El “Plan Proteger”, la moratoria de impuestos, las medidas tomadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por los bancos públicos y privados, por el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y muchas otras instituciones públicas, buscan, como lo ha declarado el Señor presidente -Carlos Alvarado Quesada-, proteger a las personas, los empleos y las empresas. Y todo eso está muy bien; enfrentamos una emergencia nacional y global y no es tiempo para promover la desunión nacional, el conflicto social o atrincherarse en intereses individualistas.

Pero tenemos otro problema tanto o más grave: más de un millón de costarricenses trabajan en la informalidad, ya sea en microempresas o como trabajadores (as) por cuenta propia. Para estas personas no habrá rescates, ni contratos de trabajo negociables, ni posibilidades de teletrabajo, ni vacaciones pagadas por adelantado, ni seguros de desempleo, ni se han propuesto ayudas estatales adicionales; ya que, hasta el momento, tanto para el gobierno como para el sector empresarial, “salvar la economía” y “salvar el empleo” es sinónimo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual no objetamos, pero esto deja por fuera a las personas más necesitadas; con la excepción de las ayudas que aporta la CCSS (pensiones del régimen no contributivo), el Ministerio de Educación (MEP) (alimentos básicos) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (becas a estudiantes, por ejemplo), entre otros, que se mantendrán e incluso se aumentarán en esta hora tan aciaga para el país.

Ante este panorama, el Grupo de Trabajo FES-OES[1] sobre la crisis de empleo en Costa Rica, levanta el siguiente desafío: ¿Cómo ayudar a los sectores más vulnerables frente a esta crisis, en especial a los llamados “informales”? El presente documento es un intento de brindar un insumo que, una vez enriquecido y operativizado, permita poner en marcha una estrategia de apoyo solidario para estos sectores de la población.

EL CONTEXTO GENERAL: ¿CUÁL DEBE SER LA ESTRATEGIA MACROECONÓMICA ADECUADA FRENTE A LA CRISIS EN CURSO?

Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea lo reconocen: no es tiempo de escatimar recursos públicos para enfrentar la crisis[2]; a lo cual hay que agregar dos observaciones fundamentales: i) el endeudamiento privado no parece ser la mejor solución cuando este ya es de por sí alto y los ingresos de algunos sectores están siendo severamente afectados, ii) la gestión de la crisis puede ayudarnos a mitigarla, pero también la puede profundizar.

IMPEDIR EL COLAPSO DE CONSUMO PRIVADO. Desde nuestra perspectiva, evitar el colapso del consumo privado es fundamental, pues lo contrario nos llevaría a una profunda espiral recesiva. Claro, para ello es fundamental que las autoridades de salud y el comportamiento ciudadano logren, en primer lugar, controlar lo más posible la expansión del virus, cercando prioritariamente los principales focos de contagio, pero no poniendo en “cuarentena” a toda la población (a menos que lleguemos a una fase crítica). Costa Rica no cuenta con los instrumentos tecnológicos (inteligencia artificial), con equipamiento médico suficiente (pruebas de contagio para casi todos), ni con bases de datos de última generación (big data), que nos permitan una pronta identificación, aislamiento y tratamiento de las personas sospechosas o contagiadas, como sí ha podido hacerse en países como Corea del Sur. Por eso, cercar y controlar los principales focos de contagio a nivel local es una solución intermedia, sin necesidad de llegar a medidas extremas que paralicen toda la economía. Lo antes posible es necesario restablecer las condiciones para volver al trabajo, generar empleos y estimular el consumo de las familias; para lo cual el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cuenta con información relevante sobre cuáles son los sectores con mayores encadenamientos productivos y con mayores elasticidades empleo-producto.

Por lo anterior, aplaudimos la medida gubernamental de no cerrar las ferias del agricultor, extremando medidas de prevención, de higiene y de distanciamiento. Pero también hay “ferias solidarias” que poco se conocen y menos se estimulan, así como campañas de concientización por parte de algunas municipalidades para que la ciudadanía no abandone el comercio local en sus respectivos cantones. Lo importante es evitar las aglomeraciones de gente, por lo que el servicio a domicilio masivo es una opción que permitiría mantener a flote a los pequeños negocios, e incluso, generar nuevos empleos para la distribución de los bienes.

