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Etiqueta: xenofobia

Llamamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes y las organizaciones populares de América Latina

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

La crisis que globalmente ha provocado el COVID-19 nos presenta una encrucijada a los pueblos de Abya Yala – América Latina. Las organizaciones populares somos la primera línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición:

Estamos atravesando una crisis integral que amenaza la vida en todas sus formas. El COVID-19 se transformó en pandemia en un momento de agudización de la crisis capitalista y de reiterados intentos desde el poder económico de que la clase trabajadora cargue a sus espaldas con la recomposición de la tasa decreciente de ganancia empresarial; que confluye con el debilitamiento de los sistemas de salud, el deterioro de las condiciones de vida y el despojo de lo público como resultado del giro neoliberal. La asfixia a la que nos someten la deuda externa, los organismos internacionales y el agobio permanente del imperialismo contra nuestra soberanía le dan forma a un escenario que anticipa las graves consecuencias.

En una América donde nos negamos a aceptar los ajustes estructurales y el desembarco de nuevas políticas imperialistas, y donde nuestros pueblos han encarnado importantes levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se ha convertido en una excusa para legitimar la presencia de las fuerzas armadas en nuestros territorios e implementar medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Asimismo, esta crisis puso de manifiesto nuevamente la brutalidad de la violencia patriarcal sobre las mujeres y disidencias sexuales, así como la exclusión histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones de vulnerabilidad extremas.

Como es la mejor tradición de nuestra gente, somos las organizaciones del pueblo, obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras/es, de los barrios, las que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también para proyectar una salida a esta crisis que no sea una vuelta atrás a la salvaje normalidad capitalista, sino un camino hacia una sociedad distinta. Ello será posible si tomamos lo mejor de nosotros como pueblos, los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional, que alimentemos durante esta batalla, serán parte del tejido que construya los horizontes de transformación en Abya Yala.

Ante la falta de vivienda ocupamos territorios y construimos casas; ante la falta de trabajo organizamos cooperativas, recuperamos fábricas y enfrentamos cierres, despidos y suspensiones; ante el ataque patronal peleamos por mejores condiciones de trabajo a través de huelgas; ante la falta de educación generamos escuelas; ante la opresión hacia las mujeres y disidencias construimos feminismos populares; ante la explotación construimos organización sindical de base y luchamos contra la precarización y por salarios dignos hasta las últimas consecuencias; contra el hambre construimos comedores y merenderos populares; ante la crisis climática desarrollamos la agroecología; frente el monocultivo y el monopolio de los alimentos, construimos territorios campesinos agroalimentarios para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria; ante la militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico hacemos sustitución de cultivos y luchamos contra la violencia estatal. Nuestra alternativa es de vida contra los que nos proponen muerte.

Frente a la política de fronteras cerradas y de fragmentación, y frente a la xenofobia y el neofascismo que proponen desde arriba, retomamos el horizonte de la solidaridad continental y la unidad de los pueblos.

Frente a las políticas de los y las capitalistas, para usar la crisis como revestimiento del ajuste, profundicemos y replanteemos nuestras luchas históricas por la defensa de los territorios, la vida y la socialización de las riquezas, construyamos poder popular y comunitario.

Por eso, exigimos a los gobiernos y llamamos a los pueblos:

1. Priorizar la vida sobre la deuda. No al pago de la deuda externa, investigación exhaustiva y condonación de la misma. Es criminal que se escatimen fondos a la salud y los derechos, por pagar las obligaciones con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de salud y de protección social para enfrentar la pandemia son la prioridad. Necesitamos recuperar nuestra riqueza estratégica y el manejo de bancos y comercio exterior, fuente permanente de la sangría económica de los países latinoamericanos. Solo una política de soberanía económica, desde el avance del poder popular, puede aliviar la crisis económica y la mundial que estamos empezando a vivir.

2. Combatir las desigualdades. Impuesto extraordinario a los ricos, a la ganancia de los bancos y las grandes empresas, a los que fugaron capitales. Que los gobiernos asuman el papel de eliminar las desigualdades promovidas por el mercado, que las inversiones necesarias en políticas de emergencia se financien enfrentando la concentración de la riqueza, no con rebajas salariales a los trabajadores. Reorientar las líneas de producción de las grandes empresas para la generación de insumos destinados a combatir el coronavirus, así como las enfermedades que soportamos sin atención del Estado como la desnutrición, el dengue, el chagas y la tuberculosis.

3. Fortalecimiento urgente de los sistemas de salud pública. Inversión urgente y prioritaria en el sistema público de salud, estatización de la salud privada y fortalecimiento de las medidas de contención pandémica por parte de los estados. La pandemia reafirma la necesidad de que todos y todas reciban asistencia de salud universal, fortaleciendo la promoción pública de estos servicios. Que los Estados tomen control de la producción y administración de todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis con participación y control de los y las trabajadoras. Eliminación del sistema de patentes sobre los medicamentos para desarrollar con plenitud la investigación y aplicación científica para resolver los problemas humanos, y reconocimiento a la medicina originaria y ancestral.

4. Por trabajo con todos los derechos. Ingreso universal garantizado para todas y todos, prohibición de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer los derechos de las y los trabajadores para vivir una cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la excusa para seguir avanzando en la precarización del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal a su ocupación y recuperación por parte de los y las trabajadoras.

5. La vivienda y el hábitat digno como derecho social. La cuarentena solo puede realizarse bajo un techo, con servicios básicos garantizados y en un barrio saludable. Es necesario suspender desalojos, pagos de alquiler y de servicios; las políticas de hábitat deben direccionarse hacia una reforma urbana integral que garantice el acceso a la vivienda en barrios dignos para todas las familias trabajadoras. Acceso universal al agua, luz y gas y urbanización de los barrios populares: no hay lucha contra la pandemia sin que todas las personas puedan tener agua potable, gas y acceso a la electricidad en el hogar, barrio o comunidad. Ni casas sin personas, ni personas sin casas. Requisición de propiedades vacías para la población en situación de calle y albergues populares.

6. Enfrentar el hambre y garantizar la alimentación universal. Priorizar el financiamiento y el rol de la agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agroecológica en el abastecimiento de alimentos para el pueblo, comedores, merenderos y cocinas comunitarias: es necesario avanzar en la promoción del acceso a los alimentos, como una forma de impulsar la economía y no causar una crisis de suministro. Garantizar una canasta básica con precios regulados y exentas de impuestos. Exigir sanciones a la especulación con los precios el acaparamiento de supermercados e intermediarios. Condonación de las deudas de los campesinos y campesinas, la redistribución de la tierra productiva e implementación de sistemas de protección y colonias agroecológicas con financiamiento del Estado.

