En Grecia, se construyen parques empresariales que se espera, generen cerca de 40 mil empleos cada uno en los próximos años. “Nosotros hemos creído en ese futuro, de tal forma que estamos generando las condiciones para la empleabilidad, para los encadenamientos productivos con nuestras empresas locales desde San Ramón, Palmares, Naranjo y Grecia”, continuó Bogantes.

Francisco González, rector de la UNA, hizo hincapié en que los tiempos han cambiado. “A pesar de que la oferta de la UNA no es estrictamente la formación de técnicos, sí reconocemos la importancia de fortalecer las condiciones de empleo de las personas que tienen menos condiciones, y la vinculación y coordinación con los sectores productivos y los sectores empresariales. Por esta razón es que ya hace un año nos planteamos como propósito poder generar una iniciativa que se articulara al Ministerio de Educación Pública, para brindarle a estudiantes que estuvieran en los últimos años de su formación técnica, una oferta del marco del marco nacional de cualificaciones”.

Para este 2024 la UNA ofrece una serie de técnicos orientados a una concepción de educación no formal que permite capacitar a los adultos y jóvenes en diferentes áreas laborales obteniendo habilidades y competencias poro desarrollarse en el mercado laboral y también por tener un crecimiento personal y de empleabilidad.

La oferta, gestionada por la Oficina de Transferencia y Conocimiento y Vinculación Externa, incluye además formación técnica en:  Administración de Pymes, Gestión y desarrollo de emprendimientos, Desarrollo local y género, Desarrollo de software y aplicaciones, Plantas medicinales, Gestión de olores, y Desarrollo agroecológico y socioproductivo, entre otros.

Video:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

La fragilidad de una política dura

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense

En las últimas semanas ha sido notable el aumento de la migración en tránsito por la región centroamericana. Particularmente en Costa Rica es notorio que el volumen de personas en contextos de movilidad ha aumentado, particularmente las provenientes de un país como Venezuela, que ha entrado en una crisis sociopolítica aún sin resolverse.

Este proceso ha coincidido con la entrada en vigencia de un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Panamá en el cual básicamente se dota con recursos económicos al gobierno panameño para implementar una política de deportaciones “instantáneas y express” a quienes sean detenidos cruzando el inexpugnable Tapón del Darién.

En los últimos días los primeros grupos de migrantes detenidos ya fueron puestos en vuelos directos, pagados por este acuerdo migratorio, un “memorándum de entendimiento para el abordaje de la migración ilegal” (SIC) para su deportación hacia países como Colombia y Venezuela.

Una vez más, la circunstancia humanitaria es vista desde un prisma securitario. No debe obviarse el contexto político que circunda Estados Unidos en esta época preelectoral, en la que el tema migratorio funge como una puerta de atracción de votantes desafectos con la llegada de migrantes a aquel país.

La migración no ha sido detenida con este tipo de acuerdos. El endurecimiento de las políticas no ha logrado erradicar las razones estructurales y contingentes de la movilidad humana.

Entonces termina convirtiéndose en una acción fallida y frágil, que lo único que logrará es aumentar los riesgos y las vulnerabilidades para quienes ven en la movilidad, una respuesta a sus necesidades de sobrevivencia.

Para pensar en un nuevo sistema tributario

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

En los últimos días se han escuchado voces pidiendo una revisión profunda de nuestro sistema tributario. Totalmente de acuerdo con eso, no solo porque arrastramos una agenda pendiente en la definición de nuestra estructura tributaria, sino porque enfrentamos retos futuros que debemos abordarlos desde ya en nuestra política fiscal, para evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal más adelante como un mero parche para alcanzar la estabilidad macroeconómica, sin ver la contribución de la política tributaria a la equidad y al crecimiento.

A fin de contribuir a esa discusión quisiera aportar un elemento fundamental, que rara vez se discute en una reforma de estas: el para qué. ¿Qué papel queremos que juegue el sistema tributario, qué tipo de sistema tributario necesitamos en función de las responsabilidades que creemos debe asumir el Estado?

He insistido, desde hace tiempo, que la definición de la política fiscal pasa primeramente por tener claro el papel que vamos a otorgarle al Estado en una sociedad moderna. Ese papel incluye algunas funciones elementales:

  1. La provisión de bienes públicos, según lo entendemos los economistas. Aquellos bienes y servicios que no tienen mercado y que, por lo tanto, deben ser prestados por un Estado que garantice su disponibilidad. La seguridad pública, por ejemplo.
  2. Servicios estratégicos, cuya provisión nos permite garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una sociedad más equitativa. La educación y la salud pública, por ejemplo.
  3. El otorgamiento de ayudas a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de darles la oportunidad de tener una vida digna y mejorar su condición económica futura.
  4. La protección de los recursos comunes, a fin de garantizar su existencia en el tiempo y un uso adecuado por las distintas generaciones.
  5. La protección de otros derechos fundamentales.
  6. La intervención en actividades económicas, a fin de impulsar transformaciones en el modo de producción, sobre todo en épocas de transición tecnológica o de crisis económica.
  7. Otras funciones que quieran otorgarle al Estado.

