La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) ha solicitado a la Municipalidad de Santa Cruz que proceda a sanear la situación en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del sector de Marbella, dentro del distrito de Cuajiniquil.
La semana pasada se presentaron una serie de demandas ante los órganos municipales, para que se lleven a cargo las acciones correspondientes para corregir varias ilegalidades que se dan en esta zona costera, las cuales fueron identificadas por organizaciones comunales de Marbella.
Las demandas presentadas por FECON son las siguientes:
1) Anular un Acuerdo Municipal aprobado sin fundamento técnico-ambiental en diciembre del 2019, que autorizó la instalación de un alumbrado eléctrico que estaría afectando el ciclo de reproducción de las tortugas en esta zona, de forma que sea eliminada esta instalación.
2) Investigar extralimitaciones en el uso de los permisos de construcción otorgados a un bar-restaurante que ha establecido infraestructuras ilegales usurpando la ZMT.
3) Demolición de una casa de madera dentro de la ZMT, que fue construida en el área sin contar con la licencia ambiental como lo establece la Ley de Construcciones.
4) La demolición de un puente construido sin licencia ambiental, permisos de obra en cauce por Dirección de Aguas en playa del Coco de Marbella.
5) Además se solicitó información al Área Conservación Tempisque (ACT) sobre una denuncia por tala dentro del manglar de playa del Coco, que presentó la propia ACT, con el fin de sumar a FECON como parte denunciante.
La ZMT debe ser manejada con criterios de ordenamiento.
Lo que la comunidad de Marbella pone en evidencia es la falta de criterios legales y ambientales para administrar la ZMT por parte de la Municipalidad en Santa Cruz. La violación sistemática y continua de la normativa por parte de quienes construyen irregularmente y la inacción por parte de la Municipalidad y el MINAE no es un mal menor.
Las demandas señalan posibles daños irreversibles sobre el ambiente costero y en el ecosistema de manglar. La carencia de estudios científicos previos para las obras contradice los principios de la Administración Pública en los que se debe basar el trabajo de la Municipalidad y que generan incertidumbre respecto a los impactos futuros, por lo que se apela a la eliminación de las obras como establece la legislación.