CON TANTAS VIDAS EN RIESGO, NO ES TIEMPO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO. Algunos gobiernos europeos están ofreciendo avales estatales para el endeudamiento privado, pero esta opción es poco viable cuando la incertidumbre ha alcanzado niveles insospechados, o cuando el endeudamiento de las familias ya es demasiado elevado; como sucede en nuestro país. El gobierno no debe detener sus proyectos de infraestructura, eso sí, extremando medidas de prevención. Y lo más importante: para enfrentar la crisis se ocupan masivas ayudas directas (no condicionadas), tanto a trabajadores(as) que pierdan su empleo o vean disminuidos severamente sus ingresos, como para trabajadores (as) autónomos (as) y personas en la informalidad laboral.

El Plan Proteger contempla ayudas directas para personas desempleadas y en condición de pobreza, pero en el mejor de los casos, el mismo no entrará en ejecución hasta mediados de abril. Ante esta realidad, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿no sería más efectivo impedir que las empresas despidan trabajadores otorgándoles a estas un incentivo para tal propósito, en lugar de esperar a que los empleos se pierdan para luego subsidiar a quienes se queden sin empleo o pasen a la informalidad? ¿Las medidas implementadas por la cadena hotelera Fifco y por el Grupo Purdy, de no despedir a sus empleados, podría extenderse a otras grandes empresas? El Gobierno de la República debe, de manera inmediata, valorar esta opción, especialmente con medianas y grandes empresas; ya que la iniciativa de nacionalizar empresas si la crisis se profundiza, sería prácticamente inviable para Costa Rica.

Ahora bien, seguramente el Plan Proteger (3% del PIB) no generará tantos recursos como para cobijar a una buena cantidad de ocupados (as) informales, por lo que tendremos que pensar en un fondo especial para estos sectores, sobre lo cual se expondrá más adelante.

MITIGAR EL IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES. La economía costarricense depende altamente de sus exportaciones de bienes y servicios, y entre estos últimos, de manera crucial, del turismo. Por tanto, y dado el “cierre de fronteras” para personas no residentes, hay que proteger con especial recelo a aquellas empresas que generan más empleos y evitar una caída pronunciada del tipo de cambio mediante intervenciones oportunas del Banco Central. Con respecto a las empresas de zonas francas, una negociación con algunas de ellas sería, por ejemplo, convencerlas de que no paralicen su producción, siempre y cuando puedan almacenar stocks para cuando la economía mundial manifieste signos de recuperación.

¿QUÉ MEDIDAS SON MÁS EFICACES EN MATERIA DE LIQUIDEZ?

Estados Unidos y Europa disponen de Bancos Centrales que pueden darse el lujo de ofrecer “liquidez ilimitada” y a tasas de interés “cero”. Costa Rica no dispone de esas condiciones, ni está claro que esto sea lo más efectivo. ¿Qué empresas o particulares se van a endeudar en medio de proyecciones económicas tan pesimistas, incluso con tasas de interés reducidas? En este campo, las medidas más pertinentes para particulares y empresas son la suspensión de los pagos de deudas e intereses, por lo menos por toda la primera mitad de 2020, y con actualizaciones de esos pagos de manera fraccionada una vez que pase la crisis, o trasladándolos al principal con alargamiento del plazo de vencimiento de la deuda.

PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN INTERNA, ESPECIALMENTE DE PRODUCTOS BÁSICOS

El BCCR dispone de estudios que le permitirían al gobierno priorizar políticas industriales hacia los sectores con mayores encadenamientos productivos y elasticidades de empleo – producto. A continuación, un extracto de su último estudio sobre este tema.

El comercio, la enseñanza, la construcción de edificios, el servicio doméstico y los servicios de alimentación son los que presentan los mayores coeficientes de elasticidad empleo – producto, es decir, que estas actividades son las que generan un mayor incremento en la ocupación total de la economía por cada punto adicional de crecimiento en su demanda. Se trata de actividades intensivas en mano de obra, muy vinculadas al ciclo económico; por lo que las medidas anticíclicas pueden contribuir a su dinamismo.

