Jornadas solidarias, desde un espacio autónomo y autoconvocado, desde marzo han estado recolectando comida y dinero y con esto han realizado diversas acciones para llevar alimentación e implementos de limpieza a las personas en condición de callejización. Ahorita se encuentran en contacto con personas de la cuartería donde hay casos positivos de COVID, con el fin de acompañar el proceso de satisfacción de necesidades básicas.
Jornadas solidarias le invita colaborar con donaciones ya sea en especies o de dinero. Actualmente son 30 familias en pobreza extrema y con una medida sanitaria que no les permite salir.
“Apoyo mutuo y solidaridad en medio de esta crisis por la pandemia y profundizada por el neoliberalismo”.
El virus covid-19 o SARS 2 está entre nosotros y no sabemos qué tan cerca.
Esa enfermedad que podría no ser más que un nuevo tipo de gripe pudo haberse modificado con respecto al que surgió en el continente asiático, pero se ha diseminado por el mundo con la certeza de la letalidad y el poder de contagio.
En un momento nos pareció lejano, luego “lo hemos visto” recorrer los países como una peste que no reconoce fronteras, ni origen étnico o social, llevando muerte y desolación a lugares inimaginables, ciudades y poblaciones notables que parecían inmunes, generando imágenes dantescas propias de una película de terror.
Los medios de comunicación informan en crudo tiempo real y hemos aprendido a recibir listados de enfermos y de muertes como si un escenario de guerra hubiera regresado, no han sido suficientes los sistemas, equipos y personal de salud tampoco los cuantiosos recursos económicos de algunos países.
De pronto un virus invisible nos ha igualado y nos ha mostrado la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de las poblaciones humanas y la debilidad de las sociedades y de los sistemas políticos.
Un virus ha paralizado lenta y progresivamente el mundo, ha detenido sorprendentemente las actividades económicas, ha suspendido la desenfrenada dinámica comercial, ha dejado desoladas las calles, los parques, los estadios y las iglesias.
Como por arte de magia o como en una obra de teatro la tragedia, la ficción y la realidad se reunieron, lo impredecible e inimaginable sucedió, la libertad de movimiento y de desplazamiento dejo de ser útil, dejó de ser importante.
Por el contrario, el confinamiento ha sido la estrategia de sobrevivencia, el distanciamiento social la recomendación, las medidas de prevención y protección la obligación, el hogar y la familia es la trinchera.
La convivencia social se ha transformado, la salud y la vida han vuelto a ser prioritarias, los hospitales vuelven a ser lugares esenciales, el personal médico el recurso más valioso.
La solidaridad humana ha despertado escenas del pasado, vuelven a ser presente, el trabajo dejó de ser obligatoriamente presencial, la comunicación electrónica y virtual surge como la solución profundizando el abandono de la relación interpersonal.
El comercio exprés dejó ver sus bondades, el comercio minorista resultó ser el gran ganador y las empresas que elaboran las vacunas lo serán aún más.
Los gobiernos siguen buscando diversas formas de ayuda a los desempleados y desplazados, pero también a las empresas, han recordado las dimensiones de la pobreza y la indigencia y han constado que hay condiciones que favorecen el contagio.
Las ciudades y pueblos ahora se diferencian por cuál tiene más o menos contagios o muertes, pero también por cuáles tienen centros de salud adecuados.
Las familias se han convertido en burbujas, algunas reales y otras forzadas, unas satisfactorias otras complicadas, la gente podría morir del virus o de hambre, ciertos sectores sociales no podrán escoger.
El dilema entre la salud y la economía está presente, algunos países ya han definido cuál de las dos privilegian.
Una nueva normalidad vendrá … pero nada volverá a ser igual.
Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.
Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.
“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.
Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .
El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17 de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.
Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.
“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.
Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias. Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.
“Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados”.
La anterior frase nos la ha regalado el Papa Francisco en su mensaje para el Día Mundial del Migrante y Refugiado 2020. A nosotros, integrantes de la Red Clamor Costa Rica –una instancia de comunión en la que, diócesis y congregaciones religiosas de la Iglesia Católica, procuramos hacer real el compromiso pastoral liberador junto a hombres y mujeres en situación de migrantes y refugiados–, nos ha parecido muy elocuente para dar a conocer, ante los hermanos miembros de nuestra Iglesia Católica Costarricense y los ciudadanos que habitamos en este hermoso país, nuestra mirada pastoral sobre realidades que viven los hombres y mujeres obligados a migrar o a buscar refugios lejos de sus comunidades de origen.