Una vez definido lo anterior, sabremos con certeza el tamaño de la tarea. El tamaño del sistema tributario, entonces, corresponderá a las funciones que queremos desempeñe el Estado. Luego de definir esto, tocará definir qué instrumentos usaremos para financiarnos, o sea, cuáles impuestos escogeremos, sobre quiénes los aplicaremos y qué tasas estableceremos. Entrar a hacer una reforma tributaria sin tener eso claro, nos puede llevar a seguir arrastrando agendas pendientes en próximos años, por insuficiencia del sistema impositivo frente a la tarea definida. Además, sería reiterar un error muy común, de poner el sistema tributario como fin último y no como un medio, lo que tiende a provocar que la tendencia en la aplicación de la política fiscal, sea a ajustar el gasto a los recursos financieros disponibles y no al contrario, lo que implicaría garantizar los ingresos tributarios necesarios para alcanzar nuestras aspiraciones como sociedad.

En el caso costarricense se vislumbran algunas tareas importantes, pensando en la corrección de reformas anteriores que no se han hecho completas, pero en retos futuros de la política fiscal. Por ejemplo, y solo para citar unos:

  1. Seguimos con una ley de impuesto sobre la renta de 1988, mientras el planeta ha profundizado su integración global y la capacidad, cada vez mayor, de movilización de capitales por el planeta. Una modificación profunda de esta legislación, que además incorpore lo último en herramientas legales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, sigue siendo un imperativo.
  2. Las nuevas herramientas de pago en sustitución del uso de efectivo y que compiten con las tarjetas de crédito y débito, están erosionando la recaudación del IVA, obligando a que eventualmente se incorporen nuevas formas de control para evitar la evasión por esta vía.
  3. Nuestra carga tributaria es baja, lo que ha dejado una brecha importante en el financiamiento de las actividades que históricamente hemos pretendido que asuma el Estado. Eso dio pie a centrar el ajuste en el lado del gasto, lo que está generando una reducción significativa en la capacidad de atender las demandas de la población. Revertir eso tendrá un costo importante, eso sí, pues en la actualidad la política fiscal sigue siendo deficitaria. Pasar del nivel actual de gasto en educación, por ejemplo, a lo indicado por la Constitución Política, nos obligará a un esfuerzo fiscal de casi 3% del PIB, que hoy no tiene una fuente de financiamiento definida.
  4. La descarbonización de la economía, una aspiración del país de cara al año 2050, reducirá el consumo de combustibles y con ello erosionará la tercera fuente de ingresos tributarios del país, la que deberá ser sustituida por otra fuente de ingresos.
  5. La transición tecnológica y energética, que el cambio climático y la descarbonización traen aparejados, hacen necesario pensar en el uso de mecanismos de incentivo para impulsar una nueva economía y nuevas formas de movilidad, por ejemplo. Pero el país ha abusado de la exoneración como forma de incentivo, lo que tiene consecuencias fiscales indeseadas y tiende a ser una figura regresiva. Debemos plantearnos el uso de subsidios dirigidos y que estos sean valorados periódicamente, lo cual también nos debería obligar a pensar en una fuente de recursos con ese fin.
  6. Costa Rica adolece de una enorme dispersión en las tareas de cobrar impuestos, delegadas en varias instituciones que hacen funciones de administración tributaria, sin que esa sea su actividad principal. Un ejemplo de esto: el Teatro Nacional, al que la ley le delegó la responsabilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos públicos. Esto reduce la efectividad de las medidas de cobro, distrae recursos que debería dedicarse al “core business” de las instituciones públicas y facilita la evasión. Concentrar las funciones de cobro en la Dirección General de Tributación debería ser una decisión en próximos años, a fin de corregir esto.

Esta lista no agota los temas a valorar, pero es una muestra de lo complejo de la tarea, a la que, sin embargo, debemos entrarle pronto y empezar a señalarle a la clase política los múltiples riesgos que corremos a futuro, si no nos abocamos en esta discusión lo antes posible.

Pobreza, vulnerabilidad y recortes presupuestarios a los programas sociales

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Sin categoría.

Jorge Herrera.

Jorge Herrera Fernández
Junio 2024

Las publicaciones de la Encuesta de Hogares del INEC y el Informe del Estado de la Nación cada año dan cuenta de resultados desalentadores sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Aunque abundan los análisis, estudios y discusiones, en ellos permanece ausente cualquier referencia a la práctica continuada de sacrificar los presupuestos de programas sociales para mantener equilibrios fiscales.