[…]

Los resultados presentados en este documento sugieren el fomento de la inversión pública en infraestructura, tanto de obras fijas como de transporte para el mejor aprovechamiento de los encadenamientos productivos presentes en las actividades económicas relacionadas y el consecuente impulso al empleo que se podría generar. Asimismo, el desarrollo de políticas sectoriales sobre las actividades en el agro, la manufactura y las actividades de servicios identificadas, pueden contribuir a la reactivación económica y al aumento de la ocupación. (Sánchez, 2019, p.26)

En resumen, una política de reactivación, si desea tener resultados en el corto plazo (en producción y en empleo), debe concentrarse en estímulos de demanda para determinados sectores, como los indicados en el estudio. Esto es congruente con las políticas de estímulo al consumo y al gasto público que expusimos previamente. Además, en las actuales condiciones sólo la producción interna podrá garantizar, con los correspondientes estímulos, el abastecimiento a toda la población de los productos básicos.

PROTEGER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES

MEDIDAS DE PLAZO INMEDIATO (MENOS DE TRES MESES)

1. Respaldamos totalmente la intención del Gobierno de aumentar el monto y ampliar la cobertura para beneficiarios del Régimen No Contributivo de Pensiones.
2. Nos preocupa el presumible aumento en la informalidad producto de la crisis económica, ya que para las Pymes la moratoria en el pago de impuestos es una medida insuficiente en la medida en que sus ventas disminuyan drásticamente.
3. La reducción en la Base Mínima Contributiva (BMC) por parte de la CCSS es una medida necesaria, siempre y cuando el Gobierno Central compense los cerca de 22 000 millones de colones que la Institución dejará de percibir. Sin embargo, y de profundizarse la crisis, recomendamos valorar su total eliminación, y que la cotización esté exclusivamente en función de las horas efectivamente trabajadas y los ingresos adquiridos.
4. La reducción de los costos laborales ya aprobados por la CCSS, es una medida que ayudaría principalmente a las personas trabajadoras del sector formal. Los trabajadores (as) del sector informal no son impactados por estas reducciones de costos, tienen menores ingresos que los formales y son más vulnerables. Se necesitan transferencias no condicionadas de parte del gobierno para mantener niveles de ingreso al menos de subsistencia para este grupo de la población. Las personas trabajadoras informales laboran en algunas de las industrias y ocupaciones que pueden verse más afectadas. Algunas de estas actividades son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y el comercio; las cuales se espera se vean muy afectadas por la caída tanto en la demanda interna como externa. Por ello es necesario localizar de manera detallada a las personas en estas ocupaciones y actividades de alto riesgo. En el Gráfico 1 se observan las 15 ocupaciones con mayor cantidad de personas en condición de informalidad (según la definición del INEC); las mismas representan el 56% de la informalidad en el país y suman 564 068 al cierre de 2019.

Gráfico 1.

Costa Rica: ocupaciones con el mayor número de personas que poseen empleos informales.

-IV trimestre de 2019-

De especial preocupación es el caso de las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que se dedican a “oficios domésticos”. Si bien las familias de clase media-alta y alta seguramente no tendrían problemas en mantenerlas en sus trabajos; ese no será el caso para familias de clase media que con dificultad contratan a estas mujeres a medio tiempo o por horas. Y una situación igualmente dramática podrían sufrir los peones de explotaciones agrícolas, los peones de construcción, las cuidadoras de niños y los peones de jardinería, entre otros. Estamos hablando de no menos de 400 000 personas en situación altamente vulnerable, por lo que, en el plazo inmediato, hay que constituir un fondo de ayuda para esta población, mientras pasa lo peor de la crisis.

