Son momentos de incuestionable unión y de esfuerzos conjuntos. De la mano, así tenemos que salir de este desafío que nos impuso el Covid 19.
Es inaceptable que la mafia política se aproveche de la situación, para enriquecerse más.
Hemos recuperado la solidaridad que habíamos perdido por los desvaríos de una sociedad de consumo, que consideraba moral y correcto, pisotear al “otro”, para lograr sus privilegios y su estatus.
La economía globalizada tenía su soporte en el consumo irracional, irresponsable e inescrupuloso. Se consideraba el consumismo como el centro del desarrollo y la forma de demostrar la integración a las nuevas tendencias posmodernistas de hacer política y establecer modelos de gobernanza, que profundizaban la dominación a la que habíamos estado sometidos.
Este gobierno sabía al asumir su mandato, que se enfrentaba en su trabajo a un terrible legado de las administraciones que, después del gobierno de Rodrigo Carazo, tuvieron como norte destruir nuestro estado de bienestar por uno presuntamente más moderno, más acorde a la privatización y a la negación del ejercicio de los derechos políticos de la persona ciudadana. Entregaron nuestra riqueza, como si fueran bienes de difunto a banqueros privados, alquiladores de edificios, prestatarios de servicios, etc., que aparecieron sin percatarnos, para hacerse del botín, como una gollería.
Pasamos a ser el país más desigual de América, porque la riqueza se concentró en muy pocas manos. Se imponía que era más importante el bienestar del individuo, aunque fuera pisoteando la espalda de los demás.
Así, entre las múltiples herencias aportadas por esa vieja mafia política que asumió el mando en la oscuridad, está la Concesión de la Ruta 27. Uno de los contratos más leoninos a los que nos ha condenado un gobierno.
Oscar Arias, lleno de malinchismo y sin ningún amor por nuestra patria –entre muchos de sus actos-, nos encadenó a enriquecer una empresa extranjera, a través de una concesión que demostró que el artilugio legal, servía para legitimar el saqueo de la riqueza que nos ha pertenecido.
La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos Nº 7762, aprobada el 22 de mayo de 1998, fue el instrumento para que una legalidad viciada, finalizara un proceso de años de irresponsabilidad estatal. En el mejor de los casos tuvimos que pagar $3 millones por comisiones al BID, por créditos que no se usaron y así se puso al desnudo la cultura de corrupción y de impunidad que se consolidaba.
Hoy todos debemos ser solidarios, la ciudadanía saca para ayudar al prójimo, incluso de donde no tiene y estamos dispuestos a correr al llamado del gobierno. Los ticos, somos solidarios porque no han podido arrebatarnos todas nuestras raíces, eso nos tiene con esperanza de salir adelante en estos momentos difíciles.
Resulta que ese leonino convenio de la Ruta 27 y las posteriores Adendas, dejaron establecida la obligación del gobierno –o sea el pueblo costarricense- de pagarle a la empresa Concesionaria Autopistas del Sol (c.c. Globalvía Ruta 27), los ingresos que la empresa no obtuviera, si por los peajes no pasan, los vehículos suficientes para cubrir los costos y obtener las ganancias que –en el gobierno de Arias- se le prometieron a la empresa extranjera, calculados con el Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos (CPI-U).
La Ruta 27 está desierta porque en estos momentos todos debemos estar en casa. Es la orden gubernamental para no ser castigados por el Covid 19 y ésa debe ser la responsabilidad ciudadana.
Debemos saber de manera transparente, si para cumplirle a la Concesionaria, hay que arrebatarle en esta emergencia a las personas desempleadas y en alta vulnerabilidad social, la plata para comprar alimentos, que, con mucho esfuerzo, hemos aportado con nuestros impuestos para ellos.
Aunque el contrato tiene una cláusula de Caso Fortuito, está más relacionada con los aspectos de construcción de la carretera y referidos desde luego a eximir a la empresa de cualquier responsabilidad.
Que sepa el gobierno que en estos momentos la probidad y la transparencia son la prioridad del país. Que cuenta con la ciudadanía como respaldo, ante los desafueros y la ignominia que una mafia política organizó, con una legalidad espuria.
La Concesionaria Autopistas del Sol ha estado en silencio, todavía no sabemos cuándo se dará por satisfecha y nos devolverá lo que nos pertenece. Para defenderla sobran los corsarios del derecho y la justicia.
Ya algunas empresas han manifestado que demostrarán en estos momentos, su solidaridad y responsabilidad social con el país.
La solidaridad debe ser de todos los que convivimos en esta patria, la ciudadanía ya ha puesto su parte.
Ahora le toca demostrarlo, sobre todo, a ese tipo de empresas que se enriquecen con lo que nos pertenece.
El Contexto Latinoamericano y Caribeño desde antes de la crisis producida por la pandemia del COVID 19, estaba atravesado por una ofensiva neoliberal en distintas dimensiones (política, económica, socioambiental, cultural) que se había extendido por toda nuestra región con una fuerza inusitada en los últimos dos años: el golpe de Estado de Bolivia, el viraje del gobierno en Ecuador, la agresividad del gobierno Brasileño, el creciente bloqueo a Cuba y Venezuela y el resultado de las recientes elecciones en Uruguay reflejan las dinámicas de polarización que se gestan en este marco junto con las crisis abiertas y movilizaciones populares en Haití, Ecuador, Chile y Colombia, la caravana de migrantes centroamericanos, o la derrota del partido Cambiemos en Argentina. Estos y otros factores como el creciente número de dirigentes sociales y ambientales asesinados especialmente en Colombia, aunque también en otros países como Costa Rica, visibilizan la magnitud de esta ofensiva y la polarización que ella produce con respecto a propuestas y movimientos progresistas.
En estas circunstancias, llega la crisis producida por la pandemia del Corona-virus, actualmente en proceso de crecimiento con consecuencias imprevisibles para nuestra región y para nuestro planeta. El análisis de su impacto en las relaciones económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales de nuestras sociedades deberá ser un eje central de nuestra acción en los meses venideros.
Por eso, en este contexto se ha hecho aún más necesario disputar desde la Educación Popular el modelo de sociedad al que aspiramos desde una ética del cuidado de la vida y en políticas en beneficio de las mayorías. Retomar, resignificar y recrear la dimensión profunda del sentido de nuestras prácticas y procesos organizativos en función de otro modelo civilizatorio que reemplace al actual modelo cuya crisis se agudiza con esta pandemia. Ante este contexto y las circunstancias que vivimos actualmente en el inicio del año 2020, podemos identificar algunos desafíos presentes para nuestros procesos:
Comprender el impacto que tiene y tendrá la pandemia Covid-19 en todo el marco de relaciones de nuestras sociedades, identificando cómo las políticas de privatización (en especial de los servicios de salud) afectan las capacidades de respuesta a una emergencia sanitaria de esta magnitud, así como la necesidad de repensar y redefinir otras relaciones económicas, sociales, ambientales y culturales basadas en otra ética, en otro sentido de la vida (pensar en nuestras sociedades post coronavirus y actuar para conseguirlas).
Comprender críticamente al neoliberalismo, desnudado por la pandemia, en su dimensión simbólica y cultural como productor de subjetividades y en su capacidad colonizadora de sentidos a partir de una racionalidad individualista, competitiva y consumista, para construir otra visión del mundo, otra ética y otras subjetividades desde propuestas políticas y acciones solidarias y colectivas centradas en el bien común.
Analizar críticamente los modelos de intervención ante la pandemia, utilizados por los distintos regímenes latinoamericanos y sus resultados. Identificar el papel de las políticas públicas ante estas situaciones de vulnerabilidad, así como los impactos diferenciados que esta situación provoca y las estrategias que pueden evitar una profundización de la desigualdad que ya afecta de manera más grave a sectores como las mujeres, personas trans, pueblos indígenas y comunidades campesinas, personas migrantes, iniciativas productivas desde la economía informal, etc.
Identificar, promover, sistematizar y visibilizar prácticas alternativas de solidaridad, intercambio desinteresado, ayuda mutua y participación social generadas durante esta crisis, para poder proyectarlas como prácticas democráticas y democratizadoras que se llevan a cabo desde otros paradigmas que el actualmente hegemónico basado en el mercado, las salidas individuales y el lucro.
Caracterizar las distintas formas de ejercicio de poder que se enfrentan a las lógicas del neoliberalismo y del autoritarismo que utiliza formalidades democráticas, reflexionando sobre las nuevas formas de construcción de procesos organizativos, de resistencia y de re-existencia con la participación de nuevos actores sociales y políticos.
Impulsar acciones y propuestas de descolonización y despatriarcalización de las formas de concebir y organizar las relaciones sociales y económicas, generando otros espacios y criterios de acción basados en la lógica del Buen Vivir, la Economía Social y Solidaria, y el cuidado mutuo y de la naturaleza de la que formamos parte.
Estamos viviendo un cambio de época que puede constituir una oportunidad para que –desde los procesos de educación y participación popular- impulsemos con mayor fuerza el desmonte de las lógicas y patrones culturales capitalistas, patriarcales, extractivistas, individualistas, racistas y coloniales y que desde las prácticas solidarias podamos construir espacios, propuestas, proyectos, programas que protagonizados por los sectores populares se constituyan en los nuevos referentes de otra manera de vivir. El CEAAL asume este desafío de ser movimiento transformador con decisión y compromiso, pero también con humildad, sabiendo que sólo será posible si ampliamos nuestro campo de alianzas, articulaciones y vínculos con otros movimientos, organizaciones y sectores sociales, siendo parte activa de un movimiento mucho más amplio y convergente de transformación.
“La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose” (J. Cortazar)
Manuel Hernández
Laaplicación efectiva del principio precautorio indubio pro salud
1.- Estamos experimentando una situación dramática, que nadie en su sano juicio, tan sólo hace algunos pocos meses, podía imaginarse, en la que todos somos vulnerables, pero no todos se exponen al riesgo de la misma manera.
La impronta de la pandemia ha trastocado todo el tejido social y los distintos órdenes del marco jurídico, por cierto, con implicaciones políticas, en el ya de por sí desmantelado sistema democrático de nuestro país.
La pandemia del nuevo coronavirus ha causado una reconfiguración de nuestro ordenamiento jurídico, de carácter emergente y temporal.
Los diferentes espacios de la superestructura han requerido intervenciones de la autoridad política, ya sean de carácter económico, social, comercial, y desde luego, el ámbito sanitario.
El derecho laboral, la seguridad social y los riesgos del trabajo no han estado inmunes a esta reconfiguración normativa de excepción.
2.- En el orden de la protección de la seguridad y salud de las y los trabajadores (riesgos de trabajo), las instituciones públicas concernidas también han dictado disposiciones normativas extraordinarias.
En esta materia, el tema de los equipos de protección personal (EPP), ha concitado un significativo interés en el debate público, a nivel internacional y nacional, cuya discusión, en buena medida, se ha concentrado en el suministro de mascarillas a las personas trabajadoras expuestas a riesgo profesional.