En el actual contexto provocado por la pandemia del Covid-19, los rostros de los migrantes y refugiados emergen como expresión de un drama humano agudizado, donde no solo la enfermedad misma, que tiene sometida a toda la humanidad, sino otros agravantes sociales y legales, están poniendo de manifiesto el estado de vulnerabilidad que les agrieta la esperanza y les carcome la posibilidad de alcanzar condiciones de vida digna. En medio de una sociedad que parece dejarse empequeñecer por el pánico ante un virus, se están develando una serie de atropellos a la dignidad humana, que tiene como destinatarios a hombres y mujeres empobrecidos, no solo de origen extranjero, sino también a personas de nuestro propio país. Prueba de ello es la constatación de las condiciones en que nuestros hermanos y hermanas son contratados laboralmente, con las consecuentes disminuciones de sus opciones de tener viviendas adecuadas, adquisición de servicios básicos, acceso al derecho humano de condiciones adecuadas en su salud.
Es deplorable que, en medio de lo que una realidad no prevista, y ante la que ningún grupo social podría haber actuado de forma previsora, surjan voces desde las que, con una negación casi absoluta de objetividad, aun cuando hoy se tiene acceso a tanta información calificada, se culpabilice a las personas migrantes y refugiadas como los grandes contagiadores, relevando la responsabilidad de otros actores que por intereses económicos reducen a las personas migrantes y refugiadas a simples medios de producción, ante los que no hay compromisos morales ni legales para preservarles su integridad.
La vida en plenitud (Jn 10,10) de una sociedad que tiene que ver con la salud como asunto público, demanda la corresponsabilidad para todos los miembros de la colectividad, y no puede ser concebida como privilegio de un sector social, en detrimento de las calidades de otro, que, por su origen o condición migratoria, lo excluye de la posibilidad de ser estimado como destinatario de las estrategias para preservarlos de los factores de riesgo. Como ha afirmado el papa Francisco, en el mensaje citado, es necesario conocer para comprender.
Para la Red Clamor Costa Rica la comprensión de la realidad de migrantes y refugiados, no es asunto intelectual, sino el desarrollo de actitudes de cuño cristiano que no requieren de permisos especiales, y que tampoco se dictaminan por decreto, sino que únicamente demandan volver la mirada hacia la presencia acogedora de un Dios que es padre de todos (Lc 11,2-4), que pide mostrar nuestra fidelidad a la Buena Noticia dada a conocer en su Hijo Jesucristo, para que pasemos por el tamiz de la misericordia todas nuestras acciones, asumiendo con rectitud evangélica que dar de comer al hambriento, saciar al sediento, vestir al desnudo, acoger al migrante (cf. Mateo 25, 31 ss), no es un compromiso a negociar, sino un estilo de vida solidaria que urge fortalecer.
Es oportuno y necesario que, como miembros de la familia humana, en estos tiempos aciagos de pandemia, tengamos claro que el cuidado es compromiso universal, y por ello tenemos que poner mucha atención en las poblaciones afectadas por el pecado social, porque “La construcción del Reino de Dios es un compromiso común de todos los cristianos y por eso se requiere que aprendamos a colaborar, sin dejarnos tentar por los celos, las discordias y las divisiones. Y en el actual contexto, es necesario reiterar que: «Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas” (Papa Francisco, Día del Migrante y del Refugiado 2020).
Desde la Red Clamor invitamos a todas las personas que creemos en el Dios de la Vida, fuente del Amor generoso y sin prejuicios, a despertar nuestras conciencias, en este momento de la pandemia, comprender que los y las hermanas migrantes continúan pasando, ahora más que nunca, una situación dolorosa y difícil, la cual reclama un actuar desde la hondura de nuestra fe y desde la dulzura de la misericordia.
Todas las personas tenemos dignidad, independientemente de nuestro origen, y, en consecuencia, todos debemos cuidarnos y debemos ser cuidados. Dios nos auxilie en esta misión de preservar la vida para todos, y nos dé la gracia para comprometernos en ella.
San José, Costa Rica, 6 de julio de 2020
Suscriben. Secretariado Nacional Pastoral Social-Caritas Costa Rica. Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Cartago Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Puntarenas Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Alajuela Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Arquidiócesis de San José Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Tilarán-Liberia Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de San Isidro El General Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Limón JPIC Claretianos Costa Rica JPIC Familia Franciscana Costa Rica Pastoral de Jóvenes Migrantes Costa Rica Servicio Jesuita para Migrantes (SJM Costa Rica) Hermanas de la Caridad de Santa Ana Hermanas Scalabrinianas Costa Rica
No todas las personas experimentan de la misma forma la pandemia. Debido a que vivimos en una sociedad basada en la desigualdad social y el patriarcado, las mujeres nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los efectos de cualquier crisis económica, política y social. Además, las mujeres rurales, campesinas e indígenas experimentan doble exclusión y desigualdad que agudiza el impacto de la crisis sanitaria.