7. Contra la mercantilización de la naturaleza. Necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes como el agua, el gas, el petróleo, la tierra, riqueza estratégica que es usurpada por pulpos económicos con la complicidad de gobiernos y la burguesía local. Pleno respeto a los territorios de los pueblos y replanteo del modelo económico y extractivo. La explotación de recursos naturales debe respetar a la madre tierra como así a los pueblos que la habitan.

8. Fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros. Especialmente a todo aquellos cuyo hábitat se encuentra en ecosistemas vitales como la Amazonía, para quienes la amenaza epidemiológica puede significar un etnocidio. Fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas para la pervivencia territorial y cultural de la vida de los pueblos indígenas y afros. Prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas.

9. Políticas reales para enfrentar la violencia machista. Con las medidas de aislamiento social, existe la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres. Que para las mujeres, cis y trans, la expansión de las plataformas tecnológicas para garantizar su uso cuando la violencia contra las mujeres es un hecho no es suficiente para prevenirla y erradicarla. Presupuesto para prevenir femicidios y transfemicidas. Refugios para personas en situación de violencia, entrega de subsidio económico especial a sobrevivientes. Planes de empleo y educación orientados hacia mujeres y disidencias.

10. Más prevención, no a la represión. Muchos gobiernos han utilizado el contexto del coronavirus para intensificar la lógica represiva y de vigilancia, y para aumentar el encarcelamiento de los más pobres, de líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos. Es hora de reducir la población carcelaria como un problema de salud pública. También es necesario revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias, indígenas y populares que cuidan los territorios ancestrales y están siendo un efectivo organismo comunitario para cuidar la vida en el campo y en la ciudad.

11. No a la intervención política, económica y militar imperialista. Rechazamos de manera categórica el uso de la crisis como excusa para una intromisión militar en Venezuela por parte del imperialismo yankee y sus socios, el asesinato permanente de líderes indígenas, afrodescendientes y populares en Colombia, la feroz represión de los regímenes golpistas en Bolivia y Honduras, del gobierno antipopular de Piñera en Chile, así como la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia Cuba y Venezuela.

12. Ayuda Humanitaria Internacionalista. Exigimos a los gobiernos que soliciten ayuda humanitaria a Cuba y a otros países que han desarrollado experiencia técnica para enfrentar la pandemia y que pueden ayudar a contener el brote de Covid-19 en las ciudades donde la pandemia se ha expandido con más crudeza, cómo Guayaquil y San Pablo.

Contra la riqueza de pocos, por la lucha de los pueblos
¡Por la vida, no el FMI!
Como luchan los pueblos latinoamericanos: Diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, ¡carajo!
¡Solidaridad internacionalista, YA!

Adhesiones:

fru@resistencia-urbana.org
comunicacion@conaie.org
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Ecuador
Congreso de los Pueblos-Colombia
MTST Movimiento de Trabajadores Sin Techo-Brasil
CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana Ecuador
FPDS Frente Popular Darío Santillán-Argentina
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia-Colombia
FOL Frente de Organizaciones en Lucha- Argentina
Ukamau-Chile
CRBZ Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora-Venezuela
CNTE-SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-México
AUTE Sindicato Electricista-Uruguay
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej- Guatemala
CNA Coordinador Nacional Agrario-Colombia
Movimiento de los Pueblos/por un socialismo feminista desde abajo.(Frente Popular Darío
Santillán Corriente Nacional-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social –
Izquierda Latinoamericana Socialista-Movimiento 8 de Abril)-Argentina
CLOC (ANAMURI, Ranquil, Conaproch, Red Apícola Nacional, ANMI)-Chile
FENASIBANCOL Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos-Colombia
MPA Movimiento de Pequeños Agricultores -Brasil
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca-Colombia
UTT Unión de Trabajadores de la Tierra-Argentina
PCN Proceso de Comunidades Negras-Colombia
CONAMURI Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay
União Nacional de Trabaladoras(es) Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil-Brasil
MICC Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi – Ecuador
PAPDA Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif-Haiti
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-Colombia
Feminismo Comunitario Antipatriarcal – Bolivia
Movimiento Insurgente – Bolivia.
MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena “Somos Tierra”- Argentina
CENPAZ Coordinación Nacional de Paz-Colombia
MBL Movimiento de Barrios en Lucha-Ecuador
Brigadas Populares-Brasil
Zona humanitaria de San pedro del Ingara Chocó Territorio de paz-Colombia
UNORCAC – Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – Ecuador
MTD Aníbal Verón-Argentina
FOB Autónoma-Argentina
FOB La Libertaria-Argentina
MTR por la democracia directa-Argentina
FAR Frente Arde Rojo/COPA-Argentina
Frente Popular – Ecuador
Coordinadora Simón Bolívar-Venezuela
Radio al Son del 23-Venezuela
Plataforma de Lucha Campesina- Venezuela
Colectivo Caminos Verdes-Venezuela
FNL Frente Nacional de Lutas -Brasil
Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibio y Popayán-Colombia
Comité por la Abolición de las deuda ilegítimas CADTM Abya Yala Nuestra América
(Colombia, Haití, Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto Rico)
Red Emancipa de Educación Popular-Brasil
Feministas del Abya Yala
MPLT Movimiento Pueblo Lucha y Trabajo-Argentina
Pañuelos en Rebeldía-Argentina
Red de la Diversidad-Bolivia
Escuela Popular Permanente-Chile
Juntos! – Juventud en Lucha-Brasil
FECAOL Movimiento Nacional Campesino – Ecuador
Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (ASOTRASET) – Ecuador
Corriente Sindical Carlos Chile-Argentina
Colectivo Whipala-Bolivia
Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Colombia
OLP Resistir y Luchar-Argentina
Colectivo Alexis Vive-Venezuela
Colectivo Editorial Marcha
Venceremos Partido de Trabajadores-Argentina
Corriente Social y Política Marabunta-Argentina
Convergencia 2 de Abril-Chile
Democracia Socialista-Argentina
ASL Acción Socialista Libertaria-Argentina
La Junta-Perú.
Venceremos Abriendo Caminos-Argentina
ORG Organización Revolucionaria Guevaristas-Argentina
Organización Política Presentes por el Socialismo «PPS» – Colombia
CPI Corriente Política de Izquierda -Argentina
Secretaria Migrantes y Refugiados UTEP-Argentina
Asamblea Pachamama-Uruguay
Comunidad Mapuche Los Toldos-Argentina
Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador-Ecuador
Movimiento Mujeres Por la Vida-Venezuela
Unión Comunera-Venezuela
Voces Urgentes-Venezuela
Espacio Pedagógico Cultural Fénix-Argentina
Movimiento de Jóvenes por la Patria (JPP-PPT)-Venezuela
Amigos da Terra-Brasil
Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES-Ecuador
Red Feminista Ecosocialista de Ecuador-Ecuador
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa
de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)-México
Red de Medios Digitales de comunicación comunitaria y alternativa del Ecuador Infórmate
Pueblo-Ecuador
FURIA TRAVA colectiva de travestis feministas abolicionistas-Argentina
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)-México
Nueva Central de Trabajadores (NCT)-México
ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica)-México
Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores-México
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-México
Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)-México
Frente Socialista-México
Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador
CUCOMITAE-Ecuador
Fórum da Amazônia Oriental FAOR-Brasil
ICA Iglesia Cristiana Ágape-Honduras
Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza-Argentina
Asamblea Vecinal ( vecinos en lucha)-Argentina
Fuera la subestación Rigolleau ( contra la contaminación de los campos CEM)-Argentina
Red de barrios irradiados de la R. A.-Argentina
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL INDÍGENA WAYAAKUA-Venezuela
MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDÍGENA DE VENEZUELA MICIV-Venezuela
FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR-Ecuador
Amigos da Terra America Latina e Caribe-ATALC
Conselho indigenista Milionário-CIMI-Brasil
UNIDAD POPULAR DE ECUADOR-Ecuador
Grupo Carta de Belém-Brasil
Jubileo Sur/Américas
Jubileu Sul Brasil
Asociación Colombiana de Educación al Consumidor-Colombia
Tatagua Colectiva Feminista Conurbano sur Bs.As- Argentina
Comité Oscar Romero de Cádiz-España
Espacio cultural, político y social La Casita en Marabunta-Argentina
Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile.
Fundación Helmut Frenz de Educación en Derechos Humanos-Chile.
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas-Chile.
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador-Ecuador
TALLER DE «J»ORMACIÓN ESTUDIANTIL RAÍCES – TJER-Colombia
Coordinadora indígena Popular Autónoma (CINPA) Oaxaca -México
Colectivo de mujeres en Resistencia «Sinchi Warmi» – Ecuador
SOA Watch – Observatorio de la Escuela de las Américas
Propuesta TATU
VÓRTICE ESTUDIANTIL ALTERNATIVO
Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria para Latinoamérica
(RIPESS LAC)
Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)-Republica Dominicana
La Red Nacional de Organizaciones de Economía Solidaria (REDESOL)-Republica Dominicana.
Movimiento Rebelión o Extinción-Argentina
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE-Ecuador
Fuerza de Bases-Chile
MPL (Movimiento Popular Liberación)-Argentina
CCRS (Corriente Clasista René Salamanca)-Argentina

