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Autor: Hector Ferlini Salazar

Guerra en el Medio Oriente

Edición de Juan Carlos Cruz-Barrientos

  • No es una guerra por la bomba: es una disputa por hegemonía regional y reconfiguración del poder en Oriente Medio.
  • Irán es pieza clave en la pugna global entre una primacía occidental en crisis y el ascenso de China.
  • La narrativa del “ataque preventivo” y la “liberación” reproduce el libreto que precedió a Irak, Libia y Afganistán.
  • El derecho internacional queda subordinado a la lógica de la fuerza y a la política de hechos consumados.
  • El conflicto abre un escenario de alto riesgo: escalada regional, presión sobre el estrecho de Ormuz y efectos económicos globales.

El 2 de marzo, el programa La Base dedicó una emisión monográfica a la guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras los bombardeos coordinados que marcaron un salto cualitativo en la confrontación regional. Más allá del recuento de hechos, el análisis presentado apunta a una reconfiguración profunda del equilibrio de poder en Oriente Medio y a un momento de inflexión en el orden internacional.

La ofensiva, bautizada como “Furia Épica” por el Comando Central estadounidense y “Rugido del León” por el gobierno israelí, comenzó en la madrugada del 1 de marzo bajo órdenes directas de la Casa Blanca. El objetivo formal fue desmantelar capacidades nucleares y militares iraníes. Sin embargo, la operación fue más ambiciosa: incluyó el bombardeo de la residencia del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, cuya muerte fue confirmada horas después, así como la eliminación de varios miembros de la cúpula militar, entre ellos el jefe del Estado Mayor y el comandante de la Guardia Revolucionaria. En términos estratégicos, se trató de una operación de “decapitación” orientada a provocar un colapso del mando político y militar iraní.

El despliegue fue masivo. Israel reconoció el lanzamiento de alrededor de 100 bombas, mientras que Estados Unidos habría empleado más de un millar de proyectiles contra infraestructuras nucleares, centros de mando, instalaciones de comunicación y capacidades misilísticas. Fuentes citadas en el programa indicaron que la operación llevaba meses planificándose en estrecha coordinación entre Washington y Tel Aviv. El propio presidente Donald Trump declaró que el operativo podría prolongarse durante varias semanas.

La respuesta iraní fue inmediata y regional. Teherán lanzó misiles balísticos y drones contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí y Omán. El Comando Central estadounidense confirmó la muerte de tres militares y varios heridos graves. En Israel se registraron víctimas mortales y daños en zonas urbanas. En paralelo, Hizbulá abrió un frente desde el Líbano. El conflicto dejó de ser un intercambio limitado para convertirse en una guerra de alcance regional.

Uno de los puntos críticos es el estrecho de Ormuz, por donde transita entre el 20% y el 30% del petróleo marítimo mundial y hasta el 15% del gas natural licuado. Irán anunció su intención de restringir el tráfico, lo que disparó las alertas en los mercados energéticos. Un bloqueo sostenido tendría efectos inmediatos sobre los precios globales y la estabilidad económica internacional. En términos geopolíticos, Ormuz se convierte nuevamente en palanca estratégica: una herramienta de presión asimétrica frente a la superioridad aérea occidental.

El programa subrayó tres narrativas utilizadas para justificar la ofensiva. La primera es la amenaza nuclear iraní. Se recordó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sostiene desde mediados de los años noventa que Irán estaría “a semanas” de fabricar un arma nuclear. La segunda narrativa apela a la “liberación” del pueblo iraní, con la figura del príncipe Reza Pahlaví, hijo del último Sha, emergiendo desde el exilio como posible referente de transición. La tercera sostiene que la vía diplomática estaba agotada, aunque se señaló que las negociaciones auspiciadas por Omán parecían activas antes del ataque.

Desde el punto de vista estratégico, la operación no puede entenderse solo como una respuesta a un programa nuclear. El análisis planteado en La Base sostiene que los objetivos estadounidenses e israelíes incluían el desmantelamiento del programa de misiles balísticos iraní, la ruptura de su red de alianzas regionales —el llamado “eje de la resistencia”— y la consolidación de un nuevo equilibrio favorable al proyecto israelí en la región. En otras palabras, una redefinición del mapa de poder en Oriente Medio.

La reacción internacional revela las fracturas del sistema global. China condenó el uso de la fuerza y pidió respeto a la soberanía iraní, coordinando posiciones con Rusia. La Unión Europea llamó a la desescalada, pero centró su discurso en exigir a Irán el abandono de sus programas estratégicos, sin condenar explícitamente la ofensiva inicial. Este alineamiento sugiere que, a diferencia de la invasión de Irak en 2003, no hubo fractura visible en el bloque occidental.

En el plano interno iraní, la muerte del líder supremo activó el mecanismo constitucional para la formación de un consejo provisional hasta la elección de un nuevo líder por la Asamblea de Expertos. Sin embargo, el impacto político dependerá de la capacidad del sistema para mantener cohesión frente a la presión externa. Históricamente, las agresiones militares han tendido a fortalecer dinámicas de cierre interno más que a producir cambios de régimen inmediatos.

El escenario abierto en 2026 difiere del de 2025 por un elemento clave: la participación directa y desde el primer momento de Estados Unidos, fijando objetivos estratégicos máximos. La exigencia de desmantelar no solo el programa nuclear, sino también la capacidad de disuasión convencional y las alianzas regionales, equivale a una demanda de rendición estratégica.

En términos estructurales, la guerra pone en cuestión el papel del derecho internacional y de las instituciones multilaterales en un contexto donde las potencias actúan por fuera de marcos negociados. También reactiva un dilema central para los Estados no alineados: la utilidad de desarrollar capacidades de disuasión frente a intervenciones externas.

La evolución del conflicto dependerá de varios factores: la duración de la campaña aérea, la efectividad de las represalias iraníes, la estabilidad del mercado energético y la disposición de actores como China o Rusia a implicarse más allá del plano diplomático. Por ahora, lo que comenzó como un ataque quirúrgico se perfila como una guerra regional con implicaciones globales.

Oriente Medio vuelve a situarse en el centro de la geopolítica mundial, no como escenario periférico, sino como tablero donde se redefine el equilibrio entre hegemonía, disuasión y multipolaridad.

“Trump e Israel también arriesgan mucho con esta locura”

En una entrevista de Sergi Picazo con el periodista Rafel Poch para la revista «Critic», éste plantea una tesis fuerte y coherente: la guerra contra Irán no es un episodio aislado, sino parte de una estrategia más amplia para frenar el declive de la hegemonía estadounidense frente al ascenso de China. Desde esa mirada, los frentes de Venezuela, Ucrania e Irán formarían parte de un mismo conflicto global.

El punto de partida es la idea de que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ya no se mueve dentro del marco del derecho internacional, sino bajo una lógica abierta de fuerza. El asesinato de dirigentes enemigos en medio de negociaciones sería la prueba de que las garantías diplomáticas han perdido valor. En ese contexto, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas aparecen debilitadas, comparadas incluso con la fallida Sociedad de Naciones. La Corte Penal Internacional y figuras como Francesca Albanese serían ejemplo de esa impotencia frente a conflictos como Gaza.