• Este fondo solidario se podría constituir de diversas formas. A manera de ejemplo, podemos pensar en un impuesto solidario a los altos salarios (públicos y privados) y otros ingresos (consultores, profesionales liberales, personas contratadas por servicios profesionales), y a las rentas del capital. Según cálculos del economista José Francisco Pacheco, y a partir de datos la ENAHO 2019, al menos unos 50 000 costarricenses del sector público y privado obtienen ingresos mensuales brutos superiores a los dos millones de colones. Solo para contar con una estimación inicial, una contribución solidaria, por una única vez, del 10% de estos ingresos brutos, podría generar un fondo cercano a los 13 000 millones de colones. Este fondo podría aportar un subsidio de 130 000 colones, por una única vez, a 100 000 personas. Otra opción sería calcular la contribución solidaria sobre la base de los ingresos netos de impuestos (renta) y de las contribuciones a la seguridad social. En este caso la contribución podría fijarse a partir de una base exenta cercana al millón y medio de colones.
• Otro caso especial es el de los pequeños productores agropecuarios altamente endeudados. Si bien algunos bancos han respondido al acuerdo con el gobierno para la readecuación de sus deudas, cerca de 11 000 familias se encuentran en total incapacidad de pago, por lo que se exponen a perder sus propiedades. Así, el llamado más urgente para este sector es un proyecto de mora de los remates mientras se busca una solución más a mediano plazo (condonación, arreglos de pagos).
• En lo que corresponde a medidas para mantener, e incluso aumentar, el poder adquisitivo de las familias en condición de mayor vulnerabilidad, recomendamos:
  • la pronta aprobación del proyecto de ley sobre tasas de usura,
  • la regulación por parte del MEIC de los precios de los productos altamente demandados en la actual crisis (de prevención e higiene personal, de limpieza de casas y oficinas) y,
  • garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica.
• Hay que fortalecer las redes de protección social, extendiendo los permisos de maternidad y evaluando la posibilidad de entregar un bono de ayuda a las familias cuyas cabezas de hogar deban seguir trabajando, para de esta forma ayudarles con el cuido de sus hijos.

MEDIDAS PARA EL CORTO PLAZO (TRES MESES A UN AÑO)

1. En caso de extenderse la situación por más de 2-3 meses, constituir un monotributo para todos los pequeños contribuyentes de actividades que se mantengan activas, con el fin de que colaboren con la recaudación de ingresos, pero sin ser excesivo. El monotributo puede sustituir los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social; esto con el fin de mantener un balance entre reducir costos para las empresas y trabajadores (as) y proveer de ingresos al gobierno como una forma de mantener las acciones solidarias hacia el resto de la población. Desde luego, el gobierno debe comprometerse a transferir a la CCSS y en plazos perentorios, la parte de la recaudación que le corresponda.
2. Esquemas especiales de contribución a la seguridad social para las personas de bajos ingresos que trabajan menos de la jornada completa, pero no sólo de forma específica para una ocupación, como en el caso de las empleadas domésticas, sino de manera general, de forma que aplique para todas las personas de bajos ingresos que trabajan menos de una jornada completa.
3. El país no puede seguir postergando la discusión sobre un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo sirven como estabilizadores en tiempos de crisis, países como Alemania han probado que son de gran utilidad en tiempos como los actuales. Costa Rica no tiene seguro de desempleo, pero reiteradamente se ha planteado la posibilidad de convertir el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en un seguro de este tipo. Esta es una medida que podría ayudar a estabilizar la economía si se presentaran despidos masivos por causa de una caída en la demanda, tanto interna como externa. Pero en el corto plazo, se puede recurrir al Auxilio de Cesantía y al FCL para paliar la disminución o pérdida de ingresos en muchas familias.
4. Renegociación internacional de las deudas públicas de los países de renta baja y media. Costa Rica debe unirse a las voces que piden una renegociación y eventual condonación de una parte de la deuda pública externa, con el propósito de redirigir estos recursos a la transformación económica, social y ecológica que demanda urgentemente el panorama de la economía, la sociedad y el clima mundial.

MEDIDAS PARA EL MEDIANO PLAZO: MÁS ALLÁ DE LA CRISIS

En el mediano plazo (uno a tres años) Costa Rica debe impulsar con audacia y energía, innovaciones sociales que le permitan crear nuevas opciones para la generación de empleos. Mencionamos tres especialmente prometedoras.