Mañana estaremos profundizando sobre este tema, así como sobre las estrategias y alternativas que construyen las mujeres para resistir a este contexto.
Nos acompañaran Francisca Inés Wilson de Valle Bonito de Upala, parte de la Red de Mujeres Rurales, Cinthya Hernández de Chánguena en Palmar Sur, parte de Chánguena por Siempre. Doris Ríos, del territorio cabecar de China Kichá en la Zona Sur, parte de los procesos de recuperación de tierras indígenas y Kattia Cruz de la Carpio en San José, parte de COOVIFUDAM.
A las 5:00 p.m. por la 96,7 fm o en el Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.
Los desafíos sin fronteras requieren una solidaridad sin fronteras
La pandemia de Covid-19 se ha convertido en un azote para la humanidad. Cientos de miles ya la han contraído y muchos miles han muerto y morirán de ella. El virus causa un enorme sufrimiento, crea inseguridad individual y colectiva en todo el mundo al amenazar a través de las fronteras y desestabilizar países y regiones enteras.
Las consecuencias fatales de esta pandemia afectan en particular a las personas más vulnerables: los que ya están muriendo de hambre y que no pueden esperar apoyo financiero ni protección médica de sus gobiernos y autoridades públicas, los que sufren guerras y expulsiones. Son las mujeres que están lo más expuestas.
El Covid-19 es un enorme desafío para todos. Tanto el sistema médico y sanitario, como los sistemas económicos, ya están llegando a sus límites de máxima tensión. Se necesitan respuestas progresistas en estos desafíos, hoy y para el futuro.
Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas están a la vanguardia en la lucha contra los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta crisis sin precedentes. Lo que necesitamos a nivel nacional y mundial es más cohesión social y más solidaridad.
En las próximas semanas se sentarán las bases de un nuevo orden mundial. Los progresistas tienen que alzar su voz ahora para poder opinar sobre su configuración. El traspaso del control de los servicios públicos vitales al mercado privado se ha mostrado que es el camino equivocado. Ahora podemos ver claramente que la seguridad social y la atención sanitaria no son costos que se deban recortar, sino que son pilares esenciales del buen funcionamiento de las sociedades que necesitan inversiones sostenibles.
La ignorancia y la arrogancia de los nacionalistas y populistas dividen a las sociedades y nos ponen en peligro a todos. Su camino es equivocado y pone en peligro vidas humanas lo que ahora es más evidente que nunca al carecer de toda referencia ética o humanista y al socavar nuestras democracias.
Ya ha comenzado la lucha sobre quién tendrá que asumir los costos de los paquetes de rescate necesarios. A diferencia de la respuesta a la crisis financiera de 2008, nuestras democracias, sociedades, economías y simplemente el planeta no pueden permitirse otra década de austeridad o de mercados incontrolados.
La solidaridad significa que los fuertes utilizan su fuerza para sostener a los débiles. La respuesta a esta crisis es la solidaridad mundial. Por ello, los partidos y organizaciones de la Alianza Progresista exigimos y promovemos una agenda multilateral y global, inmediata y audaz:
Exigimos que se tomen medidas agudas:
Un cese del fuego humanitario mundial, tal como lo exige urgentemente el Secretario General de las Naciones Unidas a fin de crear el espacio necesario para hacer frente a la pandemia de Covid-19, incluso en zonas de guerra y de crisis. También el fin inmediato de los embargos por motivos políticos para permitir el acceso a comida, medicamentos y implementos de salud. Ahora se trata de salvar vidas y mitigar la propagación del virus.
La cooperación y la coordinación mundial son el requisito previo para una lucha exitosa contra los efectos causados por Covid-19. Exigimos que todos los gobiernos apliquen sin tardar las recomendaciones de la OMS. Quienes se aíslan y no apoyan a los demás con todas sus posibilidades muestran una falta de solidaridad y son responsables de una gran catástrofe. Es necesario que los políticos, los institutos de investigación y las empresas se apoyen mutuamente a nivel mundial para sostener a esos Estados y a las personas de las zonas vulnerables a través de las fronteras en su búsqueda de soluciones políticas y médicas.