En nuestro país, con toda y más que justificada razón, los sindicatos de la CCSS formularon reiteradas demandas para que a la población trabajadora que está prestando servicios esenciales, se le facilite el equipo de protección personal adecuado e idóneo, incluyendo mascarillas.
3.- El examen de este tema, desde el punto de vista jurídico, no podría ignorar que implica cierto nivel de complejidad, reflejado en las medidas que se han adoptado a nivel global, que no han sido tan homogéneas.
Así tenemos que en varios países asiáticos, Corea del Sur y China, se estableció el uso obligatorio de la mascarilla para toda la población.
En Republica Checa, Eslovaquia y hace muy pocos días Austria, se ordenó también la obligatoriedad del uso persona de la mascarilla, incluidos los centros de trabajo.
En España, esta cuestión está siendo objeto de constante revisión y adecuación.
Tratándose de las medidas y equipo de protección del personal sanitario, el análisis puede que no resulte tan difícil, considerando que este personal está expuesto a una situación de riesgo objetivo, de carácter profesional.
A nivel internacional se han definido varios niveles o escalas de riesgo de exposición profesional (alto, moderado, leve).
El grado de exposición debe definirse técnicamente, de acuerdo con evaluaciones objetivas de riesgo, cuya revisión debe ser constante y dinámica, siguiendo el curso epidemiológico de la pandemia.
La evaluación de riesgo depende de varios factores, tales como el puesto y funciones desempeñadas, el contacto estrecho que el personal sanitario tenga o pueda tener con pacientes diagnosticados, con probabilidades de estar contagiados (sospechosos), o con compañeros de trabajo en condiciones similares y la misma evolución de la pandemia.
Además, existen personas trabajadoras que por su edad, patologías preexistentes (enfermedades crónicas, trastornos inmunitarios, medicación) son susceptibles de graves afectaciones en la eventualidad de sufrir contagio.
Con fundamento en los anteriores criterios deben planificar y definirse las medidas de protección colectivas e individuales.
4.- En este crítico y cambiante entorno, corresponde analizar el alcance de la obligación que tiene el patrono, en este caso la CCSS, de suministrar al personal sanitario, el equipo idóneo de protección individual.
Hay dos cosas muy claras, que nadie razonablemente discute:
En primer lugar, que la tutela de la salud y la vida constituye un derecho fundamental, que ostenta una suprema protección en nuestro ordenamiento.
Este reconocimiento implica el derecho de autotutela de los trabajadores, que se puede ejercer de manera individual o colectivamente.
Este derecho de autotutela o resistencia lo puede ilustrar la reacción de las y los trabajadores del Museo del Louvre, a principio de marzo último, que tomaron la decisión de cerrar el establecimiento, exigiendo que se les facilitaran las condiciones de seguridad y equipos de protección personal adecuados.
Lo que me interesa destacar es que el derecho a la protección de la seguridad, la salud, la vida y la integridad moral del personal sanitario, por más que presten un servicio esencial, no puede quedar recortado y mucho menos enervado, aunque sea en tiempos de pandemia.
Por tanto, no se puede imponer a estos trabajadores un sacrificio personal que comprometa la efectividad de este derecho fundamental.
En segundo lugar, aquella institución sanitaria está obligada a suministrar los equipos de protección personal que aseguren efectivamente la preservación e integridad de la salud y la vida de las personas trabajadoras, conforme lo exige el artículo 284.d) del Código de Trabajo.[1]
5.- Ahora bien, estas dos premisas jurídicas de las que partimos, tenemos que dimensionarlas en el contexto de la pandemia que azota al mundo, cuyo conocimiento científico -se puede sostener-, está todavía en proceso de construcción, en desarrollo, con nuevos hallazgos que van sobreviniendo y todavía sin una vacuna que ataje la amenaza mundial.
Lo cierto es que la cruda realidad está desbordando las proyecciones, y no hay que hacer mucho ejercicio estadístico para constatar que la pandemia está creciendo vertiginosamente, cobrando vidas y muchas bajas sensibles del personal sanitario, en todo el mundo, que ha hecho un esfuerzo titánico, no siempre con los equipos de protección suficientes y adecuados, para acometer este virus con un nivel de contagiosidad muy alto, que según explican los científicos, no tiene parangón con las anteriores epidemias, por lo menos en lo que va de este siglo.
Así las cosas, que cada vez son más serias, no hay espacio para albergar la menor duda de que no puede existir ninguna contención o restricción en el suministro del equipo de protección adecuado al personal sanitario, con todo y mascarillas.
La obligación patronal de facilitar el equipo de protección personal se justifica por partida doble: por un lado, funciona eficazmente como un cortafuegos, para evitar que los usuarios puedan resultar contagiados por el propio personal sanitario.
Por otro lado, pero no menos importante, para proteger la vida de este personal, que precisamente es esto lo que se está jugando: su vida y la de sus seres más queridos, día a día, en cada extenuante jornada.
La virulencia, la velocidad e impacto que nos ha demostrado que tiene esta pandemia, impide que las medidas de protección de seguridad y salud de las personas sanitarias, se puedan planificar y definir con base en parámetros ordinarios, o incluso con sustento en estadísticas basadas en otras pandemias; que dichosamente no fueron tan contagiosas o letales como este despiadado virus que nos tiene reducidos y confinados, menos al personal de salud, que desafiando el advertido peligro tiene que salir a cumplir su deber profesional.
En el ámbito científico existe todavía mucha incertidumbre acerca de este coronavirus, por lo que las medidas de protección colectiva e individual del personal de salud deben ser extremadas al máximo.
Además, corresponde plantearse particularmente la condición de los trabajadores de edad, con alguna predisposición patológica, trabajadoras embarazadas que están en una condición de mayor vulnerabilidad.
Entonces, en este contexto de incerteza, se impone invocar, de manera prevaleciente, por encima de razones económicas y de costos, el principio precautorio, indubio pro salud, que no es ajeno al Derecho de Riesgos del Trabajo, cuya aplicación debe ser intensamente estricta.
La contemporaneidad, el grado de contagiosidad, el desastre sanitario y daño humano que está globalmente causando la pandemia, y además, de suma relevancia, la falta de un conocimiento científico preciso y certero de este nuevo coronavirus, desde el punto de vista jurídico, obliga a asumir los riesgos a los que regularmente se exponen aquellas personas trabajadoras, como riesgos ciertos, más allá de todo juicio de probabilidad, potencialidad o eventualidad.
Es decir [acota Muñoz Ruiz], en estas circunstancias de incertidumbre, las medidas de prevención tienen que adoptarse amplia y rigurosamente, como si el riesgo fuera efectivo, cierto y actual, con la finalidad de minimizar la posibilidad de contagio y anticiparse preventivamente, cuya demora podría ser definitivamente más costosa para la sociedad.
En consecuencia, en este incierto escenario, los equipos de protección personal, incluida la mascarilla adecuada, no pueden de ninguna manera escatimarse, cuyo suministro no puede ser objeto de cuestionamiento.
6.- Con la vida del personal sanitario no se puede especular a expensas de modelos matemáticos.
Con simbólicos aplausos, expresados en conferencias de prensa, no se garantiza la máxima protección que requiere este valioso y valeroso colectivo de personas del Seguro Social, que tenemos en la trinchera, prestando un servicio esencial, imprescindible, en esta situación tan dura que estamos atravesando, en cuyo colectivo profesional tenemos en un hilo apretada nuestra esperanza.
El Dr.Tedros Adhanom, Director General OMS, recientemente afirmó de manera categórica: “No podemos detener la COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios”.
Las medidas de protección del personal sanitario de la CCSS tienen que elevarse e intensificarse en el máximo nivel, en aplicación ineludible del principio precautorio.
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
Cualquier cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para unos grupos sociales que para otros. Es imposible para un amplio grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena al conjunto de la población. En este texto, sin embargo, atiendo a otros grupos para los que la cuarentena es particularmente difícil. Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella. Esos grupos conforman lo que llamo el Sur. En mi concepción, el Sur no designa un espacio geográfico. Designa un espacio-tiempo político, social y cultural. Es la metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, por la discriminación racial y por la discriminación sexual. Me propongo analizar la cuarentena desde la perspectiva de quienes más han sufrido debido a estas formas de dominación. En su conjunto, estos colectivos sociales constituyen la mayoría de la población mundial.
Selecciono unos pocos
Las mujeres. La cuarentena será particularmente difícil para las mujeres y, en algunos casos, incluso puede ser peligrosa. Las mujeres son consideradas “las cuidadoras del mundo”, predominan en el ámbito de la prestación de cuidados dentro y fuera de las familias. Predominan en profesiones como la enfermería o la asistencia social, en la primera línea de batalla de la prestación de cuidados a enfermos y ancianos dentro y fuera de las instituciones. No pueden defenderse en cuarentena para garantizar la cuarentena de los demás. También son ellas las que siguen estando a cargo, exclusiva o mayoritariamente, del cuidado de las familias. Puestas en cuarentena, uno podría imaginar que, con más brazos disponibles en casa, las tareas podrían estar más distribuidas. Sospecho que no será así frente al machismo que impera y tal vez se refuerce en momentos de crisis y de confinamiento familiar. Con los niños y otros miembros de la familia en casa durante las veinticuatro horas, el estrés será mayor y sin duda recaerá más sobre las mujeres. El aumento del número de divorcios en algunas ciudades chinas durante la cuarentena puede ser un indicador de lo que acabo de decir. Por otro lado, es bien sabido que la violencia contra las mujeres tiende a aumentar en tiempos de guerra y de crisis (y ha ido en aumento ahora). Una buena parte de esta violencia se produce en el espacio doméstico. El confinamiento de las familias en espacios pequeños y sin salida puede ofrecer más oportunidades para el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Basándose en información del Ministerio del Interior, el periódico francés Le Figaro informaba el 26 de marzo de que la violencia conyugal había aumentado un 36% la semana anterior en París. El Ministro de Policía de Sudáfrica, Bheki Cele, informó el 2 de abril que en la primera semana de cuarentena se registraron 87.000 denuncias por violencia de género.
Los trabajadores precarios e informales, llamados autónomos. Después de cuarenta años de ataques a los derechos de los trabajadores en todo el mundo por parte de las políticas neoliberales, este grupo de trabajadores es globalmente predominante, aunque las diferencias de un país a otro son muy significativas. ¿Qué significa la cuarentena para estos trabajadores, que tienden a ser los más rápidamente despedidos cada vez que hay una crisis económica? El sector servicios, en el que abundan, será una de las áreas más perjudicadas por la cuarentena. El 23 de marzo, la India declaró la cuarentena durante tres semanas, afectando a 1.300 millones de habitantes. Teniendo en cuenta que en la India entre el 65% y el 70% de los trabajadores pertenecen a la economía informal, se estima que 300 millones de indios se quedarán sin ingresos. En América Latina, alrededor del 50% de los trabajadores se emplean en el sector informal. En África, por ejemplo, en Kenia o Mozambique, debido a los programas de ajuste estructural de los años 1980-90, la mayoría de los trabajadores son informales. La indicación de la OMS de trabajar en casa y en aislamiento es impracticable, pues obliga a los trabajadores a elegir entre ganarse el pan diario o quedarse en casa y pasar hambre. Las recomendaciones de la OMS parecen haber sido diseñadas pensando en una clase media que es una fracción muy pequeña de la población mundial. ¿Qué significa la cuarentena para los trabajadores que ganan día a día para vivir día a día? ¿Se arriesgarán a desobedecer la cuarentena para alimentar a su familia? ¿Cómo resolverán el conflicto entre el deber de alimentar a la familia y el deber de proteger su vida y la de ella? Morir de virus o morir de hambre, esa es la opción.