1. Emprendimiento: No busques empleo, ¡créalo!

El emprendimiento es un factor de empleabilidad cada vez más importante. Además del MEIC, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), entre otras entidades, cuentan con proyectos concretos, como INAPYMES, PROPYME y Costa Rica OPEN FUTURE (iniciativa de Telefónica Movistar).

Y si bien al Estado le corresponde una cuota importante de responsabilidad en la creación de condiciones para impulsar el emprendimiento, el sector empresarial ya establecido (público y privado) puede hacerlo también. ¿Cómo? El emprendimiento puede verse como una oportunidad de negocio desde varias perspectivas.

1. Desde lo laboral: impulso a nuevas profesiones (programadores y diseñadores web, analistas de datos, gerentes de comunidad, gerentes de contenido, especialistas en optimización de motores de búsqueda) y la diversificación de actividades en profesiones tradicionales; tal es el caso de los (as) abogados (as), quienes pueden apoyar a estas empresas en sus ciclos de vida (a veces muy cortos), desde un punto de vista corporativo, fiscal, laboral, de imagen y reputación, privacidad, propiedad intelectual y comercio electrónico. Todo lo anterior, sin impulsar la contratación laboral hacia el precariado.
2. Desde el emprendimiento individual y social. Hay que tener muy presente que más de la mitad de los empleos informales son autónomos o “por cuenta propia”. El Estado y la sociedad deben ver esta situación como un semillero de emprendedores.
3. Desde la oferta educativa. La educación técnica, parauniversitaria y universitaria, debe generalizar su oferta de capacitación en materia de emprendimientos.

Estas opciones pueden ser de especial relevancia para las mujeres, ya que son ellas precisamente las que están aumentando su participación en la población económicamente activa. Pero se requiere que toda la institucionalidad del Estado se vuelque a impulsar y fomentar estas opciones.

2. Diversificación de las formas de propiedad y de la gestión empresarial (impulso a la economía social solidaria – ESS)

El sector empresarial suele insistir en demandas de “flexibilización”: del trabajo, de la tramitología, de las reglas de juego, etc. Pero quizás la flexibilización que más puede ayudar a generar empleos es aquella en las formas de propiedad y en los tipos de gestión empresarial. Nos referimos especialmente, a las diversas formas de Economía Social.

La ESS puede contribuir en la generación de empleo decente de varias maneras:

1. Mediante la pluralidad en las formas de propiedad, con esquemas empresariales y productivos de carácter asociativo y solidarios.
2. Democratizando la gestión al interior de las empresas y organizaciones, propiciando la participación de todas las personas socias/trabajadoras de la organización.
3. Comprometiéndose con el desarrollo humano sostenible de manera coherente y consciente.
4. Involucrando a la comunidad local y regional y propiciando encadenamientos productivos.
5. Reafirmando que las organizaciones de ESS son empresas “orientadas al empleo”.
6. Comprometiéndose de forma decidida con el trabajo decente.
7. Por su mayor flexibilidad para afrontar los retos del futuro del trabajo.

Para cumplir con estos objetivos, que incluso sirven de principios orientadores, la ESS en Costa Rica sólo pide cinco condiciones.

1. Que se termine con la satanización que ciertos sectores conservadores han hecho de la misma, presentándola como agentes desestabilizadores y con supuestas obediencias a intereses o países extranjeros.
2. Que se termine con la invisibilización de la ESS, que ciertos sectores empresariales e incluso estatales han propiciado, quizás como una forma de impedir su crecimiento.
3. Que el Estado promueva, a través de sus diversas instituciones, la creación de ecosistemas de apoyo a la ESS a escala nacional.
4. Retomar la “Propuesta de la Cámara de Economía Social Solidaria (CANAESS)3 para los candidatos a la Presidencia 2018-2022”.
5. Incorporación al dialogo social a movimientos como la “Plataforma de Economías para la Vida”, la cual constituye otra expresión de la ESS y aglutina a diversas organizaciones comprometidas con la ESS y otras formas de economía para la vida.