Según el entrevistado, la clave estructural es el ascenso de China. Occidente esperaba que la integración global subordinara a Pekín, pero ocurrió lo contrario: China se fortaleció, mantuvo su autonomía y expandió su influencia económica sin recurrir a la vía militar. Ante esa pérdida relativa de poder, Washington habría optado por el recurso que aún domina: la superioridad militar. Desde el “pivot to Asia” hasta los aranceles de Trump, la estrategia sería contener a China directa o indirectamente.

En ese marco se inscribe Ucrania. Ignorar los intereses rusos y ampliar la OTAN habría empujado a Moscú hacia una alianza más estrecha con Pekín. Documentos como los de la RAND Corporation habrían anticipado la estrategia de “sobre extender” a Rusia. Cuando la guerra no produjo la “derrota estratégica” esperada, Estados Unidos habría intentado separar frentes: trasladar parte del peso ucraniano a Europa y concentrarse en Irán, considerado el eslabón más débil del eje China-Rusia-Irán.

Sobre el programa nuclear iraní, el entrevistado sostiene que el problema no es la bomba en sí. Recuerda el acuerdo de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto, abandonado por Trump pese a que establecía límites verificables. Desde esa óptica, el objetivo real sería geopolítico: impedir la consolidación de corredores euroasiáticos donde Irán es pieza clave, tanto energética como logísticamente.

Para Israel, el ataque tendría una dimensión existencial y expansiva. Se menciona incluso la idea del “Gran Israel” y el respaldo ideológico de figuras como Mike Huckabee. En el plano interno estadounidense, la guerra también podría leerse como cálculo político de cara a elecciones de medio mandato.

El texto cuestiona que la demostración de fuerza militar sea señal de fortaleza estratégica. Más bien la presenta como síntoma de un poder en crisis que recurre a la violencia para sostener su posición. Aun así, descarta una invasión terrestre de Irán por el precedente de Irak y por la capacidad iraní de desgaste con misiles y ataques regionales, lo que podría derivar en una guerra ampliada en el Golfo.

China aparece como actor central: Irán es socio energético clave y pieza de la Nueva Ruta de la Seda. Un colapso iraní afectaría directamente a Pekín. Sin embargo, se sugiere que ni China ni Rusia parecen dispuestas a implicarse militarmente de forma directa, lo que dejaría a Irán relativamente aislado.

Finalmente, sobre el dilema de la izquierda frente a un régimen represivo atacado por una potencia extranjera, el entrevistado rechaza que el motivo del ataque sean los derechos humanos y sostiene que el cambio de régimen forzado no es una vía emancipadora. Cita al analista Trita Parsi para señalar que la intervención externa suele cerrar las vías de reforma interna y generar más desesperación.

En conjunto, la entrevista dibuja un escenario de alta inestabilidad: una hegemonía occidental en crisis, instituciones multilaterales debilitadas y un riesgo real de guerra regional con implicaciones globales. Trump e Israel, concluye, estarían apostando fuerte en una jugada que podría reforzarlos políticamente… o volverse en su contra.

Ni amenaza nuclear inminente ni defensa de la libertad

Po r su parte, la analista Olga Rodríguez sostiene que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán no responde ni a una amenaza nuclear inminente ni a la defensa de la libertad del pueblo iraní, sino a una estrategia de poder mucho más amplia.

Desde el punto de vista jurídico, lo define como un “crimen de agresión” según el derecho internacional. Rechaza la etiqueta de “ataque preventivo” usada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu y por parte de la prensa europea, y subraya que Irán no estaba a punto de lanzar un ataque. Recuerda además que Israel sí posee armamento nuclear, mientras que Irán no, y que el argumento de la supuesta bomba iraní es una narrativa que Netanyahu repite desde los años noventa.

Para la periodista, el objetivo real es reforzar la hegemonía regional israelí y consolidar su proyecto colonial, en un contexto marcado por la devastación en Gaza y la expansión sobre territorios palestinos y sirios. Washington, bajo la presidencia de Donald Trump, actuaría como principal respaldo de esa estrategia, entendiendo a Israel como pieza clave para garantizar sus intereses en Oriente Medio. La Unión Europea —con figuras como Kaja Kallas— y potencias como Alemania también aparecen retratadas como alineadas con esa lógica.

Rodríguez sitúa el petróleo y el gas en el centro del conflicto. Irán controla junto a Omán el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de crudo, y posee enormes reservas energéticas, incluido el yacimiento compartido South Pars-North Dome con Catar. Además, es proveedor relevante de China —China— en transacciones que no utilizan el dólar. Según el análisis, Estados Unidos busca asegurar el control de rutas, precios y flujos energéticos, reforzar su moneda y contener la expansión china. En ese marco se insertan también acciones previas contra Venezuela y otras operaciones militares recientes.

El texto establece un paralelismo con la invasión de Irak en 2003, cuando se usó el argumento de las armas de destrucción masiva para justificar una guerra ilegal. Recuerda que en 2015 se firmó un acuerdo nuclear con Irán que fue abandonado por Trump en 2018, pese a que Teherán cumplía con restricciones y supervisión internacional. De hecho, señala que los bombardeos actuales se producen en un momento en que las negociaciones mediadas por Omán mostraban avances, no retrocesos.

También cuestiona la retórica de la “liberación” del pueblo iraní, señalando que ni las intervenciones en Irak, Libia o Afganistán trajeron más derechos ni estabilidad. Advierte que Israel tendría incluso un candidato preferido para un eventual cambio de régimen: Reza Pahlavi, hijo del último Sha, alineado con Tel Aviv.

En cuanto a los riesgos, Rodríguez alerta de una escalada regional de consecuencias imprevisibles: cierre del estrecho de Ormuz, disparada del precio del crudo, mayor fragmentación interna en Irán y expansión del conflicto. Cita al académico iraní Hamid Dabashi, quien interpreta la ofensiva como un intento de provocar división interna y debilitar al país para facilitar la consolidación territorial israelí y un orden regional favorable a sus intereses.

En síntesis, el análisis plantea que la guerra no se explica por seguridad nuclear ni por derechos humanos, sino por hegemonía, recursos estratégicos y reconfiguración del equilibrio global en un contexto de disputa con China y de crisis del orden internacional.

Un escenario de alto riesgo

Las tres miradas coinciden en señalar el paralelismo con Irak en 2003: la construcción de una narrativa sobre armas de destrucción masiva o amenazas inminentes como antesala de una intervención mayor. También comparten escepticismo respecto a la retórica de la “liberación” del pueblo iraní. La experiencia de Irak, Libia o Afganistán demuestra que los cambios de régimen inducidos externamente no han producido estabilidad ni ampliación de derechos.

Existen, no obstante, matices. La Base enfatiza la dimensión militar-operativa y la correlación de fuerzas regional. Poch subraya la crisis estructural de la hegemonía estadounidense y la centralidad del factor chino. Rodríguez pone el foco en la ilegalidad de la ofensiva, la lógica colonial israelí y la disputa por recursos estratégicos.

En conjunto, los tres análisis dibujan un escenario de alto riesgo. El cierre o restricción del estrecho de Ormuz podría disparar los precios del crudo y afectar la economía mundial. Una fragmentación interna iraní podría desestabilizar aún más el Golfo. Y la implicación indirecta de potencias como China o Rusia consolidaría la dimensión global del conflicto.