Trabajadores de la calle. Los trabajadores de la calle son un grupo específico de trabajadores precarios. Los vendedores ambulantes, para quienes el «negocio», es decir, la subsistencia, depende exclusivamente de la calle, de quienes transitan en ella y de la decisión, siempre impredecible para el vendedor, de detenerse y comprar algo. Hace mucho tiempo que los vendedores viven en cuarentena, en la calle, pero en la calle con gente. El impedimento de trabajar para quienes venden en los mercados informales de las grandes ciudades significa que potencialmente millones de personas ni siquiera tendrán dinero para acudir a las instalaciones de salud si se enferman o para comprar desinfectante y jabón para manos. Los que tienen hambre no pueden darse el lujo de comprar jabón y agua a precios que están comenzando a sufrir el peso de la especulación. En otros contextos, los uberizados de la economía informal que entregan alimentos y pedidos a domicilio garantizan la cuarentena de muchos, pero por eso no pueden protegerse con ella. Su «negocio» aumentará tanto como su riesgo.
Los sin techo o población de calle. ¿Cómo será la cuarentena para aquellos que no tienen hogar? Personas sin hogar, que pasan las noches en viaductos, estaciones abandonadas de metro o tren, túneles de aguas pluviales o túneles de alcantarillado en tantas ciudades del mundo. En los Estados Unidos los llaman tunnel people. ¿Cómo será la cuarentena en los túneles? ¿No han estado toda su vida en cuarentena? ¿Se sentirán más libres que aquellos que ahora son obligados a vivir en casa? ¿La cuarentena verá una forma de justicia social?
Moradores en las periferias pobres de las ciudades, favelas, barriadas, slums, caniço, etc. Según datos de ONU Hábitat, 1,6 mil millones de personas no tienen una vivienda adecuada y el 25% de la población mundial vive en barrios informales sin infraestructura ni saneamiento básico, sin acceso a servicios públicos, con escasez de agua y electricidad. Viven en espacios pequeños donde se aglomeran familias numerosas. En resumen, habitan en la ciudad sin derecho a la ciudad, ya que, viviendo en espacios desurbanizados, no tienen acceso a las condiciones urbanas presupuestas por el derecho a la ciudad. Dado que muchos habitantes son trabajadores informales, se enfrentan a la cuarentena con las mismas dificultades mencionadas anteriormente. Pero además, dadas las condiciones de vivienda, ¿podrán cumplir con las normas de prevención recomendadas por la OMS? ¿Serán capaces de mantener la distancia interpersonal en los pequeños espacios de vivienda donde la privacidad es casi imposible? ¿Podrán lavarse las manos con frecuencia cuando la poca agua disponible se debe guardar para beber y cocinar? ¿El confinamiento en una vivienda tan pequeña no tiene otros riesgos para la salud tan o más dramáticos que los causados por el virus? Muchos de estos barrios ahora están fuertemente vigilados y, a veces, sitiados por las fuerzas militares con el pretexto de combatir el crimen. ¿No es, después de todo, la cuarentena más dura para estas poblaciones? ¿Los jóvenes de las favelas de Río de Janeiro, a quienes la policía siempre les impidió ir a la playa de Copacabana el domingo para no molestar a los turistas, no sentirán que ya vivían en cuarentena? ¿Cuál es la diferencia entre la nueva cuarentena y la original que siempre ha sido su modo de vida? En Mathare, uno de los suburbios de Nairobi, Kenia, 68.941 personas viven en un kilómetro cuadrado. Como en muchos contextos similares en el mundo, las familias comparten una habitación que también es cocina, dormitorio y sala de estar. ¿Cómo se les puede pedir autoaislamiento? ¿Es posible el autoaislamiento en un contexto de heteroaislamiento permanente impuesto por el Estado?
Cabe señalar que para los habitantes de las periferias pobres del mundo, la actual emergencia sanitaria se une a muchas otras emergencias. Según nos informan los compañeros y compañeras de Garganta Poderosa, uno de los movimientos sociales más notables en los barrios populares de América Latina, además de la emergencia de salud causada por la pandemia, los moradores enfrentan varias otras emergencias. Es el caso de la emergencia sanitaria resultante de otras epidemias aún no resueltas y la falta de atención médica. Este año ya se registraron 1.833 casos de dengue en Buenos Aires. Solo en la Villa 21, uno de los barrios pobres de Buenos Aires, hubo 214 casos. “Por coincidencia”, el 70% de la población en la Villa 21 no tiene agua potable. Este es también el caso de la emergencia alimentaria, porque hay hambre en los vecindarios y los modos comunitarios de superarlo (comedores populares, refrigerios) colapsan ante el dramático aumento de la demanda. Si las escuelas cierran, la comida escolar que garantiza la supervivencia de los niños termina. Finalmente es el caso del surgimiento de la violencia doméstica, que es particularmente grave en los vecindarios, y el surgimiento permanente de la emergencia por la violencia policial y la estigmatización que conlleva.
Los ancianos. Este grupo, que es particularmente numeroso en el Norte global, es generalmente uno de los grupos más vulnerables, pero la vulnerabilidad no es indiscriminada. De hecho, la pandemia requiere que seamos más precisos sobre los conceptos que usamos. Después de todo, ¿quién es anciano? Según Garganta Poderosa, la diferencia en la esperanza de vida entre dos barrios de Buenos Aires (el barrio pobre de Zavaleta y el barrio exclusivo de Recoleta) es de unos veinte años. No es casual que los líderes comunitarios sean considerados de “edad madura” por la comunidad y “jóvenes líderes” por la sociedad en general.
Las condiciones de vida prevalecientes en el Norte global han llevado a que una gran parte de los ancianos se depositen (la palabra es dura, pero es lo que es) en hogares, casas de reposo, asilos. Dependiendo de sus posesiones propias o familiares, estos alojamientos pueden ir desde cajas fuertes de joyería de lujo hasta vertederos de desechos humanos. En tiempos normales, los ancianos comenzaron a vivir en estos alojamientos como espacios que garantizaban su seguridad. En principio, la cuarentena causada por la pandemia no debería afectar en gran medida su vida, dado que ya están en cuarentena permanente. ¿Qué sucederá cuando, debido a la propagación del virus, esta zona de seguridad se convierta en una zona de alto riesgo, como está sucediendo en Portugal y España? ¿Estarían más seguros si pudieran regresar a las casas donde vivieron toda su vida, en el improbable caso de que aún existan? ¿Los familiares que, por su propia conveniencia, los dejaron en asilos, no sentirán remordimiento por someter a sus ancianos a un riesgo que puede ser fatal? ¿Y los ancianos que viven en aislamiento no estarán ahora en mayor riesgo de morir sin que nadie se dé cuenta? Al menos, los ancianos que viven en los barrios más pobres del mundo pueden morir por la pandemia, pero no morirán sin que nadie se dé cuenta. También se debe agregar que, especialmente en el Sur global, las epidemias anteriores han significado que los ancianos tengan que prolongar su vida laboral. Por ejemplo, la epidemia del SIDA ha matado y sigue matando a padres jóvenes, dejando a los abuelos con la responsabilidad del hogar. Si los abuelos mueren, los niños corren un riesgo muy alto de desnutrición, hambre y, en última instancia, de muerte.
Los internados en campos de refugiados, inmigrantes indocumentados o poblaciones desplazadas internamente. Según cifras de la ONU, hay 70 millones. Son poblaciones que, en su mayor parte, viven en cuarentena permanente, y para las cuales la nueva cuarentena significa poco como regla de confinamiento. Pero los peligros que enfrentan si el virus se propaga entre ellos serán fatales e incluso más dramáticos que los que enfrentan las poblaciones de las periferias pobres. Por ejemplo, en Sudán del Sur, donde más de 1,6 millones de personas están desplazadas internamente, lleva horas, si no días, llegar a los centros de salud, y la principal causa de muerte a menudo se puede prevenir, causada por enfermedades que ya tienen remedios: malaria y diarrea. En el caso de los campos de refugiados a las puertas de Europa y de Estados Unidos, la cuarentena causada por el virus impone el deber ético humanitario de abrir las puertas de estos campos de internamiento siempre que no sea posible crear en ellos las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad exigidas por la pandemia.
Los discapacitados. Han sido víctimas de otra forma de dominación, además del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado: el capacitismo. Se trata de cómo la sociedad los discrimina, no reconoce sus necesidades especiales, no les facilita el acceso a la movilidad ni las condiciones que les permitirían disfrutar de la sociedad como cualquier otra persona. De alguna manera, las limitaciones que la sociedad les impone hacen que se sientan viviendo en cuarentena permanente. ¿Cómo vivirán la nueva cuarentena, especialmente cuando dependen de quien tiene que romper la cuarentena para darles alguna ayuda? Como se han acostumbrado desde hace mucho tiempo a vivir en condiciones de cierto encierro, ¿ahora se sentirán más libres que los «no discapacitados» o más iguales en relación con ellos? ¿Verán tristemente alguna justicia social en la nueva cuarentena?
La lista de los que están al Sur de la cuarentena está lejos de ser exhaustiva. Basta pensar en los prisioneros y en las personas con problemas de salud mental, es decir, depresión. Pero el elenco seleccionado muestra que, al contrario de lo que transmiten los medios y las organizaciones internacionales, la cuarentena no solo hace más visible, sino que refuerza, la injusticia, la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento injusto que causan. Resulta que tales asimetrías se vuelven más invisibles frente al pánico que afecta a los que no están acostumbrados al mismo. A la luz de las experiencias de estos grupos sociales durante la cuarentena, se hace particularmente evidente la necesidad de imaginar y concretar alternativas a los modos de vivir, de producir, de consumir y de convivir en estos primeros años del siglo XXI. De hecho, la pandemia y la cuarentena revelan cruelmente que las alternativas son posibles y que las sociedades se adaptan a las nuevas formas de vida cuando esto es necesario y sentido como correspondiente al bien común.
María José Carpio Ulloa, geógrafa, escritora y activista feminista
A la especie humana nos corresponde vivir (porque a veces dudo que convivamos) con otros seres vivientes dentro de una misma superficie espacial y temporal. Sobre ese escenario se da un infinito número de interrelaciones las cuales están conectadas y permiten el funcionamiento “natural” del mundo que conocemos. Un mundo, que está en constante cambio y evolución, es dinámico, no existe un comportamiento lineal; un mundo que no es parte de un guion de teatro. Es decir, nos desarrollamos en un marco de incertidumbre, una novela con escenas históricas de la cual no conocemos el desenlace.