En este contexto, merece consideración y análisis lo que en realidad ha sucedido con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), programa que -se supone- debe recaudar y administrar cientos de miles de millones de colones, para distribuirlos en diversos beneficios sociales. Todo de conformidad con los mandatos de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares No. 5662.

La deuda del Estado. Entre 1999 y 2008 el Ministerio de Hacienda recortó los presupuestos de FODESAF, llegando a acumular una deuda de ¢786 mil millones con ese Fondo. Para diciembre 2009, bajo el argumento de que esa obligación correspondía a “períodos presupuestarios liquidados”, Hacienda eliminó los registros de la deuda que se mantenía en Contabilidad Nacional (1). Sin embargo, el asunto iba más allá, esos ajustes contables no solo daban por eliminada la deuda, sino que, con su contrapartida de “ingresos”, generaban un superávit que permitió cubrir el déficit del Gobierno Central y sumar alrededor de ¢40 mil millones en el Estado del Patrimonio Nacional (2). En 2010 la Contraloría, bajo el criterio de que la ley ordinaria prevalece sobre la ley de presupuesto, estableció que esos movimientos contables eran legalmente improcedentes y emitió disposiciones para reversar las operaciones y retornar la deuda a sus anteriores condiciones. Así, el Estado continuó debiendo a FODESAF y, agregando nuevos recortes de presupuesto de 2011 y 2012, la deuda estatal con el Fondo y sus programas sociales llegó a ¢960 mil millones y así se mantiene desde 2012 en los balances de ese Fondo y se registra en Contabilidad Nacional. Conviene observar que la obligación en colones constantes tiene un valor de aproximadamente ¢1,6 billones.

En resumen, en el período señalado, FODESAF no recibió los recursos que por ley le correspondían sino las sumas que decidió el Ministerio de Hacienda. Es necesario destacar que en esos recortes presupuestarios no solo mediaron incumplimientos legales sino también desacatos a sentencias de la Sala Constitucional. Una situación de particular importancia por su impacto social es que esa deuda de ¢965 mil millones comprende ¢200 mil millones cuyo destino legal era financiar pensiones del Régimen No Contributivo para adultos mayores en condición de pobreza. Recientemente la Caja, como administradora de ese régimen y por su cuenta, ha procedido a entablar el reclamo judicial contra el Estado.

Dinero de FODESAF para reducir deuda pública. En 2011 y 2012 recursos por ¢7 mil millones del presupuesto del IMAS que se mantenían en Caja Única del Estado fueron utilizados para “invertir” en títulos de deuda pública con tasa 0%; bajo el acuerdo previo de que la inversión luego sería “condonada” para reducir la deuda pública. Es decir, una “pseudo transacción financiera” que en realidad no tenía otro propósito que entregar el dinero al Ministerio de Hacienda. Tanto las autoridades del IMAS como de Hacienda ignoraron que se trataba de recursos provenientes de FODESAF y que como tales estaban sujetos a la Ley 5662 de ese Fondo, en particular a lo dispuesto por el artículo 18 que prohíbe usar sus dineros en finalidades no autorizadas en esa ley y el artículo 27 que ordena a las entidades ejecutoras reintegrar los excedentes para incorporarlos al presupuesto del siguiente período. En el año 2015 la Contraloría ordenó iniciar un procedimiento administrativo contra el presidente ejecutivo del IMAS, la Gerente General y miembros del Consejo Directivo de esa entidad, un viceministro de Hacienda y el Tesorero Nacional (3). Conviene agregar que buena parte de los fondos desviados correspondían a becas del Programa Avancemos y que en esos momentos la Contraloría cuestionaba al IMAS que los montos de las becas no habían sido actualizados en cuatro años; es decir, las autoridades no desconocían que su actuar implicaba la afectación de beneficios sociales.

Es necesario mencionar que institucional y socialmente se ha tenido a FODESAF como una fuente de recursos para cubrir necesidades de diversa naturaleza, sin reparar en que la ley dispone que son beneficiarias del Fondo las personas “que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema”. Buen ejemplo de lo anterior es el caso de la “mesa de diálogo de IVM” convocada por la Caja en la cual, representantes del Estado, patronos y sindicatos acordaron recomendar reformas legales para que, sin más, se tomaran anualmente ¢60 mil millones de FODESAF para paliar los desajustes del sistema de pensiones IVM. Situaciones similares se han observado en iniciativas para eliminar el 5% del aporte patronal y un proyecto de ley para que, en caso de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo pueda reasignar los presupuestos de FODESAF.

También es buen ejemplo la Ley de la Red de Cuido Infantil No. 9220 la cual dispone que FODESAF debe girar dineros a las municipalidades para la operación de centros de esa Red. Sin embargo, sus normas van más allá y expresan que “Estos recursos, para los efectos de presupuestación y fiscalización de la Hacienda Pública, se considerarán ingresos propios de cada gobierno local.” En otras palabras, cada gobierno local usará los recursos a su discreción sin ninguna obligación de reintegrar los excedentes a FODESAF para ser redistribuidos como lo ordena la ley 5662.