Más allá de la narrativa nuclear, la guerra parece inscribirse en una transición sistémica: la tensión entre un orden internacional moldeado por la primacía occidental y un mundo cada vez más multipolar. Oriente Medio vuelve a ser el epicentro donde se cruzan hegemonía, energía y disuasión. Lo que está en juego no es solo el equilibrio regional, sino la arquitectura misma del poder global en el siglo XXI.

Fuentes:

  • La guerra del Medio Oriente. La Base 2/3/26
  • El ataque ilegal de Israel y EEUU contra Irán no tiene que ver con el programa nuclear ni con la libertad– Olga Rodríguez. elDiario.es 1/3/26
  • “Trump e Israel también arriesgan mucho con esta locura” Entrevista de Sergi Picazo con Rafael Poch para la revista «Critic»). 02/03/2026

Si se quiere… se puede

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli
Diputado 1982- 1986

En las elecciones de febrero de 1982, como es bien sabido, el Partido Liberación Nacional ganó las elecciones en forma arrolladora, al extremo de elegir 33 diputados a la Asamblea Legislativa. Al frente éramos solo 24 legisladores repartidos así: Coalición Unidad (luego PUSC) 16, Pueblo Unido 4, Movimiento Nacional 1, Acción Democrática Alajuelense 1 y 2 independientes que, por criterios diferentes sobre quien sería el primer jefe de fracción de la Coalición Unidad, desertaron antes del inicio de las sesiones.

Todo parecía indicar que el PLN con sus 33 diputados arrollaría en aquella Asamblea Legislativa contra una oposición aparentemente muy fraccionada, pero no fue así. Desde un principio la fracción de la Unidad señaló su derrotero para aquellos cuatro años: haríamos una oposición responsable, apoyaríamos sin mezquindad aquellos proyectos que fueran para el bien del país, y nos opondríamos férreamente a los que no lo fueran claramente. El diálogo permanente y TRANSPARENTE con el presidente Luis Alberto Monge y la fracción del PLN, así como con las otras fracciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo los disidentes, también sería nuestra forma de proceder, siendo el respeto a la prensa y la comunicación abierta, la manera de dar confianza al país sobre nuestro proceder.

El primer jefe de Fracción fue don Rolando Laclé Castro, que supo implementar la efectividad de un dialogo permanente y, desde el principio, fue evidente que no íbamos a permitir que nos “echaran la maquinaria”, como se decía en la jerga de la Asamblea; me tocó conducir la fracción en el segundo año, luego don Danilo Chaverri y don Juan Rafael Rodríguez Calvo se ocuparon de aquella tarea, los cuatro firmes dentro de la línea de acción que nos habíamos propuesto como un equipo con todos los compañeros de fracción, sólidamente unidos, respetando las diferencias de criterios que, como es lógico, tenían que surgir.

Debo reconocer que en don Luis Alberto Monge encontramos un presidente abierto al diálogo y aceptar las diferencias que podían producir crispaciones innecesarias. Así logramos evitar que se aprobaran proyectos como el SEL (Sector de Economía Laboral) altamente inconveniente para los trabajadores, el Convenio Atunero entreguista de nuestra riqueza pesquera e irrespetuoso de nuestros derechos en las famosas doscientas millas de mar patrimonial que define la zona económica exclusiva (ZEE), la construcción de un oleoducto altamente contaminante y también la ley de minería, estos últimos con una enorme presión de la Embajada de los Estados Unidos; proyectos para la aprobación de nuevos impuestos, denunciamos el desfalco de 450 millones de colones de aquella época ($12 millones aproximadamente) en la Comisión Nacional de Emergencias y promovimos la ley que la reformó. Personalmente acusé al presidente Monge de faltar a su deber de información a la prensa, al ocultar un informe negativo sobre el sector agropecuario y, por primera vez en la Historia, un presidente era llevado con un Recurso de Amparo ante la Corte Plena, que me dio la razón, esto sentó un precedente importantísimo en nuestra vida institucional. Y ni que decir de las denuncias que hicimos por la entrega del territorio nacional a fuerzas militares extranjeras que peleaban contra el sandinismo apoyadas por los marines de Estados Unido; hoy alguien con un ataque de palurdismo servil quiere crear bases militares en Costa Rica, pero quedó demostrado que eso es imposible…pues no tienen los votos suficientes para reformar la Constitución Política.

Mención aparte merece la aprobación de la ley 7035 que, por mociones presentadas por mí, contenía reformas al código penal con severas sanciones para combatir el narcotráfico; esta ley aprobada por unanimidad el 24 de abril de 1986, sufrió el resello presidencial precisamente por esos artículos contra los narcos… el último día de sesiones, lo que nos impidió rechazar el veto; la nueva Asamblea Legislativa lo acogería pocas semanas después.

Pero también contribuimos con nuestros votos para la aprobación de importantes créditos blandos con instituciones internacionales, que vinieran a sofocar la dura situación financiera y presupuestaria que vivía el país; la ley que creó la Universidad EARTH en Guápiles fue promovida por nuestro diputado Rogelio Carazo Paredes y en forma unánime apoyamos la Ley Solidarista que consolida los derechos y rompe los topes de prestaciones laborales, entre otros beneficios. Muchos compañeros de fracción apoyaron la apertura comercial de la Cuenca del Caribe, que implicaba la reforma a una serie de leyes de carácter aduanero especialmente. También promovimos la creación de una Comisión Contra el Narcotráfico, cuando estalló el caso del narcotraficante mexicano Caro Quintero.

Un aspecto que debo mencionar en especial fue la férrea oposición que presentamos ante los intentos de reformar el artículo 132 de la Constitución Política para restablecer la reelección presidencial después de dos periodos, o sea, volver al texto original de la Constitución Política que se había reformado en 1969 para establecer la prohibición absoluta. Los diputados del PLN presentaron la reforma pensando en su gran figura en aquel momento: Daniel Oduber Quirós, a pesar de tener 33 diputados no lograron suman los cinco faltantes. Nuestra oposición fue feroz, y hoy un sicario legislativo del chavismo, presenta un proyecto para que haya reelección indefinida, es decir, dictadura. Pero en aquellos años demostramos que si había la suficiente firmeza honradez y mecanismos legislativos para defender la institucionalidad… y que, si se quiere, se puede.

Así, puede verse como una fracción minoritaria, eso sí con visión país, sólida en su misión y obligación, puede poner su Pica en Flandes y no permitir desmadre alguno, por amplia que sea una mayoría parlamentaria como la del PPSO. Las estrategias parlamentarias son muchas para hacer entender a una mayoría, que no puede hacer lo que le venga en gana, pero que un diálogo efectivo y sobre todo transparente, si hace posible un trabajo serio y honrado en favor del país… si se quiere se puede.

Lo que es inadmisible es que el presidente saliente y, aparentemente ministro entrante, siga con su tesis de quemar puentes en lugar de construir diálogos positivos, al decir que buscará “siete diputados buenos” que se sumen a su gran reforma constitucional que no es, ni más ni menos, que buscar su reelección en el 2030 y que pueda ser continua.

¿Es que nos tenemos que dar por notificados que el ambiente de agresión y crispación que hemos vivido estos cuatro lamentables años, va a continuar? Como hacerle comprender a este individuo que la mayoría de los costarricenses, incluyendo personas que les dieron su voto, estamos hartos de la violencia verbal, del ambiente de pleito prostibulario que ha creado, que defenderemos la Patria y la democracia sin temores ante la influencia casi neofascista que viene de fuera.