Todo sistema de relaciones, está sujeto al equilibrio y al desequilibrio, ese es el orden natural. En ese sentido sería muy peligroso afirmar que se puedan prevenir estos escenarios pandémicos, puesto que debemos recordar que los virus son una amplia familia, donde variedad de animales se convierten en portadores, dándoles la capacidad de trasmitirle el virus a personas. Hoy a nuestra generación le convoca el COVID 19, una pandemia la cual nos hace vivir en un escenario de incertidumbre económica, social, político, salubre, emocional entre otros. Hoy, la espacie humana es la gran vulnerable, una vulnerabilidad que es diversa recordándonos que somos; “humanos, demasiado humanos”.
Lo que creo, es que podemos pensar en medidas que se puedan tomar desde la base local, comunal y hasta la institucionalidad de los estados, es decir medidas a nivel multiescalar para “mitigar los efectos” y tratar de reducir las vulnerabilidades. Se debe enfocar la mirada en atenuar los efectos de posibles pandemias y para ello, todas y todos debemos ser partícipes. Hay que borrar de nuestras mentes, que en ese juego solo participan algunas o algunos privilegiados que toman decisiones, al contrario, en el sistema de la vida, para poder mitigar los efectos, todas las personas debemos estar preparadas. Sin duda, la discusión se da para mucho más, hoy yo dejo estás palabras aquí, con la esperanza de que cuando volvamos a las calles el “chip” de agentes trasformadores en el mundo de la Gestión del Riesgo nos quede en la sangre, sabiendo que es en la colectividad como salimos adelante, conocemos y nos apropiamos de los diversos espacios.
La cuarentena como medida para evitar el contagio nos obliga a reflexionar sobre muchas otras situaciones, además del elemento salud, nos hace repensar sobre la realidad de las familias para contener en casa el total de sus integrantes, sin mencionar las dificultades económicas que desde ya se están enfrentando.
Si bien el COVID-19 es una crisis sanitaria inesperada, esta situación nos viene a visibilizar y recrudecer las desigualdades más profundas que teníamos como sociedad. La violencia estructural, las condiciones de pobreza, el desempleo, el patriarcado, el racismo, el nacionalismo y la xenofobia. Aunado a la acentuación de la crisis, pareciera que también se viene a naturalizar y normalizar estas estructuras de poder hegemónico, ejerciendo así formas de control mediáticas y de control Estatal que en muchas ocasiones colocan como única prioridad la crisis sanitaria, sin necesariamente dimensionar las implicaciones que estas medidas representan en nuestras vidas.
En las últimas semanas se han hecho esfuerzos por denunciar situaciones de violencia que están afectando particularmente a las mujeres, con este texto nos interesa hacer visible de qué manera se agudizan las desigualdades existentes en las relaciones de poder.
Judith Butler nos señala que:
El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos testimonio de la rigidez con la que la desigualdad radical, que incluye la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer su poderes dentro de las zonas pandémicas.(2020) (https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus)
Lo anterior nos invita a reflexionar sobre la interseccionalidad, rescatando que no solo es distinta la forma en que afecta la cuarentena a hombres y a mujeres, sobre lo que volveremos más adelante, sino que también es distinta la forma en que la estamos viviendo las mismas mujeres. No es lo mismo ser una mujer de un barrio, que una mujer de un residencial, no es lo mismo tener un trabajo como empleada doméstica o vendedora informal, que ser empleada pública o trabajar para una empresa privada. No es lo mismo vivir el aislamiento en la ruralidad, que en las zonas urbanas.
Sin embargo hay cosas que sí se asemejan en medio de este contexto y es justo el hecho de que las manifestaciones de violencia estructural, racial, patriarcal que cada quien enfrentaba y enfrenta desde el lugar que habita, se han incrementado y corren el riesgo de quedar aún más invisibilizadas.
En este texto sugerimos el ejercicio de imaginarnos situaciones que podrían estar viviendo las mujeres durante la cuarentena, reflexionar sobre la división sexual del trabajo, el trabajo remunerado y no remunerado, a partir de preguntas como: ¿Por qué las medidas de cuarentena nos afectan de manera tan distinta a hombres y a mujeres? ¿Por qué el espacio privado no representa lo mismo para las mujeres? ¿Qué significa para las mujeres estar en la casa con sus parejas, hijos, hijas, madre, padre etc.? ¿Qué implicaciones tiene estar ejerciendo el trabajo productivo y reproductivo en el espacio de lo privado? ¿Por qué “quedarse en casa” puede agravar “aún más” las múltiples jornadas de las mujeres?
Pensemos en una educadora, en este caso, una educadora del sector privado, con una jornada previa de por sí realmente abrumadora. Podemos imaginar que vive con sus hijos e hijas estudiantes o bien con su pareja y otras personas de su familia. Habitualmente sus fines de semana los dedicaba a preparar alimentos (para su consumo y el de las personas que comparten la vivienda) además de ordenar y realizar todas las labores de limpieza; la casa, la ropa, etc. y así poder dedicar los días entre semana a su trabajo remunerado, sin que esto signifique que se libere de las labores del hogar. Con la medida de cuarentena, no solo debe capacitarse en nuevas herramientas virtuales (lo que se suma a su ya múltiple jornada) sino que además debe duplicar su jornada, según las nuevas directrices de la institución (en la que labora como docente) ya que debe reforzar la atención a sus estudiantes.
En casa también su pareja, sus hijos o hijas estarán lidiando cada uno y cada una con sus nuevas labores virtuales, pero muy probablemente ella, es quien asuma las labores de la casa y además “en casa” debe organizarse todos los días con su trabajo remunerado. Muy probablemente él, su compañero “quizá piense en colaborar” (el entrecomillado es para destacar que para él se trata de una colaboración y no de una responsabilidad compartida) pero debe resolver su jornada laboral, que él considera como prioridad frente a la jornada remunerada y no remunerada que ella realiza.
Sus hijos e hijas conforme al mandato patriarcal creen que el trabajo no remunerado que ha realizado su madre (si es que lo han percibido) es obligación de ella. En muchos de los casos, cuando las mujeres se encuentran en su jornada laboral remunerada, quienes quedan en casa deben resolver situaciones, pero no porque consideren que es su función y su responsabilidad, sino porque ella no está en casa, si ella estuviera en casa, imaginemos: ¿Quién debe resolverlas?
Este es tan solo un ejemplo, podríamos sumar otra serie de factores como la atención y cuidado de chicos y chicas en edades escolares, que si bien es cierto algunos centros de cuido podrían estar funcionando, es comprensible que una familia prefiera evitar que su hijo o hija asista al centro educativo para evitar el contagio.
Podemos pensar también en todas las jefas de hogar que tienen trabajos en la informalidad, como, por ejemplo; en labores domésticas, ventas por catálogo, ventas ambulantes, costura o repostería entre otras. La medida de guardar cuarentena con acatamiento inmediato no puede ser fácilmente atendida por todas las personas, al respecto una vendedora ambulante señala: “Aunque no acate las recomendaciones de estar en aislamiento, la calle está durísima y no tanto por el coronavirus, sino porque no se hace ni un cinco y además la ven como una irresponsable por tratar de ganarse la vida. Desde cuando trabajar es un crimen”.
¿Qué está pasando en los territorios indígenas de Salitre y Térraba que actualmente están siendo invadidos y agredidos por finqueros? ¿Cómo están viviendo “la cuarentena o el aislamiento” las mujeres en estas comunidades? donde sus vidas han sido amenazadas por años y sus derechos violentados por un Estado que ahora más que nunca plasma su negligencia, promoviendo la impunidad de sus agresores.
Los retos económicos que enfrenta el país son muy distintos en la zonas urbanas, que en la zonas costeras y rurales. Existen muchas agrupaciones y asociaciones de mujeres que se dedican a las artesanías, a ofrecer servicios de comida, a vender productos agropecuarios y sus derivados, a brindar hospedajes y a realizar recorridos turísticos. ¿Cuáles serán las medidas para amortiguar el impacto de la ausencia absoluta de ingresos en estas zonas frente a la paralización del turismo en el país?
Muchas mujeres se enfrentan a una durísima realidad que se agudiza en estos momentos, cuando tienen sí o sí que compartir con el agresor y sus redes de apoyo se ven reducidas. Aunado a esto muchas familias están viviendo la cuarentena en condiciones de hacinamiento y desempleo, lo cual hace de la convivencia y de las estrategias habituales de sobrevivencia una verdadera amenaza.
Karina Batthyány sostiene que esta situación la hemos visto ya en casos de emergencias por desastres naturales. ¿Cómo abordará el Estado las consecuencias de la pérdida del empleo por la sobrecarga de cuidados? ¿Qué medidas de promoción de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado se pueden gestionar entre el Estado, las empresas, trabajadores y trabajadoras en una situación de confinamiento? (2020)
Pensemos en todas las labores de cuido que asumimos las mujeres ¿Qué implicaciones tiene que sus chicos y chicas estén en casa? ¿Quienes asumen el cuidado de personas adultas mayores, la gestión de medicamentos, la compra de alimentos? La limpieza y la desinfección del hogar, vestimenta y ropa de cama, que ahora se triplica por la necesidad de evitar infecciones. ¿En quienes recaen estas funciones?
Pensemos en compañeros que también deben acatar la medida de “quedarse en casa” para continuar teletrabajando según su jornada laboral, muy probablemente (sin generalizar) tendrán a su disposición los alimentos listos y ropa limpia ya que, como de costumbre ellas se encargaran de las “labores del hogar”, además del cuido de los y las chicas.
Karina Batthyány destaca que en América Latina las mujeres realizan cerca del 80% del trabajo del cuidado no remunerado y son amplísima mayoría entres quienes se ocupan del trabajo de cuidados remunerados, por tanto, gran parte de los cuidados totales los ejercen las mujeres. (2020)
Para algunas culturas la palabra “crisis” significa oportunidad para el cambio, es indispensable comenzar a debatir y cuestionarnos ahora y no después, los aspectos de la organización social del cuido. Que el hecho de volver “puertas adentro” no represente para nosotras las mujeres, volver a las prácticas patriarcales más arcaicas, que esta “crisis” sea una oportunidad para comenzar colectivamente, a proponernos formas de relacionarnos más horizontales y solidarias.
Si bien las condiciones de aislamiento o cuarentena limitan de alguna manera las acciones de solidaridad externas y nos hace repensar las formas en que hemos establecido nuestros vínculos y afectos, esta “crisis” también nos invita a reflexionar sobre la célebre frase de Simone de Beauvoir «lo personal es político». Es indispensable reflexionar desde lo personal, plantearnos ¿Cómo querernos?, ¿Cómo cuidarnos?, ¿Cómo convivimos?, ¿Cómo solidarizarnos y ser congruentes en los espacios más próximos? Sumado a lo anterior, es urgente colocar este debate en las esferas públicas, donde se crean las directrices, se toman las decisiones y se generan discursos.