Enviado a SURCOS por Carlos Alberto Hernández Porras.

40 días en casa, 40 mil cosas más… Mujeres en cuarentena, narrando desigualdades…

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

M.Sc. Patricia Oliva Barboza
Licda. Backtori Golen Zuñiga
Investigadoras del CICDE-UNED.

La cuarentena como medida para evitar el contagio nos obliga a reflexionar sobre muchas otras situaciones, además del elemento salud, nos hace repensar sobre la realidad de las familias para contener en casa el total de sus integrantes, sin mencionar las dificultades económicas que desde ya se están enfrentando.

Si bien el COVID-19 es una crisis sanitaria inesperada, esta situación nos viene a visibilizar y recrudecer las desigualdades más profundas que teníamos como sociedad. La violencia estructural, las condiciones de pobreza, el desempleo, el patriarcado, el racismo, el nacionalismo y la xenofobia. Aunado a la acentuación de la crisis, pareciera que también se viene a naturalizar y normalizar estas estructuras de poder hegemónico, ejerciendo así formas de control mediáticas y de control Estatal que en muchas ocasiones colocan como única prioridad la crisis sanitaria, sin necesariamente dimensionar las implicaciones que estas medidas representan en nuestras vidas.

En las últimas semanas se han hecho esfuerzos por denunciar situaciones de violencia que están afectando particularmente a las mujeres, con este texto nos interesa hacer visible de qué manera se agudizan las desigualdades existentes en las relaciones de poder.

Judith Butler nos señala que:

El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global, todos testimonio de la rigidez con la que la desigualdad radical, que incluye la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer su poderes dentro de las zonas pandémicas.(2020) (https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus)

Lo anterior nos invita a reflexionar sobre la interseccionalidad, rescatando que no solo es distinta la forma en que afecta la cuarentena a hombres y a mujeres, sobre lo que volveremos más adelante, sino que también es distinta la forma en que la estamos viviendo las mismas mujeres. No es lo mismo ser una mujer de un barrio, que una mujer de un residencial, no es lo mismo tener un trabajo como empleada doméstica o vendedora informal, que ser empleada pública o trabajar para una empresa privada. No es lo mismo vivir el aislamiento en la ruralidad, que en las zonas urbanas.

Sin embargo hay cosas que sí se asemejan en medio de este contexto y es justo el hecho de que las manifestaciones de violencia estructural, racial, patriarcal que cada quien enfrentaba y enfrenta desde el lugar que habita, se han incrementado y corren el riesgo de quedar aún más invisibilizadas.

En este texto sugerimos el ejercicio de imaginarnos situaciones que podrían estar viviendo las mujeres durante la cuarentena, reflexionar sobre la división sexual del trabajo, el trabajo remunerado y no remunerado, a partir de preguntas como: ¿Por qué las medidas de cuarentena nos afectan de manera tan distinta a hombres y a mujeres? ¿Por qué el espacio privado no representa lo mismo para las mujeres? ¿Qué significa para las mujeres estar en la casa con sus parejas, hijos, hijas, madre, padre etc.? ¿Qué implicaciones tiene estar ejerciendo el trabajo productivo y reproductivo en el espacio de lo privado? ¿Por qué “quedarse en casa” puede agravar “aún más” las múltiples jornadas de las mujeres?

Pensemos en una educadora, en este caso, una educadora del sector privado, con una jornada previa de por sí realmente abrumadora. Podemos imaginar que vive con sus hijos e hijas estudiantes o bien con su pareja y otras personas de su familia. Habitualmente sus fines de semana los dedicaba a preparar alimentos (para su consumo y el de las personas que comparten la vivienda) además de ordenar y realizar todas las labores de limpieza; la casa, la ropa, etc. y así poder dedicar los días entre semana a su trabajo remunerado, sin que esto signifique que se libere de las labores del hogar. Con la medida de cuarentena, no solo debe capacitarse en nuevas herramientas virtuales (lo que se suma a su ya múltiple jornada) sino que además debe duplicar su jornada, según las nuevas directrices de la institución (en la que labora como docente) ya que debe reforzar la atención a sus estudiantes.