Por el momento, acogemos con esperanza la oferta de concordia, diálogo y consenso que ha proclamado doña Laura Fernández que, con ese proceder, encontrará cooperación por Costa Rica; y sepa cortar la cizaña y la mala hierba a tiempo.

Porque está demostrado, que si se quiere… se puede. Si las fracciones del PLN, Frente Amplio y las unipersonales del PUSC y la Coalición actúan con integridad, si todos son buenos costarricenses dispuestos a defender nuestra institucionalidad, no encontrará el rodriguismo los siete malos que ayuden a destruirla… y por ello, estaremos atentos.

Una operación estratégica de alcance aun desconocido

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS*

La ofensiva lanzada este 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán marca un punto de inflexión en la crisis de Oriente Medio. No se trata de un episodio más en la prolongada tensión entre Teherán y Tel Aviv, sino de una operación de alcance estratégico que transforma un conflicto de fricción permanente en un escenario de confrontación abierta y regionalizada.

Según las informaciones disponibles, los ataques han tenido como objetivo infraestructura militar y capacidades estratégicas iraníes, con el propósito declarado de debilitar su potencial ofensivo y contener su influencia regional. La respuesta de Teherán no se hizo esperar: lanzamiento de misiles contra territorio israelí y contra instalaciones militares estadounidenses en varios países del Golfo. Este elemento es clave, porque desplaza el conflicto más allá del eje bilateral y lo convierte en un enfrentamiento multinivel.

La extensión geográfica ya es evidente. Se han reportado acciones o alertas en países como Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, donde existen bases militares estadounidenses. Esto implica que cualquier represalia iraní no solo golpea a Israel, sino también a la arquitectura militar occidental desplegada en la región. El conflicto, por tanto, deja de ser localizado y se proyecta sobre todo el sistema de seguridad del Golfo.

Un segundo nivel de riesgo proviene de los actores no estatales aliados de Teherán. Organizaciones como Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen podrían activar frentes adicionales, abriendo una guerra por delegación que multiplique los focos de violencia. La experiencia de los últimos años demuestra que estas redes tienen capacidad de operar de forma coordinada o autónoma, lo que complica cualquier intento de contención rápida.

El impacto económico global tampoco es menor. Una escalada sostenida pone en riesgo el tránsito energético por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas del comercio mundial de hidrocarburos. Cualquier interrupción significativa en ese corredor elevaría los precios del petróleo, afectaría cadenas logísticas y presionaría economías ya tensionadas por la desaceleración global. El cierre parcial de espacios aéreos y la cancelación de vuelos en la región son señales tempranas de esa perturbación sistémica.

En el plano diplomático, la crisis reconfigura posiciones. China ha llamado al cese inmediato de hostilidades, consciente de que su estabilidad energética y sus rutas comerciales dependen en buena medida de la región. Arabia Saudí, por su parte, enfrenta un dilema estratégico: equilibrar su rivalidad histórica con Irán con la necesidad de evitar una guerra total que desestabilice el Golfo.

En términos estratégicos, el alcance de este ataque radica en tres dimensiones. Primero, consolida una confrontación directa entre Estados con capacidad militar significativa, lo que eleva el umbral de riesgo respecto a conflictos previos de baja intensidad. Segundo, internacionaliza el escenario al involucrar bases, alianzas y corredores comerciales vitales. Tercero, introduce una variable de imprevisibilidad asociada a actores armados no estatales que pueden expandir el teatro de operaciones.

La pregunta central ya no es si habrá consecuencias regionales, sino cuán profundas y prolongadas serán. Si la lógica predominante es la de la disuasión limitada, podría abrirse un espacio para la negociación indirecta tras una fase de demostración de fuerza. Pero si se impone la lógica de la represalia acumulativa, Oriente Medio podría ingresar en un ciclo de confrontación abierta con implicaciones económicas y geopolíticas globales.

Estamos, en suma, ante un episodio que rebasa el plano táctico y se instala en el terreno de la disputa estratégica por el equilibrio de poder regional y por la arquitectura de seguridad internacional. Lo que ocurra en los próximos días definirá si esta ofensiva será recordada como un golpe puntual de alto impacto o como el inicio de una nueva fase de guerra extendida en el corazón energético del mundo.

*Resumen basado en varias fuentes.

Cuando el “paraíso verde” empieza a crujir, el territorio habla

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Donde tiembla la narrativa oficial nos lleva al Caribe Sur de Costa Rica y pone en primer plano la experiencia del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven.

La crónica revela cómo, detrás del discurso de sostenibilidad, operan permisos fragmentados, vacíos normativos y procesos que convierten ecosistemas frágiles en negocios privados. También expone el costo humano de documentar, denunciar y sostener la defensa del territorio frente a intereses económicos consolidados.

Una lectura clave para comprender lo que ocurre cuando la protección ambiental se sostiene desde la soledad y el desgaste cotidiano.

Este es un texto compartido con SURCOS por el autor y el cual puede leer en la revista CASAdeNADIE:

👉 Léela aquí: https://revistacasadenadie.com/donde-tiembla-la-narrativa-oficial-cronicas-desde-el-caribe-sur-de-costa-rica/

Minería ilegal: el nuevo pretexto del viejo extractivismo

Observatorio Bienes Comunes UCR

En medio del debate sobre Crucitas, el ministro de Seguridad Pública afirmó un aumento del 200% en la afectación territorial por minería ilegal. Pero… ¿realmente legalizar minería a cielo abierto resolvería el problema?

En esta nota compartimos algunas claves urgentes: La minería ilegal no es solo “coligalleros”: es una economía criminal conectada a mercados globales.

Legalizar puede facilitar lavado de oro, normalizar el extractivismo y aumentar la presión territorial.

Lo ilegal no se combate con más minería: se combate con Estado, justicia ambiental, trazabilidad y alternativas económicas reales. Nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mineria-ilegal-el-nuevo-pretexto-del-viejo-extractivismo/

Pensiones en la CCSS: Junta Directiva sólo traslada respuesta de mandos medios y el Gobierno no paga

La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

1. El punto de partida: solicitud de reajuste

Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:

  • Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
  • Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
  • Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.

La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.

2. La respuesta de la Gerencia de Pensiones

En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.

Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:

  • El RNC es financiado totalmente por el Estado.
  • La CCSS actúa como administradora.
  • “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.

Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.

En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:

  • Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
  • Consideración de la Junta Directiva.
  • Condiciones financieras favorables del régimen.

Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.

3. El acuerdo de la Junta Directiva

El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:

Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.

Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.

4. La crítica de la Auditoría Ciudadana

En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:

  • La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
  • Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
  • No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:

  • No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
  • No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
  • No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.

En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.

5. Dos ejes centrales del conflicto

Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:

a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC.
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.

b) La delegación en mandos medios.
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.

6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad

En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:

  • El poder adquisitivo de personas pensionadas.
  • La sostenibilidad financiera de los regímenes.
  • La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
  • El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.

El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.

La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

  1. El punto de partida: solicitud de reajuste

Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:

  • Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
  • Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
  • Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.

La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.

  1. La respuesta de la Gerencia de Pensiones

En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.

Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:

  • El RNC es financiado totalmente por el Estado.
  • La CCSS actúa como administradora.
  • “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.

Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.

En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:

  • Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
  • Consideración de la Junta Directiva.
  • Condiciones financieras favorables del régimen.

Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.

  1. El acuerdo de la Junta Directiva

El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:

Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.

Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.

  1. La crítica de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:

  • La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
  • Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
  • No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:

  • No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
  • No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
  • No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.

En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.

  1. Dos ejes centrales del conflicto

Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:

a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.

b) La delegación en mandos medios
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.

6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad

En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:

  • El poder adquisitivo de personas pensionadas.
  • La sostenibilidad financiera de los regímenes.
  • La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
  • El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.

El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.

La cuestión cubana desde la óptica del humanismo

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introito

Durante décadas, una abrumadora mayoría de países de todos los continentes ha votado en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo poner fin al embargo estadounidense contra Cuba. No obstante, Estados Unidos se ha mostrado irreductible y cada vez, pone oídos sordos a la casi totalidad de las naciones del mundo, ha interpuesto el poder de veto en las Naciones Unidas, para sabotear el levantamiento del embargo. Tal pode de veto únicamente lo poseen cinco poderosas naciones de la Tierra. Así las cosas, el poderoso imperio del norte americano, mantiene el arbitrario y cruel bloqueo económico con el que ha pretendido, hasta ahora con infertilidad, someter a Cuba bajo su égida. No lo ha conseguido y cada vez se desprestigia más ante los ojos del mundo, su causa imperial.

O sea que, las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas están llenas de un altísimo valor moral y político; pero desdichadamente no son jurídicamente vinculantes.

Con toda seguridad, el actual bloqueo que ha puesto el acento en el impedimento de la entrada de petróleo a Cuba es el más duro de todos, dada la ideología oscurantista del presidente Trump y su espíritu belicista e inhumano. Para Washington el bloqueo funciona, además, como un instrumento de presión política, un símbolo de oposición al modelo cubano, para que surta efecto negativo principalmente sobre los países de América Latina; es una señal hacia otros gobiernos considerados hostiles contra los EE. UU. De ahí que, su eficacia real es discutible, pero sigue teniendo un valor estratégico.

Impacto humanitario

Desde el punto de vista ético y humanitario, el bloqueo afecta principalmente a la población civil, ya que dificulta el acceso a medicamentos, a financiamiento y a la necesidad de obtener alta tecnología. Por lo tanto, el bloqueo limita directamente el desarrollo económico. Es por todas estas razones, que millones de personas en todo el mundo consideran que, el bloqueo contra Cuba es incompatible con los principios de derechos humanos que los Estados Unidos dice defender: una clara contradicción del gobierno estadounidense entre el discurso y su práctica histórica.

Desde una mirada racional y democrática, el mundo pide mayoritariamente el fin del bloqueo, pues como se dijo no ha conseguido los objetivos políticos que se ha propuesto, y más bien aísla moralmente a los EE. UU. Aunque, sí a provocado daños sociales contra la población cubana en general, en especial contra la población de ancianos, personas enfermas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, amén de la niñez. Sin embargo, esa política con toda su crueldad y daño social producido es la que pesa más debido a que la política interna y los intereses estratégicos en particular del gobierno de Trump poseen mucho mayor importancia en el balance interno de la política estadounidense que, el consenso internacional.

Un poco de historia en torno a la política exterior de los EE. UU en América Latina

Es algo sorprendente, desde que los Estados Unidos alcanzó su libertad frente al Imperio colonial británico, en 1776, la nación del norte de América ha invadido o intervenido militarmente en más de cien ocasiones a otros países o territorios fuera de sus fronteras.

Es muy importante observar que antes del comunismo y de Karl Marx, ya los estadounidenses le habían arrebatado a su vecino México, más de la mitad de su actual territorio, entre 1846 y 1848. Nicaragua fue invadida en el siglo XIX, Haití en 1915, Filipinas en 1898, Panamá en 1903 y años subsiguientes, así como los países del Caribe y Centroamérica repetidamente durante el siglo XX. Es decir, el expansionismo estadounidense precede al socialismo y al marxismo. Quiere decir que, la ambición de los EE. UU por extender su imperio por todo el mundo, no nace como una lucha contra el comunismo, sino como una política imperial temprana. Cualquiera que sepa algo de historia reconoce esta realidad palmariamente.

Entre los siglos XX y XXI los Estados Unidos ha intervenido de forma directa o indirecta en América Latina, en casi toda la región. Intervenciones militares directas se produjeron en ese transcurso en México, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Panamá y Granada. Mediante golpes y desestabilizaciones la historia del subcontinente latino registra los siguientes países: Guatemala 1954, Chile 1973, Brasil 1964, Argentina 1976, Bolivia más recientemente, Honduras 2009 y Venezuela en varias ocasiones. La última fue la que se acaba de producir en enero de este año. O sea, más de 20 países latinoamericanos se han visto afectados directa o indirectamente por la política imperial estadounidense. En otras palabras, América Latina ha sido conocida como zona de influencia de Los Estados Unidos o como se le llama también despectivamente “su patio trasero”.

La compleja relación de los Estados Unidos con Cuba. ¿Por qué el bloqueo y la invasión?

Desde mi óptica hay cuatro razones principales:

a) La primera estriba en que, desde los inicios del siglo pasado, los gobiernos de Los Estados Unidos consideraron el Caribe como “el mare Nostrum”, un espacio estratégico en su política de desplazar a las potencias europeas de América Latina, tarea que comenzó en realidad, desde mediados del siglo XIX. A la primera independencia de Cuba del colonialismo español, los Estados Unidos hicieron su aporte completamente interesado político, militar y económico. Esta fase culminó con la guerra “hispano estadounidense de 1898, en que Estados Unidos salió victorioso. Como lo acabo de afirmar, su aporte no fue de gratis, sirvió para que en adelante se inmiscuyera dentro de la Isla antillana, un tutelaje a la naciente República mediante la famosa “Enmienda Platt”. Por medio de este “tratado”, los estadounidenses obligan a que la Enmienda se introduzca plenamente en la Constitución cubana, otorgándole al imperio la potestad de intervenir militarmente en la Isla, e inclusive crearon bases navales, como la que todavía mantienen en Guantánamo.

b) La Revolución Cubana de 1959. Cuba llevó adelante tras el triunfo revolucionario de 1959, una reforma en lo político, jurídico, económico y militar de gran calado:

– nacionalizó empresas extranjeras propiedad de inversionistas estadounidenses, Cuba rompió los lazos de dependencia que la ataban a los EE. UU y abrió el camino para consolidar una verdadera independencia del gobierno del Norte imperial. Todas estas políticas quebrantaron las relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países, puesto que Washington intentó proteger por todos los medios, los poderosos intereses de las grandes empresas estadounidenses frente a las medidas expropiatorias por parte del gobierno revolucionario.

c) La Invasión de Bahía de Cochinos. Con el propósito de apoyar a la contrarrevolución de los cubanos que habían migrado a Miami huyendo de la Revolución, la CIA estadounidense, preparó una invasión de carácter militar, entrenando y avituallando a las tropas, dándoles armamento y apoyándolos con la aviación. En principio, todo el plan fue aprobado por el gobierno del “demócrata” John F: Kennedy, pese a que en el último momento restringió en gran medida la aviación con la que se pensaba bombardear la Isla. Cuba siempre fue bombardeada, pero no en la intensidad con la que, originalmente se había comprometido Kennedy. La invasión de Bahía de Cochinos terminó en un fracaso total para la contrarrevolución de los cubanos de Miami y para el propio gobierno de los EE. UU.

d) El bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Con el bloqueo se pretendía desanimar a la población de la Isla y provocar una rebelión interna. Esto fue reconocido por documentos oficiales desclasificados de la CIA de los Estados Unidos.