Recorte presupuestario 2024 Un caso de actualidad a considerar es el que tramita la Sala Constitucional ante un recurso de amparo del diputado Antonio José Ortega Gutiérrez y otros (Expediente No. 24-007089-0007-CO). Según la gestión de los recurrentes, el ministerio de Hacienda ha presupuestado para FODESAF ¢62 mil millones menos del monto al que la ley le obliga. En este contexto vale destacar que en el año 2005, hace diecinueve años, la Sala resolvió una situación similar en los siguientes términos:

“Por lo anterior, la presente acción de inconstitucionalidad deberá ser declarada con lugar, de manera que para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente. Para esos mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley 6.914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones.” (4)

Criterio de la Procuraduría General de la República. El dictamen PGR-C-150-2022 del 20 de julio 2022 refiere la excepción de los recursos de FODESAF respecto a la “regla fiscal”, de manera que la situación de las finanzas públicas no constituye una autorización irrestricta para Hacienda en la asignación de presupuesto a los programas sociales.

“Por consiguiente, las instituciones destinatarias de las transferencias del FODESAF, aun estando ellas mismas sujetas en sus propios presupuestos a las regulaciones del Título IV de la Ley n.°9635, en el acto concreto de presupuestar los recursos que les fueron asignados de dicho fondo y ejecutarlos para dar cumplimiento a los programas de desarrollo social que tienen encomendados a favor de las poblaciones más vulnerables, quedan eximidas de observar esas disposiciones, incluida la regla fiscal”.

En resumen, puede decirse que la administración tributaria ha venido disponiendo de “contribuciones sociales” cuya gestión y destinos están específicamente regulados por una ley ordinaria de corte social. Si hoy el ministro de Hacienda trata de justificar la reducción en la transferencia a FODESAF en una crisis de las finanzas públicas, vale la pena considerar la frase de Joseph Stiglitz:

“Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”

CONCLUSION

Los niveles de pobreza y desigualdad no son ajenos a decisiones y acciones de los poderes del Estado que han incumplido las disposiciones de la legislación social. Los resultados obtenidos son reflejo de prácticas que, a lo largo de los años, han colocado el “gasto social” en los primeros lugares de las agendas de recortes presupuestarios.

A los resultados de una “política social” bajo la rectoría de Hacienda, conviene sumar las dificultades que afrontarán los sectores pobres y vulnerables en el contexto de una crisis que permanece. El desempleo, el deterioro de la situación fiscal, los sistemas de salud y pensiones ya colapsados pasarán una costosa factura. Ni qué decir de los efectos de un cambio demográfico que, a pesar de haberse advertido hace más de diez años, aún espera por las medidas y previsiones pertinentes.

Notas:

  1. Contraloría General de la República, Informe DFOE-SAF-IF-04-2010
  2. Ministerio de Hacienda, Estado de Cambios en Patrimonio Neto 2009
  3. Contraloría General de la República, Resolución 13879-2016 (DJ-1770)
  4. Sala Constitucional, sentencia No. 2005-17612 del 21 de diciembre 2005.

Ir a Informe especial / La pobreza de la política de combate a la pobreza.

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes – sobre recortes presupuestarios para el sector

Escrito el . Publicado en Derechos.

San José, Costa Rica; 17 de enero de 2024.

Las instancias y personas que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica, externamos nuestra preocupación debido a que una vez más el actual gobierno y la Junta Directiva del PANI han aprobado recortes presupuestarios que afectan a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Costa Rica. Entre estos recortes se encuentran las reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de “Acogimiento Familiar”, para brindar un entorno seguro y distinto a un albergue, o bien otras alternativas de protección diferentes a una familia. Nuestro llamado a la institucionalidad costarricense es a garantizar el contenido presupuestario que permita continuar con la dirección y las decisiones que promuevan la desinstitucionalización y prioricen la atención de estas personas menores de edad en contextos familiares.

Recortes en inversión en niñez y adolescencia continúan en 2024, pronosticando resultados desastrosos

Toda persona que sea madre, padre o cuidadora de personas menores de edad sabe que su atención integral tiene un costo económico elevado. No solo hay que considerar los gastos de sobrevivencia tales como alimentación, vestido, vivienda digna, salud, servicios públicos y cuido, sino también aquellos vinculados a su desarrollo integral, tales como: atención de salud especializada, recreación, educación, entre otros. En un contexto en el que la pobreza infantil y adolescente alcanza un alarmante 38% de toda la población menor de edad en Costa Rica, el actual gobierno mantiene y profundiza sus decisiones recortistas de la inversión en personas menores de edad vulnerables, profundizando esta vulnerabilidad y los riesgos asociados a la pobreza y la exclusión social.