En casa también su pareja, sus hijos o hijas estarán lidiando cada uno y cada una con sus nuevas labores virtuales, pero muy probablemente ella, es quien asuma las labores de la casa y además “en casa” debe organizarse todos los días con su trabajo remunerado. Muy probablemente él, su compañero “quizá piense en colaborar” (el entrecomillado es para destacar que para él se trata de una colaboración y no de una responsabilidad compartida) pero debe resolver su jornada laboral, que él considera como prioridad frente a la jornada remunerada y no remunerada que ella realiza.

Sus hijos e hijas conforme al mandato patriarcal creen que el trabajo no remunerado que ha realizado su madre (si es que lo han percibido) es obligación de ella. En muchos de los casos, cuando las mujeres se encuentran en su jornada laboral remunerada, quienes quedan en casa deben resolver situaciones, pero no porque consideren que es su función y su responsabilidad, sino porque ella no está en casa, si ella estuviera en casa, imaginemos: ¿Quién debe resolverlas?

Este es tan solo un ejemplo, podríamos sumar otra serie de factores como la atención y cuidado de chicos y chicas en edades escolares, que si bien es cierto algunos centros de cuido podrían estar funcionando, es comprensible que una familia prefiera evitar que su hijo o hija asista al centro educativo para evitar el contagio.

Podemos pensar también en todas las jefas de hogar que tienen trabajos en la informalidad, como, por ejemplo; en labores domésticas, ventas por catálogo, ventas ambulantes, costura o repostería entre otras. La medida de guardar cuarentena con acatamiento inmediato no puede ser fácilmente atendida por todas las personas, al respecto una vendedora ambulante señala: “Aunque no acate las recomendaciones de estar en aislamiento, la calle está durísima y no tanto por el coronavirus, sino porque no se hace ni un cinco y además la ven como una irresponsable por tratar de ganarse la vida. Desde cuando trabajar es un crimen”.

¿Qué está pasando en los territorios indígenas de Salitre y Térraba que actualmente están siendo invadidos y agredidos por finqueros? ¿Cómo están viviendo “la cuarentena o el aislamiento” las mujeres en estas comunidades? donde sus vidas han sido amenazadas por años y sus derechos violentados por un Estado que ahora más que nunca plasma su negligencia, promoviendo la impunidad de sus agresores.

Los retos económicos que enfrenta el país son muy distintos en la zonas urbanas, que en la zonas costeras y rurales. Existen muchas agrupaciones y asociaciones de mujeres que se dedican a las artesanías, a ofrecer servicios de comida, a vender productos agropecuarios y sus derivados, a brindar hospedajes y a realizar recorridos turísticos. ¿Cuáles serán las medidas para amortiguar el impacto de la ausencia absoluta de ingresos en estas zonas frente a la paralización del turismo en el país?

Muchas mujeres se enfrentan a una durísima realidad que se agudiza en estos momentos, cuando tienen sí o sí que compartir con el agresor y sus redes de apoyo se ven reducidas. Aunado a esto muchas familias están viviendo la cuarentena en condiciones de hacinamiento y desempleo, lo cual hace de la convivencia y de las estrategias habituales de sobrevivencia una verdadera amenaza.

Karina Batthyány sostiene que esta situación la hemos visto ya en casos de emergencias por desastres naturales. ¿Cómo abordará el Estado las consecuencias de la pérdida del empleo por la sobrecarga de cuidados? ¿Qué medidas de promoción de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado se pueden gestionar entre el Estado, las empresas, trabajadores y trabajadoras en una situación de confinamiento? (2020)

Pensemos en todas las labores de cuido que asumimos las mujeres ¿Qué implicaciones tiene que sus chicos y chicas estén en casa? ¿Quienes asumen el cuidado de personas adultas mayores, la gestión de medicamentos, la compra de alimentos? La limpieza y la desinfección del hogar, vestimenta y ropa de cama, que ahora se triplica por la necesidad de evitar infecciones. ¿En quienes recaen estas funciones?

Pensemos en compañeros que también deben acatar la medida de “quedarse en casa” para continuar teletrabajando según su jornada laboral, muy probablemente (sin generalizar) tendrán a su disposición los alimentos listos y ropa limpia ya que, como de costumbre ellas se encargaran de las “labores del hogar”, además del cuido de los y las chicas.

Karina Batthyány destaca que en América Latina las mujeres realizan cerca del 80% del trabajo del cuidado no remunerado y son amplísima mayoría entres quienes se ocupan del trabajo de cuidados remunerados, por tanto, gran parte de los cuidados totales los ejercen las mujeres. (2020)

Para algunas culturas la palabra “crisis” significa oportunidad para el cambio, es indispensable comenzar a debatir y cuestionarnos ahora y no después, los aspectos de la organización social del cuido. Que el hecho de volver “puertas adentro” no represente para nosotras las mujeres, volver a las prácticas patriarcales más arcaicas, que esta “crisis” sea una oportunidad para comenzar colectivamente, a proponernos formas de relacionarnos más horizontales y solidarias.

Si bien las condiciones de aislamiento o cuarentena limitan de alguna manera las acciones de solidaridad externas y nos hace repensar las formas en que hemos establecido nuestros vínculos y afectos, esta “crisis” también nos invita a reflexionar sobre la célebre frase de Simone de Beauvoir «lo personal es político». Es indispensable reflexionar desde lo personal, plantearnos ¿Cómo querernos?, ¿Cómo cuidarnos?, ¿Cómo convivimos?, ¿Cómo solidarizarnos y ser congruentes en los espacios más próximos? Sumado a lo anterior, es urgente colocar este debate en las esferas públicas, donde se crean las directrices, se toman las decisiones y se generan discursos.

Karina Batthyány expresa que la emergencia por el COVID-19 vuelve a poner en el centro la cuestión de la organización social del cuidado y es necesario apoyar todas aquellas medidas y acciones que pongan a la humanidad y no el mercado en el centro para paliar la pandemia, superando este último como eje organizador de la vida en común. (2020)

Al igual que las labores de reproducción de la vida y de los cuidados no deberían ser exclusivamente nuestra responsabilidad, el reto de aprender de esta nueva circunstancia, resignificar la vida cotidiana y reconfigurar la forma de relacionarnos desde otros lugares, debería ser una inquietud y una denuncia compartida.