Karina Batthyány expresa que la emergencia por el COVID-19 vuelve a poner en el centro la cuestión de la organización social del cuidado y es necesario apoyar todas aquellas medidas y acciones que pongan a la humanidad y no el mercado en el centro para paliar la pandemia, superando este último como eje organizador de la vida en común. (2020)
Al igual que las labores de reproducción de la vida y de los cuidados no deberían ser exclusivamente nuestra responsabilidad, el reto de aprender de esta nueva circunstancia, resignificar la vida cotidiana y reconfigurar la forma de relacionarnos desde otros lugares, debería ser una inquietud y una denuncia compartida.
Que esta circunstancia nos permita repensarnos como sociedad, evitar que el temor a la crisis sanitaria nos coloque en una condición de mayor vulnerabilidad y que todos los esfuerzos, las luchas y los aprendizajes de cada una, desde nuestra trinchera y nuestras posibilidades aporte en la construcción de un mundo más igualitario y que esto se convierta en insignia para atravesar este momento de la humanidad.
-Karina Batthyány (2020) La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados. Secretaria Ejecutiva de CLACSO.https://www.clacso.org/la-pandemia-evidencia-y-potencia-la-crisis-de-los-cuidados/
El “Plan Proteger”, la moratoria de impuestos, las medidas tomadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por los bancos públicos y privados, por el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y muchas otras instituciones públicas, buscan, como lo ha declarado el Señor presidente -Carlos Alvarado Quesada-, proteger a las personas, los empleos y las empresas. Y todo eso está muy bien; enfrentamos una emergencia nacional y global y no es tiempo para promover la desunión nacional, el conflicto social o atrincherarse en intereses individualistas.
Pero tenemos otro problema tanto o más grave: más de un millón de costarricenses trabajan en la informalidad, ya sea en microempresas o como trabajadores (as) por cuenta propia. Para estas personas no habrá rescates, ni contratos de trabajo negociables, ni posibilidades de teletrabajo, ni vacaciones pagadas por adelantado, ni seguros de desempleo, ni se han propuesto ayudas estatales adicionales; ya que, hasta el momento, tanto para el gobierno como para el sector empresarial, “salvar la economía” y “salvar el empleo” es sinónimo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual no objetamos, pero esto deja por fuera a las personas más necesitadas; con la excepción de las ayudas que aporta la CCSS (pensiones del régimen no contributivo), el Ministerio de Educación (MEP) (alimentos básicos) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (becas a estudiantes, por ejemplo), entre otros, que se mantendrán e incluso se aumentarán en esta hora tan aciaga para el país.
Ante este panorama, el Grupo de Trabajo FES-OES[1] sobre la crisis de empleo en Costa Rica, levanta el siguiente desafío: ¿Cómo ayudar a los sectores más vulnerables frente a esta crisis, en especial a los llamados “informales”? El presente documento es un intento de brindar un insumo que, una vez enriquecido y operativizado, permita poner en marcha una estrategia de apoyo solidario para estos sectores de la población.
EL CONTEXTO GENERAL: ¿CUÁL DEBE SER LA ESTRATEGIA MACROECONÓMICA ADECUADA FRENTE A LA CRISIS EN CURSO?
Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea lo reconocen: no es tiempo de escatimar recursos públicos para enfrentar la crisis[2]; a lo cual hay que agregar dos observaciones fundamentales: i) el endeudamiento privado no parece ser la mejor solución cuando este ya es de por sí alto y los ingresos de algunos sectores están siendo severamente afectados, ii) la gestión de la crisis puede ayudarnos a mitigarla, pero también la puede profundizar.
IMPEDIR EL COLAPSO DE CONSUMO PRIVADO. Desde nuestra perspectiva, evitar el colapso del consumo privado es fundamental, pues lo contrario nos llevaría a una profunda espiral recesiva. Claro, para ello es fundamental que las autoridades de salud y el comportamiento ciudadano logren, en primer lugar, controlar lo más posible la expansión del virus, cercando prioritariamente los principales focos de contagio, pero no poniendo en “cuarentena” a toda la población (a menos que lleguemos a una fase crítica). Costa Rica no cuenta con los instrumentos tecnológicos (inteligencia artificial), con equipamiento médico suficiente (pruebas de contagio para casi todos), ni con bases de datos de última generación (big data), que nos permitan una pronta identificación, aislamiento y tratamiento de las personas sospechosas o contagiadas, como sí ha podido hacerse en países como Corea del Sur. Por eso, cercar y controlar los principales focos de contagio a nivel local es una solución intermedia, sin necesidad de llegar a medidas extremas que paralicen toda la economía. Lo antes posible es necesario restablecer las condiciones para volver al trabajo, generar empleos y estimular el consumo de las familias; para lo cual el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cuenta con información relevante sobre cuáles son los sectores con mayores encadenamientos productivos y con mayores elasticidades empleo-producto.
Por lo anterior, aplaudimos la medida gubernamental de no cerrar las ferias del agricultor, extremando medidas de prevención, de higiene y de distanciamiento. Pero también hay “ferias solidarias” que poco se conocen y menos se estimulan, así como campañas de concientización por parte de algunas municipalidades para que la ciudadanía no abandone el comercio local en sus respectivos cantones. Lo importante es evitar las aglomeraciones de gente, por lo que el servicio a domicilio masivo es una opción que permitiría mantener a flote a los pequeños negocios, e incluso, generar nuevos empleos para la distribución de los bienes.
CON TANTAS VIDAS EN RIESGO, NO ES TIEMPO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO. Algunos gobiernos europeos están ofreciendo avales estatales para el endeudamiento privado, pero esta opción es poco viable cuando la incertidumbre ha alcanzado niveles insospechados, o cuando el endeudamiento de las familias ya es demasiado elevado; como sucede en nuestro país. El gobierno no debe detener sus proyectos de infraestructura, eso sí, extremando medidas de prevención. Y lo más importante: para enfrentar la crisis se ocupan masivas ayudas directas (no condicionadas), tanto a trabajadores(as) que pierdan su empleo o vean disminuidos severamente sus ingresos, como para trabajadores (as) autónomos (as) y personas en la informalidad laboral.
El Plan Proteger contempla ayudas directas para personas desempleadas y en condición de pobreza, pero en el mejor de los casos, el mismo no entrará en ejecución hasta mediados de abril. Ante esta realidad, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿no sería más efectivo impedir que las empresas despidan trabajadores otorgándoles a estas un incentivo para tal propósito, en lugar de esperar a que los empleos se pierdan para luego subsidiar a quienes se queden sin empleo o pasen a la informalidad? ¿Las medidas implementadas por la cadena hotelera Fifco y por el Grupo Purdy, de no despedir a sus empleados, podría extenderse a otras grandes empresas? El Gobierno de la República debe, de manera inmediata, valorar esta opción, especialmente con medianas y grandes empresas; ya que la iniciativa de nacionalizar empresas si la crisis se profundiza, sería prácticamente inviable para Costa Rica.
Ahora bien, seguramente el Plan Proteger (3% del PIB) no generará tantos recursos como para cobijar a una buena cantidad de ocupados (as) informales, por lo que tendremos que pensar en un fondo especial para estos sectores, sobre lo cual se expondrá más adelante.
MITIGAR EL IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES. La economía costarricense depende altamente de sus exportaciones de bienes y servicios, y entre estos últimos, de manera crucial, del turismo. Por tanto, y dado el “cierre de fronteras” para personas no residentes, hay que proteger con especial recelo a aquellas empresas que generan más empleos y evitar una caída pronunciada del tipo de cambio mediante intervenciones oportunas del Banco Central. Con respecto a las empresas de zonas francas, una negociación con algunas de ellas sería, por ejemplo, convencerlas de que no paralicen su producción, siempre y cuando puedan almacenar stocks para cuando la economía mundial manifieste signos de recuperación.
¿QUÉ MEDIDAS SON MÁS EFICACES EN MATERIA DE LIQUIDEZ?
Estados Unidos y Europa disponen de Bancos Centrales que pueden darse el lujo de ofrecer “liquidez ilimitada” y a tasas de interés “cero”. Costa Rica no dispone de esas condiciones, ni está claro que esto sea lo más efectivo. ¿Qué empresas o particulares se van a endeudar en medio de proyecciones económicas tan pesimistas, incluso con tasas de interés reducidas? En este campo, las medidas más pertinentes para particulares y empresas son la suspensión de los pagos de deudas e intereses, por lo menos por toda la primera mitad de 2020, y con actualizaciones de esos pagos de manera fraccionada una vez que pase la crisis, o trasladándolos al principal con alargamiento del plazo de vencimiento de la deuda.
PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN INTERNA, ESPECIALMENTE DE PRODUCTOS BÁSICOS
El BCCR dispone de estudios que le permitirían al gobierno priorizar políticas industriales hacia los sectores con mayores encadenamientos productivos y elasticidades de empleo – producto. A continuación, un extracto de su último estudio sobre este tema.
El comercio, la enseñanza, la construcción de edificios, el servicio doméstico y los servicios de alimentación son los que presentan los mayores coeficientes de elasticidad empleo – producto, es decir, que estas actividades son las que generan un mayor incremento en la ocupación total de la economía por cada punto adicional de crecimiento en su demanda. Se trata de actividades intensivas en mano de obra, muy vinculadas al ciclo económico; por lo que las medidas anticíclicas pueden contribuir a su dinamismo.
[…]
Los resultados presentados en este documento sugieren el fomento de la inversión pública en infraestructura, tanto de obras fijas como de transporte para el mejor aprovechamiento de los encadenamientos productivos presentes en las actividades económicas relacionadas y el consecuente impulso al empleo que se podría generar. Asimismo, el desarrollo de políticas sectoriales sobre las actividades en el agro, la manufactura y las actividades de servicios identificadas, pueden contribuir a la reactivación económica y al aumento de la ocupación. (Sánchez, 2019, p.26)
En resumen, una política de reactivación, si desea tener resultados en el corto plazo (en producción y en empleo), debe concentrarse en estímulos de demanda para determinados sectores, como los indicados en el estudio. Esto es congruente con las políticas de estímulo al consumo y al gasto público que expusimos previamente. Además, en las actuales condiciones sólo la producción interna podrá garantizar, con los correspondientes estímulos, el abastecimiento a toda la población de los productos básicos.
PROTEGER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES
MEDIDAS DE PLAZO INMEDIATO (MENOS DE TRES MESES)
Respaldamos totalmente la intención del Gobierno de aumentar el monto y ampliar la cobertura para beneficiarios del Régimen No Contributivo de Pensiones.
Nos preocupa el presumible aumento en la informalidad producto de la crisis económica, ya que para las Pymes la moratoria en el pago de impuestos es una medida insuficiente en la medida en que sus ventas disminuyan drásticamente.