3. Otras formas de economía en ascenso: economía circular, economía colaborativa (sharing economy).

La economía circular busca la imbricación de los aspectos ambientales, económicos y sociales. El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites, y se empieza a vislumbrar el agotamiento de diversos recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por eso, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos; y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos.

Algo muy importante: la economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión integral de los residuos puede llegar a representar la creación de miles de puestos de trabajo.

La economía colaborativa o “economía del compartir” nació con el conocimiento abierto y el consumo colaborativo, aunque luego se extendió a las finanzas colaborativas y a la producción colaborativa. Sin embargo, el cambio más drástico con respecto a la idea original de “compartir” ocurre cuando empresas como Uber tienden a monopolizar el concepto de sharing economy. Sin embargo, la idea original, no necesariamente vinculada al lucro, sigue teniendo vigencia y representa no una, sino varias formas novedosas de poner en contacto usuarios y oferentes de bienes y servicios.

UNA DISCUSIÓN PENDIENTE

En otro orden de cosas, y como un eventual medio para estimular la transición a la formalidad de las empresas, debe ponerse en discusión la posible eliminación de los impuestos a la nómina que no representan aportes a la seguridad social de la persona trabajadora propiamente dicha (FODESAF, INA, etc.). Pero de manera simultánea, habría que trasladar estos rubros a los impuestos generales (IVA, Renta), de forma tal, que estas funciones y sus instituciones no resulten desfinanciadas. La manera de garantizar esto último es parte de la discusión.

En estrecha relación con lo anterior, es urgente que el país defina de una vez por todas la regulación de plataformas como Uber, Airbnb y otras similares, a fin de formalizar a las personas “colaboradoras” que en realidad trabajan para estas empresas, garantizando el cumplimiento de sus derechos laborales.

Referencias

Gaspar, V. y Mauro, P. (9 de marzo de 2020). Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus. Diálogo a fondo. Blog del FMI. Recuperado de https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=12910

Pellicer, LL. (20 de marzo de 2020). Bruselas propone una suspensión de las reglas fiscales ante un desplome comparable al de 2009. El País. Recuperado de https://elpais.com/economia/2020-03-20/bruselas-suspende-temporalmente-lasreglas-fiscales-para-responder-a-la-crisis-por-el-coronavirus.html

Ruiz, M. (2019). Fortalecer apoyo del Ejecutivo a la ESS y otras formas de economía social. Documento de la CANAESS presentado al Grupo de Trabajo UNA/FES sobre la crisis del empleo en Costa Rica. Recuperado de https://drive.google.com/open?id=1vaav6FcDteFG7s8KWGB4r8NN3wDicF2n

Sánchez, E. (2019). Identificación de actividades con potencial generador de empleo a partir del cálculo de encadenamientos productivos y de elasticidades empleo – producto, BCCR. Documento inédito.

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[1] Fundación Friedrich Ebert, Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA (OES-UNA). En los talleres del Grupo realizados durante el segundo semestre de 2019 participaron activamente cerca de veinte personas de diversas organizaciones e instituciones. Con los insumos resultantes y frente a los nuevos desafíos, una comisión ha elaborado el presente documento bajo la coordinación del Dr. Henry Mora Jiménez (Investigador del OES-UNA). Participantes: Marco Vinicio Zamora Castro (Coordinador del Proyecto Transformación Social Ecológica, Fundación Friedrich Ebert – FES en América Central), Roxana Morales Ramos (coordinadora del OES-UNA), Fernando Rodríguez Garro (Investigador del OES-UNA), Juan Carlos Duran Castro (Secretario de Seguridad Social CTRN), Montserrat Ruiz Guevara (Directora Ejecutiva CANAESS), José Francisco Pacheco Jiménez (Consultor independiente), Martín Murillo Córdoba (Ibtar, Consultor), Margarita Bolaños Arquín (Antropóloga, Colectivo Mujeres x Costa Rica).

[2] Véase, por ejemplo: Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus (Gaspar y Mauro, 2020). También: Bruselas propone una suspensión de las reglas fiscales ante un desplome comparable al de 2009 (Pellicer, 2020).

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Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro y German Masís.