En la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023, del 21 de diciembre de 2023, se comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del PANI en el que se instruye que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirá de 132 mil a 109 mil colones para personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%. Por otra parte, el monto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad pasará de 158 mil colones a 123 mil colones, para un 21,87% de disminución.

Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia, en lugar de una alternativa institucional. En términos prácticos esto implica que, si no hay cupos disponibles, las oficinas del PANI (que gestionan una alternativa de protección cuando se han vulnerado los derechos de una niña, niño o adolescente) seguirán refiriendo a albergues institucionales o a organizaciones de cuido residencial (donde también existen listas de espera), las cuales, pese a sus esfuerzos, no pueden sustituir la atención y cuidados brindados en un entorno familiar. Aunado a esto, si un cupo queda libre y no se llena rápidamente, se cerrará del todo y ya no podrá ser usado.

Ambas decisiones, reducir el monto de las transferencias y la limitación de los cupos de atención, afectan directamente la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares y aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social. Por otra parte, estas decisiones contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado costarricense, en cuanto a que se deben proveer los recursos humanos, técnicos y financieros que promuevan la desinstitucionalización y la inclusión de las personas menores de edad en entornos familiares.

Estos nuevos recortes se suman a los realizados anteriormente por la presente Administración del Poder Ejecutivo en relación con la protección integral de la niñez y la adolescencia, los cuales reflejan una tendencia a la baja en la inversión social.

La continuidad y tamaño de estos recortes en un contexto de recuperación económica nacional sugieren que no se trata de reacciones coyunturales, sino de decisiones estructurales, las cuales muestran una peligrosa incomprensión del papel crucial que juegan las inversiones sociales en niñez y adolescencia en el desarrollo humano de toda la población a largo plazo. Esto es muy delicado porque, como lo demuestran varias evidencias científicas recientes, las inversiones en desarrollo humano temprano son las más eficaces y tienen un impacto sustantivo a largo plazo, pues una experiencia de protección, atención y educación apropiadas durante la niñez y la adolescencia tienen un efecto protector que se extiende a toda la vida de la persona (Berlinski et al., 2015; Gertler et al., 2014; Heckman & Mosso, 2014).

Además, la evidencia científica ha señalado de forma reiterada que el impacto de la pobreza en el desarrollo humano es dramático. Bajo condiciones de pobreza, el ser humano no puede desarrollarse apropiadamente a ningún nivel, pues se generan rezagos y bloqueos gravísimos en años cruciales de la vida que afectan a nivel físico, cognitivo, emocional, conductual e integral, impidiendo a la persona adquirir las habilidades y conocimientos que necesita para progresar, sostenerse y superarse a lo largo de toda su vida (Chaverri Chaves, 2021; Farah et al., 2006; Mani et al., 2013; Noble et al., 2015).

Dado todo lo anterior, consideramos necesario que las autoridades del actual gobierno y la Junta Directiva del PANI reconsideren estos perjudiciales recortes y se comprometan a recuperar la inversión social en niñez y adolescencia. Esto no es solamente importante por sí mismo, sino también una obligación legalmente adquirida por el Estado costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Referencias

Berlinski, S., Schady, N. R., & Inter-American Development Bank. (2015). Los primeros años el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7259/Los_primeros_a%C3%B1os_El_bienestar_infantil_y_el_papel_de_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas.pdf?sequence=1

Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1-22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725

Farah, M. J., Shera, D. M., Savage, J. H., Betancourt, L., Giannetta, J. M., Brodsky, N. L., Malmud, E. K., & Hurt, H. (2006). Childhood poverty: Specific associations with neurocognitive development. Brain Research, 1110(1), 166-174. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.06.072

Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178

Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., Akshoomoff, N., Amaral, D. G., Bloss, C. S., Libiger, O., Schork, N. J., Murray, S. S., Casey, B. J., Chang, L., Ernst, T. M., Frazier, J. A., Gruen, J. R., Kennedy, D. N., Van Zijl, P., … Sowell, E. R. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience, 18(5), Article 5. https://doi.org/10.1038/nn.3983

Imagen: UCR.

Penas alternativas para mujeres en condición de vulnerabilidad: una mirada desde la justicia restaurativa

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • Seminario internacional se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023.

El Poder Judicial es anfitrión del seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurola Holiday In en San José y tiene como objetivo discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad que las lleva a introducir droga en centro penal.

Para la apertura del seminario se contó con la participación de Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la Unión Europea en Costa Rica; Exleine Sánchez Torres, Ministerio de Justicia y Paz; Heldren Solórzano Manzanares, Directora Adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas; Cheryl St. Louis, Directora de la Agencia Nacional de Drogas de Trinidad y Tobago; Oswaldo Aguirre Retana, Director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y Peggy Martinello, Directora de Administración Pública y Asuntos Sociales, FIIAPP.