Apoyo médico inmediato para los campamentos de refugiados para prevenir la propagación de la enfermedad viral. Los refugiados y las personas desplazadas son los más vulnerables y no deben ser olvidados. Las instituciones internacionales y los Estados deben continuar e incluso aumentar su ayuda y asistencia.
A mediano plazo, llamamos:
Que las Naciones Unidas creen un Fondo internacional para apoyar el tratamiento de los pacientes con coronavirus en todo el mundo y hacer frente a las consecuencias a largo plazo. Este Fondo no sólo debe permitir la adopción de medidas agudas, sino también inversiones orientadas al futuro en el interés general. Pedimos que se intensifique la cooperación para el desarrollo, ya que debemos asumir juntos los costos de la pandemia, dado que las repercusiones y los costos de la crisis del coronavirus serán enormes y supondrán una carga excesiva para muchos Estados, que se verán abocados a una grave crisis financiera, económica y social.
El G20 deberá trabajar en estrecha colaboración con las Naciones Unidas para coordinar las políticas fiscales y monetarias, así como la reanudación del comercio y los paquetes de ayuda conjunta con el fin de permitir financiar el plan mundial para afrontar los desafíos globales comunes. La política de crisis nacional es necesaria y justificada, no se puede dejar de lado a los países pobres y débiles para hacer frente a esta situación. Se exige a los países del G20 y a otras economías fuertes que den un paso adelante.
Proponemos que se genere una coordinación para prevenir el riesgo de una nueva crisis de la deuda y para combatir eficazmente la evasión fiscal. Esta coordinación debería crear un nuevo espacio y capacidad. Las estrategias selectivas de alivio de la deuda y los procedimientos ordenados de insolvencia de los Estados podrían aliviar en cierta medida la presión de la burbuja de la deuda.
Considerar la inversión en servicios de salud y atención médica como una inversión esencial de interés general. La crisis de Covid-19 no es una crisis social menor. Los sistemas de salud a nivel nacional y mundial están llegando a su límite de tensión o ya lo han superado. Si fuera necesario una prueba, la pandemia muestra claramente que el mantra neoliberal de maximizar los beneficios a expensas de los servicios sanitarios, sociales y públicos ha debilitado la capacidad de respuesta de los Estados y ha dejado a la gente sin acceso a la atención médica.
Acordar a corto plazo el control de los precios de los bienes médicos importantes; la cooperación internacional en la investigación de vacunas y los ensayos clínicos; el desmantelamiento de la protección de patentes; la ayuda a los países más afectados para estabilizar sus sistemas de salud y el aseguramiento de las cadenas de suministro de los bienes médicos.
Revisar las reformas neoliberales de los bienes y servicios comunes que han fracasado. Necesitamos pisos de protección social en todos los países como lo solicita la OIT. Proponemos en este marco el desarrollo de los sistemas de salud pública locales así como una inversión social sostenible.
A los gobiernos de los estados nacionales a que aumenten significativamente los respectivos salarios mínimos y de subsistencia en el sector de la salud, la atención y los servicios. La presión de los costes en las últimas décadas ha conducido al resultado que los trabajadores y trabajadoras, que aseguran nuestra atención y servicios sanitarios hoy en día, están al final de la escala de sueldos y salarios y además no están adecuadamente protegidos contra el virus que ellos y ellas combaten hoy en día.
Por un acuerdo internacional sobre programas de inversión sostenible en infraestructuras sociales. A diferencia de lo que ocurrió después de la crisis financiera de 2008, es importante que la nueva liquidez en los mercados de capital fluya hacia inversiones sostenibles reales y socialmente significativas, por ejemplo, infraestructuras sociales, paquetes de acuerdos verdes y similar con el interés general y alrededor de la agenda 2030 visando la transición socio-ecológica.
Por un multilateralismo renovado en el que los progresistas estén a la cabeza de las políticas alternativas y la promoción del interés público. Pedimos que se fortalezca el multilateralismo y se otorgue a las instituciones internacionales más poder de decisión. Los fundamentos legales y financieros deben ahora ser ampliados. Este virus no reconoce fronteras. Mientras que la lista de desafíos que sólo podemos abordar de manera global y colectiva es cada vez más larga, el multilateralismo está en declive. Muchas instituciones internacionales, como las Naciones Unidas y la OMC, carecen de fondos suficientes y están en crisis hoy en día, incapaces de cumplir sus funciones previstas para la gobernanza mundial.