La reducción en la Base Mínima Contributiva (BMC) por parte de la CCSS es una medida necesaria, siempre y cuando el Gobierno Central compense los cerca de 22 000 millones de colones que la Institución dejará de percibir. Sin embargo, y de profundizarse la crisis, recomendamos valorar su total eliminación, y que la cotización esté exclusivamente en función de las horas efectivamente trabajadas y los ingresos adquiridos.
La reducción de los costos laborales ya aprobados por la CCSS, es una medida que ayudaría principalmente a las personas trabajadoras del sector formal. Los trabajadores (as) del sector informal no son impactados por estas reducciones de costos, tienen menores ingresos que los formales y son más vulnerables. Se necesitan transferencias no condicionadas de parte del gobierno para mantener niveles de ingreso al menos de subsistencia para este grupo de la población. Las personas trabajadoras informales laboran en algunas de las industrias y ocupaciones que pueden verse más afectadas. Algunas de estas actividades son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y el comercio; las cuales se espera se vean muy afectadas por la caída tanto en la demanda interna como externa. Por ello es necesario localizar de manera detallada a las personas en estas ocupaciones y actividades de alto riesgo. En el Gráfico 1 se observan las 15 ocupaciones con mayor cantidad de personas en condición de informalidad (según la definición del INEC); las mismas representan el 56% de la informalidad en el país y suman 564 068 al cierre de 2019.
Gráfico 1.
Costa Rica: ocupaciones con el mayor número de personas que poseen empleos informales.
-IV trimestre de 2019-
De especial preocupación es el caso de las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que se dedican a “oficios domésticos”. Si bien las familias de clase media-alta y alta seguramente no tendrían problemas en mantenerlas en sus trabajos; ese no será el caso para familias de clase media que con dificultad contratan a estas mujeres a medio tiempo o por horas. Y una situación igualmente dramática podrían sufrir los peones de explotaciones agrícolas, los peones de construcción, las cuidadoras de niños y los peones de jardinería, entre otros. Estamos hablando de no menos de 400 000 personas en situación altamente vulnerable, por lo que, en el plazo inmediato, hay que constituir un fondo de ayuda para esta población, mientras pasa lo peor de la crisis.
Este fondo solidario se podría constituir de diversas formas. A manera de ejemplo, podemos pensar en un impuesto solidario a los altos salarios (públicos y privados) y otros ingresos (consultores, profesionales liberales, personas contratadas por servicios profesionales), y a las rentas del capital. Según cálculos del economista José Francisco Pacheco, y a partir de datos la ENAHO 2019, al menos unos 50 000 costarricenses del sector público y privado obtienen ingresos mensuales brutos superiores a los dos millones de colones. Solo para contar con una estimación inicial, una contribución solidaria, por una única vez, del 10% de estos ingresos brutos, podría generar un fondo cercano a los 13 000 millones de colones. Este fondo podría aportar un subsidio de 130 000 colones, por una única vez, a 100 000 personas. Otra opción sería calcular la contribución solidaria sobre la base de los ingresos netos de impuestos (renta) y de las contribuciones a la seguridad social. En este caso la contribución podría fijarse a partir de una base exenta cercana al millón y medio de colones.
Otro caso especial es el de los pequeños productores agropecuarios altamente endeudados. Si bien algunos bancos han respondido al acuerdo con el gobierno para la readecuación de sus deudas, cerca de 11 000 familias se encuentran en total incapacidad de pago, por lo que se exponen a perder sus propiedades. Así, el llamado más urgente para este sector es un proyecto de mora de los remates mientras se busca una solución más a mediano plazo (condonación, arreglos de pagos).
En lo que corresponde a medidas para mantener, e incluso aumentar, el poder adquisitivo de las familias en condición de mayor vulnerabilidad, recomendamos:
la pronta aprobación del proyecto de ley sobre tasas de usura,
la regulación por parte del MEIC de los precios de los productos altamente demandados en la actual crisis (de prevención e higiene personal, de limpieza de casas y oficinas) y,
garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica.
Hay que fortalecer las redes de protección social, extendiendo los permisos de maternidad y evaluando la posibilidad de entregar un bono de ayuda a las familias cuyas cabezas de hogar deban seguir trabajando, para de esta forma ayudarles con el cuido de sus hijos.
MEDIDAS PARA EL CORTO PLAZO (TRES MESES A UN AÑO)
En caso de extenderse la situación por más de 2-3 meses, constituir un monotributo para todos los pequeños contribuyentes de actividades que se mantengan activas, con el fin de que colaboren con la recaudación de ingresos, pero sin ser excesivo. El monotributo puede sustituir los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social; esto con el fin de mantener un balance entre reducir costos para las empresas y trabajadores (as) y proveer de ingresos al gobierno como una forma de mantener las acciones solidarias hacia el resto de la población. Desde luego, el gobierno debe comprometerse a transferir a la CCSS y en plazos perentorios, la parte de la recaudación que le corresponda.
Esquemas especiales de contribución a la seguridad social para las personas de bajos ingresos que trabajan menos de la jornada completa, pero no sólo de forma específica para una ocupación, como en el caso de las empleadas domésticas, sino de manera general, de forma que aplique para todas las personas de bajos ingresos que trabajan menos de una jornada completa.
El país no puede seguir postergando la discusión sobre un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo sirven como estabilizadores en tiempos de crisis, países como Alemania han probado que son de gran utilidad en tiempos como los actuales. Costa Rica no tiene seguro de desempleo, pero reiteradamente se ha planteado la posibilidad de convertir el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en un seguro de este tipo. Esta es una medida que podría ayudar a estabilizar la economía si se presentaran despidos masivos por causa de una caída en la demanda, tanto interna como externa. Pero en el corto plazo, se puede recurrir al Auxilio de Cesantía y al FCL para paliar la disminución o pérdida de ingresos en muchas familias.
Renegociación internacional de las deudas públicas de los países de renta baja y media. Costa Rica debe unirse a las voces que piden una renegociación y eventual condonación de una parte de la deuda pública externa, con el propósito de redirigir estos recursos a la transformación económica, social y ecológica que demanda urgentemente el panorama de la economía, la sociedad y el clima mundial.
MEDIDAS PARA EL MEDIANO PLAZO: MÁS ALLÁ DE LA CRISIS
En el mediano plazo (uno a tres años) Costa Rica debe impulsar con audacia y energía, innovaciones sociales que le permitan crear nuevas opciones para la generación de empleos. Mencionamos tres especialmente prometedoras.
1. Emprendimiento: No busques empleo, ¡créalo!
El emprendimiento es un factor de empleabilidad cada vez más importante. Además del MEIC, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), entre otras entidades, cuentan con proyectos concretos, como INAPYMES, PROPYME y Costa Rica OPEN FUTURE (iniciativa de Telefónica Movistar).
Y si bien al Estado le corresponde una cuota importante de responsabilidad en la creación de condiciones para impulsar el emprendimiento, el sector empresarial ya establecido (público y privado) puede hacerlo también. ¿Cómo? El emprendimiento puede verse como una oportunidad de negocio desde varias perspectivas.
Desde lo laboral: impulso a nuevas profesiones (programadores y diseñadores web, analistas de datos, gerentes de comunidad, gerentes de contenido, especialistas en optimización de motores de búsqueda) y la diversificación de actividades en profesiones tradicionales; tal es el caso de los (as) abogados (as), quienes pueden apoyar a estas empresas en sus ciclos de vida (a veces muy cortos), desde un punto de vista corporativo, fiscal, laboral, de imagen y reputación, privacidad, propiedad intelectual y comercio electrónico. Todo lo anterior, sin impulsar la contratación laboral hacia el precariado.
Desde el emprendimiento individual y social. Hay que tener muy presente que más de la mitad de los empleos informales son autónomos o “por cuenta propia”. El Estado y la sociedad deben ver esta situación como un semillero de emprendedores.
Desde la oferta educativa. La educación técnica, parauniversitaria y universitaria, debe generalizar su oferta de capacitación en materia de emprendimientos.
Estas opciones pueden ser de especial relevancia para las mujeres, ya que son ellas precisamente las que están aumentando su participación en la población económicamente activa. Pero se requiere que toda la institucionalidad del Estado se vuelque a impulsar y fomentar estas opciones.
2. Diversificación de las formas de propiedad y de la gestión empresarial (impulso a la economía social solidaria – ESS)
El sector empresarial suele insistir en demandas de “flexibilización”: del trabajo, de la tramitología, de las reglas de juego, etc. Pero quizás la flexibilización que más puede ayudar a generar empleos es aquella en las formas de propiedad y en los tipos de gestión empresarial. Nos referimos especialmente, a las diversas formas de Economía Social.
La ESS puede contribuir en la generación de empleo decente de varias maneras:
Mediante la pluralidad en las formas de propiedad, con esquemas empresariales y productivos de carácter asociativo y solidarios.
Democratizando la gestión al interior de las empresas y organizaciones, propiciando la participación de todas las personas socias/trabajadoras de la organización.
Comprometiéndose con el desarrollo humano sostenible de manera coherente y consciente.
Involucrando a la comunidad local y regional y propiciando encadenamientos productivos.
Reafirmando que las organizaciones de ESS son empresas “orientadas al empleo”.
Comprometiéndose de forma decidida con el trabajo decente.
Por su mayor flexibilidad para afrontar los retos del futuro del trabajo.
Para cumplir con estos objetivos, que incluso sirven de principios orientadores, la ESS en Costa Rica sólo pide cinco condiciones.
Que se termine con la satanización que ciertos sectores conservadores han hecho de la misma, presentándola como agentes desestabilizadores y con supuestas obediencias a intereses o países extranjeros.
Que se termine con la invisibilización de la ESS, que ciertos sectores empresariales e incluso estatales han propiciado, quizás como una forma de impedir su crecimiento.
Que el Estado promueva, a través de sus diversas instituciones, la creación de ecosistemas de apoyo a la ESS a escala nacional.
Retomar la “Propuesta de la Cámara de Economía Social Solidaria (CANAESS)3 para los candidatos a la Presidencia 2018-2022”.
Incorporación al dialogo social a movimientos como la “Plataforma de Economías para la Vida”, la cual constituye otra expresión de la ESS y aglutina a diversas organizaciones comprometidas con la ESS y otras formas de economía para la vida.
3. Otras formas de economía en ascenso: economía circular, economía colaborativa (sharing economy).
La economía circular busca la imbricación de los aspectos ambientales, económicos y sociales. El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites, y se empieza a vislumbrar el agotamiento de diversos recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por eso, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos; y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos.
Algo muy importante: la economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión integral de los residuos puede llegar a representar la creación de miles de puestos de trabajo.
La economía colaborativa o “economía del compartir” nació con el conocimiento abierto y el consumo colaborativo, aunque luego se extendió a las finanzas colaborativas y a la producción colaborativa. Sin embargo, el cambio más drástico con respecto a la idea original de “compartir” ocurre cuando empresas como Uber tienden a monopolizar el concepto de sharing economy. Sin embargo, la idea original, no necesariamente vinculada al lucro, sigue teniendo vigencia y representa no una, sino varias formas novedosas de poner en contacto usuarios y oferentes de bienes y servicios.