Además, se contó con la asistencia de Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública, así como representación de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Secretaría Técnica de Género.

Para Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, incluir la perspectiva de género en el tratamiento de aquellas mujeres que se ven involucradas en delitos menores de drogas es importante y de una visión integral para reparar el daño.

“El artículo 77 bis de la Ley de sicotrópicos se regula una pena atenuada para las mujeres que introducen droga a los centros penales, lo que vamos a realizar de la mano de la cooperación internacional de COPOLAD es hablar de las experiencias de América Latina, España, Portugal y El Caribe y como hemos podido llevar adelante este tipo de políticas. En el caso de Costa Rica se han enmarcado dentro del proceso de Justicia Restaurativa que permite que estas mujeres puedan tener una alternativa de previo al juicio para resolver su problemática mediante una reparación del daño con la conciencia de que se ha cometido un daño o en el cumplimiento de la pena con una alternativa en ejecución”, indicó el magistrado Alfaro.

Por su parte, Macarena Eseverri, Jurista y experta en Acceso a la Justicia y Justicia Restaurativa COPOLAD, destacó que el objetivo general de COPOLAD es favorecer una política criminal más humana, más dedicada a las necesidades específicas de las personas”.

“Lo esencial del taller es unificar criterios que sirvan para humanizar esa política criminal y también aterrizar ese marco regional a nivel nacional en la realidad de Costa Rica aprovechando el artículo 77 BIS tan importante que introduce criterios de género y de proporcionalidad para que mujeres que son imputadas por un delito de menudeo puedan tener una alternativa a la pena privativa de libertad”, manifestó.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Poder Judicial lidera seminario internacional que analiza la justicia restaurativa para mujeres con delitos menores de drogas

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • Seminario se realizará del 16 al 18 de octubre de 2023.

El Poder Judicial realizará un seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurora Holiday In, a partir de las 8:00 de la mañana.

Este taller internacional tiene como objetivo principal discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad.

Se contará con la participación de Gerardo Rubén Alfaro, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública, así como representación del Ministerio de Justicia y Paz, Asamblea Legislativa y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

La participación internacional estará representada por la Conferencia del ministro de Justicia de los Países Iberoamericanos y los operadores de justicia de la República Dominicana, Colombia, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago y Argentina.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.

¡No más pobreza! Unite al Bloque de Vivienda

Escrito el . Publicado en Derechos, Vivienda.

“Vamos a recuperar los 40 mil millones en vivienda que el gobierno intenta quitarle al BANHVI y a las familias pobres. Preparémonos para visitar la Comisión de Hacendarios en la Asamblea Legislativa”. 

De esta forma, el Bloque de Vivienda anuncia que continuará luchando por el derecho a la vivienda de todas las personas, en especial las personas en condición de vulnerabilidad y pobreza. Durante el 2022, el Gobierno realizó un recorte al BANHVI dejando a 2.500 familias sin vivienda.

Una vez más, el Gobierno ha anunciado un nuevo recorte de 40 mil millones de colones, lo cual dejará a 4.000 familias sin bonos de vivienda, desglosados así:

  • ¢10.000 millones del Presupuesto Ordinario 2033, ya aprobado por los diputados.
  • ¢30.000 millones del Presupuesto Ordinario 2024, en discusión en este momento en la Comisión de Asuntos Hacendarios. En 2024, de acuerdo a la ley, del total de ingresos anuales de FODESAF por año, se le debe traspasar al FOSUVI el 18.07 %, o sea ¢162.000.000.000. Pero el gobierno le ha dicho a los diputados que solo le entregará el FOSUVI la suma de ¢132.000 millones. O sea, está desviando a otro lado ¢30.000 millones.

La ruta de esa recaudación durante los últimos 36 años ha sido muy clara: la CCSS cada mes le aplica un impuesto del 5% a las planillas laborales que reportan los empresarios. Ese dinero la CCSS se lo transfiere a FODESAF quien a su vez lo deposita en una cuenta especial que tiene en el Ministerio de Hacienda. Por ley, el Ministerio de Hacienda le transfiere al FOSUVI del BANHVI cada mes lo que indique FODESAF. Así, en doceavos, recibe el BANHVI los recursos para destinarlos a la construcción de vivienda de interés social.

Pero ahora el gobierno pretende que los dineros que van para FODESAF le sean transferidos al Ministerio de Vivienda (MIVAH). Esta acción absolutamente ilegal nadie que sea serio la puede entender. Ese ministerio ni siquiera tiene personería jurídica. Allí, el gobierno tendrá mano libre para manejar discrecionalmente esos importantes recursos sociales para la vivienda.