Hoy el bloqueo impuesto por Trump se concentra con prioridad en impedir el ingreso de petróleo, con lo que, Cuba se encuentra seriamente desabastecida para alimentar la flotilla vehicular, se ha paralizado gran parte de la industria, los hospitales y la población está experimentando una gran escasez, privación de medicinas, ropa, alimentos, etc. El golpe principal se ha orientado a paralizar el Transporte, la Electricidad, los Hospitales y la producción; una forma moderna de asfixia económica inhumana porque está afectando a la población civil, antes que nada.

Conclusión

El castigo que desde principios de los sesenta la ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, por todo lo expresado no es únicamente contra el gobierno, es contra toda la población. Por lo consiguiente, aunque es un tema ideológico, es por encima de todo una cuestión humanitaria.

No obstante, todo el inmenso historial represivo e inhumano de los Estados Unidos, desde que adquirió el estatus de República al independizarse del imperio colonial británico en 1776, hay todavía gente que se atreve a proponer con cinismo que, la culpa de todos los efectos ampliamente demostrados del bloqueo contra el pueblo y el gobierno de Cuba no proviene únicamente de los diferentes gobiernos estadounidenses, sino que es responsabilidad del régimen cubano.

Se pretende de esta manera como se dice coloquialmente, “tapar el sol con un dedo”, lo que como sabemos solo le ocurre a la persona que interpone su dedo entre sí misma y el astro que nos ilumina y nos da calor. Absolutamente a nadie más que esté dispuesto a conocer la verdad del magnicidio que se viene cometiendo contra Cuba y que hoy endurece el desgobierno de Trump, se le puede engañar.

Pregunto, solo para efecto de demostración, cuántos países que tengan el tamaño y una población parecida a los 11 millones de personas que habitan la Isla cubana, podrían soportar un embargo tan cruel y avasallador como el que desde la década sesenta del siglo pasado, viene imponiendo el gobierno estadounidense. ¿Alguno lo podría soportar? Aún más, ¿Cuántos países podrían mantenerse de pie, y con la dignidad que ha tenido el pueblo cubano ante una intervención tan intensa e inhumana como la que perpetra Trump contra Cuba?

Debe tenerse presente además que, el intervencionismo estadounidense alcanza hoy, aparte de Cuba, a todo aquel país, sea el que sea, que intente auxiliar a la Isla proporcionándole petróleo, medicamentos, comida, ropa y un largo etcétera. Al país que haya deseado brindar solidaridad a Cuba, se le recetan castigos económicos, y puede ser que hasta de carácter militar. O sea, que Trump y sus acompañantes oligarcas, con harta irresponsabilidad frente a toda la humanidad estarían dispuestos a desatar una guerra de carácter universal, si la ayuda proviniese de una potencia como China o Rusia. Ya Trump ha lanzado estas amenazas contra China, Rusia, México y la misma Venezuela. La humanidad decide a quien le brinda solidaridad.

Pronunciamiento en contra del bloqueo petrolero a Cuba

Costa Rica siempre ha inspirado su política exterior en la defensa irrestricta del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario. Guiados por estos principios, y secundando lo expresado por las Naciones Unidas: “Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los Derechos Humanos”, los abajo firmantes levantamos la voz condenando el inhumano bloqueo que, en contra de la voluntad reiteradamente expresada de la casi unanimidad de los pueblos del mundo, mantiene el gobierno norteamericano en contra del pueblo de Cuba. Este brutal bloqueo afecta la vida cotidiana en todos sus aspectos, especialmente en la salud, educación, actividades laborales y alimentación de niños, jóvenes y ancianos indiscriminadamente. Razón por la cual exigimos el inmediato y total levantamiento del bloqueo que, desde hace más de 60 años y actualmente recrudecido por la administración de Trump, impone el gobierno estadounidense, contra la voluntad de su propio pueblo.