En tiempos de crisis más que nunca se necesita una buena gobernanza legitimada democráticamente
El avance en gran medida incontrolado de esta pandemia sin precedentes es utilizado actualmente por regímenes autoritarios y antidemocráticos para reducir aún más el espacio democrático y cívico, los derechos fundamentales y las instituciones democráticas. Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas deben coordinarse en las instituciones regionales e internacionales para garantizar que esos intentos no queden sin consecuencias. Es necesario apoyar a la sociedad civil progresista y democrática.
Nos comprometemos a defender el estado de derecho democrático, los derechos fundamentales individuales y colectivos y las libertades civiles;
Promovemos el fortalecimiento de la solidaridad a nivel nacional y mundial;
Defendemos y promovemos la transparencia y la participación democrática en el buen gobierno;
Nos oponemos a cualquier intento de estigmatización de refugiados o minorías;
La lucha contra los efectos de la crisis del Covid-19 requiere un control y una gobernanza democrática a través de los parlamentos, incluido el uso de nuevas formas de comunicación a fin de asegurar un espacio de debate político sobre las opciones de políticas, programas y proyectos.
El virus no conoce fronteras. ¡La respuesta al virus tampoco conoce fronteras!
Como socialdemócratas, socialistas y progresistas nos comprometemos a mejorar la coordinación, adoptar enfoques comunes y establecer un nuevo paradigma progresista a través de nuestra red mundial: Alianza Progresista
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, este Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio) se centró en el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil. La pandemia de salud de COVID-19 y el consiguiente impacto económico y de mercado laboral están teniendo un gran impacto en la vida y los medios de vida de las personas.
Lamentablemente, los niños suelen ser los primeros en sufrir. La crisis puede empujar a millones de niños vulnerables al trabajo infantil. Se estima que ya hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 72 millones realizan trabajos peligrosos. Estos niños ahora tienen un riesgo aún mayor de enfrentar circunstancias aún más difíciles y de trabajar más horas al día.
En cualquier país del mundo y por supuesto en el nuestro a los niños les corresponde estudiar y prepararse adecuadamente para el futuro, jamás trabajar.
Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.
Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Martes 9 de junio del 2020.
La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.
En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.
La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.
Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:
Estas empresas han funcionado por muchos años a partir de la explotación de trabajadores(as) costarricenses y migrantes; estos últimos representan un alto porcentaje del personal contratado. En estas fincas el trabajo se desarrolla muchas veces en condiciones inhumanas, lo que les permite maximizar sus ganancias. Es conocido que a los(as) trabajadores(as) migrantes indocumentados se les contrata con salarios menores a lo establecido por ley y sin garantías laborales, lo cual implica su exclusión del sistema de salud. De igual manera, los(as) trabajadores(as) costarricenses sufren constantes atropellos a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales.
Muchos(as) trabajadores(as) migrantes se mueven a través de las fronteras gracias a redes de corrupción, donde se ven involucrados funcionarios públicos, empresas, transportistas, contratistas y otros, quienes aprovechan su condición de vulnerabilidad para lucrar.
Las condiciones de trabajo en general no cumplen con la legislación establecida, lo cual en el marco de la pandemia se refleja en una falta de protocolos sanitarios: los(as) trabajadores no cuentan con lugares ni con materiales para el lavado de manos constante, no cuentan con vestimenta apropiada ni con la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud y se ha registrado que se trasladan a los trabajadores aglomerados en camiones hacia los centros de trabajo, sin ningún tipo de protección.
Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la Pandemia un alto costo social para el país.
Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:
Intervenir de manera inmediata las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los y las trabajadoras.
Asegurar que a los(as) trabajadores(as) de las empresas intervenidas les sean respetados sus derechos laborales.
Que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.
Que se aborde la situación con un enfoque de Derechos Humanos y se asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.
Que se instale un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.
Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.
El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19 Junta Directiva, 24 de abril del 2020
El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:
En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.
Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:
Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.
El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.
Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275
CC Arch.
Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020
Jenyel Contreras Guzmán, Socióloga, Investigadora y evaluadora Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, COSTA RICA). Docente Universidad de Costa Rica (UCR) Guillermo Acuña González, escritor, sociólogo. Académico Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional
Repensarnos en la otredad nunca ha sido tarea fácil. Reconocer a la persona migrante como sujeto con derechos, aún en tiempos de pandemia, se vislumbra como el nuevo gran reto. En un momento de la historia en el cual es preciso reconsiderar los marcos de convivencia humana, el sujeto migrante, la persona que se moviliza, vuelve a ser portador de malas noticias, no por sí mismo, sino por los otros que lo increpan. Lo que genera su existencia no solo tiene que ver con la construcción de miedos, de desconocimientos, de rechazos sistemáticos. Se relaciona con la conformación global de estructuras de poder, la distribución de sentidos de otredad que marcan, delimitan, expulsan, excluyen. Este escenario está servido en Costa Rica.