Que esta circunstancia nos permita repensarnos como sociedad, evitar que el temor a la crisis sanitaria nos coloque en una condición de mayor vulnerabilidad y que todos los esfuerzos, las luchas y los aprendizajes de cada una, desde nuestra trinchera y nuestras posibilidades aporte en la construcción de un mundo más igualitario y que esto se convierta en insignia para atravesar este momento de la humanidad.

Bibliografía Consultada

Judith Butler (2020) Capitalism has its limits. Artículo de opinión escrito el 19 de marzo. Traducido por Anabel Pomar para lavaca.org (https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-mirada-de-judith-butler-sobre-el-coronavirus)

-Karina Batthyány (2020) La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados. Secretaria Ejecutiva de CLACSO.https://www.clacso.org/la-pandemia-evidencia-y-potencia-la-crisis-de-los-cuidados/

Ilustración de cabecera:

http://cmdpdh.org/project/derechos-de-la-mujer-mecanismos-para-combatir-la-discriminacion/

Llaman a tender puentes y combatir xenofobia

Escrito en . Publicado en Derechos.

A un año de la marcha por la solidaridad y la paz en la que muchas organizaciones y colectivos denotó que nuestro país quiere avanzar decididamente hacia el respeto de los derechos humanos. Sin embargo se debe trabajar conjuntamente para protegernos del odio, de la discriminación y de la xenofobia.

 

Enviado a SURCOS por Adilia Solís Reyes.

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UCR, Voz experta: El derecho internacional ante la xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional

UCR Voz experta El derecho internacional ante la xenofobia
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.

Como bien es sabido, la crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su legendaria tradición de tierra pacífica y de acogida, no se había registrado en Costa Rica ningún acto xenófobo antes del que fue organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced. Una acción policial muy certera permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense que se concentra usualmente en este parque josefino durante los fines de semana.

Este concurrido espacio público se cerró por parte de la policía, y se reabrió con fuerte presencia policial al reiniciar esta semana (véase nota de prensa).

Sobre el contexto muy peculiar en el que se dio esta marcha, se recomienda, entre muchas otras, la lectura de este artículo del Semanario Universidad en el que leemos, entre otras cosas, que: «según el censo del 2011, las personas nicaragüenses alcanzan “el 6% o 6,5% del total de la población, mientras que su contribución al PIB –según ese estudio– es del 12%, un dato muy significativo”.

Este 25 de agosto, organizaciones y gremios sociales, así como universidades públicas convocaron a una exitosa marcha contra la xenofobia (véase galería fotográfica en este enlace de Elmundo.cr): nótese que el Ministro de Educación participó personalmente a esta marcha (véase nota e CRHoy).

UCR Voz experta El derecho internacional ante la xenofobia2
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.

La intolerancia y el papel del Estado: “Estado… ¿estás?»

Una lectura desde el ámbito internacional permite detectar algunas lagunas en el caso de Costa Rica, que a continuación detallaremos, en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio. El tema se torna particularmente preocupante en la medida en que la última campaña electoral vivida en Costa Rica evidenció actitudes y discursos de odio raramente escuchados contra la población sexualmente diversa. Ello sin hablar de la quema de ranchos de mujeres indígenas en Salitre acaecida en julio del 2014 durante el partido de fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, sin que a la fecha haya sanción alguna contra los responsables de estos hechos (véase nota de prensa y este valioso análisis de la jurista Karine Rinaldi sobre los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades costarricenses para apaciguar los ánimos en Salitre).

En términos generales, la lucha contra las diversas formas de intolerancia supone medidas de muy diversa índole para un Estado: la intolerancia nace usualmente del desconocimiento y de la ignorancia, obligando a un Estado a proveer espacios educativos para permitir un acercamiento a la «otredad». Con relación a la población nicaragüense en Costa Rica, algunas iniciativas de carácter privado, en particular en el ámbito educativo y en la esfera cultural, así como algunos proyectos universitarios, han intentado materializar este acercamiento. Se trata de acciones muy valiosas, más aún si consideramos que el Estado costarricense mantiene una cargada deuda en este preciso tema.

Usualmente, el discurso de odio antecede acciones violentas, por lo que hay que mostrarse extremadamente alerta ante mensajes que susciten el odio. En el caso de la reciente campaña electoral en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica fue muy enfática en advertir sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio después de la primera ronda electoral celebrada el 4 de febrero del 2018 (véase comunicado oficial del 14/02/2018): semanas después de este llamado, se registró un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad del 28/02/2018).

Según las circunstancias, el odio puede convertirse en un peligroso combustible, siendo su punto de ignición un soporte discursivo que lo propague. Las constantes imágenes y discursos promovidos por grupos radicales en Europa y en Estados Unidos y por algunos sectores en América Latina estigmatizando a los migrantes constituyen para algunos una fuente de inspiración: la marcha del pasado 18 de agosto evidencia que ya algunos de sus adeptos se localizan en Costa Rica. Es muy posible que la influencia de grupos ubicados en el exterior haya dejado algun rastro en las redes sociales, que solo una investigación a profundidad en las redes sociales permitiría aclarar en cuanto a su alcance y origen exactos.

Algunas medidas de carácter legal, que por sí solas no resuelven el problema de la incitación al odio, pueden contribuir a frenar notablemente los ardores de algunos en Costa Rica, como lo veremos en las líneas que siguen.

La sanción de conductas sociales repudiables (y repudiadas): «Estado… ¿estás?»

A raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido condenadas por muy diversas organizaciones, incluyendo el Colegio Profesional de Psicólogos (véase comunicado ), y por las mismas autoridades del Estado costarricense, así como por las Naciones Unidas (véase comunicado oficial ), no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha.

En efecto, un proyecto de ley (véase el texto del Expediente 20.174, presentado por siete legisladores) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa: este proyecto es similar a uno presentado en el 2014 (véase el texto del Expediente 19.062, presentado por un solo diputado). Es de notar que este último proyecto de ley fue incluido por Costa Rica ante Naciones Unidas para hacer ver sus esfuerzos por erradicar las diversas formas de discriminación en el 2015 (véase observaciones del CERD del 2015, punto 13). En mayo del 2017, se leyó que los promotores de esta iniciativa consideraban su tramitación «urgente» (véase artículo del Semanario Universidad).

Al igual que el proyecto 20.174, el proyecto 19.062 no ha sido aprobado, y sería muy interesante saber en cuántas oportunidades fueron convocados por el Poder Ejecutivo desde el 2014.

Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses; o bien, contra la población LGTBI, tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica en la que el derecho internacional fue tema de álgidos debates (Nota 1); o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algún otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito y es sancionada penalmente como tal.

Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y a la preparación de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.