  1. Dr. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo. Exministro de Cultura, Juventud y Deportes.
  2. Rodrigo Alberto Carazo Zeledón. Exdefensor de los habitantes, actualmente miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2023-2026).
  3. Sergio Alfaro Salas. Abogado. Ex Embajador de Costa Rica. Ex Ministro de la Presidencia 2014-2018. Exdiputado.
  4. Julieta Dobles. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
  5. Alfonso Chase. Poeta y ensayista, Premio Nacional de Cultura Magón.
  6. Manuel Monestel. Cantautor. Premio Nacional de Cultura Magón.
  7. Arabella Salaverry Pardo. Escritora. Premio Nacional de Cultura Magón.
  8. Ronald Bonilla. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
  9. José Manuel Arroyo Gutiérrez. Abogado. Exmagistrado y exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
  10. Dr. Alberto Salom Echeverria. Politólogo. Exdiputado. Exrector de la Universidad Nacional.
  11. Dra. Yamileth González. Historiadora. Exrectora de la Universidad de Costa Rica.
  12. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Biólogo. Exrector de la Universidad de Costa Rica.
  13. Roberto Villalobos. Arquitecto. Exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  14. Gloria Valerín Rodríguez. Exministra de la Condición de la Mujer y exdiputada.
  15. Patricia Mora Castellanos. Socióloga, exdiputada, exministra de la Condición de la Mujer, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), presidenta e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  16. Rocío Alfaro Molina. Filósofa y socióloga, diputada e integrante de la Comisión Política y de la Secretaría de las Mujeres del Frente Amplio.
  17. Ariel Robles Barrantes. Educador, diputado, excandidato presidencial e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  18. José María Villalta. Abogado, diputado electo del Frente Amplio. Exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio.
  19. Máster Sofía Guillén Pérez. Economista y diputada de la República.
  20. Jonathan Acuña Soto. Economista, diputado, secretario general e integrante del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del Frente Amplio.
  21. Antonio Ortega Gutiérrez. Sociólogo, diputado e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  22. Vianey Mora Vega. Socióloga y educadora, diputada electa del Frente Amplio.
  23. María Eugenia Román Mora. Abogada, asesora parlamentaria, diputada electa del Frente Amplio.
  24. Gerardo Vargas Varela. Agricultor, exsacerdote, exdiputado del Frente Amplio.
  25. Suray Carrillo Guevara. Abogada, exdiputada del Frente Amplio.
  26. Dr. Henry Mora Jiménez. Economista, exdiputado del PAC, Expresidente de la Asamblea Legislativa.
  27. Luis Gerardo Arce Valverde. Historiador, Premio Fernando Soto Harrison de la Universidad de Costa Rica.
  28. Gustavo Campos Alfaro. Regidor Municipal de Montes de Oca.
  29. Eduardo Gardela Ramírez. Comunicador, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Desamparados.
  30. Brandon Guadamuz Villalobos. Trabajador Social, máster en cooperativismo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de San José.
  31. Lic. Rodolfo Ulloa. Sociólogo. Fiscal Nacional del Frente Amplio.
  32. Dr. Walter Antillón. Jurista. Premio Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.
  33. Dr. Roberto Salom. Sociólogo. Exvicerrector de Acción Social y exvicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  34. Lic. Sebastián Vaquerano López. Exembajador.
  35. Lic. Vladimir de la Cruz. Historiador.
  36. Dr. Rafael Cuevas. Escritor y director de la Revista Nuestra América.
  37. Oscar Castillo. Cineasta y actor.
  38. Leonardo Perucci. Actor y director de Teatro y TV.
  39. Eduardo Ceregatti Madrigal. Cineasta, exdirector de La Pensión.
  40. Ana Istarú. Poeta y actriz.
  41. Rodrigo Durán Bunster. Arte escénico. Narrativa.
  42. Ivette Guier Serrano. Ceramista.
  43. Abel Guier. Músico.
  44. Adriana Mora Rey. Directora de arte.
  45. Guadalupe Urbina. Cantautora.
  46. Bernal Villegas. Músico.
  47. Esteban Monge Flores. Cantautor.
  48. Álvaro Fernández González. Sociólogo, músico.
  49. Dr. Freddy Pacheco León. Biólogo.
  50. Albino Vargas Barrantes. Dirigente sindical
  51. Dr. Francisco Enríquez. Historiador. Exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  52. Dr. Daniel Camacho. Sociólogo.
  53. Dra. Macarena Barahona. Socióloga.
  54. Lic. Rafael Ugalde. Abogado y periodista
  55. Doctora Elisabeth Cook Steike. Teóloga. Rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana
  56. Dr. Jaime Delgado. Filósofo.
  57. Dra. Elsa Tamez. Teóloga.
  58. Dr. Sergio Reuben Soto. Economista.
  59. Lic. Melania Agüero Echeverría. Psicoanalista y artista.
  60. Lic. William Venegas. Profesor universitario. Crítico de cine.
  61. Dr. Plutarco Bonilla. Filósofo. Teólogo.
  62. Dra. Silvia Regina de Lima Silva. Teóloga. Directora Departamento Ecuménico de Investigaciones.
  63. Carlos Guillermo Madriz. Director. Productor de documentales.
  64. Dr. Miguel Sobrado. Sociólogo.
  65. Lic. Carlos Monge Meneses. Educador. Agricultor.
  66. Lic. Manuel Arguedas Castro. Profesor jubilado Universidad Nacional.
  67. Marta Elena Rodríguez González. Dirigente social, exdirectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), directiva de la Unión de Empleados de la CCSS.
  68. Luis Chavarría Vega. Secretario General de la Unión de Empleados de la CCSS (UNDECA).
  69. Dr. Miguel Picado. Teólogo e historiador.
  70. Dr. German Chacón. Historiador. Cátedra Manuel Mora UNED.
  71. Vernor Arguedas Troyo. Matemático, catedrático UCR
  72. Mirta González Suárez. Psicóloga, escritora, catedrática emérita UCR
  73. Oscar Madrigal Jiménez. Abogado y Notario.
  74. Fabio Chaves Castro. Trabajador del ICE pensionado, expresidente de ASDEICE, excoordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT).
  75. Dr. Gerardo Hernández Naranjo. Politólogo, profesor asociado Universidad de Costa Rica.
  76. Lic. Francisco Villegas Villalobos. Exregidor municipal en el cantón de Belén, presidente del Partido Independiente Belemita (PIBE).
  77. Alejandro Sura. Sociólogo y abogado, exdirigente sindical del ICE, presidente de la asociación de pensionados del ICE.
  78. Ricardo Segura Ballar. Ingeniero, exdirigente sindical del ICE.
  79. César López Dávila. Educador y psicólogo, dirigente social.
  80. Roberto Zeledón Arias. Asesor legislativo sindical.
  81. Nancy Piedra Guillén. Socióloga, profesora catedrática UCR.
  82. Juan Carlos Valverde Campos. Profesor.
  83. Nia Salas. MBA Colectiva Profesionales para la Ciudadanía.
  84. Roy Palavicini Rojas. Teólogo, antropólogo.
  85. Sebastián Pérez Carmona. Militante Frente Amplio y activista social/político.
  86. Lic. Sary Montero. Trabajadora social.
  87. Natalia Serrano Álvarez. Comunicadora social. DEI
  88. Peggy Quesada Chamorro. Psicóloga social – DEI
  89. Anne Kevenhörster. Geógrafa – DEI
  90. Julieta Montoya – Psicóloga Social – DEI
  91. Gerardo Mora Burgos. Profesor. Filósofo, catedrático pensionado UCR.
  92. MSc. Hannia Franceschi Barraza. Trabajadora social, profesora e investigadora universitaria jubilada
  93. Gerardo Contreras Álvarez. Historiador, catedrático UCR
  94. David Contreras Mora. Analista de sistemas, regidor suplente del Frente Amplio en la Municipalidad de San José
  95. Fidel Barrera Romero. Sociólogo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
  96. Reinier Canales Medina. Luchador social de la Zona Sur, presidente de la Asociación para la defensa de los usuarios de los servicios públicos (ADUSP)
  97. Juan Carlos Durán Castro. Dirigente sindical sector salud
  98. José Daniel Berrocal Miranda. Regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
  99. Fernando Chironi Kaufman. Comunicador
  100. Victoria Eugenia Borbón Pineda. Licenciada en Orientación, Red de Educadores Humanistas.
  101. Rosa María Muñoz Varela. Licenciada en Educación, Red de Educadores Humanistas.
  102. Emilia Sibaja Álvarez. Licenciada en Computación Educativa, Red de Educadores Humanistas.
  103. Luis Diego Ugarte Castro. Artesano. Movimiento Humanista.