Si existe una población doblemente vulnerabilizada en el actual contexto de emergencia sanitaria, esa es la población migrante. “A un país que no le importamos en vida tampoco parece que le importamos en la muerte”, sentencia Juan Carlos Ruíz[1], veterano y defensor de las personas migrantes en Nueva York, la ciudad de mayor afectación por coronavirus en Estados Unidos, en donde alrededor del 35% del total de personas fallecidas son de origen hispano.
Tales cifras se corresponden con los bajos ingresos, que les obliga a seguir trabajando pese a las medidas de confinamiento, el padecimiento de enfermedades crónicas subyacentes, vivir en el hacinamiento en viviendas multifamiliares, la falta de acceso al seguro médico y no buscar asistencia médica por temor a sufrir represalias como la deportación, que han continuado aún con la pandemia a cuestas. Esa misma ciudad que registra una muerte cada 2 minutos, ha sido abandonada a su suerte por los ricos que el virus no ha encontrado en sus casas, porque han salido sin rubor en aviones privados hacia sus multimillonarias residencias en Long Island a resguardarse de la letalidad y el confinamiento. Si hay un proceso que no se ha detenido ni con la pandemia, ha sido el de la reproducción global del poder, capitalista, eurocentrado, extractivo.
Entre el rigor y la dureza de tales cifras y el desdén de las élites estadounidenses, se asoma en aquel país tibiamente el fallecimiento de 5 personas de origen costarricense como producto de la pandemia. Para los efectos, representan una diáspora silenciosa y poco referenciada en las reflexiones sobre movilidades en el país, tan acostumbradas más bien a sentir resquemor y sospecha por aquellas personas que vienen de afuera, un afuera selectivo y siempre diferenciado. Un país que no discute sobre su diáspora, la niega, la invisibiliza y reproduce el mismo desinterés que las élites globales muestran por el resto de la población. Refleja para sí un orden colonial de pensamiento, una dinámica desigual de funcionamiento y de responsabilidad para con los suyos.
El Coronavirus desconoce fronteras, edad, género y estatus social, mas no las estructuras de exclusión, racialidad y desigualdad social que le han acogido, y que no permiten ignorar que no afecta a todas las personas y grupos por igual y que hemos organizado la sociedad no para la protección de quienes históricamente han sido vulnerabilizados, sino para el resguardo de los bien situados.
Nos encontramos ante un brote epidemiológico que esta vez no tuvo como epicentro el África Subsahariana ni la Latinoamérica subdesarrollada, un contagio global que no migró desde el sur global con gente en barcazas o en caravanas, un enemigo no tan invisible cuando las fronteras fueron cerradas. Una pandemia que ha dejado al descubierto el costo de no haber atendido oportunamente los problemas estructurales de sociedades acostumbradas a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Teniendo como conducta normal responsabilizar en los otros, los de afuera, los males que le aquejan, esta sociedad ya había tenido sus ensayos de construcción de discursos culpabilizantes en los extranjeros, en épocas recientes de epidemias no tan azotadoras ni devastadoras como la presente.
Hace tan solo seis años, cuando se produjo la crisis del ébola, el cuerpo sospechoso provenía de ese sur global devastado por la pobreza, el hambre y la miseria. Era un cuerpo enemigo, racializado, excluido. Teniendo como principio de conducción del virus, la movilidad de personas fue restringida, pese a la negativa de la Organización Mundial de la Salud de no limitar las movilidades humanas en aquel periodo. No tantos aviones fueron obligados a poner pie en tierra como ahora, pero las personas en contextos de movilidad fueron sacudidas por una percepción de portabilidad y enfermedad, solo por el hecho de moverse entre las fronteras internacionales.
Esa misma percepción, conviene recordarlo, se construyó como aguja hipodérmica del norte al sur, con consecuencias graves para las personas de contextos nacionales precarios, como el caso del áfrica subsahariana, de donde supuestamente provino el origen del virus. Con esta misma percepción, se incautaron los derechos de las personas en contextos de movilidad, como lo señaló en su momento Deysi Ventura: “el fantasma del extranjero que trae la enfermedad justifica medidas que restrigen las migraciones internacionales y fomenta violaciones a los derechos humanos”.[2]
Palabras previsoras de un mundo que seis años después continúa la tiranía en contra de las personas en procesos de movilidad, ahora con un claro carácter forzado alrededor del mundo. En el contexto de clausura que se experimenta, cualquier intento de movilidad a través de las fronteras trae consigo el germen de la construcción de la sospecha, el virus del estigma y el rechazo.