UCR Voz experta El derecho internacional ante la xenofobia3
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.

El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia

El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste un preocupante vacío con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.

Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla.

Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I

Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)

El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.

ARTÍCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”.

De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y firmada por la Presidenta Bachelet en setiembre del 2017 en Chile (véase nota de prensa).

De varias advertencias pasadas hechas a Costa Rica: «Estado… ¿dónde estás?»

En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.

Habíamos tenido la oportunidad de escribir con respecto a estas observaciones que:

«En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva»

(véase nota nuestra titulada «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).

En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:

«En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación)».

Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?

Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, se podría pensar que han pasado muchos años desde el caso de Natividad Canda, sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Nota 2).

Con relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que sufren muy a menudo humillaciones y vejaciones de todo tipo en Costa Rica, desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas había externado a Costa Rica lo siguiente:

«14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.

  1. Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales»

(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).

En el 2015, el mismo CERD externó a Costa Rica que:

«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial»

(véase observaciones al informe del 2015 presentado por Costa Rica, el cual está disponible en este enlace).

En estas mismas observaciones hechas a Costa Rica (y pocamente difundidas), los integrantes del CERD señalaron a las autoridades que:

«Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4).

  1. El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general Nº 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estado parte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial».

A modo de conclusión

Más allá de la muy limitada divulgación que se hace en Costa Rica de las observaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas a Costa Rica, no cabe duda que desatenderlas comparecencia tras comparecencia en Ginebra no resuelve mayormente el problema: el cual tiende, como muchos de los problemas en materia de derechos humanos, a agravarse con el tiempo.

Tal y como tuvimos la oportunidad de concluir un análisis a las observaciones hechas desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en el 2016.

«No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años» (Nota 3).

Con relación a la imagen de una sociedad pacífica que acepta las diferencias, en los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora (Nota 4).

Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como «contraria a la idiosincrasia costarricense», el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del «delito de odio o de incitación al odio».

Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 – el primero del capítulo «Deberes del Estado» – podría interesar a muchas entidades en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).

 

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Notas:

Nota 1: véase con respecto a esta atípica campaña vivida en Costa Rica nuestro breve análisis: BOEGLIN N.,»Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa», febrero del 2018, publicado en DerechoalDia y disponible en este enlace.

Nota 2: véase al respecto un muy interesante análisis: BARRANTES CECILIANO A., “Caso Natividad Canda: pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia“, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.

Nota 3: véase BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicado en el sitio de Derechoaldia en abril del 2016, disponible en este enlace.

Nota 4: entre muchos análisis, se recomienda esta emisión radial del programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (Radio Columbia) de enero del 2018 con los sociólogos Montserrat Sagot y Carlos Sandoval (disponible en este enlace).

UCR Voz experta El derecho internacional ante la xenofobia4
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.

 

Nicolás Boeglin Naumovic

Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Costa Rica

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Cineforo: Costa Rica en Centroamérica: migraciones, nacionalismo y xenofobia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Cineforo Costa Rica en Centroamerica migraciones nacionalismo y xenofobia

El próximo lunes 03 de setiembre de 2018 a las 5 p.m. en el Auditorio del APSE se llevará a cabo el Cineforo: Costa Rica en Centroamérica: migraciones, nacionalismo y xenofobia, con la participación de:

  • Dra. Carmen Caamaño Morúa, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica
  • M.Sc. Hugo Marín Guillén, profesor de Estudios Sociales, afiliado a la APSE

También se proyectará el documental “Casa en tierra ajena”, producido por la UNED.

 

Enviado por Luis Alberto Soto.

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Coalición Costa Rica dice ¡NO! a la xenofobia contra la población nicaragüense

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

 

Costa Rica, 18 de agosto de 2018. En los últimos días el país ha sido testigo de una ola marcada por el discurso de odio y de discriminación que resurge contra la población de origen nicaragüense.

Utilizando fotografías descontextualizadas e información falsa, la xenofobia renace dentro de ciertos sectores de la población nacional, como una amenaza que puede poner en peligro las dinámicas sociales de nuestro país.

Exaltando discursos nacionalistas, páginas de internet administradas por personas irresponsables han convocado a una manifestación este sábado 18 de agosto de 2018 en el Parque de la Merced, potencializado un fenómeno social que nos debe avergonzar como sociedad que se vende en el extranjero como un país defensor de la democracia y los Derechos Humanos.

Coalición Costa Rica, movimiento social que nació para luchar contra el discurso de odio surgido desde el Fundamentalismo religioso en las pasadas elecciones nacionales y que ha continuado del lado del respeto de los Derechos Humanos en nuestro país, se manifiesta totalmente en contra de cualquier demostración xenófoba en contra de la población nicaragüense.

Como consecuencia de los discursos de odio social, hay familias afectadas directamente, para quienes el derecho a una vida digna en un país en el que se garantice el respeto de su integridad como personas se pone en riesgo. Personas con sueños y anhelos, que han sido forzadas a salir de su propio país tratando de buscar un futuro mejor.

Profundos lazos históricos nos unen a Nicaragua; hemos estado juntos en momentos duros de nuestra historia, como por ejemplo la Campaña Nacional de 1856, el Terremoto de Managua de 1972 o la lucha contra la dictadura somocista en 1979. Desde el punto de vista económico, el aporte de la población nicaragüense a la economía nacional es incalculable. Sin embargo, el mayor legado de su presencia en el país, es la riqueza cultural que imprimen a nuestra identidad como nación, haciéndonos un país mucho más diverso en prácticas y costumbres.

No podemos cometer el grave error de extrapolar actos ciertamente reprochables de unas cuantas personas o un Gobierno a toda una población; al hacer esto estamos cayendo en el mismo error que ha costado millones de vidas en otros lugares y momentos de la historia de la humanidad.

En Coalición Costa Rica celebramos el apoyo brindado desde diferentes instituciones y organizaciones a quienes huyen del conflicto que actualmente afecta a nuestro país hermano.

Expresamos nuestro interés por generar redes de trabajo colaborativo con otras organizaciones, instituciones nacionales e internacionales, para poder contribuir a la atención de la crisis humanitaria que viven nuestros países y de esta forma garantizar el respeto a la integridad de las personas que huyen del conflicto.

Costa Rica es un país construido a partir de la inmigración; todas las personas de este país tenemos raíces en hombres y mujeres que dejaron sus respectivas realidades para buscar una nación en donde pudiesen ser libres y tener una mejor calidad de vida. Al final de cuentas todos y todas somos inmigrantes en alguna medida.

¡Decí NO a la xenofobia y al odio social! Digamos con fuerza ¡SÍ al respeto y a la integración pacífica de los pueblos!