Ante esta situación, el Bloque de Vivienda ha decidido reunirse con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios y con todos los jefes de fracción, y explicarles la posición de las familias. En caso de que el gobierno persista en el desfinanciamiento del BANHVI, las familias tomarían pacíficas pero enérgicas medidas de presión en rutas nacionales como Ruta 32 (Río Pacuare), puente sobre el Río Térraba  (Palmar), rotondas de San José Centro, Ruta 27, Upala y Liberia. 

Además, en forma solidaria, se decidió apoyar todas las gestiones y movimientos que impulsan el Frente Nacional de Lucha y Unidos por la CCSS en defensa de la Caja y del sistema de salud pública y participar en la marcha del 25 de octubre.

Para unirse al Bloque de Vivienda, escriba al 87135061 o al 85110038. 

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Información compartida con SURCOS por Bloque de Vivienda.

Gobierno roba a los pobres el derecho a vivienda y derecho a estudiar

Escrito el . Publicado en Derechos, Vivienda.

Ante la inercia que sufre el sector vivienda de interés social, donde el presidente de la república a demostrado claramente que no tiene el menor interés por las familias pobres que no tienen casa, con acciones que lo demuestran contundentemente, como las siguientes:

  1. A dos meses de la renuncia de la ministra y viceministro de Vivienda, el gobierno no ha nombrado sus sustitutos permanentes y mantiene un nombramiento provisional que no genera confianza a nadie dentro del sector
  2. Igual tiempo tiene la Junta Directiva del BANHVI sin presidente, por lo cual no puede sesionar para tomar acuerdos, con una larga lista de proyectos de vivienda y de bonos de vivienda individuales, muchos de ellos de zonas indígenas que solo esperan el acuerdo de esa Junta Directiva para que esas familias tengan sus casas.
  3. Que el ministro Nogui Acosta no ha querido cumplir con la obligación de girar los diez mil millones de colones que la Asamblea Legislativa asignó al BANHVI, en desacato de la Resolución 150 – 2022de la Procuraduría General de la República que es vinculante para el Gobierno y el ministro, quien se burla nuevamente de nuestra legislación y de las familias de mayor pobreza y vulnerabilidad, proponiendo un nuevo rebajo de treinta mil millones de colones en el nuevo presupuesto usando el engaño para que el pueblo y los diputados no se den cuenta, como el “bicho rastrero” que es y con toda desfachatez habla de aumento en vivienda.
  4. Conel BANHVI, el MIVAH e INVU cada día más ineficientes, sin un verdadero seguimiento a los Proyectos habitacionales, con menor producción de viviendas, con una ministra que sigue siendo provisional después de dos meses de estar en el cargo, nos genera una horrible impresiónde que la directriz es “patear la bola para adelante” y aprobar lo menos posible para que haya un alto superávit y así justificar recortes de Presupuesto, como el que plantean ahora mismo.
  5. Nose cuenta con una verdadera Política Nacional de Erradicación de precarios, este es un sector de la población que está en completo abandono desde hace varias administraciones gubernamentales sufriendo las peores humillaciones y estigmas, con una terrible y permanente penetración del flagelo del narcotráfico y el crimen organizado que aprovecha las difíciles condiciones en que viven para reclutar adolescentes para ponerlos a delinquir, convirtiéndolos en máquinas totalmente entrenados en la violencia, con métodos de gran crueldad y hasta cinismo con sus víctimas. Evidentemente la eliminación de miles y miles de Becas de FONABE y Avancemos propician mayormente esto porque son miles de jóvenes que dejan de estudiar.

Por estas razones y muchas más que no mencionamos por falta de espació, El Foro Nacional de Vivienda, la Asociación de Lucha Contra la Pobreza -COLUPOA-, Mujeres en Lucha Social, cansados de esta anarquía y desinterés del gobierno y las autoridades encargadas del Sector, hemos acordado una ACCIÓN DE CALLE (realmente calle) el próximo 20 de septiembre para solicitar al presidente que se coma de verdad esta bronca y que dejemos la palabra simple y sin contenido y que nombre formalmente quien será la o él ministro de Vivienda y presidente de la Junta Directiva de BANHVI y que se nombre de forma independiente Presidente (a) Ejecutivo (a) del INVU y se ordene este sacrificado Sector donde hay miles y miles de familias de PROBREZA EXTREMA Y ALTA VULNERABILIDAD, de las cuales hay más de veinte mil por ser tirados a la calle po desalojos.

AMIGO Y AMIGA, Grupo organiza con Proyecto de Vivienda, súmate a esta lucha, contáctanos

San José. 4 de septiembre 2023.

 

Manuel Salinas Salinas

Víctor Rojas Marín

Rocío Ramírez Varela

Teléfono 8381 6224

Teléfono 8993 0316

Teléfono 7015 4292

 

Imagen ilustrativa.