UNA DISCUSIÓN PENDIENTE
En otro orden de cosas, y como un eventual medio para estimular la transición a la formalidad de las empresas, debe ponerse en discusión la posible eliminación de los impuestos a la nómina que no representan aportes a la seguridad social de la persona trabajadora propiamente dicha (FODESAF, INA, etc.). Pero de manera simultánea, habría que trasladar estos rubros a los impuestos generales (IVA, Renta), de forma tal, que estas funciones y sus instituciones no resulten desfinanciadas. La manera de garantizar esto último es parte de la discusión.
En estrecha relación con lo anterior, es urgente que el país defina de una vez por todas la regulación de plataformas como Uber, Airbnb y otras similares, a fin de formalizar a las personas “colaboradoras” que en realidad trabajan para estas empresas, garantizando el cumplimiento de sus derechos laborales.
Referencias
Gaspar, V. y Mauro, P. (9 de marzo de 2020). Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus. Diálogo a fondo. Blog del FMI. Recuperado de https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=12910
Ruiz, M. (2019). Fortalecer apoyo del Ejecutivo a la ESS y otras formas de economía social. Documento de la CANAESS presentado al Grupo de Trabajo UNA/FES sobre la crisis del empleo en Costa Rica. Recuperado de https://drive.google.com/open?id=1vaav6FcDteFG7s8KWGB4r8NN3wDicF2n
Sánchez, E. (2019). Identificación de actividades con potencial generador de empleo a partir del cálculo de encadenamientos productivos y de elasticidades empleo – producto, BCCR. Documento inédito.
[1] Fundación Friedrich Ebert, Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA (OES-UNA). En los talleres del Grupo realizados durante el segundo semestre de 2019 participaron activamente cerca de veinte personas de diversas organizaciones e instituciones. Con los insumos resultantes y frente a los nuevos desafíos, una comisión ha elaborado el presente documento bajo la coordinación del Dr. Henry Mora Jiménez (Investigador del OES-UNA). Participantes: Marco Vinicio Zamora Castro (Coordinador del Proyecto Transformación Social Ecológica, Fundación Friedrich Ebert – FES en América Central), Roxana Morales Ramos (coordinadora del OES-UNA), Fernando Rodríguez Garro (Investigador del OES-UNA), Juan Carlos Duran Castro (Secretario de Seguridad Social CTRN), Montserrat Ruiz Guevara (Directora Ejecutiva CANAESS), José Francisco Pacheco Jiménez (Consultor independiente), Martín Murillo Córdoba (Ibtar, Consultor), Margarita Bolaños Arquín (Antropóloga, Colectivo Mujeres x Costa Rica).
[2] Véase, por ejemplo: Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus (Gaspar y Mauro, 2020). También: Bruselas propone una suspensión de las reglas fiscales ante un desplome comparable al de 2009 (Pellicer, 2020).
Aporte UCR supera los ¢76 millones mensuales a la salud bucodental del país
Los 18 programas se sostienen a partir de convenios, campos clínicos en la Caja y donaciones que empresas han realizado a comunidades para la adquisición de móviles odontológicas. Foto: Jenniffer Jiménez, UCR.
Adriana Miranda Salazar inició el curso de Externado Clínico en agosto del 2017 en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Su primera tarea consistió en levantarse a las 4:30 a.m. para llegar a este centro médico y atender a casi 30 pacientes diarios. Pero ese viaje solo sería el primero de otras tres visitas a lugares que albergan personas en vulnerabilidad social, quienes por diversas situaciones económicas o de salud, se les dificulta el acceso a una atención bucodental temprana.
La historia de Adriana ejemplifica la experiencia de otros 361 jóvenes de la carrera de Odontología de la Universidad de Costa Rica (UCR), los cuales en los últimos seis años han logrado atender a casi 320 pacientes mensualmente en cada zona de impacto. En total son 16 regiones beneficiadas, en donde por año lectivo un aproximado de 40.960 personas logran obtener procedimientos clínicos de alta calidad que van desde prótesis dentales hasta cirugías y ortodoncia con un costo nulo o muy bajo.
Si este aporte se tradujera a términos financieros, se calcula que la UCR cada mes dona al país más de ¢76millones con base en las tarifas del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
Esta labor de los estudiantes se enmarca dentro del curso de Externado Clínico, una materia que debe llevar todos los que cursan el sexto año y que pronto se convertirán en profesionales. Mediante esta forma de aprendizaje, los alumnos terminan de poner en práctica sus conocimientos clínicos en pacientes reales, siempre bajo la supervisión docente, mientras simultáneamente ayudan a personas que de otra forma se les imposibilitaría adquirir servicios orales especializados.
De acuerdo con la Dra. Sonia Stradi Granados, coordinadora del curso, los estudiantes colaboran 30 horas por semana, tiempo en el que logran mejorar sus procesos de diagnóstico, aumentar la velocidad de atención y usar los materiales disponibles de la manera más efectiva para proporcionar un tratamiento de alta calidad.
“La UCR brinda un total de 16 programas en funcionamiento. Ocho programas son comunitarios ubicados en escuelas, así como recintos y sedes de la UCR. Los otros ocho son especiales y se ubican en centros de bienestar social, hospitales y hogares de ancianos. El beneficio para los alumnos y las comunidades es inigualable, porque no solo se brinda atención, sino también prevención de la salud e investigación en casos complejos”, indicó.
Las comunidades intervenidas poseen atención todo el año. La Dra. Stradi explicó que la contraparte del externado clínico es el internado, que se realiza dentro de las instalaciones en la sede Rodrigo Facio, de tal manera que al llegar al segundo semestre los estudiantes se turnan. Es decir, quienes realizaron el internado pasarán al externado y viceversa.
Crecimiento humano
El curso requiere alto grado de compromiso de cada estudiante para aprobarlo con éxito y, en algunos casos, que los alumnos se trasladen a vivir a zonas lejanas. Aunque es demandante, Estíbalíz Coto Padilla describió el externado como una oportunidad gratificante de enriquecimiento personal y profesional único, que mezcla la ciencia con el carisma y la empatía.
“Yo realicé el internado en el Recinto de Paraíso, el Hogar Carlos María Ulloa y el Hospital Nacional Psiquiátrico. En este último debía levantarme a las 3:30 a.m. para tomar el bus a San José a las 4:30 a.m. y fue una de las experiencias que más me marcó. Habían momentos muy impactantes e historias de pacientes muy tristes que es necesario tomar en cuenta. Eso es parte de la formación que uno debe tener y que no se va a encontrar en la U, sino en la calle. Tratar a diferentes poblaciones te acerca más a la realidad y a uno como estudiante le satisface brindar esa ayuda” afirmó.
Los estudiantes del Externado del Recinto de Grecia viajaron siete horas para llegar hasta San Vito de Coto Brus, con el propósito de ayudar a la población indígena Ngöbe como parte de un Campo de Trabajo Odontológico. Foto: Jenniffer Jiménez, UCR.
Durante la práctica, el estudiante se integra a un programa comunitario y dos especiales. El comunitario es por un período de dos meses y los especiales un mes cada uno. Como las necesidades de cada zona son particulares, en ese tiempo los alumnos se enfrentan ante escenarios que contraponen el ideal recomendado en la Odontología, contra lo verdaderamente funcional para el paciente según su problema y condiciones de vida.
“El futuro profesional debe saber cómo resolver esa situación con una técnica que verdaderamente asegure la salud del paciente. El ideal me puede decir que el individuo requiere un implante, pero eso implica darle continuidad. Entonces, por ejemplo, si la persona es un inmigrante y está de paso, ¿qué continuidad se le puede dar? Por lo tanto, aplicar ese procedimiento no es responsable ni ético, porque no se podrá dar el respectivo seguimiento. Es ahí cuando se enfrenta el ideal y lo real, el cual nunca debe dejar de lado la excelencia en el tratamiento que al final se proporciona”, señaló la Dra. Stradi.
A los estudiantes se les capacita tanto en tecnología de punta como en otras más básicas, para que brinden un tratamiento eficaz con los recursos disponibles. De igual forma, colaboran de la mano con otros especialistas, como terapeutas del lenguaje y terapeutas físicos, que terminan por potenciar las habilidades del futuro odontólogo. Herramientas que posteriormente serán decisivas en el ejercicio profesional.
Docentes son claves
Los estudiantes interactúan con varias poblaciones. Entre ellos, pacientes con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, adultos, así como niños y niñas. El volumen de pacientes que atienden van de 3 a 30 diarios, una cantidad que varía según la complejidad médica.
Es en ese momento cuando la presencia docente es clave. Los especialistas otorgan no solo una colaboración de liderazgo, sino también de coordinación y gestión de los recursos. Actualmente, hay cerca de 50 profesores que imparten el curso y, al igual que los futuros odontólogos, ellos se encargan de fortalecer la salud de los habitantes de la zona que les corresponde supervisar.
“Sin la colaboración docente el Externado Clínico no sería lo que ha alcanzado hoy, un curso que entrelaza los tres pilares de la UCR. Cada uno de ellos y ellas hace su labor con gran amor a su profesión, a la docencia y al trabajo con las comunidades. Son emprendedores e incansables”, describió la Dra. Stradi.
Los primeros pasos que dieron vida al curso del Externado Clínico data de 1940. Desde entonces, la UCR se ha preocupado por mejorar la salud de la población, siempre bajo un compromiso social y académico sólido que se seguirá manteniendo al servicio de Costa Rica.
Para más información puede llamar a la Facultad de Odontología de la UCR al 2511-8080.
Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres
Oficina de Divulgación e Información, UCR
Los funcionarios Geól. Geovanni Peraldo y Warren Rodríguez de la Escuela Centroamericana de Geología UCR recorrieron las comunidades de Bajo Canet y León Cortés en la Zona de los Santos, inspeccionando deslizamientos provocados por la Tormenta Tropical Nate.
En el marco de la celebración del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, este 13 de octubre se promueven esfuerzos conjuntos en la construcción de comunidades más seguras y resilientes a nivel mundial y la Universidad de Costa Rica ha dicho presente.
La comunidad universitaria se ha unido en la atención de emergencia para apoyar con sus recursos y capacidades a las personas y comunidades afectadas por la Tormenta Tropical NATE.
El rector Dr. Henning Jensen Pennington ha coordinado la respuesta institucional de acuerdo con las demandas y necesidades que vive el país, mediante la coordinación con las instancias nacionales de atención de la emergencia, facilitando el conocimiento experto en las labores de atención y rehabilitación.
El rector visitó las instalaciones de la sede de Guanacaste acompañado de diferentes representantes institucionales, debido a la afectación producida por la Tormenta Nate.
Además, la Vicerrectoría de Acción Social coordina con diferentes instancias universitarias y con el personal responsable de los diferentes proyectos de acción social con el fin de canalizar el apoyo desde sus áreas de influencia.
