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Etiqueta: zona protectora

Sesión municipal entre el interés ciudadano y el cálculo político

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) presenta un análisis de lo sucedido en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Escazú del pasado 19 de agosto, en la que se esperaba debatir sobre el Plan Regulador.

No obstante, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se expuso un informe sobre Vivienda Municipal y, de forma sorpresiva, se incluyó un nuevo punto para presentar los avances de la Oficina de Plan Regulador.

Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos exigían una participación real en la construcción del Plan Regulador: incidir en las decisiones de zonificación, asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras y comunitarias y no solo negocios inmobiliarios, además de plantear medidas preventivas frente a la creciente presión urbanística.

A esto se suma la preocupación por la zona protectora de los Cerros de Escazú, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad ante desastres. La disputa no es solo técnica, se trata de definir si el ordenamiento territorial garantizará condiciones de vida dignas y sostenibles para el cantón o si se impondrán intereses fragmentados y comerciales.

Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvió los problemas de audio. Lo único asegurado fue la presencia de la Policía Municipal. Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas para la participación ciudadana y cuestionaron que las audiencias solicitadas iniciaran hasta pasadas las diez de la noche.

La administración, por su parte, defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, apelando a combatir la “desinformación” ciudadana. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de espacios efectivos de diálogo, el uso de advertencias sobre sanciones penales y una dinámica política marcada más por el cálculo que por la construcción de confianza.

El trasfondo revela que el Plan Regulador no es un asunto meramente técnico, en Escazú se entrecruzan tensiones entre agricultura, comercio y zonas residenciales. La presión inmobiliaria acorrala a las familias agricultoras y amenaza la zona protectora, mientras la falta de agua, las inundaciones recurrentes y la mezcla desordenada de usos de suelo son problemas que la ciudadanía identifica día a día.

La sesión se extendió hasta casi la medianoche, cuando finalmente se abrió un espacio para escuchar a la comunidad. Como resultado de la presión vecinal, se propuso convocar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con condiciones adecuadas para un diálogo más abierto.

Acceda a la nota completa en la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/sesion-municipal-entre-el-interes-ciudadano-y-el-calculo-politico/

Cerros de Escazú – Exijamos a las municipalidades que cumplan con su trabajo

Nuestros cerros de Escazú son parte de una zona protegida en seis cantones, pero hay muchas partes donde se están construyendo casas y negocios de manera irregular y las municipalidades no los han detenido.

De esta forma están acabando con la vida de la naturaleza. APREFLOFAS, una organización ambiental nacional ha denunciado construcciones sin permisos en partes altas de Santa Ana, específicamente en Piedades y Salitral, dentro de la zona protegida de los Cerros de Escazú.

Ahora la Sala Cuarta ordenó a la Municipalidad de San Ana aplicar la ley, por lo que puede, por ejemplo, clausurar, demoler, desalojar…

Exijamos a las municipalidades que cumplan con su trabajo, porque la naturaleza es de todos y sin ella no hay futuro.

Publicado en https://www.facebook.com/785970581524835/posts/4971695336285651/

Compartido con SURCOS por Ciska Raventós.

CODECE, Pico Blanco de Escazú y otros grupos firman acuerdo de conducta voluntaria

De acuerdo con una publicación de Javier Sánchez en Facebook, la noche del 4 de diciembre la Asociación CODECE, Pico Blanco de Escazú (propietarios de terrenos), así como un numeroso grupo de senderistas ecológicos, firmaron un acuerdo que les compromete a cumplir un código de conducta voluntario. Este favorece la conservación del ambiente, la seguridad de las personas visitantes a la Zona Protectora y el resguardo de las propiedades privadas. 

Fotografías de Meylin Chamorro.

 

Sala IV se trae abajo ley que disminuye áreas protegidas

  • Según FECON “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”

 

Quedaron sepultados, al menos por ahora, los planes para industrializar áreas protegidas, así como el megaturismo, el canal seco, la expansión de monocultivos y otros proyectos para repartirse el patrimonio natural del Estado que buscaba la Ley nº 9205 de 23 de diciembre de 2013 por medio de una acción interpuesta por FECON y El Sindicato de Trabajadores de MINAE del SITRAMINAE.

La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional (ver texto), asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr.

La ley buscaba privatizar áreas silvestres protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. Todo esto sin contar con los requisitos que se exigen por Ley para seguir este procedimiento.

Para poder retirar las áreas protegidas del dominio público se requiere de estudios que demuestren que el ambiente no se verá perjudicado. Sin embargo, en este caso no se realizaron los análisis correspondientes. Del expediente legislativo n° 17838, que corresponde a la ley cuestionada, se desprende la ausencia de este requisito (Ver advertencia).

El voto N° 2017 002375 de la Sala IV asegura: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1, inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe”.

Aunque todavía está en redacción del voto completo, se pone en evidencia el incumpliendo del Estado costarricense con su obligación constitucional de proteger los bienes que sean de su propiedad, en beneficio de la colectividad.

Ley para efectos electorales. Como si fuera un acto de campaña electoral, rozando con el delito de beligerancia política, en plena etapa final de las elecciones de 2014, el 23 de diciembre, la presidenta firmó esta ley en que en pretendía resolver una problemática de miles de familias de seis cantones ubicados entre Moín de Limón y Cureña de San Carlos, en Alajuela.

Para el Presidente de FECON, Mauricio Álvarez “se trató de un acto de clientelismo político típico del Partido de Liberación Nacional, pues había un pronunciamiento muy claro de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa advirtiendo de la inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones de cálculos electorales de votos de 10 000 mil familias beneficiadas, fueron obviados los señalamientos del diputado José María Villalta y de los técnicos legislativos”.

Álvarez agregó que “en realidad como siempre el gobierno de turno usa a la gente para entregar títulos pero el interés es abrirle camino a otro megapuerto ligado al canal seco, la industrialización de Moín, marinas y avanzar con el megaturismo en la zona. Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.

FECON subraya que igual suerte correrán la Ley 9373 que pretenden suspender durante 24 meses demoliciones y desalojos a personas en zonas de Patrimonio Natural del Estado y zonas especiales que han seguido el mismo procedimiento a pesar de las mismas advertencias de los servicios técnicos (ver más).

Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

 

Imagen tomada de http://www.feconcr.org

Enviado a SURCOS por FECON.

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