¡Que se vaya a morir a Nicaragua!
La narrativa antiinmigrante no ha sido heredada de los tiempos actuales de pandemia. En épocas recientes las imágenes han sido lacerantes: el horror de una niñez enjaulada y enjuicida como criminal por las cortes migratorias estadounidense, familias separadas y confinadas (ahora que el concepto de confinamiento ha supuesto novedad para quien lo experimenta en el marco de la coyuntura), la desesperación de las caravanas y corredores humanitarios centroamericanos de finales de 2018 y principios del 2019, cientos de cadáveres dispersos en el Mediterráneo, teniendo el agua como única promesa de tierra segura, las historias de drama para cientos de personas migrantes en la frontera entre Grecia y Turquía, sucedidas hace apenas unas semanas.
Nuevos muros se han construido en todo el mundo con ladrillos sólidos, alimentados por el miedo y el lenguaje de guerra. Una vez más hemos permitido que un problema estructural sea reducido a un conflicto de nacionalidad, a un sálvense quien pueda, a un nadie más cruce la frontera.
En Costa Rica los imaginarios de superioridad nacionalista son rastreables al siglo XIX. En su trabajo, Costarricense por dicha (2002, Editorial UCR), el historiador Iván Molina habla de la construcción de esta identidad nacional, blanqueada y vallecentrista.
Recientemente, no es posible obviar episodios de construcción de discurso nacionalista, salpicados de odio y rechazo al extranjero, pero no a cualquiera. Recordemos el caso del ataque y desamparo hacia Natividad Canda en 2005 y los discursos generados, la marcha xenofóbica en San José del 18 de agosto de 2018, la existencia de más de 30 páginas de redes sociales incitando al rechazo al extranjero, con cerca de 80.000 seguidores ese mismo año y el último acontecimiento, ocurrido en un lamentable domingo de resurrección lleno de discursos viscerales hacia una menor de edad, migrante y embarazada que cruzó la frontera en busca de asistencia médica al cierre de la Semana Santa.
Escudados en una protección higiénica del país, de sus fronteras, de sus familias, tales discursos traspasaron el filtro de la objetividad y se perdieron en una maraña de epítetos contra el cuerpo de esta niña, condensando en ella esa actitud anti nicaragüense que se enciende con cada coyuntura de toda naturaleza.
Este discurso no es solo xenofobia, porque también recrea otros elementos de la construcción de procesos históricos de diferenciación y desigualdad en el país. Mientras la protección de la dignidad humana continúe estando atravesada por la colonialidad del poder, se sostendrá la necropolítica, esa idea de que hay cuerpos que importan y cuerpos que pueden ser descartados. Así, la pandemia ha develado no solo los temores higienizantes al contagio, sino los miedos sociales siempre presentes en sociedades construidas al amparo de ideas hegemónicas sobre identidades y convivencias. Reiteramos: no solo se trata de xenofobias, que existen y son muchas. Son los resabios de estructuras de poder económico y social que hacen su trabajo en sociedades fracturadas en su tejido colectivo y social, como el caso costarricense.
También en el contexto internacional la crueldad no se detiene y ejemplos existen todos los días.
La consigna America first se constituye en el nuevo lema que ha permitido a la administración Trump expulsar a casi 10 mil personas migrantes desde el pasado 21 de marzo, en una nueva cruzada de odio antimigrante y racial. Este poder le ha permitido firmar un decreto para sancionar a los países que no “recojan” a sus deportados.
Por otra parte, la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México continuó en funcionamiento, tipificada bajo la categoría de actividad esencial y los trabajadores migrantes mexicanos que lo levantan, deben cruzar todos los días la frontera, ponerse bajo las órdenes de las autoridades sanitarias estadounidenses y mostrar con documentos que se dirigen a la obra fronteriza.
Mostrando el desdén colonial del norte global, hace unos días dos médicos franceses sugirieron en un programa de televisión que la vacuna contra el coronavirus podría ser probada en África. Distintos países europeos y la misma Casa Blanca hacen un llamado de solidaridad migrante para continuar con las “actividades esenciales” y recibir apoyo de profesionales extranjeros del área de la salud. Muchas actividades subterráneas y precarizadas continúan su funcionamiento en el mundo gracias a la actividad laboral de cientos de miles de personas trabajadoras migrantes. Incluido por supuesto el caso costarricense.