Trabajo forzoso se ha incrementado en los últimos 5 años, según la OIT

Escrito el . Publicado en Trabajo.

Millones de personas se encuentran atrapadas en trabajos forzosos, incluso en sistemas de esclavitud moderna. (Foto: Cortesía)

Por María Núñez Chacón

Los trabajadores migrantes tienen más de tres veces de probabilidad de realizar trabajos forzados, lo que les pone en una situación de gran vulnerabilidad.

La pandemia creó grandes perturbaciones en los mercados del trabajo; la baja en los ingresos de las personas provocó un mayor endeudamiento; se dio un marcado aumento de la servidumbre por deudas; y, finalmente, el deterioro en las condiciones laborales de muchos trabajadores propició, en los casos más extremos, el trabajo forzoso.

De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló recientemente en su informe “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna, trabajo forzoso y matrimonio forzoso” que unos 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna (al 2021), de estas, 28 millones realizan trabajos forzados y 22 millones están atrapadas en matrimonios forzados.

Y es que el número de personas en situación de esclavitud moderna ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años, pues para el año 2021 había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna en comparación con las estimaciones mundiales de 2016.

De acuerdo con Noortje Denkers, especialista de Migración Laboral y Movilidad Humana de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, la agencia de Naciones Unidas nota con mucha preocupación que el número de personas que está atrapada en la esclavitud moderna va en aumento, asimismo, alerta que siguen siendo las mujeres, niños y niñas quienes están más vulnerables ante esta situación.

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“Cuando lo vemos desde la óptica migratoria, el trabajo forzoso es mucho más frecuente, las personas migrantes tienen tres veces mayor riesgo de trabajo forzoso, las cifras muestran que, de cada 1.000 migrantes, 13,8 están en trabajo forzoso y para el caso de personas no migrantes, de cada 1.000, 4,1 están en esta situación”, explicó Denkers en entrevista con UNIVERSIDAD.

¿Esta realidad mundial, con qué incidencia se presenta en los países centroamericanos?

—Las crisis que estamos viviendo han generado coyunturas que facilitan la profundización del trabajo forzoso y Centroamérica no está exenta de ellas. Una crisis global, como la que ocasionó el COVID-19 y el cambio climático han tenido un fuerte impacto en temas de empleo y educación, aumento de la pobreza extrema, migración forzosa, inseguridad e incremento en las denuncias de violencia de género.

La combinación de estos factores incrementa el riesgo de la esclavitud moderna o el trabajo forzoso, y quienes están en condiciones de vulnerabilidad se ven más afectadas, por ejemplo, quienes están en pobreza, trabajadores de la economía informal, niños y niñas.

¿Qué implica el trabajo forzoso o la esclavitud moderna?

—Cuando pensamos en el trabajo forzoso pensamos en personas encadenadas, encerradas de un edificio, pero debemos entender que la realidad es distinta, hay a quienes les decomisan su pasaporte en el trabajo, lo que les impide la movilización o salir del país en el que trabajan. Eso es un indicador muy común del trabajo forzoso.

También, hay a quienes les retienen sistemáticamente el salario, o les dicen que tienen una deuda por haberles dado el trabajo y la personas sigue trabajando sin recibir su sueldo. También, aquellos que sufren algún tipo de coacción, confinamiento, violencia física o sexual y la privación de necesidades básicas.

Todas estas cosas suceden a nuestro alrededor, no hay que ir muy lejos.

¿En qué sectores es más frecuente encontrar condiciones de trabajo forzoso o esclavitud moderna?

—La mayoría está en servicios, en la industria manufacturera, en la construcción, agricultura y en el trabajo doméstico, esos son los cinco sectores que concentran más a las personas que están en trabajo forzoso. Y la mayoría de los casos de trabajo forzoso, 86%, se dan en el sector privado.

¿Cuáles son las acciones que deberían tomar los países para luchar contra la esclavitud moderna?

—La OIT recomienda en su informe que, para prevenir el trabajo forzoso, es esencial respetar las libertades y derechos de las personas trabajadoras, lo que incluye la libertad sindical y a la negociación colectiva, que les permiten ejercer una voz colectiva y defender sus intereses, así como negociar un trabajo seguro y decente.

Otra medida es ampliar la protección social para que las personas no se encuentren en situación de vulnerabilidad y que tengan acceso a seguridad básica de ingresos y puedan rechazar cuando les ofrezcan un trabajo abusivo, o abandonar aquellos empleos que tengan esa tendencia. Es necesario promover la contratación equitativa, incluyendo el reclutamiento de migrantes, que les prevenga de prácticas abusivas y fraudulentas.

Es fundamental que los servicios públicos sean capacitados y fortalecidos para detectar las infracciones laborales e indicadores de trabajo forzoso y que desarrollen procesos de reparación para las personas donde la prevención falló.

 

Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.