NO a la xenofobia contra la población nicaragüense

 

Enviado por Marcia Jarquín.

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La xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica: breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

 

La crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su legendaria tradición de tierra pacífica y de acogida, no se había registrado en Costa Rica ningún acto xenófobo antes del que fue organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced. Este concurrido espacio público se cerró por parte de la policía, y se reabrió con fuerte presencia policial al reiniciar esta semana (véase nota de prensa). Una acción policial muy certera permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense que se concentra usualmente en este parque josefino durante los fines de semana.

Sobre el contexto muy peculiar en el que se dió esta marcha, se recomienda la lectura de este artículo del Semanario Universidad en el que leemos, entre otras cosas, que: «según el censo del 2011, las personas nicaragüenses alcanzan “el 6% o 6,5% del total de la población, mientras que su contribución al PIB –según ese estudio– es del 12%, un dato muy significativo”.

La sombra de la intolerancia y el papel del Estado

Una lectura desde el ámbito internacional permite detectar algunas lagunas en el caso de Costa Rica, que a continuación detallaremos, en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio. El tema se torna particularmente preocupante en la medida en que la última campaña electoral vivida en Costa Rica evidenció actitudes y discursos de odio raramente escuchados contra la población sexualmente diversa. Ello sin hablar de la quema de ranchos de mujeres indígenas en Salitre acaecida en julio del 2014 durante el partido de fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, sin que a la fecha haya sanción alguna contra los responsables de estos hechos (véase nota de prensa y este valioso análisis de la jurista Karine Rinaldi sobre los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades costarricenses para apaciguar los ánimos en Salitre).

En términos generales, la lucha contra las diversas formas de intolerancia supone medidas de muy diversa índole para un Estado: la intolerancia nace usualmente del desconocimiento y de la ignorancia, obligando a un Estado a proveer espacios educativos para permitir un acercamiento a la «otredad«. Con relación a la población nicaragüense en Costa Rica, algunas iniciativas de carácter privado, en particular en el ámbito educativo y en la esfera cultural, así como algunos proyectos universitarios, han intentado materializar este acercamiento. Se trata de acciones muy valiosas, más aún si consideramos que el Estado costarricense mantiene una cargada deuda en este preciso tema.

Usualmente, el discurso de odio antecede acciones violentas, por lo que hay que mostrarse extremadamente alerta ante mensajes que susciten el odio. En el caso de la reciente campaña electoral en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica fue muy enfática en advertir sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio después de la primera ronda electoral celebrada el 4 de febrero del 2018 (véase comunicado oficial del 14/02/2018): semanas después de este llamado, se registró un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad del 28/02/2018).

Según las circunstancias, el odio puede convertirse en un peligroso combustible, siendo su punto de ignición un soporte discursivo que lo propague. Las constantes imágenes y discursos promovidos por grupos radicales en Europa y en Estados Unidos y por algunos sectores en América Latina estigmatizando a los migrantes constituyen para algunos una fuente de inspiración: la marcha del pasado 18 de agosto evidencia que ya algunos de sus adeptos se localizan en Costa Rica. Es muy posible que la influencia de grupos ubicados en el exterior haya dejado algun rastro en las redes sociales, que solo una investigación a profundidad en las redes sociales permitiría aclarar en cuanto a su alcance y origen exactos.

Algunas medidas de carácter legal, que por sí solas no resuelven el problema de la incitación al odio, pueden contribuir a frenar notablemente los ardores de algunos en Costa Rica, como lo veremos en las líneas que siguen.

Las conductas sociales repudiables (y repudiadas) no sancionadas

A raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido condenadas por muy diversas organizaciones, incluyendo el Colegio Profesional de Psicólogos (véase comunicado), y por las mismas autoridades del Estado costarricense, así como por las Naciones Unidas (véase comunicado oficial), no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha.

En efecto, un proyecto de ley (véase el texto del Expediente 20.174, presentado por siete legisladores) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa: este proyecto es similar a uno presentado en el 2014 (véase el texto del Expediente 19.062, presentado por un solo diputado). Es de notar que este último proyecto de ley fue incluido por Costa Rica ante Naciones Unidas para hacer ver sus esfuerzos por erradicar las diversas formas de discriminación en el 2015 (véase observaciones del CERD del 2015, punto 13). En mayo del 2017, se leyó que los promotores de esta iniciativa consideraban su tramitación «urgente» (véase artículo del Semanario Universidad).

Al igual que el proyecto 20.174, el proyecto 19.062 no ha sido aprobado, y sería muy interesante saber en cuántas oportunidades fueron convocados por el Poder Ejecutivo desde el 2014.

Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses; o bien, contra la población LGTBI, tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica en la que el derecho internacional fue tema de álgidos debates (Nota 1); o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algun otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito y es sancionada penalmente como tal.

La xenofobia el racismo la discriminacion y la incitacion al odio en Costa Rica

Foto extraída de artículo de prensa titulado «Costa Rica: protestas contra migrantes nicaragüenses» (France 24).

 

Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y a la preparación de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.

El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia

El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste un preocupante vacío con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.

Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla.

Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I

Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)

El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión“.

ARTTCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”.

De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y firmada por la Presidenta Bachelet en setiembre del 2017 en Chile (véase nota de prensa).

De algunas advertencias pasadas hechas a Costa Rica

En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.

Habíamos tenido la oportunidad de escribir con respecto a estas observaciones que:

«En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva«.

(véase nota nuestra titulada «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).

En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:

«En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación)«.

Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?

Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, se podría pensar que han pasado muchos años desde el caso de Natividad Canda, sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Nota 2).

Con relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que sufren muy a menudo humillaciones y vejaciones de todo tipo en Costa Rica, desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas había externado a Costa Rica lo siguiente:

«14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.

  1. Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales«.

(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio y que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).

En el 2015, el mismo CERD externó a Costa Rica que:

«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial«.

(véase observaciones al informe del 2015 presentado por Costa Rica, el cual está disponible en este enlace).

En estas mismas observaciones hechas a Costa Rica (y pocamente difundidas), los integrantes del CERD señalaron a las autoridades que:

«Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4).

  1. El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general N.º 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estado parte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial«.

A modo de conclusión

Más allá de la muy limitada divulgación que se hacen en Costa Rica de las observaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas a Costa Rica, no cabe duda que desatenderlas comparecencia tras comparecencia en Ginebra no resuelve mayormente el problema: el cual tiende, como muchos de los problemas en materia de derechos humanos, a agravarse con el tiempo.

Tal y como tuvimos la oportunidad de concluir un análisis a las observaciones hechas desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en el 2016,

«No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años» (Nota 3).