Detectamos y rechazamos
Un país que continuamente se reconoce en la ausencia de ejército, parece interesarle bastante poco reflexionar sobre los efectos de la utilización de lenguaje bélico para abordar situaciones de orden cotidiano. Los países de Centroamérica podrían darnos cuenta de los impactos devastadores de ello. Hace más de 30 años, el lingüista George Lakoff y el filósofo Mark Johnson explicaron el poder de las llamadas metáforas estructurales que impregnan la vida misma, no solamente en el lenguaje, sino también el pensamiento.
Pero ese discurso bélico ha estado presente en otras coyunturas recientes, como el caso desatado por la coyuntura de tensión con Nicaragua por el territorio de Isla Calero y los llamados a defender la soberanía nacional realizados en aquel momento[3].
En este marco, un imaginario de combate diario es reforzado en publicaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Seguridad Pública y la Vicepresidencia de la Republica en sus cuentas de redes sociales: “detectamos y rechazamos extranjeros” “#FronterasSeguras” “control migratorio” “tolerancia cero”. A esto se ha unido, incidentalmente, un medio de comunicación, que haciendo gala de una extraña idea de neutralidad periodística, acompaña los sobrevuelos del Ministerio de Seguridad en zonas de frontera, mostrando la efectividad del barrido y los esfuerzos por proteger la soberanía sanitaria nacional.
Todos Idearios propios de los abordajes securiatarios de las migraciones, cuyo logro principal es el reforzamiento de las fronteras ante las amenazas externas. De ello da cuenta la política exterior estadounidense continuamente. Nos preguntamos si esta agenda institucional y mediática, no condensará finalmente otros temas como la aceleración de las reformas de empleo en el sector público o la inserción de los intereses empresariales en los actuales esquemas de gobernanza, solo por mencionar dos casos puntuales actualmente en transcurso.
Como sea, resultado de este escenario discursivo, se han producido dos reacciones de la sociedad costarricense: el impulso del humanismo y solidaridad que existe y se cuenta por decenas y por otro lado el discurso de la división, del rechazo visceral y la confrontación constante. Las personas que atizan el conflicto y la polarización, hacen un daño enorme, porque la convivencia es muy frágil y la estamos convirtiendo en una lucha de todos contra todos, con dificultad para el debate saludable, basado en argumentos y premisas de conocimiento sobre las causas y las consecuencias de las movilidades humanas en los actuales contextos.
Abundan los mensajes efervescentes, las noticias falsas, la información no verificada (como por ejemplo el video circulado de un supuesto cementerio de cuerpos nicaragüenses, que finalmente fue ubicado en Ecuador), los Dunning-Kruger de las migraciones, y los grupos supremacistas, que los hay en el país, clamando por una defensa armada y el resguardo de las fronteras. Paradójicamente, esos mismos grupos guardaron silencio cuando las grandes empresas evasoras eludieron su responsabilidad con las instituciones que se han encargado de proteger desde la salud pública en el marco de la pandemia y que han sido debilitadas durante décadas por políticas de racionalización económica y el concurso de empresas de capital extranjero y transnacional. Ahí está el detalle: al descubierto se refleja que el problema no son los extranjeros, siempre y cuando no sean pobres y provenientes del sur global.
Ya en 1947 Albert Camus nos recordaba que las peores epidemias no son biológicas, sino morales, y que es en las situaciones de crisis que sale a la luz lo peor o mejor de la sociedad. Las grandes crisis no solo apelan a la ética cívica y a la responsabilidad individual y colectiva. Sirven también para discernir lo trascendental de lo accesorio, lo esencial de lo superficial. Será nuestra tarea apostar por la solidaridad intersubjetiva, para construir sociedades más inclusivas cuando la emergencia sanitaria haya terminado.
[1] En entrevista para La Jornada, 11 de abril de 2020.
[2] Deysi Ventura, 2016. El impacto de las crisis sanitarias internacionales en los derechos de los migrantes. SUR 23 – v.13 n.23 • 61 – 75
[3] Un abordaje analítico sobre este acontecimiento puede ser consultado en el texto del académico Esteban Aguilar denominado Proyecto Calero: una historia de militarización y xenofobia. (Praxis, Revista de Filosofía, N 71. Junio-Diciembre 2013)
