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Etiqueta: vulneración de derechos

Alertas preventivas tras visita al lugar de alojamiento de personas deportadas

Comunicado

El MNPT realizó, junto a la Defensoría de los Habitantes, una visita al espacio de alojamiento de las personas recientemente deportadas. Halló buenas prácticas en la atención de estas personas, pero identificó algunos riesgos que podrían vulnerar la dignidad humana y la integridad personal.

Este 14 de abril, la Defensoría de los Habitantes y el MNPT realizaron una visita al lugar en el que se alojan las primeras 25 personas deportadas (8 mujeres y 17 hombres) desde EEUU, provenientes de países como Honduras, El Salvador, Albania, Kenia, India, China, Marruecos y Camerún. Se constató que todas son mayores de edad, no hay adultos mayores, ni mujeres embarazadas.

Buenas prácticas con respecto a las personas deportadas y alojadas en el CATEM en el 2025. Se constató que tres de las principales preocupaciones encontradas por el MNPT hace un año se están protegiendo, ya que: 1) No tienen privación de libertad en el lugar en que se encuentran. 2) El Estado no les retiene sus documentos y tienen un estatus migratorio regular. 3) Están más claras las opciones migratorias por las que pueden optar (retorno voluntario, solicitud de refugio o visa humanitaria).

Asimismo, hay mayor disponibilidad de intérpretes. Se constató que hay equipos interdisciplinarios de la OIM atendiendo y se verificaron condiciones adecuadas en el lugar en cuanto a alojamiento, privacidad y alimentación. También, las personas expresaron una sensación de bienestar ante el trato en Costa Rica, el cual enunciaron como adecuado y cuidadoso, a diferencia del trato previo en EEUU.

Riesgos identificados. Para el MNPT es importante indicar algunos riesgos identificados a partir de la visita:

Riesgo de insostenibilidad de condiciones adecuadas. La cantidad actual de 25 personas es manejable para garantizar la atención, pero la viabilidad para dar un trato personalizado y humano a cada persona se va ir dificultando si esa cifra aumenta, en particular si ingresan personas con mayores condiciones de vulnerabilidad (menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas) o con complejidad para sus procesos de movilidad (personas sin documentos, de otros continentes, con otros idiomas, en “limbos” legales, etc.). Asimismo, no es claro el futuro para las personas que permanecerán en Costa Rica, en particular con respecto a cuáles serían sus espacios de alojamiento, medios de subsistencia o plan de vida.

No se constató presencia inter-institucional. Durante la visita no se pudo constatar la presencia de otras instituciones del Estado para un abordaje integral, tales como el INAMU, la CCSS o el IMAS; durante la visita tampoco se recibió información de la DGME sobre un sobre un plan interinstitucional al respecto.

Relatos de tratos crueles y vulneraciones previas. En los relatos de las personas deportadas se repiten quejas sobre los tratos recibidos en EEUU, en la detención, encierro y traslado. Aspectos como haber sido privadas de su libertad en espacios hacinados; recibir comida en estado inadecuado; incertidumbre de hacia dónde se dirigen o de su futuro; uso de grilletes en pies, caderas y manos durante traslados (incluido el vuelo hacia Costa Rica); la no devolución de objetos personales como celulares, relojes o ropa; tratos verbales que consideraron que afectan su dignidad. Formas asociadas a lo que se conoce como criminalización de la migración y cuyos efectos dañinos a los DDHH están muy documentados.

Riesgo de responsabilidad internacional. Desde una perspectiva del derecho internacional, en acuerdos como estos, Costa Rica no solo se debe de preocupar por el momento de llegada al país, sino que le deben ser relevantes las condiciones de trato en el país de origen, ya que se puede estar formando parte de una cadena internacional de vulneración de derechos humanos.

¿Cómo abordar el incremento de la población carcelaria en América Latina?

  • Según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2021 se registró casi doce millones de personas privadas de libertad a nivel mundial.

  • Expertos internacionales analizarán desde Costa Rica los principales retos para abordar de manera integral la prevención de tortura y vulneración de derechos.

Mediante el encuentro internacional de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe (AIDEF), expertos y especialistas, examinarán las principales problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad en la región y el desarrollo de políticas públicas para prevenir la vulneración de sus derechos.

Según datos del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, al 12 de noviembre del 2023, nuestro país alberga una población carcelaria de 15635 personas en el sistema cerrado y 2205 personas en el sistema semi institucional.

Al 30 de junio del 2023, la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública de Costa Rica, reportó un circulante de 7617 causas, lo cual hace fundamental la presencia activa y directa de los defensores y defensoras de la materia, en los distintos centros penitenciarios del país.

Este y otros temas de gran relevancia nacional se analizarán en el “Encuentro Internacional de Defensorías Públicas de América Latina, 20 años de la AIDEF en defensa de los Derechos Humanos”, el cual se realizará los días 22 y 23 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio Miguel Blanco Quirós, en el edificio del Organismo de Investigación Judicial, Primer Circuito Judicial de San José.

La AIDEF es una asociación de defensorías públicas que tiene como objetivo, entre otros, defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, fortalecer la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.

Sobre este encuentro el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo puntualizó que es una oportunidad para conocer la forma en que otros países están abordando la problemática carcelaria, otros temas de interés, así como las dificultades que enfrentan las personas migrantes en todos los países latinoamericanos.

Participan expertos como el Dr. Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Patricia Laurenzo Copello, especialista en derechos humanos y temas de género y el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Litigar con perspectiva de género, los desafíos en la protección de las personas en contexto de movilidad, acceso a la justicia y retos de las defensorías públicas de la región, son otros de los temas a desarrollar.

La actividad es organizada por la Defensa Pública de Costa Rica, la Asociación Interamericana de Defensoría Públicas (AIDEF) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidad para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

Imagen ilustrativa.