Debido a que la Sede de Guanacaste fue una de las más afectadas, el rector visitó sus instalaciones acompañado de diferentes representantes de oficinas y vicerrectorías, para conocer de primera mano la situación de los estudiantes, cuerpo docente y personal administrativo y valorar acciones para apoyar en la restauración de estos espacios.
Mediante la colaboración de recurso experto en diferentes disciplinas, se realizan evaluaciones en diferentes partes del territorio nacional.
Especialistas del LanammeUCR completarán un informe sobre el estado de los 225 puentes asignados para evaluación y definir cuáles ameritan tener un cierre parcial o total (foto Daniela Martínez).
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), trabaja en la evaluación de estructuras viales identificadas por las autoridades del Gobierno como vitales para el país.
En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ingenieras e ingenieros del LanammeUCR examinarán la condición de 97 puentes ubicados en la Ruta 34 (tramo entre Pozón y Palmar Norte), 68 puentes de la Ruta 2 (tramos entre Pérez Zeledón y Buenos Aires, Palmar Norte y Paso Canoas), 55 puentes de la Ruta 27 (tramo entre San José y Pozón), y 5 puentes de la Ruta 14 (tramo entre Rio Claro y Golfito); en total son 225 puentes.
Debido a la cantidad de deslizamientos presentados en diferentes partes del país, seis profesionales en Geología de la Escuela Centroamericana de Geología, realizan evaluación de daños en Perez Zeledón, Puriscal, Desamparados, Aserrí, Los Santos y diferentes sitios de la provincia de Cartago.
Los informes de afectación son trasladados a las autoridades municipales y de la Comisión Nacional de Emergencias.
La comunidad de Calle Fallas Rosario fue evaluada por el persona de la Escuela de Geografía, afectada por el impacto de la Tormenta Tropical Nate. Foto: Escuela de Geografía.
La Escuela de Geografía se sumó a las acciones que desarrolla la Universidad de Costa Rica (UCR) para atender las necesidades que experimentan diversas comunidades del país tras el impacto de la Tormenta Tropical Nate.
Un un grupo de docentes, investigadores y estudiantes realizaron una visita preliminar a las comunidades de Frailes, Loma Larga, Bustamante, Los Guido, El Rosario, Loma Salitral (El Porvenir) y Jericó, ubicadas en el cantón de Desamparados.
Divididos en cuatro equipos, los geógrafos realizaron sobrevuelos programados mediante el uso de drones (UAVS), a fin de generar información base como curvas de nivel, volúmenes, áreas y mosaicos fotográficos de los deslizamientos, que permitan realizar una valoración preliminar de las áreas afectadas.
La académica indicó que la unidad también colabora en acciones como la generación de información para la rehabilitación de la Asada Poás de Aserrí y con la atención de proyectos de Acción Social que la institución desarrolla en la zona sur del país.
Se asesora a la Asada Poás de Aserrí para su rehabilitación y se colabora con la evaluación de las microcuencas. Se realizan inspecciones de las comunidades que forman parte de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, para colaborar con la rehabilitación de las Asadas y garantizar el acceso de agua potable a las comunidades aledañas.
Durante 30 años, la Brigada de Atención Psicosocial trabaja con las familias e instituciones impactadas por las emergencias. Foto: Brigada de Atención Psicosocial.
La Brigada de Atención Psicosocial realiza procesos de capacitación para la inducción de personal que trabajara en labores de diagnóstico, rehabilitación, o atención de la emergencia.
Durante esta primera semana han capacitado a miembros del Colegio Profesional de Psicólogos y Psicólogas de Costa Rica y personal y estudiantes de la Escuela de Psicología, participantes de diferentes proyectos de Acción social tales como el TCU Gestión de riesgo en comunidades en condición del riesgo y quienes pertenecen al proyecto de Pueblos y Territorios Indígenas.
Asimismo, profesionales en psicología de la UCR coordinan el Comité Asesor Técnico de Atención Psicosocial (CATAPS) de la CNE integrado por representantes de diferentes instituciones públicas.
Puente peatonal sobre el río Guacimal fue reconstruido mediante la unión de esfueros del programa de Kioscos Socioambientales, estudiantes de la Sede del Pacífico y la comunidad.
EL Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, estudiantes de la sede del Pacífico en coordinación con la comunidad reconstruyeron un puente peatonal sobre el río Guacimal, limpiaron los caminos, la carretera y facilitaron el ingreso a las casas con maquinaria contratada, y aprovechando la madera arrastrada por el río.
La crecida del río Guacimal producto de los deslizamientos alrededor de su cauce, afectó los accesos, destruyó puentes y casas e inundó con barro viviendas de la comunidad de Guacimal en Puntarenas. El puente que comunica los dos lados de la comunidad quedó destruido.
La Universidad de Costa Rica generó un proceso de acompañamiento a los estudiantes y funcionarios de diferentes partes del país afectados por la emergencia. Foto: Kioscos ambientales.
La Vicerrectoría de Vida Estudiantil ejecuta diferentes acciones para conocer las situaciones de la población estudiantil. La Oficina de Orientación se comunicó vía telefónica con los estudiantes de las zonas afectadas para conocer no solamente la afectación por pérdida de bienes materiales de las familias de la población estudiantil, sino también el impacto de esta situación en el ámbito emocional y académico, producto de la pérdida de libros, materiales, instrumentos. El abordaje incluye el apoyo para garantizar la continuidad de su proyecto académico o bien la asesoría para los procesos de interrupción de estudios, justificación de ausencias, reprogramación de exámenes y otros.
Estudiantes del Programa de Voluntariado de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, están apoyando en el Centro de Acopio que abrió la Benemérita Cruz Roja Costarricense en Tibás, con el fin de preparar los paquetes de víveres que serán enviados a las diferentes comunidades afectadas.
También se habilitó el facebook UCR PRESENTE para conocer la situación de nuestra comunidad universitaria.
Desde la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, se están atendiendo situaciones particulares relacionadas con el impacto que los daños ocasionados por la tormenta provocaron sobre la situación socioeconómica de los grupos familiares. A partir del análisis de cada situación se busca brindar una respuesta en el marco de las categorías de becas y beneficios establecidos reglamentariamente.
En la Sede Regional de Guanacaste se inició con un diagnóstico para ubicar los estudiantes una vez identificados sus necesidades, algunos requirieron el traslado temporal hacia casas de familiares, profesores y de personal administrativo.
Personal docente y administrativo del recinto de Golfito se sumó al Comité Local de Emergencias para colaborar con giras a las comunidades más vulnerables.
Especialistas de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica (UCR) generaron recomendaciones de requerimientos nutricionales mínimos que permitan mantener en buenas condiciones a los animales de producción y mascotas afectadas. Este es uno de los aportes que realiza la UCR como miembro del Comité Asesor Técnico para Protección de Animales en Desastres (CATPAD) de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Foto: Archivo ODI.
Inició encuentro de expertos internacionales en la gestión del riesgo
Rebeca Madrigal López,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Impacto del Huracán Otto sobre el cantón de Upala el 24 noviembre del 2016. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Ante el impacto de los desastres a nivel mundial, la academia tiene un papel fundamental que cumplir: generar conocimiento a través de la investigación en gestión del riesgo mediante la integración de las ciencias naturales y sociales y la formación y profesionalización de recursos humanos.
Con el interés de contribuir en la temática, la Universidad de Costa Rica reunió esta semana a expertos internaciones en el taller “Espacios, territorios y contextos de la Gestión del Riesgo”, una actividad que reúne a investigadores de 10 países diferentes para abordar nuevas perspectivas de investigación y acción conjunta alrededor de los desafíos, el estudio de casos y métodos de análisis en la gestión del riesgo.
Esta primera sesión contó con la presencia de expositores del Laboratorio Técnicas, Territorios y Sociedad (LATTS) de la Universidad de París; el Centro de Protección para Desastres de El Salvador, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica.
La gestión del riesgo de desastres en América Central y la adaptación ante el cambio climático fueron dos de los temas principales durante esta primera jornada, donde además se abordaron otras aristas como el riesgo en las laderas y cuencas urbanas y en los asentamientos urbanos en áreas naturales protegidas.
Durante el acto de inauguración, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Manuel Martínez Herrera, puntualizó que las ciencias sociales deben ser determinantes en la gestión del riesgo, porque el desastre tiene rostro humano.
Durante el acto de inauguración, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Manuel Martínez Herrera, señaló que ante la condición de vulnerabilidad nacional, la Universidad de Costa Rica se ha vinculado con el tema de gestión del riesgo desde hace 30 años, tratando siempre de superar los enfoques fisicalistas y integrar las disciplinas de las diferentes ciencias.
Allan Lavell, especialista en la gestión del riesgo, señala que la academia debe dilucidar cómo debe de plantearse el problema y en consecuencia cómo debe enfrentarse debido a la falta de éxito en la gestión del riesgo a pesar de algunos avances en el mundo.
“Es posible que la academia debe replantearse las preguntas y organizar el pensamiento y tal vez preguntarse si hemos entrado al problema en los términos correctos”, puntualizó Lavell.
Agregó que el tema de los desastres es un problema social no de la naturaleza. Por tal razón, la tarea de dilucidar el problema corresponde a las ciencias sociales en primera instancia adaptando los procesos de educación mediante la construcción y transmisión del conocimiento hacia los entes públicos, ONGs y las comunidades en condiciones de riesgo.
Durante el primer día del taller, se abordaron diferentes tópicos. En la foto, los panelistas Valéri November de LATTS-Francia, Alain Musset de EHESS-Francia, Lily Caballero de UNAH-Honduras y Armando Campos de Flacso-Costa Rica, durante el conversatorio Enfoques teóricos en la temática de la Gestión del Riesgo. – foto Karla Richmond.
Lilly Caballero, de la Universidad Autónoma de Honduras, señala que desde la academia se debe incidir en las políticas públicas con innovadores abordajes metodológicos en temas puntuales como son la gestión comunitaria y planificación urbana, porque la dinámica de la construcción social del riesgo cambia de forma vertiginosa debido a que las ciudades crecen, surgen formas nuevas de comunicación a través de las redes sociales, nuevos sistemas constructivos, entre otros.
Este taller es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, la Escuela de Geografía de la misma casa de enseñanza y el LATTS, con el apoyo de otras instituciones nacionales.
“El puente lo hace el programa del Instituto de las Américas que alberga la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un programa de investigación y de cooperación científica que dura tres años y cuyo objetivo es acercar los dos espacios académicos: el centroamericano y el francés”, explica Sofía Guevara Víquez, coordinadora de Antena América Central.
La actividad se extenderá hasta el próximo jueves 20 de julio, en la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, ubicada en el primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad de la Investigación.
Durante ese período se desarrollarán temas como las temporalidades del riesgo y la consolidación de territorios en América Latina, así como las herramientas para gestionar, estudiar y comunicar este tema. Tanto las mesas redondas como las conferencias magistrales son abiertas al público, puede consultar el programa aquí.