  104. Carol Ma. Fernandez. Estudiante Universidad Bíblica Latinoamericana
  105. Nadia Alvarado Molina
  106. Alexandra Bula Madrigal
  107. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador
  108. Antonio Trejos Mazariegos. Abogado, asesor parlamentario y municipal, diputado electo del Frente Amplio
  109. Edgardo Araya Sibaja. Abogado, exdiputado, diputado electo del Frente Amplio
  110. Alejandro Vargas Chinchilla. Politólogo, secretario general de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
  111. Reyna Casco Núñez. Politóloga, presidenta de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
  112. Margarita Salas Guzmán. Comunicadora, ex Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTIQA
  113. Prof. Juan Félix Montero Aguilar. Luchador social
  114. Jesús Campos Méndez. Dirigente sindical del sector de transportistas
  115. Felipe Arguedas Gamboa. Ingeniero agrónomo, exviceministro de Agricultura y Ganadería
  116. Ulises Araya Chaves. Profesor de Estudios Sociales y Cívica, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Belén
  117. Priscilla Vindas Salazar. Politóloga, diputada del Frente Amplio
  118. Anacristina Rossi. Novelista y profesora de la Universidad de Costa Rica.
  119. Harold Villegas-Román. Ex viceministro de Trabajo y Economía Social, docente e investigador Universidad de Costa Rica
  120. Mauricio Castro Méndez. Investigador y docente de la UCR
  121. Rafael Barrantes. Tec. Eléctrico. Administrador de las páginas, La Voz Bolivariana Internacional y Conaicop Costa Rica
  122. José A. Amesty Rivera. Teólogo y articulista. Venezolano en Costa Rica
  123. Edgar Rodríguez Sancho. Presidente, Asociación de Arte y Cultura de Montes de Oca
  124. German Urbina Pastora. Ingeniero en Computación
  125. Valeria Navas Castillo, periodista
  126. Dr. Santiago Chaves Aguilar. Profesor e Investigador. Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada UCR
  127. Sofía Cortés Sequeira. Docente e investigadora UCR. Subsecretaria General Partido Frente Amplio.
  128. Marcelo Prieto Jiménez. Ex-rector de la Universidad Técnica Nacional, ex-diputado, ex-Presidente Ejecutivo del INA, ex-Embajador.
  129. Sigrid Segura Artavia. Geógrafa, especialista en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, diputada electa del Frente Amplio
  130. Pablo Zúñiga Morales. Abogado
  131. Marta Arauz Mora. Abogada y notaria. Diputada de mandato cumplido 2014 – 2018
  132. Margarita Penón Góngora, ex primera dama y ex diputada
  133. Karla Ruíz Hidalgo, M.Sc. Biotecnóloga y facilitadora comunitaria
  134. Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social
  135. Seidy Salas Víquez. Comunicadora Social
  136. Mariana Cruz Carrillo. Politóloga
  137. Felicia Echeverría Hermoso. Agricultora orgánica. Ex gerente del Programa Nacional de Agricultura Orgánica
  138. Sharo Rosales. Comunicadora. Presidenta de la Asociación del Seminario Bíblico Latinoamericano
  139. Doctor José de la Victoria Araya Guillén. Teólogo
  140. Walter Benavides. Cantautor, compositor y productor
  141. Lic. Marcos Chinchilla Montes. Trabajador Social
  142. Guillermo Lizano (Pele Lizano). Dirigente comunal y ex regidor de Cartago
  143. Deyanira Sequeira. Profesora honoraria de la UNA
  144. Mercedes Ulibarri Pernús. Luchadora social, de familia cubana
  145. Dorisa Ballestero González. Ex vicealcaldesa de Barva por el Frente Amplio
  146. Walter Coto Molina. Expresidente Asamblea Legislativa, ex profesor UCR, abogado, empresario
  147. José Eduardo Álvarez Araya. Informático, economista y abogado, asambleísta FA, expresidente ACODEHU
  148. Sharon Montoya Azofeifa. Psicóloga y docente de Psicología
  149. Rosa Adolio Cascante. Economista, docente universitaria, ex viceministra de educación, expresidenta de FONABE y CONAPE, ex directora de programas de equidad del MEP, ex directora del SINAES
  150. Miguel Ángel Herrera Cuarezma. Ciudadano
  151. Stefano Battaini Miranda. Psicólogo y activista en derechos humanos y de otros animales, ecologista
  152. Italo Fera Fallas. Sociólogo, dirigente de OS por lucha socio ambiental
  153. Joselyn Sáenz Núñez. Politóloga, abogada, diputada electa del Frente Amplio
  154. Marcela Naranjo Segura. Integrante del Partido Frente Amplio, exregidora en la Municipalidad de Sarapiquí, representante de Heredia en la CP del FA
  155. Martín Rodríguez Espinoza. Comunicador, secretario de Comunicación del Partido Vanguardia Popular (PVP)
  156. Alejandro Delgadillo Solano
  157. María del Mar Chavarría Soto. Psicóloga, bailarina y docente
  158. Sergio Erick Ardón Ramírez. Arquitecto, exdiputado de izquierda
  159. Master Lázaro Amoroso Rodríguez
  160. José María Gutiérrez Gutiérrez. Profesor emérito Universidad de Costa Rica
  161. Esteban Beltrán Ulate. Profesor universitario
  162. Vinicio Chacón Soto. Periodista
  163. Luis Diego Rojas Ávila. Profesor de Filosofía MEP, Lic. Derecho, Bach en Filosofía, Bach en educación.
  164. Andrea Ruiz Hidalgo. Artista profesional especializada en Cerámica
  165. Francisco Duarte-Martínez, MSc. Microbiología
  166. Ignacio Dobles Oropeza. Psicólogo social. Escritor
  167. Víctor Valembois, Dr.
  168. Oscar Barrantes Rodriguez. Historiador y analista político
  169. Rigoberto Aguilar Solís. Luchador social
  170. Alexander Bustamante Ampié. Abogado, docente, exfiscal nacional APSE 2003-2005
  171. Marta Lanuza Laguna. Empresaria
  172. Milagro Solis. Activista por los derechos humanos y Secretaria General del Partido Pueblo Unido
  173. Marta Eugenia López Subirós. Socióloga, demógrafa y política económica
  174. Xiomara Esquivel Vargas. Actriz y productora de artes escénicas, integrante de la PCOA-Costa Rica
  175. Jorge Arturo Montoya Alvarado. Historiador, profesor universitario
  176. Lic. Walter I. Hernández Vargas
  177. María José Monterroso Solís. Gestora de Recursos Naturales
  178. Eduardo de la Serna. Biblista
  179. Emma Martínez Ocaña. Teóloga y Psicoterapeuta
  180. Antonio Naranjo S. Empresario
  181. Antonio Atienza. Trabajador de la administración pública local de Andalucía
  182. María Dolores Meñaca, Profesora de Química
  183. Dr. Hermann Guendel. Filósofo y ensayista, académico UNA – UNED
  184. Jesús Galafate Puerto. Profesor jubilado
  185. Karla Chaves Brenes. Comunicadora y emprendedora
  186. Juan Carlos Mendoza García. Expresidente de la Asamblea Legislativa, exrepresentante permanente y embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas
  187. Jorge Orlando Bermúdez Hidalgo. Abogado
  188. Marjorie Jiménez Castro. Cátedra José Martí, UCR
  189. Mario Solera. Músico
  190. Andrés Mora Ramírez. Investigador y docente, Instituto de Estudios Latinoamericanos, UNA
  191. Msc. Byron Renato Barillas Girón. Sociólogo y criminólogo
  192. Evelyn Sánchez Granados. Psicóloga, emprendedora, ex embajadora de Costa Rica en Cuba
  193. Luis Ángel Salazar Oses. Profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED
  194. Licenciado Daniel Vartanian. Economista
  195. Licenciada Sonia Pineda. Bibliotecologa
  196. Licenciada Olga Parrado. Trabajadora Social
  197. Mainier Barboza Soto. Magister en Teología, licenciado en Educación
  198. Doctor Fabio Villalobos. Médico
  199. Rafael Ángel Sánchez Rojas. Profesor pensionado
  200. Gerardo Quirós Jiménez. Licenciado en Ciencias Políticas, ex funcionario de la Asamblea Legislativa

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“La solidaridad es la ternura de los pueblos”. 
—José Martí

Quienes han firmado y expresado de múltiples formas su solidaridad con el hermano pueblo cubano, son herederos de quienes manifestaron su apoyo al Apóstol Martí, en su visita a Costa Rica. Quienes hoy desde Cuba enfrentan las inhumanas medidas impuestas por el gobierno de Trump, son los legítimos herederos del Apóstol. Quienes, desde Costa Rica, han firmado este pronunciamiento, lo son también. Porque la Patria Grande es UNA. A todas y cada uno de ustedes, mi eterna e imperecedera gratitud.

—Arnoldo Mora Rodríguez.

Si usted desea adherirse a este pronunciamiento puede enviar su nombre y calidades al siguiente correo: Periodico.SURCOS@surcosdigital.com