Con relación a la imagen de una sociedad pacífica que acepta las diferencias, en los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora (Nota 4).

Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como «contraria a la idiosincrasia costarricense«, el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del «delito de odio o de incitación al odio«.

Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 – el primero del capítulo «Deberes del Estado» – podría interesar a muchas entidades en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).

 

Notas:

Nota 1: véase con respecto a esta atípica campaña vivida en Costa Rica nuestro breve análisis: BOEGLIN N., «Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa«, febrero del 2018, publicado en DerechoalDia y disponible en este enlace.

Nota 2: véase al respecto un muy interesante análisis: BARRANTES CECILIANO A., “Caso Natividad Canda: pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia”, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.

Nota 3: véase BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, publicado en el sitio de Derechoaldia en abril del 2016, disponible en este enlace.

Nota 4: entre muchos análisis, se recomienda esta emisión radial del programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (Radio Columbia) de enero del 2018 con los sociólogos Montserrat Sagot y Carlos Sandoval (disponible en este enlace).

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

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Costa Rica y Nicaragua: Dos pueblos que comparten un mismo destino

Escrito en . Publicado en Derechos.

 

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

(Acuerdo del Consejo Científico del CICDE, 22 de agosto de 2018)

 

1.Los hechos de violencia discursiva, simbólica y física acaecidos el pasado sábado 18 de agosto, y dirigidos contra población migrante de origen nicaragüense son absolutamente condenables y desde todo punto de vista injustificados. Producen extrema vergüenza, pero sobre todo son muy preocupantes en cuanto se inscriben en una tendencia hacia la polarización social y el fortalecimiento y proliferación de discursos de odio. Ya los vimos emerger, con inusitada virulencia, en la pasada campaña electoral, y se renuevan, de forma siniestra, en este tipo de expresiones que, más que xenofóbicas, son, como lo ha hecho ver Adela Cortina, de aporofobia, o sea, de miedo irracional, rechazo y violencia contra las personas pobres. Porque, como es evidente, se ataca a la persona migrante pobre, sobre todo si es de origen nicaragüense, no al potentado o la estrella de cine que enajena propiedades y activos en Costa Rica, ni al turista adinerado que alimenta con sus dólares, las espernibles redes de la prostitución infantil o la droga.

2.Las personas migrantes brindan un aporte muy significativo a la economía costarricense. Hallazgos derivados de trabajos de nuestros investigadores Gustavo Gatica López y Andrey Badilla Solano, nos permiten aportar los siguientes datos, sumamente reveladores:

a.Alrededor del 11,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica se origina en el trabajo de personas migrantes, lo cual es coincidente con datos que brinda la OCDE.

b.Un 29,27% de la población nicaragüense residente en Costa Rica es asegurada directa, por encima, incluso, del porcentaje correspondiente a la población costarricense.

c.El 69% de la población migrante cuenta con algún tipo de aseguramiento. Su aportación anual excede en más del doble el costo de los servicios que reciben (en 2008 aportaron 80 mil millones de colones y recibieron servicios por 37 mil millones, con un excedente positivo de 43 mil millones). Al ser una población mayoritariamente joven, contribuye positivamente al sostenimiento de nuestros sistemas de seguridad social, cada vez más presionados por el envejecimiento de la población costarricense.

3.Por lo tanto, es completamente falso que las personas migrantes sean una carga para la economía o los sistemas de seguridad social de Costa Rica.

4.Debemos asimismo recordar que hay población costarricense que ha migrado hacia otros países, en busca de nuevas oportunidades. Para el caso de Estados Unidos, principal receptor de migrantes costarricenses, los datos del Censo de Población del año 2011 mostraban que 126.000 costarricenses vivían en ese país. Hoy día muchos de estos y estas compatriotas sufren la violencia, el maltrato y el temor derivados de la agresiva política anti-migratoria de la administración de Donald Trump.

5.Es imprescindible tener presente que Costa Rica y Nicaragua comparten historia y vecindad geográfica. Nos unen lazos culturales, familiares, políticos y económicos. Puesto que nuestros destinos están inextricablemente vinculados, tenemos el deber de cultivar formas de convivencia pacíficas, respetuosas y colaborativas.

6.Lamentamos la crisis política que actualmente vive Nicaragua, y, en especial, todo el dolor y la zozobra que ello trae el pueblo humilde de ese hermano país. Condenamos enérgicamente la sistemática violencia contra los derechos humanos y contra la democracia ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sobre todo nos duelen profundamente las numerosas muertes, desapariciones y las muchas personas que han resultado heridas. Hacemos un llamado vehemente por la paz, el diálogo y la reconciliación.

7.Reconocemos que el descontento de la población costarricense con su actual situación económica está plenamente justificado. La carencia de empleos decentes; el estancamiento, a lo largo de muchos años, de los salarios; la pobreza jamás resuelta o los extremos insultantes de marginación y opulencia, así como la inseguridad frente al futuro, generan frustración, malestar y mucha veces furia. Pero nada de esto es atribuible a las personas migrantes, sino fruto malsano de una estrategia de desarrollo que, al cabo de casi 35 años de vigencia, acumula una serie de déficits escandalosos y se muestra claramente fallida, tanto en lo económico como en lo social.

8.La violencia contra las mujeres, los pueblos indígenas, las personas sexualmente diversas LGBTIQ y contra las personas migrantes, contradice y empaña la tradición democrática y de respeto a los derechos humanos de que presumimos en Costa Rica y que el mundo nos reconoce. Estas situaciones traen justificado desprestigio internacional, pero, sobre todo, nos obligan a interpelarnos sobre el país que tenemos y el futuro al que aspiramos. Nada de esto es antojadizo ni fruto de la casualidad: algo no camina bien –por el contrario: algo camina muy mal– en nuestra economía, nuestras relaciones sociales y nuestra cultura, para que estas manifestaciones de intolerancia, odio y violencia –que por momentos han adquirido tintes claramente fascistas– se expresen de manera tan estridente, muchas veces mezcladas, en un cóctel realmente tóxico, con discursos religiosos y con partidos políticos y proyectos electorales.

9.No basta con la condena enérgica y vehemente, como inexcusablemente debemos hacerlo. Si hay sinceridad en nuestras convicciones democráticas y republicanas y en nuestra opción por la paz, los derechos humanos, la solidaridad y la hermandad, obligatoriamente debemos entrar a reconsiderar, con sentido crítico –sin maquillajes ni anestesias–, pero también con afán propositivo y visión de futuro, las orientaciones y el rumbo por el que se encamina nuestro país.

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

UNED

 

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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